Este miércoles 7 de mayo, en los Tribunales de San Ramón de Alajuela, concluyó el juicio contra cuatro estudiantes de la UCR, a quienes se criminalizó por manifestarse pacíficamente en 2019 en defensa de la educación superior pública.
Tras 6 años de judicialización, el tribunal dictó sentencia absolutoria para el grupo de estudiantes, dejándoles libres de todos los cargos por el supuesto delito de obstrucción de la vía pública.
La jueza a cargo fue enfática en señalar que el fallo de la Sala Constitucional, vinculado al caso, es preciso: el artículo del Código Penal que tipifica el delito de obstrucción no puede utilizarse para criminalizar de ninguna forma el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones y medios que han acompañado este proceso con solidaridad y firmeza. Y especialmente a Edgardo Araya, por su defensa ética, comprometida y solidaria.
Con la dignidad y la conciencia tranquilas, seguimos de pie.
Apoye, firme y comparta el llamamiento en apoyo a la absolución de Tatiana, activista por Palestina perseguida y criminalizada por protestar contra el genocidio que el Estado sionista de Israel comete día a día contra el pueblo palestino.
Invitación Estudiantes detenidxs y judicializadxs injustamente en el 2019 convocan a Acción Solidaria para solicitar sobreseimiento definitivo del proceso judicial en su contra: FIRMA LA PETICIÓN
A finales del año 2019, lxs estudiantes de las universidades públicas salieron a protestar en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno.
Las protestas fueron duramente reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas, y a algunas de estas personas se les abrieron procesos judiciales que al día de hoy, siguen adelante con medidas cautelares injustas, criminalizantes y condenatorias.
El próximo 19 de julio del 2021 los tribunales decidirán si se abre un juicio penal en contra de ellxs.
Para evitar que lxs compañerxs sean llevadxs a juicio, convocan a todas las organizaciones, colectividades e individualidades a firmar la carta para solicitar el sobreseimiento definitivo de su proceso judicial.
Hoy, pero en 1996 estábamos reunidos en Tlascala México en la primera asamblea de Vía Campesina (después de nuestra institución como movimiento mundial en Mons Bélgica 1993). En ese momento recibimos la cruel noticia de la masacre de 19 campesinos, en el Dorado dos Carajás, Brasil; en su lucha por el derecho a la tierra.
Y desde entonces este día lo celebramos en todo el mundo como día de la lucha campesina. Hoy se multiplican las tareas y luchas en todo el mundo:
– Por la globalización de la esperanza – Por un modelo de desarrollo que se oriente en el respeto a la naturaleza antes que su explotación mercantil – Por el derecho a la alimentación para nuestros pueblos.
Eso solo es posible si se concretan estrategias nacionales bajo los principios de la soberanía alimentaria y la economía solidaria, una forma concreta y real de asegurar la seguridad alimentaria en nuestras sociedades.
Por ahora las y los campesinos enfrentan:
– Criminalización de las protestas – Ofensiva de transnacionales con aliados locales pro transgénicos – Nuevos marcos de fomento a la apertura – En nuestro caso en todo lo que va del siglo es evidente la orientación de la política y recursos hacia otros sectores, con olvido del agro. – A la vez la vuelta atrás en todo lo que es redistribución de la tierra y el abandono de las mismas ante la falta de estímulo o apoyo para producir. – Asimismo la nueva condición productiva que atenaza al campo con la creciente crisis climática, donde el agua es cada vez más escasa y ya en muchas zonas inexistente… es uno de sus detonantes.
En este día 17 abril cabe recordar los diversos esfuerzos por construir una propuesta alimentaria para el país y que desde el 2002 hemos venido apoyando. Diversidad de esfuerzos desde la institucionalidad publica, el congreso, las organizaciones y la academia; que no han logrado siquiera llegar a la discusión parlamentaria nacional.
En este juego de circunstancias cabe preguntarse: ¿Es o no oportuno generar un foro de discusión y propuesta alrededor del cambio climático y la soberanía alimentaria para Costa Rica o la región centroamericana?
¿Habrá aún posibilidad de tender puentes de voluntades entre los diversos actores sociales?
