SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado a nuestra redacción:
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido trasladado el expediente para consultar el Proyecto de Ley que pretende condonar millonarias deudas a grandes políticos y empresarios evasores, utilizando sus intenciones detrás de personas cotizantes independientes y pequeñas empresas que adeudan la cuota obrera y patronal, Ley de protección al Trabajador (LPT) intereses, servicios médicos prestados y multas.
Este proyecto es inconstitucional, según los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República donde se indica que ni el legislador, ni la misma administración de la Caja puede condonar deudas a la institución.
La inconstitucionalidad reside en que usar los dineros de la Seguridad Social para fines distintos violenta el Artículo 73 de la Constitución Política. Entre los criterios de la Procuraduría se encuentra el OJ-28-2011, OJ-069-2020, OJ-105-2020 que indican; “(…) no puede obviarse frente a condonación propuesta que, en orden a las deudas por cotización de la Seguridad Social y sanciones conexas, hemos insistido que, por el destino constitucionalmente prefijado que tienen dichas contribuciones, la Caja nos solo tiene la potestad de perseguir las sumas adeudas, sino el deber constitucional y legal de emprender todas las acciones procedentes en Derecho para tal fin. De modo que cualquier omisión de la Caja en ejercitar las acciones cobratorias-administrativas o judiciales-, desconocería ilegítimamente preceptos constitucionales y legalmente establecidos al efecto. E igual situación podría presentarse si se decide condonar las deudas a favor de la Seguridad Social. Violación constitucional que también podría producirse si el legislador autoriza esa condonación.”
El Proyecto de Ley propuesto no busca beneficiar a los verdaderos trabajadores independientes, sino a políticos, diputados y grandes empresarios que se afilian como independientes, y otros patronos, sin que se analice su capacidad de pago y otras alternativas que no sean inconstitucionales.
Recordemos que la evasión del pago de las cuotas obrero patronales y del Estado, incide en la calidad de los servicios y la atención a las personas aseguradas, en las listas de espera, la falta de personal, de camas y equipo, así como de infraestructura hospitalaria. Frente a la Pandemia del Covid-19 las instituciones de salud pública y sus trabajadores y trabajadoras, han sido vitales y son la primera línea de defensa de la vida.
La Unión Nacional de empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se opone contundentemente a este proyecto de ley por cuanto significaría un fuerte golpe a las finanzas de las instituciones de salud pública, de la Caja, y un portillo para quienes buscan su privatización.
La incertidumbre surgida a raíz del COVID-19 fue aprovechada para diseminar creencias pseudocientíficas en las redes sociales.
Por primera vez se realiza un estudio interdisciplinario para analizar la desinformación en Costa Rica sobre el COVID-19 en los medios digitales.
Remedios caseros para prevenir la enfermedad, dudas sobre la vacuna y otros procedimientos médicos, xenofobia y discursos en contra de la institucionalidad forman parte de un «coctel» de contenidos falsos o engañosos que han circulado en medios digitales durante la pandemia.
En momentos de crisis, en los que la sociedad necesita soluciones y respuestas rápidas que brinden certeza, se crean discursos que ofrecen resultados carentes de verdad o de evidencia científica.
Estudios recientes muestran que la desinformación durante la pandemia ha girado en torno a temas coyunturales relacionados con la salud pública y su protección, así como a dinámicas sociales de carácter estructural e histórico presentes en el imaginario de los costarricenses.
Este fenómeno se ha identificado en toda Latinoamérica, con un comportamiento muy similar en distintos países.
Uno de los hallazgos es que estos contenidos falsos circulan por canales digitales no formales y no en los medios de comunicación tradicionales. En estos últimos, hay establecidos criterios profesionales en el manejo de las informaciones.
La explicación de lo anterior es que las noticias falsas se propagan en las redes sociales porque ahí hay menor control de los datos o no existen filtros editoriales. De esta manera, esos contenidos se viralizan.
Para conocer la desinformación en nuestro país, un grupo interdisciplinario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) inició en el 2020 una investigación sobre tal temática y las noticias falsas (fake news).
Este es el primer acercamiento al tema que se efectúa con la participación de disciplinas como la comunicación, la lingüística y la computación. El estudio pretende identificar las principales tendencias y comportamientos de este fenómeno de la comunicación en el ámbito nacional, con la ayuda de herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial.
«La desinformación es un fenómeno que opera a nivel mundial. Desde las elecciones presidenciales de EE. UU. en el 2006, en las que ganó Donald Trump, las noticias falsas llamaron la atención y se inició su análisis en la academia. No obstante, hay muy poca literatura sobre cómo se manifiesta en Costa Rica», aclara Larissa Tristán Jiménez, coordinadora del estudio por parte de la UCR.
Existe la idea de que hay una abundancia de contenidos falsos y de que la exposición a estos es muy grande, pero investigaciones de Estados Unidos demuestran que tal contacto es menor de lo que se cree. El problema es que esa percepción del problema lo magnifica y eso genera desconfianza ante los medios.
La incertidumbre social generada por el COVID-19 ha dado pie a la aparición de discursos anticiencia en redes sociales como Facebook y en grupos de Whatsapp, según expertas de la UCR.
