La Pandemia no ha creado una crisis de gobernabilidad, ni una situación revolucionaria, y ha mostrado la fortaleza de las instituciones públicas
(Intervención de Vladimir de la Cruz en el acto organizado por la Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum, bajo el título “Costa Rica después del Covid-19 en lo Político, Económico y Social”, el 14 de agosto del 2020)
Agradezco a la CTRN la invitación que me hiciera para participar en este conversatorio con la economista Sofía Guillén, para tratar el impacto de la Pandemia en el país. Espero que podamos dar algunas luces sobre la situación.
Debo señalar que la reflexión que haré es a partir de la valoración actual, que hago, del momento que estamos viviendo, del contexto internacional similar, y de las posibles proyecciones de su impacto.
No puedo decir de manera concreta cuál será la situación de Costa Rica después de que pase la Pandemia, porque no sabemos con certeza cuando se va a controlar, cuando podemos afirmar que ha pasado, ni en qué condiciones finales quedará el país y los distintos sectores sociales y de la población, y hasta ese momento podemos evaluar de mejor manera su impacto nacional en todos los órdenes del entramado nacional, institucional, político, económico y social.
En cuanto al impacto del Covid-19 en lo Político, que es lo que nos reúne, hay que verlo en las siguientes dimensiones, que se pueden apreciar como problemas urgentes que atender nacionalmente, o como crisis que se han generado en distintos aspectos de la Agenda Nacional.
El nivel del Poder Ejecutivo no se percibe una crisis de gobernabilidad y por ello tampoco se gesta ni se vive una situación revolucionaria que imponga en la Agenda Nacional un cambio de gobierno, o como algunas personas claman la renuncia del Presidente y hasta de su Gabinete.
El planteamiento de la renuncia del Presidente, y hasta de su Gabinete, es lo más absurdo que se puede agitar, porque institucionalmente está establecido el mecanismo constitucional de su relevo. En orden, las vicepresidencias de la República, y de seguido el Presidente Legislativo. Y, ninguno de los que está en la lista de este relevo se puede pensar que sea mejor que el actual Presidente de la República. No hay ambiente ni contexto político para una situación más radical, ni para una situación mejor por ese camino. Ni el sistema político institucional permite un cambio de Gobierno de otra manera que no sea por la vía electoral cada cuatro años.
Quizá el ambiente más propicio, en esa dirección, sería articular el movimiento hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que discuta la naturaleza del Gobierno, si representativo presidencialista, como lo tenemos, o parlamentario, elección que podría convocarse con las nacionales del 2022, si esto fuera presionado realmente por los sectores sociales y políticos del país, y fuera resultado de un Gran Pacto Nacional en esta dirección.
Mientras tanto seguiremos como estamos, diciendo que se hacen cambios para que todo siga igual.
No hay nada que indique que el Gobierno del Presidente Carlos Alvarado sufre o está en una situación que no pueda gobernar.
Carlos Alvarado gobierna sin obstáculos. Ni siquiera le hace mella alguna el Partido Acción Ciudadana, que desde su dirección política, se desmarca ocasionalmente de las acciones del Poder Ejecutivo, y públicamente lo confronta.
El Partido Acción Ciudadana, como partido gobernante que es, en la teoría, no tiene ninguna influencia en el Poder Ejecutivo ni en la representación parlamentaria de sus diputados. Es literalmente un fantasma, que ni asusta, en la Casa Presidencial. Ese Partido es como la Santísima Trinidad Política pero desunida, el Partido que está en Zapote, el que está en Cuesta Moras y el que está en San Pedro, y pareciera que cada uno responde a distintos intereses. No se siente que como organización sea un Partido Gobernante.
Ninguna de las propuestas que se le han hecho al Gobierno por intelectuales, profesionales, grupos de empresarios y otros, relacionados con el impacto de la pandemia, plantea, trata o analiza, “una crisis política” porque ésta aún no existe. Todas las propuestas y reflexiones se mueven en el orden de la salud, de la situación fiscal, del endeudamiento, del sector productivo, del sector del comercio, del sector turístico, que ha cobrado relevancia especial, del empleo y del empobrecimiento.
Los cambios en el Gabinete, generado por las renuncias de sus ministros, de sus viceministros y de presidentes ejecutivos de instituciones, que alcanza la cifra de una treintena, en dos años, no significa, en grado alguno, una crisis al interior del Gobierno, ni del país, ni siquiera de los sectores que en él podrían sentirse representados, ni de los sectores que ejercen gobierno desde el Poder Ejecutivo. Hasta ahora son simples cambios, lo que es bastante usual en Costa Rica.
