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Etiqueta: crimen organizado

Desde la Otra Acera – Costa Rica, ¿NarcoEstado? 

En una reciente edición del programa «Desde la Otra Acera» del APSE, se abordó la compleja realidad del narcotráfico en Costa Rica y la posibilidad de que el país esté evolucionando hacia un «NarcoEstado». El panel, compuesto por el historiador y analista Vladimir de la Cruz, la diputada Sofía Guillén Pérez y el profesor Hugo Vargas González, ofreció un análisis profundo sobre el narcotráfico y sus efectos en la juventud, la educación y la estructura del Estado costarricense. 

Uno de los temas centrales fue el impacto que los recortes en la educación pública han tenido en los y las estudiantes. La falta de oportunidades ha llevado a que jóvenes, e incluso niños de apenas 10 años, se vean seducidos por las promesas del narcotráfico.

Según el Semanario Universidad, en los últimos seis años, la reducción del presupuesto para becas ha sido paralela a una drástica caída en la matrícula escolar. En 2023, más de 23,000 estudiantes fueron expulsados del sistema educativo, dejando a muchos de ellos expuestos a actividades delictivas. 

Vladimir de la Cruz explicó que la historia del narcotráfico en Costa Rica se remonta a los años 80, cuando el fenómeno de los Irán-Contras trajo narcóticos al país como parte de un esquema de financiamiento para los rebeldes nicaragüenses. Desde entonces, el narcotráfico no solo ha afectado a sectores marginales de la sociedad, sino que ha penetrado profundamente en la política y economía del país. De la Cruz también señaló cómo las estructuras de poder han sido vulnerables a la influencia del narcotráfico, permitiendo que sus tentáculos lleguen a esferas empresariales y gubernamentales.

La diputada Sofía Guillén, por su parte, destacó el desmantelamiento de instituciones clave, como la Guardia Costera, y la drástica caída en los decomisos de drogas como señales alarmantes de la complicidad estatal. Guillén subrayó que este debilitamiento institucional ha permitido que las organizaciones narcotraficantes operen con mayor libertad, poniendo en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de la población. 

Otro punto clave abordado en el programa fue la creciente politización del narcotráfico. Se discutió la posibilidad de que figuras políticas importantes estén vinculadas con el crimen organizado, ya sea mediante conexiones directas o por omisión en el cumplimiento de sus funciones. Hugo Vargas González añadió que la falta de voluntad política para enfrentar el narcotráfico está erosionando la confianza pública en las instituciones, alimentando la percepción de que el país podría estar transformándose en un NarcoEstado. 

El programa cerró con un llamado a la acción urgente: la necesidad de reforzar las políticas educativas y el combate efectivo al narcotráfico para evitar que más jóvenes caigan en las garras del crimen organizado. El futuro de Costa Rica, concluyeron los panelistas, depende de la capacidad del Estado para resistir la presión del narcotráfico y proteger a las nuevas generaciones.

Le invitamos a seguir este enlace para ver el programa.

Entrevista con ex director del Servicio Nacional de Guardacostas en el marco de retos en seguridad

El pasado lunes 14 de octubre del 2024, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados le hizo una entrevista a Martin Arias Araya, el ex director del Servicio Nacional de Guardacostas, al igual que ex viceministro de seguridad, alrededor del tema de la seguridad, especialmente en las áreas periféricas, y los retos que se presentan en torno a la administración actual.

El ex funcionario expresó preocupación sobre las decisiones de cerrar varios departamentos especiales de Guardacostas y dejar la labor de seguridad solamente a la Fuerza Pública, lo cual pone la seguridad en desventaja contra el narcotráfico.

También, comentó sobre la lamentable situación del gobierno actual en términos de seguridad, con cada vez más violencia en las calles, resaltando la labor en decadencia que ha estado llevando a cabo en esta área la administración actual, al contrario de las anteriores, citando el ejemplo 2011-2014 .

Durante la administración de Arias Araya, él habla sobre cómo los planes estratégicos, y estudios que se proponen daban resultados, no obstante en esta administración, no se sabe si estos están presentes, o si es una “improvisación, para salir del paso”.

Finalmente, resalta la importancia de la credibilidad de la institución de la policía, y cómo esta podría ser socavada por juegos políticos que manchen la integridad de estas instituciones que, bajo derecho constitucional, no pueden participar o tener tendencias políticas a un partido, o a cualquier influencia que no sea la defensa de seguridad.

Le invitamos a ver la entrevista completa, la cual aporta información relevante acerca de la situación tan delicada en torno a la seguridad en nuestro país.

