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Etiqueta: crimen organizado

Narcotráfico, sedición a la Patria y discurso de odio y violencia

A la opinión nacional e internacional

Partido Vanguardia Popular – Costa Rica
Fundado – 16 de junio de 1931

Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.

El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.

Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:

  • Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.

  • Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?

  • Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.

Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.

Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:

1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.

2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.

Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.

La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.

Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.

Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.

Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.

Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.

La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.

¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!

Los acontecimientos y cambios en el primer cuarto del siglo XXI

German Masís

Había pensado escribir, como un cronista más de la historia, sobre los acontecimientos más importantes del primer cuarto del siglo XXI, entre los que estaban los avances tecnológicos, los cambios políticos, las modificaciones en la hegemonía económica mundial y las pandemias, tratando de establecer cuáles han sido los acontecimientos más determinantes y relevantes en las sociedades actuales y en la vida de las personas.

Comencé identificando los avances tecnológicos en el mundo, como el acceso extendido de internet a casi todo el mundo, la generalización del uso de los teléfonos móviles, el desarrollo de equipos como los smartphones, el surgimiento de las redes sociales y de la inteligencia artificial y haber descifrado el genoma humano.

Luego pasé a valorar los cambios políticos de mayor repercusión como las primaveras árabes y la caída de algunos gobernantes en los países del norte de África, el brexit en Inglaterra que rompió la Unión Europea, la elección de Putin como presidente de Rusia, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, la elección del primer Presidente negro en Estados Unidos, el surgimiento de gobiernos progresistas en los países de América del Sur y la creación de UNASUR, la difusión de atentados terroristas en varios países occidentales, que incluye los atentados a las torres gemelas en Nueva York, el ascenso de Trump en Estados Unidos y la invasión de Ucrania por Rusia.

También puse atención a algunos acontecimientos, como la disolución de la ETA, las guerras de Irak y Afganistán, a los atentados terroristas en varios países europeos, que incluye los atentados en las torres gemelas en Nueva York, en Inglaterra, en Francia y en España y la preocupación mundial por el terrorismo y la violencia, la invasión de Ucrania por Rusia y la de Israel a los territorios palestinos.

A nivel económico, acontecimientos destacados como el auge de la economía global, la consolidación de China como segunda potencia económica global y su expansión a otros continentes, el surgimiento de la Economía del conocimiento y el predominio de las empresas tecnológicas, la relocalización del capital y su incursión plena en países asiáticos y latinoamericanos y el auge de las grandes corporaciones comerciales y del consumismo, el surgimiento y consolidación del bloque económico de los BRICS, la crisis financiera e inmobiliaria del 2007 y el boom de los tratados de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

En el campo ambiental, hechos como el tsunami del Océano Indico, el huracán Katrina y otros huracanes de gran impacto, el impulso de las energías alternativas, la afirmación del calentamiento global y del cambio climático como fenómeno global y en el ámbito de la salud, la pandemia de gripe A1N1 en el 2009 y la del covid-19, la más letal en 100 años.

Por su parte en los deportes, los mundiales de futbol en los continentes africano y asiáticos, de Sudáfrica del 2010 y el de Qatar 2022, abrieron esta competencia a otros continentes, mientras los juegos Olímpicos de Sídney del 2000 y de Río de Janeiro en 2016, llegaron a Australia y Sudamérica, después de muchos intentos.

Quizá ya hemos olvidado los acontecimientos de este cuarto de siglo, pero lo que no podríamos olvidar son las consecuencias de algunos de ellos y el impacto que tuvieron en la vida del país y en nuestras propias vidas.

Probablemente siempre recordaremos la llegada de los teléfonos móviles, de internet y de las redes sociales, el ascenso al poder de Barak Obama y de Lula Da Silva, pero aún más impactante la caída de las torres gemelas en el 2001.

También impactante la crisis económica internacional del 2007 y el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, los países de Centro América y República Dominicana, que conmocionó y dividió al país en el Referéndum.

El cambio climático ha sido una realidad con sus efectos y desastres por huracanes y los cambios en la temperatura y el clima y en salud, sin duda la pandemia del Covid-19, que puso en emergencia al sistema de salud y restricciones a la población por casi 2 años.

