Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».
Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».
Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.
Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.
El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022 es una herramienta valiosa que brinda información relevante en el diseño de políticas locales, al mostrar asimetrías en las oportunidades de desarrollo, la igualdad y el bienestar en Costa Rica. Esta herramienta revela altos niveles de desigualdad en Costa Rica.
El informe, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra un panorama preocupante en términos de desarrollo en el país.
El Atlas 2022 se basó en una metodología utilizada en los cálculos nacionales desde 2010 hasta 2021. Esta metodología se nutre de la aplicación de un conjunto de índices a nivel cantonal, lo que permite obtener un panorama detallado en todo el territorio costarricense.
Costa Rica ha disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley.
Desde la implementación de la regulación de las tasas de usura en Costa Rica, se ha observado una reducción notable en las tasas de interés en comparación con otros países de la región y a nivel global. A tres años de aprobada esta normativa, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), presentó un estudio con resultados de la implementación de la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, conocida como la Ley contra la Usura Crediticia.
La regulación de las tasas de usura tiene como objetivo principal proteger a los consumidores y promover la estabilidad y la equidad en el sistema financiero, y rige desde el 20 de junio del 2020 (Ley N° 9859), siendo aprobada durante la pandemia por el COVID-19.
Dentro de las principales acciones, la ley busca proteger a los consumidores financieros, fomentar la transparencia, estimular la competencia, promover la inclusión financiera, reducir el endeudamiento excesivo, y mantener la estabilidad financiera.
El catedrático y coordinador del núcleo de investigación en Regulación y Políticas Públicas del CINPE, Leiner Vargas Alfaro, expuso los principales resultados desde su implementación.
Primero, en el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés en Costa Rica han disminuido en promedio alrededor de 10 puntos porcentuales desde la implementación de la ley de usura. Esto ha permitido que las tasas de interés en el país sean más competitivas en comparación con las de otros países de la región, donde las tasas de interés de las tarjetas de crédito pueden ser significativamente más altas.
En el caso de los créditos personales, también se ha observado una reducción en las tasas de interés, aunque en menor medida que en las tarjetas de crédito. La disminución en las tasas de interés en los créditos personales ha mejorado la accesibilidad al crédito para una mayor cantidad de consumidores y ha estimulado la demanda de préstamos.
Por otra parte, esta regulación ha obligado a las entidades financieras a ser más transparentes en cuanto a las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos, lo que ha permitido a los consumidores tomar decisiones más informadas al solicitar créditos.
“La mayor transparencia en el mercado financiero costarricense se ha dado en varios aspectos, principalmente en la divulgación de información sobre las tasas de interés y otros cargos asociados a los préstamos. Esto ha sido resultado de la regulación de las tasas de usura y otras medidas adoptadas por las autoridades regulatorias”, indicó Vargas.
Cabe destacar que al contar con información clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, los consumidores pueden comparar diferentes opciones y elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades y capacidad de pago. La transparencia en la divulgación de las tasas de interés y otros cargos permite a los consumidores comparar fácilmente las ofertas de diferentes instituciones financieras. Esto incentiva a las entidades a ofrecer mejores condiciones y productos más atractivos para los consumidores, lo que beneficia a todo el mercado.
Para el economista del CINPE-UNA, tener información clara sobre las condiciones del préstamo, permite a los consumidores evaluar su capacidad de pago y tomar decisiones más responsables en cuanto al endeudamiento, evitando caer en situaciones de sobreendeudamiento.
“La regulación de las tasas de usura ha ayudado a mantener la estabilidad del sistema financiero al evitar que las entidades financieras asuman riesgos excesivos en busca de mayores rendimientos mediante tasas de interés elevadas. La protección de los consumidores y la reducción del endeudamiento excesivo son dos objetivos clave de la regulación de las tasas de usura en préstamos personales, tarjetas de crédito y microcréditos”, explicó Vargas.
En conclusión, el académico Vargas, señaló que hay desafíos pendientes, como por ejemplo el acceso al crédito para sectores vulnerables y pequeñas empresas, lo cual es crucial para promover la inclusión financiera y el crecimiento económico en Costa Rica.
A partir de este día la mayoría de los costarricenses podrán descargar en sus celulares la aplicación (app) de alerta para terremotos para Costa Rica, denominada Alerta Temprana de Terremotos en América Central, creada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA), en conjunto con el Servicio Sismológico Suizo del Instituto Tecnológico Suizo en Zúrich y con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.
Martino Protti, sismólogo del Ovsicori-UNA, explicó que esta es una aplicación gratuita y un servicio que brinda la UNA como complemento al trabajo de diseminación de información que realiza el OVSICORI-UNA, el cual es un sistema completamente automatizado que enlaza múltiples instrumentos y algoritmos y por lo tanto es susceptible a fallas técnicas.
Protti agregó que la aplicación es efectiva solo en distancias entre unos 50 y 150 km, dado que más cerca no hay tiempo para alertar y más lejos, aunque el sismo pueda ser sentido, no causará daños tan importantes como para que amerite una alerta.
La App funciona en dispositivos con sistema operativo Android versión 8.0 (Oreo) o superiores. Además, los dispositivos deben tener los servicios de Google Play para poder recibir las notificaciones; sino, no funcionará correctamente.
Vicent Laurent, jefe de misión de la Embajada de Suiza en Costa Rica comentó que junto al Ovsicori el desarrollo de esta aplicación tuvo el apoyo técnico de la escuela politécnica federal de Zúrich en Suiza, con fondos de la cooperación Suiza en América Central. “Esperamos que esta ampliación pueda salvar vidas y sea un modelo para otros países latinoamericanos”, aseveró Laurent.
Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) indicó que esta herramienta viene a fortalecer los procesos desarrollados por la CNE en el país, como los simulacros, el plan familiar de emergencias, los grupos de búsqueda y rescate en Costa Rica. “Esta app nos brinda los segundos para reaccionar ante un evento sísmico para luego iniciar el proceso de evacuación de los inmuebles».
Si hay actualizaciones de la App, éstas serán notificadas por medio de la misma y también se publicarán en la página Facebook del OVSICORI-UNA, en conjunto con más detalles del sistema de alerta temprana de terremotos.
Tres tipos de alerta
A) IMM igual o superior a V. Alerta temprana de terremoto para tomar una acción: la APP toma el control del celular y emite el mensaje de voz en volumen máximo “sismo, sismo, sismo”, vibra y despliega un mensaje de texto. Acción: agacharse, protegerse y esperar que pase el sismo.
B) IMM entre III y V. Alerta temprana de terremoto que no requiere una acción. El teléfono vibra y envía una notificación.
C) IMM inferior a III. Alerta temprana de terremoto que no requiere una acción. Notificación silenciosa.
El sismólogo agregó que sistemas similares, como parte de esta misma iniciativa, serán pronto liberados también en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. En marzo de 2024 concluye el financiamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y, por lo tanto, los países deben asumir el costo del mantenimiento de las redes y de los algoritmos de alerta temprana.
Vídeo resumen de la conferencia de prensa:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
El pronunciamiento también indica que en Costa Rica aproximadamente de 2 000 a 3 200 costarricenses están vinculados directamente con el sector, y junto con sus familias conforman alrededor de 10 000 a 16 000 costarricenses que se ven perjudicados ante cualquier afectación en esta área.
“Un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense», así califica el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR al estudio de Incopesca que aumenta de 34 a 234 las especies susceptibles de explotación comercial. La Universidad de Costa Rica rechazó el nuevo estudio sobre pesca de arrastre hecho por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, denominado «Nuevas alternativas para la pesca responsable de camarón de profundidad en el Océano Pacífico Costarricense 2023-2024″ en relación con la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas de Costa Rica.
La lista fue publicada el pasado 28 de abril en el Diario Oficial La Gaceta, e incluye flora y fauna proveniente de diversos grupos, tales como: peces, crustáceos, macro algas, micro algas, zooplancton, cnidarios, equinodermos, esponjas, anélidos, reptiles, anfibios y moluscos. Para la UCR, esa nueva lista incluye especies vulnerables, lo cual representa un enorme retroceso en la conservación de la biodiversidad costarricense. “Dicho estudio carece de la rigurosidad científica para determinar la viabilidad de este tipo de pesca en el país” y se señala al Gobierno de la República la importancia de que los nuevos estudios que se realicen sobre la pesca de arrastre se elaboren con la rigurosidad científica correspondiente.
Del mismo modo, el pronunciamiento de la UCR señala que diferentes instancias especializadas de las universidades públicas del país han brindado criterios en torno a esta seria de problemáticas:
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR (Cimar), mediante el oficio CIMAR-159-2023, del 13 de abril de 2023.
La Escuela de Biología de la UCR, por medio del oficio EB-419-2023, del 14 de abril de 2023, manifestó su apoyo total al criterio del Cimar.
La Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, mediante el oficio FCS-269-2023, del 14 de abril de 2023, envío el criterio del DEA. Pascal Oliver Girot Pignot, director de la Escuela de Geografía.
El pasado 8 de mayo de 2023, las personas directoras de las siguientes unidades académicas: Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, Escuela de Biología del Instituto Tecnológico, Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia, así como la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad Técnica Nacional y el director de la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la UTN, se pronunciaron y aseguraron que “No todas las unidades académicas, aquí representadas, recibieron una solicitud oficial del Incopesca sobre la información requerida”.
Además, la UCR también señala que el Objetivo de Desarrollo Sostenible N°14 de la Agenda 2030, establece la necesidad de proteger la vida submarina, debido a su rol fundamental para la humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático. No obstante, este se ha visto limitado por la gran cantidad de contaminación y la sobreexplotación de la población marina, la cual afecta a los medios de vida de más de 3 000 millones de personas en el mundo, las cuales dependen de la biodiversidad marina.
Varios expertos del campo de la comunicación se reunieron en el Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho para analizar los principales desafíos del país en esta materia.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En Costa Rica circulan, por medio de las redes sociales, una gran cantidad de noticias y de contenido falso que propician la desinformación y confusión de la ciudadanía en momentos clave para el fortalecimiento de la democracia. Aunado a ello, persiste un modelo de concentración mediática, el cual restringe las posibilidades de tener una pluralidad de voces en los medios tradicionales.
Estos hechos son considerados por los expertos en comunicación de la Universidad de Costa Rica como parte de los principales desafíos de la libertad de expresión y del Estado social de derecho en nuestro país.
A dichos retos se suman una legislación obsoleta en materia de radiodifusión, la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, la presencia de pocas empresas en el manejo de la televisión por suscripción y la propagación contenido engañoso en redes sociales durante los procesos electorales.
Todos estos y otros dilemas fueron analizados por la Dra. Carolina Carazo Barrantes, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado y Gustavo Román Jacobo, en el marco del Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho, organizado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de esta discusión se constató que el país debe seguir trabajando para erradicar los obstáculos que le impiden avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y de una democracia más sólida.
Concentración mediática y convergencia como parte de los desafíos del ecosistema mediático costarricense
Durante su disertación, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado realizó un análisis sobre el ecosistema mediático costarricense
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Según el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado, el ecosistema mediático de Costa Rica se encuentra en un estado de transformación, en el cual nuevos medios como las plataformas digitales y las redes sociales se han integrado a la estructura, pero no han sustituido a los medios tradicionales.
