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Etiqueta: criminalización de la protesta

Convocan a acompañar procesos judiciales vinculados a la defensa de Palestina y al derecho a la protesta

Escrito en . Publicado en Portada, Solidaridad internacional.

La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica hizo un llamado a organizaciones sociales, colectivos, estudiantes, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general para acompañar y observar diversos procesos judiciales relacionados con personas que enfrentan causas derivadas de manifestaciones en solidaridad con Palestina y de protestas contra el abuso policial.

La convocatoria enfatiza que la protesta social no constituye un delito y plantea la importancia de la presencia ciudadana en las audiencias como una forma de respaldar la libertad de expresión, el derecho a la protesta, los derechos humanos y las garantías democráticas.

Según la información divulgada, las actividades de acompañamiento se realizarán en el Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea, frente al Parque de Goicoechea, donde se desarrollarán varias audiencias y juicios durante junio.

La primera actividad corresponde a la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes realizado en el Estadio Nacional, luego de mostrar la bandera palestina. La convocatoria señala que este proceso se relaciona con acciones de solidaridad con el pueblo palestino.

Asimismo, para el martes 9 de junio está prevista la continuación del juicio de una persona detenida durante el mismo contexto, por manifestarse en favor de Palestina en las afueras del estadio.

Posteriormente, los días 24 y 25 de junio se realizará el juicio de personas detenidas durante una manifestación contra el abuso policial ocurrida en 2023.

La Red de Solidaridad con Palestina sostiene que el acompañamiento ciudadano y la observación pública constituyen herramientas importantes para la defensa de los derechos fundamentales y para garantizar que los procesos judiciales se desarrollen con respeto a los principios democráticos y los derechos humanos.

Las personas organizadoras invitan a participar de manera pacífica y solidaria en las distintas jornadas programadas.

Cronograma de actividades

El sábado 30 de mayo se realizó la audiencia de personas arrestadas durante el traspaso de poderes dentro del Estadio Nacional por mostrar la bandera de Palestina.

Martes 9 de junio – 7:30 p.m.
Continuación del juicio de una persona detenida durante el traspaso de poderes por manifestarse en favor de Palestina fuera del estadio.

24 y 25 de junio
Juicio de personas detenidas en la manifestación contra el abuso policial de 2023.

Lugar: Circuito II de Tribunales de Justicia de Goicoechea (frente al Parque de Goicoechea).

Las peligrosas líneas que ya se cruzaron

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La semana anterior observamos con preocupación algunos hechos que conducen a pensar en la instalación de una deriva autoritaria sin retorno en Costa Rica.

Pienso en el manual aprendido y puesto en práctica.

Me quedó bastante claro luego de la lectura del buen trabajo periodístico y testimonial de la comunicadora Patricia Navarro, otrora ministra de Comunicación de la Administración Chaves, quien con gran argumentación y respaldo de fuentes logró explicar, entre otras cosas, cómo la construcción narrativa va socavando la realidad hasta convertir en verdades, mentiras absolutas. Su trabajo puede ser leído en el libro “Las máscaras del presidente” (Uruk, 2025).

Estamos ya en el cruce de líneas peligrosas, realizado irresponsablemente por la misma presidenta de la República.

Tachar de comunistas a quienes le adversan no cae en suelo estéril. Ese ha sido durante años el coco que asusta la epidermis conservadora que subyace la identidad costarricense.

Recordemos cómo fue prácticamente “bajado” del primer lugar de las encuestas José Maria Villalta al ser identificado como comunista por sus inmediatos seguidores, entonces de espectro aparentemente progesista, durante la contienda electoral de 2014.

La diferencia con el contexto actual radica en que esa denominación es asumida por una masa que ha sido bien trabajada a nivel de comunicación política. En el manual de construcción del enemigo es una de las principales tareas a realizar de forma cotidiana. Por eso recomiendo la lectura del texto de Navarro donde se explica este ABC de forma clara y contundente. Es peligroso, si, que incluso se busque crear un clima desestabilizador alrededor de las universidades públicas con ese argumento. Ya sabemos de todas maneras que vienen a ponerles candado. Y esa tarea no bajarán la guardia argumentando que en sus aulas se ideologiza y orienta el pensamiento hacia un enfoque político. Nada más lejos de la realidad.

Pero no solo a nivel discursivo se cruzan líneas peligrosas. El joven estudiante recién graduado de la carrera de sociología de la UNA Elian Xavier Jiménez fue golpeado y arrestado durante las manifestaciones contra la aprobación de la ley de armonizacion eléctrica. Para él la presidenta también tuvo palabras descalificadoras y amenazantes.

