El pasado jueves, a eso del mediodía, el Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez anunciaba desde el Museo de los Niños, convertido en Sede de la Asamblea Legislativa como algo muy simbólico, que el Gobierno de Carlos Alvarado enviaría al Primer Poder un proyecto de ley para crear una “contribución solidaria” pagadera por quienes ganaran más de 500.000 mil colones al mes, bien fuera en el sector público o privado, porcentaje que iría subiendo según fuera el monto del suelo. PERO ESO NO ERA LO MAS IMPORTANTE, sino que adelantó que TAMBIEN LAS GANANCIAS DEL CAPITAL serían objeto de la contribución solidaria y ahí, al proyecto le sucedió lo que, según el dicho popular… ¡le pasó a Tere!
¡Todo era soportable, menos tocar al sacrosanto capital!, ¿cómo se le ocurría eso al imberbe que nos gobierna? ¡De inmediato tocaron a rebato!, es de imaginar al representante plutocrático en el gobierno don André Garnier, recibiendo las llamadas de los miembros de los Panamá Paper reclamando semejante desaguisado, que los obligaría a repatriar algunos de sus “cinquillos”.
Así y antes que el cura ñato terminara de santiguarse, la Ministra doña Pilar lee el aguerrido Tweet del Presidente: ¡Mentira!… el gobierno no presentará ningún proyecto, pobrecitos los trabajadores de 500.000 colones!…como mampara para ocultar la verdadera razón de la baja de piso, nada menos, que al Ministro den Hacienda. Y para que no quedara duda, el Ministro Jefe de la Tombería Nacional, que supuestamente ninguna vela tenía en el entierro (¿del Ministro de Hacienda?), ratificaba lo mandado a decir por don Carlos Presidente, como recordando que él tenía la Seguridad en sus manos!
Hoy nuevamente en el marco informativo del Corona Virus, ya más calmados y obedientes, el Presidente y su Ministro de Hacienda de poca autoridad y vergüenza, aclaraban que si habrá ley de aporte solidario para trabajadores del sector público y privado, con salarios de un millón en adelante y escalonado cada medio millón, y de feria, sin temblarles la barbilla, dijeron que lo justo era que, quien ganaba más fuera más solidario y que en eso iban los salarios desde el Presidente para abajo, pero… ¿Y LAS GANANCIAS DEL CAPITAL? Qué cosa… ¡A NINGUN PERIODISTA SE LE OCURRIÓ PREGUNTAR!, ni a Don Ignacio desde el estudio, ni a nadie… qué “extraño” ¿verdad?; omertá o ley del silencio, lo llama la mafia italiana.
Por supuesto que estoy de acuerdo con colaborar solidariamente, pero creo que se debe tomar en cuenta una serie de condiciones antes de poner en difícil situación a muchas personas. Este 27 de marzo, por ejemplo, el Diario Extra trae un editorial infame propio de ese pasquín, donde dice que el 80% de los empleados públicos están en la casa “de vacaciones o haciendo teletrabajo” y que se “echan más de un millón a la bolsa” como si fuera robado. Nada más falso, manipulador y aberrante de un periodismo de baratija, que junto con sus colegas de La Nazi-On y Canal 7, se han dedicado en los últimos años a hacer una sociedad de odios hacia los empleados públicos y los pensionados, que justamente pagaron sus pensiones y LES ROBARON CINCO BILLONES DE COLONES, pero eso no lo dicen… ¡manipuladores!
Así terminó esa historia, con los costarricenses asalariados solidarios, las ganancias de capital ganando intereses en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes y el Presidente, su Gabinete, sus colegas de la prensa todos obedientes…muy bien, muchas gracias.
Esta historia me hizo recordar la película El Gendarme Desconocido de Cantinflas cuando, cuadrado y mano en la visera de su quepis decía… ¡¡A SUS ORDENES…JEFE!!
