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Etiqueta: crisis económica

Cual forajidos de épocas coloniales

Lic. José A. Amesty R.
9-agosto-2021

Una cosa es ser rivales políticos, en la arena entre de derecha y de izquierda, y otra es aprovecharse de la pugna y la “debilidad” de otros, para robar descaradamente bienes de los Estados.

Esta es el caso de Gran Bretaña y Venezuela. En una maniobra nunca antes vista, EEUU, Gran Bretaña y la derecha venezolana, pretenden robar 32 toneladas de oro, pertenecientes a Venezuela, de la reserva nacional, valorados en 1.000 millones de dólares, que el gobierno de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, lleva casi tres años intentando recuperar, y que se encuentran en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Tal arbitrariedad inicio cuando Juan Guaidó, se autoproclamó ilegítimamente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y las autoridades británicas lo reconocieron como mandatario. En julio de 2019, la Asamblea Nacional de Venezuela (dominada entonces por la derecha y presidida por Guaidó), nombró a la dirección ad-hoc del Banco Central venezolano y pidió a Londres que no entregase los lingotes al gobierno de Nicolás Maduro.

En medio de la crisis económica y sanitaria en Venezuela, el oro ha resultado una de las pocas alternativas de financiamiento y de liquidez para el gobierno de Nicolás Maduro, sobre todo después de que EEUU impusiera, en 2019, sanciones a la petrolera estatal PDVSA, que proporcionaba ingresos vitales.

La retención del oro del Banco Central de Venezuela por parte de las autoridades británicas es una más de las agresiones sobre el país caribeño. Si la Corte Suprema británica le da el control de los lingotes de oro a la junta del Banco Central de Venezuela, nombrada por Guaidó, sentaría un precedente que la derecha espera utilizar para recuperar activos venezolanos depositados en otros bancos centrales europeos.

La decisión del Reino Unido, sobre el oro venezolano, una jurisprudencia colonial a punto de tomarse, puede provocar gobiernos paralelos para el desfalco de países pobres. En otras palabras, tal atropello supone un paso decisivo para que el banco inglés, termine de quedarse con el oro venezolano, no solo de facto, sino con un respaldo jurídico del alto tribunal, lo que generaría jurisprudencia, es decir, una sentencia en firme que podría servir como guía legal para la resolución de casos similares.

El Banco Central de Venezuela informó en mayo de 2020, que había acordado con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), que el ente multilateral administrara los fondos retenidos por el Banco de Inglaterra, para la compra urgente de medicinas y equipos médicos que le permitieran afrontar el avance del coronavirus. Es decir, para destrabar la situación, el propio ente que depositó el oro permite que sea un tercero quien haga uso de esos recursos. Sin embargo, el banco inglés negó dicha posibilidad.

Para el gobierno inglés, quedarse con las reservas internacionales de otro país, no es algo nuevo. Lo hizo de facto hace algunos años con las reservas libias.

Se calcula que unos 30 países tienen sus reservas de oro en este banco inglés, y si una decisión de este tipo termina de facturarse en los tribunales británicos, reiteramos, creará una jurisprudencia que pone en peligro las reservas internacionales de todo aquel país que haya confiado en los bancos ingleses.

Para dar un hipotético ejemplo, con Perú. Si la candidata derrotada Keiko Fujimori decide autoproclamarse presidenta en el exilio, y logra el apoyo del Gobierno inglés, entonces este último podría quedarse con las reservas en oro que están en sus arcas, pero pertenecen a Perú, o entregarle todo o una parte al imaginario Gobierno de Fujimori.

Para seguir con otro supuesto negado, si la dictadura de Jeanine Añez, en vez de llamar a elecciones se hubiera ido a otro país y se declarara presidenta en el exilio, entonces el oro de Bolivia que actualmente está en Londres, podría “perderse” en las bóvedas inglesas o “disolverse” en pago corriente del Gobierno supuestamente legítimo.

Para comprender mejor, de hecho, eso fue lo que hizo el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, que de no haber tomado la decisión de repatriar la mayoría del oro que Venezuela tenía en el Reino Unido, el país habría perdido casi 200 toneladas en oro, cerca de 20.000 millones de dólares que tenía en 2011, antes de la repatriación de 160 toneladas, realizada como respuesta a la “pérdida” de las reservas internacionales libias.

Realmente tal actuación demuestra que hoy por hoy, el derecho nacional e internacional ya no cuenta. Durante décadas los gobiernos, incluso anteriores al chavismo, usaron sus barras de oro en las bóvedas subterráneas del Banco de Londres, para transacciones financieras internacionales. Hoy el Banco de Londres, se niega a cumplir con su obligación de devolverlas conforme a un contrato internacional vigente.

Recordemos que, en este complejo contexto, el oro cobra una importancia crucial. Ya en la década de los años 90, cuando se sufrían los efectos de la debacle económica iniciada en los 80s, se consideraba a este metal como uno de los principales respaldos, para enfrentar la crisis de la deuda externa y sustentar políticas de ajuste neoliberal.

En aquellos años se sugería una política de pago de la deuda con oro. El para entonces Presidente Rafael Caldera, abría el camino a la minería aurífera en la Reserva Forestal de Imataca, lo que no ocurrió sin resistencias por parte de organizaciones sociales y voceros sensibilizados por el ambiente, generando una de las movilizaciones más interesantes de la historia de los movimientos ecologistas venezolanos contemporáneos.

Hoy, el oro, reiteramos, se está constituyendo uno de los principales refugios económicos del Gobierno de Nicolás Maduro.

Reiteramos que, si se roba el oro a Venezuela, esto paralizaría su capacidad para luchar contra el Covid-19, ya que el dinero se utilizara para suministros médicos, equipos de protección, medicamentos y vacunas.

En esta misma línea de robos descarados, como señala el portal Misión Verdad, “el esquema delictivo” Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros cleptómanos, van más allá del oro venezolano, van por ejemplo tras Monómeros, otro ejemplo de asalto a activos venezolanos, por parte del antichavismo para profundizar el golpe de Estado y ampliar el saqueo neoliberal.

Esto es uno de los tantos precedentes de la operación de saqueo combinada, con intentos de golpe continuado, aunque en un declive dramático, es el caso de Monómeros, la filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ubicada en Barranquilla, Colombia, que ha sido desmantelada y destruida por los directivos de esta empresa, en actividad conjunta con el presidente colombiano Iván Duque y Guaidó.

El periodista John McEvoy publicó en el medio The Canary, afirmando y reseñado por Misión Verdad, que la congelación de los activos venezolanos, forma parte claramente de la campaña de guerra híbrida dirigida por Estados Unidos y el Reino Unido contra Venezuela, una parte crucial de la cual implica la destrucción de la economía del país, como lo reconoció en 2018 Boris Johnson, hoy Primer Ministro británico.

Recalcando además que, la cuestión del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, es fundamentalmente política, y no puede separarse del esfuerzo dirigido por Estados Unidos para desestabilizar y derrocar al país, no solo a su gobierno sino a la identidad nacional que ha permitido resistir y avanzar en medio de la dificultad.

Un capítulo aparte, pero en esta misma línea delictiva, revela en una nota de Bloomberg divulgada el pasado jueves 5 de agosto, que es probable que Citgo Petroleum Corporation, holding energético propiedad del Estado venezolano, que funciona en Estados Unidos, se venda para pagar 7 mil millones de dólares de deuda. Los acreedores están montando desafíos legales para arrebatar el control de la empresa, y parecen estar teniendo éxito, debido a que en octubre próximo expira el decreto de Trump que mantiene a la empresa bajo control de Guaidó.

Reiterando que, la instrumentación del saqueo de activos, para ampliar el saqueo de recursos a Venezuela es, sin dudas, un aspecto de la guerra contra Venezuela que mejor muestra qué hay tras el “plan Guaidó, EEUU, Gran Bretaña y otros”, pues no se trata de una operación aislada contra Venezuela, sino de un modelo de intervención en el que se inscriben los aliados al entramado corporativo que controla el capital global.

En fin, como ya hemos reseñado, los gobiernos norteamericanos, ingleses y la derecha venezolana, están actuando como filibusteros en alta mar, que se adueñan de propiedades que no son suyas, sino que las hurtan para su propio beneficio.

