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Etiqueta: crisis económica

CTRN: Oposición al Dictaminen Proyecto Ley Marco de Empleo Público

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM
Martes 03 de noviembre 2020

CTRN- N°300-2020

ASAMBLEA LEGISLATIVA
COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
SD.

DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN

OPOSICIÓN AL DICTAMINEN PROYECTO LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO

HONORABLES SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS):

Con nuestros más respetuosos saludos, nos permitimos por este medio mencionar, que siendo conocedores de que se tramita en esta honorable Comisión Legislativa el Proyecto denominado Ley Marco de Empleo Público, bajo número de expediente legislativo Nº 21336, para su estimable consideración exponemos los siguientes argumentos:

Que dicho proyecto de Ley, a juicio de muchas organizaciones sociales y productivas, hemos indicado que el texto contenido en el proyecto no es un documento idóneo para los momentos y las necesidades que vive nuestro país, por lo que debe tener la oportunidad de perfeccionarse o modificarse, para beneficio de todas las partes.

Desde la Confederación Rerum Novarum, somos conscientes de la dura situación económica, social, de salud y política que atraviesa nuestro país, por lo que apelamos a la grandeza de espíritu de los miembros de esta honorable Comisión y les hacemos un llamado respetuoso a la reflexión.

Desde nuestra posición consideramos que el actual Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, a punto de ser dictaminado, ha perdido todo el sentido que alguna vez pudo tener, pues entre muchas cosas, algunos artículos son objeto de análisis jurídicos más profundos, para efectos de no contravenir lo indicado en la Constitución Política en cuanto a régimen de empleo, que son creados por el constituyente como lo son; el Poder Judicial, la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

En ese mismo orden de ideas, en materia de un orden constitucional y el marco legal vigente a la luz de los derechos humanos, se establecen una serie de competencias para el Ministerio de Planificación MIDEPLAN, que son exclusivas del Ministerio de Trabajo y del Servicio Civil y por otra parte, el proyecto pretende de manera tácita, desconocer el ámbito de aplicación de la negociación colectiva en sector público.

La Constitución Política establece con total claridad la competencia del Servicio Civil en materia que trata este proyecto de Ley a punto de ser dictaminado. Este proyecto, debe ser a nuestro criterio, objeto de un exhaustivo análisis, examinado mediante un estudio profundo del espíritu del Constituyente, que estableció y creó con rango constitucional al Servicio Civil, mismo que posee un principio de reserva de ley, sobre la materia de empleo público y de una competencia que no puede ser trasladada o compartida, que en contra posición tal como lo presenta el proyecto en mención, se hace con un procedimiento más complejo a través de MIDEPLAN y además no se atiende el tema de la constitucionalidad, que entre otras cosas, en una eventualidad al momento de su aprobación en el plenario legislativo, debería exigir una votación de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.

En momentos en que se debate nuestro país en búsqueda de un diálogo efectivo para encontrar soluciones, es que siendo integrantes del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, nos atrevemos a solicitar a esta Comisión Legislativa que no dictaminen el proyecto Ley Marco de Empleo Público y que nos permitan presentarles propuestas elaboradoras de los sectores que representamos, y que en su lugar se conozcan otros textos, que ya han venido siendo consensuados por diferentes actores sociales, mucho más realistas y apegados al espíritu de la Constitución.

Sin otro particular, agradeciendo la atención brindada a la presente, le saludamos con las más altas muestras de consideración y estima,

Lic. Lenín Hernández Navas
Presidente CTRN

Ni cinco céntimos

Óscar Madrigal

Treinta céntimos por cada cien colones es el aumento decretado para el próximo año por el Consejo Nacional de Salarios para todos los trabajadores (as) del sector privado. Ni siquiera un cinco. El aumento es del 0,30% pero como ya esas sumas son prácticamente inexistentes e incomprensibles (nadie habla de céntimos en Costa Rica) hay que decir que son 3 colones por cada mil o 300 por cada cien mil. Es decir, ni un pasaje de bus. Según La Nación el salario promedio del sector privado es de ¢371.000, por lo que cada trabajador recibirá un aumento promedio en el año 2021 de ¢1.100 colones. Por otra parte, el 26,3% de los trabajadores privados NO reciben siquiera el salario mínimo.

El argumento principal que se esgrime para que el Gobierno proponga semejante despropósito es la situación económica del país. Sin embargo, la crisis sanitaria ha sido boyante desde el punto de económico para la mayoría de los sectores productivos del país tales como los bananeros, azucareros, ganaderos, cafetaleros e incluso los piñeros. De igual manera les ha ido muy bien a los grandes comerciantes, así como a las empresas de zonas francas. Estos y otros grandes empresarios verán incrementados enormemente sus patrimonios, sus ingresos, por el aumento salarial paupérrimo a sus trabajadores.

Walmart subirá los salarios en mil colones, mientras sus ingresos y ganancias se disparan. Al igual que los Uribe dueños de casi todas las farmacias del país o los Garnier dueños de zonas francas.

Siempre son los trabajadores y trabajadoras los que hacen que, con sus bajos salarios, aumenten enormemente la riqueza de unos pocos.