Lo que han generado estos cambios son acentuaciones en el rumbo económico político que el Gobierno ha tenido y mantenido de sus anteriores. Este es el rasgo más importante del actual Gobierno. En este campo en nada se diferencia el actual Gobierno de los anteriores.
El Gobierno de Carlos Alvarado está sólido en el ejercicio del Poder, representa más y mejor que nunca los intereses económico-dominantes, de los grupos económicos nacionales más poderosos, más allá de las dificultades que tienen algunos de ellos de sobrevivencia, o limitaciones impuestas, por los efectos producidos por la Pandemia en cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno que los ha afectado. Cuando el Partido Acción Ciudadana asumió el Gobierno lo hizo acompañado del equipo económico del Partido Unidad Social Cristiana, así como el equipo del Partid Liberación Nacional le había ofrecido apoyo a Fabricio Alvarado, durante el periodo de la segunda ronda electoral, entre febrero y abril del 2028.
Los sectores dominantes están viviendo como siempre han vivido, no están en una situación de que no puedan mantener su estilo de vida.
Tampoco se da una situación de que las grandes masas de trabajadores, hoy sumamente afectadas con la desocupación creciente que se ha tenido, con el subempleo impuesto, con el aumento del trabajo informal, con los despidos y las rebajas de jornadas, con la alteración que se quiere imponer de nuevas jornadas de 12 horas, con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, con el desempleo de mujeres, estén dispuestas a tirarse a la calle.
En este sentido los sectores pobres y de extrema pobreza han aumentado, ha habido un deterioro grave de la clase media, que aún se sostiene, por el trabajo familiar, de las mujeres cabezas de familia, y por las ayudas institucionales que, en esta Emergencia, se han generado, con una proyección bastante amplia, de manera eficaz y eficiente, como el Bono Proteger.
Se pueden haber agravado, más allá de lo habitual, las condiciones de vida de los sectores populares y de las clases trabajadoras, pero eso no lleva todavía a una situación explosiva socialmente que exprese que no se quiere vivir de esa manera.
No hay en el país una crisis política nacional que ponga en entredicho el ejercicio del Poder por quienes lo están detentando en el nivel Ejecutivo, y en el Legislativo, más aún cuando no hay hoy en el país una sólida base de partidos políticos que expresen bien los diversos intereses de la población. Ni siquiera el escenario electoral del 2021, hacia las elecciones del 2022, provoca enfrentamientos entre partidos políticos. Lo que hay es una crítica equivocada hacia personalidades del actual gobierno de querer aprovechar la situación de la Pandemia para acrecentar sus imágenes políticas, o para crear remolinos políticos de denuncia más como escándalos, que deterioren imagen, que como acciones políticas, que produzca fortalecimientos de partidos políticos.
La imagen de Gobierno de Unidad Nacional, aunque no sea el resultado de pactos de gobernabilidad, desde el Ejecutivo Nacional, con los partidos políticos, de manera muy debilitada, aún se mantiene, para todos los efectos.
A este concepto suma el que los actos del Poder Ejecutivo son los que diariamente tienen repercusión nacional, en todos sus alcances, para la población del país, por las acciones que se ejecutan desde los Ministerios, desde las Instituciones Públicas, y desde las Municipalidades, que en este sentido cuentan.
El Presidente de la República en medio del impacto causado por la Pandemia no ha sacado provecho propio de esa situación. Bien ha hecho de poner al frente de esta lucha al Ministro de Salud y al Presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social.
En el nivel del Poder Legislativo no se puede medir aún la gestión de esta Tercera Legislatura (2020-2021), ni por los proyectos de ley en marcha y sus posibles resultados, ni por el impacto de la Pandemia, porque lo que haga en este sentido la Asamblea Legislativa, será gestionado, y aprovechado en imagen, sin ninguna duda, por el Poder Ejecutivo.
La Primera Legislatura (2018-2019) y la Segunda Legislatura (2019-2020), desde el ejercicio del gobierno legislativo resultaron buenas, y mejor la segunda, más allá de si se está de acuerdo o no con las leyes aprobadas. Ambas, pero especialmente la segunda, la presidida por Carlos Ricardo Benavides, mostró una gran capacidad de negociación y de acuerdos políticos parlamentarios en la producción de Leyes y de calidad.