Todos son pillos que ya no utilizan la violencia, sino que se amparan en tracalerías legales, para robar a los países que se encuentran en crisis, y que no son afectos a los grandes países capitalistas.

 

Imagen tomada de http://ciudadccs.info/

Informe: “Avances y retrocesos de los ODS en Colombia” Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

Exponen que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria mientras el país atraviesa por la peor crisis económica en su historia

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Desde la iniciativa Despertando al Gigante, Niñez Ya, la Plataforma Interreligiosa Fe y Desarrollo y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, como World Vision y del sector interreligioso, alertan y hacen un llamado prioritario durante el lanzamiento de los informes, para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se han visto seriamente retrasados por causas estructurales a nivel nacional, agudizadas por los efectos devastadores de la pandemia.

Acorde al informe de la Iniciativa Despertando al Gigante, ¿Cómo vamos en los ODS en Colombia hasta el 2020?, Colombia atraviesa por la peor crisis económica en su historia desde 1975. Si bien los efectos de la pandemia sobre la economía han agudizado la pobreza y el hambre en el país (ODS 1: Fin de la Pobreza y ODS 2: Hambre Cero), es cierto que las causas de ambos fenómenos son de naturaleza estructural. Esto se sustenta en el hecho de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo.

Según las cifras oficiales del DANE, la desigualdad en la distribución de la riqueza a nivel nacional ha incrementado significativamente según el coeficiente Gini al pasar de 0,526 en 2019 a 0,544 en 2020, alejándose de la meta que tenía el gobierno nacional de reducir este indicador a 0,470 para el 2022. Además, se ha incrementado el nivel de pobreza, evidenciando que 21 millones de colombianos viven en pobreza monetaria al tiempo que 7,5 millones viven en pobreza extrema; antes de la pandemia el 90,9% de los hogares colombianos consumían tres comidas al día, para el 2020 este porcentaje se redujo y la cifra de hogares que sólo pueden consumir una comida al día ascendió a 137.000.

Una preocupante realidad que se ve reafirmada por el informe de Niñez Ya, Los ODS están en riesgo, el cual revela que el 54% de los hogares está en inseguridad alimentaria y el 10,8% de los menores de 5 años de edad padecen de desnutrición crónica, 1,6% desnutrición aguda y 6,4%, sobrepeso.

Problemas socioeconómicos que impulsan el trabajo infantil e incrementan los matrimonios tempranos. Situaciones que, antes de la pandemia, ya permitían proyectar que para el 2030 no se lograría cumplir con la meta de reducción del hambre en el país, posibilidad que ahora se aplaza al año 2040 por retroceso en el crecimiento económico.

Por otro lado, Colombia cerró el 2020 con cifras preocupantes frente al ODS 3: Salud y Bienestar, por ejemplo, en salud materna infantil y muertes no fetales. Una alarmante realidad que se complementa con el incremento de la no asistencia de niñas, niños y adolescentes a centros clínicos y hospitalarios para sus controles de desarrollo y atenciones en salud, lo cual se agrava en el caso de las personas con discapacidad, cuyas cifras de inasistencia son mayores al 76,6%.

También incrementaron los problemas emocionales; las encuestas registran entre niñas, niños, adolescentes y adultos síntomas recurrentes como preocupación, tristeza, dificultades para dormir, aburrimiento y cansancio, lo que denota presencia de enfermedad mental.

Adicional a lo anterior, acorde a los informes, en Colombia, las niñas y niños menores de 5 años de edad mueren, entre otras razones, por trastornos respiratorios e infecciones respiratorias agudas. Cifras que hacen parte de los hallazgos del Acción por el Clima (ODS 13), donde además se resalta de manera positiva el incremento en el uso de la bicicleta para la movilidad en Bogotá, la ciudad capital, que logró disponer de 84 kilómetros adicionales a los 550 kilómetros preexistentes de carriles para las bicicletas en tiempos de pandemia.

Frente al ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, si bien para el 2020 el índice de homicidios presentó una mejora respecto a años anteriores, es preocupante que se sigue ejerciendo violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (DD.HH). Sumado a ello, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es una de las tensiones que tiene Colombia sin resolver para lograr la paz sostenible y duradera, evidenciando que entre enero y diciembre de 2020 se registraron 79 eventos que afectaron a por lo menos a 222 niñas/os y adolescentes.

Llamados a la acción efectiva y concreta

Desde la iniciativa Despertando al Gigante, Niñez Ya, la Plataforma Interreligiosa Fe y Desarrollo y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, como World Vision y del sector interreligioso se hace llamado, especialmente al Gobierno de Colombia a:

– Establecer como política del Estado colombiano una renta básica incondicional para los hogares en situación de pobreza monetaria y pobreza extrema, incluidas las familias de los migrantes.

– Avanzar con mayor celeridad en la implementación de las políticas públicas que protegen de manera integral a las familias y la niñez.

– Dar un enfoque territorial a los planes de desarrollo nacionales y territoriales a fin de superar la brecha existente entre las zonas urbanas y rurales.

– El monitoreo permanente y el acompañamiento en situaciones de violencia ejercida en contra de los líderes sociales y los defensores de DDHH.

– Priorizar la intervención efectiva en los departamentos donde se conjugan las mayores prevalencias de desnutrición y niveles de afectación por el COVID-19, incluyendo a los territorios con mayores probabilidades de inseguridad alimentaria por falta de producción o incapacidad de adquisición de alimentos. Para ello se deben tener en cuenta las necesidades particulares por edades y sectores poblacionales como los grupos étnicos y las personas con discapacidad.

Adjuntamos el enlace al documento oficial:

https://drive.google.com/file/d/1Zso1FVXdm5eqdPM3III1d61Nd0CdLjPz/view?usp=sharing

Situación económica es la crisis más apremiante según encuesta del Idespo

El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA) realizó una encuesta sobre: “Percepciones de la población costarricense e implicaciones de la pandemia COVID-19 en diferentes aspectos socioeconómicos y ambientales”.

El principal hallazgo es que la población coincide en que la mayor crisis está en el ámbito económico. Los niveles de acuerdo son un 4.727, en una escala de 1 a 5, donde 5 significa “totalmente de acuerdo”.

El objetivo del estudio es contribuir en la comprensión de cómo la emergencia sanitaria por la covid-19 incide en las percepciones sobre la noción de crisis en el país, las condiciones de trabajo, seguridad y soberanía alimentaria, entre otros aspectos.

Los datos de la encuesta muestran que el 51% de la población encuestada percibe que sus ingresos han disminuido durante la pandemia, situación que afecta especialmente a las mujeres. Además, la disminución de ingresos se manifiesta, además, en un ajuste en el consumo de ciertos alimentos. De acuerdo con la encuesta, la carne es el alimento que más personas señalan que han disminuido su consumo (58%), seguido por las frutas (47,3%) y las verduras, legumbres y hortalizas (45.2%).

Luego de la crisis económica la muestra señaló que las áreas siguientes en las que se percibe una crisis son: política (4.11) y la crisis en salud pública (3.91). También se menciona la crisis social (3.85), la educativa (3.62) y la ambiental-ecológica (3.31).

Para conocer más de la encuesta puede acceder en el archivo adjunto.

 

Información compartida a SURCOS por el departamento de prensa de la UNA.

Los huevos, el C.N.P., los directores del periódico la nación y noticias monumental

Por Jesús Calderón Rojas

Encuentro social comisión de ruralidad y agroalimentación
A la población costarricense.
13 de junio del 2021.

Este pasado viernes 11 de junio, el periódico la Nación, y este muchacho que tienen de director de noticias en Radio Monumental, la emprenden nuevamente, contra la forma de cómo el Estado costarricense, aplica políticas que buscan garantizar la comida a la población, pero sobre bases de justicia de pago a quienes tienen esa responsabilidad, y hoy nos referimos a la producción de huevos.

Ante la posición de estos peones del gran capital a través de las empresas periodísticas, manifestamos que llegó la hora a los costarricenses de avistar nuevos horizontes, incorporando a la ruralidad a un proceso de desarrollo incluyente.

