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Etiqueta: COVID-19

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

Solicitud oficial del Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica, a las autoridades de Salud

SURCOS comparte la siguiente solicitud del Sindicato de Periodistas de Costa Rica a las autoridades de salud referente al desarrollo de un plan de vacunación universal que considere a los/as periodistas trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia:

San José, 10 de marzo de 2021    SNP-048-2021

Doctor Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo Caja Costarricense de Seguro Social
Máster Daniel Salas Peraza

Ministro de Salud

Estimados señores: Reciban un cordial saludo. Por este medio, les instamos a ustedes como representantes del Gobierno de Costa Rica en el área de salud, para lideren el desarrollo de un plan de vacunación universal que considere a los/as periodistas trabajadores esenciales de primera línea durante la pandemia.

Expresamos nuestra preocupación por la exclusión de los/as periodistas, fotoperiodistas y otros/as trabajadores/as de los medios de comunicación en los grupos prioritarios de vacunación contra el COVID-19.

La inclusión de los/as periodistas entre los grupos prioritarios se justifica por el hecho de que, al igual que otras profesiones, como los/as profesionales de la salud, los/as profesores, la policía o los bomberos, los/as trabajadores/as de los medios de comunicación se ven obligados/as a exponerse al virus por su trabajo, garantizando a todos los ciudadanos el acceso a una información de calidad y de interés público.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) apoya la petición para que los/as trabajadores/as de los medios de comunicación sean considerados como trabajadores esenciales y sean incluidos en los grupos prioritarios en las campañas de vacunación contra la COVID-19.

Debemos tener en cuenta el alto nivel de vulnerabilidad al que están expuestos nuestros/as colegas, que realizan coberturas periodísticas desde potenciales focos de infección.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, declaró: «Desde el comienzo de la pandemia, los/as periodistas han demostrado de forma abrumadora el papel esencial que desempeñan a la hora de informar a sus ciudadanos y luchar contra la desinformación sobre el Covid-19. Los/as periodistas son trabajadores esenciales y así deben ser considerados/as dentro de las campañas nacionales de vacunación contra la COVID-19 en todo el mundo».

Por esta razón y conocedores de sus buenas gestiones es que acudimos ante ustedes, para solicitarles ese importante y necesario apoyo para las personas periodistas. Quedamos atentos a la respuesta.

Licda. Yamileth Alfaro Mora
Secretaria General SNP
Mgr. Gerardo Chavarría Vega

Secretario Adjunto SNP

Panorama Social de América Latina

SURCOS comparte este documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina, 2020 fue publicado a inicio de 2021. Reproducimos parte de la introducción del documento y le invitamos a descargarlo para su lectura completa en el enlace al final del texto.

En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, “se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis” (CEPAL, 2020h, pág. 13). De lo que no cabe duda es de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región (CEPAL, 2020h).

A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. El primer caso en la región se detectó en el Brasil el 25 de febrero de 2020 y, tras la notificación de casos en todos los continentes a escala comunitaria, el 11 de marzo la OMS declaró que el brote de COVID-19 podía considerarse una pandemia. Si bien esta se encuentra en constante evolución, los datos disponibles indican que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por el coronavirus, en términos tanto de número de casos como de muertes. Si bien, en 2020, en la región vivía solo el 8,4% de la población mundial, a diciembre de ese año, se concentraban en ella el 18,6% de los contagios acumulados de COVID-19 y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en diversos frentes para controlar la pandemia. La propagación del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales se ven agravados por los problemas estructurales de la región: principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados y asentamientos urbanos marginados en expansión carentes de acceso a servicios básicos. También presenta grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis climática.

El COVID-19 llega a una región marcada por una matriz de desigualdad social, cuyos ejes estructurantes —el estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros— generan escenarios de exclusión y discriminación múltiple y simultánea que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta enfermedad. En el ámbito de la salud, estas desigualdades se expresan en la cobertura, el acceso efectivo y los resultados de los servicios de salud, así como en las condiciones basales de salud de las personas y las comunidades (CEPAL/OPS, 2020). Sin embargo, las desigualdades se ven frecuentemente invisibilizadas por problemas relacionados con la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, solo el Brasil y Colombia informan sobre casos confirmados y defunciones por COVID-19 entre las personas afrodescendientes2. Visibilizar y considerar la desigualdad en la respuesta a la pandemia es clave. En el contexto actual, y desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, el deterioro de las condiciones económicas de los hogares, con el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria (FAO/CEPAL, 2020), podría forjar un círculo vicioso de pobreza y mal estado de salud en el caso de amplios sectores de la población, lo que repercutirá en las sociedades a largo plazo. En particular, en tiempos de crisis, los déficits de protección social pueden afectar de manera catastrófica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con impactos críticos en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de capacidades humanas. A pesar de que no son los más afectados por la enfermedad en términos de salud, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes serán quizás una de las principales víctimas de esta crisis, por las consecuencias que tendrán en ellos el cierre temporal de los establecimientos educacionales y la crisis económica y social que afecta a sus hogares.

