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Etiqueta: crisis económica

UNA: Reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante las mociones presentadas en la comisión de hacendarios de la Asamblea Legislativa, para recortes presupuestarios a la educación pública, al FEES y al presupuesto ordinario y extraordinario de la República 2020-2021:

El país atraviesa una de las crisis socioeconómicas y políticas más fuertes de su historia, la cual se acrecentó a raíz de la emergencia sanitaria, en los últimos ocho meses, trayendo serias consecuencias para la población nacional, como un aumento en las tasas de desempleo y pobreza, así como un impacto significativo de los ingresos del Estado.

Esta situación afecta las condiciones socioeconómicas de una parte significativa de nuestra población estudiantil, pues un porcentaje muy relevante de ella proviene de bajos recursos o regiones en condición de vulnerabilidad.

La Universidad Nacional coadyuva a la atención de la pandemia y la crisis fiscal del Estado, atendiendo los principios estatutarios, la solidaridad, sensibilidad y la responsabilidad social.

En este sentido, la Universidad Nacional ha realizado las siguientes acciones:

Sobre la atención de la pandemia:

1) Área epidemiológica y de atención a la pandemia.

2) Eje económico y productivo.

3) Eje social, psicológico y educativo.

4) Eje de estudio de los efectos de las medidas para impedir la transmisión de la covid-19.

Sobre el tema fiscal:

Atención de recortes y postergaciones de presupuesto que se han realizado en los últimos años. Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ¢8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ¢5.000 millones. Ambas cifras suman ¢13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA.

El Consejo Universitario rechaza las propuestas que procuren una nueva reducción del presupuesto a la educación pública en su conjunto, siendo un sector estratégico para el desarrollo del país y la atención de la covid-19, específicamente las mociones presentadas en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, para reducir el monto acordado en la Comisión de Enlace para el Fondo Especial de la Educación Superior; en consecuencia se pondría en riesgo las áreas más sensibles de nuestra universidad, para garantizar la atención de las necesidades académicas y estudiantiles.

Recordar a las diputaciones de la Asamblea Legislativa que el sistema de educación superior de Costa Rica ha sido un baluarte en el desarrollo integral y la movilidad social de poblaciones que no ha tenido las oportunidades de mejorar la condición de vida mediante la educación; en consecuencia, una reducción del presupuesto sería un acto inconstitucional y un retroceso histórico en el modelo educativo nacional.

Atentamente,
CONSEJO UNIVERSITARIO

Más información con la Oficina de Comunicación al 8720-4908.

Sector Cultura: No a los Recortes en el Presupuesto de Cultura

Compartimos la siguiente petición hecha por el sector de cultura.

Estimadas Señoras Diputadas y Diputados,
Estimado Señor Presidente de la República,

Como Sector Cultura reconocemos la situación país, y sabemos lo importante que es en este momento su trabajo para tratar de impedir el agravamiento de la crisis social y económica. Entendemos también que es necesario tomar decisiones difíciles y que muchas veces esas decisiones pasarán por asumir recortes presupuestarios importantes en diferentes áreas y sectores.

Sin embargo, en la discusión que están teniendo las y los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174, la diputada Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional presentaron el día 15 de octubre la moción #129 la cual propone un recorte de ¢6.400.756.551,00 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Igualmente se presentó la moción #72 por parte de la diputada María Inés Solís y varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana que pretende recortar ¢4.126.307.837 millones, lo cual llevarían al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud a equipararse en el 2021 con el monto visto en el año 2013 en la administración de Laura Chinchilla.

Este recorte que en sumatoria podría representar aproximadamente el 15% del presupuesto, deja al Ministerio de Cultura y Juventud inhabilitado para ejecutar gran parte de sus programas, incluso desapareciendo del todo compromisos adquiridos por ley en algunas de sus partidas. Para algunas de las instituciones culturales del país, el recorte significa prácticamente un cierre técnico.

Estos recortes impactan negativamente los programas de extensión cultural de una industria que representa el 2.2% del PIB (2015) del país, así como la fuente de empleo de miles de profesionales y técnicos cada año.

El Partido Liberación Nacional, el mismo cuyo principal líder alguna vez pronunció la famosa frase: ¿para qué tractores sin violines?, está promoviendo los recortes más significativos que sepultan la capacidad de recuperación del sector ya impactado fuertemente por la pandemia.

Es por ello que solicitamos a las y los diputados que se proteja el presupuesto de cultura, que los recortes que se propongan sean en conjunto con los rectores del Ministerio y representantes del sector para garantizar que no afecte la operatividad del Ministerio, ni la ejecución de sus principales programas que impactan directamente a las personas trabajadoras del arte y la cultura y la población en general.

