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Etiqueta: crisis económica

El Derecho de la función pública del enemigo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

“Quien gana la guerra determina lo que es norma, y quien la pierde ha de someterse a esa determinación” (G. Jakobs)

Manuel Hernández

En el complejo ciclo de desarrollo y consolidación del neoliberalismo económico, particularmente en los dos últimos años, acicateado por la crisis económica y fiscal del país, los poderes político-corporativos hegemónicos concertaron una potente y rabiosa legislación que trastoca los derechos individuales y socava los derechos colectivos de ciudadanía social de las personas que laboran en la Administración Pública.

Este ciclo comporta un deslizamiento gradual de la democracia hacia el autoritarismo político, que ha tenido un giro violento en estos dos años, que termina derrumbando las reglas pactadas de la institucionalidad democrática.

En este artículo se ensaya un análisis del contenido y alcances de esta legislación emergente y de excepción, que configura la categoría que denomino el Derecho de la función pública del enemigo.

Se utiliza esta categoría, derivada de la teoría del Derecho penal del enemigo (G. Jakobs), para examinar, desde un punto de vista crítico, esta legislación emergente y permanente, cuya imposición determina un giro de tuerca que consuma una reestructuración global del modelo o subsistema de las relaciones de trabajo de la Administración Pública. Una nueva institucionalidad, regresiva y de carácter autocrática, que coloca a los sindicatos en un serio predicado, comprometiéndolos a asumir un histórico desafío.

1.- La necesidad y pertinencia de una superestructura política-jurídica funcional al modelo de acumulación capitalista neoliberal

Aproximadamente, desde hace unas cuatro décadas, en nuestro país, se viene de manera progresiva, paso a paso, aunque no de manera rígidamente lineal, pero si en la misma dirección, aguijoneado por el Consenso de Washington (1989), desarrollando y consolidando el neoliberalismo económico.

Este modelo corresponde a una ya prolongada fase de reestructuración o ajuste estructurales del modo de producción capitalista, que responde a las nuevas exigencias de acumulación y explotación, no sólo de la fuerza de trabajo, sino también de los recursos de la naturaleza.

Este modelo de acumulación está radicado en la globalización de la economía y la producción, la financiarización de la economía, la automatización, la desregulación de los mercados, incluyendo la flexibilización del “mercado” de trabajo, la reestructuración de los procesos de producción, la reducción del déficit fiscal, del gasto público y la privatización de los servicios públicos (Williamson).

El neoliberalismo se sustenta en una lógica de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene por objetivo reconstituir la hegemonía del capital en el proceso de producción y reproducción social, recurriendo a la mayor explotación posible de los recursos de la humanidad en su conjunto, que requiere menos derechos de libertad, derechos sociales, canales de mediación entre el capital y el trabajo y menos democracia (Noguera Fernández).

Estas políticas implican que el Estado asuma el “imperativo de la austeridad” (Luistig); en síntesis, más Mercado y menos Estado, el mantra de la ideología neoliberal, la esencia de la nueva Lex Mercatoria.

Pero este modelo de acumulación exige necesariamente una superestructura política- jurídica que fisiológicamente le sea funcional; es decir, de un conjunto de aparatos ideológicos de dominación (los famosos AIE de Althusser), que se adecuen a esta fase de desarrollo del capitalismo y aseguren el cumplimiento normativo y coactivo de aquellos objetivos.

En Costa Rica, esta superestructura política-normativa se empezó a gestar desde las primeras cartas de intenciones firmadas con el FMI (1982, 1984), la saga de los PAES 1, 2 y 3, firmados con BM, todos con la rúbrica socialdemócrata del PLN (1985, 1989, 1995), la aprobación del TLC (2007), la aprobación de los 22 comités para la adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de cuya agenda destaca la reestructuración del empleo público y la Administración Pública.

Más reciente, en el último par de años, bajo el pretexto de la crisis fiscal, se aprobó aceleradamente una legislación “laboral”, con un núcleo duro que se basa en dos caras de la misma moneda: la desposesión de los derechos laborales de las personas que trabajan en la Administración Pública, y el menoscabo de sus derechos colectivos de ciudadanía.

Esta legislación emergente, excepcional, de excepción no temporal, sino permanente, que se articula en ese devenir del proceso de profundización de las reformas estructurales, tiene como sustrato la construcción ideológica del funcionario público antisocial forjada por los poderes fácticos.

Resulta aquí didáctica la siguiente afirmación de Chomsky:

“Cuando se trata de construir un monstruo fantástico siempre se produce una ofensiva ideológica, seguida de campañas para aniquilarlo. No se puede atacar si el adversario es capaz de defenderse: sería demasiado peligroso. Pero si se tiene la seguridad de que se le puede vencer, quizá se lo consiga despachar rápido y lanzar así otro suspiro de alivio.”

Esta cita de Chomsky refleja muy bien el proceso doméstico de construcción social y representación cultural del funcionario público, como enemigo de la ciudadanía, cuya violenta campaña, política y mediática, para destruir sus derechos individuales y de ciudadanía social, ha sido intensa y visceral en estos años.

Partiendo de esta construcción cultural negativa, el discurso político y mediático entronizado transfiere convenientemente la responsabilidad de la crisis fiscal a los funcionarios públicos, estigmatizados como parias que sacrifican los recursos públicos, “secuestradores de quirófanos”[1]; cuyos discursos destilados en cicuta llegan al extremo de desacreditarlos y tratarlos como hordas de acosadores sexuales y sátiros de menores de edad.[2]

En esta coyuntura, esa legislación que se promulgó responde a una combinación de varios factores: a la radical defensa, desde aquella racionalidad neoliberal, de la agenda de los intereses económicos del poder corporativo hegemónico, a la irracionalidad visceral de los sectores ultraderechistas y antidemocráticos, y también a una buena dosis de ignorancia política.