Por otro, como las empresa no pagan buenos salarios, el Estado o sea todos los contribuyentes tenemos que subvencionarlos a través del gasto público. El bono de vivienda que se otorga a un trabajador de la empresa privada no es una subvención a ese trabajador o trabajadora para que construya su vivienda, sino una subvención al patrono ante los bajos salarios que paga y que impiden al trabajador poder adquirir su vivienda. Mucho del gasto social que financiamos todos los contribuyentes, es una SUBVENCIÓN A LA PATRONAL.

Una de las mejores formas de disminuir el gasto social es que los grandes empresarios paguen salarios justo y necesarios para vivir dignamente.

Los economistas y columnistas de siempre, las Pilares y sus corifeos, que se han quejado hasta el cansancio de la diferencia entre los salarios de los empleados púbicos y los del sector privado, deberían estar en este momento como coro exigiendo aumentos a los trabajadores del sector privado muchísimo más elevados para ir disminuyendo esa brecha. Ya a los empleados públicos se les congeló el salario por dos años y se les eliminó una parte de él, deberían ser exigentes e incisivos respeto a los salarios del sector privado. Se trata ahora de aumentar, pero no con limosnas, sino considerablemente, muy considerablemente los salarios mínimos de los trabajadores y trabajadores del sector privado.

 

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CTRN: “Al gobierno le falta seriedad y compromiso para generar un diálogo transparente, multisectorial y responsable”

El Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Lenin Hernández Navas detalló que no aceptaron la invitación del Poder Ejecutivo para participar en el dialogo de una mesa multisectorial porque al Gobierno le falta seriedad y compromiso en sus propuestas.

Hernández Navas criticó que dentro de los principios orientadores sugeridos para el diálogo propuesto por el Gobierno se cite “no patear la bola” y agregó que CTRN había asumido un compromiso de participar en la plataforma de diálogo propuesto por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC), el cual inició tres semanas atrás.

“Acudimos al llamado de diálogo extendido por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC) porque creemos que el país vive una crisis económica y social, pero sobre todo, de credibilidad en el Poder Ejecutivo y porque requerimos de un diálogo transparente, multisectorial y responsable”, afirmó el representante de los trabajadores.

De acuerdo con Hernández Navas ante la ausencia de aciertos del Poder Ejecutivo para convocar a todos los sectores, a una sola mesa de diálogo, transparente, multisectorial y responsable los Secretarios Generales y Presidentes de la CTRN se reunieron con sus Sindicatos y concluyeron que Costa Rica requiere de una gran alianza entre todos aquellos sectores que organizadamente, se propongan la defensa de la institucionalidad y la búsqueda del bienestar común.

Por lo anterior la CTRN aceptó la invitación extendida por la ATBPDC porque es un órgano que por ley tiene la máxima representación multisectorial de las personas trabajadoras, destacó el Presidente de la organización sindical.

“Creemos que, no es el momento de dividir, sino de sumar, esfuerzos de los sectores artesanales, comunal, cooperativo, de autogestión, del Magisterio Nacional, profesional, sindical, solidarista y de trabajadores independientes así como los sectores laborales, empresariales, también las organizaciones campesinas agrícolas e Industriales y la academia. Nos llegó la hora de construir una nueva alianza por el bien común”, finalizó Lenin Hernández Navas, Presidente de la CTRN, organización que reúne, a más de 50 sindicatos, del sector público y privado.

Lenin Hernández Navas
Presidente CTRN

La crisis también amenaza con golpear el desarrollo agroindustrial en las zonas rurales

German Masís

Las propuestas de los diputados para modificar el presupuesto nacional del 2021, pretende rebajar 6,480.000 de colones destinados al financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo agroindustrial que realiza la Universidad de Costa Rica (UCR) en las zonas rurales más golpeadas por la crisis económica.

Con los recursos que podrían ser eliminados del presupuesto del próximo año, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), lleva a cabo el financiamiento de procesos de investigación y desarrollo en valor agregado para beneficio de las actividades productivas en la región bananera y otras zonas rurales necesitadas, por medio de su Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural (DAIR). (ElPaís.cr,21-10-2020).

Este programa, ha sido la continuidad del programa que este Centro de investigación impulsaba en las décadas de los 80 y 90s denominado Modelos Agroindustriales Rurales, que promovía el establecimiento de pequeñas unidades agroindustriales para enfrentar las pérdidas poscosecha de la producción agrícola, desarrollar alternativas de procesamiento de materias primas y generar ingresos en las comunidades rurales.

Con un total de 33 millones que el DAIR recibe anualmente, se paga gran parte de la operación que beneficia directamente a organizaciones, pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Caribe, Región Huetar Norte y Región Chorotega. A través del programa se realiza el desarrollo de nuevos productos, la incorporación de valor agregado a la producción agrícola de estas zonas y la transferencia de tecnología, actividades que son fundamentales para promover y fomentar la reactivación económica de las diferentes regiones.