Los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad observados en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus. Pese a los avances alcanzados en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los estratos de ingreso medio entre los años 2002 y 2014, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento, y crecía el descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año (CEPAL, 2020a). En América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5% (véase el gráfico 1). Asimismo, la reducción del coeficiente de Gini se había ralentizado, de un promedio del 1,1% anual en el período 2002-2014 a uno del 0,5% anual en el período 2014-2019. Además, desde fines de 2019, la ciudadanía de varios países había expresado su malestar, descontento e insatisfacción con el sistema político y sus actores en grandes manifestaciones de protesta en las que se exigía mayor justicia social.

Es importante también reconocer los retos específicos que enfrentan los países del Caribe. Antes de la llegada de la pandemia, estos países presentaban un alto nivel de endeudamiento público debido a su necesidad de financiamiento para recuperar y reconstruir su estructura productiva frente a los recurrentes desastres climáticos, lo que limita su capacidad fiscal de respuesta a la pandemia (CEPAL, 2020d). Asimismo, las repercusiones de la pandemia en el sector del turismo, relacionadas con el empleo, los ingresos de los hogares y los ingresos gubernamentales, son mayores en el Caribe, donde el sector emplea a unos 2,4 millones de personas y representa el 15,5% del PIB. A esto se suma la gran dependencia de estos países de alimentos y otros bienes importados, que pone en riesgo sus cadenas de suministro (CEPAL/OPS, 2020).

En 2020, las proyecciones relativas a los indicadores económicos y sociales de América Latina y el Caribe muestran un escenario muy complejo, ligado a factores tanto internos como externos. Para frenar la propagación del coronavirus, evitar el desborde de los sistemas de salud y reducir las pérdidas humanas, los gobiernos han adoptado medidas de cuarentena y distanciamiento físico. En muchos casos se ha recurrido al confinamiento de la población en sus hogares como forma de minimizar los contactos, especialmente aquellos que pudieran producirse a escasa distancia o en ambientes cerrados, lo que se ha demostrado que incrementa las probabilidades de contraer el virus (CEPAL, 2020b). Por lo tanto, sectores enteros de la economía han visto su actividad mermada o temporalmente reducida a cero, según la rigidez de las medidas adoptadas. Por otra parte, se produjo una fuerte caída de la demanda de los productos de exportación de la región, originada en la adopción de medidas similares en el resto del mundo. A consecuencia de ello, la CEPAL (2020a) ha estimado que el PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe caerá un 7,7%, y la tasa de desocupación aumentará 2,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2020a). Esta fuerte recesión económica supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida, así como sustanciales aumentos de la desocupación, la pobreza y las desigualdades. A continuación, se discuten tres temas que es necesario abordar para entender el desarrollo de la pandemia en la región: los factores de riesgo ligados a la urbanización y metropolización, y sus efectos en la salud y la educación. Posteriormente, se presentan los hallazgos principales de esta edición del Panorama Social de América Latina con respecto a la pobreza y la desigualdad, el mercado de trabajo, la protección social, el gasto social, la economía del cuidado y el malestar social. Finalmente, se concluye con los mensajes principales de política pública de este informe.

 

Compartido con SURCOS por German Masís.

CARTA ABIERTA A LA HUMANIDAD

SURCOS comparte el siguiente manifiesto:

«Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza». Hannah Arendt

Brasil pide ayuda a gritos.

Brasileños y brasileñas comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ostenta la presidencia de Brasil, junto con una banda de fanáticos impulsados por la irracionalidad fascista.

Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder.

Brasil sufre hoy el colapso provocado del sistema de salud. El descuido de la vacunación y las medidas preventivas básicas, el fomento de la aglomeración y la ruptura del confinamiento, sumado a la ausencia total de una política de salud, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus, y ponen en peligro a los países vecinos y a toda la población. Vemos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas.

Brasil se ha convertido en una “cámara de gas” a cielo abierto.

El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro ha pasado de ser sólo una amenaza para Brasil, a convertirse en una amenaza global.

Apelamos a los organismos nacionales – STF, OAB, Congreso Nacional, CNBB – ya la OSM y las Naciones Unidas. Instamos a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenar urgentemente la política genocida de ese gobierno que amenaza a la civilización.

La vida por encima de todo

Para firmar:
https://forms.gle/H8Y8pQMe3WhYjQrZA

 

Imagen ilustrativa tomada del Blog de Salmon.

Vacunas anti-covid: Los reveladores alcances del egoísmo, nacional e internacional

Luis Fernando Astorga Gatjens

La historia ha demostrado que las grandes crisis ponen a prueba la consciencia humana y la solidaridad, en todas sus dimensiones. Y la actual, que padecemos provocada por el coronavirus, ha sometido a tal escrutinio, tanto a países y sus principales líderes, como a personas con poder político o económico, en Costa Rica y otros países de la región. Sin embargo, los resultados indignantemente dominantes han develado el feo rostro de la insolidaridad y el egoísmo humano.

La vacuna para combatir la covid-19 ha estado en el epicentro de una mezquindad que no ha tenido ni límites éticos, ni escrúpulos. Esta vacuna ha sido desarrollada en tiempo récord por algunas pocas industrias farmacéuticas y países, pero como bien lo diagnosticó António Guterres, Secretario General de la ONU, representa un triunfo de la ciencia, pero es un fracaso de la solidaridad internacional.