Foto de cabecera corresponde al cierre de la jornada el 17 de abril de 1996.
SURCOS comparte el pronunciamiento de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos:
Alto a la criminalización de la protesta social
La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) se pronuncia, a nivel nacional e internacional, contra la violencia y criminalización de la Fuerza Pública a la ciudadanía costarricense que ejerce el legítimo derecho a la protesta social, cuyos responsables son el Ministerio de Seguridad y la Fuerza Pública.
El pasado 14 de octubre balearon por la espalda al señor Dennis Cortés Arce, de 48 años de edad, en Upala, provincia de Alajuela, quien es un humilde trabajador que participaba en los movimientos de protesta contra impuestos y los nuevos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Él sufrió heridas graves y hoy se encuentra con profundas secuelas en su salud, hecho que se suma a innumerables atropellos a los Derechos Humanos en el marco del movimiento social y popular convocado por el Movimiento Rescate Nacional (MRN).
Ayer 21 de noviembre a las 8 pm balearon al joven indígena Jimmy Martínez Tercero, en Buenos Aires de Puntarenas, quien participaba en una manifestación y hoy se encuentra en el hospital de dicha región. Aparentemente la OIJ está tratando de recabar datos para realizar su respectivo informe. Además, nos informan que vapulearon a tres jóvenes al extremo de que los dejaron tumbados y malheridos en el suelo.
Se supone que en Costa Rica no tenemos ejército, el próximo 2 de diciembre se celebrará un año más de la abolición del ejército; de esta institución que en la mayoría de los países lo único que hace es daño e impulsa la violencia contra su propio pueblo.
Denunciamos que esta práctica sistemática tan violenta y plagada de abuso de autoridad por parte de la Fuerza Pública contra la ciudadanía de este país es relativamente nueva en este país, por lo que el pueblo de Costa Rica está muy preocupado.
La ACODEHU hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a las diputadas y a los diputados de nuestra República, a organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, al movimiento social y sindical para que denunciemos e impugnemos estas prácticas nefastas, propias de otros Estados donde existen ejércitos.
Reiteramos que en Costa Rica no existe ejército. La protesta social es un derecho
¡Defender los Derechos Humanos, es ampliar la democracia!
Ana Cecilia Jiménez Arce Presidenta Óscar Leiva Cerrato Vicepresidente
La comunicadora popular Stella Chinchilla fue detenida por la policía la noche de este 29 de octubre, cuando hacía su labor informativa en una movilización social en Cartago.
A propósito de esto la organización de derechos humanos ACODEHU publicó esta declaración:
El Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Publica, están socavando el derecho a la Protesta Social.
Lamentables los hechos de la tarde de hoy, y los últimos días de parte de la fuerza pública de este país, sin control alguno por parte de las instituciones del Estado, que guardan silencio, ante los atropellos y violación de los Derechos Humanos a los sectores de la población que intentan manifestarse contra el Gobierno de Costa Rica. Hacemos un llamado a la Defensoría de los Habitantes, a la Asamblea Legislativa- a la Comisión de Derechos Humanos y organizaciones sociales, para que se impugnen las acciones y el comportamiento de la Fuerza Pública, en contra de la libertad de expresión, de organización y de movilización de las y los ciudadanos que expresan su malestar por algunas de las actuaciones del Gobierno del Dr. Carlos Alvarado. Somos conocedores de algunos de los atropellos a las personas, que están siendo criminalizadas, Judicializadas y lastimadas con acciones policiales propias de gobiernos autoritarios. Cómo ACODEHU, denunciamos esta situación y hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica, para que se retome el camino del diálogo, y el respeto a los Derechos Humanos, como elementos fundamentales para el ejercicio del sistema democrático en Costa Rica. ACODEHU. 29 OCTUBRE 2020.
Durante estas últimas dos semanas hemos sido testigos de una serie de acciones policiales que demuestran el grado de violencia y brutalidad policial que ejercen las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, contra quienes han venido participando de manera legítima contra las medidas económicas neoliberales que el gobierno de Carlos Alvarado desea imponer.