SURCOS recibió copia de la siguiente carta enviada por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la junta directiva de JAPDEVA, en la cual propone fortalece a la CCSS con los recursos del canon de APM:
Limón 26 de marzo del 2020
STJ 168-2020 Señores Carlos Alvarado Quesada Presidente de la Republica Junta Directiva de JAPDEVA Presente
Estimados señores (as):
La organización SINTRAJAP siendo consecuentes con la emergencia que vivimos por el COVID 19, estamos sugiriendo con profunda objetividad la posibilidad de que se utilicen recursos que se encuentran ociosos para proteger la vida y la salud de los costarricenses en general.
Nos referimos a los recursos acumulados por el canon que porta la APM y que en la actualidad no tienen un uso concreto y que podrían ser muy importantes para palear con la emergencia que sufrimos. Solicitamos como organización social y solidaria con el pueblo que estos recursos puedan trasladarse a la CCSS para que permitan dotar de más camas, equipos, y hasta infraestructura en el Hospital Tony Facio u otras instalaciones médicas de la provincia de Limón, para atender a las personas que se ven afectadas por esta pandemia en nuestras comunidades, perfectamente se puede justificar el uso de estos recursos para ese fin.
Estamos seguros que nuestras comunidades apoyarán el uso de estos recursos por tratarse de los intereses más altos, tomando en cuenta que la vida humana y la salud de nuestro pueblo está por encima de cualquier otra necesidad y que cualquiera podría requerir de estos servicios en cualquier momento. Fortaleciendo la CCSS nos fortalecemos todos y todas.
Estamos solicitando que se utilicen estos recursos para financiar proyectos concretos orientados a atender la emergencia y que garanticen la atención completa y de calidad para nuestra gente.
Sin la vida de qué sirve el dinero, es el momento de ser solidarios y dejar los dobles discursos.
M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos – Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.
En ese sentido, proponemos lo siguiente:
1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.
El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.
La intervención en Casa Presidencial con el decomiso de las computadoras y hasta el teléfono personal del Presidente, fue un punto de debilitamiento extremo de la autoridad del Poder Ejecutivo y preludio de una anomia social muy peligrosa para la institucionalidad.
Cuando se llega a estos extremos tiende a producirse la reacción contraria: la concentración de la autoridad (yan). Este paso, cuando se da, tiene el riesgo de conducir las estructuras políticas al autoritarismo y a una debacle política.
La reacción Yan se ha producido, pero por suerte no por una medida de respuesta del Ejecutivo al debilitamiento de su poder, sino por una amenaza externa el coronavirus, que ha aglutinado a la población alrededor de las autoridades de gobierno especialmente el sector salud.
Hasta el momento las reacciones han tendido a aglutinar la opinión pública alrededor de las autoridades del gobierno, pero las aguas están revueltas y las corrientes anárquicas tipo “m’porta a mi” afloran por doquier, como lo hemos visto en los éxodos a las playas, reuniones en bares y otros sitios públicos, contraviniendo las disposiciones oficiales de manera retadora.
Esta emergencia ha sido aprovechada por el Ejecutivo para consolidar su liderazgo y autoridad en lo inmediato, y aunque se han tomado medidas radicales como sacrificar al turismo el problema sobrepasa sus capacidades y propuestas.
Las medidas tomadas hasta el momento para reducir el desempleo, como postergar impuestos o reducir cargas sociales a las empresas son acertadas pero incompletas. El teletrabajo puede ayudar, lo mismo que las medidas de mitigación a las empresas. Pero no sustituyen la desocupación y el estancamiento económico en las regiones. A la gente se le puede decir que se recluyan en las casas, pero si no tienen ingresos, tendrán que salir a conseguir alimentación y otros recursos vitales para el pago de servicios y alquileres.