Ciencia de resultados
La comunicación de la ciencia a la sociedad se ha enfocado en dar cuenta de los resultados científicos más que del proceso de generación del conocimiento. Esto implica que no ha habido un verdadero intercambio entre quienes desarrollan la ciencia y el resto de la comunidad.
Este énfasis en la ciencia de resultados ha constituido un caldo de cultivo para otro fenómeno de nuestros días, conocido como la «posverdad», en el cual la opinión es más importante que los hechos y las evidencias científicas.
Las redes sociales son una caja de resonancia de esta situación. En las redes digitales, “la opinión del ‘amigo’ tiene más validez que la de una persona científica o una voz autorizada”, indica Tristán, quien labora en el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) de la UCR.
Durante el contexto de la pandemia, se ha observado que la incertidumbre social que genera la enfermedad del COVID-19 ha dado pie a la aparición de discursos anticiencia en redes como Facebook y en grupos de WhatsApp.
“Debido a la confianza que se le tiene a la ciencia de resultados, cuando no hay respuestas científicas rápidas aparecen ciertos grupos que politizan y capitalizan esa incertidumbre”, agrega.
De esta forma, surgen creencias y conocimientos pseudocientíficos, a los cuales las personas se adhieren y que en algunos casos pueden ser peligrosos o perjudiciales para la salud pública.
La especialista del Cicom en comunicación de la ciencia, Margoth Mena Young, explica que el proceso de innovación y de descubrimiento científico conlleva dudas y equivocaciones, y no es tan lineal como las personas esperan. “La gente interpretó como errores de la ciencia lo que no se sabía en un cierto momento y se ha ido conociendo durante el desarrollo de la pandemia”, señala.
En el caso de la vacuna contra el COVID-19, la principal razón para su rechazo —que ha sido mundial— se debe a la rapidez con la que se logró crear este fármaco. Al descontextualizarse este avance, se entiende que el proceso fue rápido, pero se desconoce que la tecnología del ARN mensajero, que llevó a la creación de una de las vacunas, se venía investigando desde hace varias décadas.
Aunque en Costa Rica no se ha articulado un discurso antivacunas tan fuerte como en otros países, se observa en las redes sociales una apertura hacia otro tipo de saberes y conocimientos pseudocientíficos. “En el país no hay un movimiento anticiencia, sino la existencia de ciertos grupos que se activan con determinados temas, pero que no tienen un discurso público”, argumenta Mena.
Las tendencias
Tristán resume en cuatro ejes temáticos las tendencias identificadas en relación con los discursos asociados al COVID-19 en Costa Rica: conjuros, remedios, peligros y amenazas.
Algunas de las noticias falsas identificadas hacían alusión a que la prueba PCR no sirve para diagnosticar la presencia del virus SARS-CoV-2 y más bien puede llegar hasta la barrera del cerebro y dañarlo. Imagen: cortesía de Larissa Tristán.
Las noticias falsas analizadas fueron desmentidas por verificadores periodísticos, como #NoComaCuento, del periódico La Nación, y Doble Check, un proyecto afiliado a las radioemisoras de la UCR.
En el eje de los conjuros y remedios, se pone a disposición de la gente información sobre rituales y prácticas pseudocientíficas para curar y para evitar enfermarse. Por ejemplo, se recomienda comer ajos, ingerir cloro o hipoclorito de sodio.
Un aspecto que llama la atención de las noticias falsas es que siempre invocan a un experto, cuyo nombre no se conoce, pero que procede de Europa o Estados Unidos. Con esto se busca legitimar el discurso.
Mientras tanto, los peligros y amenazas tienen que ver más con teorías de la conspiración, que se fundamentan en que hay algo ominoso que el statu quo oculta y se tiene que revelar. Históricamente, este tipo de creencias han propagado ideas en contra del extranjero, razón por la cual se actualizan miedos presentes en el imaginario costarricense.
Se observó que algunas noticias falsas, con un tono alarmista e incitando al miedo, alertaban sobre el peligro que representaba el ingreso masivo de nicaragüenses con la anuencia del Gobierno, el cual no nos protegía como país. En otras palabras, el «enemigo» ya no solo era extranjero, sino también interno.
«Siempre hay una tendencia polarizante y contra el statu quo. Esto es muy grave porque son ataques beligerantes y constantes hacia la institucionalidad del país», comenta Tristán.
Para la experta, los contenidos negacionistas sobre conjuros y remedios llenan una necesidad cognitiva y existencial, porque ante la incertidumbre frente al virus, dan una falsa sensación de control.
Por su parte, las teorías de la conspiración también suplen un vacío afectivo en algunos casos, al responder a una serie de necesidades que en un momento de crisis no están siendo satisfechas.
«Hay en estas plataformas digitales un hilo muy delgado entre la ficción y la realidad, las fronteras se borran», señala.
Finalmente, las especialistas coinciden en que tener a las redes como aliadas de la comunicación científica implica lograr que los usuarios participen, que aprendan a detectar los contenidos pseudocientíficos y desarrollen una confianza hacia las fuentes científicas. Además, es necesario un protocolo para las publicaciones, ya que las noticias falsas hoy en día son muy similares al discurso científico.