El año 2019, el CITA efectuó un desarrollo de productos y transferencias exitosas de tecnología a pequeñas empresas rurales, tales como:

– una mezcla de harinas para la producción de pancakes a base de maíz pujagua (maíz morado) para un grupo de productores de maíz en la zona de Nicoya, región Chorotega.
– una bebida innovadora tipo jugo o vino aprovechando el musílago del cacao producido en la región Huetar Norte, una bebida fermentada agradable para el consumidor y que contiene los antioxidantes y fibras presentes esta materia prima.
– un queso tipo ricotta a partir del suero del queso de la región Huetar Norte a una empresa de productores de queso con el fin de darle un uso al desecho del suero quesero.
– La transferencia de una pasta a partir de cacao con castañas producidas en la región Huetar Norte a la empresa Sibaeli, un producto untable de cacao con la mantequilla de la castaña con un muy buen sabor y muy aceptada por el consumidor.

Otros grupos beneficiados en 2019 y en el presente 2020 han sido:

-el grupo Sun Branch formado por ex-empleados de JAPDEVA, que buscaron alternativas agroindustriales con los productos y platos tradicionales caribeños (jugo de caña saborizados, rice and bean, akee, y macarela en platos tradicionales).
– el grupo Procari, grupo de mujeres de Cariari de Pococí que producen yuca, camote, jengibre , plátano y palmito. Y el grupo está produciendo harinas de yuca, camote y jengibre y comercializa en fresco plátano y palmito.
– la cooperativa CoopeAzaria maquiladora de banano y plátano para Industrias Bermúdez (Soldanza), en la que el Centro de Acopio tuvo que remodelarse para instalar los procesos de pelado y de patacones y se instaló la línea de frituras.
– la cooperativa de productores de banano dátil de Camuro, Cariari, en la que el CITA le dió apoyo para la industrialización del banano pasa, en la instalación del centro de acopio y lineamientos para definir la línea de proceso y el equipamiento
– la cooperativa Coopecuna que se ubica en Cartagena de Cariari, y su proyecto de mejorar las instalaciones de extracción de aceites esenciales a partir de plantas medicinales.
– Coopehorquetas que es una cooperativa de productores de palmito, que recibió apoyo tecnológico para el desarrollo de productos y para la conceptualización de la infraestructura y equipamiento de la planta agroindustrial.
– productores de guanábana de Siquirres a la que se les desarrolló néctar y jugo clarificado por método enzimático y se dieron lineamientos para la adecuación de la infraestructura y equipamiento.

En este año 2020 el CITA está en proceso de asesoría en:

– el desarrollo de dos productos de las empresas Curubanda y la Dorada que se inició con la capacitación sobre las condiciones del proceso y los equipos necesarios.
– la evaluación y desarrollo de dos productos nuevos para Coopepitaya en Guanacaste. para la valorización de la pitaya en el país, con un trabajo de estabilización de la pulpa y valorar las oportunidades para la exportación de la pulpa de pitaya.
– la empresa Industrias Orgánicas del Norte P y Z, ubicada en Upala de la región Huetar Norte, mediante el proyecto deshidratación de tubérculos no tradicionales para la producción de harinas con alto valor biológico. (ElPais.cr,21- 10- 2020)

Los recursos que el Estado transfiere a la Universidad de Costa Rica permiten, según Carmela Velásquez directora del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA), una operación de alto rendimiento e impacto, por lo que su reducción afectará considerablemente al potencial de reactivación y desarrollo de las regiones rurales del país, de ahí que la Universidad hace un llamado a los diputados a mantener dichos recursos que son vitales para la reactivación económica en zonas que demandan trabajo y alternativas productivas para superar la crisis.

 

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La incertidumbre y el miedo ante los dogmas y falsas promesas

Juan Huaylupo[1]

Cada momento en la vida de las personas, grupos y sociedades, son particulares e inéditos. Para muchos las actuales circunstancias son situaciones dramáticas que han modificado su forma y expectativas de existencia y relaciones, independientemente de su situación económica o de clase. Esto es, nadie en un sistema inequitativo, interdependiente y contradictorio del presente globalizado, puede garantizar un modo de vida, una posición social o económica que sea segura o perdurable, por el contrario, la incertidumbre es consustancial a la sociedad y al sistema.

A pesar de las evidencias cotidianas de inseguridad e inestabilidad, los propietarios y sus acólitos reclaman con cinismo ser víctimas de la crisis económica actual, cuando son actores directos que, con la complicidad gubernamental, han profundizado la brecha social entre ricos y pobres. La omnipotencia y la autosuficiencia de los mercaderes, es solo aparente, pues son evidentes sus debilidades, ante consumidores pobres, endeudados, sin trabajo o con jornadas reducidas causadas por empresarios y que fueron complacientemente autorizadas por el gobierno. Asimismo, el gobierno amenaza y juzga de irresponsables a las mayorías por criticar las nuevas cargas tributarias, los salarios y pensiones confiscadas. Esto es, se empobrece intencionalmente a quienes son precisamente los que sostienen la economía con su trabajo, consumo y la creación de las condiciones sociales y políticas para la reproducción del sistema imperante. La provocación y el abuso de los empresarios y del Estado, es una errática y riesgosa actuación de su miedo hacia los trabajadores y los pobres.