Los países como Taiwan, Corea y China han tomado en consideración estas necesidades en su política de aislamiento de los casos contagiados y de defensa de la población vulnerable. Esto desde luego demanda recursos y un manejo local de la crisis. Nuestra economía no está en las mejores condiciones, para enfrentar esta crisis en todas sus dimensiones, pero debemos hacerlo si queremos ganarle la guerra al Coronavirus, con las menores pérdidas posibles. En primer lugar, es importante recurrir a los fondos internacionales de emergencia, se trata de un problema global y no solo nacional y esto debe reorientar los esfuerzos de nuestra política externa. No obstante, es posible que esto no sea suficiente y haya que recurrir a un esfuerzo especial. Tenemos antecedentes de situaciones de guerra como la de 1856 donde el entonces presidente Juan Rafael Mora puso sus haciendas en garantía y pidió a los otros cafetaleros hacer lo mismo para afrontar los costos de la guerra. Una situación similar, aunque en menor escala, se vivió después de la guerra civil de 1948 donde se impuso un impuesto al capital, para financiar los daños de la guerra.
Estamos en una guerra que exige una gran desmovilización del aparato productivo establecido. No podemos enviar a la gente para la casa sin recursos para sobrevivir, es importante apoyar, por una parte, las iniciativas locales para reorientar la producción nacional como la iniciativa de los productores de hongos que están ofreciendo el producto rechazado por los hoteles a las organizaciones comunales. Por otra parte, asignar recursos, dentro de líneas claramente definidas a las organizaciones y gobiernos locales que son quienes tienen el contacto directo con los problemas, para promover soluciones y apoyar las necesidades más urgentes.
Otra alternativa no existe, el desempleo es terreno fértil para la anarquía y el desorden que está a flor de piel en amplios sectores, al mismo tiempo que un terreno muy fértil para el narcotráfico, que busca consolidar la ruta de la cosa y la creciente economía subterránea.
SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.
Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.
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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.
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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?
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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.
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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?
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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral
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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.
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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.
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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.
Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?
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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.
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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.
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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.
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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.
Compartimos el programa de Onda UNED en el cual la comunicadora Catalina Montenegro conversa con el economista Luis Paulino Vargas Solís, acerca de la crisis provocada por el COVID-19 y la política económica más justa y apropiada para estas circunstancias.
Artistas amigos, de todas las ramas del arte, en cualquier oficio en que se desarrolle, les pido por favor unirse, sin discriminar. Absolutamente todos, estamos en una situación de vulnerabilidad, que en estos momentos necesita ser atendida por nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, por esta razón, Patricia Howell, Arabella Salaverry y otras personas del sector, nos hemos propuesto la tarea de entregar una carta, que adjunto más abajo, a los señores diputados que tratarán el tema de los subsidios; trataremos, con todo el corazón de ser escuchadas, nos hemos hecho eco de sus voces, que sin ninguna pretensión más que la de actuar a favor de todos, se ha articulado de la forma más concisa para que sea de fácil manejo en tan complicada situación.
Por otra parte, las recolecciones de nombres, cédulas y oficios, sobrepasa nuestras capacidades, por eso, me atrevo a pedir a alguien nos facilite una web donde recoger todos estos datos de forma rápida y automatizada; las primeras firmas recogidas a mano son poco más de 250 que fueron recogidas durante la noche de ayer y madrugada de hoy. Agradezco si hay algún ofrecimiento se comunique conmigo a mi Whatsapp 8996 6875.
A continuación, la carta que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa:
Jueves 26 de marzo, 2020
Señores Diputados
Asamblea Legislativa
San José
Estimados señores:
Nos dirigimos a ustedes con el fin de plantearles la difícil situación económica en que nos encontramos los artistas independientes de todos los sectores y ante esta realidad se nos considere dentro de los planes de rescate financiero que se están proponiendo para diversos sectores.
Es necesario reconocer que la cultura no es un lujo y que en momentos de crisis se hace más necesario que nunca contar con el apoyo de las expresiones artísticas, pero para que estas se den, los creadores deben tener al menos cubiertas sus necesidades básicas lo cual se hace imposible en la actual coyuntura.
La mayoría de nosotros vivimos de nuestro trabajo diario, es decir, pertenecemos al grupo de trabajadores independientes que no cuentan con un salario estable. Básicamente damos servicio a organizaciones y personas que así lo requieren o bien, vivimos de la venta de nuestros productos. En tiempos regulares, esos ingresos nos permiten honrar nuestras obligaciones fiscales y atender nuestros deberes familiares y personales, pero en este momento, ese no es el caso.