Más de 200 millones de dosis de vacunas contra la Covid-19 fueron administradas en 107 países y territorios, mientras tanto el 45 por ciento fueron inyectadas en los países ricos del G-7, pese a que sólo albergan al 10 por ciento de la población mundial. Tal es el revelador recuento realizado por la agencia, France Press en semanas recientes. Es por eso que el Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, reclamó recientemente en la ONU tal acaparamiento de los países ricos y la grave brecha existente en la distribución global.

Tan desatinado egoísmo vacunal se ha desatado entonces entre países y dentro de los países. En semanas recientes, han emergido escándalos relacionados con la inoculación de la vacuna en varias naciones latinoamericanas. Ministros de Salud han debido renunciar por haber favorecido a familiares o amigos, sin que les correspondiera vacunarse dentro del plan nacional de vacunación.

Perú, Ecuador y Argentina han estado en el foco de esos escándalos donde el poder político ha abierto la puerta a la corrupción vacunal. Personas de los círculos de poder se brincaron la fila, poniéndose por delante de personas que la requerían por el riesgo de su labor o por la condición relacionada con la edad y otros factores de vulnerabilidad. Es muy probable que esta situación se haya dado en otros países de la región, pero la opacidad informativa la haya ocultado hasta ahora.

Dentro de tal contexto, internacional y regional, es preocupante la falta de información clara y transparente de la CCSS sobre el proceso de vacunación en Costa Rica. Tal y como informó el “Diario Extra”, en su edición del lunes, 8 de marzo, la Caja se ha negado a presentar la lista de personas vacunadas hasta el presente, alegando que no puede hacerlo porque esa información forma parte del expediente clínico.

En una coyuntura política donde la credibilidad de quienes ejercen cargos públicos se ha erosionado de manera tan ostensible, es urgente que esos datos sean sometidos al conocimiento de la ciudadanía. El alegato de orden legal de la Caja (que incluso ha sido refutado por algunos juristas), debe pasar a un segundo plano ante un asunto tan delicado y de enorme repercusión humana, social, política y ética.

Hay que recordar que los ¢ 47.700 millones destinados por el Gobierno dentro del plan de vacunación anti Covid-19, son dineros públicos. La rendición de cuentas entonces no puede postergarse ni un minuto más.

Igualmente, esa información transparente es impostergable, en virtud de la grave denuncia de Unión Médica Nacional (UMN) –también contenida en la nota informativa citada—de “que decenas de funcionarios han sido vacunados contra el coronavirus a pesar de no tratarse de personal médico en primera línea de atención de la pandemia”.

Urge también que la CCSS ofrezca esta información para demostrar que es fiel a sus principios filosóficos de igualdad, equidad y solidaridad, al no inmunizar a personas sin respetar la fila correspondiente al orden definido (por edad y riesgo), por las injustas razones que marcan el poder económico o político de las personas vacunadas.

(8 de marzo, 2021)

Petición: ¡Necesitamos tu firma para exigir que no haya patentes médicas en esta pandemia y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo!

SURCOS comparte la siguiente petición:

Es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Los gobiernos deben exigir la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia.

Muchas de las herramientas médicas que se están desarrollando han recibido financiación pública en su etapa de investigación. A pesar de esto, las compañías farmacéuticas buscan patentarlas, controlar el precio y la producción.

Durante febrero y marzo, los gobiernos se reunirán en la OMC (Organización Mundial del Comercio) a revisar la solicitud presentada por India y Sudáfrica que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta lograr la inmunidad colectiva de grupo mundial. La aprobación de esta solicitud permitirá que los métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas sean accesibles y asequibles para una mayor cantidad de personas en todo el mundo.

Necesitamos que TODOS los gobiernos prioricen la salud y exijan a las empresas farmacéuticas que las herramientas médicas vinculadas al COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para toda la población.

La pandemia sólo se terminará cuando todas las personas del mundo accedan a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos.

No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia. Las vidas son más importantes que las ganancias de las empresas.

Necesitamos tu firma ahora.

Adjuntamos el link para firmar la petición:

https://www.msf.org.ar/firmar/no-patentes-en-pandemia?c=Firmas&m=Whatsapp&e=SinPatEnPan&utm_source=wa_leads&utm_medium=email&utm_campaign=Firmas%20sin%20patentes

Compartido con SURCOS por el doctor Federico Montero Mejía.

Alfabetización Informacional, discursos religiosos e información

Amanda Rodríguez Vargas

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

Una de las más desgarradoras desigualdades es la informacional, la cual se ve reflejada no solo en el acceso a la información, sino además, en los procesos educativos para discernir y manejarla. Las personas reciben información de manera constante por medio de una gran diversidad de formas: discursos, mandatos, publicidad, entretenimiento, etc, pero el poco acceso a la alfabetización informacional merma las herramientas para reconocer el tono, las intenciones y el campo de acción de dicha información.