Cuestionamientos a la Administración Chaves Robles por su labor en relación con el narcotráfico

En un reciente manifiesto publicado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se lanzan serias críticas a la gestión del presidente Rodrigo Chaves Robles, especialmente en lo que respecta a la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico. Según el documento, nunca antes en la historia del país se habían presentado tantos señalamientos sobre posibles nexos entre estructuras criminales y el Gobierno de la República. Esta hipótesis, que ya ha generado intensos debates, es descalificada por la administración a través de discursos cargados de sarcasmo y agresividad, lo que, para la ANEP, es una estrategia populista que intenta desviar la atención de los verdaderos problemas.

El manifiesto hace un análisis técnico sobre las políticas de seguridad del gobierno, destacando que la respuesta de las autoridades ha sido inadecuada y preocupante. La organización sindical, respaldada por profesionales en criminología, derecho y ciencias policiales, sostiene que es inaceptable que el gobierno se ofenda ante los cuestionamientos en lugar de rendir cuentas claras y demostrar que sus decisiones han sido las mejores para el país. De hecho, las actuaciones del Ejecutivo, sumadas a las maniobras dilatorias en la Asamblea Legislativa para evitar la creación de una comisión investigadora sobre los presuntos vínculos del gobierno con el crimen organizado, solo avivan las sospechas.

El manifiesto de ANEP resalta que Costa Rica ya no es solo un punto de tránsito para la droga que va del sur al norte del continente; el país ha pasado a ser una base operativa de los cárteles, donde se reciben y distribuyen drogas, se coordinan operaciones y, lo más preocupante, se legitiman capitales. Esto ha llevado a una mayor presencia de cocaína en el mercado local, con precios que han caído significativamente. Pese a esta grave situación, la administración Chaves no ha implementado acciones contundentes para mitigar el impacto de este flagelo.

El análisis de la organización sindical detalla diez puntos principales, entre los que destacan la falta de políticas preventivas, la ruptura de relaciones con otros poderes del Estado, la designación de líderes policiales cuestionados, y los serios problemas en la adquisición de equipo y contratación de personal para la Fuerza Pública. Uno de los aspectos más alarmantes es la decisión de no comprar nuevas patrullas para el 2025, siendo el tercer año consecutivo sin inversión en movilidad policial, lo que pone en desventaja a las fuerzas de seguridad frente al avance del crimen organizado.

También se destaca que la Policía de Control de Drogas (PCD) ha sido retirada de puertos, aeropuertos y fronteras, lugares clave para la recolección de información e investigaciones sobre narcotráfico a nivel internacional. Además, la falta de estrategias migratorias permite que integrantes de bandas criminales utilicen figuras legales como el refugio para mantenerse en el país sin obstáculos, mientras que el Ejecutivo no ha presentado ni un solo proyecto de ley dirigido a combatir la legitimación de capitales.

Ante esta situación, la ANEP concluye que la administración Chaves está actuando con total ignorancia, ineficacia o protegiendo intereses ajenos a los de la ciudadanía honesta. El documento, firmado por Albino Vargas Barrantes y otros miembros de la organización, invita a reflexionar sobre el manejo de la seguridad en el país y hace un llamado a las autoridades para que, en lugar de enfadarse por los señalamientos, demuestren con hechos concretos su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.

Le invitamos a descargar el PDF para explorar en detalle este análisis y conocer las críticas y preocupaciones expuestas en el manifiesto de la ANEP.

Aportes de la sociedad civil ante la crisis de seguridad humana y el desempeño policial y judicial

SURCOS comparte el siguiente documento presentado al Seminario Aportes de la Sociedad Civil Ante la Crisis de Seguridad Humana y el Desempeño Policial y Judicial. Ese esfuerzo ciudadano es coordinado por Walter Antillón Montealegre profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Premio Rodrigo Facio Brenes 2022.

¿Cuáles son los hechos más relevantes ocurridos en el país en los dos últimos años, que configuran la crisis actual de seguridad humana?

Actualmente, el territorio nacional enfrenta condiciones sociales caóticas, caracterizadas por la situación general de la violencia en el país que se ha estado incrementando durante los últimos dos años. Al respecto de esto, es posible alinearse con perspectivas que consideren que las causas de la situación actual tienen su raíz en un periodo inmediato. Sin embargo, los hechos que suceden cotidianamente están cimentados sobre condiciones y eventos cristalizados a través del tiempo. Esto documenta los principales sucesos que, desde diferentes disciplinas teóricas y entidades, son considerados como los precursores de la situación de crisis de seguridad humana enfrentada actualmente en el país.