Desde su perspectiva, este proceso de transformación no ha finalizado. Es así como el modelo de comunicación nacional sigue siendo dominado por medios tradicionales, y a la cabeza de ellos se encuentra la televisión.
Se estima que en Costa Rica la televisión llega al 90 % de los hogares costarricenses diariamente. En contraposición, datos del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) confirman que solo el 31 % de los ticos están suscritos a la plataforma digital de pago Netflix. De ese porcentaje, el 80 % de las personas son del Valle Central. Este es tan solo un ejemplo de las inequidades en cuanto al consumo de medios tradicionales y acceso a nuevos medios.
La televisión también destaca como el medio más privilegiado, en materia de inversión publicitaria. Se estima que esta se lleva un 50 % de la pauta mediática en Costa Rica.
Ante este escenario en el cual los medios tradicionales siguen liderando, Jiménez explicó que es necesario analizar con detalle la configuración del esquema mediático costarricense, en el que sobresalen la concentración y la convergencia.
En su opinión, estas dos características del mercado impiden que exista una mayor pluralidad de voces y participación de otros actores en los medios de comunicación costarricenses, tales como organizaciones sin fines de lucro, medios regionales o comunales y minorías.
Además, aseguró que un ejemplo claro de estos fenómenos es el caso de la radiodifusión, campo en el cual la legislación es obsoleta, favorece la concentración de las frecuencias en manos de pocas empresas y no reserva espacio para medios de uso social.
“Persiste una desregulación en el ámbito normativo de la radiodifusión, seguimos estando regulados por una legislación de 1954, que es omisa y presenta muchos vacíos debido al reformismo neoliberal que se aplicó en toda la década de 1990 y principios del siglo 21, quedó desactualizada y no promueve la participación de sectores excluidos”, afirmó Jiménez.
Por otra parte, el investigador del Cicom manifestó que la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, así como la presencia de pocas empresas proveedoras de los servicios de televisión por suscripción, también son parte de los desafíos actuales en materia de libertad de expresión.
“San José concentra el 57 % de los medios del país, y alrededor de 25 cantones no tienen ningún medio de comunicación. Ese desafío en lo territorial también empata con el desafío del pluralismo, en el tanto hay cantones en donde no existe la posibilidad de que la ciudadanía o los grupos organizados puedan comunicar, al menos en el ámbito territorial más cercano, ideas, mensajes o contenidos que para ellos sean importantes o de interés para la comunidad”, expresó Jiménez.
En este sentido, el analista explicó que los contratos de concesión de frecuencias de televisión abierta están a punto de vencer, por lo que este escenario se convierte en una oportunidad para que el poder ejecutivo pueda democratizar el espectro e incluir a otros actores sociales que han sido excluidos del actual ecosistema mediático.
Jiménez señaló que otro dilema por el que atraviesa la libertad de expresión radica en la actual pugna que existe entre sectores económicos de la comunicación y algunos medios digitales, la cual enrarece el debate político.
“Recientemente hemos visto como algunos medios digitales están alineados con posiciones del Gobierno de ataque a medios empresariales. Creo que esa pugna no enriquece el debate público, más bien desvía a los medios y a los periodistas de lo que deberían estar haciendo, que es un control político más fuerte contra las autoridades de Gobierno y legislativas”, expresó Jiménez.
En conclusión, el analista propone que es necesario seguir defendiendo los principios de la libertad de expresión y de acceso a la información, por medio del diálogo y la democracia. Para ello, es urgente una serie de reformas normativas, que tengan como norte la visión democrática y de bien común.
Desinformación en las redes sociales y discursos de odio contra los medios
Por su parte, la Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el Centro de Investigación en Comunicación, que abordan el tema de la desinformación en redes sociales durante el proceso electoral 2022.
La Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el CICOM respecto al contexto electoral y lo que sucede en la plataformas digitales
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En el primero de ellos, se analizó la dinámica en cuanto a contenido desinformativo en tres redes sociales: Facebook, Telegram y Twitter, en el contexto electoral 2022. El estudio determinó que, durante el período electoral, circuló una gran cantidad de contenido desinformativo y que la mayor parte del contenido estuvo relacionado con temas como candidatos aspirantes a presidencia (Chaves y Figueres) y a diputados, la pandemia y otros aspectos relacionados con las elecciones en general.
El estudio también determinó que la mayor parte de contenidos desinformativos sobre los candidatos a presidencia fueron compartidos por medio de la plataforma de WhatsApp y que dichos contenidos se triplicaron en el contexto de la segunda ronda electoral.
Asimismo, la experta se refirió a que, en otra investigación del Cicom, se analizó la presencia de perfiles falsos (troles) en Twitter en el contexto electoral. Además, se logró sentar evidencia de que este es un fenómeno cada vez más común en la ecología mediática contemporánea.
Desde su perspectiva, existe una estrecha relación entre los troles y la desinformación, en el tanto estos perfiles falsos revelan intenciones de carácter político-ideológico para influir sobre otros usuarios, y más aún cuando la revelación de esas intenciones es afín al ejercicio remunerado.
Por otra parte, la investigadora explicó que en el Cicom también han estudiado la dinámica del contenido que se comparte en los grupos de la red social WhatsApp, como una plataforma que es de alto consumo en Costa Rica y en donde también destaca el fenómeno de compartir archivos y mensajes que corresponden con contenido desinformativo.
En dicho estudio se analizaron los contenidos de cuatro grupos de WhatsApp afines a un partido político, así como dos de índole ciudadano, en el contexto del período electoral 2022. Según Carazo, los resultados del estudio confirman que, de los casi 7 000 mensajes enviados, un 11 % correspondió a contenidos desinformativos.
