Juan Huaylupo
La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.
No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.
La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.
En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.
La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.
El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.
Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.
La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.
La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.