La alfabetización mediática e informacional (AMI) es considerada por la UNESCO como un elemento crucial para consolidar la libertad de expresión y la promoción de una comunicación pluralista, ya que nos facilita los instrumentos para preguntarnos sobre la autoría de la información, nos ayuda a reconocer los espacios a los que pertenecen y nos motiva a ser criticos ante los posibles debates. Esto convierte a la AMI en un elemento indispensable para la democracia y el diálogo, por estos motivos no debería ser sorpresivo considerarla como protagonista en un contexto donde diversos actores se preguntan, cada vez más, por el papel y la influencia de los discursos religiosos en la esfera política. La crispación alrededor de discursos religiosos que promueven la violencia y los recientes debates entre el espacio público y religioso, debe ser también señal de alerta sobre las desigualdades en la alfabetización mediática.

Actualmente en las discusiones del campo de lo religioso y lo político hemos visto la constante exposición de falsas dicotomías (religión o ciencia), así como títulos con fines publicitarios o electorales, conspiraciones, ficciones y opiniones personales malinterpretadas como posicionamientos oficiales de grupos de fe e instituciones religiosas. Un caso que quiero exponer para ilustrar esta problemática es el manejo de la supuesta “objeción de conciencia católica con las vacunas contra el COVID-19”. La citada controversia tiene como punto de inicio un video publicitado en redes y servicios de mensajerías, correspondiente a un fragmento de la entrevista realizada por Luis Román al Monseñor Athanasius Schneider,[1] en el canal de youtube:[2] Conoce Ama y Viví tu Fe, publicada el 22 de setiembre de 2020.

La entrevista original supera las dos horas y los temas Covid-19, vacunas y aborto, nunca fueron ejes centrales de la misma, más bien la entrevista se centra en las dudas teológicas de Athanasius sobre la encíclica Fratelli tutti. Sin embargo, en esta conversación se presenta una vaga preocupación en torno a la vacunación contra el COVID-19, en donde Athanasius dice: No se puede descartar la posibilidad que se imponga a todas las personas de este mundo una vacuna obtenida a partir de células de niños abortados. De una forma viral este fragmento del video fue compartido y entendido por muchos como un argumento sólido contra la vacunación y por otros como una especie de evidencia que retrataba una iglesia católica opuesta a la ciencia y la salud. Ambas resonancias cumplían el objetivo de publicitar el canal de Youtube de donde procedía dicho video, sin embargo estas controversias alarmistas solo fueron posibles al ignorar muchos de los aspectos del video original: desde su origen, autoría y forma de ser difundido.

Es mi hipótesis que la viralidad del tal video se sostiene por una estrategia publicitaria de dicho canal, sin embargo se vuelve problemático cuando los discursos y debates públicos se fundamentan en comunicados de este tipo. Las posibles preocupaciones de fondo son transpuestas a la aceptación o no del mensaje de Atanashius Scheneider y el debate es reducido a compartir o cancelar dicho video. En consecuencia, el debate ciudadano es simplificado a la forma de consumir un videoclip omitiendo discusiones necesarias.

Esta forma de consumir la información ayuda a la proliferación de videos que refuerzan la controversia más allá del debate. En el caso analizado vivimos el surgimiento de un segundo video mucho más polémico y redituable para el canal de Youtube. En este segundo video encontramos a Monseñor Atanashius realizando casi un monólogo donde se exacerban los temores y cuestionamientos acerca del carácter inmoral de la vacunación por ser “negocio, que solo fueron posibles debido al asesinato, la destrucción y profanación del cuerpo del niño”[3]. Es necesario decir que las palabras de Atanashius son cuestionamientos y advertencias personales que parten de homologar el uso de líneas celulares embrionarias para la investigación médica con la aceptación moral del aborto. Bajo este razonamiento aceptar una vacuna desarrollada con esta tecnología implica apoyar el aborto. En primer lugar, es necesario decir que la preocupación sobre la investigación de líneas celulares en relación a la vacunación es recurrente en los movimientos antivacunas, sin embargo no lo es en la oficialidad de la Iglesia Católica, quien se ha pronunciado en el año 2005[4],concluyendo que su uso es moral ante la carencia de alternativas tecnológicas. Segundo, que tanto la objeción de conciencia como la libertad religiosa son temas de fondo que merecen una discusión ciudadana a profundidad, que garantice la escucha de la diversidad de sectores.

Las entrevistas de Athanaius Schenieder esparcidas en una población que carece de herramientas de alfabetización informacional fueron interpretadas por muchos como una crítica tajante desde la oficialidad de la Iglesia Católica contra la vacunación. Para otros grupos fue una evidencia que mostraba el falso dilema de religión o ciencia. Incluso páginas como #Nocomocuenta del periódico la Nación[5] se apresuraron a “desligar” el supuesto llamado del Monseñor Athanasios de la conferencia episcopal costarricense. En el tema que tratamos en esta breve reflexión podemos apuntar como los receptores o consumidores de publicidad son tratados. En este caso se han sobresaltando declaraciones polémicas para redirigirlos al sitio de Youtube de una forma paternalista. Y los temas como consentimiento informado, espacio religión-civil, vacunación e investigación de líneas celulares son utilizados como excusas para la polémica, pero sin una intención de fondo por su discusión.