Es absurdo como contradictorio, la insolidaridad de los propietarios y gobierno con las condiciones de mínima subsistencia creadas a los trabajadores, no solo históricamente, también en la actual coyuntura. Es una infamia privilegiar los negocios privados, mientras se arriesga la salud y existencia de los asalariados empobrecidos y sobreexplotados. El repudio de gobernantes y ricos contra los pobres y trabajadores, se revierte en ilegitimidad e ingobernabilidad, así como, al final de cuentas, en ganancias insuficientes y quiebras que polarizan las empresas.

La política genocida del gobierno y empresarios durante la pandemia, es ocultada con el descalabro fiscal, las amenazas y prácticas impositivas, la reducción de salarios, el uso de los ahorros de los trabajadores, conculcación de derechos conquistados, así como, con el aumento de precios de los servicios públicos, de las medicinas y de las tasas impositivas a los que menos tienen. Así, se revela la orientación social del poder en Costa Rica. No obstante, se busca encubrir las intencionalidades privadas con escaramuzas dilatorias de diálogo, sin garantía alguna de consenso con empresarios que se creen dueños del destino de la población y del país, y con un Estado débil, pusilánime, diletante y que no representa la pluralidad social nacional. En estas condiciones políticas, no es posible vislumbrar una solución digna, justa ni equitativa para las mayorías de nuestro país.

La relación de la democracia con lo público, con lo común a todos, es sin duda una ilusión en la actual crisis económica y pandémica, porque no son decisiones democráticas ni públicas, cuando se privilegia a unos y perjudica a muchos, cuando en nombre de la nación se cercena derechos, se viabiliza mayor explotación y exacción de los salarios y recursos de los pobres y trabajadores. No obstante, los discursos de alabanzas nacionalistas y democráticas, no cambian las tendencias que favorecen a los privilegiados de siempre, de los que están protegidos por el poder estatal, los liberales y los que imaginan poder recrear las condiciones laborales y de los negocios del pasado. En las actuales circunstancias organizativas y propositivas, es una ilusión democrática revertir las tendencias vigentes.

La falsa conciencia de quienes detentan el poder, colectivizan una visión ideológica individualista que imagina una realidad controlada y manejada a su antojo, con una autosuficiencia de la que carecen. En un contexto de pobreza, explotación y sin libertad, no es posible suponer que la corrupción, el dinero, el miedo ni la violencia puedan garantizar la perpetuación del poder ni la conservación de los privilegios privados, como es un absurdo, reeditar los fracasos políticos y sociales de regímenes totalitarios del pasado. La incertidumbre en un espacio social contradictorio e interdependiente no puede ser controlada ni modelada por ningún poder. Una paz con exacerbación de la explotación, sin democracia ni respeto a derechos conquistados, es el preludio de un poder sin futuro.

La ideología necesaria del capitalismo, el liberalismo, impone al Estado y a los otros, la cosmovisión individualista y privatizadora de los ricos y poderosos como verdades absolutas a la sociedad, de la cual se sirven, pero es una subjetividad que no posee la capacidad de modelar las condiciones concretas de una realidad incierta y diversa.

Los tiempos del capitalismo han sido heterogéneos, el salvaje, que conocemos y vivimos, no es el mismo de otros tiempos. El dominio financiero contemporáneo está logrando empobrecer a la humanidad, enriqueciendo al oligopolio bancario conformado por 28 bancos que “producen” el 90% de las monedas, frente al 10% de los bancos centrales de todos los países, que controla la tasa cambiaria y la tasa de interés bancaria, así como movilizan recursos financieros que superaban, en el 2012, la deuda pública de 200 países. Se estima que solo 14 de ellos poseen más de 710 billones de dólares, superando en 10 veces el PIB del mundo. Este oligopolio domina la economía, crea inestabilidad e imponen condiciones y chantajes al endeudamiento y a las recurrentes crisis fiscales de los Estados.

Sin embargo, paradójicamente el poder del capital financiero es solo aparente, dado que no es autónomo, depende de las actividades que recrean incesantemente valores apropiables, así como estos, requieren para crecer y expandirse, de los trabajadores y consumidores para privatizar los productos del trabajo y de los recursos de los compradores. El sector financiero crece, sin ser autónomo ni autosuficiente. En 1929, en Wall Street, hubo quienes se enriquecían en plena crisis económica, pero esto fue breve porque en octubre de ese año, se desmoronó la bolsa de valores y para algunos, las vías del metro fueron la solución a sus tragedias monetarias. La riqueza financiera se disuelve sin la concreción y creación de nuevos valores económicos que desfalca.

El capitalismo era para Adam Smith la única y mejor forma organizativa económica que ha existido, no obstante, es el modo como se han creado formas de esclavitud para la explotación e inequidad social, que destruye culturas, democracia, naturaleza y medio ambiente, así como, es una economía que pone en peligro la propia existencia humana.

La polaridad contemporánea social actual es inmensa, según OXFAM, el 82% de la riqueza generada en el mundo en el año 2017, fue para el 1% más rico de la población mundial, en Costa Rica tres personas ganan el equivalente a los ingresos de dos millones de sus pobladores. No obstante, la inmensa riqueza privada y la profunda brecha social, los ricos no son inmunes al hambre, la enfermedad, el desempleo y el incesante empobrecimiento de los que crean riqueza y tributan, de los que compran y consumen, o de los que crean las condiciones para la riqueza privada.