El número amplio de partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa, no significa nada, fuera de ella, de expresión de esos partidos en la ciudadanía. De hecho los partidos políticos no existen fuera de la Asamblea Legislativa. De todos solo tres tienen locales reconocidos, el Partido Acción Ciudadana, Liberación Nacional y el Frente Amplio, donde prácticamente no hay actividades partidarias públicas. Estos locales son como oseras de invernación entre las campañas electorales.
La composición de la Asamblea Legislativa respondió a la situación política tensa que vivió el país en las elecciones del 2018, particularmente en sus últimos meses, desde noviembre del 2017 hasta las elecciones de la segunda ronda en abril del 2018.
Las diputaciones, salvo algunas honrosas participaciones, son descoloridas, débiles, de baja cultura general y pésima cultura política. No hay debates parlamentarios sustantivos, ni doctrinarios, ni sostenidos teóricamente. En mucho lo que hay son discursos vacíos, sin contenidos, más de forma, más de arenga parlamentaria que de análisis sustantivos de los proyectos de ley, como del control político.
La Pandemia no es un tema político parlamentario, más que en lo que sirve para “atacar”, para hacerle “escándalos”, o criticar al Gobierno, o a sus altos funcionarios públicos, cuando legislativamente carecen de propuestas los diputados, y los partidos que ellos representan, para tratar de resolver o mitigar .su impacto.
La fuerza de arranque de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, en mayo del 2018, se expresó con crudeza en debilidad extrema en las elecciones municipales pasadas cuando prácticamente esos partidos, exceptuando a Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, principalmente, no tuvieron prácticamente ninguna representación municipal o demasiado escasa. Los partidos pentecostales no tuvieron tema nacional que los aglutinara y casi desaparecieron del escenario. Las divisiones de partidos en la Asamblea Legislativa debilitan a esas organizaciones hacia el 2022, y se muestran tan escuálidos como si hubieran recién salidos de una Unidad de Cuidados Intensivos del COVD-19.
Hoy los partidos políticos no movilizan hacia la Asamblea Legislativa a sus simpatizantes en apoyo de proyectos de ley, o de ciertas discusiones parlamentarias. Son los ciudadanos los que se movilizan por cuenta propia, o atendiendo, especialmente, los llamados de las organizaciones sociales.
Sin lugar a dudas, en este momento, el régimen de partidos políticos se ha debilitado, pero no para desaparecer. Los partidos políticos van a seguir existiendo porque son la única manera de producir relevos presidenciales, parlamentarios y municipales, por más desgastados que se perciban ante la ciudadanía. La Pandemia los ha arrinconado. No les ha dado margen de pensamiento en torno a la misma Pandemia, de cómo enfrentarla. No hay pronunciamientos políticos de los partidos en este sentido. La Pandemia inhibe de las movilizaciones sociales, de marchas, de protestas organizadas. En este sentido todos van a la cola, en el furgón de cola, del tren del Gobierno.
A la par del coronavirus, que destruye internamente el organismo de las personas, en lo político los partidos políticos padecen desde hace mucho tiempo del “coronavirus politicus”, que les ha carcomido igualmente sus estructuras internas y, sobre todo, sus órganos vitales de pensamiento, y ha inhabilitado en la realidad a sus dirigentes políticos. Algunos partidos tienen presencia por la que les dan sus expresidentes de la República, o altas personalidades, ligados a esos partidos, que desde columnas de opinión, en medios de comunicación, hacen planteamientos, o análisis de la realidad socioeconómico nacional, la gran mayoría sin ser voceros oficiales y, generalmente, sin identificarse como miembros de esos partidos.
En el nivel Institucional la Pandemia ha puesto de relieve, de nuevo, la discusión, frágil aún, y muy débil, de la naturaleza de la estructura del Estado costarricense. Es la discusión de qué tamaño debe ser el Estado costarricense, con una fuerte tendencia a minimizarlo hasta donde sea posible.
La situación planteada sobre la realidad laboral, tanto del sector privado como público, de la imposición forzosa del teletrabajo, ha evidenciado vacíos y debilidades en la organización laboral, ha hecho sobresalir cuáles trabajos son esenciales y cuáles no, cuáles dentro de esta perspectiva podrían eliminarse o fusionarse. Ha puesto en la mira los puntos débiles del Estado que pueden atacarse para disminuir su tamaño, como lo están haciendo algunos sectores económicos.
Los movimientos sindicales y sociales deberían atender esta situación con serenidad, inteligencia y madurez, y proponer lo correspondiente frente a esas tesis. La propuesta que hiciera hace algún tiempo Otón Solís de reunir, o unificar instituciones, es el momento de revalorarla, desde la perspectiva de las organizaciones sociales, antes de que la impongan desde la acera de enfrente.
