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Etiqueta: crimen organizado

El país que puede esperar y el que ya no puede

Eduardo Piza Volio
20 de noviembre de 2026

Imaginemos a una mujer que ha salido de su casa antes del amanecer. Tiene cita en un hospital de la Caja y lleva en el bolso, doblada en cuatro, la orden de un examen que espera desde hace meses. El primer autobús viene lleno. Cuando llega el segundo, ya corre el riesgo de perder la cita. Si la pierde, alguien anotará su ausencia y acaso le indiquen que debe solicitar otra fecha. En los registros del hospital quedará una paciente que no se presentó. ¿Dónde quedarán registrados el madrugón, los dos pasajes y el día de trabajo que pidió prestado?

La mujer es imaginaria. El lector costarricense reconocerá sin dificultad sus circunstancias. Tal vez por eso, al terminar de leer el Informe Estado de la Nación 2026, pensé que una manera de ordenar nuestros problemas era preguntarse quién puede esperar y quién paga por la espera (Programa Estado de la Nación [PEN], 2026). Propongo aquí quince, de mayor a menor gravedad, según el daño que causan, el número de personas expuestas y la posibilidad de reparar mañana lo que hoy dejemos perder. Los datos proceden de las investigaciones citadas. Del orden respondo yo.

La calle, el aula, el consultorio

Pondría en primer lugar el crimen organizado y la violencia homicida. Hay una buena noticia que merece consignarse. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 651 homicidios, frente a 737 durante los mismos meses de 2025 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2026). Hay también un mapa que aconseja moderar el optimismo. Las organizaciones criminales sobre las cuales el OIJ concluyó investigaciones en 2020 operaban en 17 cantones. Las correspondientes a 2025 operaban en 37 (PEN, 2026, pp. 54–55). El mapa recoge lo que la investigación policial pudo documentar. Más difícil de cartografiar es el momento en que un pulpero resuelve callarse algo que vio, o una madre cambia de camino para que su hijo evite cierta esquina. Cuando una banda consigue dictar esas pequeñas decisiones, ejerce ya una forma de gobierno. Por eso pongo este problema de primero.

La crisis de la educación pública ocupa el segundo lugar. Si el horizonte de estas páginas fuera el año 2046, le daría el primero. En la prueba PISA de 2022, el 77 % del estudiantado costarricense evaluado en lectura quedó en el nivel mínimo o por debajo de él (PEN, 2025). Quienes hemos enseñado matemática conocemos una escena que ayuda a entender esa cifra. Un muchacho lee dos veces el enunciado de un problema. Sabe multiplicar, dividir y despejar una incógnita. Lo que no logra averiguar es qué le están preguntando. Tiene el lápiz en la mano y carece de un punto de partida. Años después encontrará en una cláusula hipotecaria o en las instrucciones de una máquina la misma dificultad que la escuela tuvo ocasión de advertir. La familia con recursos puede contratar a quien vuelva a sentarse con él ante aquella página. Para muchas otras familias, esa segunda oportunidad depende enteramente de la escuela pública.

En tercer lugar sitúo las demoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. En 2025 se contabilizaron 1.338.825 registros de espera. Una persona podía figurar en más de uno y el 59 % correspondía a procedimientos diagnósticos (PEN, 2026, p. 34). Este último dato me parece el más revelador. Buena parte de la espera transcurre antes de que el paciente sepa siquiera qué tiene. Durante esos meses debe decidir si sigue trabajando con dolor, si cuenta a sus hijos lo que teme o si compromete los ahorros de la casa para pagarse el examen. En Costa Rica hemos tenido el buen juicio de reconocer a todos el derecho a la atención médica. Nos falta resolver cuánto tiempo puede transcurrir antes de que ese derecho llegue demasiado tarde.

El cuarto problema es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. En 2010, un 13 % de los costarricenses consultados por el Barómetro de las Américas consideraba justificable, en las circunstancias planteadas por la encuesta, que el presidente cerrara el Congreso. En 2025, la proporción alcanzó el 28 % (PEN, 2026). Conviene tomar en serio la impaciencia que puede volver atractiva esa idea. Después de años de oír que un puente sigue pendiente de un permiso, hasta el más paciente siente simpatía por quien promete tomar una decisión de una vez por todas. Le propondría, sin embargo, un pequeño ejercicio de imaginación política. Piense en el gobernante que menos confianza le inspira y pregúntese qué poderes estaría dispuesto a concederle. La respuesta ofrece una medida bastante sensata de los poderes que conviene otorgar también al gobernante de sus simpatías.

Las cuentas de la casa

El quinto problema es la escasez de empleo formal y bien remunerado en amplias zonas del país. Costa Rica ha logrado atraer empresas que producen bienes sofisticados y compiten en mercados exigentes. Es un mérito considerable. Ahora bien, desde la perspectiva de una joven que vive a dos autobuses de la planta, la existencia de una vacante depende de ciertos detalles que el anuncio suele omitir. ¿A qué hora sale el último bus? ¿Quién recoge al niño si el turno termina a las seis? ¿Cuánto queda del salario después de pagar el transporte y el cuido? Las diferencias de formación y las barreras para incorporarse al trabajo remunerado están bien documentadas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025). Una oferta de empleo empieza a ser una oportunidad el día en que una persona de carne y hueso puede aceptarla.

En sexto lugar pongo la pobreza y la desigualdad de oportunidades. En julio de 2026, el 15,4 % de los hogares vivía en pobreza por ingresos. Dentro de ese conjunto se encontraba el 3,8 % del total de hogares que sufría pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2026a). Merece atención la palabra hogar. Bajo un mismo techo pueden vivir una persona que percibe salario, dos escolares y una abuela que necesita ayuda para levantarse. Si la abuela enferma, acaso haya que comprarle medicinas y, además, reducir las horas de trabajo de quien la acompaña. La misma encuesta permite apreciar cuánto pesa el lugar de residencia. Medida con el índice de pobreza multidimensional, la proporción de hogares afectados era del 6,3 % en la región Central y del 15,2 % en la Huetar Caribe (INEC, 2026a). Dos niños nacidos el mismo día, a unas horas de carretera uno del otro, pueden llegar a primer grado después de haber recorrido distancias sociales enormes.

La violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar ocupan el séptimo lugar. En 2025, al menos seis personas por hora, en promedio, acudieron en busca de medidas judiciales de protección por violencia intrafamiliar (Defensoría de los Habitantes de la República, 2026, p. 177). Intentemos seguir a una de ellas al salir del juzgado. Lleva una resolución favorable. Faltan unas horas para que oscurezca. Tiene que recoger a los hijos y decidir dónde dormirán. Quizá deba volver a la casa por los uniformes de la escuela, por sus documentos o por el dinero del autobús. La eficacia de la protección que acaba de obtener se juega en esas horas y en una pregunta que debería tener respuesta antes de que abandone el edificio. ¿A quién puede llamar esta noche y quién va a llegar?