Por último, la investigadora explicó que, como parte del trabajo que desarrolla el Observatorio de la Comunicación Digital de la UCR, se han encontrado datos que confirman discursos de odio contra los periodistas y el ejercicio de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
En este sentido destacó que, entre el período 2021-2022, se detectaron alrededor de 937 mensajes y conversaciones en redes sociales, ligadas a discursos de odio y discriminación. Esto indica que tal tipo de contenido tuvo un incremento del 71 % en comparación con el período 2020-2021 en el que se detectaron un total de 538 000 mensajes.
Además, explicó que de 10 300 interacciones que se analizaron en el contexto de los debates presidenciales transmitidos en febrero del 2022 por Teletica y Repretel, seis de cada diez comentarios incluían violencia y ataques. A su vez, se confirmó que el tema de los periodistas y medios de comunicación fue el que más generó interacción con expresiones violentas.
En su opinión, todas estas investigaciones confirman que gran parte de los desafíos para la libertad de expresión en Costa Rica están relacionados con los discursos de odio contra los medios de comunicación y los periodistas, la reflexión sobre el papel que cumplen los grupos en plataformas como WhatsApp, en donde se dan dinámicas de cámaras de eco y burbujas; la desconfianza y el descrédito de los medios tradicionales; así como el fenómeno de contenido desinformativo y engañoso en redes sociales.
El simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho fue organizado por Proledi. Para ver las ponencias, puede ingresar a https://www.facebook.com/PROLEDI.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
¿Qué se entiende por libertad de expresión?
Por su parte, el Dr. Gustavo Jacobo Román, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones y docente universitario, realizó un repaso histórico sobre las principales teorías y formas de comprender el término de libertad de expresión.
En primera instancia, el experto hizo alusión al concepto ateniense de Parresia, que es la idea de decirlo todo sin impedimento y con verdad. “Este es muy importante ya que es un concepto básico que asistía en el derecho del debate, en la polis, en la ciudad, y yo creo que ya ahí hay una primera lección: no es libertad de expresión, sino es derecho a una libertad de palabra, pero queda claro que en ese momento no hay polis sin palabra libre”, expresó Jacobo.
Luego se refirió al momento histórico que se dio en el siglo XVI con la aparición de la imprenta, el cual afirma es un hito de gran importancia, ya que fue la primera vez que se pudo hacer difusión masiva con esa tecnología, simultánea y sin necesidad de la copresencia de los seres humanos. En su opinión, se le puede categorizar como el primer medio de comunicación.
“Ahí hay otra lección y es lo consustancial que es a la Libertad de Expresión su variable tecnológica. Esto está estrechamente vinculado con las posibilidades del ejercicio material de la libertad de expresión”, dijo Jacobo.
Dr. Gustavo Jacobo Román hizo un repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
El experto también mencionó que muchas de las ideas sobre la libertad de expresión del filósofo británico John Stuart Mill, aún impactan y están muy presentes en el sentido común de las personas, así como en la jurisprudencia sobre libertad de expresión.
Desde su perspectiva, es importante señalar que Stuart circunscribió sus ideas a la realidad de Inglaterra, por lo que también persisten muchas interpretaciones equívocas sobre su escrito acerca de la libertad de expresión.
Además, afirmó que, a pesar de que Stuart tenía una ideología liberal, siempre tuvo una visión muy republicana a favor de la educación pública y la justicia social.
“Hay mucho de republicanismo en su pensamiento, hay una frase que para mí es básica de Mill en el siglo XIX, para entender las crisis de las democracias en el siglo XXI y que dice: ‘sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible’” dijo Jacobo. Por otra parte, el investigador explicó que para Mill la principal preocupación acerca del ejercicio de la libertad de expresión tenía que ver en cómo la supuesta tiranía de la opinión mayoritaria pudiese llevar a una uniformidad del pensamiento que atentara contra la individualidad; y que fue precisamente dicha preocupación lo que lo llevó a escribir algunas ideas contra la censura, en el marco del debate intelectual.
“Primero dice que toda verdad indiscutible presupone una inaceptable presunción de infalibilidad, que la verdad comúnmente aceptada puede ser errónea entonces debe ser discutida. Luego, dice que prohibir la expresión de un error suprime la posibilidad de su superación en el debate, además que impedir expresar un error, impide que en su confrontación se clarifique y robustezca la verdad con la que se enfrenta ese error. Él plantea que, si la verdad no está en combate, en lucha contra el error, constantemente, se convierte en un dogma muerto y heredado”, afirmó el experto.
En su opinión, el tema de que la confrontación de la verdad la hace ser más sólida fue una posición un poco ingenua de Mill, ya que la confrontación no es garantía de que prevalezca la verdad absoluta. En ese aspecto dio el ejemplo de cómo las tabacaleras lograron postergar por décadas la legislación, debido a que lograron pagar estudios y pagar en los medios para sembrar la duda de si existía o no la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaquismo.
Asimismo, explicó que otra idea de Mill radica en que el hecho de enfrentar perspectivas ayuda colectivamente a acercarse a la verdad, es decir a una verdad como resultado de la conciliación de opuestos, que en su opinión está muy bien, pero que es la raíz filosófica de una trampa que es el equilibrio periodístico, de la equidistancia, de poner en debate dos partes para que la audiencia decida.
En resumen, Jacobo señaló que, para Mill, el mercado de ideas produce dos frutos: que se esclarezca la verdad y, segundo, que las personas crezcan en sus virtudes como ciudadanos. Además, agregó que Mill no entiende la libertad de expresión como ilimitada, que para este filósofo el límite sobre el ejercicio de la libertad de expresión está en el daño, un daño muy acotado.