Lo cierto es que a merced de la crisis económica y fiscal, esos espurios intereses han encontrado un terreno fértil para empoderar su agenda y amalgamar una legislación de excepción, permanente, fundida principalmente en dos leyes, y una más que estaría próxima a ser también ley de la “República”, de la República oligárquica corporativa de ellos, a saber: Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018), Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020) y (Proyecto) Ley Marco de Empleo Público (que por el curso vertiginoso de los acontecimientos y el alto grado de consenso político concitado, me adelanto a ponerle, no el número de ley, pero si el año de promulgación: 2021).

Estas tres leyes de amplio espectro (que en este artículo de opinión asumo como tales) vienen a la postre a configurar el tridente neoliberal que denomino: el Derecho de la función pública del enemigo, que disciplinan, no solo el régimen de las condiciones de empleo, sino, además, la actividad principal de los sindicatos en el ámbito de la Administración Pública.

2.- La configuración del Derecho de la función pública del enemigo

Antes de desarrollar el contenido y alcance de esta propuesta que planteo, es pertinente advertir que esta denominación la tomé prestada de la teoría del derecho penal del enemigo (G. Jakobs, 1985), cuya trasposición al derecho laboral, particularmente al ámbito del derecho de la función pública, mutatis mutandi, resulta jurídicamente sostenible.[3]

Esta teoría tiene un potencial expansivo (García Amado), que permite utilizarla como categoría critica de análisis, que facilita la comprensión de los (dis)valores antidemocráticos y juicios políticos que impregnan las leyes que de seguido se examinarán.

La configuración de este anunciado régimen jurídico de excepción de la función pública se basa en una legislación de tres patas:

2.1.- El disciplinamiento del desempeño, la productividad laboral y las remuneraciones de las y los funcionarios públicos

En uno de los contextos económicos más difíciles de nuestra historia republicana, con una fuerte resistencia social, se promulgó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635 (2018).

Esta ley tiene una impronta neoliberal incuestionable, compuesta por tres ejes: materia tributaria, regla fiscal y remuneraciones de las y los funcionarios públicos.

Tratándose de este último eje, la ley, por una parte, diseñó un nuevo modelo para disciplinar la gestión del desempeño de los servidores, y por otra parte, una regulación de contención de sus remuneraciones.

El modelo de evaluación de desempeño ordena la actividad laboral y la productividad de los funcionarios, quienes quedan sometidos, manu militari, a un esquema rígido, jerarquizado, unilateralista, vinculado al cumplimiento de una rigurosa métrica de índices y metas cuantitativas, que no necesariamente garantiza el mejoramiento de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios públicos.

Asimismo, disciplinó sus remuneraciones, porque nominalizó y congeló, ad perpetuam, los sobresueldos y complementos salariales.

La legislación produce una desvalorización de la fuerza de trabajo y un estancamiento de largo plazo de las remuneraciones, que de manera gradual perderán su valor real adquisitivo; en un círculo nada virtuoso, porque su efecto contradictorio causará una reducción de la demanda agregada y la contracción de los niveles de consumo.

A la vez, este régimen se complementa con las medidas extraordinarias que contempla la Regla Fiscal, que se aplicarán a partir de 2022, que producirán un congelamiento total de los salarios, con el consecuente empobrecimiento de amplias capas de funcionarios y funcionarias.

Podemos afirmar que esta ley consiste en una herramienta de política económica y fiscal, en una técnica de sujeción de la organización de la prestación de la fuerza de trabajo, la productividad y el control de las remuneraciones de los servidores públicos; además de las ostentosas restricciones que impone en materia de negociación colectiva de los salarios.

2.2.- El disciplinamiento del conflicto colectivo y la huelga en los servicios públicos

A consecuencia de las protestas sociales y la huelga general convocada por los sindicatos, a finales de 2018, contra el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo movimiento se extendió hasta por tres meses, se produjo una violenta y comatosa reacción de las patronales, los partidos políticos y el Gobierno.

La protesta social fue reprimida e impulsó frenéticamente un proyecto de ley, tendiente a reformar el Código de Trabajo, en materia de huelga, en una nueva escalada de estigmatización y hostilidad contra las personas funcionarias públicas.

Aquel constructo social del funcionario público, transmutado en enemigo de la sociedad, quedó reflejado en el discurso de uno de los más enconados diputados promoventes del proyecto:

“(…) La víctima de esa utilización [de la huelga] fue la gente, que hemos dicho en reiteradas ocasiones perdió operaciones quirúrgicas, tratamientos contra enfermedades graves, gente que no pudo llegar a su trabajo porque no bastándoles el uso de la huelga, se inventaron que el bloqueo era una especie de instrumento paralelo. Lo que hemos hecho ha sido devolverle a la ciudadanía la condición constitucional que nuestros padres y abuelos fijaron en la ley suprema del país:”

La contrarreforma laboral, consumada en la Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, N°9808 (2020), en términos generales, por un lado, estableció sustanciales restricciones al ejercicio del derecho de huelga en determinados servicios públicos, y por otra parte, generalizó la prohibición de la huelga, a expensa de una concepción indiscriminada de los servicios esenciales, que no se adecua a los pronunciamientos de los órganos de control de OIT.

La ley constituye un autoritario dispositivo de control social que priva a los sindicatos de la principal medida de poder de presión colectiva de las y los trabajadores.

2.3.- El disciplinamiento de la relación de empleo y la autonomía colectiva

No obstante el impacto de grueso calibre causado por aquellas dos leyes, la superestructura jurídica-política necesaria no estaba todavía completa, perfeccionada; requiriéndose para esto, es decir, para consolidar “el bloque histórico” (Gramsci), además, una regulación totalizante de la relación de empleo público y la prohibición absoluta del derecho de negociación colectiva en la Administración Pública.