El octavo problema es la fragilidad de las finanzas públicas. En una sociedad que conoce el valor de la prudencia doméstica, la palabra ahorro goza de merecido prestigio. También puede prestarse a equívocos. Si una junta de educación aplaza la reparación del techo y al cabo de dos inviernos debe reponer, además, los cielorrasos y varios pupitres, ¿en cuál ejercicio presupuestario anotamos el costo de aquella economía? El Estado de la Nación señala que parte de la mejora fiscal reciente descansó en la contención del gasto y el recorte de inversiones prioritarias (PEN, 2026, pp. 33–34). Quien propone un gasto tiene el deber de explicar cómo pagarlo. Me gustaría que exigiéramos parecida precisión a quien propone un recorte. ¿Cuánto ahorrará el país al cabo de cinco años y sobre quién recaerá la factura entretanto?

El país que se recorre a pie

En noveno lugar está la violencia vial. Entre enero y setiembre de 2026, la Policía de Tránsito contabilizó 459 personas fallecidas en el sitio del siniestro. La cifra deja fuera a quienes murieron después del traslado (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2026). Sugiero una modesta prueba para evaluar el diseño de una calle. Recórrasela a pie, ojalá junto a alguien que use bastón. Tarde o temprano se llegará a un punto donde la acera se interrumpe y el peatón, que hasta entonces obedecía las reglas haciendo lo que le correspondía, debe bajar a la calzada y confiar en que los conductores lo vean. Si allí ocurre una desgracia, se investigará con razón a qué velocidad circulaba el vehículo. Espero que alguien pregunte también por qué la acera terminaba precisamente allí.

El décimo problema es el transporte público deficiente y la congestión. Las dificultades de conectividad restringen el acceso al empleo y a los servicios (OCDE, 2025). Supongamos que dos personas cumplen idéntica jornada y reciben igual salario. Una tarda media hora en regresar a casa. La otra necesita dos horas. En cinco tardes, la segunda ha entregado siete horas y media adicionales, casi otra jornada laboral. De ese tiempo viven también sus hijos, sus estudios nocturnos y la madre a quien quisiera visitar. Hay argumentos económicos de peso para mejorar el transporte colectivo. A mí me bastaría este. Un buen enlace entre dos rutas puede devolverle a una familia la cena en común.

El undécimo problema es nuestra exposición a inundaciones, sequías y deslizamientos. Una lluvia torrencial dura unas horas. Un permiso de construcción en terreno inundable puede tener consecuencias durante medio siglo. El Estado de la Nación documenta las dificultades para coordinar la política ambiental con las autoridades y comunidades que conocen el territorio (PEN, 2026). En más de un pueblo habrá alguien capaz de señalar, sobre la pared de su casa, hasta dónde llegó el río en la última crecida. Quisiera saber si alguien lo escuchó antes de aprobar la urbanización vecina. Y quisiera saber qué alternativa se ofreció a la familia que conocía perfectamente el peligro, pero solo encontró un lote a su alcance en aquella ribera. Ambas preguntas pertenecen al mismo expediente, aunque se tramiten en oficinas distintas.

En duodécimo lugar están el abastecimiento de agua y el saneamiento. Pocas cosas resultan tan desconcertantes como oír llover toda la noche y abrir por la mañana un tubo del que apenas sale aire. Las pérdidas en las redes y el envejecimiento de la infraestructura ayudan a explicar esa aparente paradoja (OCDE, 2025). El agua exige, además, una cortesía elemental entre comunidades. Quien vive río abajo tiene tanto derecho como quien vive río arriba a recibirla limpia. Una tubería enterrada ofrece escasas oportunidades para el lucimiento y una planta de tratamiento rara vez despierta entusiasmo electoral. De ambas depende algo tan íntimo como el agua con que una familia prepara el desayuno.

El decimotercer problema es la vivienda inadecuada. El Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, reseñado por Vargas Rojas (2026), identificó 152.288 viviendas con problemas que requerían atención. Cuando se habla de política habitacional, es natural imaginar una casa recién construida y una familia que recibe las llaves. Hay otra escena que merece un lugar en la discusión. Una mujer, en mitad de un aguacero, mueve la cama de su hija para apartarla de una gotera. Para esa familia, una buena política de vivienda podría consistir en reparar el techo de la casa en la que ya vive, cerca de la escuela y de la abuela que cuida a la niña. Esas cercanías también forman parte de su patrimonio. Conviene contarlas antes de proponerle una casa nueva a dos horas de distancia.

Los años que vienen

En decimocuarto lugar sitúo la insuficiente preparación para el envejecimiento de la población. Vivir más años es una de las mejores noticias que ha recibido Costa Rica en su historia. Las proyecciones demográficas permiten prever sus consecuencias para el mercado de trabajo, las pensiones y las familias (Banco Central de Costa Rica, 2026; INEC, 2026b). Entre todas ellas hay una que fácilmente se da por resuelta. Alguien acompañará al adulto mayor al baño, lo llevará a la cita y se quedará con él si pasa mala noche. ¿Quién es ese alguien? ¿De qué vive? ¿Quién cotiza para su propia vejez mientras dedica sus mejores años a cuidar la de otro? Un país que ha logrado prolongar la vida tiene ahora la responsabilidad de pensar en la persona que acerca el vaso de agua, además de pensar en quien lo recibe.

Dejo en el decimoquinto lugar la dificultad del Estado para llevar sus decisiones hasta el final. La dejo de última porque ya la hemos encontrado, con diversos nombres, en el consultorio, en la acera y en la orilla del río. El informe de este año examina el caso de Crucitas, donde convergen la minería ilegal, el daño ambiental y viejos rezagos sociales (PEN, 2026). Cada institución puede delimitar con buenos argumentos la parte que le corresponde. El vecino de Crucitas vive en el territorio entero. Después de escuchar a los funcionarios, tiene derecho a formular una pregunta sencilla y a obtener como respuesta un nombre y una fecha. ¿Quién volverá aquí a explicarnos lo que se hizo?

Al terminar estas páginas, sigo dudando entre el primero y el segundo puesto. Para el barrio donde una banda decide quién puede hablar, la seguridad tiene la urgencia de esta noche. Para el niño que acaba de leer tres veces un problema sin entender qué le preguntan, la educación tiene una urgencia más discreta. Puede pasar inadvertida durante años, hasta el día en que aquel niño, ya adulto, firme algo que apenas comprende. Quien lleva meses esperando una biopsia tendría, por su parte, razones de sobra para empezar esta lista por la Caja. Aceptaría de buen grado las tres enmiendas.

Vuelvo a la mujer del autobús. Me gustaría que llegara a tiempo, que le hicieran el examen y que pudiera volver a casa con una respuesta. Después de tantas cifras, tal aspiración podría parecer modesta. Para ella y para quienes la esperan esa noche, es el asunto más importante de Costa Rica.

Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026, 2 de noviembre). Acta de la sesión plenaria ordinaria n.º 89⁠.

Banco Central de Costa Rica. (2026). Informe de política monetaria: Julio de 2026⁠.

Defensoría de los Habitantes de la República. (2026). Informe anual 2025–2026: La Costa Rica que estamos construyendo.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026a). Encuesta Nacional de Hogares, julio 2026: Resultados generales⁠.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026b). Proceso de envejecimiento en Costa Rica: Evolución de la población de 65 años y más⁠.