Una de mis conclusiones es que la viralidad de dicha entrevista corresponde más a la eficiencia de estrategias publicitarias que a la preocupación real de aclarar los temas sobre los que opina. Estas controversias benefician a medios sensacionalistas y a la vez impiden o nublan discusiones importantes de fondo acerca de la objeción de conciencia en las sociedades democráticas y la fe. En conclusión, no podemos ignorar la importancia de aprender a escudriñar las informaciones como fuentes diversas para lograr al acceso a espacios de reflexión equilibrados, que se centran en problemas fundamentales, convirtiendo a las AMI también en un eje fundamental para el diálogo y la correspondencia de lo civil y lo religioso.

 

Imagen tomada de YouTube (OLCAMI).

Compartido con SURCOS por Isabel Ducca Durán.

Fuente: https://blog.ubl.ac.cr/2021/02/38/alfabetizacion-informacional-discursos-religiosos-e-informacion?fbclid=IwAR0Obx20Fqg0tXAdSqM9vbhYh2usdhXcL6hDldhUUt3IcMwmnzFhzxohkoc

Que se mueran los pobres…

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

“Que se mueran los pobres…” podría ser la versión actualizada de una vieja canción que se popularizó con su estribillo pegajoso y repetitivo: “Que se mueran los feos…, que se mueran todititos, toditos, toditos los feos, que se mueran…”.

Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, mientras 87 distritos reportan una morbilidad por causa del Covid 19 de 15 personas por cada 1.000 habitantes, 13 distritos reportan entre 70 y 166 casos; se trata principalmente de distritos del Gran Área Metropolitana con alta densidad poblacional (https://semanariouniversidad.com/pais/costa-rica-reporta-una-morbilidad-covid-19-de-392-casos-por-cada-1-000-habitantes/), y algunos con altos índices de pobreza. Otras fuentes destacan que Talamanca es el territorio indígena con más adultos fallecidos por Covid 19.

El Canciller mejicano, Marcelo Ebrad, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas el acaparamiento de las primeras vacunas por parte especialmente de Estados Unidos y algunos países europeos. A estas alturas hay varios países pobres donde no se ha aplicado ni una vacuna (https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox?projector=1) O sea, los pobres que han sido las principales víctimas de la pandemia, debido a sus precarias condiciones socioeconómicas, ahora también serán víctimas de este inhumano acaparamiento por parte de los países ricos.

Para el Ministro sin “cartera”, André Garnier, designado por el gobierno de don Carlos Alvarado como enlace con el sector empresarial (resulta evidente que para este gobierno no es prioridad el enlace con el sector trabajador), el salario mínimo en este país es muy alto. Es decir, “que se mueran lo pobres…”.

La política de desmantelamiento de la institucionalidad social, que congela salarios y plazas en el sector público, ya está afectando servicios básicos como la salud y la educación; traerá como consecuencias una nueva “generación perdida”, como sucedió en la década de 1980, por no tener acceso a educación pública de calidad y contar con menos recursos para la atención en salud.

El sector financiero público y privado no ha estado a la altura de las circunstancias para facilitar el acceso a crédito a tasas razonables y renegociar deudas de pequeñas y medianas empresas que han sido inducidas a la quiebra por la contracción de la demanda en tiempos de pandemia.

Las altas tasas de desempleo que tienden a crecer con la política de contención y reducción del empleo público, así como el creciente subempleo en el sector privado, está conduciendo a una ampliación sin precedentes del sector informal, con impactos especialmente entre las mujeres jefas de hogar, lo que significará un empobrecimiento mayor del que ya se están sufriendo. Es decir, “que se mueran las pobres…”.

“Que se salven los ricos” es la consigna bajo la cual han venido aprobando leyes, a diestra y siniestra, las señoras y señores diputados, particularmente del Partido Liberación Nacional (PLN), secundado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos religiosos fundamentalistas, Restauración Nacional (PRN) y Nueva República (PRN).

El azote “pandémico” neoliberal seguirá cobrando más víctimas en este país. Son las señales que emanan de la actual Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo. Los tiempos post-pandémicos serán dolorosamente sacrificiales. Es decir, “que se mueran los pobres…” y que “Dios los coja confesados”.

 

Foto: Semanario Universidad.

UNA: Pronunciamiento del Consejo Universitario

SURCOS comparte el siguiente Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA:

25 de febrero de 2021
UNA-SCU-ACUE–2021

Señores
Comunidad Nacional y Universitaria
Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo, inciso, de la sesión ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2021, acta n.o 3993, que dice:

APOYO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AL ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO

CONSIDERANDO:

  1. El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
  2. La reunión que se llevó a cabo el día de 25 de febrero de 2021 por organizaciones sociales, sindicales, comunidades universitarias, municipales y movimiento estudiantil universitario que tomó el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO QUE:

  1. Los efectos de la pandemia del COVID han profundizado asimetrías sociales y económicas que el país venía presentando como mayor concentración de la riqueza, menor capacidad redistributiva del ingreso nacional, incremento acelerado de la pobreza y de la desigualdad social, incremento desmedido del desempleo afectando principalmente a mujeres y jóvenes, mayor precarización de la inserción laboral, entre otros.
  2. En lugar de ampliar la inversión social y el papel del Estado, para hacer frente a esa realidad, las élites económicas y políticas han venido proponiendo una acción fiscalista y de austeridad presupuestaria, que no sólo pone en riesgo la acción misma del Estado, sino que deja en la indefensión a miles de costarricenses.
  3. Los medios de comunicación privados en forma homogénea han lanzado una virulenta campaña orientada a culpar al sector público y principalmente a la clase trabajadora como los responsables de los problemas en las finanzas públicas, algo absolutamente fuera de toda lógica real.
  4. El gobierno actual y las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República, vienen desarrollando una agenda legislativa absolutamente regresiva que descarga los costos de la crisis en los sectores medios y la clase trabajadora.
  5. Que la crisis de las Finanzas Públicas no es responsabilidad de los salarios de la clase trabajadora del sector público y mucho menos del Gasto Público, es responsabilidad del fraude fiscal corporativo que sustenta su accionar en la evasión y la elusión continuada. Se deben gravar las grandes rentas de capital, al sector financiero, al patrimonio y principalmente a las grandes riquezas.
  6. La estrategia de recorte y austeridad presupuestaria a la institucionalidad pública pone en peligro no sólo el desarrollo de políticas públicas y de servicios públicos, sino la existencia misma del Estado Social que ha garantizado que Costa Rica posea indicadores de desarrollo humano por encima de la media de la región.
  7. El Proyecto sobre Empleo Público que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa es una iniciativa sin proceso real de consulta a las organizaciones sindicales y autoridades de instituciones públicas, que además es un proyecto que atenta contra autonomías constitucionales y contra autonomías institucionales, que tiene un carácter claramente autoritario y antidemocrático y que representa el desmantelamiento del Estado Social Costarricense.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  • CREAR UN FRENTE NACIONAL DE DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE QUE INVOLUCRE A COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, A ORGANIZACIONES SINDICALES TANTO DEL SECTOR PÚBLICO COMO PRIVADO, A ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE VECINOS, A MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO, A ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES, A ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, A AUTORIDADES MUNICIPALES, A JUNTAS COMUNALES DE SALUD, Y OTRAS.
  • DESARROLLAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA A FIN DE QUE COMPRENDAN QUE EL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO NO BUSCA MEJORAR LA EFICACIA, NI ORDENAR AL SECTOR PÚBLICO, SINO DESMANTELAR EL ESTADO Y PRECARIZAR CONDICIONES LABORALES Y SALARIALES DE LA CLASE TRABAJADORA.
  • ENFRENTAR EN FORMA CONJUNTA TODA LA AGENDA LEGISLATIVA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO CON EL FMI PRETENDE CARGAR SOBRE LOS HOMBROS DE LOS SECTORES MEDIOS Y LABORALES EL COSTO DE LA CRISIS ECONÓMICA, POR MEDIO DE UN AUMENTO DE LA CARGA IMPOSITIVA.

4-        DESARROLLAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LAS INSTITUCIONES A FIN DE GARANTIZAR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE.

  1. La participación activa del M.Ed. Francisco González Alvarado, rector, la Dra. Carolina España Chavarría y el M.ag. Esteban Araya Salazar, miembros del Consejo Universitario en el Encuentro Multisectorial contra el Proyecto Ley de Empleo Público.

POR TANTO, SE ACUERDA:

  1. APOYAR LAS INICIATIVAS EMANADAS DE LA REUNION DEL GRUPO DE ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES, COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, MUNICIPALES Y MOVIMIENTO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO LLAMADO PROGRAMA ENCUENTRO MULTISECTORIAL CONTRA EL PROYECTO DE EMPLEO PUBLICO. ACUERDO FIRME.
  2. SOLICITAR A LAS OFICINAS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL QUE COMUNIQUEN Y DIVULGUEN, EN REDES SOCIALES Y LOS MEDIOS DISPONIBLES, ESTA DECLARATORIA. ACUERDO FIRME.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO
Tomás Marino Herrera
Presidente

lsr/w/misdoc/acuerdo/

C:        Contraloría Universitaria
Asesoría Jurídica
Oficina de Comunicación
Oficina de Relaciones Públicas

La reactivación económica en el ámbito local y regional, ¿es posible?

German Masís

Diversos sectores políticos, sociales y empresariales han reclamado a la Administración Alvarado una estrategia o al menos una agenda de reactivación económica del país, frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia del covid-19.

No obstante, aunque en algún momento el Gobierno actual ha mencionado la posibilidad de la reactivación económica, no ha propuesto un plan en esa dirección, pero sí impulsa actividades y proyectos a nivel local y regional, que las autoridades de varias instituciones ubican en el camino de la reactivación económica.

Estas acciones y proyectos son ejecutadas por varias instituciones como el IMAS, el INDER, el ICAA, el MIVAH, la CCSS y el CNP, implican una cuantiosa inversión de recursos y son parte de la acción institucional en cada región o de los programas de desarrollo impulsados por la presente administración en varias regiones.