“Cabe preguntarse si Mill, sabiendo lo que ocurre en la actualidad con los discursos de odio y la desinformación, hubiese recapacitado su postura sobre la censura, porque lo cierto es que la legislación internacional se ha movido en una línea más amplia en cuanto a las restricciones de la libertad de expresión que la de Mill. Ya el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa habla de abuso de la libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no, pero sí habla de un componente de la libertad de expresión, no solo de difundir, sino de recibir y de buscar información. Y el Pacto Internacional de Derechos Ciudadanos y Políticos de 1966 sí ya establece unas restricciones, con las que presumiblemente Mill no hubiera estado de acuerdo. En el artículo 19 dice que se puede limitar la libertad de expresión por respeto a los derechos y a la reputación de los demás, por resguardar la seguridad nacional, la moral y orden público, y luego el artículo 20 prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio e incitación a la discriminación”, dijo Jacobo.
Asimismo, se refirió a que en la prueba de umbral del Plan de Acción de Rabat se establecen seis criterios para calibrar si un discurso califica o no como discurso de odio y así tener herramientas para proscribir legítimamente aquellos que sí lo sean.
Tras hacer este repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión, el experto aseguró que han surgido otras visiones sobre los principales desafíos en esta materia. Entre estas destacó la poscensura digital, el rol de las plataformas en internet en la censura, la autocensura, la reflexión de si debe ponerse o no límites a la libertad de expresión para ponerle un freno a la desinformación y quiénes deben aplicar esos límites.
Por último, señaló que la verdadera discusión debe darse en cómo la desinformación y los discursos de odio lesionan la libertad de expresión, y no en torno a cuáles son límites legítimos que se le imponen a la libertad de expresión en el combate de la desinformación.
“Seguir pensando que las lesiones a la libertad de expresión son como antaño (solo las mordazas que impiden expresarse) es tan simple y erróneo como creer que la desinformación es (como lo era antes) solo la carencia de información, porque se impide el acceso a esta. Lo cierto es que, en la esfera pública digital, las amenazas a esta libertad y la desinformación son más sutiles, ya que están inhabilitadas jurídicamente las formas en las que antes sí se podían ejercer estas limitaciones (al censurar o negar información). La desinformación y las lesiones a la libertad de expresión hoy pueden operar exactamente en su sentido opuesto, absolutizándose hasta legitimar su abuso”, expresó Jacobo.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
San José, 7 jun ( Prensa Latina) El mensaje de poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba por más de seis décadas fue mostrado en la cumbre del Cerro Chirripó, pico más alto de Costa Rica, informaron hoy organizaciones de solidaridad con la isla.
Alto al bloqueo contra Cuba tenía impresa una bandera que portaba Javier Méndez, militante del Comité del Partido Vanguardia Popular (PVP), hecho que publica además en esta jornada el periódico Libertad, órgano de esa alineación política.
Ubicado a tres mil 821 metros sobre el nivel del mar, el ascenso al Cerro Chirripó conlleva a una preparación física y según especialistas, la única forma posible de llegar hasta este punto es mediante una caminata montaña arriba de aproximadamente 20 kilómetros, realizada en dos etapas.
Hasta allí llegó Méndez, veterano militante y hábil senderista, explicó a Prensa Latina José Valverde, principal promotor de la iniciativa y fundador del PVP.
Grupos de solidaridad en Costa Rica de manera recurrente alzan su voz contra el bloqueo que mantiene por más de 60 años Estados Unidos contra la isla caribeña, política que genera graves daños en la vida económica y social de los cubanos.
Siguiendo el legado de muchas mujeres en la ciencia que les antecedieron, abriéndose camino en un saber históricamente escrito y protagonizado por científicos, dos embajadoras del mar del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar CCBEM son quienes podrían estar a punto de reescribir la historia del Caribe Sur costarricense en el Parque Nacional Cahuita (PNC).
Adentrándose en el mar con la intención de contribuir con nuevos aportes a sus investigaciones ciudadanas, Ana María Arenas y Maraya Jiménez, parecen haber encontrado la pieza faltante del rompecabezas en las hipótesis que, un equipo de personas investigadoras comunitarias y profesionales en arqueología, han venido trabajando en torno a dos barcos esclavistas daneses que, hace alrededor de 300 años, naufragaron en las costas del Parque Nacional Cahuita (PNC).
Creando ciencia desde otras lógicas. Con gran emoción y entusiasmo, con pasos firmes y curiosos directo hacia la costa, Ana María y Maraya se adentran en el mar rememorando la figura de Tona Ina, que significa luz marina en idioma Yoruba africano, a quien pidieron les mostrara algo nuevo, algo que no hubieran encontrado antes en el inmenso Caribe y que permitiera atar cabos en las investigaciones comunitarias arqueológicas submarinas que se han venido realizando hasta el momento.
Sintiéndose en completa armonía con las aguas, conscientes del peso histórico de los acontecimientos que en dichas costas tomaron lugar, las compañeras buceadoras encuentran cientos de ladrillos que nutren la hipótesis de un naufragio en los arrecifes del PNC. Los ladrillos fortalecen la confirmación de una segunda embarcación esclavista de origen danés que, de vuelta en el siglo XVIII, transportaba alrededor de seiscientas personas africanas esclavizadas. Desde el año 2016 el equipo del CCBEM, ha venido registrando hipótesis alrededor de dichas embarcaciones que, al haber chocado con los arrecifes, dejaron tras de sí el rastro de miles de ladrillos, anclas, cañones, madera y hasta algunos grilletes, entre otros importantes registros arqueológicos.
La documentación histórica de archivos en Dinamarca daba cuenta que el segundo barco danés del acontecimiento que se estudia había sido soltado a la deriva por esclavizados y marineros hasta chocar con el arrecife. En el lugar hay cañones y hay anclas, pero sin encontrar muchos ladrillos era imposible confirmar a ciencia cierta que ese fuera otro naufragio. Se trataba de los barcos Fredericus IV y el Christianus V que cargaban más de 40,000 ladrillos cada uno cuando naufragaron. Este era un enigma a resolver – dijo el arqueólogo danés Andreas Bloch – aclarado que las dos embajadoras del mar al fin resolvieron el misterio encontrando un camino de ladrillos en el sitio.” Andreas junto con el Dr. Kotaro Yamafune son dos arqueólogos que realizan fotogrametría y mapeos del sitio.