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2026, 8 de octubre). Setiembre reportó la cifra más baja de decesos en carretera desde octubre 2025.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e6d0420b-es⁠

Programa Estado de la Nación. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025⁠. Consejo Nacional de Rectores.

Programa Estado de la Nación. (2026). Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible 2026: Resumen. Consejo Nacional de Rectores.

Vargas Rojas, L. D. (2026, 16 de setiembre). Las viviendas con problemas y los asentamientos informales evidencian los retos habitacionales del país⁠. Universidad de Costa Rica.

De Piedad Córdoba a Camilo Rodríguez

Juan Félix Montero

Quiero comenzar este artículo copiando textualmente los primeros párrafos del libro que publiqué hace más de doce años titulado Guerra y paz en Colombia.

Senadora colombiana Piedad Córdoba en CR. (1)

Supongo que todos saben quién es Piedad Córdoba. Ella estuvo en la Universidad Nacional de Costa Rica e hizo un relato acerca de la situación en su país y las gestiones del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz para lograr un intercambio humanitario y una salida política al conflicto de ese país. Estuvo también en EEUU y en Canadá, donde conversó incluso con jefes del narco y paramilitarismo extraditados quienes deben miles de vidas e incluso la tuvieron secuestrada, tratando de que sus confesiones ayuden a localizar las fosas comunes donde yacen enterrados.

Piedad se reunió con diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Senadora colombiana Piedad Córdoba en CR. (2)

… con los que tuvo un interesante intercambio, intentó entrevistarse con el presidente Arias, pero no fue posible, pero mantiene la esperanza de que este, como premio Nobel, apoye la causa. También alertó sobre información de jefes narcoparamilitares que se han venido a invertir en Costa Rica especialmente en Limón y previene sobre la posibilidad de que vengan a poner aquí en práctica sus métodos. Relató la nefasta experiencia que ha sido para Colombia la privatización de los puertos, que se han revertido en mayor desempleo y miseria. Para finalizar nada más digo, Piedad, cuídate porque a estos elementos no les tiembla el pulso para asesinar. (Hasta aquí la cita).

Traigo a colación el tema de Colombia por cuanto ese país sufrió el azote del crimen organizado en los años ochenta del siglo pasado de una forma tan terrible donde terminaron coludidos el paramilitarismo, el narcotráfico y la política, no para combatir ese mal, sino más bien para destruir los partidos de izquierda y las guerrillas revolucionarias.

Eran los tiempos del poderío fuera de serie de Pablo Escobar, ataques terroristas con carros bomba cotidianamente en las ciudades, fueron asesinados cinco candidatos presidenciales de la izquierda y más de cinco mil militantes del partido Unión Patriótica.

Costa Rica aún no ha llegado a los niveles que llegó Colombia por características particulares de los dos países y esperemos que nunca llegue a esos extremos; sin embargo, el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez Chaverri enciende las alarmas.

A Camilo no se le asesinó por izquierdista o comunista como era frecuente en Colombia: todo lo contrario: Camilo en sus escritos se caracterizó por asumir el discurso tradicional del anticomunismo. Sin embargo, en sus últimos años se destacó como asesor en comunicaciones de algunos sindicatos.

Todo indica que a Camilo Rodríguez lo asesinaron por su periodismo investigativo de riesgo, y su muerte parece buscar un escarmiento para todo el gremio periodístico.

La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) trabaja en una “Ley Camilo Rodríguez” sobre el vínculo entre padres e hijos, que planea presentar a finales de noviembre ante la Asamblea Legislativa.

Piedad Córdoba vivió una tensa actividad política, llena de riesgos y amenazas; al final murió de causas naturales, aunque ese tren de vida debió de alguna manera precipitar su muerte prematura.

Como corolario no resta más que esperar que la sociedad costarricense sepa reaccionar ante este panorama, las autoridades recapaciten, cesen rivalidades por intereses espurios, encuentren los caminos para actuar corrigiendo lo que no están haciendo bien para la tranquilidad y bienestar de la patria.

La confrontación en la que estamos perdiendo

Marcos Chinchilla Montes

Hay que reconocerlo con dolor: lamentablemente, esta confrontación la va ganando el crimen organizado y un sector del poder que unificó sus intereses con el primero. No es algo nuevo; para ser honestos, no se lo debemos exclusivamente al chavismo. También son responsables aquellos gobiernos que apostaron por el deterioro social, la exclusión social, la privatización del Estado, la concentración de la riqueza y la fractura del contrato social.

Pero con el chavismo esto se radicalizó, e incluso la narrativa violenta se instauró como el pan de cada día. La descalificación política, las burlas, las amenazas y la persecución fueron los principales denominadores de la gestión del gobierno de Chaves Robles, rasgos que han sido acogidos con beneplácito por el gobierno de Fernández Delgado.

Ese nivel de odio y división social también se instaló en sus seguidores: el caldo de cultivo ideal para la reproducción política de un movimiento que peligrosamente se acerca al fascismo.

Valorando las experiencias de México, Colombia, Honduras, Haití o Guatemala, entre otros países de nuestro continente, tengo la sospecha de que el asesinato político de Camilo Rodríguez Chaverri es solo la punta del iceberg; se avecinan experiencias peores. No se trata solo de acallar a alguien incómodo para el poder, sino de amplificar el sentimiento de miedo que ya se respira en todo el país y de hacernos claudicar en nuestro sueño colectivo de una sociedad justa, inclusiva y democrática.

Estamos perdiendo el país desde hace varias décadas, y si no lo atajamos de manera acelerada, tendremos que pagar una sangrienta y dolorosa factura social. Menuda herencia para nuestros descendientes. A moverse, que es urgente.

La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”
Lord Acton (1834-1902)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no debería interpretarse solamente como un episodio de violencia criminal ni como una agresión contra la libertad de prensa. Su significado es más profundo: una señal de los cambios en las relaciones entre criminalidad, poder económico, política e instituciones democráticas.

La muerte del periodista, el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, obliga al país a mirar más allá de las circunstancias inmediatas del crimen.

Rodríguez había denunciado presuntas actividades del narcotráfico, corrupción y relaciones entre estructuras criminales y personas vinculadas al poder.

También había manifestado que recibía amenazas. La investigación judicial deberá determinar si esas denuncias guardan relación con el asesinato.

¿Qué significa que un comunicador que denunciaba esas relaciones sea asesinado? La respuesta trasciende el esclarecimiento de un homicidio: concierne a las bases de nuestra democracia.

El narcotráfico: de actividad criminal a estructura de poder

Las grandes organizaciones del narcotráfico no se limitan al comercio ilegal de drogas. Necesitan redes para movilizar recursos, ocultar capitales, asegurar operaciones y reducir los riesgos de intervención estatal.

Su expansión depende de la violencia y de sus relaciones con actores económicos, políticos e institucionales. El dinero ilícito puede penetrar circuitos legales y generar dependencias e influencia.

Cuando estas relaciones alcanzan determinados niveles, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de soberanía nacional.

El Estado pierde autoridad cuando actores respaldados por recursos ilícitos e intimidación consiguen condicionar decisiones o neutralizar a quienes amenazan sus intereses.

La pregunta fundamental aquí es determinar cuánto poder económico, político y social ha acumulado el narcotráfico.