Línea del tiempo – Contexto histórico

La decadencia ochentera y el arrastre de los noventa

  • Durante los años ochenta, estalló la Crisis de los Ochenta. Con esto, el territorio nacional afrontó condiciones económicas desfavorables debido al aumento del precio de los combustibles. Asimismo, se llevaron a cabo manifestaciones sociales que reflejaban el desencanto social con las condiciones de la época. (Ovares, 2020, párr. 4).
  • La década de los noventa supone una disminución en la calidad de vida y los servicios públicos, provocando un cansancio poblacional debido a la insatisfacción de las necesidades básicas.Asimismo, comienza a cultivarse la desesperanza y el enojo debido a la falta de eficiencia en la solución de problemas del sistema público costarricense.
    • La desigualdad de ingresos está en un constante crecimiento desde la década de los años dos mil.Asimismo, esto se ha visto reforzado por los recortes presupuestarios en proyectos de inversión social. Con todo, se ha aletargado o negado el acceso a educación de calidad, becas y redes de cuido para las personas que las necesiten.

Línea del tiempo – 2020-2022

El frío baldazo de la pandemia y el 2020.

  • Para introducir la problemática actual acerca de la seguridad ciudadana en el país resulta esencial traer a colación el hecho de que, esta, no es reducible a la reciente proliferación de las redes de narcotráfico y de crimen organizado en la región. Esta, pues, responde a las dinámicas estado-poblacionales de descontento y enojo de las personas.
    • En relación con las consecuencias de la época de pandemia en el país, es posible resaltar el estrés y la ansiedad desarrollados por dicha emergencia sanitaria.Asimismo, las condiciones de confinamiento y las políticas públicas propiciaron el desempleo, lo que provocó un aumento en los síntomas de ansiedad y depresión en la población costarricense. En relación con esto, el desempleo juvenil alcanzó un pico considerable en 2020.
    • Al respecto de la educación formal, ésta no escapó de los impactos que supuso la pandemia. Asimismo, los recortes presupuestarios asociados al sistema educativo público ocasionaron una disminución del acceso a la educación de calidad posterior al 2020.Asimismo, otros sectores también se vieron afectados debido a recortes presupuestarios considerables, como los programas sociales.
    • Estas condiciones dan paso a una creciente desigualdad, lo que ocasiona mecanismos de exclusión social de las personas en condición desventajosa.

Efectos post pandémicos inmediatos. El crimen organizado y el 2021.

  • Algunas consecuencias del recorte presupuestario de la educación pública estuvieron reflejadas en la creación de los grupos criminales organizados locales.Al respecto de esto, estas agrupaciones adquirieron un atractivo para los jóvenes afectados por las carencias educativas de las zonas costeras y centrales. Esto procuró disputas por controles territoriales en la provincia de Limón y la Gran Área Metropolitana que, a su vez, aumentó la tasa de homicidios en dichas zonas.
  • Asimismo, la inacción de las autoridades de justicia provocó una carencia de un abordaje estratégico para evitar la expansión de los grupos criminales organizados locales.
    • La cotidianidad con la que estos hechos se producen ocasiona sentimientos asociados al miedo en las comunidades afectadas, especialmente aquellas en la zona de Limón y la Gran Área Metropolitana.

Efectos post pandémicos. El ascenso de Chaves en 2022.

  • Las elecciones de 2022 presenciaron un 40% de abstencionismo del padrón electoral.Esto fue un reflejo de la falta de participación política de la época. En relación con los elementos indicados anteriormente, podría indicarse que fue un efecto del descontento poblacional ocasionado por la ineficacia del sistema público.
    • La decepción y enojo poblacional, ocasionado por los eventos listados anteriormente, propiciaron un caldo de cultivo para la violencia. Esto propagó un favorecimiento de actitudes xenófobas, sexistas y antidemocráticas.
    • Al erigirse como presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles refleja el autoritarismo donde las condiciones de coexistencia pacífica son desplazadas en función del enojo y el irrespeto. Al respecto de esto, Chaves capitaliza el enojo popular y las actitudes antidemocráticas y autoritarias. Esto a su vez, propaga el clima de violencia en el territorio nacional.
    • El uso actual de las redes sociales propicia un ambiente donde se juzga y se acusa deliberadamente a cualquier persona. Asimismo, se propagan patrones de consumo masivo contrapuestos a comportamientos pacíficos.

La violencia en hechos y datos. ¿Qué pasó tras la elección? (2022-2024)