¿Qué implicaciones tendría confirmar la existencia de esta segunda embarcación? Ana María Arenas explica que, de confirmarse esta información, se continuaría investigando alrededor del destino que tuvieron estas 600 personas esclavizadas provenientes del continente africano, a partir de la deriva y naufragio de la embarcación. Se buscaría conocer si se quedaron en Costa Rica, si tuvieron intercambio con las comunidades indígenas Bribri y, finalmente, podría incluso determinarse que las comunidades afro han estado en territorio nacional desde mucho antes de lo que los registros oficiales indican. Además, asegura que ya tienen un 90% del proceso de la identificación hecho, nos falta un 10% para que la Sociedad Científica lo confirme. Para ello se hizo una muestra de tres ladrillos que dieron positivo al origen danés y lo que se requiere para confirmar el origen son 20 ladrillos en total. Para el mes de septiembre vendrán los arqueólogos a tomar esas muestras y se buscará restos de madera para confirmar el origen de los barcos. Los arqueólogos hicieron una fotogrametría de los dos lugares en 3D que servirán de preparación para el trabajo de campo que se realizará en septiembre.
Para Maraya Jiménez este es lugar increíble “se siente una vibración de que algo pasó, algo importante, algo que marcó la historia de antepasados y que está ligado a la nuestra identidad e historia” (…) el haber podido verlos y encontrarlos (los ladrillos) aporta sentido a la investigación. Me siento muy feliz y agradecida por haber aportado un poco a esta gran historia que estamos reescribiendo, es mi historia, nuestra historia, de la cultura y de identidad de Cahuita y del Caribe Sur, pero también una nueva historia de Costa Rica”.
Ciencia desde y para las comunidades
Creando ciencia desde lógicas comunitarias, holísticas y sensibles ante la historia de los pueblos que allí habitan, su trabajo es también un posicionamiento político ante una tradición que ha buscado concentrar la escritura de la historia y producción de la ciencia, desde las más altas élites de la academia, desde un saber eurocéntrico que poco protagonismo ha otorgado a las mismas comunidades y a las mujeres en la reivindicación de sus saberes.
Siendo la producción científica occidental un espacio tradicionalmente masculinizado, su trabajo despierta muchísima admiración y entusiasmo, ya que coloca un parteaguas en el fortalecimiento de la cultura, identidad y memoria histórica del Caribe Sur costarricense. Se suman a las mujeres que, desde su trabajo día a día, dejan huella y nuevas rutas científicas por explorar a todas las mujeres en la ciencia que vendrán después.
Para María Suarez comunicadora y coordinadora del proyecto de investigación cultural en el que se enmarca en aporte de la observación de esas dos mujeres “no fue casualidad pues históricamente las mujeres hacen ciencia desde las relaciones, no necesariamente los objetos sueltos”.
¿Quiénes son las embajadoras del Mar y científicas comunitarias?
Maraya Jiménez Taysigue, secretaria de la Junta Directiva del CCBEM, Bachiller en educación media en el Liceo Rural de Puerto viejo y estudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica. Estudió masaje profesional en COSVIC y en Beauty Ritual, labor que también realiza para sostener su vida. profesional. Cuenta con capacitaciones en PADI Open Water, Peak Performance Buoyancy 2023, curso Introductorio a la Arqueología Náutica – NAS INTRO – Impartido por arqueólogos de la Universidad de Carolina del Esté, en inducción en Corales impartido por CCBEM – Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales
Ana María Arenas, Coordinadora Comisión de Corales y de comunicación en Redes del CCBEM, Diseñadora Gráfica, tercer año de historia de la Universidad de Costa Rica. Se ha capacitado en Padi Rescue, Padi Advanced , Padi Open Water PADI Divemaster. Presentó las credenciales finales para graduarse de Dive Master. En fotogrametría impartido por Kotaro Yamafune arqueólogo de Japón y Matko Čvrljak, arqueólogo de Croacia. Ha recibido el curso Introductorio a la Arqueología Náutica (NAS INTRO) impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch; el curso de inducción en Corales impartido por Innoceana; el curso Criterios, técnicas y métodos PRONAMEC para monitorear corales, instrumentos y protocolos para identificar corales e invertebrados. Recibió el curso sobre Identificación, Monitoreo y Siembra de Corales – impartido en Línea por Diving with a Purpose con certificación PADI AWARE – Project AWARE Specialty Course; participó en el Taller Creación Línea Base Actualizada sobre Corales en el Arrecife de Puerto Viejo impartido por el Biólogo Isaac Baldizón y realizó el curso de Arqueología Náutica – NAS 1 impartido por el arqueólogo danés Andreas Bloch.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Fotos de Ana María Arenas a la izquierda y a la derecha Maraya Jiménez, a instantes de encontrar esta importante pista para comprobar la identidad de los barcos hundidos en 1710.
Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.
San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.
Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.
Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y refugiadas así como su libertad de tránsito.
La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.
Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.
Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.
En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.
En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:
Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias. Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.
Organizaciones firmantes:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
Imagen aportada por la Oficina de Comunicación, Universidad Nacional.