Exhortamos así mismo al Señor Presidente de la República, que se nos incluya en el diálogo multisectorial nacional. La cultura debe ser una aliada en la reconstrucción económica del país. Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura, solamente la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano.

Este tipo de recortes, así como que se nos excluya de la convocatoria a un diálogo nacional, demuestran desconocimiento del crecimiento que ha tenido la Economía Cultural a nivel mundial y un paso atrás como país frente a lo que está siendo una fuerte apuesta de desarrollo en otros países Latinoamericanos, respaldados inclusive en estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID).

Un país sin cultura, es un país sin identidad.

  • Artes Escénicas Costa Rica (AECR)
    Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional (AGITEP)
    Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza (ANATRADANZA)
    Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM)
    Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE)
    Unión de Trabajadores de la Música, las Artes y Afines (UTM)
    Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses (AGICUP)
    Directoras de Cine de Costa Rica
    Red Nacional de Teatro Comunitario (RNTC)
    COOPEARTES RL
    Fundación Tico de Corazón
    Compañía Folclórica Matambú
    PROARCA S.C.
    Memoria de las Artes Escénicas (MAE)
    El Guato
    Los Garbanzos
    La Milixia
    Endemia
    Cooperativa Sulá Batsú RL
    Asociación Cultural de Guácimo Respirarte
    Sección Nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales (CIOFF COSTA RICA)
    InterArtis Costa Rica

Organizaciones, agrupaciones, empresas, personas trabajadoras del Sector Artístico, Cultural y Creativo de Costa Rica, sociedad civil, abajo firmantes.

Para firmar la petición ingrese aquí

UNA: Alerta ante la amenaza de nuevos recortes al FEES 2021 por la Asamblea Legislativa

Con vehemencia me dirijo a toda la Comunidad Universitaria para manifestar mi preocupación y total oposición al conjunto de mociones presentadas por algunos diputados y diputadas, que afectan directa e indirectamente el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y consecuentemente, el quehacer de la Universidad Pública Costarricense.

Todas estas mociones han sido presentadas en el contexto de la aprobación del Presupuesto Nacional para el año 2021, el cual se deberá analizar y votar entre hoy y mañana en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en el contexto de la aprobación del Presupuesto Ordinario de la República 2021.

Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario enfatizar que el sector educación y dentro de él, las Universidades Públicas, hemos sido consecuentes y solidarios en el contexto que vivimos, lo que ha implicado una significativa afectación del FEES 2020 y 2021, dentro de los márgenes constitucionales.

Para el ejercicio económico 2020, la Universidad Nacional ajustó el presupuesto hacia la baja por un monto de ₡8.857 millones y, además, como aporte solidario a la actual crisis, realizó una transferencia a la Comisión Nacional de Emergencia por ₡5.000 millones. Ambas cifras suman ₡13.857 millones, que equivale al 12% del FEES total que le correspondía a la UNA este año.

Asimismo, conscientes de la situación financiera por la que atraviesa el país, se acordó en la Comisión de Enlace, un rebajo del 5% del FEES 2021, que significa ¢5.372 millones menos para la UNA. A pesar de dicho rebajo, se ha incrementado el presupuesto destinado al fondo de becas estudiantiles con el objetivo de atender la mayor demanda de becas por parte de estudiantes provenientes de hogares que se han visto afectados económicamente durante esta pandemia.

Para hacer frente a la reducción de presupuesto 2021, se han ajustado a la baja, de manera importante, diferentes partidas presupuestarias y se ha tomado un conjunto de medidas para contener el gasto, tal cual les hemos informado mediante circulares y presentaciones a través de sesiones por medio de la plataforma Zoom.

Es importante comprender que un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES 2021, nos llevaría a un escenario de afectación radical en la acción sustantiva de la institución, en todos sus ámbitos; desde la reducción de los cupos disponibles para nuevos estudiantes, hasta la afectación en proyectos de investigación y extensión y, por tanto, en el aporte a nuestra sociedad.

Una consecuencia no deseada de la crisis causada por la pandemia provocada por la COVID 19 es justamente la reducción de las posibilidades de estudio para nuestras y nuestros jóvenes, por lo que hacemos un llamado vehemente a las señoras y señores diputados para que, con su voto, eviten caer en situaciones que ya en el pasado hemos vivido y que por décadas posteriores hemos lamentado.