Costarricenses, el CNP recibió un incremento en la demanda de alimentos por parte del MEP y de los Cen-Cinai del Ministerio de Salud. Veamos el aumento en el volumen de huevos, que pasó de 845.077 kilos en 2019 a 3.794.122 en 2020, en otras palabras en el año 2020 la facturación ascendió a 7.140 millones de colones. Con este incremento en la demanda de huevos, se favorecieron más de 50 empresas de pequeños y medianos en todo el país, y de plano superando la intermediación.

Aprovechando la posición pública de ambos medios de comunicación, la Cámara de Avicultores pega el grito al cielo, y nos dice: “Ese sobreprecio que pagan resulta paradójico en momentos de crisis fiscal y económica del país, donde precisamente el sector público debería buscar mayor eficiencia y reducir los costos de funcionamiento de este tipo de programas, y en particular evitar que muchos hagan clavos de oro con la intermediación existente”. Pero lo curioso, es que para atender esta demanda, el CNP le solicitó a esta Cámara la incorporación de empresas, y las que propusieron no calificaron porque eran tamaño grande.

Para que nos formemos un criterio de la realidad y de porque la queja: Hablemos claro y veamos la realidad de la producción de huevos en el país.

–           La corporación Walmart con un millón de gallinas produce el 40% de los huevos que se consumen.

–           Yema Dorada con 600 mil gallinas

–           Avicultores Unidos con 400 mil gallinas.

–           Granja Santa Marta con 250 mil gallinas.

De acuerdo a ley este programa conocido como el PAI, solo pueden participar pequeños y medianos, y cuando estos no cumplan la demanda, el CNP puede comprarles a las grandes empresas. Años atrás cuando el PAI necesitaba de huevos, lo conseguía a través de la Cámara de Avicultores y de esas grandes empresas, y les pagaban a los productores pequeños a 800 colones el kilo. Costarricenses, aquí está la razón de la queja o como diríamos en la calle, aquí es donde está el brinco.

Es importante que los costarricenses y para esos periodistas, manejemos cifras del Banco Central de Costa Rica, en la actualidad el crédito mayoritariamente es de consumo, con un porcentaje del 33%, seguido por vivienda con un 28%, servicios 12%, comercio 10,7%, industria 3,7, turismo 2.1% y finalmente agricultura con un 2%. A pesar de esa discriminación de acceso al crédito y en términos de generación de empleo la agricultura representa el 11.7%, en relación con el 16,1% correspondiente a comercio, el 10, 3% del sector industrial y el 6,6% de turismo. A pesar de esa discriminación en el acceso al crédito, nuestra actividad productiva en crisis y agravada por la pandemia, sigue trabajando, continúa produciendo, sigue dando empleo.

Que estamos inmersos en una gran crisis, no hay discusión. No es momento de lamentos, es momento de plantear salidas inteligentes al conjunto de problemas existentes, No podemos dejar de lado que el sector de pequeños y medianos productores que aseguran la canasta básica, la comida a todos los habitantes del país, deben contar con una respuesta verdadera y oportuna, para lograr mantener su maltrecha estructura productiva, y desde luego, tratar de incrementar su volumen de oferta.

Recuperar la economía a partir de la operación de pequeños y medianos productores, es de urgencia. La Agroalimentación, será el pilar central de nuestra economía, no solo por tener diversidad de microclimas y distintas experiencias productivas, sino porque sumamos a esta gesta, el conocimiento acumulado. Allí es donde se debe centrar el esfuerzo país.

Atentamente:
JESUS CALDERON ROJAS
COORDINADOR

 

Compartido con SURCOS por José Oviedo.

La situación de las familias, sus organizaciones, producción y territorios, impactados por el COVID y las políticas económicas

SURCOS comparte:

La pequeña producción en general y la agrícola es altamente vulnerable a los efectos de crisis económicas, de la pandemia, situaciones de impacto ambiental, pobreza.

No obstante, los diferentes esfuerzos que realizaron en los últimos años, las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, los pequeños productores no son prioridad en las políticas públicas, ni el accionar de las instituciones.

La agricultura campesina, a pesar de arrastrar una situación crítica desde antes de la pandemia y la situación de temor general de la llegada del virus a las comunidades, se ha continuado con la producción de alimentos que consumen las familias en zonas rurales y en lo urbana acudiendo a pequeñas huertas, confirmando el papel vital que desempeña en la seguridad alimentaria en las comunidades.

La pandemia está generando serias dificultades para la producción, mercados afectados por las restricciones sanitarias, cierre temporal de espacios comercialización o desaparición de algunos, caída en el consumo, niveles de pobreza y desempleo en aumento, por ende, la comercialización de los productos de la agricultura, viéndose afectados de forma particular los circuitos cortos de comercio. 

Para responder a esta situación y defender los sistemas alimentarios, la productividad local, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y comunitaria están tratando de generar alternativas; estas iniciativas incluyen la elaboración de protocolos de sanitarios propios en los espacios de mercado, priorización del abastecimiento alimentario e incidencia en sus territorios para lograr que se mantengan las formas de producción y comercialización alternativas para llegar a los mercados territoriales y locales.

A toda esta situación se suma las políticas económicas que la actual administración ha tomado para superar las crisis económicas vivimos, ejemplo políticas fiscales que meten en mismo saco a grandes empresas y pequeñas donde estas últimas difícilmente pueden adaptarse dado los costos de implementar los requerimientos, normativas y no contar con políticas diferenciadas de atención, más bien los pocos programas que se tenían han sido suspendidos por las restricciones a raíz de la pandemia.

Concluimos en la urgente reflexión y reafirmación de lo que vivimos y entendemos como Economía Solidaria, de reforzar nuestras economías territoriales, obligados a defendernos, nos sentimos moral y políticamente responsables del futuro de nuestras familias.

Reflexión compartida con SURCOS por Carlos Hernández Porras.

Imagen: Semanario Universidad.

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

Colombia en llamas: el fin del neoliberalismo será violento

Boaventura de Sousa Santos

Colombia está en llamas. Actualmente es uno de los países con más número de muertos por covid-19, ocupando el cuarto lugar en la región después de Estados Unidos, Brasil y México, teniendo hasta la fecha tan solo el 3.5% de la población totalmente vacunada y siendo parte de los países que se niegan a apoyar la solicitud de liberación de las patentes de las vacunas. Es también el país que en 2020 contó con el 42,5% de su población en condición de pobreza monetaria y con el 15,1% de la misma en condición de pobreza monetaria extrema. A estos datos mínimos pero dicientes le podemos sumar que, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, se han asesinado entre 700 y 1.100 personas defensores y defensoras de derechos humanos (las cifras varían entre las ONG y las instituciones gubernamentales). Las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARCEP hoy están en disputa por parte de distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico, minería ilegal) sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando gravemente el tejido social, dando como resultado que esto es sólo la punta del iceberg del nuevo panorama que atraviesa el país.

Es en este contexto, y tras casi 3 años bajo el gobierno de una derecha opositora al acuerdo de paz que, en medio de una pandemia que ha matado a miles de personas, el pueblo trabajador ha salido a las calles a levantar su voz en contra de una anunciada reforma tributaria que buscó, bajo la lógica del gobierno, recaudar 23 billones de pesos (algo cercano a 6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando y pagando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Plantear la idea de que más personas sean las encargadas de tributar y financiar los gastos del Estado, en teoría, no suena descabellado, es más, llevaría a pensar que serían las personas de altos ingresos quienes más pagarían impuestos teniendo en cuenta los principios de progresividad, equidad y eficiencia tributaria consagrados en la Constitución Política de Colombia. Pero, según los datos del Banco Mundial, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina (el índice GINI es de 51,3), reflejando una política fiscal inadecuada y regresiva que posibilita una alta concentración del ingreso y la riqueza, ocasionado por ello un menor desarrollo, teniendo en cuenta que los ingresos y la riqueza se quedan en manos de un porcentaje muy pequeño de la población. La reforma planteada, se uniría al largo y complejo sistema tributario del país que no refleja una verdadera política progresiva y que está lleno de beneficios tributarios dirigidos a las personas con mayores ingresos.