Buenas prácticas para comunicar la ciencia
-Mostrar el proceso de construcción del conocimiento que está detrás de un concepto científico.
-Hacer a la población partícipe de los procesos científicos.
-Comunicar desde la homofilia: la persona emisora comparte con sus interlocutores los mismos atributos, como edad, creencias, educación, prácticas, intereses y miedos.
-Usar una narrativa que integre el conocimiento y las emociones (experiencias).
-Fomentar la confianza. La credibilidad en las instituciones científicas es un punto a favor que hay que aprovechar.
-Brindar información útil para la toma de decisiones y el bienestar social.
-Contar con un periodismo especializado en ciencia.
-Diversificar las estrategias de comunicación, trabajar con públicos diferentes y según sus necesidades.
-Utilizar más los recursos audiovisuales, como infografías y videos, para lograr una mayor participación del público.
Fuente: Margoth Mena Young, Centro de Investigación en Comunicación (Cicom).
Patricia Blanco Picado Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Gerente médico de la CCSS: »Muchas gracias por todo el apoyo»
El Dr. Mario Ruiz Cubillo visitó el centro de vacunación ubicado en la UCR y reconoció el gran aporte de ambas instituciones
“Es un vacunatorio impresionante con un proceso ordenado”, así describió el Dr. Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al centro de vacunación ubicado en la Universidad de Costa Rica (UCR).
La visita del Dr. Ruiz se dio en el marco del inicio de la inmunización del grupo cinco para las personas usuarias del área de salud Carmen-Montes de Oca este lunes 19 de julio. Es decir, para todas aquellas entre los 40 a los 57 años de edad sin factores de riesgo.
Con ese grupo se concluiría el plan programado por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, el cual desde diciembre de 2020 había establecido los criterios de prioridad para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19.
“El proceso es fluido para la entrada de los pacientes. A la persona se le toma los datos, se le vacuna, espera quince minutos en un área especial y se va para la casa. Las reacciones secundarias son mínimas y las personas están muy contentas de que ya se pueden vacunar. Por favor, aprovechen esta oportunidad. Solo podemos agradecer a la Universidad de Costa Rica y a todo su personal por este esfuerzo y el trabajo en equipo”, comentó el Dr. Ruiz.
Ingrid Morales hoy fue vacunada de la mano de Johana Chavarría Soto, técnica de atención primaria. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Más centros CCSS-UCR
Durante la visita, el rector de la UCR, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, comentó la apertura de más centros de vacunación de la CCSS alojados en otras instalaciones de la UCR de carácter regional.
El primero está en el recinto de Liberia, cuya apertura se realizó la semana anterior. Por su parte, el domingo 18 de julio se inició otro centro de vacunación en el recinto de Turrialba.
“Como hemos indicado antes, hemos ofrecido a las autoridades de la Caja y del Ministerio de Salud las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, de todo el país, para que se conviertan en centros de vacunación y en cualquier otra instancia que requiera el sistema sanitario ante la actual crisis pandémica. Afortunadamente, ayer abrimos uno en Turrialba y la semana anterior en Liberia. Estamos a la espera de poder abrir otros centros como el de Occidente, Puntarenas y cualquier otro recinto que se requiera. Esto está a total disposición del pueblo de Costa Rica”, recalcó el rector de la UCR.
Dicho aporte ahora está acompañado de un moderno sistema desarrollado por el Centro de Informática de la UCR, orientado a agilizar la asignación de citas para la vacunación.
Un innovador sistema
De acuerdo con Henry Lizano Mora, director del Centro de Informática de la UCR, el sistema nace al identificar un reto en el proceso de gestión de las citas y en el tiempo de espera de las personas que llegaban a vacunarse.
Ante esa realidad, el Centro de Informática se dio a la tarea de analizar, optimizar y automatizar.
“Este sistema es todo un proceso. Desde el EDUS se descarga las personas que faltan de vacunarse. Ese listado se carga al sistema desarrollado por el Centro de Informática de la UCR y luego distribuye los pacientes pendientes entre los miembros del centro de llamadas encargados de contactar a cada uno”, explicó Lizano.
La ventaja de dicho sistema es que el ejecutivo del centro de servicio ya tiene el listado para empezar a hacer las llamadas. Con unos botones muy sencillos, el personal puede marcar si el paciente aceptó o rechazó la cita, y si la pudo o no localizar.
El personal de la UCR realiza las llamadas a las personas usuarias con ayuda del sistema generado por el Centro de Informática. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
“Esa información llega directamente a las tabletas de los estudiantes del Programa de Voluntariado que colaboran en el centro de vacunación, lo que les permite no perder tiempo buscando en listas extensas de papel, además de evitar problemas con los códigos que, en ocasiones, había uno mismo para dos personas”, mencionó Lizano.
Los resultados fueron evidentes. Desde la implementación del sistema, el centro de vacunación de la CCSS ubicado en la UCR mejoró el tiempo de respuesta y espera en las filas.
De igual forma, se mejoró de manera considerable el tiempo para localizar a las personas usuarias, gestionar el proceso de inmunización y de ingreso al centro de vacunación. Este pasó de ser de una hora y media, a cuestión de minutos. Hoy, por ejemplo, casi no había fila a pesar de estar colocando la misma cantidad de dosis.
