Etiqueta: crimen organizado

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen

El narcotráfico constituye uno de los fenómenos de mayor complejidad para los Estados contemporáneos. Su capacidad de adaptación económica, territorial, financiera y tecnológica dificulta que pueda ser enfrentado exclusivamente mediante operaciones policiales tradicionales, decomisos y detenciones. Costa Rica cuenta con instituciones, legislación y políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno de las drogas, el crimen organizado y la legitimación de capitales. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene, entre otras funciones, la coordinación y diseño de políticas nacionales en esta materia. En abril de 2026 fue aprobada la nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035.

El presente ensayo propone complementar ese marco mediante un cambio de paradigma: pasar de una estrategia predominantemente reactiva a un modelo de gestión inteligente del fenómeno criminal, sustentado en información, inteligencia humana, análisis territorial, inteligencia financiera, tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A este enfoque analítico se incorpora el análisis de impacto de la extradición como una herramienta de cooperación jurídica internacional de alta intensidad. Lejos de entenderse como una solución punitiva aislada, la extradición se analiza como un elemento disruptivo que altera las dinámicas del mercado ilícito, las estructuras de mando y los niveles de violencia.

La propuesta no consiste en negociar con organizaciones criminales ni en convertirlas en interlocutores del Estado. Tampoco plantea sustituir a policías, fiscales o jueces por algoritmos.

La propuesta consiste en administrar las condiciones que permiten que las estructuras criminales prosperen: mercados ilícitos, flujos financieros, territorios vulnerables, violencia, corrupción, demanda, infraestructura logística y redes de información.

Para ello se plantea el modelo CR-IA 2035, basado en seis pilares transversales potenciados por la analítica predictiva y la cooperación internacional:

• Administrar el mercado, no al cartel.

• Administrar la violencia.

• Administrar el dinero.

• Administrar el territorio.

• Administrar la demanda y el daño social.

• Administrar los resultados.

La inteligencia artificial constituye un componente transversal destinado a mejorar la capacidad del Estado para detectar patrones, identificar riesgos, priorizar recursos, evaluar políticas y aprender de sus propios resultados.

Palabras clave: Costa Rica, narcotráfico, crimen organizado, inteligencia artificial, TIC, seguridad, lavado de activos, política pública, inteligencia financiera, territorio, extradición.

Introducción

El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema asociado con el traslado clandestino de sustancias. Es también un fenómeno económico, financiero, territorial, tecnológico, social e institucional.

Costa Rica atraviesa una transformación profunda de su entorno de seguridad. El país históricamente se ha caracterizado por instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de inversión social. Sin embargo, el crecimiento de determinadas formas de delincuencia organizada ha modificado las condiciones de seguridad y plantea nuevos desafíos para el Estado.

El crimen organizado funciona como una red. Produce, transporta, financia, distribuye, lava dinero, adquiere propiedades, establece relaciones comerciales, recluta personas y utiliza tecnologías para comunicarse y ocultar sus actividades. Por ello, combatirlo exige que el Estado también opere como una red.

Las organizaciones criminales contemporáneas pueden utilizar empresas, estructuras financieras, redes de transporte, comunicaciones digitales, comercio internacional, mecanismos de corrupción y relaciones transnacionales para desarrollar actividades ilícitas. Por esa razón, una política pública que mida su éxito únicamente por cantidad de droga decomisada o número de personas detenidas corre el riesgo de observar solamente una parte del fenómeno.

La pregunta fundamental debería ser más amplia y sistémica:
¿Qué condiciones permiten que el crimen organizado continúe reproduciéndose aun después de importantes operaciones policiales?

Esta pregunta conduce a un cambio conceptual. El objetivo no debería limitarse a perseguir indefinidamente organizaciones que pueden ser fácilmente sustituidas por otras. El objetivo debe ser reducir la capacidad del sistema criminal para reproducirse.

En este nuevo escenario, herramientas de alta intensidad como la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y crimen organizado actúan como un factor de disuasión y ruptura. No obstante, si la extradición no se acompaña de una estrategia de datos, puede generar efectos secundarios imprevistos, como la fragmentación de bandas y el aumento de la violencia local por disputas de poder.

