Etiqueta: criminalización de la protesta

Rodrigo H. Campos Hernández

Hay escenas de las movilizaciones sociales que merecen tanta atención como los discursos y las demandas que las convocan. Una orquesta que lleva su música a una plaza. Jóvenes que abrazan a personas mayores que han llegado a expresarles su apoyo. Carteles hechos a mano, marionetas, danzas y canciones que transforman una calle. En esas prácticas se construyen relaciones, se transmiten memorias y se experimentan maneras de vivir juntos.

Mirar la protesta desde esta perspectiva permite reconocer algo que suele quedar relegado en las narraciones centradas en los enfrentamientos: la resistencia también produce comunidad. Su fuerza se encuentra en lo que reclama y en las relaciones que quienes participan logran construir durante la lucha.

La calle como lugar de encuentro

Las movilizaciones estudiantiles francesas ofrecen un punto de partida. La incorporación de docentes, familias, sindicatos y otros sectores permite observar cómo una demanda educativa puede convertirse en un espacio de convergencia social. También se han documentado expresiones de apoyo de personas mayores y jubiladas hacia las generaciones jóvenes. Esos encuentros abren una pregunta: ¿qué sucede cuando distintas edades reconocen que sus problemas y sus esperanzas están relacionados?

La solidaridad entre generaciones puede interrumpir prejuicios arraigados. La juventud deja de aparecer como incapaz de comprender el mundo; la vejez deja de quedar asociada inevitablemente con la resignación o el inmovilismo. Un abrazo entre quienes marchan y quienes llegan a acompañarlos puede expresar un reconocimiento político: tu lucha merece ser escuchada y tiene algo que ver conmigo.

Podemos hablar de una horizontalidad entre generaciones cuando la edad deja de funcionar como título automático de autoridad o motivo de descalificación. Esto no supone borrar las diferencias de experiencia. Significa reconocer una igual capacidad para participar, aprender y contribuir.

Una escena afectuosa no demuestra que todas las jerarquías hayan desaparecido. Pero permite advertir una posibilidad: construir relaciones en las que las diferencias no se conviertan necesariamente en subordinaciones.

La solidaridad también viaja en sentido inverso

Argentina aporta otra escena de ese encuentro. El 12 de marzo de 2025, hinchas de distintos clubes, sindicatos y organizaciones sociales acompañaron a jubiladas y jubilados frente al Congreso. Las agresiones sufridas por personas mayores en protestas anteriores habían contribuido a movilizar nuevos apoyos. Durante aquella jornada, la respuesta policial volvió a incluir gases lacrimógenos, cañones de agua y proyectiles.

Las personas mayores eran protagonistas de una lucha que ya venían sosteniendo. Los sectores que se incorporaron reconocieron esa iniciativa y ampliaron su acompañamiento. Defender condiciones dignas para la vejez se convirtió en un motivo de encuentro entre personas con trayectorias y pertenencias diferentes.

Las camisetas de distintos equipos reunidas alrededor de una demanda compartida permiten leer también una dimensión estética de la solidaridad. Los símbolos de la cultura popular adquieren un sentido político que atraviesa rivalidades habituales. En esa convergencia se expresa una idea sencilla y exigente: lo que le sucede al otro también nos concierne.

El arte transforma la experiencia de protestar

La participación de L’Orchestre du Nouveau Monde en las movilizaciones francesas resulta especialmente significativa. Su manifiesto define al colectivo como una orquesta de resistencia comprometida con la justicia social y climática. Cuestiona el elitismo y el acceso desigual a la música clásica, y propone comprender el arte como un bien común.

Llevar una orquesta a la calle modifica las condiciones de encuentro con ese patrimonio cultural: quién puede escucharlo, dónde se interpreta y con qué luchas se relaciona. La música participa en una disputa por el acceso a la cultura y por el sentido de lo que compartimos.

Jacques Rancière (2000) ofrece una herramienta para comprenderlo mediante su concepto de «reparto de lo sensible»: la organización de aquello que puede verse, escucharse y reconocerse como parte de la vida común. Desde esta perspectiva, la política incluye la irrupción de quienes no eran reconocidos como interlocutores.

Aplicada a estas escenas, esa mirada permite comprender cómo una plaza ocupada por música, carteles y cuerpos modifica temporalmente los usos esperados del espacio. Quienes suelen aparecer como una interrupción del tránsito se presentan como personas con palabra, memoria y capacidad creadora.