Con la crisis total que está produciendo el COVID-19, nuestras fuentes de ingresos se han detenido por completo y en este momento, estamos atravesando una situación económica insostenible.
Es por ello que de la manera más respetuosa apelamos a su solidaridad, para que considerando nuestra situación, se nos incluya en el plan de rescate que se está propiciando en este momento. Este apoyo ya se ha materializado en otros países del mundo, donde el arte es considerado como un bien de primera necesidad. Creemos que usted comprende y comparte ese criterio.
En el contexto del rescate que se está promoviendo desde la Asamblea Legislativa, hemos recogido las preocupaciones más apremiantes de los compañeros artistas independientes de todos los sectores y que se resumen a continuación:
1- SUBSIDIO ECONÓMICO, que se materialice en el pago de una mensualidad básica durante los meses que dure la crisis.
2-INTERRUPCIÓN de los pagos de los servicios básicos, tales como luz, agua, teléfono, CCSS (seguro independiente) el IVA y el internet, hasta que las condiciones se normalicen.
3- MORATORIA en el pago de préstamos e hipotecas y renegociación de los plazos de la deuda hasta que las condiciones se normalicen.
4- CONGELAMIENTO del alquiler de casa durante los meses que dure la crisis.
5- APOYO económico especial a los artistas adultos mayores que no tienen pensión, o tienen una pensión muy exigua y que por su condición de riesgo ven sus posibilidades de movilidad y de trabajo aún más restringidas.
Esta carta está firmada por artistas de todos los sectores, quienes confiamos en su comprensión y solidaridad.
Señor diputado, señora diputada, es el momento de devolverle a los artistas algo de lo mucho que ellos y ellas han aportado al país en la construcción de la identidad nacional.
Agradecemos su atención y confiamos en su solidaridad.
Respetuosamente,
Artistas nacionales de los sectores de:
Teatro
Cine
Audiovisuales
Producción de eventos
Música
Danza
Pintura y Escultura
Escritores
Poetas
Editores independientes
Artesanos
Diseñadores
*Hay más de doscientas firmas y sigue creciendo la lista.
La esperanza es, que todas las artes y la cultura encuentren un camino, unido y fuerte en una sola voz; ¿idealista? Sí, por eso decidimos el arte como camino, hagámoslo realidad.
SURCOS recibió este libro con seis artículos de excelente calidad. Una oportunidad para una mirada comprensiva del momento que estamos viviendo como humanidad.
La editorial Terra sem Amos nos presenta en portugués esta compilación que ojalá podamos compartir en estos días de autocuidado y reflexión.
SUMÁRIO A crise do coronavírus é um monstro alimentado pelo capitalismo MIKE DAVIS………………………………………………………………… 05 Política anticapitalista em tempos de COVID-19 DAVID HARVEY…………………………………………………………… 13 França: pela socialização do aparato de saúde ALAIN BIHR………………………………………………………………… 25 Coronavírus: a militarização das crises RAÚL ZIBECHI…………………………………………………………….. 31 Sobre a situação epidêmica ALAIN BADIOU…………………………………………………………… 35 Um golpe como “Kill Bill” no capitalismo SLAVOJ ŽIŽEK……………………………………………………………… 43 Sobre os autores……………………………………………………….. 48
Compartimos este homenaje realizado por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE) a las CCSS ante la declaratoria de estado de emergencia sanitaria a nivel nacional.
El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.
Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.
EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.
IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.
Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.
CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.
El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.
Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.
MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?
Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.
PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS
El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.
El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.
[…]
Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)
En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.
PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)
Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.
Gráfico 1.
Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.
-IV trimestre de 2019-
De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.
Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.
MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)
En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.
MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.
1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!
El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).
Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.
Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.
Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.
2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)
El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.
La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:
Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.
Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.
Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.
3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).
La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.
Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.
La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.
En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.
Referencias
Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910
Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n
Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.
[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).
[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).