Podríamos afirmar que a partir de 2016 el pueblo trabajador ha inundado las calles y plazas de Colombia exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Así, en los últimos 5 años Colombia ha visto sus calles recorridas por jóvenes, mujeres, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que han generado hechos insólitos como presenciar una de las mayores manifestaciones en el país desde la década de 1970 como lo fue la llevada a cabo el 21 de noviembre de 2019 (21N). Gracias a este empoderamiento popular, y a pesar de la pandemia del covid-19, Colombia volvió a marchar del 09 al 21 de septiembre de 2020 para protestar en contra del abuso policial, del mal manejo del Gobierno ante la crisis económica y social provocada por la pandemia y para sentar una voz que dijera basta ya a las masacres en el país, las cuales no tuvieron tregua a pesar de las medidas de confinamiento. En especial hay que subrayar la Minga del Suroccidente Colombiano ocurrida en octubre de 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emocionó por sus consignas y valentía y que logró movilizar a una gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias tras su recorrido por el país, logrando la opinión favorable de millones de personas que los recibieron calurosamente en cada ciudad durante su viaje hasta la capital.

Bajo este panorama el pueblo decidió a partir del 28 de abril (28A) de 2021 marchar en contra de la reforma tributaria y del gobierno indolente. La represión de las fuerzas policiales es brutal. El malestar ciudadano ha sido objeto de estigmatización y represión por parte de la fuerza pública, lo que ha llevado a que distintas organizaciones de derechos humanos registren entre el 28 de abril y el 05 de mayo un total de 1708 casos de violencia policial, 381 víctimas de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de fuerza pública. . De igual manera, la Defensoría del Pueblo (la figura del ombudsman en Colombia) señaló que se registraron 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28A.

Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de no solo lograr que se retire dicha reforma en el congreso y que dicho ministro renuncie, sino que el presidente de la república Iván Duque Márquez ha propuesto un espacio de dialogo con distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser solo entre las élites del país, desde arriba, y nunca desde abajo. Las organizaciones sociales saben por experiencia que de este gobierno nada bueno hay que esperar, pero como siempre lo han hecho no se rehúsan al dialogo. La primera victoria del movimiento ciudadano en las calles sobre el retiro de la reforma no llegó pacífica o gratuitamente. Además de las cifras antes mencionadas y recolectadas por las ONG del país, el Presidente Duque anunció la militarización del país antes de ceder al clamor social. A partir del 01 de mayo, las redes sociales y las calles colombianas han visto el horror de un despliegue militar típico de un estado de excepción dictatorial con la policía disparando en contra de manifestantes pacíficos y desarmados. Esta ha sido quizás la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.

Particularmente en Cali las protestas tuvieron una intensidad muy especial debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del cruel asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena de apenas 35 años quien proponía la recuperación de los conocimientos tradicionales y rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, llena de contradicciones y luchas, y que ha visto como reprimen a su pueblo de la forma más aberrante posible. La situación es tal que, en medio de una reunión pacífica y transmitida en directo por las redes sociales, se puede observar al escuadrón antidisturbios haciendo presencia para dispersar la manifestación, causando la muerte de un joven frente a más de 1.000 espectadores que observaban a través de internet. Desde Siloé, una comuna (favela) en Cali, se denunció también que durante la noche del 04 de mayo no se pudo acceder al servicio de internet en la zona.

La débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas (tanto administrativas como judiciales) ha dado lugar para que civiles armados amenacen (y en ocasiones disparen) a los manifestantes bajo la idea de que son “vándalos” y “terroristas”. En Cali, los estudiantes hicieron circular el siguiente “diálogo”: “Tenemos 25.000 armas”, gritaba un hombre vestido de blanco desde su costosa camioneta parqueada frente a la Universidad del Valle (Univalle). “Nosotros tenemos una de las mejores bibliotecas del país”, le contestó un estudiante. En Pereira, el alcalde promovía un “frente común” que incluyera a miembros de la seguridad privada, al ejército y a la policía para “recuperar el orden y la seguridad ciudadana”, dando lugar a que un joven resultara herido con ocho balas y esté agonizando en un hospital de dicha ciudad.

¿Para dónde va Colombia?

Esta pregunta es importante para Colombia, pero más allá de Colombia me parece ver en los recientes acontecimientos en Colombia el embrión de mucho de lo que pasará en el continente y en el mundo en las próximas décadas. Claro que cada país tiene una especificidad propia, pero lo que pasa en Colombia parece anunciar el peor de los escenarios que identifiqué en mi reciente libro sobre el periodo postpandemia (El Futuro Comienza ahora: de la pandemia a la utopía. Madrid: Akal. 2021). Este escenario consiste en la negación de la gravedad de la pandemia, la política de sobreponer la economía a la protección de la vida, y la obsesión ideológico-política de volver a la normalidad aun cuando la normalidad es el infierno para la gran mayoría de la población. Las consecuencias de la pandemia no pueden ser mágicamente frenadas por la ideología de los gobiernos conservadores, la crisis social y económica pospandemica será gravísima sobre todo porque se acumula con las crisis que preexistían a la pandemia. Será por eso mucho más grave. Las políticas de ayuda de emergencia por deficientes que sean combinadas con el ablandamiento económico causado por la pandemia van a causar un enorme endeudamiento del Estado y el agravamiento de la deuda será una causa adicional para más y más austeridad. Los gobiernos conservadores no conocen otro medio de lidiar con las protestas pacíficas del pueblo trabajador en contra de la injusticia social que no sea la violencia represiva. Así van a responder y el mensaje va a incluir la militarización creciente de la vida cotidiana. Lo que implica el uso de fuerza letal que fue diseñada para enemigos externos. La degradación de la democracia ya bastante evidente se profundizará todavía más. ¿Hasta qué punto el mínimo democrático que todavía existe colapsará dando lugar a nuevos regímenes dictatoriales?

Este escenario no es especulación irrealista. Un reciente informe del FMI hace la misma previsión. Dicen los autores Philip Barrett y Sophia Chen1 que las pandemias pueden tener dos tipos de efectos sobre la agitación social: un efecto atenuante, suprimiendo la posibilidad de causar disturbios al interferir en las actividades sociales, así como un efecto contrario que aumente la probabilidad de malestar social y por consiguiente se generen disturbios o protestas en la medida en que la pandemia se desvanezca. Lo que no dicen es que las protestas serán motivadas por las mismas políticas que el FMI y las agencias financieras promueven en todo el mundo. Es tanta la hipocresía del mundo en el que vivimos que el FMI ignora u oculta las consecuencias de sus lineamientos. El pueblo colombiano merece y necesita de toda la solidaridad internacional. No estoy seguro si la tendrán abiertamente de las agencias internacionales que dicen promover los derechos humanos a pesar de que estos estén siendo violado tan gravemente en Colombia. Imaginemos por un momento que lo que está pasando en Colombia estuviese ocurriendo en Caracas, Rusia o cualquier otra parte del mundo declarado como no amigo de los EUA. Seguramente la OEA, el alto comisariado de la ONU, y el gobierno norte americano ya estarían en campo para denunciar los abusos y proponiendo sanciones a los gobiernos infractores. ¿Por qué la suavidad en los comunicados emitidos hasta la fecha? No se le puede escapar a nadie que Colombia es el mejor aliado de los EUA en América Latina, siendo el país que se ofreció para instalar siete bases militares de los EUA en su territorio (situación que afortunadamente no ocurrió por intervención de la Corte Constitucional). Las relaciones internacionales en el presente viven el momento más escandaloso de hipocresía y parcialidad: solamente los enemigos de los intereses norteamericanos cometen violaciones de los derechos humanos. No es nuevo, pero ahora es más chocante. Las agencias multilaterales se rinden a esta hipocresía y parcialidad sin ningún tipo de vergüenza. Los colombianos, eso sí, pueden esperar la solidaridad de todos los demócratas del mundo. En su valentía y en nuestra solidaridad reside la esperanza. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata más muere. Lo que está pasando en Colombia no es un problema colombiano, es un problema nuestro, de las y los demócratas del mundo.

Por el momento, las manifestaciones en Colombia no se ven próximas a finalizar y pese a que solo ha pasado una semana desde el inicio de las mismas debemos insistir en superar el miedo que ronda las calles del país e insistir en la esperanza de un futuro prometedor, más justo y en paz, para un país que ha querido terminar un conflicto de más de 50 años a través de un Acuerdo que agoniza bajo las garras del capitalismo abisal.