La respuesta policial busca aleccionar y desalentar a como sea, cualquier forma de oposición y organización; y para ello recurre a prácticas de terror como los son las incursiones en barrios o la detención y criminalización de periodistas independientes.
Algunas personas podrían aludir que son excesos puntuales que se escapan del control de las jefaturas y mandos medios; pero desde mi lectura, son acciones que pretenden aleccionar a las comunidades y mandan un mensaje muy claro: ni se atrevan a cuestionarnos, porque esto les va a suceder a ustedes también.
En el Chile de Pinochet, pocos meses después del golpe de Estado, cuando las comunidades comenzaban a manifestarse contra la dictadura, eran convocadas cientos de personas en una plaza barrial, al centro estaban los militares y carabineros con las mascotas de las familias, y una a una las iban matando y de paso alertando: si siguen de necios, a ustedes les pasará lo mismo.
Vale la pena recordar que en Chile fueron asesinadas o desaparecidas más de 3000 personas, justamente por una dictadura de naturaleza neoliberal que comparte nuestro actual gobierno.
Los informes que llegan de la zona norte permiten entrever que el gobierno quería quitarse de una vez por todas el problema de “San Carlos”; tenía que ser una respuesta contundente contra un cantón que le ha plantado cara al gobierno. Y como bien lo dejó claro el Ministro de Seguridad días atrás, el papel de ellos es garantizar que todo esté abierto y que la producción no se detenga.
En particular, deseo destacar la forma cobarde como un policía inmovilizó a una mujer mientras estaba indefensa en el suelo: le recetó una soberana bofetada, al mejor estilo del macho que agrede y somete a una hembra a quien considera loca y fuera de sí; una práctica machista y misógina que lamentablemente corre por las venas de un sector policial y que además de censurable, debe de ser denunciada a la brevedad, llevando a estrados judiciales a la persona responsable y a los mandos a los que obedece. Funcionarios de esa calaña, no merecen ser parte de la institucionalidad pública costarricense.
En esa miserable bofetada, se resume de manera magistral el trato que el gobierno de Carlos Alvarado le ha dado a la sociedad costarricense: el engaño; la traición; la exclusión social; el olvido; la violencia policial, la represión; el plegarse sin consideración alguna a los intereses de un sector del empresariado neoliberal, en menos cabo de los derechos humanos de la población costarricense.
Cuando el policía agrede de manera vil a la mujer que tiene tendida e indefensa sobre el suelo; sabe muy bien que actúa alineado y con la protección de sus jefaturas, es la misma solicitud que el gobierno ha transmitido por la cadena de mando: hay que aleccionar, golpear, generar miedo, humillar y desmovilizar a toda costa a quienes protestan y denuncian. Dichosamente, un video permitió conocer los excesos y cobardía represiva de nuestra policía; ¿qué pasará en aquellos lugares donde el silencio y la impunidad son cómplices de la policía?
A este policía poco le importa la violación de los derechos humanos de la mujer que yace boca abajo, agredida, él es el macho, tiene el poder, tiene el dominio de la violencia; para eso fue entrenado. Como poco le importa a Alvarado los derechos humanos de la sociedad costarricense, el viene a realizar el trabajo sucio que el empresariado le ha encomendado; él también nos ha abofeteado.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social pedimos su
solidaridad y hacemos un llamado urgente a la acción, ante la situación que
enfrentan 4 personas estudiantes en el Juzgado Penal de Flagrancia acusadas y
acusados por la Fiscalía por el delito de Obstrucción a la Vía Pública.
Consideramos que se trata de un juicio político porque estas
personas no cometieron delito alguno, los-as 4 estudiantes fueron detenidos en
la manifestación del pasado 21 de noviembre de 2019 en el cruce de Santiaguito
de San Ramón en Occidente, donde protestaban en el marco de la aprobación del
presupuesto nacional por parte del Gobierno, que incluye afectaciones al
presupuesto de las universidades públicas y de servicios sociales.
Se manifestaban en defensa de la autonomía universitaria y
del presupuesto de la educación superior para los sectores populares.
Fueron detenidos y luego demandados por la Fuerza Pública y
puestos en un procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre
tuvieron su primera audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de los
esfuerzos de su Defensa, la jueza resolvió continuar el proceso judicial por
vía rápida.