Este imperativo normativo, en el marco de adhesión del país a la OCDE, y ahora en la coyuntura de la crisis profundizada por la pandemia de la Covid-19, convertida en justificante para solicitar otro préstamo a FMI, se pretende cumplimentar con la aprobación definitiva de la Ley Marco de Empleo Público (Exp. N° 21336).

Esta nueva iniciativa, para honrar sus compromisos con uno de los comités de OCDE, la presentó el Poder Ejecutivo en 2019 y está actualmente dictaminada por la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, a la espera del trámite de las mociones de fondo vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El proyecto tiene 4 objetivos cardinales inescindibles: político, fiscal, (anti) sindical y otro enfocado en la reestructuración y reorganización de la Administración Pública[4].

El primer objetivo, de carácter político, tiende a una mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, que se instrumenta con las múltiples y exorbitantes competencias que se le atribuyen a MIDEPLAN.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y transforma en un supraministerio, que tendrá bajo su dominio centralizado y absoluto la gobernanza política y la regulación normativa de los principales componentes de la relación de empleo público, prácticamente en todo el ámbito de la Administración Pública, que enerva todo espacio a la negociación colectiva.

El segundo objetivo, de carácter fiscal, se instrumenta particularmente con el esquema de salario único global; que ya la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas nominalizó y congeló los sobresueldos y complementos salariales, por lo que podría considerarse la antesala del salario global.

El tercer objetivo del proyecto es de orden antisindical, porque excluye del ámbito de la negociación colectiva, todos aquellos componentes de la relación de empleo, incluidas las remuneraciones, cuya regulación le compete en exclusiva y de manera excluyente al nuevo monstruo político MIDELEVIATAN, con un poder soberano sobre las condiciones laborales de los mortales servidores públicos.

Esta proscripción de la negociación colectiva en la función pública hunde sus raíces en la dogmática administrativista del Siglo XIX, que tiene su antecedente en la Filosofía del Derecho de Hegel, que reduce a la persona/funcionaria pública a un status de servidumbre, sometida a un régimen estatutario, cuya relación de empleo la determina unilateralmente el Estado, excluyendo absolutamente cualquier participación de los actores que representen sus intereses.[5]

Así, con esta tercera pata de la mesa, se estaría consolidando el ciclo de regulación neoliberal del trabajo en la función pública -que no significa necesariamente que con la Ley Marco de Empleo Público se vaya a cerrar este ciclo-, mediante la constitución de un poder-ministerio hegemónico, que regimienta la relación de empleo, complementado por la prohibición generalizada de la huelga y la negociación colectiva en la Administración Pública.

3.- Alcances e implicaciones del Derecho de la función pública del enemigo

Ese arpón normativo de tres puntas, clavado en el corazón de la función pública, da lugar, de acuerdo con la terminología de Lévi-Strauss y Durkheim, a un “hecho social total”, por las implicaciones que en su conjunto produce este régimen en el tejido político, social, jurídico e institucional.

Entonces, tenemos que en un período de tiempo muy corto, a ritmo de una legislación motorizada (Carl Smith), se está armando este excepcional Derecho de la función pública del enemigo, conformado por un tridente neoliberal, de tres potentes y filosos picos: la Ley de Finanzas Públicas, la contrarreforma legal en materia de huelga y la virtual aprobación de la Ley Marco de Empleo Público; salvo que algo extraordinario sobrevenga y se descubra la vacuna que nos salvaguarde de esta implosión neoliberal.

Se puede sostener que este disciplinamiento totalitario de la relación de empleo público, y el encierro normativo en el que se está metiendo a los sindicatos, privados del ejercicio de las acciones colectivas que le son inherentes, corresponde a una “explosión neofascista” (Cornel West), que simboliza al funcionario público como enemigo del bien común, que legitima que sea meritorio de una legislación de excepción, en términos de “defensa social”, opuesta a la legislación laboral, incluso a la legislación administrativa ordinaria.

En realidad, la construcción de ese patrón del otro, como enemigo de la sociedad, del orden público, del bien común, no es nada novedosa de este siglo XXI, cuyos antecedentes se remontan a los fascismos de la década de los 30 y 40 del siglo pasado, que contemporáneamente asumen renovadas expresiones matizadas por el neoliberalismo económico.

De esta forma, se construye una nueva forma de cohesión social del poder, basada en una “nueva forma de obediencia” y control social construido por las clases dominantes, que favorece la conformación de un Estado penal policial, “que reprime duramente las resistencias que puedan surgir como fruto del malestar social ocasionado por la pérdida de derechos, a la vez que genere miedo, para evitar que se reproduzcan.” (Noguera Fernández)

Esta nueva subjetividad del trabajo, encarnada en el enemigo, legitima que las funcionarias públicas sean excluidas del ordenamiento jurídico, “la expulsión de la ciudadanía del trabajo” (Pérez Rey y Adoración Guamán), mediante la imposición de un régimen autoritario diseñado para destruir sus derechos y combatir a las organizaciones gremiales que representan sus intereses, limitando o privándolas de sus derechos de representación y las funciones colectivas que le son esenciales, sin las cuales los sindicatos quedan reducidos a simples caricaturas jurídicas asociativas, desposeídos de todo poder social, gremial y contrahegemónico.

Esta regulación normativa de excepción, producida en corto plazo, obedece a una estrategia de choque, que forma parte del proyecto neoliberal, la cual marca una ruptura del ordenamiento, liquida el pacto político y social, en una suerte de quiebre constitucional totalmente incompatible con el sistema democrático y los derechos fundamentales.

En definitiva, este totalitario régimen estatutario, ex lege, institucionaliza un nuevo modelo, o más propiamente un subsistema de relaciones laborales de la Administración Pública, pero con consecuencias disciplinares que trascienden la “fabrica” pública y se extienden en su conjunto al sistema de relaciones laborales, como un “hecho social total”.