Costa Rica ya dispone de una arquitectura institucional que reconoce la necesidad de una respuesta integral. El ICD señala que la política nacional comprende reducción de la demanda, control de la oferta, prevención, tratamiento, legitimación de capitales y coordinación interinstitucional. El siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades contemporáneas de procesamiento de información.

La pregunta ya no es solamente cuántos agentes puede desplegar un Estado o cuántas extradiciones puede ejecutar. También es: ¿Cuánta inteligencia puede producir con la información que ya posee para gestionar los efectos de estas intervenciones?

Metodología y enfoque sistémico

El presente ensayo utiliza una metodología cualitativa, analítica, documental, sistémica y propositiva.

La investigación parte de la revisión de políticas públicas, legislación, estrategias nacionales y estructuras institucionales relacionadas con drogas, crimen organizado, legitimación de capitales, tecnología e inteligencia artificial.

Se utiliza además un enfoque sistémico para analizar el narcotráfico como un fenómeno compuesto por diferentes subsistemas interconectados:

• Mercado ilícito;

• Oferta y demanda;

• Estructuras criminales y liderazgos;

• Mecanismos de cooperación internacional (extradición);

• Violencia;

• Territorio;

• Logística;

• Flujos financieros;

• Corrupción;

• Tecnología;

• Instituciones y condiciones sociales.

El análisis se complementa con una perspectiva de política pública basada en evidencia. Esto implica que las intervenciones estatales —incluyendo los efectos de los procesos de extradición en la estabilidad de las organizaciones criminales— deberían ser evaluadas mediante indicadores verificables y no únicamente mediante percepciones políticas o mediáticas.

Finalmente, el ensayo desarrolla una propuesta institucional denominada CR-IA 2035, cuyo propósito es integrar progresivamente información, inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y evaluación.

La metodología reconoce una limitación importante: la inteligencia artificial puede identificar patrones y probabilidades, y la extradición puede remover liderazgos accidentales, pero ninguna de las dos determina por sí misma la culpabilidad jurídica final ni soluciona las causas estructurales del delito. Por ello, cualquier utilización de tecnología y de IA en seguridad pública debe permanecer subordinada al ordenamiento jurídico, la supervisión humana, el debido proceso, la protección de datos y los mecanismos de control institucional.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo nacional de gestión inteligente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, basado en la integración de información, TIC, inteligencia artificial, análisis territorial, inteligencia financiera, el uso estratégico de la extradición y la evaluación de políticas públicas, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva, investigativa, institucional y social del Estado.

Objetivos específicos

• Analizar el narcotráfico como fenómeno económico, financiero, territorial, social, tecnológico e institucional.

• Examinar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en la interdicción, incautación y captura tradicional.

• Evaluar el impacto de la extradición como variable disruptiva en la estructura de mandos del crimen organizado y sus efectos secundarios en la violencia territorial.

• Proponer mecanismos de integración de datos entre instituciones públicas y agencias internacionales.

• Desarrollar aplicaciones de IA para detección de anomalías, análisis de redes, inteligencia geográfica y evaluación de impacto criminal.

• Fortalecer la inteligencia financiera y la recuperación de activos como complemento de la persecución penal internacional.

• Identificar territorios y poblaciones sometidos a mayores factores de vulnerabilidad ante la fragmentación de carteles.

• Incorporar mecanismos de prevención social y reducción del daño.

• Crear indicadores nacionales e índices dinámicos para medir resultados de las políticas de persecución y extradición.

• Fortalecer la participación de universidades y centros de investigación.

• Establecer una hoja de ruta CR-IA 2035 para construir progresivamente capacidades de Estado inteligente.

Pregunta central de investigación

La investigación se articula alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cómo puede Costa Rica utilizar las TIC, la inteligencia artificial, la inteligencia financiera, el análisis territorial y herramientas de cooperación internacional como la extradición para complementar la lucha tradicional contra el narcotráfico y desarrollar una gestión inteligente, preventiva, medible y jurídicamente garantista del crimen organizado?

De ella surge una segunda interrogante:

¿Puede el Estado intervenir eficazmente sobre las condiciones económicas, financieras, territoriales, sociales y tecnológicas que permiten la expansión del crimen organizado —y gestionar los vacíos de poder provocados por la extradición de líderes criminales— sin sustituir el Estado de derecho por sistemas automatizados de vigilancia o decisión?