  • Aproximadamente un mes antes de ascender a la presidencia de la República Rodrigo Chaves indicó, en marzo de 2022, que prefería que le tacharan de cavernícolaantes de firmar un compromiso contra la violencia de género.
  • El FEES sufre un recorte de ₡129 000 en 2022. Esto significó un retroceso en materia educativa y en el financiamiento de la educación pública del territorio nacional.
  • El asesinato del líder indígena Jehry Rivera fue aplaudido por representantes gubernamentales y finqueros mediante un vídeo publicado en redes sociales en agosto de 2022. Asimismo, aumentaron las agresiones de la fuerza pública y de los finqueros contra los pueblos originarios.
  • Durante el año 2022 aproximadamente 6888 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, representando un 87% del total de los delitos sexuales reportados en el país.
    • La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 señaló que el delito más posible de experimentar es un asalto en la calle, con un 21% de las personas encuestadas indicando esa probabilidad.
      • Las agresiones físicas y sexuales proliferan en los espacios públicos, con un 75% de las personas encuestadas señalándolo.
  • El desempleo juvenil aumentó durante el primer trimestre de 2023.
    • El asesino de Jehry Rivera fue puesto en libertad en julio de 2023. Esto da cuenta de la proliferación de conductas antidemocráticas, especialmente contra los pueblos originarios.
    • Se ha atacado a las universidades públicas, a sus estudiantes y sus movimientos de protesta en relación con el FEES. Esto ha ocasionado un debate en redes sociales acerca de la posición de la educación superior pública como un sujeto contrapuesto a la figura presidencial actual.
    • Los ataques contra la Contraloría General de la República han aumentado durante la gestión Chaves-Robles. Al respecto de esto, la CGR ha señalado, en los últimos años, irregularidades en las gestiones del SINART, ICE y CCSS.
    • El Informe del Estado de la Nación indicó, en noviembre de 2023, que la desigualdad mantiene una tendencia creciente en Costa Rica. Esto provoca un aumento en los índices de violencia.
      • Al menos, un 54% de los hombres asesinados durante 2023 eran menores de 35 años.
  • La Ley Jaguar, Exp. No. 24 364, publicitada en junio de 2024, provocaría acuerdos menos transparentes y la eliminación de la fiscalización de los fondos públicos.
    • El sistema judicial nacional pierde confianza al reportarse la colaboración de varios jueces en casos de índole criminal relacionados al narcotráfico a través del Caso Madre Patria en junio de 2024. Esto remonta a lo mencionado por la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2022 donde se reportó que un 59,2% de las personas no está de acuerdo con que los jueces cumplan prontamente la justicia.
      • Esto provoca que las familias tomen medidas como no permitir que los infantes jueguen fuera o que no visiten las casas de otros infantes. Esto podría, a su vez, ocasionar actitudes antidemocráticas basadas en el confinamiento, como reflejo de la época pandémica. Asimismo, las familias piensan que aumentar el número de policías de la fuerza pública podría solucionar los problemas de seguridad humanitaria.
        • Sin embargo, el encarcelamiento de jóvenes reflejaría las fallas del mismo sistema en auxiliar debidamente a dicho sector de la población.
        • Asimismo, es necesario anotar que, desde instituciones sociales como la educación, la familia y la comunidad, no se están identificando y reconociendo dichos casos con el suficiente tiempo. Esto podría manifestar el declive de la calidad social y educativa nacional actual.
      • El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que un aproximado de 56% de los 406 homicidios contabilizados hasta mediados de junio de 2024 están vinculados a la delincuencia organizada.
    • La diversidad sexual es violentada a través del despido de la ministra de Cultura por tramitar un interés público para la marcha de la diversidad del mes del orgullo en junio de 2024.
    • Aproximadamente, un 38% de los infantes costarricenses conviven con condiciones desfavorables en sus hogares, especialmente en las zonas fronterizas y costeras del territorio nacional. Esto les hace vulnerables ante el abandono de los estudios escolares y los convierte en terreno para el cultivo del crimen organizado. Además, esas condiciones vulnerables aumentan la probabilidad del reclutamiento de los jóvenes en los gremios del crimen organizado.
      • La pronta entrada a la adolescencia provoca que las personas jóvenes tomen decisiones impulsivas. Asimismo, las sanciones legales dirigidas hacia este sector poblacional tienden a suavizarse. Esto, pues son dispositivos de apoyo de los grupos criminales organizados del país al momento de reclutar jóvenes en sus filas.

Pareciera ser que las consecuencias del crimen organizado suponen un golpe bajo hacia la calidad de la seguridad humanitaria actual. Sin embargo, estas secuelas también poseen una presencia física y psicológica. Con esto, es posible referirse a las recuperaciones físicas de las heridas provocadas en un asalto, así como al abordaje psicológico de las emociones de miedo, depresión y ansiedad ocasionadas por estos eventos. Asimismo, los homicidios embebidos de las condiciones deplorables de la seguridad ciudadana actual suponen desintegraciones familiares, gastos fúnebres y desencanto comunitario.