En tanto el mundial de futbol del 2014, marcó una verdadera hazaña para la selección nacional con sus triunfos épicos contra Italia y Uruguay, quedando en el primer lugar del grupo y luego en la siguiente ronda contra Grecia.

Sin embargo, lo realmente importante es establecer cuáles acontecimientos han generado transformaciones que han trascendido y que han cambiado el rumbo del mundo y que son las que explican la realidad actual de los países.

En ese sentido, las tecnologías de la información y de la comunicación, no solo han cambiado las formas de informarse y comunicarse, sino también las relaciones sociales y la veracidad de la información y han generado una brecha tecnológica que no ha sido superada.

Los cambios políticos en el mundo no siempre han sido para el bienestar de la población, si no para llevar al poder a líderes populistas y autoritarios con el apoyo del voto de un segmento pequeño de la población, decepcionado de los partidos y la política tradicional, que apuesta a un cambio que resulta riesgoso e incierto.

Mientras las guerras de este siglo, como las de Irak y Afganistán, Yemen, Sudán, Etiopía, El Congo, Siria, Israel con Irán, Líbano y Palestina y la de Rusia con Ucrania, nos han recordado que éste ha sido el período de mayor cantidad de guerras desde la II guerra mundial y que la paz no ha tenido espacio en este siglo, más allá del terrorismo que ha sido una expresión más de ese estado de guerra permanente en el mundo.

A nivel económico, el predominio de la economía de mercado, de la empresa corporativa multinacional y de la inversión extranjera en un mundo de negocios y finanzas globalizadas, se debate en la actualidad frente al cuestionamiento del libre comercio y la imposición de barreras arancelarias al comercio por parte del otrora promotor de estas estrategias económicas: Estados Unidos; es la globalización y la desglobalización en apenas un cuarto de siglo.

Los acontecimientos y cambios del siglo XXI nos han dejado inmersos en un mundo capitalista más desigual, dominado por el 1% de la población, los ricos y superricos, frente al 99% que se debate en la pobreza y la exclusión. Así mismo, nos han dejado democracias representativas, cada vez más débiles, en ciudades polarizadas, acechadas por el narcotráfico y el crimen organizado y el deterioro de los derechos humanos, dentro de una sociedad líquida, caracterizada por “su estado fluido y volátil, en la que predomina la incertidumbre por la vertiginosa rapidez de los cambios que ha debilitado los vínculos humanos”, según la concepción del maestro Zygmunt Bauman. (2003).

ISFODE destaca aumento en apoyo ciudadano a la democracia en América Latina

El Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE) presentó un informe sobre la «Resistencia sindical por la democracia», donde destaca una reciente recuperación en el apoyo ciudadano hacia los sistemas democráticos en América Latina, tras años de deterioro en la confianza institucional.

Según el documento, el apoyo a la democracia en la región experimentó fluctuaciones significativas, alcanzando un punto bajo del 48% en 2018, nivel que se mantuvo hasta 2023. Sin embargo, en 2024 se observa una tendencia positiva que indica una recuperación en la confianza hacia el sistema democrático como alternativa de gobierno.

A pesar de esta tendencia favorable, el ISFODE señala que la región continúa enfrentando problemas estructurales y políticos que afectan la calidad de sus democracias. Entre estos desafíos se encuentran el manejo político de la mentira como estrategia, la corrupción, el narcotráfico, el personalismo y la permanencia en el poder más allá de las reglas establecidas.

En el caso específico de Costa Rica, el informe identifica problemáticas que debilitan la legitimidad del sistema democrático: el crecimiento de la polarización política, la desconfianza hacia los partidos políticos, la desinformación en redes sociales, el aumento del crimen organizado, la violencia y la desigualdad social.

El ISFODE advierte que la próxima campaña electoral costarricense podría poner de manifiesto la manipulación de las clases trabajadoras, «que ya no saben qué es verdad y qué es mentira pero que siguen ciegamente el discurso de odio y polarización».

Como respuesta a este contexto, el instituto propone diversas estrategias para fortalecer la democracia desde el movimiento sindical:

  1. Promover el reagrupamiento de organizaciones sindicales y populares.

  2. Fomentar instancias de coordinación abiertas, menos personalistas y burocráticas, y más flexibles.

  3. Establecer coordinadores regionales bajo criterios geo-económicos y culturales (América del Norte, Centroamérica, Andina y Cono Sur).