Este modelo define “una nueva matriz de disciplinamiento laboral más eficiente”, afincada en una “red de dispositivos” normativos de control o mecanismos heterónomos de dominación social, que fortalecen el poder de dirección patronal, refuerzan la relación asimétrica de trabajo, repelen toda manifestación del conflicto social y suprimen cualquier cauce de mediación democrática entre el Estado-Patrono y sus servidores.

Pero no olvidemos que todo “campo” de dominación contiene espacios o reductos de resistencia. Como señala Foucault: “Donde hay poder, hay resistencia.”

Por último, este modelo de relaciones laborales en la función pública, representa un serio desafío para los sindicatos, que no queda la menor duda que se están jugando la piel y el presente.

Este desafío lo tendrán que asumir los sindicatos, de una vez, con pensamiento crítico, en tiempo real, con la finalidad de construir una estrategia alternativa que resista el furioso embate y se restablezca la supremacía del Estado Social y Democrático.

1° de enero de 2021

[1] /La Nación, 27/09/2018

[2]/ La Nación, 27/11/2020

[3]/ Günther Jakobs opone el derecho penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo. Esta teoría, que se ancla en la filosofía de Kant, sostiene que en la sociedad existen individuos que por la sola peligrosidad de las actividades que realizan, se justifica un trato penal represivo de excepción e intenso, como enemigos que hay que separar de la comunidad, protegiéndola frente a ellos. A estos individuos el Estado no debe tratarlos como personas, sino combatirlos como enemigos. Esta teoría ha sido utilizada eficazmente para combatir el terrorismo, la inmigración y los movimientos de resistencia contras las políticas neoliberales.

[4]/ En un artículo titulado “Los objetivos del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público” desarrollé este tema, publicado en Surcos Digital, el 20/12/2020.

[5]/ En un artículo titulado “La dogmatica de la Procuraduría General en materia de negociación colectiva en la función pública”, publicado en el Semanario Universidad, de 10/12/2020, analicé el contenido y alcances de la concepción autocrática de relación estatutaria que encierra el proyecto de ley.

 

O nos unimos, o nos hundimos como país: tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens
luferag@gmail.com

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), al analizar la situación económica actual y las perspectivas post-pandémicas (todavía no claramente dibujadas), señala un severo incremento de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad en los países de la región latinoamericana y caribeña.

En este contexto de análisis y previsión del panorama económico y social, este prestigioso organismo de las Naciones Unidas, fija para Costa Rica una situación de significativo decrecimiento económico y de un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad social.

El decrecimiento del país que CEPAL (en coincidencia con el FMI), había estimado inicialmente en -3,3 %, en el más reciente reporte lo proyecta en -5,5 %. Todo hace prever que el golpe económico que sufrirá el país en este 2020, será mucho mayor de lo esperado. Valga indicar que estos números negativos podrían ser aún más negativos, si la pandemia y sus severos efectos, se prolongan por más tiempo de lo que se vaticina en el presente.

Por otra parte, el incremento de la desigualdad, la CEPAL lo valora entre un 3 y casi un 4 %. Es oportuno aquí recordar que el Coeficiente de Gini sirve para medir los niveles en la desigualdad en los ingresos en un país. Es decir, cómo se distribuyen los ingresos que se generan. Se trata de un valor numérico que va del 0 al 1. El cero representanta la perfecta igualdad en la distribución de los ingresos. Así las cosas, en la medida en que la cifra se acerca a cero, la igualdad es mayor y cuando, está más cerca de uno se da lo contrario.

Costa Rica en las últimas décadas ha venido perdiendo terreno en el Coeficiente de Gini, de manera sostenida. Lo cual es un reflejo del aumento de la desigualdad. Según el Banco Mundial, ocupa el poco honroso lugar noveno entre los más desiguales del mundo. Y si la proyección de la CEPAL se cumple, la desigualdad será mucho mayor. Éramos tantos y parió la abuela, como bien lo sintetiza este refrán popular.

Y lo que aparecen como números y datos estadísticos fríos se traduce en miles hogares costarricenses donde el hambre, se asomaría irremisiblemente a sus puertas. Se trata de un panorama desolador donde para muchas personas apenas habrá recursos para una dura supervivencia.

En el presente, ya se han empezado a generar múltiples brotes de reclamo social ante el Gobierno, por la falta de una respuesta clara y contundente ante el panorama económico y social, actual y futuro. La desesperación es una mala consejera que, si no se contiene, se puede desbordar y llevar al país al caos.

Hay también fundados reclamos de que la pesada carga que genera la crisis está muy mal distribuida. Hay sectores muy afectados por la crisis (trabajadores despedidos o a quienes se les redujo la jornada laboral; agricultores pequeños y medianos; medianos, pequeños y microempresarios; un sector importante de las y los trabajadores del sector público –particularmente, los de salarios más bajos–; trabajadores y trabajadoras informales; mujeres jefas de hogar; personas mayores; personas con discapacidad; entre otros), hay sectores que han salido hasta ahora casi indemnes e, incluso, hay otros que han obtenido ganancias en medio de la crisis. Estos últimos constituyen una pequeña minoría, pero muy poderosa, que no han contribuido pagando los impuestos que les corresponde, utilizado para ello diversos mecanismo de evasión y elusión fiscal, como bien lo señaló el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

En las circunstancias actuales es urgente y necesario que todas y todos nos percatemos de que el país nunca antes ha enfrentado un desafío de dimensiones tan grandes. Si la situación económica, política y social era muy difícil antes de la pandemia, todo hace prever que la crisis que generan las obligadas medidas restrictivas ahondará la crisis.

Lo más complicado es que esta desafiante emergencia encuentra a un país con un débil liderazgo gubernamental y con una gran división producto de una atomización de intereses. Asimismo, hay agrupaciones políticas que no han medido con claridad los graves alcances de la pandemia y añoran una pronta vuelta a la normalidad anterior. Y eso no va a suceder. El mundo y el país ha de cambiar inevitablemente y todavía no están definidos los hilos de ese nuevo tejido de normalidad post-pandemia. Estas agrupaciones, en vez de formular propuestas con un sentido unitario y patriótico, están enmarañadas en lo que podrán obtener en las elecciones del 2022.