Lizano aseguró que, de requerirse, este sistema se estaría donando a las autoridades como el Ministerio de Salud y la CCSS.
“Desde los inicios de su desarrollo se preparó para que el sistema puede funcionar en cualquier vacunatorio del país, si las autoridades de salud así lo requieran. Justamente, hoy don Mario Ruiz nos preguntó si podían llevar el sistema a otros vacunatorios”, amplió Lizano.
Con todas estas acciones, se espera vacunar a casi 2 000 usuarios por día. “Para julio nosotros esperamos vacunar a más personas, que lleguen más vacunas al país, utilizar la totalidad de la capacidad instalada de este centro e ir abriendo cada vez más el rango de edades. La idea es que de aquí, a finales de noviembre e inicios de diciembre, podamos tener la inmunidad del rebaño en el país”, puntualizó el Dr. Ruiz.
La vacunación en la UCR es mediante cita y el horario es de lunes a jueves de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Los viernes es de 7:000 a. m. a 1:00 a. m. Si tiene consultas puede remitir sus preguntas a aas_catedral@ccss.sa.cr o al Ebáis al cual está inscrito si pertenece a Turrialba o Liberia.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.
A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.
En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.
Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.
Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.
Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.
La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).
La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.
No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.
La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.
Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.
El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) realizó una encuesta sobre: “Percepciones de la población costarricense e implicaciones de la pandemia COVID-19 en diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales”.
El principal hallazgo es que la población coincide en que la mayor crisis está en el ámbito económico. Los niveles de acuerdo son un 4.727, en una escala de 1 a 5, donde 5 significa “totalmente de acuerdo”.
El objetivo del estudio es contribuir en la comprensión de cómo la emergencia sanitaria por la covid-19 incide en las percepciones sobre la noción de crisis en el país, las condiciones de trabajo, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros aspectos.
Los datos de la encuesta muestran que el 51% de la población encuestada percibe que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, la disminución de ingresos se manifiesta, además, en un ajuste en el consumo de ciertos alimentos. De acuerdo con la encuesta, la carne es el alimento que más personas señalan que han disminuido su consumo (58%), seguido por las frutas (47,3%) y las verduras, legumbres y hortalizas (45.2%).
Luego de la crisis económica la muestra señaló que las áreas siguientes en las que se percibe una crisis son: política (4.11) y la crisis en salud pública (3.91). También se menciona la crisis social (3.85), la educativa (3.62) y la ambiental-ecológica (3.31).
Para conocer más de la encuesta puede acceder en el archivo adjunto.
Situación desencadenó en el cierre temporal de las celdas
Seccional ANEP-cárceles OIJ denuncia mala gestión y atención de casos covid-19 en celdas del primer circuito judicial de San José
Así lo denuncia la seccional ANEP-Cárceles OIJ, luego de que se debiera cerrar temporalmente la sección de cárceles del Primer Circuito Judicial de San José, debido a un brote de Covid-19 entre los oficiales destacados en el lugar y los privados de libertad que se mantiene en celdas.
Así lo confirma un correo enviado por el Sub Secretario General del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Armando Castillo Fallas, a varias personas a lo interno del Poder Judicial, donde indica la situación sanitaria que afecta de forma critica a las personas funcionarias destacadas como custodios de personas detenidas de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José.
“Se han alcanzado un total de 34 personas incapacitadas y aisladas lo que representa un 43% del total del equipo de trabajo destacado para esas funciones, quienes al sumarse al personal administrativo supera el 50% de quienes lamentablemente no pueden ofrecer sus servicios en los horarios de turno durante las 24 horas del día, y considerando de manera adicional que, tenemos por confirmado un total de 23 personas detenidas n el aérea de celdas de dicha sección con el virus SARS-COV2, es entonces que se vuelve materialmente imposible mantener la operatividad de la sección”, indica la comunicación electrónica.
Además, agrega “Y en razón de lo anterior es urgente suspender temporalmente, hasta nuevo aviso, el ingreso de personas detenidas a efecto de no exponerlas a un posible contagio por esta enfermedad”
Para la seccional ANEP-Cárceles OIJ era cuestión de tiempo para que esta situación sanitaria se presentara en cualquier momento, ya que no se respetan las normas sanitarias respectivas por la pandemia, a pesar de las constantes denuncias por parte del sindicato.
“Siempre se pasan con el aforo de los detenidos. La cantidad de infecciones es bastante y no se toman medidas preventivas. Existe hacinamiento, los espacios sin ventilación, el equipo de protección y limpieza es insuficiente. Es imposible mantener metro ochenta de distanciamiento establecido por las autoridades sanitarias en la labor del custodio de cárceles. La cantidad de infecciones se ha tratado con un secretismo impresionante”, manifestó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.
Poveda detalló que en sitios donde deben de permanecer solo sesenta personas en ocasiones hay más cien. Además, indicó que la activación de los protocolos es insuficiente.