 

Imagen tomada de Semanario Universidad.

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (II)

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Crisis Económica en Venezuela?

Sí, pero hay que diferenciar las crisis generadas por los propios gobiernos (como el del presidente argentino Mauricio Macri y su política neoliberal que solo beneficia al sistema financiero), de las crisis inducidas, por sectores financieros nacionales e internacionales dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela a través de: congelamiento de cuentas, sabotaje a la tasa de cambio, extracción del papel moneda, acaparamiento, desabastecimiento y guerra mediática.

A pesar de los efectos de cinco años guerra económica, el gobierno bolivariano implementa acciones para garantizar la estabilidad y la paz del país: aumento del salario mínimo integral cada dos meses, incremento permanente de la inversión social, tres millones de viviendas construidas y entregadas a familias de los sectores más vulnerables. Entrega directa de alimentos a más de 6.000.000 millones de familias a través del programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Lanzamiento del sistema de criptomonedas Petro con respaldo en activos reales de las reservas petroleras.

Si hay crisis económica, pero no es cierto que la situación en Venezuela sea catastrófica y mucho menos de tragedia humanitaria. Si es cierto que tenemos problemas económicos y políticos, pero que no rayan en el caos ni en la tragedia, aclarando que estos problemas son causados por los empresarios venezolanos que boicotean la economía escondiendo sus productos y bajando la producción de alimentos, además como ya mencionamos, de estar acompañados por la política injerencista, guerrerista, colonialista de Estados Unidos. Ante esta política de la oposición política, el gobierno bolivariano ha incrementado políticas contrarrevolucionarias, que han surtido el efecto necesario, tales como: incremento de salarios, proveyendo cajas con alimentos subsidiados a las comunidades del país, entre otras, como igualmente ya indicamos arriba.

*¿Hay Migración en Venezuela?

Producto de las condiciones a las que la guerra económica somete al pueblo venezolano, muchos y muchas han decidido probar suerte buscando trabajo temporal fuera de su país, tal como ha sucedido con millones de compatriotas centroamericanos, de la región andina y de sur américa, que durante décadas han migrado de sus países.

Pero se ha construido un discurso desde los sectores antichavistas de que la de Venezuela es una catástrofe porque gobierna “el populismo” y “el comunismo”.

Ahora bien: ¿Qué podemos decir de México, con sus 41 millones de mexicanos/as que viven en los Estados Unidos? ¿Qué podemos decir de Colombia? Se calcula que casi cinco millones de colombianos/as viven en Venezuela, un millón en los Estados Unidos y 135 mil en España. Se calcula que en Argentina viven unos 38 mil venezolanos/as mientras que existen 87.574 peticiones de residencia de ciudadanos/as colombianos/as entre temporal y permanente.

El éxodo de venezolanos al exterior, ¿por qué salen?

Se ha hablado mucho y demasiado sobre el fenómeno migratorio de venezolanos al exterior. La oposición al gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado, las redes sociales y otros medios, para desinformar e involucrar hechos políticos y económicos, para de una manera justificar el éxodo de venezolanos al exterior, pero el fenómeno migratorio va mucho más allá al supuesto rechazo del gobierno de Nicolás Maduro, si lo midiéramos por allí, Nicolás Maduro saldría fortalecido, ya que son más los venezolanos que se quedan, que los que se van, no todos los que parten son opositores.

Entonces el análisis no puede ser únicamente político. Existen muchos factores para que una persona busque nuevos y lejanos derroteros.

Veamos algunos datos: Según las ONU existen alrededor de 250 millones de personas en el mundo, que no viven en su lugar de origen. Solo empezando por allí, nuestra diáspora es insignificante ante el total mundial.

La diáspora venezolana no es tan numerosa como nos quieren hacer ver la oposición y medios de comunicación, internacionales y nacionales. A lo sumo existen 1,5 millones de compatriotas viviendo en el exterior (no más de 400 mil en USA, 250 mil en España, países que albergan más venezolanos) los demás diseminados en el mundo.

Aunque sea cierto que en estos últimos tiempos, se ha incrementado la migración sobre todo, de jóvenes venezolanos, hacia otros países, también es cierto, que la justificación de este incremento es el mismo de otros ciudadanos del mundo (250 millones) que deciden emigrar: 1) Factores económicos, 2) Posibilidades de conseguir empleo y aumentar los ingresos familiares 3) Inseguridad. 4) Obtener una mejor calidad de vida. 5) Continuar estudios y especializaciones entre otras. Estas son variables comunes en casi todo el mundo que busca emigrar, algunos lo consiguen otros no, irremediablemente deben volver a sus lugares de origen.

Un elemento a señalar es que el estándar de vida del venezolano, era más elevado que el de Estados Unidos. Y nos acostumbramos al consumo en exceso. Al surgir, la Guerra Económica, la cual desean desconocer e invisibilizar, causada por los empresarios venezolanos y extranjeros, el venezolano no es capaz de soportarla y el camino más expedito es huir hacia afuera, alimentado por los medios y su maquinaria opositora.

Continuemos escarbando sobre la problemática venezolana. Y ojalá, estos mitos y mentiras, no nos lleven a una salida bélica a la situación. Confiemos que no, en realidad el pueblo venezolano, no sabe lo que es una guerra.

*¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela?

Si, veamos algunos países y sus gobiernos latinoamericanos, en su momento, cuyas políticas internacionales se basaron en denunciar exclusivamente a Venezuela:

México

Con 1.035 periodistas asesinados en los últimos 15 años, más de 50 solo en 2017, es el país con mayor cantidad de muertes intencionadas para acallar investigaciones.

La llamada “Guerra contra las drogas” no ha surtido efecto ya que La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito alertó que México lidera el mercado de exportación de metanfetaminas y opio en América; además el cultivo de amapola creció un 60 por ciento en los últimos seis años en el país. En vidas humanas, tenemos unas 23 mil muertes al año por causas asociadas solo a esta “guerra” y que contabiliza más de 200 mil desde que se inició hace 12 años con el gobierno de Felipe Calderón.

Colombia

Además de los exiliados al exterior hay que contar los desplazamientos internos causados por el terror paramilitar y la represión del ejército colombiano, se calcula unos siete millones de desplazados por esta causa. El gobierno colombiano tan preocupado por Venezuela no logra evitar que en su territorio asesinen a, por ejemplo, más de 80 activistas sociales y sindicalistas en lo que va de 2018 y que los acuerdos de paz firmados en 2016 solo hayan sido cumplidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia mientras el Estado ha incumplido el 85 por ciento.

Brasil

El gobierno de Michel Temer surge a partir del golpe de estado a la presidenta Dilma Rousseff que fue disfrazado de juicio político sobre una causa sin evidencias. La supuesta corrupción que sirvió para sacar a Rousseff no parece ser tan grave como para que continúen Temer y sus aliados con cero votos para ser presidente pero con cientos de procesos judiciales por corrupción (hasta un video recibiendo coima).

Es el Brasil que puso de moda la reforma laboral, que destruye todo derecho laboral como en el sistema esclavista; donde asesinan a concejales de la oposición como Marielle Franco y detienen ilegalmente al candidato con mayor intención de votos de cara (Luiz Inacio “Lula” da Silva) a las próximas elecciones presidenciales.

Argentina

El gobierno de Macri asumió la bandera del antimadurismo desde su campaña electoral de 2015. Justo el gobierno de los tarifazos, del no aumento de sueldo, de los despidos, del ajuste sobre el ajuste, de la entrega de la soberanía política al Fondo Monetario Internacional. El mismo gobierno que no escuche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de tener presos y presas políticos/as sin un debido proceso, el mismo que reprime toda protesta contra el ajuste y que cuenta con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Un gobierno que justifica el asesinato por la espalda de niños de 11 años (como Camila Borda) se jacta de decirle a otro como debe “respetarse” la ley internacional que él mismo no respeta.

*¿Hay Estado de Derecho en Venezuela?

El Estado de Derecho, definición corta: “Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por ley”.

Cuáles son sus características:

División de Poderes: en el Estado de Derecho, el ejercicio del poder se divide entre los diversos organismos de poder público.