Las personas estudiantes han insistido en que no incurrieron
en ningún delito, en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la
libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que
fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento
perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que
transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.
La Fuerza Pública actuó en contra los-as estudiantes de
forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando
persecución, cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica.
Consideramos que estos abusos de poder por parte de los
cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de
expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
En este momento, diversas organizaciones sociales,
denunciamos que estamos frente a un juicio político que claramente busca
criminalizar el legítimo derecho a la protesta de estas personas al acusarlas
penalmente. Este juicio es un acto de violencia que presenta ante la opinión
pública a estas personas como si fuesen delincuentes para que sirva de ejemplo
hacia la población procurando que no se manifieste ni proteste por temor a las
represalias.
Por tanto exigimos a la Fiscalía General de la República
revise la acusación contra las 4 personas acusadas por la misma pues no se
verificó que las personas manifestantes acusados estuvieron cometiendo ningún
acto violento contra la Policía.
Por esto un grupo de personas nos trasladaremos desde San
José a San Ramón para realizar un Pasacalles por la ciudad de San Ramón,
saliendo de la Sede de Occidente de la UCR a las 6 p.m., para luego unirnos al
plantón frente a los Tribunales de Justicia de San Ramón a las 7 p.m. convocado
por la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la UCR y la Asamblea
General Autónoma de la Sede de Occidente.
Al mismo tiempo hacemos un llamado urgente a la opinión
pública nacional e internacional para que se pronuncie sobre este y otros casos
que en este momento existen de criminalización de la protesta social en Costa
Rica enviando cartas y pronunciamientos a:
Lic. Emilia Navas Aparicio, jefa del Ministerio Público.
Fiscal General de la República.
Correo electrónico: fgeneral@poder-judicial.go.cr
Fax: 2256-3503.
Con copia a:
Presidente Carlos Alvarado Quesada, Presidencia de la
República.
El Colectivo Derecho a la Protesta Social comparte el
siguiente comunicado estudiantil:
Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente de la
UCR y
Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente
COMUNICADO DE PRENSA
Estudiantes criminalizados
por manifestarse tendrán que ir a juicio el 30 de diciembre de 2019.
San Ramón, Alajuela (viernes 20 de diciembre, 2019). – Los 4
estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema
por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de
la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a
juicio el lunes 30 de diciembre a las 7 de la noche en los Tribunales de San
Ramón.
El pasado jueves 19 de diciembre en la noche, los
estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales
de San Ramón.
La Fiscalía presentó su acusación y los estudiantes
presentaron su defensa. Después de escuchar a ambas partes, el juez resolvió
que los estudiantes deben ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía
pública y ese día presentarán sus testigos, declaraciones y argumentos de
defensa.
Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan todo el
apoyo del movimiento social porque este juicio es un precedente para que no se
siga criminalizando la protesta social en el país.
Asimismo, en el marco de esta acción de defensa, el
miércoles 18 de diciembre los 4 estudiantes interpusieron una acción de
inconstitucionalidad que impugna el artículo 256 bis del Código Penal, que
califica como delito “impedir, obstaculizar o dificultar” el tránsito en vías
públicas. Esperamos que siente un precedente importante en cuanto al derecho a
manifestarse y el derecho a la libertad de expresión para todas las personas de
este país.
Los 4 estudiantes fueron detenidos en la manifestación del
pasado 21 de noviembre en el cruce de Santiaguito de San Ramón, donde
protestaban por la aprobación de un presupuesto nacional por parte del
Gobierno, que incluye afectaciones al presupuesto de las universidades públicas
y de servicios sociales.
Fueron demandados por la Fuerza Pública y puestos en un
procedimiento judicial expedito. El viernes 13 de diciembre tuvieron su primera
audiencia, cerca de las 11 de la noche y a pesar de sus esfuerzos, la jueza
resolvió continuar el proceso judicial por vía rápida.
Los estudiantes han insistido en que incurrieron en ningún
delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de
expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente
pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a
ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona
porque siempre se mantuvo un paso regulado.