Así pues, pueden listarse los siguientes elementos clave para comprender la configuración de la crisis de seguridad humanitaria vivida en el territorio nacional:

  1. La pandemia ocasionó un impacto considerable. El aumento del desempleo provocó dinámicas de desigualdad de ingresos, resultando en la exclusión social de las personas desposeídas.
  2. La crisis de seguridad humanitaria no representa un problema nuevo. Esta es identificable a través de sucesos económicos y sociales ocurridos durante los últimos cuarenta años.
  3. Los recortes presupuestarios a programas educativos (como el FEES), así como a la inversión social y comunitaria general están asociados con la disminución de la calidad de la educación pública y la integración social comunal. Esto provoca condiciones de cultivo para la inseguridad social a través de la deserción escolar y las oportunidades para que las personas accedan a educación universitaria becada y de calidad.
  4. El crimen organizado es un síntoma tangible de la crisis humanitaria de seguridad que vive el territorio nacional. El declive de la calidad de vida y de educación supone que las personas jóvenes encuentren un atractivo en pertenecer a un grupo criminal organizado.
  5. El ascenso de la administración Chaves-Robles al poder está aparejada con sentimientos y emociones de descontento, enojo, rencor y actitudes antidemocráticas heredadas por el confinamiento durante la pandemia, el deterioro económico-social de décadas, y el desencanto con la función pública.
  6. El estilo autoritario para gobernar, sumado a otras expresiones de violencia discursiva que pululan en redes sociales y en representantes de algunos sectores sociales, políticos y deportivos configuran el caldo de cultivo para manifestaciones de violencia generalizada, más allá de los hechos atribuibles al crimen organizado.

Personas, entidades y otras fuentes consultadas

  • Allen Cordero Ulate. Sociólogo.
  • Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica
  • Henry Mora Jiménez. Escuela de Economía de la UNA.
  • Isabel Ducca Durán. Socióloga.
  • José Andrés Díaz González. Politólogo, IDESPO, UNA.
  • José Francisco Pacheco Jiménez. Economista, consultor internacional.
  • Laura Fernández Díaz – directora del Área de Niñez y Adolescencia, Defensoría de los Habitantes.
  • Marco Vinicio Fournier. Psicólogo.
  • Pablo Chaverri Chaves. Académico INEINA, UNA.
  • Observatorio Económico y Social. Escuela de Economía UNA.
  • Oficina de Comunicación. Universidad Nacional de Costa Rica
  • Ovares, C. (18 de octubre de 2020). ¿Otra ‘década perdida’ en Costa Rica? AgendaPública.
  • SURCOS Digital

Las imágenes son parte de un estudio de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.


  1. Redactado por Sofía Jiménez Murillo, estudiante de Sociología UCR, carné universitario C19987.

Recolección de información y coordinación: Magister Héctor Ferlini Salazar, comunicador, administrador, docente UCR, director de SURCOS Digital.

Crimen organizado y proyección de paz

Marlin Óscar Ávila.

Por Marlin Oscar Ávila H.
22 de julio de 2024

Muchos son los que piensan que el crimen organizado en Honduras es de reciente aparición

El crimen organizado obedece al interés de terceras personas y no necesariamente es de quien materializa la ejecución, tanto de una persona, como de varias simultáneamente, a la que se le denomina masacre.

Estos crímenes adquieren mayor relieve local e internacional desde tiempos de famosos personajes como el Dr. Tiburcio Carias, en Honduras y Maximiliano Hernández Martínez, asesino de miles de indígenas, en la década de los treinta en El Salvador, así también, adquiere relevancia el golpe de estado contra el presidente Jacobo Árbenz, en Guatemala, en junio de 1954, apoyados e iniciados por la agencia estadounidense CIA y la empresa bananera United Fruit Company.

Los gobernantes de los países donde predominaba el cultivo del banano en manos de la compañía bananera tenían que ser avalados, sino nominados, por las empresas bananeras. Así mismo, los civiles con alguna cuota de poder avalaban a quienes se trasladaban a las zonas bananeras para obtener contratos de trabajo, incluyendo a nuevos profesionales quienes regresaban de diferentes universidades en el extranjero. Por ejemplo las zonas de Quepos, en el Pacífico de Costa Rica, o la costa norte del Atlántico en Honduras, fueron centros de importante concentración poblacional, porque allí se ubicaron los enclaves bananero que contrataban mano de obra no especializada, en masa, puesto que la misma empresa aun no incursionaba en la tecnología para sustituir a obreros, incluso, utilizaba las bestias mulares para extraer los tallos de banano hasta las plantas procesadoras, previo a ser transportados por tren a los puertos de exportación.

En un enclave bananero existía todo tipo de servicio, sin que la población trabajadora y familiares, tuviera que salir, de los campos bananeros. La seguridad e integridad física, la garantizaba la empresa. Para eso, cada finca tenía escuelas, centros de salud, tiendas de abarrotes y hasta se contaba con dos hospitales en el Atlántico, uno en Tela y otro en la Ceiba en Honduras, así como en el Pacifico de Costa Rica.