En el mes de febrero, se han difundido varias informaciones con respecto a la inversión estatal en el desarrollo local y comunal en diferentes regiones del país, como parte de las acciones institucionales para el desarrollo social y productivo y la reactivación económica post-pandemia.

Se ha informado que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) invertirá ¢1800 millones en 24 iniciativas comunales y proyectos productivos que impactará al menos a 37 mil personas a lo largo de este 2021. Se estima que la construcción de las obras y el impulso de proyectos de impacto responde a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial impulsados por el Gobierno de la República.

La mayor inversión se da en la región Brunca (¢662 millones), seguida por San José Rural (¢436 millones); Huetar Norte (¢395 millones); Guacimal de Puntarenas (¢121 millones); Santa Cruz de Guanacaste (¢90 millones); Río Cuarto de Alajuela (¢68 millones); y Bratsi de Talamanca, Limón (¢27 millones).

Entre los principales proyectos a impulsar en la Región Brunca, la cual históricamente ha mantenido rezagos importantes en sus principales indicadores socioeconómicos, se encuentran 10 de los 14 proyectos con una inversión de ¢494 millones y 37% de los recursos económicos asignados, dirigidos a apoyar a 3.585 productores de la Zona Sur, como las siguientes:

  • Construcción y equipamiento de una planta agroindustrial para los cultivos de maíz y frijol en el Águila de Pejibaye de Pérez Zeledón.
  • Planta procesadora de hongos para la Asociación de Damas Empresarias de La Libertad de San Vito.
  • Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la recolección y producción de miel de mariola para las mujeres de la Asociación del Corredor Biológico Alexande Skutch, en el Área de Conservación La Amistad – Pacífico.
  • Mejoras del centro de acopio y compra de equipo para producción de granos básicos para los productores de Guagaral, en el cantón de Buenos Aires.
  • Equipamiento de la Sala de Capacitaciones de la Unión de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos del Sur (UTAGASUR), con equipo de cómputo y proyección en la Campiña de Corredores.

También, en la Región Brunca se encuentran la construcción de dos casas de salud ubicadas en Santa Lucía de Chánguena, en Buenos Aires, y en la Reserva Indígena de Altos de San Antonio del cantón de Corredores, para una inversión superior a los ¢168 millones que beneficiará a cerca de 826 personas.

En la Región Huetar Norte, alrededor de 5.590 personas se beneficiarán con la inversión de más de ¢395 millones en la construcción de un ramal del Acueducto La Virgen y El Coroso, en Los Chiles; un tanque de almacenamiento de agua de 500 m3 para Caño Negro y La Chompipera, en Yolillal de Upala; la construcción de un Centro de Formación Articulado Integral que se ubicará en Santa Rosa de Pocosol de San Carlos y una sala de terapia física, una planta de tratamiento de aguas negras y servidas y una batería de servicios completa para el Hogar de Ancianos de Bijagua de Upala.

Además, en esta misma región, se ampliará el apoyo al centro multifuncional del cantón de Río Cuarto, ya que sumará ¢68 millones en obras complementarias a dicho proyecto en el que el IMAS invirtió ¢85 millones para su construcción en el año 2017 y que beneficiará a 5.000 personas de esa comunidad.

Mientras que en Guanacaste se invertirán ¢90 millones en la construcción de un centro de formación integral, recreativo, social, cultural y educativo ubicado en El Socorro de Santa Cruz, facilitando las condiciones de vida de 125 personas aproximadamente.

Cerca de esa provincia, en Santa Rosa de Guacimal de Puntarenas, 350 personas de sus comunidades vecinas se verán beneficiadas con la construcción de un consultorio médico de visita periódica con una inversión de ¢121 millones.

Por su parte en Bratsi de Talamanca, en la región Atlántica se invertirán más de ¢27 millones en dos proyectos que tienen como objetivo promover el valor agregado en la producción de plátano en Bratsi de Talamanca, Limón, para facilitar las condiciones laborales de 104 personas aproximadamente.

Adicionalmente se menciona que en las Comunidades rurales de San José la inversión social será superior a los ¢436 millones distribuidos en cinco proyectos, entre los que destacan la construcción del edificio de la Cruz Roja en Acosta por ¢200 millones; el nuevo puesto de visita periódica de salud en La Legua de Aserrí con un presupuesto de ¢100 millones y se destinarán ¢90 millones para mejoras en la red de distribución de agua potable de Bijagual de Turrubares, estos proyectos contribuirán a mejorar la calidad de vida de 21.493 personas aproximadamente.

Todos los proyectos apuntados, representan acciones concretas con las que el IMAS contribuye al desarrollo social y productivo de algunas comunidades y en las que según el Presidente Ejecutivo de esa institución “con esta inversión buscamos oportunidades de reactivación económica e inclusión social, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, y al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y se inscribe en la visión “del desarrollo humano sostenible como una aspiración que construimos desde el territorio y de la mano de las comunidades.”(ElPaís.cr,9-2-2021)

Igualmente, la Mesa Caribe instancia multisectorial de diálogo entre el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en la región Huetar Atlántica, proyecta para este 2021 una serie de inversiones en procura de mayor desarrollo, reactivación económica, fuentes de empleo y de mejores oportunidades para los habitantes de la región Caribe.