  4. Operar bajo criterios de composición plurales, proponiendo alianzas estratégicas.

  5. Incluir en estas alianzas a fuerzas de estudiantes, universidades, pueblos indígenas, grupos femeninos, personas con discapacidad, personas jubiladas y migrantes.

  6. Fomentar la comunicación moderna mediante internet, redes sociales de apoyo y trabajo virtual.

El documento concluye que la resistencia sindical y la resistencia democrática están interrelacionadas y son fundamentales para el desarrollo y la estabilidad de la región. Además, subraya que, en el caso costarricense, si bien la tradición democrática y la estabilidad de sus procesos electorales constituyen fortalezas, es necesario gestionar las tensiones derivadas de la polarización política y otros problemas estructurales.

El ISFODE enfatiza que resulta esencial que los actores sociales y políticos trabajen conjuntamente para enfrentar los desafíos y fortalecer tanto las instituciones democráticas como las sindicales.

Imagen con fines ilustrativos.

Desde la Otra Acera – Costa Rica, ¿NarcoEstado? 

En una reciente edición del programa «Desde la Otra Acera» del APSE, se abordó la compleja realidad del narcotráfico en Costa Rica y la posibilidad de que el país esté evolucionando hacia un «NarcoEstado». El panel, compuesto por el historiador y analista Vladimir de la Cruz, la diputada Sofía Guillén Pérez y el profesor Hugo Vargas González, ofreció un análisis profundo sobre el narcotráfico y sus efectos en la juventud, la educación y la estructura del Estado costarricense. 

Uno de los temas centrales fue el impacto que los recortes en la educación pública han tenido en los y las estudiantes. La falta de oportunidades ha llevado a que jóvenes, e incluso niños de apenas 10 años, se vean seducidos por las promesas del narcotráfico.

Según el Semanario Universidad, en los últimos seis años, la reducción del presupuesto para becas ha sido paralela a una drástica caída en la matrícula escolar. En 2023, más de 23,000 estudiantes fueron expulsados del sistema educativo, dejando a muchos de ellos expuestos a actividades delictivas. 

Vladimir de la Cruz explicó que la historia del narcotráfico en Costa Rica se remonta a los años 80, cuando el fenómeno de los Irán-Contras trajo narcóticos al país como parte de un esquema de financiamiento para los rebeldes nicaragüenses. Desde entonces, el narcotráfico no solo ha afectado a sectores marginales de la sociedad, sino que ha penetrado profundamente en la política y economía del país. De la Cruz también señaló cómo las estructuras de poder han sido vulnerables a la influencia del narcotráfico, permitiendo que sus tentáculos lleguen a esferas empresariales y gubernamentales.

La diputada Sofía Guillén, por su parte, destacó el desmantelamiento de instituciones clave, como la Guardia Costera, y la drástica caída en los decomisos de drogas como señales alarmantes de la complicidad estatal. Guillén subrayó que este debilitamiento institucional ha permitido que las organizaciones narcotraficantes operen con mayor libertad, poniendo en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de la población. 

Otro punto clave abordado en el programa fue la creciente politización del narcotráfico. Se discutió la posibilidad de que figuras políticas importantes estén vinculadas con el crimen organizado, ya sea mediante conexiones directas o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Hugo Vargas González añadió que la falta de voluntad política para enfrentar el narcotráfico está erosionando la confianza pública en las instituciones, alimentando la percepción de que el país podría estar transformándose en un NarcoEstado. 

El programa cerró con un llamado a la acción urgente: la necesidad de reforzar las políticas educativas y el combate efectivo al narcotráfico para evitar que más jóvenes caigan en las garras del crimen organizado. El futuro de Costa Rica, concluyeron los panelistas, depende de la capacidad del Estado para resistir la presión del narcotráfico y proteger a las nuevas generaciones.

Le invitamos a seguir este enlace para ver el programa.

Entrevista con ex director del Servicio Nacional de Guardacostas en el marco de retos en seguridad

El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.

El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.

También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .

Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.

Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.

Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.