“Cuando se presenta un caso positivo de Covid-19, no se toman las medidas con el personal que tuvo contacto con esa persona, y por eso la transmisión se extiende sin control en algunos momentos. La desinfección de las instalaciones se da 4 o 5 días después, mientras que los resultados de las pruebas de los detenidos tardan 5, 6 y hasta 8 días. Producto de estas malas prácticas ahora la situación se desbordó y ahora se tiene el cierre del Primer Circuito Judicial”, explicó Poveda.
La Seccional ANEP-Cárceles hace un llamado al Ministerio de Salud, para que no sea permisivo y pasivo ante la situación que se vive en la Sección de Cárceles del OIJ, ya que actualmente el personal de Salud Ocupacional del Poder Judicial pareciera no importarle la situación.
Para declaraciones y entrevistas comunicarse con José Poveda Cedeño, presidente seccional ANEP-Cárceles OIJ al número celular 8320 2898.
La Vicerrectoría de Acción Social entregará tarjetas de prepago para continuar laborando desde la virtualidad durante el segundo semestre 2021
La Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) no se detiene pese a las limitaciones que impuso la nueva normalidad a causa de la pandemia sanitaria tras el virus que ocasiona la enfermedad COVID-19.
En la actualidad, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) tiene en ejecución un total de 724 proyectos en sus diversas modalidades, con la participación activa de estudiantes, investigadores y docentes en todas las sedes y recintos.
De esos proyectos, 375 corresponden a la modalidad de Educación Continua, Permanente y Servicios; 170 al Trabajo Comunal Universitario (TCU), 158 de Cultura y Patrimonio y 21 a Iniciativas Estudiantiles, detalló la Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social, en el primer informe de Rendición de Cuentas, presentado en mayo pasado.
Para continuar apoyando la ejecución de dichos proyectos, y en concordancia con el compromiso de la VAS con las comunidades y organizaciones vinculadas a los mismos, a partir de junio del año en curso se distribuirán de tarjetas “chips” prepago, de la misma manera que se realizó el año anterior. “El propósito es que pueda ser utilizado por estudiantes y miembros de las comunidades para contribuir en la continuidad de las actividades del proyecto de manera virtual o a distancia”, explicó Gutiérrez.
Según la Circular VAS-22-2021, difundida el pasado el 31 de mayo, la vicerrectora Gutiérrez indicó a las unidades académicas, que la iniciativa posibilitará “que las actividades de acción social continúen aportando en las transformaciones que requieren las comunidades y los grupos a los que están dirigidas. Estos recursos se destinarán a los proyectos que lo soliciten, de acuerdo al procedimiento establecido para ese fin”.
PROCESO DE SOLICITUD
Para tener acceso a las tarjetas prepago, las mismas deben tramitarse mediante las direcciones o decanaturas, previa solicitud de las personas coordinadoras de los proyectos. Cada unidad académica deberá indicar cuántos recursos se solicitarán y justificarlos con relación a los objetivos de los proyectos y adjuntar una lista con información detallada de las personas a las que se les asignarán.
Las solicitudes se recibirán por el correo electrónico digital.vas@ucr.ac.cr o mediante correspondencia física. Con las solicitudes recibidas, la VAS hará una evaluación para la asignación de los recursos de acuerdo con la justificación, necesidades específicas, disponibilidades existentes y equidad en la distribución.
Asimismo, “se dará prioridad a aquellos proyectos que hayan realizado consultas y solicitudes anteriores, como parte de las necesidades que implican las actividades planteadas”, amplió la vicerrectora Gutiérrez.
Los proyectos seleccionados para la entrega de tarjetas prepago serán comunicados por oficio institucional. Para concretar el envío, las unidades académicas deben remitir a la VAS las cartas de compromiso de las persona responsable del proyecto y de las usuarias finales, mismas que se adjuntan en la Circular VAS-22-2021,.
De acuerdo a esa circular, “las personas a las que se les entregue un chip prepago para la continuidad de los proyectos de Acción Social, deberán aceptar y firmar la carta de compromiso respectiva, en la que manifiestan que aceptan y conocen los presentes lineamientos y se comprometen a cumplir las condiciones para el uso del servicio habilitado por medio del chip asignado, y acepta la responsabilidad por el uso adecuado de acuerdo con la normativa institucional aplicable”.
Las tarjetas prepago estarán habilitadas seis meses, y contempla un paquete de 2GB de datos para navegación en Internet, 35 minutos de llamada de voz, 50 mensajes de texto SMS, acceso ilimitado a la plataforma WhatsApp y acceso a dominios ucr.ac.cr sin consumo de datos. En el caso que el servicio de minutos, mensajería o datos sea consumido antes del periodo establecido, la persona usuaria podrá hacer las recargas en cualquier medio autorizado por Kölbi, las que no serán reembolsadas por la UCR ni se podrá destinar recursos económicos de los proyectos de Acción Social para ese fin.
En mayo pasado, durante su primera Rendición de Cuentas, la vicerrectora Gutiérrez exhortó a la comunidad universitaria continuar su trabajo usando todos los recursos disponibles. En esa ocasión invitó “a que trabajemos en conjunto porque la Acción Social no tiene sentido en la singularidad, sino que su definición está casualmente en la articulación vigorosa, robusta, equitativa de todas las voces, de todos los saberes, de todas las personas”.