La violencia como mecanismo de control social

El asesinato plantea otra preocupación: la utilización de la violencia para amedrentar a quienes investigan o denuncian determinados intereses.

La muerte de un comunicador intenta intimidar a periodistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos; inducir autocensura y excluir asuntos de interés público del debate.

Basta con que denunciar determinados intereses parezca peligroso para debilitar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder.

Dinero, política y criminalidad

El crimen organizado no necesariamente pretende sustituir al Estado mediante una confrontación directa. Puede resultarle más conveniente establecer relaciones de influencia, complicidad o dependencia con determinados sectores.

La corrupción facilita esa penetración. Cuando recursos ilícitos ingresan en actividades legales y ciertos intereses encuentran protección o tolerancia institucional, surge un escenario de vulnerabilidad democrática.

No se afirma que el Estado haya sido capturado ni se atribuyen responsabilidades sin pruebas. Sin embargo, hay que reconocer que la penetración institucional es uno de los mayores riesgos del crimen organizado.

Nuestro país no está condenado a repetir experiencias ajenas, pero tampoco es inmune.

El deterioro de un patrimonio democrático

Durante décadas, Costa Rica construyó una identidad política sustentada en la abolición del ejército, la continuidad de sus instituciones civiles, la educación pública y el reconocimiento de las libertades fundamentales.

Aquella tradición no significó ausencia de corrupción o desigualdad, pero la expansión del narcotráfico representa un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y convivencia.

Aquí hay un antecedente que merece recordarse. El periodista Parmenio Medina Pérez fue asesinado en julio de 2001. Su trabajo incluía igualmente denuncias sobre irregularidades y corrupción.

En este contexto, el asesinato de Rodríguez devuelve una pregunta vigente: ¿qué garantías existen para quienes investigan intereses poderosos que operan al margen de la ley?

La coincidencia merece atención, aunque no exista aún una relación demostrada entre ambos crímenes.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para hacer cumplir las leyes e impedir que grupos económicos, políticos o criminales estén por encima de las instituciones.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, la respuesta debe ir ahora más allá de identificar a los autores materiales: investigar las finanzas del narcotráfico, prevenir el lavado de dinero, fortalecer la independencia judicial, proteger a denunciantes y periodistas e investigar posibles conexiones criminales con personas en posiciones de poder.

El crimen organizado encuentra condiciones favorables donde se tolera la corrupción y el enriquecimiento inexplicable, y donde las relaciones entre dinero y política se consideran inevitables. La democracia se deteriora al normalizar la impunidad y el abuso de poder.

Una advertencia que nuestro país no debería ignorar

El asesinato no demuestra que el narcotráfico controle las instituciones ni que una organización criminal lo ordenara por sus denuncias. Eso deberá establecerlo la investigación judicial.

Sin embargo, obliga a examinar los riesgos de que las estructuras criminales acumulen recursos e influencia económica y política.

El país necesita con urgencia (“¡para ayer!”) una estrategia nacional que combata las finanzas del narcotráfico, investigue conexiones políticas y empresariales, fortalezca la justicia y proteja a quienes denuncian.

Hay que reconocer que la democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede deteriorarse mientras las elecciones continúan y las libertades permanecen formalmente reconocidas.

Defenderla exige impedir que poderes económicos y criminales decidan quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles intereses deben permanecer protegidos.

El problema más grave no es solamente que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado. Sería que lleguemos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad donde esa nefasta penetración se considere inevitable.

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri ha conmocionado fuertemente al país. Es un hecho más de la violencia que aqueja a nuestra sociedad desde hace años; pero la impresión es mayor cuando la víctima venía denunciando al crimen organizado y sugiriendo diversos vínculos con los dos últimos gobiernos.

Desde hace muchos años, nuestra sociedad ha venido acumulando un fuerte enojo a raíz del deterioro de la calidad de vida, las fallas e incumplimientos de los gobiernos de turno y los grandes escándalos de corrupción.

Este enojo comienza a acumularse desde la década de 1990, al principio de manera paulatina, pero evidencia un aumento sin precedentes a partir de 2022, a tal punto que la mayoría de los diversos indicadores de violencia alcanzan niveles históricos. Además de tasas de homicidios con cifras récord nunca antes vistas en nuestra historia, casi cualquier forma de violencia muestra niveles sumamente altos, desde la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres hasta las muertes por accidentes de tránsito, pasando por el acoso sexual, los femicidios, los enfrentamientos en las comunidades, el irrespeto a los derechos más básicos y el incumplimiento de políticas públicas.

Este vertiginoso incremento no se produce por casualidad en 2022. Por el contrario, responde a una política muy bien planeada y ejecutada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Desde su inicio, este político se presentó como el gran vengador que venía a poner orden en el país y a perseguir a los políticos corruptos. Bajo una cuidadosa y efectiva estrategia de comunicación, se establece un sistemático reforzamiento de las actitudes autoritarias en la población. Entre otras cosas, se controla la circulación de información en las redes, se minimiza el impacto de los medios tradicionales y se persigue sistemáticamente a líderes de opinión e influencers. Se orienta a la población para canalizar su enojo acumulado hacia diversas personas, instancias y grupos de personas. Las conferencias de prensa de cada miércoles se han constituido en toda una escuela de agresividad, individualismo, exclusión, intolerancia, rechazo, reforzamiento de estereotipos y distorsión de los hechos reales, que a su vez han logrado fortalecer en la población el individualismo, la impulsividad, la labilidad afectiva, la sumisión, la pasividad, el aislamiento y hasta el miedo. Se ha entronizado el enfrentamiento violento como estrategia privilegiada para manejar la interacción social y se ha normalizado el uso de la burla, los insultos, la descalificación, el cinismo y la mentira.

Toda esta estrategia ha venido acompañada de una concentración antidemocrática del poder político, en donde no solo se ha destruido el equilibrio del poder mediante un ataque violento al Poder Judicial, sino también a todas y cada una de las instancias encargadas de establecer algún tipo de control sobre la gestión política del país. Ninguna de estas instancias se ha salvado del ataque violento de los dos últimos gobiernos: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía, medios de comunicación y universidades públicas. Y han cuestionado y desconocido las legítimas funciones de cada poder de la República, en particular del Poder Judicial, llegando el oficialismo en la Asamblea Legislativa a ignorar las resoluciones constitucionales sobre cuestiones de gran importancia para las necesidades acuciantes de los presupuestos, para resolver situaciones que afectan los servicios públicos de primer orden, como la salud o la seguridad.

No es de extrañar entonces que la violencia se encuentre exacerbada en todo el país; pero inevitablemente nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, en donde a mayor enojo, mayor sensación de inseguridad y mayor miedo, que a su vez incentivan a la población a refugiarse en el autoritarismo; lo cual, como hemos visto, no hace más que incrementar la violencia.

Todo lo expuesto permite concluir, sin lugar a duda, que los dos últimos gobiernos son los principales responsables de los altos niveles de violencia que vive el país, debido tanto a la promoción constante de las estrategias de odio y violencia como a la falta de políticas adecuadas de prevención y financiamiento para enfrentar el crimen organizado. De modo que, por lo menos de manera indirecta, también son responsables del lamentable asesinato de Camilo.