Los ricos no son autosuficientes. Sin salarios o con salarios africanizados, no hay compradores, tampoco hay ganancias, no hay créditos, tampoco se evitará la crisis con la apropiación de los bienes, recursos y salarios por los dueños del dinero. ¿De qué sirve al sector financiero apropiarse del dinero y los recursos del mundo?, ¿de qué sirve al capitalismo el enriquecimiento de pocos en un planeta de miserables empobrecidos? ¿qué pueden hacer los dueños de la riqueza en la pandemia, el hambre y la violencia? Estas tendencias de ningún modo pueden caracterizarse de capitalismo, es la feudalización bancaria que, al adueñarse de la riqueza destruye capital, Estado y civilización.

El crecimiento económico o la optimación de las ganancias privadas, es el dogma del capitalismo, el decrecimiento o disminución de las ganancias activa todas las alarmas del pánico, del miedo de negociantes, gobiernos y economistas. Las naciones y el mundo en crisis son presurosas en paliar las ganancias privadas, incentivar y subsidiar sus inversiones privadas o condonar las deudas de los ricos. De este modo, las crisis se resuelven transitoriamente en ciclos de endeudamiento público y radicales prácticas de empobrecimiento social.

Sin embargo, a pesar de los daños a la colectividad y la nación que ocasiona la economía capitalista en el presente, es un sistema que se encuentra socialmente internalizado, es inconsciente, ideológica e implícitamente aceptado. No requiere legitimación social, porque forma parte de nuestra cotidianidad y porque se ha creado, desde la academia y las leyes, la imagen de ser incontrovertible. Los dogmas se imponen, aun cuando no existen verdades absolutas ni universales, en la ciencia ni en el derecho. La economía se niega a sí misma el ser ciencia, porque no explica la realidad económica, solo aplica sus dogmas y obvias deducciones para hacer que los ricos sigan empobreciendo a los ciudadanos y al país. Tampoco esa economía está comprometida con las personas, las sociedades ni la humanidad, los evidentes y nefastos efectos son vistos como colaterales e inevitables. Las actividades lucrativas de los empresarios, tiene en la economía, una ideología y una epistemología formalista, que justifica tautológicamente el sistema económico imperante. Las crisis económicas ponen de manifiesto transparentemente, la crisis cognoscitiva de la economía.

[1] Catedrático. Escuela de Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

 

Imagen: https://bancoalimentosaraba.org

APSE: Agenda para enfrentar la crisis 2020

El contexto de la crisis

Costa Rica enfrenta una situación socioeconómica compleja, derivada de los problemas estructurales no resueltos durante años y acrecentada por la pandemia del COVID-19. La realidad de las finanzas públicas y de la contracción económica del país requiere de acciones puntuales, oportunas y posibles. No bastan las consignas ni las buenas intenciones, se necesitan propuestas concretas. El presente documento pretende contribuir en la construcción de una agenda solidaria, ética y progresiva para enfrentar la crisis actual.

Así, para la definición de las siguientes propuestas se tomó en consideración la “Revisión del Programa Macroeconómico 2020-2021 publicado por el Banco Central de Costa Rica” en Julio del 2020 y el documento “Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones” publicado por la CEPAL en Julio del 2020. De estos insumos se obtienen los datos del contexto, dejando en claro que los proponentes del siguiente documento son plenamente conscientes de los retos sociales y económicos que nos esperan como país:

  • En 2020, el PIB mundial se reducirá un 5,2%. La caída será del 7,0% en las economías desarrolladas y del 1,6% en las economías emergentes. (CEPAL: 2020).
  • En América Latina y el Caribe, se proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población. (CEPAL: 2020)
  • A pesar de que las medidas de restricción sanitaria han sido gradualmente levantadas en muchos países, la intensificación reciente en la tasa de contagio por COVID-19 hace prever una intensificación de esas medidas en este segundo semestre del año, por lo que la proyección de la actividad económica para el 2020 fue revisada significativamente a la baja por los organismos internacionales, y el proceso de recuperación en el 2021 sería más lento de lo estimado inicialmente. (BCCR: 2020).
  • Al igual que en el caso de la economía internacional, la intensificación reciente de la tasa de contagio por COVID-19 en Costa Rica hace prever una mayor afectación económica en el segundo semestre del 2020, con una caída de 5,0% en el 2020 (en lugar del -3,6% previsto en abril). La proyección de crecimiento para el 2021 se mantiene en 2,3%. La actividad económica nacional continuará condicionada por el entorno internacional y la evolución de la pandemia en el país. (BCCR: 2020).
  • Ante los menores ingresos y mayores gastos que enfrenta el Gobierno Central del país por la emergencia sanitaria y económica, el Ministerio de Hacienda proyecta para el 2020 un déficit primario de 4,0% del PIB y un déficit financiero de 9,3%, valores que en abril pasado se situaron en 3,4% y 8,7%% del PIB; y la razón de deuda a PIB aumentaría a 70,2% este año y 76,6% el siguiente. (BCCR: 2020)

De lo anterior, queda claro que enfrentamos una coyuntura difícil que requiere de la mejor de las voluntades para ser superada.