Las tesis que se manejan del llamado empleo público y las uniformidades de categorías laborales, para provocar iguales salarios en esas categorías, deben ser los sindicatos y los organismos sociales los que deberían tomar la iniciativa de cómo impulsar esa igualdad, dentro de esa reforma, sin demérito socio económico de lo que hasta ahora se ha logrado.
La simplificación de la maraña institucional, la agilización de procesos administrativos, a todos nos beneficia.
La Pandemia ha puesto en evidencia las dificultades administrativas, los huecos en la administración institucional, las debilidades y fortalezas que tienen las instituciones, así como ha mostrado condiciones brutales de trabajo en diferentes actividades económico-productivas, y ha puesto en evidencia las pésimas condiciones de vivienda, en muchas partes del país, especialmente, con las llamadas cuarterías urbanas y también rurales.
Esto no va a cambiar fácilmente. Seguirán existiendo esas condiciones de trabajo y de vida, pero obligará a que, desde el punto de vista de las instituciones de carácter social, y de los programas sociales de los gobiernos, se tiendan a mejorar, al menos, en los aspectos relacionados con las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene ocupacional, de las viviendas de programas sociales.
Necesariamente tiene que avanzarse hacia la humanización de la pobreza y de la extrema pobreza. Hay que lograr que la gente que vive en condiciones de pobreza, y de extrema pobreza, que va a aumentar con esta Pandemia, tenga al menos condiciones dignas, decorosas y decentes de vida y de trabajo. Tienen que humanizarse sus condiciones de existencia.
Las políticas de vivienda social no pueden ser el resultado de los proyectos que los desarrolladores proponen a las instituciones del Estado, sino que deben resultar de las políticas estatales que se gestionan con desarrolladores privados, si es del caso. Esto evitaría, entre otras cosas, el mal uso de suelos para construir viviendas sociales, la mala o pésima construcción de viviendas, mejor control de los materiales de construcción, el “choricerismo” que esa práctica tiene o provoca institucionalmente, el saneamiento de áreas de construcción de las viviendas de carácter social.
Las casi 340 instituciones del Estado son las que la Pandemia va a poner en el tapete de la discusión, y del análisis, al terminar su impacto social y económico nacional, cuando ya esté controlada, porque es la proyección de éstas, en los 82 cantones del país y en los casi 500 distritos, que existen lo que se va a evidenciar.
Institucionalmente la Pandemia ha mostrado la fortaleza de las instituciones públicas, al servicio de toda la ciudadanía, y de todos los sectores sociales. Han resaltado las instituciones del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y especialmente las Universidades públicas, y dentro de ellas la Universidad de Costa Rica con el Instituto Clodomiro Picado. Por su parte, el Instituto Nacional de Vivienda, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Instituto Costarricense de Electricidad, y el mismo Ministerio de Educación Pública, han mostrado debilidades en los servicios que deben brindar, evidenciados en el teletrabajo y en la teleeducación, y que deben corregirse hacia el futuro inmediato.
En el nivel político electoral la Pandemia puede repercutir en los programas políticos de los partidos políticos de la próxima campaña electoral.
Los temas de pobreza y extrema pobreza, junto con el casi 30% de desempleados que pueden provocarse, como tales, no han sido temas electorales en las campañas del pasado. Pero, con una población que ronda cerca del 50%, o más, que se arropará en estos conceptos inevitablemente obligará al discurso social político, obligará a que estas sean quizá las banderas políticas más importantes de los partidos políticos tratando de llamar la atención de los votantes, con soluciones posibles a sus graves problemas de existencia. Los temas sociales me parecen serán los temas centrales de la lucha política.
El efecto que habrá que combatir es la indiferencia política de los ciudadanos, ante la ausencia de soluciones reales institucionales, que se expresa en el abstencionismo electoral, gravitando alrededor del 30% desde el 2002, en la desilusión de los ciudadanos de la Política, de los Partidos Políticos, de los Políticos, y peligrosamente en la decepción que puede llegar a generarse respecto al modo de vida democrático, facilitando la posibilidad de que se desarrollen movimientos populistas, de cualquier signo político, de manera irresponsable, que a la vez pongan en peligro el conjunto de libertades y derechos democráticos que se han construido en el curso de estos 200 años desde la Independencia Nacional.