Control y Fiscalización de los Poderes Públicos: en el Estado de Derecho, los ciudadanos están facultados para vigilar y supervisar la labor de las entidades públicas.

¿Qué es vivir en un Estado de Derecho?: “Significa vivir en un estado donde hay leyes que se cumplen y protegen a los ciudadanos de un país”. (La mejor respuesta) “Significa que se vive en un país que rige su vida diaria y sus interrelaciones mediante el uso de la Constitución Política, Leyes, Reglamentos, Normas y Códigos.

Durante el periodo de gobierno del Presidente Hugo Chávez (1999-2012), y del Presidente Nicolás Maduro, es el tiempo donde se han elaborado y puesto en ejecútese, las más diversas y cuantiosas Leyes de la Republica, para el beneficio del pueblo en general, y esto ha significado la mayor transferencia de poder político al pueblo que se haya conocido jamás en Venezuela, la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia, el rescate de la dignidad de las venezolanas y venezolanos garantizando sus derechos a través de las misiones sociales, favoreciendo el acceso a la salud, seguridad social, alimentación, vivienda, educación y trabajo entre otras.

En la Revolución Bolivariana, se está haciendo énfasis en la promoción de la participación directa de las comunidades en las decisiones sobre las políticas de Estado, en el ejercicio de la Contraloría Social y la obligatoria corresponsabilidad del pueblo en el diseño, elaboración y aprobación de Leyes (el Pueblo Legislador) en la vigilancia de su aplicación y oportuna transformación.

Pasar de la democracia representativa, la cual limitaba la participación del pueblo al sufragio (Derechos civiles y políticos con restricciones), dando paso “a la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999).

Al inicio de la Revolución Bolivariana, se crearon las llamadas Misiones Sociales, que con el tiempo se materializaron en Leyes para el pueblo, estas Misiones nacen como instrumento efectivo dirigidas a solventar la deuda social; deuda que recoge el deterioro acumulado durante los últimos 30 años en que se vinieron dejando de lado los objetivos de desarrollo en Venezuela. Una brecha que habla de inmensos contingentes de personas sometida a una atroz exclusión social, política y económica a lo largo de muchas décadas.

Es así, como las misiones entonces, constituyen un conjunto de estrategias para la universalización de los derechos contenidos y expresados en la Constitución de 1999, produciendo acciones que al mismo tiempo garanticen los derechos sociales, permitan la inclusión, en la producción y en el trabajo, y también la inclusión política, garantizando organización, participación y protagonismo en los asuntos públicos del Estado.

Una de estas Misiones, posteriormente Ley de la República, es la Gran Misión Vivienda Venezuela nació producto de la imperiosa necesidad del Estado venezolano por dar respuesta más efectiva al problema de la vivienda. Esta misión, coadyuvó igualmente, a revalorizar el sistema socio-productivo nacional. El Gobierno del Comandante Chávez se fijó como meta la construcción de dos millones de viviendas en seis años, lo cual desde el punto de vista humano, necesitó una mano de obra importante, en su primer año 2011, se construyeron 147.000 viviendas. A enero de este año 2020, la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) llegó a un total de 3.079.033 hogares entregados en todo el país. Mencionando además, la rehabilitación de 1.432.699 viviendas-hogares en los 250 corredores activados en el territorio nacional.

*¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela?

En el Gobierno Bolivariano se ha democratizado el espectro radioeléctrico en señal abierta. Es decir, en el año 1998 existían 40 televisoras, en la actualidad, por lo menos, Venezuela tiene 111 concesiones en televisión abierta, de las cuales 61 son privadas, 13 del Estado y 37 comunitarias. En cuanto a radio, en 1998 había 342 concesiones, ahora hay 466 privadas, 82 operadas por el Estado y 243 comunitarias.

En televisión, es diferente, el 80 % del espectro era privado, sin embargo, observamos un proceso en que predomina un nuevo factor, el de los medios comunitarios y alternativos, que hoy ocupa 33 % del espectro en televisión versus 13 % de los medios públicos; pero aun así hay una hegemonía, sobre casi 60 % de las concesiones en televisión que siguen en manos privadas.

*¿Hay Respeto a los Derechos Humanos en Venezuela?

Con la Constitución venezolana de 1999, se transformó el Estado venezolano permitiendo garantizar los Derechos Humanos de los sectores vulnerables en el país. Los Derechos Humanos son el resultado de luchas históricas y sociales por parte de aquellos grupos vulnerables por las grandes élites dominantes que controlan el poder económico y político en Venezuela. Con el triunfo y la llegada al poder de Hugo Chávez se inició un proceso Constituyente para adecuar el Marco Constitucional e Institucional y transformar el Estado y dar origen a una Constitución que consagró la preeminencia de los Derechos Humanos.

La Constitución de 1999 marcó el inicio -de forma legal- de la Revolución Bolivariana, y a través de ella se impulsó el Socialismo del siglo XXI, que renovó la manera de gobernar en América Latina y dignificó a los sectores menos favorecidos, históricamente ignorados y oprimidos por la extrema derecha.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contempla en su título III, los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, que de acuerdo a expertos, responde al más grande avance progresivo y moderno de los Derechos Humanos.

El texto Constitucional concibe una Estructura de cinco Poderes Públicos, entre ellos el Poder Ciudadano integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

El actual Presidente Nicolás Maduro, sigue abogando por una Plena Garantía de Derechos y por el Dialogo en Venezuela.

*¿Se Han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado Venezolano?

No es cierto que se hayan cercenado las libertades y violentado o irrespetado las instituciones del Estado. El caso de la Asamblea Nacional opositora, es un caso donde ella misma entro en desacato al no cumplir una orden del Tribunal Supremo de Justicia; quien debía desincorporar tres diputados que no fueron electos legalmente.

La oposición decidió por su propia cuenta no participar en la Asamblea Nacional Constituyente, y por ende, no postulo candidatos y candidatas a la misma.

La mayoría de las personas muertas en las revueltas patrocinadas por la oposición, fueron causadas por ella misma, y si es cierto, en algunos casos, por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes fueron puestos a la orden de la justicia.

Es cierto que, la Constituyente es una vía para superar tantos problemas creados e inducidos por la oposición venezolana, una vía para buscar la paz, una vía para afianzar los Derechos que hasta ahora, se han logrado en Revolución, así como para reforzar la Constitución vigente y lograr más beneficios para el pueblo.

El llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, es totalmente constitucional basado en los artículos 347, 348, 349 de la Carta Magna venezolana. Al respecto, hay muchas interpretaciones sesgadas y mal intencionadas, pero lo cierto es que la Constituyente es lo más democrático que hay.

Lo cierto es que, votaron la Constituyente 8 millones de personas, dejando de votar 2 millones, por obstáculos, amenazas u otra suerte de impedimentos contra los que deseaban votar, coartando así el derecho al voto, que en nuestro caso es un derecho humano.

Un dato interesante es que, la mayoría de las iglesias evangélicas apoyan el gobierno revolucionario, al constatar que es un gobierno humanista, que apoya los sectores más desposeídos, que permite una libertad de culto total, que tiene una política de atención a la familia, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a las personas con discapacidad, entre otros. Así mismo, hubo varios candidatos religiosos que aportaran a la redacción de la nueva Carta Magna.

*¿Por qué Rusia y China Intervienen a Favor de Venezuela?

Las relaciones con otros países, sea Venezuela u otro país, son parte de la cotidianidad. En el caso venezolano se manejan como Alianzas Estratégicas y no solo es con Rusia y China, sino con otras potencias como Turquía, Irán, India, entre otras, con la finalidad de diversificar la economía y brindar oportunidades laborales, especialmente a la juventud, así como en las áreas de tecnología, minería, alimentos, medicinas, en temas petroleros, económicos, defensa militar, energía, turismo, comercio, fiscal, marítima y política, a favor de los venezolanos. En ningún momento, es una relación de subordinación a ningún Imperio.

Así mismo, estos países también han sufrido los embates de las élites capitalistas occidentales en su casi enfermizo afán de mantenerse como clase dominante a nivel planetario. Estos países al igual que la Venezuela Bolivariana han venido sufriendo del mismo asedio económico y militar.