Cuestionamientos a la Administración Chaves Robles por su labor en relación con el narcotráfico

En un reciente manifiesto publicado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se lanzan serias críticas a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Según el documento, nunca antes en la historia del país se habían presentado tantos señalamientos sobre posibles nexos entre estructuras criminales y el Gobierno de la República. Esta hipótesis, que ya ha generado intensos debates, es descalificada por la administración a través de discursos cargados de sarcasmo y agresividad, lo que, para la ANEP, es una estrategia populista que intenta desviar la atención de los verdaderos problemas.

El manifiesto hace un análisis técnico sobre las políticas de seguridad del gobierno, destacando que la respuesta de las autoridades ha sido inadecuada y preocupante. La organización sindical, respaldada por profesionales en criminología, derecho y ciencias policiales, sostiene que es inaceptable que el gobierno se ofenda ante los cuestionamientos en lugar de rendir cuentas claras y demostrar que sus decisiones han sido las mejores para el país. De hecho, las actuaciones del Ejecutivo, sumadas a las maniobras dilatorias en la Asamblea Legislativa para evitar la creación de una comisión investigadora sobre los presuntos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo avivan las sospechas.

El manifiesto de ANEP resalta que Costa Rica ya no es solo un punto de tránsito para la droga que va del sur al norte del continente; el país ha pasado a ser una base operativa de los cárteles, donde se reciben y distribuyen drogas, se coordinan operaciones y, lo más preocupante, se legitiman capitales. Esto ha llevado a una mayor presencia de cocaína en el mercado local, con precios que han caído significativamente. Pese a esta grave situación, la administración Chaves no ha implementado acciones contundentes para mitigar el impacto de este flagelo.

El análisis de la organización sindical detalla diez puntos principales, entre los que destacan la falta de políticas preventivas, la ruptura de relaciones con otros poderes del Estado, la designación de líderes policiales cuestionados, y los serios problemas en la adquisición de equipo y contratación de personal para la Fuerza Pública. Uno de los aspectos más alarmantes es la decisión de no comprar nuevas patrullas para el 2025, siendo el tercer año consecutivo sin inversión en movilidad policial, lo que pone en desventaja a las fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

También se destaca que la Policía de Control de Drogas (PCD) ha sido retirada de puertos, aeropuertos y fronteras, lugares clave para la recolección de información e investigaciones sobre narcotráfico a nivel internacional. Además, la falta de estrategias migratorias permite que integrantes de bandas criminales utilicen figuras legales como el refugio para mantenerse en el país sin obstáculos, mientras que el Ejecutivo no ha presentado ni un solo proyecto de ley dirigido a combatir la legitimación de capitales.

Ante esta situación, la ANEP concluye que la administración Chaves está actuando con total ignorancia, ineficacia o protegiendo intereses ajenos a los de la ciudadanía honesta. El documento, firmado por Albino Vargas Barrantes y otros miembros de la organización, invita a reflexionar sobre el manejo de la seguridad en el país y hace un llamado a las autoridades para que, en lugar de enfadarse por los señalamientos, demuestren con hechos concretos su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Le invitamos a descargar el PDF para explorar en detalle este análisis y conocer las críticas y preocupaciones expuestas en el manifiesto de la ANEP.

Aportes de la sociedad civil ante la crisis de seguridad humana y el desempeño policial y judicial

SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.

¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?

Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.

Línea del tiempo – Contexto histórico

La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa

  • Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
  • La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
    • La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.

Línea del tiempo – 2020-2022

El frío baldazo de la pandemia y el 2020.

  • Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
    • En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
    • Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
    • Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.

Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.

  • Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
  • Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
    • La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.

Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.

  • Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
    • La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
    • Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
    • El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.

La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)

  • Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
  • El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
  • El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
  • Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
    • La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
      • Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.
  • El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
    • El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
    • Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
    • Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
    • El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
      • Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.
  • La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
    • El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
      • Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
        • Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
        • Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
      • El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
    • La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
    • Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
      • La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.

Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.

Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:

  1. La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
  2. La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
  3. Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
  4. El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
  5. El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
  6. El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.

Personas, entidades y otras fuentes consultadas

  • Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
  • Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
  • Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
  • Isabel Ducca Durán. Socióloga.
  • José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
  • José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
  • Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
  • Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
  • Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
  • Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
  • Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
  • Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
  • SURCOS Digital

Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.


  1. Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.

Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.