El mensaje es claro: ante la oposición y el cuestionamiento, se usará la fuerza como instrumento de intimidación.

Aún no se cumple un mes de instalado el nuevo gobierno en Costa Rica. Pero la víspera no anuncia cosas buenas, ni saca el día, como suele decir el dicho popular.

Se deberá conformar un verdadero frente opositor civil para resistir los embates de cuatro años que seguramente pesarán en la historia costarricense.

UNA condena la violencia policial contra estudiantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

Institución exige garantías plenas para el ejercicio del derecho a la protesta

La Universidad Nacional (UNA), expresa su más enérgica condena ante la actuación de la Fuerza Pública contra estudiantes universitarios que la noche de este martes 26 de mayo, concluían su participación en una manifestación pacífica en las afueras de la Asamblea Legislativa. Distintos reportes periodísticos y registros audiovisuales difundidos públicamente documentan una intervención policial desproporcionada, así como la detención de una persona manifestante en un contexto que ha generado serias dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza.

De manera particular, la Universidad Nacional manifiesta su profunda preocupación por la detención del estudiante Elián Xavier Jiménez Campos, así como por las denuncias de agresión física previas a su aprehensión, en medio de señalamientos que, según se ha reportado, surgieron a partir de acusaciones formuladas en el propio entorno legislativo. La gravedad del caso aumenta frente a los registros que, de acuerdo con la denuncia pública, muestran empujones, agresiones físicas y verbales contra otras personas estudiantes que también participaban de la manifestación.

La Universidad considera especialmente alarmante que, en el marco de estos hechos, también se haya reportado la agresión contra la diputada Vianey Mora, quien, según la denuncia pública, habría sido embestida por una patrulla policial mientras exigía explicaciones sobre la detención del estudiante. Si estos hechos se confirman, se estaría frente a una actuación incompatible con los principios democráticos, con el deber de contención de la fuerza pública y con el respeto debido a quienes ejercen funciones de representación popular.

El derecho a la protesta pacífica constituye una garantía democrática fundamental y no puede ser tratado como una amenaza al orden público por el simple hecho de interpelar decisiones de poder. Toda intervención policial en contextos de manifestación debe regirse por criterios estrictos de legalidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad; cualquier exceso o abuso de autoridad erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.

La Universidad Nacional advierte, además, con enorme preocupación, una secuencia reciente de actuaciones policiales que han recaído sobre personas manifestantes en contextos cívicos y simbólicos. Medios nacionales reportaron que estudiantes detenidas durante el traspaso de poderes por portar una bandera de Palestina fueron puestas en libertad, luego de que no se sostuvieran elementos para mantener su detención, lo que refuerza la necesidad de revisar con seriedad la actuación policial en este tipo de escenarios.

Frente a esta escalada, la UNA hace un llamado firme al Poder Ejecutivo, en su condición de responsable político de la conducción de los cuerpos policiales, para que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, cese toda práctica de hostigamiento o represión contra la protesta social y asegure investigaciones prontas, independientes y transparentes sobre estos hechos. Ninguna democracia se fortalece reprimiendo a su ciudadanía; por el contrario, se degrada cuando se normaliza la violencia estatal contra quienes ejercen derechos constitucionales.

La Universidad Nacional rechaza toda forma de retención indebida, privación arbitraria de libertad, criminalización de la protesta y uso de la fuerza como mecanismo de intimidación política. También reitera que la presunción de inocencia no puede ser sustituida por señalamientos apresurados ni por operativos montados sobre acusaciones no verificadas. Defender este principio no significa avalar conductas ilícitas; significa exigir que, aun ante cualquier sospecha, el Estado actúe dentro de los límites de la ley y del respeto a la dignidad humana.

Este episodio no solo interpela a las autoridades de seguridad, interpela al país entero. Lo que está en juego es la garantía de que estudiantes, agricultores, trabajadores y ciudadanía en general puedan manifestarse sin temor a ser agredidos, detenidos arbitrariamente o convertidos en blanco de operaciones desproporcionadas. La Universidad Nacional afirma con claridad que ni la intimidación ni la violencia van a detener a una ciudadanía consciente de sus derechos y decidida a defenderlos por las vías democráticas.

La defensa de la educación pública, de la libertad de expresión y del derecho a la protesta pacífica seguirá siendo una causa legítima. La Universidad Nacional acompañará toda exigencia de esclarecimiento, justicia y no repetición, en resguardo de la dignidad del movimiento estudiantil y de los valores democráticos que deben prevalecer en la vida pública costarricense.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Movimiento Trabajo Digno CR

Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.

Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:

Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.

Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.

A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.

Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

“Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

Comunicado de la Comunidad Buen Vivir – Costa Rica sobre la incriminación a Stella Chichilla Mora

Escrito en . Publicado en Derechos.

El martes 13 de enero la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que está bajo el mando directo del presidente de la República, incrimina a la comunicadora Stella Chinchilla Mora en un supuesto plan para asesinar al mandatario. La “noticia” resuena primero en medios de prensa afines al gobierno.

Stella Chinchilla Mora es una mujer inteligente, sensible y valiente, con una larga trayectoria de lucha y defensora de múltiples causas sociales y ambientales. También es una persona muy afín a los ideales de El Buen Vivir. Para ella nuestra solidaridad. Sin duda alguna Stella sabrá defenderse, lo hará bien y ya cuenta con todo el apoyo de la diversidad de movimientos sociales.

¿Por qué el aparato político de la “inteligencia” gubernamental seleccionó a Stella como objetivo para este montaje propagandístico? Porque ella, con su cámara, sus videos y sus redes sociales ha estado visibilizando durante años las luchas de los movimientos sociales de: agricultores, estudiantes, mujeres, ecologistas, comunidades indígenas, comunidades de la diversidad sexual, pacifistas, animalistas, personas con alguna discapacidad, defensoras del agua y muchas más. Con la incriminación a Stella nos envían una advertencia a quienes le estamos plantando cara al autoritarismo desde diferentes trincheras. Lo que le pasó a Stella te lo pueden hacer también a vos.

La torpe jugada de la DIS contra Stella y un grupo de luchadores y luchadoras sociales es un comportamiento propio de regímenes fascistas dictatoriales. Es un paso más hacia la radicalización del autoritarismo que ha caracterizado a Rodrigo Chaves y el proyecto de la derecha extrema en Costa Rica. Esta vez el blanco son los activistas y los movimientos sociales.

La Comunidad Buen Vivir Costa Rica, ante esta secuencia de hechos exhorta a:

1- Acuerpar a Stella Chinchilla en su defensa y que su nombre sea limpiado públicamente.

2- Estimular el surgimiento de más personas generadoras de contenido para que reproduzcan e intensifiquen el trabajo de difusión de las luchas sociales.

3- Unificar las diversas luchas de los movimientos: ecologistas, feministas, ambientalistas, educadores, agricultores, diversidad sexual, indígenas, etc. Si tocan a una-o nos tocan a todas-os.

4- Insistir en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para disolver la DIS.

5- Votar en las próximas elecciones contra los partidos políticos afines al chavismo.

Consejo Nacional del Buen Vivir Costa Rica
Costa Rica, 15 de enero de 2026

Llamado urgente de solidaridad con Stella Chinchilla Mora

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos se solidariza con la compañera Stella Chinchilla Mora, por la persecución política que está enfrentando en este momento. Estamos ante la más cobarde de las acciones políticas, en una coyuntura política electoral sin antecedes en la historia de la Costa Rica de la segunda república. Debemos entender que una acción de la Dirección de Inteligencia y Seguridad – DIS, es una acción de gobierno, pues la seguridad personal del presiente. Se está judicializado a una militante social sin recursos económicos, como un distractor por oponerse al Gobierno y al presidente y sólo dos semanas antes de las elecciones presidenciales.

La compañera es una militante social y comunicadora proba, desde hace más de 25 años está cubriendo los acontecimientos del movimiento social, con sus propios recursos y sin pedir nada a cambio ni patrocinio empresarial.

Rechazamos toda acción de los Poderes de la República que limiten la libertad de opinión de las personas habitantes, con protección en los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 28 y 29 de la Constitución Política que deben ser garantía plena de participación libre y democrática.

Si la compañera Chinchilla a participado cubriendo noticias del movimiento social en contra de las políticas de gobierno, e incluso si ha emitido su opinión en contra de las acciones de gobierno, no debe ser perseguida y mucho menos judicializada por hacerlo. Un sistema que se dice democrático debe defender la libertad de expresión y opinión de las personas habitantes, esto es lo siempre ha hecho Stella, de manera que lejos de procesarla judicialmente, el Estado debe protegerla, pues su voz política es acción de democracia.

Hacemos un llamado al movimiento social nacional e internacional para que manifieste su apoyo a la compañera Stella Chinchilla Mora, militante social, activista, luchadora y defensora de los derechos humanos en Costa Rica. Demostrémosle al gobierno y al Poder Judicial que Stella no está sola.

Ana Cecilia Jiménez Arce

Presidente

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Ante la desinformación, la arbitrariedad y la manipulación política

Escrito en . Publicado en Derechos.