No obstante, se tenía un cuerpo policial para la seguridad, esta incluía a bandas de paramilitares, con libertad e impunidad necesaria para asesinar a quienes estorbaran la gestión de los empleados de confianza o, los trabajadores tratarán de organizar un sindicato. En ese tiempo se hizo famoso por sus crímenes el señor Guayo Galeano, originario de Lempira, quien comandaba bandas de asesinos a lo largo del río Ulua. Era muy frecuente el descubrimiento por las mañanas, de cadáveres cubiertos con las hojas de bananos dentro de las fincas, después de que líderes campeños fueran sacados de sus casas, la noche anterior.

Por esto, la famosa «huelga del 54», fue toda una odisea organizativa, que tuvo muchos desaparecidos y asesinados.

Fueron las empresas bananeras quienes trajeron a la franja centroamericana, los primeros grupos paramilitares que mantuvieron en condiciones de sometimiento a la clase trabajadora.

Esto es ahora muy importante de conocerlo y estudiarlo, puesto que 70 años después, pareciera que se quiere repetir la historia con las llamadas ZEDES (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico). Según el proyecto, las ZEDES tendrían un amplio territorio, con leyes y autoridades judiciales y policiales propias, con bastante autonomía para actuar y definir su destino. Serían similares al enclave bananero, sin una empresa bananera, pero otras empresas transnacionales de inversión extranjera para extraer los recursos del país.

Porque hay un gobierno progresista, el proyecto de las ZEDES está siendo abolido sin que estemos seguros de que, en un futuro, no se vuelva a ello con un gobierno conservador. Así como los índices de muertes violentas han ido bajando, podríamos retroceder a un estado de mayor inseguridad, volviendo a estar entre los diez países con mayor violencia del mundo, si la población adulta, y joven, no se informa y adquiere una conciencia crítica, dispuesta al mejoramiento de su calidad de vida, a luchar por la paz, en estos tiempos de guerra en otras regiones del mundo y a mantener el estado democrático, sin injerencia militar.

La crisis que nos negamos a enunciar

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En esta columna, durante mucho tiempo, hemos hecho referencia a la pérdida de contrato social en Costa Rica. Eso se expresa en muchos órdenes de la vida social, cultural e institucional del país.

Pero un indicador claro, contundente, que refleja ese nivel de caducidad del proyecto horizontal e igualitario de la sociedad en su conjunto, es la ausencia absoluta de presente y horizonte para un sector de nuestra población.

En febrero del año en curso, en menos de una semana, tres adolescentes entre 15 y 16 años fueron abatidos en presuntos hechos relacionados con el sicariato.

Las reglas del juego de la inclusión social le fueron arrebatadas a mecanismos de movilidad como la educación y la cultura misma.

En su lugar, grupos del crimen organizado se han encargado de mostrar a las personas jóvenes que con menos esfuerzos y con niveles de compromiso inéditos hacia la acción delictiva, podrán escalar posiciones, mejorar ingresos y construirse un nombre, una identidad en medio de una crisis profunda de legitimación en todas las dimensiones.

Hace poco un medio nacional hacía referencia a una estadística demoledora: cada 12 días es asesinada una persona menor de edad en Costa Rica, lo que significa que entramos a una crisis sin retorno en la destrucción de las posibilidades para estas nuevas generaciones.

Hablamos poco en el país de este hecho. No lo entendemos o no lo queremos enunciar, verbalizar. Las cifras son orientadoras de que algo está pasando: 2023 fue el año más violento de la historia y para el caso que nos ocupa, desde 2018 no se habían producido tantas muertes (42) de personas menores de edad.

Algo de verdad está pasando. Nos bajamos del proyecto colectivo y entre las víctimas colaterales, directas más bien, se encuentran niños, niñas y adolescentes que hoy por hoy son la primera línea de los ataques sistemáticos del modelo social y económico impuesto en este país hace más de 40 años.

Hablemos. Accionemos. No volvamos a perder una década de esta manera.

Paralizados por todas partes

Abelardo Morales Gamboa

Ya las cosas venían mal en este país; siguen mal y pintan peor. Tenemos uno si no el peor de los gobiernos de la historia reciente, pero no solo el gobierno toma malas decisiones, o no toma ninguna o toma las que toma con muy mala leche. Este grupito ha venido a empeorar la situación de los costarricenses, no hay duda. Podríamos sentarnos a llorar, pero con llorar no logramos nada.

Pero qué hace que este gobierno sea un desastre, cause los desastres que causa y nada pasa, los partidos políticos de oposición si es que hacen oposición, los sindicatos y organizaciones sociales, la sacrosanta intelectualidad de este país, nadie mueve un dedo, no pasamos de arrugar las narices y de seguir confinados en nuestro confort neoliberal, claro, pero con poses antineoliberales porque frente al mal debemos aparentar ser políticamente correctos.