La imposición de “sanciones” para entorpecer el libre comercio internacional al que cualquier país tiene derecho, es al parecer, “el caballito de batalla”, que usa la economía occidental, para doblegar cualquier intento de superación que desborde los límites que ellos mismos han impuesto, para desmontar cualquier intento de superación que ponga en peligro una hegemonía que pierden cada minuto que pasa.

Por otro lado, desde la llegada del Presidente Chávez al poder, la visión geopolítica de las relaciones exteriores fueron basadas en la ruptura de la hegemonía estadounidense y la apertura de nuestras políticas y mercados a las llamadas economías emergentes, como Rusia y China, con los cuales se ha abierto el camino a la consolidación del mundo multicéntrico y multipolar.

Hasta aquí, algunas preguntas y respuestas, ojala sirvan para esclarecer la matriz mediática que quiere imponer a Venezuela de no dejar que sea libre y tome sus propias decisiones. La pregunta del título y su respuesta la dejo a criterio de los lectores. Las respuestas son claras y sin mentiras, no es práctica revolucionaria mentir, más bien hacer que la gente tome conciencia a través de la lectura, el estudio y el debate de ideas.

Respuestas a Preguntas que no se Creen sobre Venezuela, ¿Por qué? (I)

Lic. José A. Amesty R.

17-4-2021

Nosotros/as nos fastidiamos hasta el cansancio, tratando que la gente crea y tome conciencia sobre la verdad de Venezuela, y los medios opositores no, además que dicen una mentira y la creen, que increíble.

Sin embargo, no debemos ni cansarnos ni fastidiarnos, hay que seguir con la batalla de las ideas y no desistir, sino como sabemos hacerlo seguir resistiendo. Veamos las preguntas y re – respondamos nuevamente hasta el cansancio:

¿Hay Democracia en Venezuela? ¿Las Elecciones son Arregladas? ¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador? ¿Hay Crisis Económica en Venezuela? ¿Hay Migración y Exiliados Políticos? ¿Hay Denuncias de otros Países contra Venezuela? ¿Hay Populismo, Fascismo, Mesianismo en Venezuela? ¿Hay Estado de Derecho en Venezuela? ¿Hay Libertad de Prensa en Venezuela? ¿Hay Respeto a los Derechos Humanos? ¿Se han Cercenado las Libertades e Irrespetado las Instituciones del Estado venezolano? ¿Por qué Rusia y China intervienen a favor de Venezuela? Y tantas otras… Veamos…

*¿Hay Democracia en Venezuela?

Para los que la democracia es sinónimo de Elecciones, les informamos que en Venezuela, se han realizado, al menos, 23 elecciones desde 1998, año en que Hugo Chávez fue electo Presidente e inició un proceso de democratización de los poderes del Estado con altos niveles de participación del pueblo en las decisiones que hacen a su vida política, económica, cultural y organizativa. A esto se le llama Democracia Participativa y Protagónica.

Además en Venezuela el voto no es obligatorio, y aun así el porcentaje de participación de las últimas dos décadas está por arriba del 70 por ciento, mayor que lo que sucede en los Estados Unidos, España, Colombia, Perú o Chile. Desde hace, al menos 11 años, Venezuela emplea el voto electrónico o automatizado, que permite agilizar el proceso de sufragio y blindar los resultados.

Además, adelantamos desde ya, que el Presidente Nicolás Maduro, ha sido reiterado como tal, por medio de los votos del pueblo, en elecciones libres, soberanas y democráticas, y avalado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Aprovechamos para resaltar algunos aspectos positivos de la Revolución Bolivariana con su Democracia Participativa y Protagónica de todo el pueblo, y no con populismo ni fascismo, ha tenido logros extraordinarios para esa misma población: erradicación del analfabetismo, inclusión en todas las etapas del sistema educativo, estamos en el 5° lugar del mundo en matrícula universitaria, sistema de salud universal y gratuito, reducción de la pobreza en más del 50%, reducción de la mortalidad infantil y de la desnutrición infantil, entre muchos otros.

Hay que precisar en torno a los aspectos básicos de alimentación, medicinas, ataque a la moneda nacional, transporte-gasolina, y muchos otros, que se han visto disminuidos, por el bloqueo feroz de USA y sus aliados internos y externos. Esto ha servido como propaganda de la oposición, para vender la idea que el Gobierno Revolucionario no atiende estos aspectos de la vida diaria de los venezolanos. Es ya conocido, que la Revolución Bolivariana, tiene en cuenta a la población y de alguna manera, una de las medidas son: las cajas CLAP, (cajas con alimentos básicos) los bonos en dinero en efectivo, y el apoyo a la salud y educación al ser totalmente gratuitas.

Hemos logrado buena parte de las metas del Milenio, como la cobertura de agua potable y saneamiento, la reducción de la pobreza, el acceso a una alimentación balanceada, la inclusión en la educación y en el trabajo sin discriminación por género, entre otras.

En conclusión, el triunfo de la Revolución Bolivariana, con su Democracia Participativa y Protagónica, es el triunfo de las mayorías, de los excluidos y las excluidas, de los invisibilizados y las invisibilizadas, de los obreros, de las obreras, los campesinos y las campesinas, sobre la alianza de los partidos de la burguesía y las oligarquías existentes sumisas, durante décadas, al imperialismo. Y contra esto, no hay Populismo ni Fascismo que valga!

*¿Las Elecciones en Venezuela son Arregladas?

El Poder Público Nacional venezolano, se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, es decir que, a diferencia de Argentina (solo hay tres poderes) en donde los procesos electorales son organizados por el Ministerio del Interior (poder que depende del Presidente), en Venezuela existe un poder diferenciado del ejecutivo que asume los procesos electivos. El sistema electoral venezolano ha sido reconocido por observadores internacionales, como la Unión de Naciones Suramericanas y el Centro Carter (del ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter), en distintos procesos comiciales como uno de los más confiables y modernos del mundo.

Deseamos recordar y poner como ejemplo, las supuestas “irregularidades” de las elecciones del 20 de mayo 2018, aduciendo que solo dos partidos participaron y toda una suerte de señalamientos de fraude.

Deseamos señalar que estas elecciones tienen una historia larga, con muchos acontecimientos y circunstancias coyunturales. Invito a buscar en Internet, todo lo referente a estas elecciones, donde hay abundante información. No obstante, tratare de ser lo más preciso posible.

¿Quiénes participaron en estas elecciones?

El grupo de los partidos políticos que participaron formalmente en las elecciones del 20MAY2018, fueron: Avanzada Progresista (AP), Copei, Movimiento al Socialismo (MAS) que apoyaron al candidato Henri Falcón.

A su vez, los partidos políticos, Esperanza por el Cambio de Javier Bertucci, y UPP89 de Reinaldo Quijada. Y por supuesto el partido político PSUV cuyo candidato fue Nicolás Maduro Moros.

¿Quiénes no participaron en estas elecciones?

El grupo de la llamada MUD, Mesa de la Unidad Democrática, cuyo bastión importante lo agrupan organizaciones como Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Voluntad Popular Activistas (VPA), Un Nuevo Tiempo (UNT), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela (VV), Proyecto Venezuela (PRVZLA), Convergencia, Causa R, Bandera Roja (BR), entre otras.

Quienes, como en otra ocasión, apostaron a la no participación electoral, a fin de generar las condiciones para reactivar una agenda violenta, como desenlace a la actual coyuntura política en el país.

Dicha agenda violenta pudiera constituirse en una desobediencia civil, un Golpe Militar tradicional, Guerra Civil, una intervención militar internacional o la combinación de todos los escenarios anteriores.

*¿Hay Dictadura en Venezuela? ¿Nicolás Maduro es un Dictador?

No es cierto que el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, sea una dictadura. Precisemos que un dictador no respeta o irrespeta su propia Constitución, este no es el caso de Nicolás Maduro, quien en todos sus actos, siempre actúa velando por la constitucionalidad de sus políticas. En 18 y más años, de gobierno revolucionario, nunca SE HA ROTO EL HILO CONSTITUCIONAL. Las protestas de la oposición, han sido contenidas, utilizando solo agua y gases, nunca reprimidas, como se hace en otros países.