Pero, además de esta responsabilidad directa por los niveles de violencia imperantes, no podemos dejar de pensar en las múltiples denuncias de Camilo y otras personas, así como en los malos signos que asocian a los dos últimos gobiernos con el narcotráfico. Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que se investigue esta situación hasta sus últimas consecuencias.

Del mismo modo, instamos a la población a mantenernos vigilantes y activos ante las condiciones actuales del país y a ejercer, hoy más que nunca, la presión que haga falta para detener la escalada de violencia en el país. Debemos ser muy firmes en nuestro accionar, pero siempre a partir de una cultura de paz y respeto mutuo. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Debemos enfrentar constantemente la cultura actual de agresión, insulto, enfrentamiento, intolerancia y exclusión con diálogo, comprensión, respeto y reconocimiento a la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Debemos manifestarnos con convicción en las calles, en nuestras comunidades, en los centros de trabajo, en los establecimientos educativos y en las redes sociales.

SINAPEC exige justicia por el asesinato de Camilo Rodríguez y garantías reales para la libertad de expresión

El Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica (SINAPEC) condena enérgicamente el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri y exige el pleno esclarecimiento de este crimen.

Camilo había denunciado amenazas contra su vida y realizado señalamientos públicos sobre presuntas actividades delictivas, narcotráfico y crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha confirmado que esas denuncias forman parte de las líneas de investigación y que se procurará determinar tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del homicidio.

SINAPEC exige al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial una investigación exhaustiva, rigurosa y sin concesiones. No basta con determinar quién ejecutó el ataque. El país tiene derecho a conocer cuál fue el móvil, quiénes participaron y si existió planificación, financiamiento, algún tipo de encargo o participación de terceros. También debe esclarecerse si las amenazas denunciadas y la actividad periodística y comunicativa de Camilo guardan relación con su asesinato.

La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin importar a quiénes alcance.

Este crimen golpea directamente una de las bases de nuestra democracia: la libertad de expresión. No es un derecho exclusivo de periodistas y comunicadores; pertenece a toda la sociedad. Cuando la amenaza o la violencia silencian una denuncia, provocan autocensura o impiden que información de interés público llegue a la ciudadanía, pierde todo el país.

Costa Rica enfrenta desde hace varios años una grave situación de violencia homicida y una preocupante presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que estos grupos ganen espacios mediante la intimidación y la violencia, ni que lleguen a condicionar lo que en nuestro país se puede investigar, denunciar o publicar.

La experiencia de otros países de nuestra región demuestra el enorme costo que tiene permitir que estas dinámicas se arraiguen. Costa Rica debe actuar ahora, antes de que las amenazas y los ataques contra quienes informan se conviertan en una realidad normalizada.

El Estado tiene la responsabilidad de enfrentar con firmeza al crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el periodismo. Por ello, SINAPEC exige fortalecer los mecanismos de prevención, evaluación de riesgo y protección para periodistas y comunicadores amenazados, con respuestas oportunas, recursos suficientes y medidas adecuadas a las particularidades del ejercicio periodístico.

El asesinato de Camilo Rodríguez debe marcar un límite. Costa Rica no puede permitir que el miedo imponga silencio.

Exigimos verdad. Exigimos justicia. Exigimos resultados. Y exigimos garantías efectivas para que nadie tenga que poner en riesgo su vida por informar, investigar, denunciar o ejercer su libertad de expresión.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, personas cercanas y colegas de Camilo Rodríguez Chaverri.

Junta Directiva
Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica – SINAPEC

La violencia como mensaje – sobre el asesinato de Camilo Rodríguez

Roger Ríos Duarte

Camilo Rodríguez tuvo la valentía que los demás no hemos tenido, y escribo estas líneas la misma noche de su asesinato, con indignación y con desánimo, porque esa valentía consistió en seguir acusando con nombre y apellido desde sus redes sociales cuando ya se sabía amenazado. Brecht hace decir a su Galileo que es desdichada la tierra que necesita héroes, y la frase describe con exactitud lo que ocurre cuando una función que corresponde a las instituciones, la de averiguar y decir en público lo que el poder y el delito prefieren callado, recae sobre el coraje de un individuo.

La indignación no dispensa de distinguir lo que se sabe de lo que todavía no se sabe. El móvil no está establecido y corresponde al Ministerio Público determinarlo; el fiscal general ha informado que Rodríguez había denunciado amenazas y que no se acogió al programa de protección de víctimas y testigos, por razones que desconocemos. Fue una figura discutida, que tuvo detractores además de seguidores, pero en Costa Rica a nadie se le mata por ser controversial, y esa certeza, que formaba parte de lo que entendíamos por vivir aquí, tiene en la sociología un nombre preciso. Norbert Elias mostró en El proceso de la civilización que la vida civil descansa sobre la existencia de espacios pacificados (befriedete Räume, en el original alemán), es decir, sobre la expectativa, convertida en hábito, de que los conflictos se tramitan sin recurso a la violencia física porque esta ha quedado reservada a una instancia central, y pocos países hicieron de esa expectativa una seña de identidad como el nuestro, que abolió su ejército en 1948 y se acostumbró a discutir con vehemencia precisamente porque discutir no costaba la vida. Elias advirtió también que el proceso es reversible, y una ejecución a media tarde en una carretera nacional pertenece a un repertorio que hace una generación nos era ajeno y que hoy reconocemos sin esfuerzo.

Quienes han estudiado la violencia parten de una constatación incómoda, la de que el ser humano no necesita nunca actuar con violencia pero puede hacerlo siempre, de manera que todo orden social es en el fondo una respuesta a esa posibilidad permanente. Han observado además que la violencia rara vez se agota en la relación entre quien la ejerce y quien la sufre, porque casi siempre se dirige también a un tercero que la presencia o que se entera de ella, de modo que quien manda matar a un hombre que denuncia elimina un obstáculo y, en el mismo acto, se dirige a todos los que podrían denunciar. Aun antes de que la investigación establezca quién ordenó este crimen y por qué, ese efecto ya se ha producido, puesto que cada periodista, cada funcionario y cada vecino que sabe algo ha recibido esta noche el mensaje, y lo ha recibido con independencia de la intención de quien lo envió.

En julio sostuve en estas páginas, en «Los amortiguadores de la República», que el orden republicano descansa sobre cuerpos intermedios que pueden ser vaciados por dentro sin que nadie los suprima, y la figura misma de Camilo Rodríguez era un indicio de ese vaciamiento. La esfera pública moderna se sostuvo sobre instituciones, entre ellas una prensa con redacciones, editores y criterios de verificación, y las plataformas digitales han disuelto esa función de filtro y han dejado al emisor a solas con su audiencia. Cuando los tribunales tardan, los órganos de control no alcanzan y los medios pierden recursos para investigar, la denuncia cambia de lugar y pasa a ejercerla un hombre solo, con un teléfono, que habla ante miles de seguidores sin redacción que lo respalde, sin editor que lo contenga y sin institución que lo proteja, de suerte que su exposición es completa y su muerte muestra lo que ocurre cuando entre el ciudadano y la violencia no queda nada interpuesto.