La UCR continuará apoyando los proyectos de Acción Social mediante la entrega de tarjetas de prepago a personas responsables de los proyectos en ejecución durante el segundo semestre del año 2021. Foto Archivo VAS
… la captura es «el ejercicio de influencia abusiva por parte de una(s) élite(s) extractiva(s) —en favor de sus intereses y en detrimento del interés general… OXFAM
Este documento esboza una propuesta de agendas de trabajo para promover el debate sobre cómo reconfigurar el pacto social por vías institucionales en América Latina y el Caribe, fortaleciendo así los sistemas democráticos de la región y hacer frente a privilegios. Estas cuestiones son esenciales en el contexto actual de pandemia y de crisis políticas. Cruzando datos estadísticos y con los estudios de caso de financiación de partidos (Perú), desarrollo turístico (República Dominicana), telecomunicaciones (Argentina) y acceso al agua (El Salvador), este documento establece la relación entre la captura de políticas públicas, desigualdad y desafección con la democracia. Los casos demuestran cómo el lobby, las puertas giratorias y las campañas mediáticas son los principales mecanismos con los que las élites ejercen influencia abusiva para alejar del interés general decisiones políticas cruciales.
INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE OXFAM. JULIO 2021
Introducción
En América Latina y el Caribe (ALC), el estrecho vínculo que existe entre desigualdad, poder y dinero es central para entender cómo países con tanta riqueza generan a la vez pobreza y privilegios. El resultado es una elevada desigualdad que deslegitima el sistema democrático al permitir que aquellos que más poder tienen ejerzan una mayor influencia política. En una región donde el 10% más rico concentra el 68% de la riqueza es fácil apreciar la relación entre captura política y desigualdad.
Este documento sostiene que la captura es el mecanismo por el que se crean y perpetúan la desigualdad y los privilegios, además de una de las causas principales detrás del descontento social, la desafección democrática y las protestas que se suceden en casi todos los países de ALC. La captura es, a su vez, un síntoma de la debilidad de los estados. Para demostrarlo, se analiza la extensión del fenómeno de captura política en ALC y su impacto en la democracia y la desigualdad a partir de unos casos concretos de captura en los que diferentes políticas públicas han respondido más a los intereses de una élite que al interés general.
Se trata de casos anteriores a la pandemia que siguen siendo de gran actualidad. La pertinencia de prestar atención a las consecuencias de privilegiar intereses de ciertos grupos por encima de los de la mayoría ha aumentado, si cabe, al implementarse diferentes políticas de gran calado para hacer frente a la COVID-19 en ALC. No es casualidad que algunas élites se hayan podido vacunar antes que la mayoría de la población; o la presión de las grandes farmacéuticas a varios Gobiernos en la región. Tampoco lo es que las discusiones sobre los paquetes de rescate hayan avivado los debates sobre quién se beneficia de las políticas públicas y a quién sirve realmente el contrato social. La COVID-19 ha magnificado y evidenciado el costo de la captura en estados incapaces de hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social.
El contexto actual ofrece una oportunidad para llevar a cabo una reconfiguración profunda de las relaciones de poder en la región; una reconfiguración que en los próximos meses será, con bastante probabilidad, el principal punto de colisión entre las élites y la ciudadanía. El resultado de dicha lucha puede desembocar en escenarios en los que las élites mantengan su poder, pero también en otros más positivos. El ejemplo de Chile es una muestra de que hay esperanza para las mejoras en el actual contexto.
En Latinoamérica, también se está produciendo desde hace años un cierre progresivo de los espacios para la sociedad civil, el activismo, el periodismo, etc. que se está agudizando con la pandemia y la respuesta de los Gobiernos. La protesta contra el statu quo, la disidencia social y el periodismo de investigación se restringen cada vez más mediante leyes que limitan el debate público y las libertades, al tiempo que se silencian voces alternativas, se instauran falsos debates en la opinión pública e, incluso, se militariza el espacio público. Este fenómeno de cierre está asociado con el poder de algunas élites, que buscan reprimir cualquier atisbo de protesta o disidencia y blindar así sus privilegios.
Con la crisis actual se ha abierto un período de cambios e inestabilidad en el que surgen debates sobre «nuevos» bienes públicos como la vacuna, la tecnología o la provisión de servicios públicos. En paralelo, la confianza en la democracia y en los partidos políticos se encuentra bajo mínimos; la ciudadanía ya no confía en que sean capaces de garantizar el acceso a dichos bienes.
La juventud está cada vez más desafecta del sistema y emergen, por un lado, nuevas voces desde movimientos sociales que apuestan por modelos alternativos basados en una democracia real, descentralizada, no institucionalizada e inclusiva; mientras que, por otro lado, hay sectores que reclaman políticas conservadoras y de orden.
Finalmente, este documento también quiere promover una reflexión sobre cuáles deben ser los cimientos a partir de los cuales reconfigurar los contratos sociales en ALC. En la cuarta sección, se plantean algunas propuestas que buscan contribuir a los debates sobre cómo fortalecer y volver a dotar de legitimidad a una democracia no asociada únicamente a una representación institucional, al acto electoral y a unos procesos participativos determinados, sino en relación con otros principios como el de igualdad y libertad.