La desafiante tarea dirigida a evitar que la pobreza y la desigualdad nos desborden, así como el caos social y político, obliga a una imprescindible toma de consciencia inmediata y lúcida, y la renuncia coyuntural de los intereses particulares y de grupo, a favor de una acción unitaria, de un diálogo constructivo para buscar una solución nacional, viable y patriótica. Sólo de esta manera, podremos recuperar y tener un país, en el cual podamos celebrar el segundo centenario de su fundación.

O nos unimos, o nos hundimos como país: Tal es la disyuntiva ante la grave crisis actual. Y el tiempo corre en nuestra contra.

 

Enviado por el autor.

Banco Nacional solicita actualizar información de crédito a clientes afectados económicamente por la pandemia

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Para desarrollar políticas económicas que generen tranquilidad

  • El formulario esta publicado en el sitio web

  • Digitar la dirección www.bncr.fi.cr

El Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica (CFBNCR) requiere conocer la situación financiera actual de sus clientes, con el fin de ofrecerles una solución integral a sus operaciones de crédito.

Por esta razón, está solicitando a los deudores, completar el formulario que se encuentra publicado en el sitio web www.bncr.fi.cr y con el fin de que un equipo colaboradores realice un análisis de la situación. Es importante mencionar que este formulario no equivale a una solicitud de prórroga o arreglo de pago con el Banco Nacional. Los datos permitirán a la entidad desarrollar las políticas acordes a las necesidades de quienes tienen financiamientos de consumo, vivienda, pequeña empresa y empresariales.

“Para el Conglomerado Financiero Banco Nacionales un desafío, porque además de procurar nuestros indicadores económicos en niveles adecuados, debemos apoyar a nuestros clientes en tiempos de crisis como la que hemos vivido juntos, a partir de la presencia del Covid-19. Para nosotros es fundamental su bienestar financiero, por esa razón, hemos aplicado durante este año las modificaciones en nuestro modelo de cobro de crédito, para establecer las prórrogas a sus financiamientos y generarle un poco más de tranquilidad”, indicó Francisco Gamboa, Director General de Relaciones Institucionales.

Una vez recopilados los datos de los clientes, un grupo de colaboradores los estarán analizando para brindar soluciones individualizadas debido a que cada caso es particular.

Se recuerda a los clientes acceder solo sitios seguros, no digitar la dirección en buscadores y no ingresar ningún enlace que parezca sospechoso, tampoco facilitar claves o números de token, el Banco Nacional no se solicitará ninguno de esos datos.

“Desde hace más de 106 años hemos hecho banca responsable y este 2020 con mucha más razón, quedamos a la espera de su información para continuar nuestra labor.” Concluyó Gamboa.

 

Imagen tomada del blog del Banco Nacional.

Impuestos y no más evasión y fraude para afrontar la grave crisis del país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
(luferag@gmail.com)

La situación económica-social del país es ya muy difícil y sin duda, se pondrá peor como consecuencia de la prolongación de los graves efectos de la pandemia, particularmente, las inevitables medidas de cierre, confinamiento y cuarentena.

Miles de familias costarricenses se han visto severamente golpeadas por la brusca reducción de los ingresos, por una crisis que ya ha alcanzado tres meses y cuyo horizonte de superación, no está claro.

La posibilidad de una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo para combatir la covid-19, se vislumbran muy lejanamente. Se afirma que se podrían alcanzar resultados al final del presente año y con mayor certeza, en el 2021. Asimismo, está por verse si una vez obtenida la vacuna, se va a producir tan masivamente, que pronto pueda llegar con precios asequibles para países como el nuestro.

El pueblo costarricense en todas sus expresiones está sufriendo la crisis económica. Se incluye a ese 46 % de las y los trabajadores que ha venido subsistiendo dentro de actividades informales, y que el confinamiento, les impiden o les limitan la generación de ingresos. Las micro y pequeñas empresas que también se han visto limitadas a desarrollar sus actividades productivas. Los agricultores que ven cómo llegan las cosechas y se les complica la venta de sus productos en las ferias u otros mercados. Las y los trabajadores del sector privado que han sido despedidos o les fue reducida su jornada laboral y, lógicamente, también su salario. Las y los funcionarios públicos, especialmente, los de salarios más bajos, que no percibirían aumentos salariales en los próximos cuatro años.

Es seguro que en la medida que la situación de crisis sanitaria se extienda por más tiempo, las secuelas económicas y sociales serán más duras.

Los gastos en el campo de la salud se han aumentado y todo indica que se van a requerir más recursos para afrontar los desembolsos de los meses venideros. La CCSS, que ha sido tan significativamente debilitada en sus ingresos, requerirá que se le inyecten recursos tan urgentes como inmediatos. No hacerlo pone en grave riesgo al país, por el serio incremento de contagios que se está dando en el presente. La amenaza de un crecimiento exponencial está latente.

Para la obtención de recursos tanto para la atención sanitaria como para la reactivación económica, algunos sectores proponen la solicitud y obtención de préstamos en el exterior. En las condiciones actuales, algunos de estos préstamos hipotecarían el futuro del país y de las nuevas generaciones, y vendrían con condiciones muy desfavorables, que incluyen la venta de valiosos activos del Estado. Este no es un camino ni bueno ni sano para la economía nacional.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Y de dónde se deben obtener los recursos que el país demanda con urgencia?

Una fuente fundamental en el presente deben ser los impuestos que evaden y eluden las grandes empresas. El año pasado el Ministerio de Hacienda publicó un número de grandes contribuyentes (que no lo han sido, valga la observación), que declararon cero ganancias de forma reiterada en los últimos diez años.