Max Weber definió el Estado por la pretensión, sostenida con éxito, del monopolio de la violencia física legítima (das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, en su formulación original), y el acento de la definición recae en el éxito, porque un monopolio que se reclama y no se sostiene deja de serlo. El sicariato es la forma más exacta de esa disputa, puesto que convierte la muerte en un servicio que se contrata y traslada a manos privadas la decisión sobre quién puede seguir hablando. Un informe difundido este mes le atribuye siete de cada diez homicidios de 2025, y el OIJ contabilizaba 721 personas asesinadas al 12 de noviembre, en un año que se ha presentado como de mejora porque la cifra es algo inferior a la del anterior. La estadística mide la cantidad de la violencia y deja fuera la función que cumple, y un país en el que la violencia regula mercados, resuelve disputas y ahora silencia voces tiene un problema que ningún descenso porcentual alcanza a describir.

En San Miguel de Santo Domingo de Heredia, el mismo distrito donde mataron a Camilo Rodríguez, fue asesinado Parmenio Medina el 7 de julio de 2001, también al volante de su vehículo, y aquella muerte estremeció a un país que la vivió como una herida impropia de su historia. Sabemos desde los clásicos que el castigo cumple menos la función de corregir al culpable que la de restablecer la conciencia colectiva que el crimen ha ofendido, y que una sociedad que deja sin respuesta la ofensa acaba por no sentirla. Temo por eso que la muerte de Camilo Rodríguez, tercer periodista asesinado en un cuarto de siglo, sea recibida con el duelo breve de las noticias que se suceden, y que los comunicados de condena, justos y necesarios, terminen por cerrar el asunto en lugar de abrirlo.

No basta con lamentar su muerte, y lo que necesitamos es una investigación seria, que alcance a quienes dispararon y a quienes ordenaron disparar, y que este crimen no quede impune, porque la impunidad confirmaría el mensaje y enseñaría a quienes vengan después que la valentía de Camilo Rodríguez se paga con la vida y que quitársela no cuesta nada. La tarea más larga, que consiste en reconstruir las mediaciones para que quien tenga algo que denunciar encuentre un tribunal que lo escuche, un órgano de control que actúe y una prensa con medios para investigar, empieza por ahí, puesto que ningún ciudadano volverá a confiar en instituciones que no fueron capaces de responder por la vida de quien hizo en solitario el trabajo que a ellas correspondía.

A su familia le expreso mis condolencias.

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV (TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

  • Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
  • Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
  • Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
  • Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
  • Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
  • Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
  • Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
  • Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
  • Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
  • Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

  • Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
  • Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
  • La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
  • Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
  • Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
  • El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
  • El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
  • La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
  • Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

  • Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
  • Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
  • Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
  • Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
  • Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

  • Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
  • Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
  • Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
  • Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
  • Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III

Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

  • Fase I — integración (2026-2027)
    • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
    • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
    • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
    • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
    • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
  • Fase II — Inteligencia (2027-2029)
    • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
    • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
    • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
    • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
  • Fase III — anticipación (2029-2032)
    • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
    • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
    • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
    • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
  • Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
    • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente

Finalidad e inversión estratégica

Datos e interoperabilidad

Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.

Ciberseguridad estatal

Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.

IA y ciencia de datos

Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.

Formación y alianzas

Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.

Evaluación científica

Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

  • Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
  • Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
  • Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
  • Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
  • Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
  • Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
  • Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

  1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
  2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
  3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
  4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
  5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

  • Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
  • Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
  • Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
  • Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
  • Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
  • Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
  • Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
  • Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

  • Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
  • Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
  • Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
  • Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

  • Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
  • Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
  • Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
  • Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

  • Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
  • Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
  • Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
  • Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
  • Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
  • Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

  • Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte II: TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado

El modelo CR-IA 2035 y las condiciones del mercado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
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El modelo CR-IA 2035: seis pilares de gestión inteligente

  • Primer pilar: Administrar el mercado, no al cartel
    El mercado ilícito posee una dimensión económica y opera bajo dinámicas de oferta, demanda, precios, rutas, intermediarios, almacenamiento, logística y mecanismos para administrar el riesgo. El Estado debe analizar estas variables: comportamiento de precios, cambios en rutas, tipos de sustancias, patrones territoriales y de distribución, cambios en consumidores, movimientos logísticos, modalidades de distribución y aparición de nuevas sustancias o desplazamiento geográfico. El objetivo no es administrar a las organizaciones criminales, sino administrar la información sobre el mercado para neutralizar e intervenir sobre sus condiciones de funcionamiento.

Aplicación Tecnológica: Creación del Observatorio Nacional Inteligente de Mercados Ilícitos. Este sistema e instrumento interinstitucional integrará información estadística, territorial, financiera, sanitaria y policial proveniente de las instituciones competentes. La IA procesará estos datos para ayudar a identificar de forma automatizada cambios anómalos, mutaciones en el consumo, patrones emergentes y nuevas rutas de tráfico internacional.

  • Segundo pilar: Administrar la violencia

La prioridad fundamental de la política criminal debe ser proteger la vida. La violencia no debería analizarse únicamente después de que ocurre; puede estudiarse como fenómeno espacial y temporal acelerado por variables externas como las capturas de líderes o procesos de extradición. El Estado debe identificar y atacar particularmente las estructuras vinculadas con homicidios, sicariato, lesiones, amenazas, desapariciones, denuncias, extorsión, secuestro, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, reclutamiento de menores y control territorial violento, integrando además variables socioeconómicas.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Geográfica de la Violencia. El sistema integrará toda esta información y permitirá construir mapas dinámicos de riesgo e identificar concentración de eventos y cambios de comportamiento. No se trataría simplemente de colocar más policías en determinados lugares; la información permitiría decidir qué combinación exacta y específica de prevención, policía, investigación, servicios sociales, educación, salud, infraestructura e intervención municipal puede ser necesaria en cada territorio o cuadrante afectado por disputas de poder criminal.

  • Tercer pilar: Administrar el dinero
    El poder criminal depende de su capacidad económica, pues una organización necesita dinero para sobrevivir e introducir sus activos en la economía formal. Por eso, perseguir y seguir el dinero de manera sistemática es tan vital e importante como interceptar los cargamentos de drogas. La pregunta ya no es únicamente cuántas personas se detuvieron, sino cuánto poder económico criminal fue desmantelado. Costa Rica ya dispone de estructuras institucionales de inteligencia financiera y recuperación de activos, contemplando el marco nacional la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir la legitimación de capitales. El desafío consiste en aprovechar mejor la integración de la información.

Aplicación Tecnológica: Sistema Nacional de Inteligencia Financiera Integrada. Bajo las competencias y autorizaciones legales correspondientes, conectaría e integraría información financiera, sociedades, propiedades, comercio, aduanas, tributación, movimientos patrimoniales, adquisiciones, operaciones sospechosas e información internacional, rastreando conexiones entre personas y sociedades. La IA se programaría para detectar transacciones atípicas, estructuras patrimoniales incongruentes, redes societarias, relaciones económicas ocultas y patrones de operaciones, priorizando los análisis. La regla estratégica dictamina: no limitarse a decomisar la mercancía ni a extraditar al líder; desmantelar la red financiera que hace posible el negocio y sostiene la estructura.