Ese mismo 21 de noviembre fueron detenidos 7 estudiantes
frente a la Facultad de Derecho de la UCR en San José por manifestarse con las
mismas causas.
Desde el movimiento estudiantil de Occidente, denunciamos el
accionar de la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública durante los hechos de represión
y detención arbitraria de las y los estudiantes.
Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó
en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases
lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de
forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos
policiales, representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión,
libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.
Exigimos al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, los medios
de comunicación y a la sociedad civil de este país, que se detenga la
criminalización de la protesta social y que no se dejen manipular. Nuestra
causa es por la defensa de los derechos humanos, la autonomía universitaria y
el presupuesto de la educación superior para los sectores populares, que somos
los que hemos terminado pisoteados y amedrentados por estas políticas que se
nos imponen.
Más información:
Lic. Edgardo Araya Sibaja
(+506) 87049502
Información enviada a SURCOS por Colectivo Derecho a la Protesta Social.
Costa Rica: 25 años entre la impunidad y la (des)memoria
Escrito por Mauricio Álvarez Mora.
Editado por Rebeca Arguedas Ramírez.
Un frente frío despierta el recuerdo de una trágica madrugada de hace dos décadas y media atrás. Ha sido un cuarto de siglo de nublados para muchas personas que estamos ligadas a la historia de tres ecologistas, a quienes les arrebataron la vida ese día.
El 7 de diciembre de 1994 murieron en un incendio María del Mar Cordero, Oscar Fallas y Jaime Bustamante. Los orígenes del incendio nunca pudieron ser explicados por las autoridades respectivas. El miedo de ser el siguiente abrazado por la impunidad, de este espacio y tiempo, sigue siendo latente.
Sobre el acontecimiento se ha escrito mucho, al menos un artículo al año publicado en algunos medios digitales y en las efímeras redes (anti) sociales, podría decir que hay mucho que recordar y poco que agregar. Sin embargo, siempre existe la necesidad de construir y darle cuerpo a un relato más o menos oficial, al tiempo que convive con el efecto de la negación que acompaña el olvido, del que la injusticia también se nutre.
Han sido varios los intentos de reinvestigar y ponerle, al menos, apellidos a la impunidad que aniversario con aniversario, envejece y se hace más fuerte. Un círculo vicioso que se rompe con algún hecho nuevo de violencia selectiva, que sufren las personas que disienten y resisten. Es algo que se podría denominar el ciclo de violencia contra activistas.
Este es el proceso de criminalización cíclica que implica la estigmatización, denigrar y señalar a las personas luchadoras como problemáticas, opuestas al “desarrollo” o más comúnmente se usa reducir y descalificar las luchas como “berrinches de chanchetudos”. Después de la descalificación, puede venir el acoso vía judicialización con demandas legales o con amenazas de muerte. Cuando esto no surte efecto, se pasan a las acciones de hecho y finalmente a el asesinato.
Este ciclo no es lineal, pero es el resumen de lo que empezamos a vivir con mayor intensidad en los últimos 25 años. Cada una de las partes o etapas del círculo, alimenta y justifica la siguiente. Hemos visto en Costa Rica completarse este aro de opresión en múltiples ocasiones, y en los últimos 6 años con el asesinato de Jairo Mora en 2013 y este año con el asesinato del compañero indígena Sergio Rojas. Un desgarrador recordatorio de que las cabezas de quienes defiendan cuerpos y territorios, tienen precio.
Por otro lado, la memoria en el caso de AECO, ha sido un proceso más de ubicación de retazos que aún falta unir para hacerla más colectiva, a pesar de que no tengamos todas las palabras y la historia única, hoy tenemos el recuento de los impactos y efectos de este hecho como para ir dándole un lugar distinto.
¿Cómo construir esta memoria de vidas violentadas y aniquiladas en un territorio donde el autoengañado es el más feliz? Cómo superar el olvido en el supuesto país “ambientalista” de portada de revista donde el discurso y la historia oficial no aguanta, no tiene cabida, para un evento de asesinatos políticos tan cruel como confuso, tan evidente como oculto y tan recordado como impune.