Hay toda una campaña mediática de la oposición venezolana, hacia el exterior e interior de Venezuela, enfatizando que en el país hay un dictador, una dictadura ejercida por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros, Y MAS AUN, A PARTIR QUE EL MANDATARIO VENEZOLANO HAYA ACTIVADO EL PODER ORIGINARIO DEL PUEBLO, AL PROPONER UNA Asamblea Nacional Constituyente, deseamos precisar algunas ideas en torno a las Dictaduras, sin hacer juicios de valor, solo precisarlas, para que se vean sus postulados principales.

La dictadura es un sistema de gobierno o régimen gubernamental donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, un grupo o un partido. El dictador no permite la oposición a sus acciones y a sus ideas, tiene poder y autoridad absolutos. Se trata de un régimen no democrático, antidemocrático y autocrático, donde no existe la participación del pueblo.

Existen varios tipos de Dictaduras, a saber:

Dictadura Fascista: El concepto de régimen fascista puede aplicarse a algunos regímenes políticos dictatoriales, ya fueran totalitarios o autoritarios de la Europa de entreguerras y a prácticamente todos los que se impusieron por las potencias, durante su ocupación del continente durante la Segunda Guerra Mundial.

De un modo destacado, y en primer lugar, a la Italia de Benito Mussolini (1922) que inaugura el modelo y acuña el término; seguida por la Alemania de Adolf Hitler (1933) que lo lleva a sus últimas consecuencias; y la España de Francisco Franco que se prolonga mucho más tiempo y evoluciona fuera del periodo (desde 1939 hasta 1975). Las diferencias de planteamientos ideológicos y trayectorias históricas entre cada uno de estos regímenes son notables.

Dictaduras Autoritarias: El término autoritarismo, no tiene una ideología tan elaborada, el ensalzamiento del líder se hace de forma meramente propagandística. No busca el apoyo de las masas, sólo someterlas. Su meta última no es realizar grandes cambios en la sociedad sino únicamente imponer su poder sobre la misma. El autoritarismo busca acallar a los disidentes y evitar sus expresiones en público.

En Las Dictaduras Totalitarias, la concentración de poder está en una sola persona o grupo muy reducido, usualmente un partido político o movimiento, que puede incluso conducir al culto a la personalidad del líder. Se justifica la actuación política mediante una doctrina global que se manifiesta en todas las esferas de la actuación humana: economía, cultura, familia, religión. Se emplea sistemáticamente el terror, por medio de policías y ejércitos para eliminar a la disidencia u oposición. Se utilizan los campos de concentración para aislar a la oposición y enemigos del régimen. Busca no solo acallar sino también extirpar las formas de pensamiento opuestas, mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades.

Se han desarrollado también una especie de Dictaduras llamadas Modernas, en las cuales, los dictadores también pueden llegar al poder siendo elegidos en votaciones populares, designados por un partido único o jerarquía dominante de cualquier signo, o heredar el poder tras el fallecimiento del pariente que lo ostentaba. Guarda conexión con los totalitarismos a través de la implantación de un sistema de legitimación del poder público mediante un sistema político de fuerza y jerarquía; y mediante la ideología del movimiento o partido.

A su vez, La Dictadura Constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Constitución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los Poderes. El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se denomina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral.

Todos estos tipos de dictaduras tienen un componente militar que las caracteriza. Que en algunos casos se implementan a través de los llamados Golpe de Estado, y que es una forma de gobierno donde el poder está completamente controlado por los militares.

Veamos algunas características de las Dictaduras:

Poder sin límites. En las dictaduras no existen control ni límites a las determinaciones que tome el dictador. De este modo a lo largo de la historia estos dictadores autoritarios han cruzado barreras morales y jurídicas sin presentar siquiera argumentos lógicos que sustenten sus acciones. De este modo se han cometido asesinatos masivos, privación de la libertad, encarcelamientos injustificados, otras.

No hay Leyes Constitucionales. Dado que no existe la división de poderes en las dictaduras, las leyes que se sancionan son directamente propuestas por la figura monárquica de quien está al mando. Los ciudadanos no poseen leyes que los amparen ya que, en el mejor de los casos, la constitución es adaptada a las necesidades del dictador y del grupo al que pertenece y representa.

Intromisión en la vida privada de las personas. Generalmente, en las dictaduras, las fuerzas armadas tienen la capacidad de privar de su libertad a cualquier ciudadano si así lo consideran necesario. También pueden solicitar datos, objetos personales e incluso irrumpir en propiedades privadas.

Desvanecimiento de la figura del Presidente. Dado que este término describe a la figura máxima dentro de un gobierno democrático (opuesto a los gobiernos de facto) existe un desvanecimiento de la figura del Presidente como tal. Aunque también en ciertas dictaduras el dictador al mando se ha dado en llamar Presidente, sólo conserva su nombre dada la ausencia del aparato democrático que lo sustenta detrás.

Control de los medios de comunicación masivos. Todas las dictaduras supervisan el contenido de los medios de comunicación así como también a sus periodistas y trabajadores. De esta forma tienen bajo su control y dominio los medios y persuaden a la población. Generalmente se utilizan estos medios interviniéndolos e inculcándole a la población características positivas del líder dictador al mando. Esto, a menudo, coloca al dictador en una figura de padre protector y benefactor del pueblo.

Violación de los Derechos Humanos. Durante los gobiernos de facto, existe una ausencia total de los derechos del pueblo y los derechos humanos no son una excepción. Durante este tipo de gobiernos se pueden llegar a hacer uso de guerras o batallas (internas o externas) para justificar actos de violación de los derechos humanos ya sea hacia su pueblo o hacia otros países.

Control a través del miedo. Todas las dictaduras han dominado y controlado a sus ciudadanos a través del miedo. Ellos generan y fomentan en el pueblo el terror a ser perseguidos, torturados y asesinados sino se acatan las órdenes estrictas de la dictadura.

La Iglesia como medio de dominación. Comúnmente las dictaduras necesitaron tener el aval espiritual. De esta forma se les otorgó un poder desmedido a la iglesia (mayoritariamente este poder se le dio al a iglesia católica) quienes eran los encargados de «encauzar» las almas de aquellos que se habían desviado del camino espiritual. De este modo, las dictaduras podían justificar moralmente su repudio hacia los homosexuales, negros o personas que no compartían esta religión.

Errores comunes de las dictaduras. Dado que infunden miedo no solo en el pueblo si no en todos los que rodean al dictador, los ayudantes de éste evitan expresar críticas u opiniones diferentes a las que propone dicho dictador. Por esta razón se genera un ambiente donde los errores son frecuentes y, en ciertos casos, pueden llegar a terminar con el régimen.

Diferencia entre Democracia y Dictadura: Son de hecho dos extremos opuestos, y también de las formas de gobierno más comunes hoy en día. La democracia es, según traducción literal de su voluntad, el gobierno del pueblo por el pueblo. Es decir, que son los ciudadanos quienes deciden las leyes, quiénes son los representantes para gobernar.

Estas decisiones en democracia pueden realizarse de forma directa mediante elecciones de diverso tipo (nacionales, autonómicas, u otras) o bien de forma indirecta, cediendo el poder a representantes con el fin de agilizar la aprobación de leyes, por ejemplo.

La democracia es el sistema de gobierno más extendido, sobre todo en la sociedad occidental, a pesar de que ha sido duramente criticada por ciertas debilidades, así como en ocasiones por esconder en la práctica una dictadura no reconocida.

Democracia: El gobierno es de todos. Existen elecciones, libres y periódicas. El mandato de los líderes es por consenso de los gobernados. Los líderes políticos son responsables de las acciones del pueblo. El poder se halla concentrado en la Constitución. La parte oponente, la oposición, tiene acceso a los medios de comunicación. Se permite la crítica. Se protege las libertades civiles. Se respeta el derecho de las minorías. Se considera como oponentes a quien están en contra del grupo político que se encuentra en el poder.

Dictadura: El gobierno es de uno solo. No existe la libre elección. El dictador manda sin el consenso de los gobernados. Los líderes responsabilizan al pueblo por sus acciones. No hay constitución vigente. Los medios de comunicación son controlados. Se prohíbe la crítica. Se prohíbe las libertades civiles. Se ignora por completo el derecho de las minorías. Se considera como enemigos a quienes están en contra del que se encuentra en el poder.

Continuará…

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)