La Costa Rica después del Covid-19 en lo económico se expresará en los problemas centrales de finanzas públicas, de endeudamiento, externo e interno, lo que la Pandemia los acentuará.
El tema central es la discusión del llamado Gasto Público versus Inversión Pública e Inversión Social. Es un tema económico, pero también los es conceptualmente político. En el discurso político y en la práctica política se ha impuesto el tema del Gasto Público, donde entra casi todo, y ante los problemas de las finanzas el argumento fácil de llamar a recortar gastos del Estado, gastos superfluos, salarios y pensiones, mientras no se discute nada sobre Inversión Social.
La discusión de los gastos tiene que ver también con la de los ingresos. Esta discusión no ha sido bien llevada por los actores políticos y por los movimientos sociales, ni por las fuerzas sociales contestatarias. No es solo el planteamiento de la denuncia de evasores, elusores y contrabandistas, y de quienes no pagan cargas sociales, o de hacerle cargar a los asalariados el peso de esta carga. Es el diseño de cómo pueden contribuir todos los sectores sociales y agentes productivos en correspondencia y proporcionalidad a sus ingresos y ganancias.
La Pandemia ha afectado el funcionamiento real de miles de micro y pequeñas empresas, pero también medianas y algunas grandes. A algunos sectores estratégicos los ha afectado, en todas sus dimensiones, como el sector turístico, en hotelería y restaurantes, comercial en general, transporte. Esto no va a ser fácil de reparar, ni de reponer en esos sectores los empleos perdidos o disminuidos.
El mismo desarrollo capitalista hace que en el mercado de la competencia varios miles de empresas, año a año, desaparezcan al mismo tiempo que otras surgen. Pero, con la Pandemia, y la ruina económica que ha provocado, hace difícil este resurgimiento en la misma proporción que ha destruido empresas. Probablemente se fortalecerán en este sentido las grandes empresas.
En lo Social, en Costa Rica después del Covid-19, se estarán produciendo condiciones económico-sociales que pueden agudizar de manera profunda la pobreza, la extrema pobreza y el deterioro real de la clase media, reduciendo su tamaño, y provocando que parte de estos sectores rápidamente pasen a formar parte de la franja de pobreza nacional, que no cubre ni ha cubierto a la clase media, aún en sus sectores más bajos. Se provocará una caída del Índice de Desarrollo Humano, aumentará la desigualdad social, la concentración de la riqueza en cada vez más pocas manos, no se tenderá a mejorar políticas redistributivas, sobre todo si el crecimiento de la producción no se siente o se hace muy lentamente. Será necesario avanzar hacia un Gran Acuerdo Político Nacional, del cual no puede huirse.
No se presenta en este sentido una movilización social organizada, una actividad de movilización y de organización de trabajadores.
No hay organizaciones nacionales capaces o en capacidad de orientar y dirigir a estos sectores sociales en esta situación nacional que vivimos.
En este sentido faltan organizaciones políticas, partidos políticos especialmente, y organizaciones sociales, como los sindicatos, que muchas veces han sustituido esta ausencia de los partidos políticos, que se puedan convertir en las puntas de lanza de los diversos sectores sociales, en sus guías y orientadores políticos. Se requiere en esta situación una orientación política que hoy no existe para los sectores populares.
Las políticas en el campo social, impuestas por la Pandemia, generadas a partir de su impacto, son válidas, son aceptables, tienen un efecto de repercusión apreciable, paliativo inmediatista, y de neutralización de movilizaciones sociales hasta ahora logrado, y de reparación de las condiciones de vida y de trabajo, que hay que apoyarlas.
Los Derechos Humanos, en sus diversas manifestaciones y expresiones, impulsados de manera novedosa por el Poder Ejecutivo han calado para quedarse, y han calado para darle al Gobierno un sustento de aceptación nacional, que no se quiere perder, aún por sectores que hoy son hipercríticos de las acciones políticas y económicas que el Gobierno impulsa. Esto ha sido su colchón de amortiguamiento.
La acción sindical hoy carece de una clara orientación política, y de una dirigencia, en capacidad de tomar acuerdos políticos con los diversos sectores del Poder Político Nacional, dentro del Estado y con aquellos que desde afuera actúan a su interior.
Las últimas situaciones de luchas sociales y de movilizaciones importantes, desde las huelgas y movilizaciones magisteriales, hasta las reformas legislativas que se han venido realizando en materia social y laboral, evidencian esta situación.