La Universidad Nacional ha tenido plena capacidad para ofrecer a Costa Rica aportes para enfrentar la pandemia por la COVID 19 y los efectos socioeconómicos, dirigidos a todos los sectores producto de la sociedad. En este marco la UNA desarrolla cerca de 40 iniciativas que contribuyen de manera prioritaria a la atención de las poblaciones vulnerables y que se caracterizan por proteger los principios de equidad, justicia, humanismo, y solidaridad social, clasificadas en 5 ejes principales: Seguimiento y atención a la pandemia; Economía y productividad; Condiciones sociales, salud mental, psicología y educación; Estudios sobre medidas para impedir la transmisión por el SARS-COV-2.

Evidente ha sido el aporte de la Universidad Pública en general y de la UNA en particular al desarrollo equitativo y sustentable del país a lo largo de su historia, y en especial en tiempos de emergencia nacional, por lo que reitero el llamado urgente a la comunidad universitaria a estar atentos para la defensa de la educación pública en general y la educación superior estatal en particular.  Pero sobre todo a manifestar por diversos medios de comunicación la importancia de la educación superior como un bien público social y un factor estratégico para alcanzar el bienestar y el desarrollo social en clave de mayor equidad.

Atentamente,
Francisco González Alvarado
Rector
UNA

Más información con la Oficina de Comunicación: 8720-4908

Posición de BUSSCO sobre diálogo nacional. Una negociación para empezar a cambiar el rumbo económico del país

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) concibe una «mesa de negociación» para debatir sobre medidas y acciones tendientes a cambiar el rumbo económico, después de 40 años de neoliberalismo.

Desde BUSSCO ratificamos nuestra disposición al diálogo y a la negociación, no creemos en un esfuerzo de diálogo para diseñar una nueva propuesta negociadora con el FMI, sino para encontrar propuestas equilibradas que posibiliten salidas en beneficio de las mayorías. BUSSCO es firme en señalar que el FMI no es la vía para la solución de nuestros problemas.

Una negociación real para enfrentar la crisis y superar el modelo neoliberal.

Se debe abrir un proceso de negociación que aborde temas urgentes como el Fraude Fiscal: evasión de IVA e ISR, elusión fiscal del comercio exterior, reestructuración de la deuda pública, exoneraciones y privilegios fiscales al gran capital corporativo. También, un sistema tributario progresivo, fortalecimiento del mercado interno, generación de empleos, salarios dignos, servicios públicos de calidad, universales y sostenibles, así como garantizar la libertad sindical.

Nuestra agenda para enfrentar la crisis incluye la eliminación del IVA a servicios básicos, el impulso a un salario mínimo para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza, el fortalecimiento de la CCSS y la salud pública, ampliación del gasto público como mecanismo para reactivar la economía, nos oponemos a la privatización del INA y la FANAL al desfinanciamiento de las instituciones y a orientar los recursos exclusivamente al pago de deuda pública. Promovemos la creación de un impuesto permanente a las grandes riquezas para financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.

Las organizaciones pertenecientes a BUSSCO, rechazamos vehementemente la negociación con el FMI que promueve la venta de activos estatales, aumento de impuestos al consumo, reducción de en inversión social y pérdida de soberanía en el manejo de nuestras finanzas públicas y a los proyectos que precarizan y eliminan derechos laborales.

Deben existir condiciones mínimas para crear un proceso de negociación realista y viable, participativo y en igualdad de condiciones para todos los actores económicos, sociales y políticos y con una agenda amplia sobre los temas urgentes y no limitada a un único punto.

No concebimos un diálogo real, mientras en la Asamblea Legislativa avanzan proyectos como Empleo Público, eliminación de la jornada de 8 horas, eliminación de anualidades, sobre salario escolar y cualquier proyecto que violente condiciones y derechos laborales para generar una real confianza en la mesa.

Reiteramos nuestra voluntad y disposición al diálogo, a fin de encontrar soluciones a los principales problemas que enfrenta la sociedad costarricense, pero para ello, se requiere de la voluntad política, sin imposiciones de diseño, composición y metodología como lo ha planteado el gobierno y el Estado de la Nación.