  • Cuarto pilar: Administrar el territorio


El territorio es una variable fundamental. El crimen organizado requiere de espacios geográficos vulnerables para operar, almacenar, distribuir, reclutar, esconder activos, movilizar mercancías y generar mecanismos informales de control o establecer redes. Cuando el Estado está ausente, otros actores llenan ese vacío; por eso, recuperar el territorio significa aumentar la presencia integral del Estado y no solo la policial.

Aplicación Tecnológica: Mapa Nacional de Vulnerabilidad Territorial. Este instrumento combinará capas de datos e indicadores de pobreza, desempleo, deserción escolar y educativa, violencia, presencia criminal, infraestructura, conectividad, rutas logísticas, actividad económica, acceso a servicios públicos y población juvenil. La IA identificará los territorios de coincidencia multifactorial de riesgo, permitiendo pasar de una lógica de intervención uniforme a una lógica territorial diferenciada y preventiva de alta precisión geográfica, actuando sobre las condiciones antes de que aparezca la violencia.

  • Quinto pilar: Administrar la demanda y el daño social
    Una estrategia nacional inteligente no puede concentrarse exclusivamente en la oferta; también debe estudiar y diferenciar el consumo problemático del crimen organizado, pues confundirlos lleva a políticas ineficientes. Esto implica fortalecer científicamente las áreas de prevención, educación, tratamiento, rehabilitación, reinserción, salud mental, programas juveniles y oportunidades económicas para poblaciones en riesgo. La política pública nacional ya contempla estas dimensiones junto con las acciones de seguridad.

Aplicación Tecnológica: Las TIC y la IA contribuirán mediante modelos de identificación temprana de riesgos sociales en jóvenes, orientación de recursos, evaluación de tratamientos y medición de reincidencia, resguardando la privacidad y evitando rigurosamente estigmatizar comunidades o individuos vulnerables. El objetivo es reducir el daño humano e institucional y disminuir los incentivos económicos que sostienen el mercado criminal.

  • Sexto pilar: Administrar los resultados

Una política pública sin evaluación científica constante puede convertirse en una sucesión de acciones aisladas sin aprendizaje institucional. No basta con contabilizar indicadores de actividad u operativos tradicionales (cuántas operaciones se hicieron, cuántos agentes participaron, cuántos decomisos, allanamientos o detenidos ocurrieron). Debe conocerse el impacto real en el poder criminal.

Aplicación tecnológica: Creación del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado. El índice medirá y cruzará periódicamente variables estructuradas en un tablero nacional. El objetivo no es producir un número de carácter político, sino construir una herramienta técnica de mejora continua para saber qué funciona, dónde funciona y bajo qué condiciones.

La inteligencia artificial como componente transversal

Costa Rica ya dispone de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024-2027 orientada a promover el uso y desarrollo de IA de manera ética, segura y responsable. La propuesta consiste en conectar las agendas y extender esas capacidades analíticas al campo de la seguridad pública a través de una infraestructura tecnológica común denominada Sistema Nacional de Inteligencia Pública contra el Crimen Organizado.

Este sistema debería integrar, conforme a las competencias legales correspondientes, información de: ICD, OIJ, Ministerio Público, Ministerio de Seguridad Pública, Hacienda, Aduanas, autoridades financieras, Migración, sistema penitenciario, salud, educación y gobiernos locales. Su finalidad es convertir los datos dispersos en información, inteligencia, decisión, evaluación y aprendizaje.

La IA podría utilizarse de manera transversal para:

  • Detección de anomalías: Identificar comportamientos administrativos, logísticos o de seguridad que se aparten significativamente de patrones conocidos.
  • Análisis de redes complejas: Reconstruir vínculos y relaciones ocultas entre personas, empresas, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, propiedades y operaciones vinculadas a objetivos con órdenes de extradición o investigación.
  • Inteligencia geográfica: Monitorear, identificar concentraciones territoriales y proyectar el desplazamiento del delito en el mapa nacional.
  • Inteligencia financiera: Detectar relaciones económicas complejas difíciles de observar mediante análisis manual.
  • Análisis documental masivo: Procesar automáticamente grandes volúmenes de expedientes judiciales, aduaneros e información administrativa.
  • Evaluación de intervenciones: Comparar con rigor científico los resultados e indicadores antes y después de determinadas operaciones policiales, programas o extradiciones de alto impacto.

La regla de oro constitucional: Una predicción algorítmica o un patrón de riesgo identificado por IA nunca constituye una acusación ni determina por sí misma la culpabilidad jurídica. La IA genera alertas y señales de priorización, pero la investigación corresponde exclusivamente a las autoridades policiales, la acusación al Ministerio Público y la decisión judicial a los jueces de la República dentro de sus competencias legales. El Estado de derecho permanece siempre por encima del algoritmo, el cual es una herramienta de apoyo y nunca un sustituto de la responsabilidad humana.

Puertos, fronteras y logística inteligente

Dada la posición geoestratégica y la intensa actividad logística de Costa Rica, resulta fundamental fortalecer las capacidades de análisis de riesgo en puertos, fronteras, aeropuertos y cadenas de comercio internacional.

Pretender revisar físicamente el 100% de la carga comercial es inviable institucional y operativamente. Por ello, se propone utilizar modelos de IA aplicados a la gestión de riesgo logístico para determinar de forma inteligente qué contenedores o embarcaciones ameritan inspección física prioritaria por parte de las autoridades competentes.

Conforme a las competencias legales, el sistema de riesgo considerará variables integradas como:

  • Rutas y desplazamiento geográfico;
  • Historial operativo del transportista o empresa;
  • Inconsistencias documentales;
  • Características específicas de la carga;
  • Relaciones empresariales y flujos financieros corporativos;
  • Patrones logísticos habituales;
  • Comportamiento anómalo en aduanas.

La inspección física continuaría siendo una función estrictamente institucional, pero la inteligencia artificial ayudará a priorizar los recursos para consolidar una frontera más inteligente guiada por mejor información.

La batalla contra la legitimación de capitales

El crimen organizado necesita convertir ingresos ilícitos en recursos utilizables y poder económico aparentemente legítimo dentro de la economía formal. Por ello, combatir el lavado de dinero constituye una intervención directa sobre el corazón económico del fenómeno y debe considerarse una política central de seguridad.

Costa Rica cuenta con mecanismos de inteligencia financiera, recuperación de activos y coordinación institucional, pero el siguiente paso estratégico debe consistir en aumentar la capacidad analítica conectando de forma interactiva: inteligencia financiera + investigación criminal + recuperación de activos + justicia.

La pregunta de investigación ya no debe ser únicamente qué dinero sospechoso encontramos, sino qué red y estructura económica explica ese dinero. Esto cambia el enfoque analítico de una transacción individual hacia el rastreo de una red corporativa compleja, impidiendo que las ganancias criminales se transformen en propiedades, empresas, vehículos, inversiones, negocios o capacidad logística y política. El principio es claro: no basta con quitarle la mercancía al crimen organizado, hay que quitarle la capacidad económica de reproducirse.