Muchos de estos “contribuyentes” forman parte de la UCCAEP, que ha venido impulsando acciones para hacer que el peso de esta grave crisis recaiga en las y los trabajadores del Estado y en otros sectores sociales y poblacionales. Esta organización, que representa los intereses de las grandes empresas ha pretendido, incluso, que algunas de sus representadas obtengan ganancias en medio de una situación tan apremiante para el país.

Por otra parte, cuando se ha propuesto la necesidad de aprobar impuestos, de inmediato la UCCAEP (como sus “representantes” y voceros en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en algunos medios informativos), ponen el grito al cielo y los rechazan, utilizando múltiples argumentos, que esconden sus intereses y la falta de compromiso con el desarrollo democrático del país.

Ante la gravedad de la pandemia en sus efectos económicos, muchos reputados economistas (que incluyen Premios Nobel en este campo), se han pronunciado en el sentido de que, para afrontar esta crisis, es inevitable que los países aprueben cargas impositivas, particularmente, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, a quienes han acumulado mucha riqueza y que, utilizando múltiples medios y mecanismos, eluden o evaden el pago de esos impuestos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG) ha realizado encuestas en disferentes países de la región, consultando sobre la necesidad de un impuesto a los grandes ricos y empresas, que contribuya a enfrentar la crisis generada por la pandemia. “Las últimas tres encuestas realizadas por el CELAG en los pasados dos meses, muestran que en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: En Argentina, el 78 por ciento de las y los encuestados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; En Chile, este valor es de 72 por ciento y en México es de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública.

Este tipo de encuesta no se ha realizado en Costa Rica, pero es muy probable que, si se realizara, sin duda, la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en este tipo de impuesto. Igualmente, estarían de acuerdo, en que el gobierno utilice todos los mecanismos a su alcance para reducir la evasión y el fraude fiscal.

Es hora de que todos quienes se han beneficiado de todo lo que les ha ofrecido el país, contribuyan sin mezquidad y egoísmo, a que Costa Rica salga adelante de una situación tan desafiante como difícil.

La humanidad en los tiempos aciagos del Virus Corona

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El filósofo y escritor romano, Séneca, decía que la adversidad es ocasión para la virtud. Esta frase llena de sabiduría, calza perfectamente con esta época que experimenta el mundo y la humanidad entera, frente a la inédita y desafiante pandemia del virus corona.

Como es bien conocido, esta pandemia ha conllevado al aislamiento obligatorio de millones de personas y la imposición de cuarentenas para evitar un mayor contagio de la enfermedad. Estas medidas están generando un severo golpe para la economía de los países y, en el caso de Costa Rica, este golpe se está experimentando en todos los sectores pero, más aún, en el turismo, una de nuestras principales fuentes de divisas.

El coronavirus ha impuesto un necesario aislamiento social pero al mismo tiempo, gracias al vertiginoso desarrollo de las tele-comunicaciones, nunca nos ha tenido más juntos a amplios sectores de la humanidad. Es un momento muy propicio para la reflexión y la autocrítica, tanto para los países y las sociedades como para las personas.

La progresiva concentración de la riqueza, que ha experimentado el mundo en los decenios recientes, se refleja en que el «el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global» (Oxfam). Cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres en una desequilibrada ecuación de desigualdad. Este fenómeno también lo ha venido experimentando Costa Rica; lo que se refleja en un preocupante debilitamiento del estado social de derecho.

El consumismo nos ha venido desbordando en sociedades marcadas por el individualismo, en las cuales los “contratos sociales” sustentados en la solidaridad y el bien común, son más la excepción que la norma. Hoy, el contraste es evidente: En la mayoría de los países industrializados ha habido una gran preocupación por la producción de artículos sanitarios mientras se anuncia la escasez de artículos de higiene para atender la urgente demanda que exige la atención a la pandemia.

Quienes siempre hemos defendido la medicina pública, como la que ha desarrollado el país, en este presente de crisis sanitaria, se muestra fehacientemente que la razón estaba y está de nuestro lado. La medicina privada impulsada, con gran fuerza, por el neo-liberalismo es incapaz de dar una respuesta adecuada al tamaño y las dimensiones de esta crisis. La mejor respuesta la puede dar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), a partir de una filosofía y una práctica, basada en la solidaridad y la subsidiaridad. Quienes han buscado debilitar a la Caja con proyectos privatizadores, en estos momentos marcados por la amenazante pandemia, deben rectificar.

¿Qué tipo de sociedad debemos construir? Es la pregunta crucial que debemos responder. Una basada en la concentración de la riqueza, de la vida buena para minorías irritantemente concentradoras, de la medicina para las élites de la sociedad u, otra que valore el trabajo de la personas, de una mejor distribución de la riqueza, de una medicina al alcance a todas y todos, en las ciudades y en los campos y que no establezca diferencias arbitrarias entre requieren de sus servicios. Una sociedad basada en el egoísmo y la codicia de unos pocos, o de la solidaridad como propósito común y práctica cotidiana.

El día de hoy no debe ser de los políticos, como bien se ha dicho, debe ser de los profesionales de la salud y de los científicos, que están enfrentando al Covid-19 en todos los escenarios del planeta. Y cabe un reconocimiento enorme a la labor abnegada y heroica de los médicos, enfermeras y demás personal sanititario de Costa Rica, que se han estado preparando y ya están atendiendo a las y los pacientes infectados por el virus corona.

Sin embargo, cuando pase esta crisis (que esperamos sea lo antes posible), las y los políticos deben entrar a un proceso de correctiva reflexión sobre qué país estamos construyendo y nosotras y nosotros, como sociedad y personas, debemos ser protagonistas en ese proceso. Virtudes como la solidaridad, el apoyo recíproco, la bondad deben emerger con fuerza, como bien aconseja Séneca en este momento sombrío y difícil.