Compartimos el documento para descargar.

Carta Abierta: ¡Paridad de género en el diálogo: porque la ley lo ampara y es en interés del país!

Al Presidente de la República.
Al Presidente de la Asamblea Legislativa.
A las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales
A la opinión pública y a la ciudadanía.

Nuestro país ha venido dando importantes pasos en el camino de la igualdad y hacia la inclusión sociopolítica de las mujeres. Hemos ratificado una serie de instrumentos internacionales que son parte del ordenamiento jurídico y han trazado la ruta, entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que compromete al Estado a garantizar la participación de las mujeres en la formulación de las políticas gubernamentales en igualdad de condiciones que los hombres.

La Sala Constitucional bien ha explicado que conforme al Principio de Paridad de Género, “la conformación de las organizaciones políticas y sociales, deberán estar integradas por 50% hombres y 50% mujeres. Ello como una medida afirmativa que pretende recuperar espacios perdidos durante años en la participación e incursión de las mujeres en distintas instancias sociales, particularmente de la vida pública. Todo lo cual se traduce en el derecho de hombres y mujeres a disfrutar, en condiciones de igualdad, de todos los derechos políticos y civiles” (Sentencia 4622-16).

El contexto actual de crisis afecta de manera diferenciada y desproporcionadamente a las mujeres, por ello, quienes firmamos esta “Carta Abierta” clamamos por una democracia participativa y exigimos que la representación de cada grupo que integre la Mesa de Diálogo Nacional cuente con una integración de 50% de hombres y 50% de mujeres, convencidas no solo del derecho a participar en igualdad, sino seguras de que el aporte de la visión de las mujeres en el proceso de análisis de propuestas será determinante para el éxito de cualquier diálogo.

La construcción con perspectiva de género facilita las habilidades de escucha y de negociación. Las capacidades de diálogo, empatía y actitudes no violentas que aportará la participación de mujeres, facilitará a las partes llegar a acuerdos, permitirá transversalizar la perspectiva de género, facilitará espacios de negociación sin desigualdades de poder, y favorecerá soluciones que no excluyan o perjudiquen grupos sociales y que sean respetuosos de los derechos humanos.

La Costa Rica que se asoma ya al Bicentenario, debe seguir avanzando en paridad e inclusión; en respeto a los derechos humanos. Por eso, instamos respetuosamente al señor Presidente de la República, al señor Presidente de la Asamblea Legislativa y a las personas dirigentes de sectores y organizaciones que se involucrarán en el diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan, a cumplir con el marco jurídico y:

  1. conformar representaciones paritarias
  2. considerar el impacto diferenciado de la crisis y contemplar acuerdos que atiendan las necesidades de la diversidad poblacional que reside en el país.