SURCOS le invita a seguir el enlace para leer el documento completo o bien descargarlo.
El pasado 18 de junio, en el programa Alternativas se estuvo conversando sobre «Crisis del IVM y de la CCSS, realidad y perspectivas«
Se contó con la participación de:
Jorge Coronado, Sociólogo de la UCR, Especialidad en Economía Política de la Escuela Libre de Estudios Superiores de Berlín/Alemania Estudios en Ciencias Políticas de la UCR
Martha Elena Rodríguez, directora CCSS en representación de los y las trabajadoras sector sindical, Secretaría General Adjunta UNDECA
En este programa los (as) panelistas conversaron acerca del origen e importancia del régimen del IVM, así como del acontecer actual de este; De acuerdo a Jorge Coronado el régimen del IVM ha garantizado seguro de salud y pensiones a la población, además junto a la CCSS ha permitido que este país tenga indicadores de salud reconocidos a nivel mundial, garantizando la protección social; A pesar de esto este sistema se ha venido deteriorando, y con la crisis provocada por la pandemia del COVID 19, esta crisis se ha incrementado, provocando que la sostenibilidad del mismo se vea a amenazada.
Lo anterior ha provocado que la cobertura de este régimen se disminuyera, generando que miles de trabajadores y trabajadoras no tengan la posibilidad de acceder a esta protección social, precarizando las condiciones de vida de muchas personas.
Del mismo modo Martha Elena Rodríguez menciona como el gobierno y algunos partidos políticos han impulsado una serie de reformas que lejos de mejorar deterioran aún más este régimen. Desde hace varios años el Fondo Monetario Internacional ha venido planteando una serie de reformas regresivas para los regímenes de pensión, además, la OGDE plantea que debe haber un solo régimen, a la medida de lo que quieren los organismos financieros internacionales. Estos modelos históricamente han fracasado.
Asimismo, se señala como es necesaria una reforma al régimen del IVM, sin embargo, la que se está proponiendo no solucionar la crisis de este régimen, todo lo contrario, su implementación afectaría a toda la clase trabajadora, por lo que se hace un llamado a una reforma en la cual se convoque al dialogo social, que cuente con la participación de diversos sectores.
Necesaria una reforma, pero no la actual, se debe dar a través del diálogo social, que incluya a todos los sectores
Para ampliar la discusión de este tema en el siguiente enlace pueden acceder a la transmisión completa del programa https://fb.watch/6cXH3CdIU4/
En el marco de la Semana Nacional de Seguridad Vial el Observatorio del Desarrollo sigue aportando para reducir accidentabilidad de motociclista
El proyecto de trabajo comunal TC-677 del Observatorio del Desarrollo de la UCR ha producido una serie de insumos estadísticos para generar cambios legales y formativos dirigidos a entes públicos y privados responsables del diseño para reducir las muertes de motociclistas y sus acompañantes. Foto Laura Rodríguez, UCR.
La mortalidad en carreteras se redujo en 32% durante el 2020 en comparación con el 2019, según datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) esta semana. En ese periodo, pese a las restricciones vehiculares aplicadas con motivo de la pandemia sanitaria del COVID-19 un total de 300 personas murieron en el mismo lugar del accidente.
Aunque la reducción es significativa todavía las calles costarricenses siguen tiñéndose de sangre y llevando luto a centenares de familias. Y motociclistas y acompañantes siguen siendo las principales víctimas de las carreteras.
Según datos del Consejo de Seguridad Vial, hasta abril 2021 las muertes relacionadas con la conducción de motocicletas representan el 50% del total, una tendencia que se ha mantenido en la última década. Esto es un aumento del 39% con respecto al mismo periodo del año 2020. A la fecha, el 81% de personas fallecidas son hombres, la mayoría entre los 20 y 44 años de edad.
La Dirección de la Policía de Tránsito reportó para el primer cuatrimestre del año, 9183 boletas por infracciones, de las cuales fueron hechas por llevar menores de edad sin la adecuada protección, y en 56 casos por transportar menores de cinco años en motocicletas.
Las pérdidas en vidas y lesiones son un problema de salud pública, que no solo compromete la estabilidad familiar, sino también afecta la fuerza laboral y las erogaciones de instituciones estatales. El año pasado el Instituto Nacional de Seguro invirtió unos ¢55000 millones para la atención de los accidentes de tránsito.
Según la institución aseguradora, el 68% de los procedimientos quirúrgicos estuvieron relacionados con un chofer de motocicleta o su acompañante, y en el Hospital del Trauma llegó el 34% de las operaciones, sobre todo por lesiones en clavícula, tobillos y el radio.
Desde el 21 de febrero de 1989 el Decreto Ejecutivo N°18824-MOP estableció la tercera semana de junio como la Semana Nacional de Seguridad Vial, coordinada por los ministerios gubernamentales de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y su Consejo Nacional de Seguridad Vial. Previo a la pandemia sanitaria, la UCR ofrecía su campus para recibir a cientos de escolares para aprender sobre normas de circulación peatonal y el respeto a las señales de tránsito.