 

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Diálogo permanente para darle rumbo al país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Caminamos, o más bien nos arrastramos, a tientas, con perdón de los inteligentes y ágiles no-videntes. No hemos tenido el liderazgo ni el espíritu patriótico para cerrar el ciclo neoliberal que nos tiene al borde del precipicio, mientras algunos persisten en hacer malabares para enderezar esa barcaza de mil agujeros.

No quieren entender que no se puede poner “remiendo nuevo en paño viejo” y que “el vino nuevo requiere odres nuevos”. Pues bien, o nos decidimos por lo nuevo o nos resignamos al hundimiento.

Obviamente, hay salidas paliativas o placebos que pueden entretener al paciente para que aprenda a convivir por un tiempo con la enfermedad. Pero, más temprano que tarde caerá en coma. El plan fiscal fue esa medicina paliativa. Ahora se pretende -algunos lo piden con gritos de desesperación- que el préstamo del FMI sea la tan esperada “vacuna”, no importando que sus efectos secundarios resulten peor que la enfermedad: venta de activos del Estado, reducción en la inversión social, en fin, lo que ya sabemos de las viejas recetas que solo han servido para empobrecer, acrecentar las brechas sociales y polarizar a la sociedad intensificando el conflicto.

Se dice que es posible negociar con el FMI bajo un nuevo paradigma que al parecer vienen impulsando algunos de sus más altos funcionarios. Pero, un país sin rumbo no tiene esa capacidad de negociación. Y para peores el gobierno desacierta por partida doble. Se hace una propuesta de negociación cargada hacia los impuestos, en su mayoría regresivos, y sin claridad respecto a la reactivación social: empleo, endeudamiento ciudadano, apoyo a pequeña y mediana empresa, salvaguarda para desempleados, etc. Y se convoca a un diálogo, con visión tecnocrática, elitista y restringida.

Después de esos traspiés, y gracias a la iniciativa de la Junta Directiva del Banco Popular, se alcanzó a sentar a diversos sectores en una mesa más amplia, con miras a una concertación para salir de la crisis. Lamentablemente, algunos persisten en reducirla al problema fiscal y a buscar solucionarla limitándose a bajar el mal llamado “gasto” público; un cuento más de los que “vienen de todos lugares y también de Puriscal”. Resulta esperanzador, sí, porque también asisten quienes tienen una mirada más abarcadora y son de luces más altas.

Pues bien, quizá el mejor dividendo que podamos sacar de esta iniciativa no sea tanto que sus propuestas conduzcan a dar ese salto cualitativo hacia la Costa Rica postneoliberal, pero sí nos haga apreciar y valorar lo importante y decisivo que resulta el diálogo intersectorial para darle rumbo a este país.

Efectivamente, como se ha señalado, la democracia participativa tiene que ser, ante todo, deliberativa. El espíritu del diálogo permanente por parte de una ciudadanía crítica y propositiva, así como de gobiernos receptivos que saben ejercitar el arte de la política, que es el de la negociación y la búsqueda de acuerdos entre intereses diversos y en conflicto. Es decir, donde el pueblo tiene que ser protagonista y no mero espectador.

Llegó el tiempo de superar el caudillismo presidencialista y el elitismo tecnocrático, propios de una cultura política desfasada. Apostemos al dialogo intersectorial permanente para darle rumbo a este país.

Imagen: http://www.codajic.org

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Foro: ¿La minería resolverá la crisis?

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Este jueves 12 de noviembre a las 6 p.m. el Programa Kioskos Socio-ambientales de la UCR y el Bloque Verde le invitan al foro: ¿La minería resolverá la crisis?

El foro contará con especialistas que analizarán el contexto y las propuestas de ley que derogan la moratoria minera en Costa Rica. Proyectos de ley: 21395, 21584 y 22007.

Participantes:

  • Paola Vega R. Politóloga. Diputada República de Costa Rica.
  • Jorge Lobo S. Biólogo. Universidad de Costa Rica.
  • Tania Rodríguez E. Politóloga. Universidad de Costa Rica
  • Allan Astorga G. Geólogo. Consultor independiente.

Transmisión en vivo por Facebook Live de Programa Kioskos Socio-ambientales UCR y el Bloque Verde.

FMI: Cual Depredador y su Rugido

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Cuando escribimos el artículo “El FMI, BM, BID: Multinacionales Prestamistas Perversas”, en relación al empréstito a Costa Rica, realmente nos quedamos cortos en relación a lo siniestro y las retorcidas actitudes de estas multinacionales.

Ante la eventual pandemia global, el Fondo Monetario Internacional FMI, se aprovecha, por un lado, para ofrecer empréstitos, y por otro, siguiere medidas para asegurar su inversión. Utiliza la crisis para implementar medidas de austeridad, algunas permanentes a sus clientes en el mundo.

Los datos indican que de los 91 préstamos del FMI, con 81 países en el mundo, 76 de los 91, desde que inició la pandemia, la mayoría demandan muchos recortes en servicios públicos y pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos, políticas que benefician a la corporación bancaria.

Según, Chema Vera, Director Ejecutivo Interino de Oxfam Internacional, Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, fundado en gran Bretaña en 1942, su objetivo es ayudar a encontrar soluciones duraderas a la injusticia de la pobreza. Son parte de un movimiento global que aboga por un cambio que empodere a las personas, para crear un futuro seguro, justo y libre de pobreza, el FMI está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad. Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Veamos algunos ejemplos:

  1. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado de la COVID-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.
  2. Otro ejemplo perfecto es Ecuador, de las consecuencias del FMI. Anteriormente, durante el gobierno de Rafael Corea, éste hizo de la reducción de la pobreza una prioridad y por supuesto, condenó las políticas del FMI y de su organización hermana el Banco Mundial BM; pero luego, durante el mandato de Lenin Moreno, y a partir de 2017, Moreno deshizo el legado de Correa, y luego del 2019, Moreno, redujo el presupuesto sanitario nacional, en un 36 por ciento, a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

Moreno, recientemente, anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su gobierno, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus, y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

  1. El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo 2019, se negó a hacer préstamos al gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro, tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país.