La danza, las marionetas, las canciones y el humor hacen perceptibles demandas y experiencias. También permiten soportar el cansancio y reconocerse entre desconocidos. Su valor político merece ser examinado junto con sus formas artísticas.

La alegría y el cuidado construyen comunidad

Barbara Ehrenreich (2007) estudió la historia de la alegría colectiva y de las prácticas compartidas de música, danza y celebración. Su trabajo permite preguntarnos por la capacidad de estas experiencias para crear vínculos y por los conflictos que suscitan frente a distintas formas de autoridad.

En una movilización, la alegría puede ayudar a sostener la presencia y el compromiso. Quienes se encuentran descubren que su preocupación tiene resonancias en otras vidas. Esa experiencia puede transformar la soledad en disposición para actuar juntos.

También conviene observar los gestos menos espectaculares: acompañar a quien tiene miedo, adaptar el paso, escuchar, compartir recursos o facilitar que alguien descanse. Las investigaciones sobre movimientos sociales y política del cuidado muestran la importancia de examinar cómo la empatía y las prácticas de apoyo intervienen en la construcción de solidaridad.

La calidad democrática de una protesta se juega también allí. Importa quién puede participar, quién queda excluido y sobre quién recae el trabajo de cuidar. Una movilización puede proclamar igualdad y reproducir desigualdades en su organización. La horizontalidad requiere atención y trabajo.

Además, defender la alegría no significa exigir que las personas agraviadas sean siempre festivas o agradables. La resistencia contiene duelo, rabia, miedo y agotamiento. Su legitimidad no depende de ofrecer un espectáculo simpático a quienes la observan.

Una memoria que se canta, se baila y se escribe

Diana Taylor (2003) ha mostrado cómo las prácticas corporales y escénicas transmiten conocimiento y memoria. Desde esa perspectiva, las canciones, los gestos y las actuaciones callejeras pueden entenderse como formas de conservar y transformar experiencias colectivas.

Cada generación recibe expresiones de luchas anteriores y puede modificarlas. Una melodía conocida adquiere otra letra; un símbolo cambia de contexto; una consigna vuelve a circular. La cultura de la protesta se construye mediante esa relación entre herencia e invención.

Los grafitis y las intervenciones sobre monumentos abren una discusión semejante: ¿quién puede inscribir su memoria en la ciudad y qué voces son descalificadas de antemano como suciedad? Reconocer su significado político exige examinar también sus efectos materiales. Una proyección temporal, una pintada y un daño irreversible requieren valoraciones distintas. El análisis gana profundidad cuando considera tanto la disputa simbólica como el cuidado de bienes compartidos.

Los afectos también tienen política

La creatividad y las emociones no pertenecen exclusivamente a las izquierdas. Walter Benjamin (2003) advirtió sobre la estetización de la política en el fascismo. El espectáculo, los símbolos y la movilización afectiva también pueden servir a la obediencia y la exclusión.

La religión participa asimismo de experiencias estéticas mediante imágenes, música, rituales y gestos que generan pertenencia. Los estudios de Birgit Meyer (2009) permiten comprender esa dimensión sensible. Su significado político depende de cómo se emplea: las prácticas religiosas pueden sostener relaciones de autoridad, pero también experiencias de solidaridad y emancipación.

Por eso, la cuestión decisiva es qué relaciones promueven esas expresiones y qué lugar conceden a quienes piensan o viven de otra manera.

En Costa Rica, afirmaciones como la de Laura Fernández, recogida el 27 de mayo de 2026, según la cual «los comunistas destruyen a su paso todo», convierten una diversidad de actores y experiencias en un enemigo homogéneo. Frente a esa descalificación, documentar las prácticas creadoras de los movimientos permite recuperar la complejidad que el estigma elimina.

La sociedad que comienza a practicarse

La idea de política prefigurativa permite reunir estas observaciones: las formas de organizarse en el presente pueden procurar coherencia con la sociedad que se desea construir. La cooperación, la participación y el cuidado se convierten así en prácticas que deben ponerse a prueba durante la propia lucha.

Su alcance dependerá también de lo que perdure: redes de apoyo, aprendizajes, organización y compromisos que sobrevivan a la jornada. Una comunidad necesita continuidad para transformar la emoción del encuentro en capacidad colectiva.