Peor aún, el gobierno es un desastre, paraliza todo, pero hay un segmento de la población que le aplaude; si las encuestas están bien hechas, no lo sé, podríamos decir que el desastre y la parálisis gozan de legitimidad y de apoyo popular. No obstante, vemos a las derechas del PUSC y neoliberales descendientes del movimiento libertario con aires de triunfo. Están convencidos de que esta es su gran oportunidad. En río revuelto…

Hay que reconocerle al grupo que nos gobierna su genialidad. Aunque parezcan burdos, tontos no son. No más entrando al poder pararon todo desde el uso de mascarillas hasta la construcción de hospitales. Detuvieron obras viales importantes; la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido de las peores en décadas y allí sigue el ministro como un mono agarrando el zapote. Ni qué decir sobre Educación y Salud.

Este gobierno acaba de dinamitar los programas de inversión social y condenar a miles de familias, de niños y de jóvenes, no solo a la pobreza sino a situaciones de riesgo que al cabo de un par de años pondrían a este país de rodillas frente al crimen organizado y el autoritarismo. El presidente llama a las familias pobres a asumir el sacrificio y nada pasa. Si yo les diera crédito a las conspiraciones creería que nos lavaron el cerebro, les echaría la culpa a las vacunas o a algún poder extraterrestre.

Tampoco bastan los editoriales y titulares de la prensa que también tienen responsabilidades en esta pérdida de conciencia colectiva. Hay que reconocer que, durante décadas, mientras el país avanzaba en educación, ciencias y cultura, estábamos dominados por una prensa empobrecida intelectualmente. Luego vino el desastre en educación, los contenidos de las redes sociales se volvieron más creíbles que los cuentos de la abuela, pero ya el daño estaba hecho.

Hemos llegado al punto de que un accidente paraliza el tránsito durante largas horas en cualquier vía de comunicación. El colmo es que la construcción de un puente paraliza a toda la región central del país durante meses. La parálisis no es solo mala planificación, aunque la desplanificación y el valeverguismo de los funcionarios sea resultado precisamente de la pérdida de sentido de la responsabilidad pública.

La parálisis en la que nos tiene este gobierno no es un accidente, no es un producto no previsto de la presente coyuntura histórica. No. Este gobierno sintetiza nuestra historia reciente, es hijo del desastre de fuerzas políticas y sociales que llenaron bancadas legislativas y ocuparon el gobierno en los tiempos del neoliberalismo.

Es el resultado cultural del empobrecimiento de la opinión pública hecho por la prensa de derecha, de la crisis de la educación gracias a gremios auto centrados en sus conquistas sindicales y cada vez más alejados de las congojas de los maestros y de las familias pobres, este gobierno nos está mostrando, dientes para afuera y sonrisa rechoncha, que es el resultado de una empobrecida cultura cívica, de una democracia anémica y de partidos partidos a pedacitos. Lo dicen, los vemos y les oímos, pero no abrimos los ojos. Pero la derecha va por su tajada.

Pérdida de respeto a la autoridad policial agravaría crisis social

UNA Comunica. 23 de enero del 2024. A plena luz del día, y a vista y paciencia de las personas que transitaban por el lugar, dos sujetos armados acabaron con la vida de un policía en Limón, quien gozaba de su día libre. Esto ocurrió el jueves pasado.

Este suceso se suma a una serie de acontecimientos donde la seguridad de los cuerpos policiales se ha visto comprometida. En Linda Vista de La Unión, dos personas con armas de grueso calibre amenazaron a agentes encubiertos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el 26 de diciembre anterior.

Lo que queda en evidencia, es el irrespeto que grupos de delincuencia organizada están teniendo sobre la autoridad de los cuerpos policiales. Para el sociólogo y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA), Guillermo Acuña, esta es la antesala de una crisis social que eleva a otro nivel la inseguridad que atraviesa el país.

“Este es uno de los primeros indicios de que estamos viviendo un periodo de transformación -en la lógica en que fue conformado el Estado costarricense a lo largo de las décadas-, que ahora están marcando un principio hacia nuevos procesos, que no se sabe cómo van a terminar, pero que en otras latitudes han sido la antesala de una guerra frontal entre el Estado y las estructuras criminales”, reflexionó Acuña.

Con él coincide el sociólogo Abelardo Morales, para quien el país está entrando en una fase peligrosa. “Estamos en una etapa de la violencia muy diferente a la de años atrás, donde hay una inestabilidad provocada por la violencia delictiva y donde el crimen organizado se ha insertado en la vida social costarricense”, apuntó.

En 22 días que lleva el año, 47 personas han sido víctimas de la violencia que se vive en las calles.

Filtración peligrosa

Morales señala que el acontecimiento derivado del irrespeto a la autoridad por parte del crimen organizado es una evidencia de la filtración de estos grupos en el tejido social costarricense, y terminan siendo el resultado del debilitamiento de la institucionalidad y de la poca respuesta que se pueda ofrecer a las oportunidades de educación, salud, ascenso y bienestar al que toda persona aspira.