Al mismo tiempo, sin embargo, el auto declarado presidente y figura de la oposición, Juan Guaidó, anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización, con la condición de que Maduro dimita y permita que un “gobierno de emergencia” tome el control del país.

Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3 por ciento de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

(1) Alan Macleod. El FMI se aprovecha de la pandemia para demandar privatizaciones en 81 países. 25 Octubre 2020. Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto, por Eduardo Pérez.

 

  1. En los años noventa el FMI, estableció “estipulaciones” en su paquete de préstamo para Brasil, que requerían enmiendas de la Constitución del país, y luego cabildeó ampliamente por esos cambios.
  2. Entre el principio de la participación del FMI en Perú en 1978, y la segunda vuelta de préstamos en los años noventa, el programa de ajuste estructural logró cuadruplicar la producción ilegal de coca, al devastar a los agricultores locales y dejarlos ante la opción de cultivar coca o morir de hambre. Eligieron la coca.
  3. En algunos países como, México, Filipinas y algunas regiones de África, el FMI ha fabricado crisis alimentaria, para llegar como “salvadores” y ofrecer su paquete infernal.
  4. Hay muchos más desastres. E innumerables estafas. Miles de millones de dólares en préstamos del FMI a Rusia en los años noventa, se desviaron directamente a las cuentas bancarias suizas de oligarcas y gánsteres. Un programa de préstamos de 4.800 millones de dólares administrados por el fondo en 1998, entró por una puerta al banco central ruso y salió directamente por la otra. La gente nunca vio un solo rublo de ese préstamo y se quedó con tasas de desempleo, pérdidas en el mercado bursátil y una devaluación de la moneda que rivalizó con la Gran Depresión.

Sin duda alguna, inquieta pensar el enorme poder que concentra el FMI, para hipotecar las políticas de los gobiernos y vencer las resistencias de los pueblos.

Y es que en los propios documentos del FMI, se detalla cómo saquear un país, en cuatro pasos encadenados, uno tras otro, cuando ya se da la negociación y se ofrecen las “recomendaciones”:

  1. La gente sale a las calles para protestar contra las medidas de austeridad que se vinculan con los préstamos del FMI,
  2. b) llevando a la huida del capital extranjero,
  3. c) los gobiernos declaran la bancarrota
  4. d) y los especuladores extranjeros, obtienen los despojos a precios de remate.

En general, el FMI ocupa, en términos y lenguaje económico, de tres propuestas principales o condiciones para un préstamo:

  1. La Privatización Progresiva de las Cajas de Ahorro. Buscando poner las cajas de ahorros en la bandeja del capital privado, para que así se recupere una banca quebrada, aprovechando el mercado que dejarían las cajas y adquiriendo sus activos, como en tantas otras ocasiones, a precio de saldo.
  2. La Reducción del Gasto Público. Se explicado, que en una coyuntura recesiva eso sólo puede conducir a la depresión, y a hundir aún más nuestras economías. Es lo que ha ocurrido en muchísimas ocasiones y en muchos países cuando se ha actuado así. Como lo señaló el Premio Nobel Joseph Stiglitz, “la austeridad lleva al desastre” y ahí es donde nos quiere llevar el FMI, para que los bancos y las grandes empresas ganen más dinero todavía.
  3. La Reforma Laboral “radical y urgente”, en la línea de los patronos, y que principalmente se basa en reducir la capacidad de negociación de los trabajadores, mediante la descentralización de la negociación colectiva y el establecimiento de nuevos tipos de contrato. Decir que se puede resolver el problema del empleo flexibilizando el mercado laboral al mismo tiempo que, se deprime la actividad debilitando la demanda efectiva, es sencillamente una mentira gigante y grotesca. De esa manera es imposible que las empresas (sobre todo medianas y pequeñas) creen puestos de trabajo. Sólo se consigue que ganen más las muy grandes que tienen demanda cautiva, gracias a su poder sobre el mercado, que es lo que se trata de salvar.

En definitiva, el Fondo Monetario miente, cuando presenta sus propuestas para la economía de cualquier país, porque no dice lo que de verdad pretende; oculta los efectos reales que tendrán las políticas que propone; y, para colmo, no permite el debate social sobre ellas, sino que se limita a imponerlas porque su incompetencia le impide argumentarlas científica y rigurosamente.

Pero lo más increíble y cruel de esta infame institución, es que siendo la principal animadora de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta, durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta), a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor.

Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y, anteriormente, resumió sus experimentos en América Latina, como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

En resumen, el FMI malsanamente, ve en las crisis, que siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía, alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando, para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que, invariablemente, enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos.

Parece que, si la organización se sigue saliendo con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos seguirán prosperando.

 

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Feminismos rurales: cuarto número de la revista La Agroecóloga

Escrito en . Publicado en Derechos.

Fecha: martes 10 de noviembre de 2020, hora: 5 p.m.

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/RevistaAgroecologa

La crisis sanitaria y económica ha hecho evidente que vivimos también una crisis de los cuidados. La atención médica hospitalaria y en las casas, la creación de redes de apoyo mutuo para salvaguardar la salud, el desafío en el que se ha convertido para muchas personas tener techo, comida y agua limpia; son sólo algunos ejemplos de lo central que son los cuidados en este momento. Pero, además, es evidente que muchos de estos son brindados principalmente por mujeres y el medio rural no es la excepción.

Existe la urgencia y la necesidad de hablar de la crisis de los cuidados, la disidencia sexual en el campo, el trabajo de las organizaciones de mujeres rurales, los feminismos fuera de la ciudad y el aporte científico de mujeres investigadoras para el avance de la agroecología, la soberanía alimentaria y la organización social en el escenario post pandemia.