Mientras la expectativa de vida de un hombre costarricense es de 77 años, en el caso de los conductores de motocicletas son solo 29 años. Para el magíster Agustín Gómez Meléndez, coautor de dicho estudio, el alto crecimiento en la tasa de accidentes y la mortalidad de motociclistas motivó al OdD-UCR siga innovando en medio de la pandemia sanitaria desde la Acción Social para fortalecer procesos formativos de educación vial.
El proyecto “Estrategias educativas para la convivencia vial sin violencia y la identificación de los factores de riesgo de accidentes de motociclistas en Costa Rica” (TC-677), coordinado por Gómez, tiene seis años de existencia, y desde entonces ha realizado un trabajo de investigación y acompañamiento a organizaciones públicas y privadas con valiosos insumos para la generación de políticas nacionales para la toma de decisiones pertinentes.
“La educación vial es muy importante no solo para las personas que son conductoras sino para los mismos peatones, ya que la formación que se brinda en las escuelas o colegios no es suficiente o no es la más adecuada y pertinente. Para mi este proyecto me ayudará en mi futuro laboral, en la parte investigativa, crear informes y analizar a partir de la información”, comentó Karla Lobo Carranza, estudiante de la carrera de Administración Pública.
A la fecha, el proyecto “desarrolló una metodología para generar una serie de videotutoriales a partir de los insumos del servicio 911, Hospital del Trauma, Grupo INS, Policía de Tránsito, entre otros, en materia de atención de accidentes. El objetivo fue crear un canal de Youtube donde se compartieran esos recursos y que sirvan para la Semana de Seguridad Vial”, dijo el magister Gómez.
El último Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la reducción de muertes y traumatismos por accidentes de tránsito en un 50% para el 2020 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas.
De la flotilla vehicular, el 20% corresponde a motocicletas, y en la última década la importación de las mismas se incrementó más de 300%, en parte debido a los pocos requisitos para su adquisición, el bajo costo en comparación con otros automotores y para la congestión vial en las carreteras. El Cosevi ha emitido unas 1.6 millón de licencias, de las cuales casi medio millón son de motociclistas; estadísticas de esa entidad revelan que la mayor cantidad de víctimas son hombres entre los 19 y 39 años de edad.
APORTE Y APRENDIZAJE
“Mi interés en matricular el TC-677 nació de la importancia que tiene la interacción de los diversos actores del ecosistema vial. He tenido la oportunidad de apoyar en la revisión del Manual del Conductor, realizando un recopilatorio de aquellos artículos que involucran directamente a la persona motociclista y al vehículo, en talleres de capacitación y actualmente trabajo en la elaboración y edición de un video sobre cómo debe actuar el acompañante y cuáles medidas de seguridad debe tener. Me llevaré muchas enseñanzas, pero la mayor es que todos somos hijos o hijas, padres y madres, con familia que nos esperan en la casa”, comentó Jordy Navarro Navarro, estudiante de la carrera de Ingeniería Química.
Por su parte, Natalia Sánchez Vargas, hoy graduada de Ingeniería Civil, y participante de este proyecto previo a la pandemia sanitaria, comentó que “siempre es importante devolver a la comunidad lo que recibimos. Los trabajos comunales son útiles porque los estudiantes no solo aprenden a trabajar en equipo, entregan resultados no por una nota sino por hacer el mejor trabajo posible”.
Mediante este proyecto de Acción Social el OdD-UCR ha producido una serie de insumos como una propuesta de un circuito para las pruebas prácticas de motos, un modelo de estimación de los costos por atención médica en la CCSS, otro sobre la estimación de los años de vida perdidos por accidentes de motociclistas, una plataforma de consulta en línea de los resultados del estudio observacional de motociclistas en carretera, entre otros, disponibles para consulta en este enlace.
Previo a la pandemia sanitaria, estudiantes participantes en el proyecto apoyaban activamente durante la Semana de Seguridad Vial y diseñaron juegos dirigidos a menores de edad sobre el tema. Y en el año 2015 se presentó el Plan Nacional de Motociclistas 2016-2020 para promover una movilidad segura de los motociclistas en interacción con otros tipos de vehículos.
“Este es un trabajo comunal fuera de lo que se consideraría de ‘rutina’; mi alternativa era dar clases de excel, algo en lo que estoy familiarizada; sin embargo este tema era totalmente ajeno a mi realidad. Gracias a mi carrera en Economía, apoyé utilizando bases de estadísticas y análisis. Esto no solo amplió mis conocimientos, sino que me ha dado plasticidad académica a la hora de desempeñarme”, detalló Fiorella Correa.
Actualmente, se está planeando un proceso de transferencia de conocimientos de las actividades de este trabajo comunal a uno nuevo en la Sede de Occidente, para que inicie este segundo semestre, acotó el profesor Gómez.
“Dedicamos tiempo y esfuerzo para recabar datos fiables para recomendaciones basadas en investigación científica en servicio de la comunidad; esa es indiscutiblemente la marca UCR, lo que la diferencia de las demás. Este es el sello UCR”, recordó Wendy Ramírez Ramírez, graduada en Medicina y Cirugía en 2019, y quien fuera una de las decenas de estudiantes que han realizado su aporte en el diseño de estrategias de educación vial.