Suscribimos,

Sonia Picado Sotela, Ex Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Alda Facio, Relatora de ONU
Ana Isabel Garita V., Ex Ministra de Justicia
María Eugenia Bozzoli Vargas, Antropóloga. Premio Magón de Cultura
Ana Catalina Chaves Arias , Presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Higinia González Maroto, Fundadora de Arte Chúbu, Comunidad Boruca
Milena Grillo Rivera, Especialista en Derechos de la Niñez y la Adolescencia
Karla Prendas Matarrita, Activista social, ExDiputada
Maria Elena Carballo, Académica, Ex Ministra de Cultura y Juventud
Mimi Prado Castro, Ex Viceministra de Cultura
Vicky Montero, Actriz Emérita
Gabriela Mora Fallas, Directora de orquesta
Nancy Marín Espinoza, Ex Ministra de Comunicación
Marta Solano Arias, Presidenta Partido Acción Ciudadana
Damaris Solano Murillo, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad-Costa
Rica
Adriana Orocú Chavarria, Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) y
profesora universitaria UCR
Aida González Brenes, Asociación inclusiva laboral de personal con discapacidad
Ailyn Morera Ugalde, Artista escénica. Docente Universidad Nacional
Alejandra Bonilla Leiva, Movimiento de mujeres del campo
Alejandra Manavella , Abogada Defensora de derechos humanos.
Alexandra Latishev Salazar, La Linterna Films
Amandine Bourg Garita, Bióloga
Ana Elena Obando Mendoza, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por
los Derechos Humanos
Ana Leonor Ramírez Montes, Mujeres por Costa Rica
Ana Mayela Coto Gonzalez, Presidenta mujeres de la Provincia de San José- PLN
Ana Yancy Espinoza Quirós, Fundación Arias para La Paz y El Progreso Humano
Anabelle Sancho Castillo, Docente MEP
Andrea Gomez Arce, Activista Derechos de Personas con Discapacidad
Arabella Salaverry Pardo, Escritora y Actriz
Ariana Quesada García, Representante Estudiantil Suplente ante el Consejo
Universitario de la UCR
Carmen Edith Ulate Rodríguez, Académica, Universidad Nacional
Catalina Peña Castro, Docente
Cristel Rivera Víquez, Estudiante Trabajo Social
Cristina Carpio Alvarado, Colectiva Alto al Acoso
Cristina Naranjo Morales, China Kicha
Cristina Rojas Rodríguez, Directora CENTRO ETHOS
Dahiana de los Angeles Brenes Lopez, Movimiento Estudiantil Madres UNA
Daisy Orozco Rodríguez, Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
Daniela Jiménez Montero, Economista
Daniela Ríos Alfaro Secretaria de la Mujer, ANDE
Dulce Umanzor Alvarado, Asociación de Mujeres en Cooperación para el Desarrollo
(AMUCOODE)
Elizabeth Fonseca Corrales, Ex Diputada, Mujeres por Costa Rica
Elvira Yglesias Mora, Psicóloga
Emma A. Chacón Alvarado, Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles
Enid Ulate Solís, Centro Nacional de la Música, Flautista
Gabriela Arguedas Ramírez, Profesora, Universidad de Costa Rica
Gabriela Esquivel González, Docente de Educación Especial
Gabriela Santos Alvarez, Suplente de la Secretaría de Sedes Regionales de la FEUCR
Gema Arrieta Domingo, Gestora Cultural
Giselle Maria Mejía Blanco, Asociación Guanacasteca de Discapacidad Autonomía y
Comunidad Inclusiva
Gloriana Villegas Valenciano, Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud)
Grace Catalina Damazio Acosta, Fundación de Espina Bífida
Gwendolyne Rojas Salas, Trabajadora Social
Haydee Hernandez Perez, Jefa de la Unidad de Género en la Asamblea Legislativa
Idalie Castro Rivera, Centro de vida independiente Morpho
Ilka Treminio Sánchez, FLACSO Costa Rica
Irene Aguilar Viquez, Abogada Defensora de derechos humanos.
Isabel Picado Sotela, Pensionada
Ivannia Rivera Porras, Foro de mujeres políticas por Costa Rica
Jeannette Pérez Araya, Intérprete Médico Legal
Jimena Fonseca, Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Julia Herrera, Amucoode
Karina Vargas Lepe, Médica Psiquiatra
Karla Gonzalez Bolaños, Abogada
Larissa Arroyo Navarrete, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Arias Pacheco, Economista
Laura Valenciano Arrieta, Asociación Ciudadana Acceder
Laura Valverde Cuevillas, Bióloga y conservacionista
Laura Zuñiga Madrigal, CONAPDIS
Lina Barrantes Castegnaro, Directora Ejecutiva de la Fundación Arias para la Paz
Lorena Chavarria Martínez, Asesora Sindical de ANEP
Lucía Bonilla González, Colectiva Alto al Acoso
Luciana Batalla Bunn, Asociación Voluntarios Costa Rica Indígena
Marcela Jager Contreras, Académica, Universidad Nacional
Marcia Aguiluz Soto , Abogada defensora de los derechos humanos
Margarita Bolaños Arquín, Mujeres por Costa Rica
María Alejandra Solórzano Castillo, Escritora, Académica de la Universidad Nacional
María del Rosario Calderón Fournier, Docente
María Fernanda Valverde Díaz, Fundación Justicia y Género
Maria Laura Sanchez Rojas, Unidad de Capacitación y Formación Política, ANEP
Mariela Zamora Rey, Secretaria de Sedes y Recintos Regionales de la FEUCR
Marielos Rojas Espinoza, Docente de UNED
Marta Iris Muñoz, Abogada
Melissa Núñez Badilla, Docente de la UTN
Mildred Campos Sandoval , CECATS
Mónica Soto Herrera, Abogada
Monserrat Ruíz Guevara, Directora Ejecutiva de CANAESS
Nerina Carmona Castro, Actriz, Gestión y producción cultural.
Nuria Calvo Fajardo, Pensionada
Pamela Campos Chavarría, Antropóloga y Gestora Cultural
Patricia Howell, Cineasta
Patricia Margarita Jiménez Castillo, Artesana
Patricia Vanolli Alvarado, Abogada Derecho Público
Priscilla Solano Castillo, Partido Cantonal de Carrillo
Raquel Castro, Movimiento de Mujeres – PLN
Rita Benavides Sánchez, Traductora y Gerente de Proyectos
Rosario Rosales Arce, Rosarce Consultoría Empresarial
Rose Mary Sanchez Pérez, Territorio indigena Quitirrisi
Rosemary Castro Rivera, Centro de Vida Independiente Morpho
Roxana Arroyo Vargas, Docente, Universidad Estatal a Distancia
Sandra Monge Vásquez, Fundación Justicia y Género
Sara Cognuck González, Activista climática
Shirley Campos Villalobos, Fundación Justicia y Género
Silvia Rojas Herrera, Académica del Idespo, Universidad Nacional
Sofía de la Cruz Vargas, Secretaria General, Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica
Sonia Navarro Solano, Abogada
Soraya Long, Defensora de derechos humanos
Tatiana Chaves Araya, Grupo de teatro los de a pie
Thais Aguilar Zúñiga, Periodista
Valeria Rodríguez Quesada, Representante Estudiantil en el Consejo Universitario de la
Universidad de Costa Rica
Vicky Ramos Quesada, Artista Plástica
Victoria Esther Camac Ramírez, Asociación Ixacavaa de Desarrollo e Información
Indígena
Victoria Gamboa Ross, Periodista y Politóloga
Wendy Barrantes Jiménez, Centro de Vida Independiente Morpho
Xinia Vargas, Bailarina Compañía Nacional de Danza y Académica del Instituto
Tecnológico de Costa Rica
Yalena de la Cruz, Odontóloga, especialista en salud pública.
Yenny Seguram, Indígena Cabécar

 

Imagen ilustrativa: https://la.network/

Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?