Instituto Sindical de Formación Política

Pronunciamiento público

El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.

Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.

Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.

En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.

El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:

  • La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.

  • La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.

  • La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.

Exigimos al gobierno:

  1. Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.

  2. Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.

  3. El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.

Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.

La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.

Noviembre sacudió la jaula del jaguar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Recientemente publicamos un artículo sobre las diferentes formas que asume la protesta social. Concluimos en esa oportunidad que protestar es un derecho y que criminalizar la protesta es un delito.

Arribamos, de igual forma, a otra conclusión general, son múltiples los diferentes tipos de protesta social y que, dependiendo de los objetivos, el grado de conciencia de clase y el carácter de la lucha, así será la radiografía de dicho movimiento.

La diversidad y tipos nos asombra cuando tiramos un ojito a la protesta social a nivel mundial y las particulares formas que asumen los diferentes movimientos: Pacíficas, performance, acción de masas, legales, marchas, “mecateos”, sentadas, bloqueos, tortuguismo, limpia de la bandera. Por eso se nos hace muy difícil poder consignar un número y tipo exacto de las formas que asume la protesta social. expresar demandas. El reclamo para mejoras y cambios profundo forman parte de la demanda general de la protesta.

Una acción radical en la protesta social, pueda que no se haya planificado, solo existe y se da en tanto la represión acelera sus mecanismos represivos.

Todo el preámbulo anterior nos sirve para indicar tal y como lo consignamos en el título que noviembre sacudió la jaula del jaguar. No es para menos.

Enquistado en su guarida, tiembla el Jaguaro en su resaca de angustias. Posiblemente la consigna que sacudía el ambiente, no le agradaba para nada: “Chaves es frágil”.

8 de noviembre, conocido ya en la narrativa como el 8 N, rememora la lucha popular en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social que terminó con una reprimen da salvaje de los cuerpos represivos, judicialización y criminalización de muchos ciudadanos que habían marchado pacíficamente, reivindicando el papel de esta histórica y emblemática institución que es la Caja.

11 de noviembre, “el chop suey”, por todo los ingredientes que le agregaron los marchistas, se le hizo indigerible al Jaguar. Su decolorado ministro de la represión, en un nuevo acto de matonismo-fascista, mandó a reprimir a las y los campesinos que apoteósicamente habían llenado la Avenida Central y marchaban hacia la casa Presidencial. Más de 57 organizaciones sociales al grito de la soberanía alimentaria y la exigencia de que se respete al sector productivo, dio un giro muy hermoso al carácter de las últimas jornadas de la protesta social.

25 de noviembre, la rebelión de las mariposas sacuden de nuevo la calma del Jaguar, y el recuerdo de las hermanas Mirabal nos viene en forma de fantasma contestatario. Un gobierno que ha llamado al odio, la confrontación, que desde su chou (shou) mediático y sus poses de misoginia, no le terminan por caer bien estas multitudinarias marchas. Como tampoco caen bien los datos de los femicidios y el círculo de violencia que abraza a nuestro país.

26 de noviembre, bandas juveniles, mascaradas, comparsas, bailes folclóricos, varias consignas que rasgaban el aire, tales como: “Por un salario justo y digno”, “incremento salarial ya” y un sin número de organizaciones sindicales y magisteriales, sacudieron la apacible Avenida Central, sus ecos resonaron en el ministerio de Hacienda y el pliego de peticiones se hizo grande en la estrecha mente del mandatario.

SIPREESCO, ANDE, APSE, ADEP, COLYPRO, SEC, UNDECA, UMN, ANEP, CMTC, SINAPRO Y Afines, JUPEMA, ANPE, SINPAE, PRT, FA, SIPROCIMECA, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, OCCIDENTE EN ACCIÓN SINFUMEP, UCEPA, SINTAF, ASOCIACIÓN DE CONTRIBUYENTE JUBILADOS, FEDERACIÓN DE TRABAJADORES COSTARRICENSE DEE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINDICATO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COSTA RICA, COLECTIVOS FEMINISTAS Y LGTBIQ+, y decenas de organizaciones más, que nos fue imposible registrar por lo apoteósico de la marcha, son parte del testimonio vivo de que, el mes de noviembre alumbra una posible navidad combativa. “nos tienen miedo, porque perdimos el miedo”.

El pueblo está cansado de amenazas, el pueblo no quiere el autocratismo ni el matonismo de Zapote. A la clase obrera se respeta y en especial a las mujeres.

Los viejos machos como prototipos de los western de Hollywood, señor presidente, son solo referentes de los viejos celuloides. Por favor toque la realidad y deje de crear división y odio en un pueblo que ama sus instituciones y la democracia.