15 de octubre, 2020.
BUSSCO
PODER SINDICAL Y SOCIAL CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL

Escenarios, significados y tiempos históricos de una crisis muy profunda – Segunda parte

Rogelio Cedeño Castro,

Sociólogo y escritor costarricense

La depreciación o pérdida de sentido del lenguaje que usamos para referirnos a la vida política, y aún a ciertas dimensiones o momentos de la cotidianidad ha alcanzado, en estos días de gran intensidad de la protesta social en Costa Rica, unas alturas cercanas al paroxismo y a una especie de locura colectiva –por así decirlo- entre los personeros del régimen de la dictadura en democracia y el pequeño, además de poderoso, sector del capital financiero, cuyos personeros están desesperados por consolidar sus “buenos” negocios con el asunto de la abultada deuda interna del país, y la tenencia de bonos de ésta que se ha convertido en un jugoso negocio de casi una decena de billones de colones, lo que va en perjuicio de la gran mayoría de la población, cuyo empobrecimiento se acelerará en varios dígitos, en caso de persistir la actual correlación de fuerzas sociales y políticas.
Las palabras como “diálogo”, “violencia” o “vandalismo” y otras usadas a conveniencia, son manoseadas tanto por los políticos de oficio, como por un puñado de tecnócratas y “comunicadores” de toda ralea, de tal manera que han perdido casi toda su significación, para convertirse así en otro de los componentes de esta Torre de Babel, en la que estamos sumergidos, por causa de los comportamientos miméticos de muchos de los actores de este drama, especialmente entre aquellos situados hacia la izquierda del llamado espectro político. En el caso de la primera de ellas, el gobierno del presidente Carlos Alvarado aceleró su vaciamiento semántico, de tal manera que la condujo a la pérdida de cualquier sentido unívoco que pudiéramos darle, ya ni siquiera en términos neutros, como en algunas dimensiones de la vida cotidiana, dentro de las que solemos hablar del diálogo, como un mero intercambio de impresiones entre dos o más interlocutores. Actuando a la manera de un prestidigitador, el conocido científico social y columnista del diario La Nación, Jorge Vargas Cullel, director del programa de El Estado de la Nación, se sacó de la manga no precisamente un conejo o un pañuelo, sino más bien el organigrama y cronograma de un supuesto “diálogo nacional” sectorial, cuya apariencia es la de un monólogo entre las cúpulas del poder económico y político, aunque lo más increíble, en este caso, es que desde su formulación inicial se deja por fuera al movimiento social que ha venido luchando en las calles, campos y ciudades de todo el país, bajo la denominación de Rescate Nacional, el que termina siendo ninguneado por el régimen. Es a partir de estos rasgos, o elementos esenciales que no logramos entender el significado de la expresión “diálogo”, dentro de esta puesta en escena, tan evasiva de las graves implicaciones del conflicto planteado, que está siendo desplegada en medio de un convulso escenario histórico, dentro del que sin embargo una gran cantidad de actores sociales y políticos “insospechados”, entran en el juego del Poder Ejecutivo y de los intereses económicos, tanto de los evasores como de los tenedores de bonos de la deuda interna, los que en la mayoría de los casos, resultan ser los mismos personajes.
Sucedió entonces, durante las dos semanas más recientes, que al acelerarse el conflicto social, exteriorizado por la protesta masiva de los sectores sociales de la periferia, esos que configuran lo que podríamos llamar la Costa Rica profunda, que los intentos de explicar lo que está sucediendo se estrellan con la terca realidad, dado que el lenguaje con el que acostumbramos a calificar estos procesos sociales, al haber sido vaciado de su significación no nos sirve para entender y mucho menos explicar ¿qué es lo que está sucediendo en el orden de la vida social y política de este pequeño país centroamericano? La necesidad implícita que tenían los movimientos sociales, afincados en las zonas rurales de la periferia, de romper el blindaje que le había sido impuesto a otro segmento del movimiento social, cuando dos años atrás había sido aplastada una huelga de los trabajadores del sector público, como un hecho al que hemos venido haciendo referencia, los llevó a emplear los bloqueos o cierres de carreteras y puentes como una medida de presión sobre un régimen, cuyo gobierno ni siquiera ha querido simular algún tipo de diálogo u encuentro con ellos.
Hoy, el movimiento social en estado puro, representado por Rescate Nacional sigue como al principio, cercado por todos sus flancos, por parte de quienes lo ven como un peligro para sus intereses más mezquinos. Para las cabezas del régimen y su gobierno de coalición, como también para los integrantes de los poderes fácticos que lo controlan, y asimismo para los llamados “progres” del PAC, engolosinados con las mieles del poder, y considerando siempre que su agenda del llamado “marxismo cultural”, es la única importante a ser tenida en cuenta; en fin todo un conjunto actores sociales y políticos que consideran que ese movimiento debe ser aniquilado, acudiendo para ello a cualquier vía, y sin importar el grado de violencia que implique su supresión de la vida social y política, en su odio llegan hasta los extremos del totalitarismo, negándose a reconocer siquiera la condición humana de los que protestan.
La impresionante campaña de prensa, llevada a cabo por los medios hegemónicos, para descalificar a los que llaman “vándalos” o “delincuentes” de la peor ralea, se ha visto reforzada por una represión policial cada vez más cruenta, intensificando el uso de “fuerzas especiales”, como son las de la policía antimotines, entrenada por los carabineros de Chile y la policía nacional de Colombia, dos países donde el respeto a los derechos humanos no pasa de ser una ficción. Los habitantes de San Carlos, de Pérez Zeledón, Guanacaste y otras regiones han sido objeto de una cruenta represión, con el empleo masivo de gases lacrimógenos y hasta irrupciones violentas en sus hogares, por parte de unos cuerpos policiales que los han tratado como una especie de “enemigo interno”, buscando sembrar el terror entre ellos.
Dada la gran confusión semántica existente en el discurso de algunos de los que protestan, lo que da lugar a una especie de gran polifonía, dificultando la captación plena del sentido o significado más profundo de esta rebelión de los sectores rurales contra el régimen neoliberal, al que llaman “comunista” o “madurista”, aunque en estricto sentido no lo sean para muchos de nosotros, no podemos negar que esa es su forma de nombrar al hecho sociohistórico que los inquieta y golpea en pleno rostro. Aunque para la significación mentada, que traen a cuento muchos de los protagonistas del conflicto, el hecho resulta irrelevante: lo que alcanzan a identificar es la existencia de una dictadura, no importa cómo la llamen, lo que los lleva a la rebelión es la agresión del neoliberalismo, y la voracidad del capital financiero, lo sienten en su pellejo y no aguantan más.
Para un sector de la llamada “izquierda”, sobre todo aquella oficiosa, y cercana a los manejos políticos del régimen, la circunstancia ya apuntada les ha servido para darle la espalda a un movimiento nacido de las entrañas del pueblo, pues para algunos de sus cuadros y voceros habituales es preferible ver las cosas a la distancia, como si el asunto no fuera con ellos, además de que consideran que esas gentes carecen, de lo que llaman eufemísticamente, una “dirección política correcta”. Una vez más la estéril teoría así empobrecida se ve rebasada por una dinámica realidad a la que es preciso responder, poniéndose a la altura de la magnitud del desafío histórico, no prestandonos a las maniobras del régimen y sus trampas en cuanto al diálogo-monólogo, con el que quieren engañarnos a todos.