CARTA ABIERTA
Asistencia social, Educación y Cultura para niñas, niños y personas adolescentes, sin discriminación: pilares del Desarrollo Humano y la prosperidad en Costa Rica
Señoras y señores
Diputadas y diputados
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Pilar Cisneros Gallo; Jefa de Fracción, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)
Óscar Izquierdo Sandí; Jefe de Fracción, Partido Liberación Nacional (PLN)
Alejandro José Pacheco Castro; Jefe de Fracción, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)
Sofía Guillén Pérez; Jefa de Fracción, Partido Frente Amplio (PFA)
Fabricio Alvarado Muñoz; Jefe de Fracción, Partido Nueva República (PNR)
Eli Feinzaig Mintz; Jefe de Fracción, Partido Liberal Progresista (PLP)
Carlos Felipe García Molina; Presidente, Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia
Monserrat Ruiz Guevara; Presidenta, Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Paulina Ramírez Portuguez; Presidenta, Comisión de Asuntos Hacendarios
Estimadas señoras y señores:
Reciban un saludo atento de parte de las instancias y organizaciones que conformamos la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños y las Personas Adolescentes en Costa Rica.
Esta comunicación tiene por motivo externar y hacerles traslado formal de nuestra preocupación y rechazo categórico frente a los recientes anuncios del Ejecutivo sobre decisiones presupuestarias de recortes que, aunque puedan estar fundamentadas en buenas intenciones, de ser aprobadas y puestas en vigencia, sus implicaciones vulnerarían derechos de las personas menores de edad y ocasionarían un impacto negativo en sus trayectorias de vida y en sus posibilidades de desarrollo óptimo, contrario al compromiso que adquirimos como país al suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y otros instrumentos jurídicos conexos.
Nuestra preocupación y rechazo se refiere a los siguientes hechos:
Según el Informe de Monitoreo de la Contraloría General de la República DFOE-CAP-MTR-00001-2023, el presupuesto del sector educación para 2023 es el más bajo de los últimos 9 años respecto al PIB y decrece un 1,2%, en relación con el presupuesto inicial de 2022 (ver: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023002148.pdf).
Adicionalmente, señala el Informe citado, que el presupuesto 2023 de becas y subsidios para el sector educación decrece un 5,1% respecto al 2022, generando una posible disminución de 3,8% en la cantidad de beneficios a estudiantes. Indica esta fuente también, que la partida de transferencias refleja una disminución neta de 2,2% para 2023, siendo las correspondientes a Juntas de Educación y Administrativas las de mayor disminución (3,4%). Esto acarrea el riesgo de una posible afectación, entre otros, del servicio de subsidios de transporte a estudiantes, pues los recursos solo cubren las necesidades del primer semestre de 2023.
El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR, 2023) estima que el recorte de becas producirá que 5.866 nuevos hogares caigan bajo la línea de pobreza. Esto significa que 12.000 personas menores de edad ingresarán a esa condición, y ante la falta de recursos, unos 7.000 estudiantes de colegio dejarían las aulas.
Aunado a lo anterior, y estableciendo el contexto en el que se dan estas decisiones, distintas entidades han señalado en los últimos meses, un aumento de las condiciones de pobreza extrema de la población más vulnerable, así como la constante salida de personas de la fuerza de trabajo.
Según el análisis del mercado laboral y pobreza en Costa Rica del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, se evidencia un aumento en la pobreza extrema en el país, del 6% al 8% durante el último semestre de 2022 (IICE-UCR, 2023; ver: https://iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/informe_mercado_IV_2022_1.pdf), además, la última medición trimestral de la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, refleja una constante salida de personas del mercado laboral, que en comparación con el mismo periodo de 2022, refleja que más de 190 mil personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo (INEC, 2023; ver: https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-05/coECE_FMA2023_01062023.pdf), todo ello sumado a un contexto en el que se presenta una pérdida del 6% del poder adquisitivo o de compra, descrito como una pérdida de los salarios reales en términos interanuales, según el Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de Costa Rica en abril pasado (BCCR, 2023; ver: https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM-abril-2023-informe.pdf).
En este respecto, existe abundante evidencia científica nacional e internacional que demuestra el impacto negativo que tiene la reducción de la asistencia social en las condiciones de vida de las familias en pobreza, especialmente en el bienestar y progreso de sus integrantes menores de edad. Entre los principales hallazgos se tienen:
Los programas de ayuda económica y cuido permiten a las familias más pobres y vulnerables un respiro en medio de sus difíciles circunstancias. Cuando estos sufren una reducción, estas familias quedan desamparadas frente a sus dificultades para poder mantener a sus hijas e hijos estudiando y recibiendo servicios de estimulación y aprendizaje, los cuales son cruciales para que puedan romper los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza (Banerjee & Duflo, 2012i).
Las personas en condición de pobreza ven perjudicada gravemente su capacidad cognitiva, pues la carga mental de su situación de carencia económica les impide disponer eficazmente de sus recursos cognitivos, lo cual les dificulta pensar claramente y les lleva a tomar decisiones perjudiciales para su propio bienestar (Mani et al., 2013ii). Además, cuando la condición de pobreza es crónica y ocurre desde la infancia, sus efectos neuronales son destructivos, pues afectan gravemente al cerebro de forma estructural y funcional (Center on the Developing Child, 2007iii; Lipina, 2021iv).
En el caso de los niños y las niñas, una investigación reciente en Costa Rica encontró que las carencias socioeconómicas están asociadas a un menor desempeño en tareas de autorregulación, lo cual perjudica su desempeño educativo y afecta su comportamiento negativamente (Chaverri-Chaves et al., 2022v), dificultando su avance y superación. Es decir que:
las necesidades económicas no satisfechas perjudican la capacidad de autocontrol, lo que a su vez afecta negativamente el comportamiento social, el desempeño cognitivo y el aprendizaje en niños, niñas y adolescentes; y
los entornos inestables y de pobreza disminuyen la capacidad de niñas y niños de controlar su comportamiento, en parte por el aumento en sus niveles de estrés, lo cual les lleva a ser más impulsivos y a centrarse en lo inmediato, mostrando un comportamiento menos autorregulado (Chaverri-Chaves et al., 2021avi, Chaverri-Chaves, 2021bvii).