El vicepresidente Rodríguez coordinador de la Mesa citó una serie de proyectos en esa Región Caribe, que se entregarán a lo largo de este año, haciendo referencia a la pronta inauguración del puente binacional sobre el río Sixaola, fronterizo con Panamá, en el que se invirtieron $25 millones.

Asimismo, enumeró proyectos como las nuevas instalaciones del INA; la entrada en operación del Centro de Desarrollo Empresarial; la reactivación de espacios públicos financiados por JAPDEVA; los estudios de factibilidad del tren eléctrico de carga; la entrega de obras del BID cantonal 2, en Pococí, Matina y Siquirres; la inversión en obras deportivas y educativas en varios cantones; los proyectos de vivienda y la adquisición del terreno del nuevo Hospital de Limón.

El Ministerio de Educación Pública invertirá este año ₡12.800 millones, mientras que la proyección de inversión para 2021 es de ₡6.509 millones por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados proyecta invertir en la región para el período 2021-2022, ₡12.000 millones.

Por su parte JAPDEVA, aprobó un primer bloque de proyectos que promueven el desarrollo de la provincia por un monto de inversión de $10.5 millones de dólares (₡6.348 millones aproximadamente). Dichos proyectos se agrupan en tres ejes: ordenamiento territorial para la atracción de la inversión, fomento del turismo a través de la intervención urbanística en las comunidades e infraestructura.

El vicepresidente afirmó que el 2021 es un año clave para la reactivación económica de la región. Hemos arado y sembrado el terreno y, con el apoyo de los clústeres, sabemos que vamos por buen camino. La pandemia nos golpeó fuerte, pero debemos seguir generando acciones que procuren una recuperación y protección del empleo” (ElPaís.cr,18-2-2021)

Así mismo, la inversión en infraestructura habitacional ha sido otra de las áreas en las que la administración Alvarado ha procurado generar alternativas de reactivación en las diferentes regiones del país, con ese propósito el Banco Hipotecario (BANHVI) aprobó nueve proyectos habitacionales en la Región Brunca, de los cuales cuatro ya han sido concluidos y cinco más se encuentran en su fase de construcción.

Dentro de los proyectos concluidos, se encuentran Kilómetro 20, ubicado en Golfito habitado por 65 familias en situación de extrema necesidad, y fue entregado en diciembre anterior por el presidente de la República y la inversión fue de ¢1.109 millones.

La población indígena, ampliamente arraigada en la Región Brunca, ha sido beneficiada con 231 viviendas, de las cuales 132 ya habitan sus casas, en poblados de los territorios Coto Brus (Ngöbe, etapa I), Salitre y en Curré (Rey Curré) de Buenos Aires de Puntarenas.

Las 99 viviendas restantes están en proceso constructivo, con diferentes porcentajes de avance. Se trata de la segunda etapa en Salitre (Buenos Aires) y en Ngöbe en Limoncito (Coto Brus); Boruca (Buenos Aires), y en Conte Burica (Golfito).

La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), destacó que estos proyectos no solo permiten que las personas tengan una vivienda digna, sino que contribuyen a reactivar la economía. “Este es uno de los principales aportes del BANHVI a los esfuerzos por lograr la reactivación económica y contribuir con la generación de empleo” (ElPaís.cr,20-02-2021)

En el ámbito de inversión productiva regional, el Gobierno autorizó recientemente al Instituto Nacional de Seguros a donar ₡1.500 millones al Consejo Nacional de Producción para la construcción del Centro de Valor Agregado (CVAA) de la región Huetar Norte.

Este proyecto -liderado por el CNP- estará ubicado en Santa Clara de Florencia de San Carlos y beneficiará de manera directa a 2.000 Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (PYMPA) de la región, con miras a desarrollar productos con agregación de valor, tanto para mercado interno como externo.

El CVAA se pretende construir en un terreno de 24,041 m2 con una inversión total de ₡2.600 millones, de los cuales ₡1.500 millones aportados por el INS para infraestructura; ₡1.040 millones entregados por el INDER para equipamiento y el resto por el CNP.

El Centro de Valor Agregado Agropecuario contará con una infraestructura moderna, tecnología de punta y equipo profesional necesario para agregar valor a productos agropecuarios mediante su procesamiento, específicamente en cinco áreas: panificación, lácteos, frutas y vegetales, cárnicos y mínimamente procesados

El presidente Alvarado comentó acerca del CVAA que “esta iniciativa se enmarca en la estrategia del gobierno de reactivar la economía de la región por medio de la innovación, la tecnología y la capacitación del sector agrícola. (ElPaís.cr,4-2-2021)

La información sobre la inversión institucional presentada, parece revelar que la reactivación económica en las regiones y comunidades del país se encuentra en marcha y que la apuesta global del Gobierno por el aumento de la inversión pública como mecanismo de mejoramiento de la infraestructura social y productiva y de la generación de empleo, pueden ser consideradas como parte de la necesaria reactivación económica; queda por constatar si es así o si sólo son actividades puntuales de la gestión gubernamental.

 

Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.