Este ensayo propone que sí, siempre que la tecnología y la cooperación jurídica internacional sean concebidas como herramientas institucionales y no como sustitutos de la responsabilidad humana.

Marco jurídico e institucional de cooperación internacional

Costa Rica no parte de cero.

La Ley N.º 8204 constituye uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de estupefacientes, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El ICD fue creado precisamente dentro de este marco y tiene funciones relacionadas con el diseño, coordinación e implementación de políticas contra el tráfico ilícito de drogas, actividades conexas y legitimación de capitales.

Costa Rica cuenta además con la Ley N.º 8754 contra la Delincuencia Organizada, códigos procesales que regulan la cooperación internacional, los tratados bilaterales y multilaterales de extradición vigentes y mecanismos relacionados con la incautación, comiso y administración de bienes.

En abril de 2026, el Consejo Directivo del ICD aprobó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.

El marco constitucional y los tratados internacionales de extradición imponen límites garantistas estrictos. Esto permite plantear una conclusión metodológica:
CR-IA 2035 no debería construirse como una política paralela, sino como una capa de modernización tecnológica, analítica y predictiva que complemente la arquitectura institucional existente, agilizando el intercambio de información con agencias extranjeras para robustecer los expedientes de extradición y medir sus repercusiones internas.

El cambio de paradigma

Durante décadas, la respuesta frente al narcotráfico se ha asociado principalmente con herramientas punitivas y policiales aisladas:

• Persecución policial;

• Operaciones de interdicción;

• Decomisos;

• Detenciones;

• Investigaciones judiciales;

• Destrucción de infraestructura criminal.

Estas herramientas continúan siendo necesarias. La propuesta no es abandonarlas; el problema aparece cuando se convierten en la totalidad de la estrategia.

Una organización criminal puede perder miembros y reconstruirse. Puede perder cargamentos y reemplazarlos. Puede perder dinero y generar nuevos ingresos. Puede perder territorio o una ruta y trasladarse o desarrollar otra. Por ello, una política pública inteligente debe intervenir simultáneamente sobre las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno.

El nuevo paradigma del Estado costarricense frente al fenómeno del narcotráfico se reestructura bajo la siguiente matriz de transición:

La propuesta consiste en pasar de los individuos a las redes, de los decomisos a los resultados y de la información tradicional a la inteligencia aumentada mediante IA. Esto no significa administrar a los carteles ni establecer acuerdos con organizaciones criminales, sino administrar el fenómeno criminal.

El impacto de la extradición en el subsistema criminal

La extradición de altos mandos del narcotráfico produce una profunda alteración en las estructuras criminales. Para que esta herramienta no genere efectos adversos en la seguridad ciudadana, su impacto debe analizarse desde la perspectiva de la ciencia de datos bajo tres dimensiones críticas:

• A. Fragmentación estructural y el «efecto hidra»: La remoción de un líder criminal mediante la extradición rompe la cadena de mando vertical. La analítica de datos demuestra que esto suele provocar la división de una gran organización en múltiples células más pequeñas, locales y frecuentemente más agresivas. La IA aplicada al análisis de redes criminales permite prever estas ramificaciones e identificar de forma temprana quiénes asumirán los liderazgos intermedios para interceptar la reestructuración de la banda.

• B. Desplazamiento geográfico y disputas territoriales: Cuando un jefe criminal es extraditado, el vacío de poder debilita el control monopólico de un territorio, incentivando a organizaciones rivales a invadir dichas zonas mediante el uso de la fuerza. El procesamiento de información geográfica integrada permite mapear de forma predictiva qué territorios sufrirán picos de violencia tras una extradición, orientando el despliegue policial y social preventivo en los cuadrantes exactos de alta vulnerabilidad.

• C. Ruptura de canales financieros y logísticos: El mayor valor de la extradición no radica en el aislamiento físico del criminal, sino en la pérdida de sus conexiones directas con los mercados financieros y logísticos internacionales. Al perder sus canales de comunicación habituales, la organización local experimenta una parálisis temporal en el blanqueo de capitales. El cruce inmediato de datos tributarios, inmobiliarios y aduaneros en el momento de la captura facilita el congelamiento de activos antes de que la red intente diversificar sus cuentas.