Por otra parte, la evidencia es igualmente amplia en demostrar que los programas de cuido, estimulación y apoyo a la crianza de las niñas y los niños producen efectos positivos en el corto y largo plazo (Gertler et al., 2014viii; Chaverri-Chaves et al., 2018ix), y entre más temprana su intervención en la vida y mejor su calidad, mejores son sus resultados a largo plazo (Heckman & Mosso, 2014x). En consecuencia, este tipo de programas, cuando se implementan con calidad y a gran escala, representan, más que un gasto, una inversión con resultados favorables tanto para el desarrollo individual como para el desarrollo social y económico.
En consideración de todo lo anterior, las organizaciones que suscribimos esta comunicación, hacemos un llamado urgente al Poder Legislativo que ustedes representan, como autoridades con voz y voto para decidir el rumbo que toma la política nacional en sus disposiciones, para que hoy más que nunca, valoren y actúen de conformidad ante el hecho innegable de que en Costa Rica resulta imprescindible que las medidas presupuestarias que afecten instituciones con mandatos en niñez y adolescencia, sean siempre tomadas en apego a las obligaciones adquiridas por el Estado Costarricense en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que tutela los derechos de este sector fundamental del desarrollo nacional
De igual manera, desde una visión de inversión social estratégica, es claro que en lugar de recortar presupuestos en programas esenciales para el buen desarrollo de niñas, niños y adolescentes, se deben tomar decisiones basadas en evidencia (Chaverri-Chaves et al., 2020xi), no solo en función de abordar necesidades y problemas presentes, sino también pensando en su impacto en el corto, mediano y largo plazos.
Por supuesto que no podemos estar de acuerdo con el traslado de fondos del MEP y Cultura para abordar temas de seguridad y lucha contra la criminalidad, cuando los pilares de prevención de la delincuencia son precisamente la Educación y la Cultura. Tampoco podemos aceptar el argumento de la sub-ejecución como respaldo a las decisiones de recorte en instituciones y programas que benefician a los sectores de la población más vulnerables, cuando la sub-ejecución lo que evidencia son las dificultades de eficiencia en dichas instituciones (lo cual debería ser el foco de atención y de mejora), pero no la ausencia de necesidades de la población, como a veces se da a entender.
Por todo lo anterior, las organizaciones aquí representadas, solicitamos la intervención pronta, diligente y responsable de sus despachos en la toma de las acciones que estimen necesarias para prevenir o corregir, según se trate, los recortes presupuestarios que motivan nuestra preocupación y rechazo, tal como queda aquí documentado.
¡La Patria, las niñas, los niños y las personas adolescentes así nos lo demandan!
Dado en San José, a los ocho días del mes de junio de 2023.
/
Sra. Angie Cruickshank Lambert; Defensora de los Habitantes de la República
Sra. Gloriana López Fuscaldo; Ministra de la Niñez y la Adolescencia
Sr. Nogui Acosta Jaén; Ministro de Hacienda
Sra. Anna Katharina Müller Marín; Ministra de Educación
Sra. Yorleni León Marchena; Ministra de Desarrollo Social
Sra. Marta Acosta Zúñiga; Contralora
Medios de Comunicación
i Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2012). Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
ii Mani, A., Mullainathan, S., Shafir, E., & Zhao, J. (2013). Poverty Impedes Cognitive Function. Science, 341(6149), 976-980. https://doi.org/10.1126/science.1238041
iii Center on the Developing Child (2007). The Impact of Early Adversity on Child Development. Recuperado de www.developingchild.harvard.edu
iv Lipina, S. J. (2021). Pobre cerebro: Lo que la neurociencia nos propone pensar y hacer acerca de los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional. Siglo Veintiuno Editores.
v Chaverri-Chaves, P., Conejo, L. D., León-González, S. P., & Arrieta-Ávila, L. A. (2022). Delay of Gratification in Costa Rican Preschoolers: Effect of Trust in the Experimenter and the Socio-Economic Status (Postergación de la gratificación en preescolares costarricenses: efecto de la confianza en el experimentador y el estatus socioeconómico). Journal of Applied Cognitive Neuroscience, 3(1), e00224586. https://doi.org/10.17981/JACN.3.1.2022.04
vi Chaverri-Chaves, P., Barrantes Pereira, R., & Conejo, D. (2021a). El test de la golosina en contexto: ¿cómo influye el entorno social en la toma de decisiones y el autocontrol? Ciencias Psicológicas, 15(2). https://doi.org/10.22235/cp.v15i2.2486
vii Chaverri-Chaves, P. (2021b). La educación en la pandemia: ampliando las brechas preexistentes. Actualidades Investigativas en Educación, 21(3), 1–22. https://doi.org/10.15517/aie.v21i3.46725
viii Gertler, P., Heckman, J., Pinto, R., Zanolini, A., Vermeersch, C., Walker, S., Chang, S. M., & Grantham-McGregor, S. (2014). Labor market returns to an early childhood stimulation intervention in Jamaica. Science, 344(6187), 998-1001. https://doi.org/10.1126/science.1251178
ix Chaverri-Chaves, P., Conejo D., Molina, I. (2018). Informe de evaluación experimental del programa Familias en Acción (FAMA) de la Academia de Crianza del PANI (pp. 1-196). INEINA-Universidad Nacional.
xi Chaverri-Chaves, P., & Arguedas Ramírez, A. (2020). Políticas Públicas Basadas en Evidencia: una revisión del concepto y sus características. Revista ABRA, 40(60), 49-76. https://doi.org/10.15359/abra.40-60.2