Corrupción: el punto de entrada del crimen al Estado

Existe un riesgo aún mayor que la existencia de una organización criminal: su infiltración institucional en las estructuras del Estado. Para penetrar el aparato público, el crimen organizado necesita oportunidades, y la corrupción es el método idóneo para producir información privilegiada, protección, contratación irregular, facilitación logística, acceso a instalaciones, sobornos, tráfico de influencias, empresas fachadas o manipulación administrativa.

Las herramientas de análisis de datos y ciencia de datos actúan como mecanismos de control interno al identificar de forma automatizada anomalías administrativas o financieras complejas. Por ejemplo:

  • Contrataciones públicas repetitivas con los mismos proveedores o empresas relacionadas;
  • Cambios patrimoniales injustificados o inusuales en funcionarios públicos;
  • Concentración inusual o sospechosa de decisiones administrativas;
  • Relaciones empresariales ocultas entre adjudicatarios y tomadores de decisión.

Nuevamente impera el principio garantista: una anomalía detectada tecnológicamente no demuestra corrupción ni culpabilidad. Genera una alerta o señal automatizada que debe ser investigada con controles legales y humanos de acuerdo con el debido proceso establecido por la ley. La tecnología no elimina la corrupción por sí misma, pero hace más difícil esconder sus patrones.

Nueva arquitectura institucional

La propuesta central no requiere necesariamente crear una enorme macro burocracia o una gran cantidad de nuevas instituciones administrativas. Requiere conectar, coordinar y optimizar de mejor manera las capacidades técnicas y bases de datos existentes en el país, respetando las atribuciones legales de cada entidad. Dado que el ICD posee por ley las funciones de coordinación y diseño de políticas nacionales sobre drogas y legitimación de capitales, se propone articular y fortalecer esta estructura mediante la conformación de un:

Centro Nacional de Inteligencia contra el Crimen Organizado

Este núcleo técnico trabajaría de forma coordinada con las instituciones competentes y contaría con cinco áreas especializadas de análisis:

  • Inteligencia criminal: Monitoreo analítico de las redes delictivas.
  • Inteligencia financiera: Seguimiento analítico a flujos de capitales y activos sospechosos.
  • Inteligencia territorial: Análisis de vulnerabilidades y riesgos geográficos.
  • Inteligencia tecnológica: Soporte analítico y administración de modelos de ciencia de datos e IA.
  • Evaluación de políticas públicas: Auditoría y medición científica del impacto de las intervenciones del Estado.

Su función principal y exclusiva sería convertir los datos dispersos de las agencias en conocimiento técnico y útil, produciendo inteligencia estratégica para apoyar la toma de decisiones institucionales sin sustituir las competencias de los cuerpos operativos.

Observatorio nacional del crimen organizado

Como componente técnico de apoyo al Centro Nacional, funcionaría un observatorio permanente encargado de recopilar datos agregados y publicar análisis e indicadores periódicos con rigor científico. Sus productos de difusión técnico-institucional incluirían:

  • Informes trimestrales sobre la evolución del fenómeno delictivo;
  • Mapas territoriales dinámicos de criminalidad y vulnerabilidad;
  • Tendencias de mercados ilícitos y escenarios de riesgo;
  • Análisis financieros agregados sobre tipologías de lavado;
  • Indicadores específicos de variaciones de violencia;
  • Evaluación del impacto de programas de prevención y persecución penal.

Esta estructura fortalecería la transparencia pública del Estado y permitiría que las universidades y centros de investigación independientes colaboren activamente con el análisis del fenómeno sistémico.

Universidades y conocimiento

La lucha contra el crimen organizado debe convertirse también en una política pública basada en el conocimiento y capacidades científicas del país. Costa Rica tiene una ventaja institucional de gran valor: su sistema universitario público. Las universidades nacionales pueden aportar capacidades académicas de alto nivel en disciplinas clave como:

  • Ingeniería, informática e inteligencia artificial;
  • Estadística y ciencia de datos;
  • Criminología, derecho, sociología y geografía;
  • Economía y finanzas;
  • Salud pública y ciberseguridad.

Se propone desarrollar e institucionalizar el Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública. Este programa financiaría investigaciones aplicadas sobre modelos de IA, prevención social y economía criminal, formando profesionales especializados capaces de laborar éticamente en la intersección de la tecnología, la seguridad ciudadana y la política pública, asegurando que Costa Rica desarrolle soluciones propias e independientes.

Gobernanza de datos

No existe inteligencia artificial confiable ni útil sin datos que cuenten con calidad y consistencia. Por ello, resulta indispensable que Costa Rica establezca estándares y lineamientos nacionales estrictos para la gestión institucional de la información. La gobernanza de datos regulará de forma obligatoria los siguientes parámetros interinstitucionales:

  • Calidad y consistencia técnica de los registros;
  • Interoperabilidad fluida entre sistemas públicos;
  • Actualización constante y oportuna de las bases de datos;
  • Trazabilidad completa de las consultas;
  • Seguridad informática en el almacenamiento;
  • Niveles estrictos de acceso según competencias legales;
  • Mecanismos de anonimización de datos personales cuando corresponda;
  • Plazos de conservación y auditorías de sistemas de información.

La gobernanza de datos determinará de forma transparente quién puede acceder a qué información específica, bajo qué justificación y amparo legal, con qué finalidad pública y durante cuánto tiempo.

Protección de datos y derechos fundamentales

La modernización tecnológica y analítica del Estado no puede ser utilizada como justificación para crear un aparato de vigilancia indiscriminada o masiva que amenace las libertades democráticas de su población. Existe una frontera ética, constitucional y convencional infranqueable; por ende, cualquier plataforma informática o modelo analítico implementado deberá cumplir rigurosamente con los principios fundamentales de protección de datos personales:

  • Legalidad: Apego estricto al ordenamiento jurídico nacional.
  • Finalidad y necesidad: Uso limitado a los fines legítimos de seguridad pública autorizados.
  • Proporcionalidad y minimización de datos: Recopilar exclusivamente la información indispensable.
  • Seguridad y confidencialidad: Evitar fugas o accesos ilegales.
  • Supervisión humana y rendición de cuentas: Monitoreo constante de sesgos algorítmicos.
  • Transparencia: Mecanismos claros de reclamación, trazabilidad e impugnación para los ciudadanos.

La inteligencia artificial y las TIC deben utilizarse para robustecer las garantías del Estado de derecho y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, nunca para debilitarlo o generar estigmatizaciones.

Ciberseguridad

Un Estado que concentra e integra información sensible de seguridad nacional también concentra riesgos informáticos críticos de alta intensidad. Por esa razón, el despliegue del modelo CR-IA 2035 debe concebir la seguridad de la información como parte de la seguridad nacional e incorporar desde su diseño inicial arquitecturas robustas de protección digital:

  • Centros de datos de alta seguridad e infraestructura resiliente;
  • Mecanismos de autenticación multifactorial robusta;
  • Segmentación estricta de las redes de inteligencia y bases de datos;
  • Monitoreo continuo y auditorías externas e independientes de los sistemas;
  • Protocolos de respaldo automatizado y planes de recuperación ante incidentes;
  • Pruebas de penetración (pentesting) periódicas sobre la infraestructura pública;
  • Protocolos de respuesta inmediata ante ciberataques o incidentes de denegación de servicio.