Igual sucede frente a las posibles soluciones ante las crisis provocadas por la Pandemia. Los sindicatos han hecho buenas propuestas, a manera de enunciados, sin capacidad alguna de negociación. De hecho han estado al margen de las principales decisiones que se han venido tomando por parte del Ejecutivo Nacional, aun cuando la Segunda Vicepresidencia de la República es un dirigente sindical reconocido, pero sin ninguna presencia real en ese Gabinete, porque tampoco su candidatura obedeció, en su momento, a un pacto entre el Partido Acción Ciudadana, que lo escogió, y el movimiento sindical que pudo representarse en esa figura. Con el actual gobierno ni siquiera se ha logrado un acuerdo como el del Teatro Melico Salazar en el Gobierno de Presidente Luis Guillermo Solís.
La situación del empleo es grave. Al terminar la Pandemia probablemente la cifra del desempleo llegue al 30% o más. A ello se suma el subempleo y la informalidad laboral.
Dentro del desempleo la parte más explosiva para mí es el desempleo de mujeres, y dentro de ellas el desempleo de mujeres cabezas de familias. Antes de la Pandemia habían más de 300.000 mujeres cabezas de familia, que eran el principal ingreso de sus hogares aun cuando tenían compañero o esposo, con una cifra de desempleo que pasaba los 200.000 trabajadores. Hoy el número de desempleados pasa los 400.000 y ha disminuido el empleo de mujeres y de mujeres cabeza de familia provocando el desempleo de familias completas, lo que provoca una situación altamente inflamable y volátil. El Programa Proteger, de emergencia en esta Pandemia, algo ha resuelto, pero ¿cuánto es sostenible?
El impacto más dramático de esta situación es el Hambre que se va a generar. Si antes de la Pandemia ya había un considerable número de familias que apenas garantizaban una comida al día, con la Pandemia y luego de ella, miles de familias probablemente no garantizarán esa única comida diaria. Los Programas solidarios y se asistencialismo en este sentido tendrán que fortalecerse.
El Hambre puede ser el detonante más grande para que la gente se lance a la calle. Nada tienen que perder, y mucho que ganar, las masas hambrientas en la calle.
Igual repercusión tendrá esta situación en el acceso a la escuela, el colegio o la Universidad. Si antes de la Pandemia el solo obtener el Bachillerato colegial hacía pasar el nivel de la pobreza, hoy hay más deserción y habrá más brecha social, y situaciones potencialmente explosivas en lo social y en lo político.
La violencia social será uno de los índices que se alteren más. La inseguridad ciudadana aumentará y los delitos contra la propiedad, en cuanto se superen los encerramientos sanitarios probablemente también se incrementarán.
La desigualdad social, la marginación social, la exclusión social, la “xenofobia” interna, contra grupos sociales nacionales tendrá una mayor expresión pública.
El movimiento sindical sufrirá, en sus repercusiones, los efectos de la Pandemia. Por ejemplo, reducirá el número de afiliados por los despidos, reducirá sus ingresos económicos por la cuota de afiliación al reducirse los ingresos, si se les reducen las jornadas a los trabajadores. Los mismos trabajadores ante esa disyuntiva buscarán la desafiliación sindical para economizarse esa rebaja de cuota mensual sindical.
Probablemente habrá más temor de afiliación sindical por la inestabilidad laboral que se va a crear, por la definición de trabajos esenciales y no esenciales, por la movilidad laboral que se imponga, por el “temor reverencial” ante los patronos al despido laboral, de si se es sindicalizado o no. En el sector privado va a ser más difícil, de lo que ya es, la afiliación sindical y la gestación de sindicatos.
Quizá hay que empezar a valorar la gestación de sindicatos por ramas de producción o de industria, que permite que con un porcentual de trabajadores de la rama industrial se tengan cubiertos a todos los trabajadores por la acción y la representación del sindicato de cada rama industrial.
El tema político en este campo social será el fortalecimiento del llamado Estado Social de Derecho, que es el Estado con toda su institucionalidad social. El riesgo del Estado Social de Derecho está en el debilitamiento institucional que se quiere hacer de las instituciones históricas que lo configuran, y de las políticas sociales que le dan aliento, de su aniquilación y hasta de su privatización, como algunos sectores quieren.
El movimiento sindical en este momento tiene un compromiso muy importante con sus afiliados y con el país, de contribuir a asegurar los derechos fundamentales que se disfrutan, por parte de los trabajadores, y de contribuir con soluciones posibles a enfrentar las crisis, que de distinto orden, la Pandemia pueda causar en Costa Rica.