Este próximo jueves 22 de octubre el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) y la Vicerrectoría de Investigación de la UNED le invita a la actividad: “Crisis económica en Costa Rica: ¿Es el FMI una opción viable?”, con la participación de Dr. Luis Paulino Vargas Solís, director del CICDE-UNED y M.Sc. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE.

Transmisión vía Zoom y Facebook / CICDEUNED

Datos para conectarse a Zoom:
ID de reunión: 854 8562 3702
Código de acceso: 923449

UNA: Reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:

El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.

Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.

La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.

En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:

Sobre la atención de la pandemia:

1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.

2) Eje económico y productivo.

3) Eje social, psicológico y educativo.

4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisión de la covid-19.

Sobre el tema fiscal:

Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.

El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.

Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO

Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.

Sector Cultura: No a los Recortes en el Presupuesto de Cultura

Compartimos la siguiente petición hecha por el sector de cultura.

Estimadas Señoras Diputadas y Diputados,
Estimado Señor Presidente de la República,

Como Sector Cultura reconocemos la situación país, y sabemos lo importante que es en este momento su trabajo para tratar de impedir el agravamiento de la crisis social y económica. Entendemos también que es necesario tomar decisiones difíciles y que muchas veces esas decisiones pasarán por asumir recortes presupuestarios importantes en diferentes áreas y sectores.

Sin embargo, en la discusión que están teniendo las y los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174, la diputada Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional presentaron el día 15 de octubre la moción #129 la cual propone un recorte de ¢6.400.756.551,00 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Igualmente se presentó la moción #72 por parte de la diputada María Inés Solís y varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana que pretende recortar ¢4.126.307.837 millones, lo cual llevarían al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud a equipararse en el 2021 con el monto visto en el año 2013 en la administración de Laura Chinchilla.

Este recorte que en sumatoria podría representar aproximadamente el 15% del presupuesto, deja al Ministerio de Cultura y Juventud inhabilitado para ejecutar gran parte de sus programas, incluso desapareciendo del todo compromisos adquiridos por ley en algunas de sus partidas. Para algunas de las instituciones culturales del país, el recorte significa prácticamente un cierre técnico.

Estos recortes impactan negativamente los programas de extensión cultural de una industria que representa el 2.2% del PIB (2015) del país, así como la fuente de empleo de miles de profesionales y técnicos cada año.

El Partido Liberación Nacional, el mismo cuyo principal líder alguna vez pronunció la famosa frase: ¿para qué tractores sin violines?, está promoviendo los recortes más significativos que sepultan la capacidad de recuperación del sector ya impactado fuertemente por la pandemia.

Es por ello que solicitamos a las y los diputados que se proteja el presupuesto de cultura, que los recortes que se propongan sean en conjunto con los rectores del Ministerio y representantes del sector para garantizar que no afecte la operatividad del Ministerio, ni la ejecución de sus principales programas que impactan directamente a las personas trabajadoras del arte y la cultura y la población en general.

Exhortamos así mismo al Señor Presidente de la República, que se nos incluya en el diálogo multisectorial nacional. La cultura debe ser una aliada en la reconstrucción económica del país. Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura, solamente la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano.

Este tipo de recortes, así como que se nos excluya de la convocatoria a un diálogo nacional, demuestran desconocimiento del crecimiento que ha tenido la Economía Cultural a nivel mundial y un paso atrás como país frente a lo que está siendo una fuerte apuesta de desarrollo en otros países Latinoamericanos, respaldados inclusive en estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Un país sin cultura, es un país sin identidad.

  • Artes Escénicas Costa Rica (AECR)
    Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional (AGITEP)
    Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza (ANATRADANZA)
    Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM)
    Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE)
    Unión de Trabajadores de la Música, las Artes y Afines (UTM)
    Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses (AGICUP)
    Directoras de Cine de Costa Rica
    Red Nacional de Teatro Comunitario (RNTC)
    COOPEARTES RL
    Fundación Tico de Corazón
    Compañía Folclórica Matambú
    PROARCA S.C.
    Memoria de las Artes Escénicas (MAE)
    El Guato
    Los Garbanzos
    La Milixia
    Endemia
    Cooperativa Sulá Batsú RL
    Asociación Cultural de Guácimo Respirarte
    Sección Nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales (CIOFF COSTA RICA)
    InterArtis Costa Rica

Organizaciones, agrupaciones, empresas, personas trabajadoras del Sector Artístico, Cultural y Creativo de Costa Rica, sociedad civil, abajo firmantes.

Para firmar la petición ingrese aquí