“Estamos entregando las estructuras sociales y económicas al crimen, y ese es el cambio fundamental en la situación de inseguridad y violencia que se vive hoy con respecto a décadas atrás. Ya hay lugares en Costa Rica, como en otros países, donde un grupo criminal goza de más apoyo y credibilidad que un partido político o una organización social, porque provee medios de vida, seguridad y protección a una barriada”, comentó el sociólogo de la UNA.

Videos que han circulado en los últimos días, muestran al aparente líder de un grupo criminal apodado “Lucifer”, siendo aplaudido y vitoreado por jóvenes de una comunidad mientras viajaba en un vehículo. Esta persona, al parecer, fue una de las víctimas del atentado cuádruple del sábado anterior en Purral de Goicoechea. Este es un claro ejemplo de lo que menciona el experto Abelardo Morales.

Desde un análisis sociológico, Guillermo Acuña señala que existe un “sentimiento de desazón colectivo”, cuando miembros de las fuerzas de seguridad de una nación se ven vulneradas y superadas por parte de los grupos delincuenciales.

El riesgo en la percepción de que las personas que velan por el orden y la seguridad de los ciudadanos se vea vulnerada puede conllevar a otro tipo de riesgos. “La gente podría estar ante el escenario de tomar la justicia por sus propias manos y eso lo hemos visto en otros lugares en respuesta a una sensación en que la autoridad no responde, llega tarde o no llega del todo”, manifestó Acuña.

Desde su perspectiva, en la situación de los cuerpos policiales se aplica la frase de “tigre suelto versus burro amarrado”, en el sentido de que las estructuras criminales han tecnificado sus procesos, cuentan con equipo, logística y organización, mientras que la institucionalidad policial se ve afectada por la falta de condiciones laborales mínimas. “Estamos en total indefensión”, señaló.

Causas

Existen dos factores que, a criterio del sociólogo Abelardo Morales, inciden en la situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país.

Uno de ellos está vinculado al hecho de que la educación ha dejado de ser una oportunidad de ascenso e integración social. De acuerdo con el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, la tasa de desempleo juvenil cerró el segundo semestre de 2023 en 27,40% la cual es hasta 2,85 veces superior a la tasa de desempleo nacional.

El otro factor que señala el experto es el desencanto de la población por el funcionamiento de la institucionalidad. “Hay un resentimiento sobre el actuar de las autoridades donde se percibe que no castigan, que el sistema judicial no funciona y que se puede prescindir de la ley”.

Para Guillermo Acuña, lo que ocurre es producto de un funcionamiento del Estado que “no está para muchos sectores de la población” y que esos espacios han venido a ser ocupados por poderes fácticos o no políticos. “Para operar, estas lógicas no políticas se apropian de la gestión y administración territorial y de ciertos recursos. Cuando encuentran alguna posibilidad de que haya algún tipo de bloqueo, es cuando acuden a la violencia para alcanzar sus objetivos”.

Este cúmulo de circunstancias hacen que el país haya perdido la “excepcionalidad” de la que ha gozado durante décadas, de un país de paz y seguridad. “Estamos en un punto de no retorno, que nos muestra que el proyecto de construcción social que cimentamos en la década de los cuarenta llegó a su fin, que ya se agotó y que estamos entrando en una nueva fase, menos excepcional”, manifestó Acuña.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen: UCR.

Extractivismos y crimen organizado: Apuntes conceptuales

Observatorio de Bienes Comunes

El crimen organizado es un actor presente en nuestros territorios, el cual, tiene diversas estrategias para afianzar su presencia e imponer las condiciones para la gestión de las relaciones de poder. Por estar razón, es una dimensión más, que debemos tener en cuenta para cuando reflexionamos sobre los desafíos que representa nuestros contextos actuales.

Aprovechamos la publicación de CLACSO del libro «Conflictos territoriales y territorialidades en disputa», y en particular el artículo «Crimen organizado, economías ilícitas y geografías de la criminalidad: otras claves para pensar el extractivismo del siglo XXI en América Latina escrito» por Emiliano Teran Mantovani(2021), para destacar algunos aportes conceptuales que nos permitan orientar nuestras reflexiones en torno al transfondo del crimen organizado, en este caso, resaltamos algunos insumos para acercarnos a su conformación y dinámicas de afianzamiento, como lo son: su componente organizacional, el perfil de su carácter criminal, su orientación económica y su forma política.

Es por esta razón, que les compartimos la siguiente infografía, que nos permite exponer estos conceptos para contribuir a nuestras reflexiones personales y colectivas en torno a este actor que cada vez más, representa una dimensión determinante en nuestros territorios.