Las estéticas de la resistencia hacen visibles esas posibilidades. En una orquesta que comparte la plaza, en generaciones que se reconocen y en personas que acompañan una demanda ajena, podemos observar ensayos de una vida común más digna.

La alegría disputa el poder cuando ayuda a construir esos vínculos. Y la pregunta que dejan abierta merece acompañarnos más allá de cada manifestación: ¿qué sociedad empieza a hacerse posible en la manera en que nos tratamos mientras resistimos?

Defender la protesta es defender la democracia

Esta reflexión adquiere una relevancia inmediata en Costa Rica. El llamado de Ariel Robles a marchar y acampar frente a la Asamblea Legislativa y el Gobierno, en defensa de la educación pública, dio lugar a una denuncia penal por presunta instigación pública y a una investigación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Su referencia a las movilizaciones de Francia y España fue interpretada por sus adversarios como una convocatoria a reproducir hechos violentos.

Ante esa interpretación, corresponde recuperar una distinción jurídica fundamental: convocar a movilizarse no equivale a instigar un delito. El artículo 26 de la Constitución Política reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, incluso para discutir asuntos políticos y examinar la conducta de los funcionarios. El artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege ese mismo derecho y exige que sus restricciones estén previstas legalmente y sean necesarias en una sociedad democrática. La presión ciudadana pacífica sobre quienes gobiernan forma parte del ejercicio de esas libertades.

El artículo 280 del Código Penal exige una instigación a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública. Por eso, atribuir carácter delictivo a una convocatoria requiere identificar la conducta criminal que se habría promovido y demostrar que el mensaje efectivamente incita a realizarla. En el llamado a marchar y acampar reproducido por la prensa no aparece una exhortación expresa a agredir personas, incendiar edificios o saquear comercios. La referencia a movilizaciones extranjeras tampoco permite, por sí sola, atribuir al convocante todos los actos cometidos durante ellas. Esta valoración se refiere a ese mensaje; el examen integral de la denuncia exige revisar los demás materiales que incorpora.

Una acampada puede constituir una forma de reunión pacífica. Sus condiciones concretas de lugar, duración y afectación de derechos ajenos deben examinarse mediante criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La incomodidad que provoca una protesta o su capacidad para interrumpir la rutina no la convierten automáticamente en violencia. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado, además, que los actos violentos aislados de algunos participantes no deben atribuirse indiscriminadamente a los demás, a los organizadores o a la reunión en su conjunto.

La apertura de una investigación tampoco demuestra la existencia de un delito. El control político debe respetar las libertades que hacen posible la deliberación democrática. Resulta particularmente preocupante que una comisión dedicada a los derechos humanos pueda contribuir a presentar como sospechoso el ejercicio de un derecho que está llamada a proteger. Si el reproche consiste únicamente en convocar una movilización pacífica para exigir una decisión presupuestaria distinta, ese reproche carece de sustento suficiente para una imputación por instigación pública.

Aquí se encuentran la dimensión jurídica y la dimensión cultural de la resistencia. La posibilidad de cantar, reunirse, acompañarse y permanecer juntos en el espacio público necesita garantías que protejan a quienes disienten. Una ciudadanía que teme ser investigada por convocar a una protesta dispone de menos libertad para construir esos vínculos y hacer escuchar sus demandas.

Defender la educación pública mediante una movilización pacífica es participar en la discusión sobre nuestro futuro común. Las instituciones democráticas deben poder escuchar esa presencia, incluso cuando resulta incómoda y exige cambios. En las calles, distintas generaciones pueden reconocerse, compartir sus preocupaciones y construir solidaridad. Proteger ese encuentro es también proteger la democracia.

La alegría disputa el poder cuando convierte el miedo y el aislamiento en capacidad de actuar juntos. Una democracia se fortalece cuando garantiza el espacio para que esa capacidad pueda ejercerse.

Augusto Boal (2022) comprendió que el teatro podía ser un ensayo de la revolución. Las estéticas de la resistencia nos invitan a llevar esa intuición a la calle: al cantar, bailar, intervenir sus muros y crear juntos, los pueblos ensayan formas de habitar el mundo y de decidir sobre él. Defender ese espacio de creación colectiva es defender una democracia en la que la ciudadanía pueda imaginar y construir algo distinto de lo que el poder le ofrece.