Crimen organizado y proyección de paz

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila H.
22 de julio de 2024

Muchos son los que piensan que el crimen organizado en Honduras es de reciente aparición

El crimen organizado obedece al interés de terceras personas y no necesariamente es de quien materializa la ejecución, tanto de una persona, como de varias simultáneamente, a la que se le denomina masacre.

Estos crímenes adquieren mayor relieve local e internacional desde tiempos de famosos personajes como el Dr. Tiburcio Carias, en Honduras y Maximiliano Hernández Martínez, asesino de miles de indígenas, en la década de los treinta en El Salvador, así también, adquiere relevancia el golpe de estado contra el presidente Jacobo Árbenz, en Guatemala, en junio de 1954, apoyados e iniciados por la agencia estadounidense CIA y la empresa bananera United Fruit Company.

Los gobernantes de los países donde predominaba el cultivo del banano en manos de la compañía bananera tenían que ser avalados, sino nominados, por las empresas bananeras. Así mismo, los civiles con alguna cuota de poder avalaban a quienes se trasladaban a las zonas bananeras para obtener contratos de trabajo, incluyendo a nuevos profesionales quienes regresaban de diferentes universidades en el extranjero. Por ejemplo las zonas de Quepos, en el Pacífico de Costa Rica, o la costa norte del Atlántico en Honduras, fueron centros de importante concentración poblacional, porque allí se ubicaron los enclaves bananero que contrataban mano de obra no especializada, en masa, puesto que la misma empresa aun no incursionaba en la tecnología para sustituir a obreros, incluso, utilizaba las bestias mulares para extraer los tallos de banano hasta las plantas procesadoras, previo a ser transportados por tren a los puertos de exportación.

En un enclave bananero existía todo tipo de servicio, sin que la población trabajadora y familiares, tuviera que salir, de los campos bananeros. La seguridad e integridad física, la garantizaba la empresa. Para eso, cada finca tenía escuelas, centros de salud, tiendas de abarrotes y hasta se contaba con dos hospitales en el Atlántico, uno en Tela y otro en la Ceiba en Honduras, así como en el Pacifico de Costa Rica.

No obstante, se tenía un cuerpo policial para la seguridad, esta incluía a bandas de paramilitares, con libertad e impunidad necesaria para asesinar a quienes estorbaran la gestión de los empleados de confianza o, los trabajadores tratarán de organizar un sindicato. En ese tiempo se hizo famoso por sus crímenes el señor Guayo Galeano, originario de Lempira, quien comandaba bandas de asesinos a lo largo del río Ulua. Era muy frecuente el descubrimiento por las mañanas, de cadáveres cubiertos con las hojas de bananos dentro de las fincas, después de que líderes campeños fueran sacados de sus casas, la noche anterior.

Por esto, la famosa «huelga del 54», fue toda una odisea organizativa, que tuvo muchos desaparecidos y asesinados.

Fueron las empresas bananeras quienes trajeron a la franja centroamericana, los primeros grupos paramilitares que mantuvieron en condiciones de sometimiento a la clase trabajadora.

Esto es ahora muy importante de conocerlo y estudiarlo, puesto que 70 años después, pareciera que se quiere repetir la historia con las llamadas ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Según el proyecto, las ZEDES tendrían un amplio territorio, con leyes y autoridades judiciales y policiales propias, con bastante autonomía para actuar y definir su destino. Serían similares al enclave bananero, sin una empresa bananera, pero otras empresas transnacionales de inversión extranjera para extraer los recursos del país.

Porque hay un gobierno progresista, el proyecto de las ZEDES está siendo abolido sin que estemos seguros de que, en un futuro, no se vuelva a ello con un gobierno conservador. Así como los índices de muertes violentas han ido bajando, podríamos retroceder a un estado de mayor inseguridad, volviendo a estar entre los diez países con mayor violencia del mundo, si la población adulta, y joven, no se informa y adquiere una conciencia crítica, dispuesta al mejoramiento de su calidad de vida, a luchar por la paz, en estos tiempos de guerra en otras regiones del mundo y a mantener el estado democrático, sin injerencia militar.

La crisis que nos negamos a enunciar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica. Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.

Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausencia absoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.

En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.

Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.

En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.

Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.

Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.

Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.

Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.