Descontento social y crisis económica en Costa Rica

La Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y Praxis TV le invitan este viernes 16 de octubre a la 9 a.m. a la entrevista con Abelardo Morales Gamboa (Escuela de Sociología, UNA). Se abordará el tema: «Descontento social y crisis económica en Costa Rica».

Transmisión por el canal de YouTube de la Escuela de Filosofía de la UNA.

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos.  Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca.  Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

 

Imagen ilustrativa.

Transformación Social Ecológica en Costa Rica – documento

La Fundación Friedrich Ebert acaba de publicar el documento Transformación Social Ecológica en Costa Rica. Implicaciones sociopolíticas y económicas del covid-19.

El documento fue redactado por la trabajadora social y abogada Laura Rivera Alfaro y el economista de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica Henry Mora Jiménez. Contaron con el apoyo del politólogo Cristopher Meza Sánchez.

En la presentación del escrito se señala:

“El futuro se presenta con escenarios amenazadores e inciertos, se agudizan diversas crisis del modo de producción en particular y de la modernidad en general, a raíz de la actual crisis sanitaria y las tendencias hegemónicas en la gestión de dicha crisis que afectan la economía, los derechos y la vida de las personas.

En este contexto, la articulación entre múltiples actores es un imperativo impostergable. La agenda nacional para la transformación social ecológica de la economía ha sido construida con representantes de diversos colectivos y movimientos sociales y políticos que aportan sus visiones y agendas específicas para la puesta en común de sus reivindicaciones y propuestas”.

Asimismo, el documento explica:

“Además de temas relevantes, se identifican espacios de alianza y elementos de estrategia para la incidencia política en los distintos niveles institucionales.

Con el fin de abordar esta propuesta desde una perspectiva amplia, el texto se introduce con un análisis de contexto, así como de las tendencias actuales para afrontar las crisis sanitaria, social y económica del covid-19.

La intención es evidenciar la posibilidad de transformación y la viabilidad de alternativas ante las afectaciones que una agenda conservadora regresiva tiene en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza”.

Más información sobre el tema está disponible en https://www.fesamericacentral.org

Puede descargar el documento en este enlace:

Las cosas van de mal en peor

Juan Carlos Cruz *

El gobierno corporativo empresarial, que no escucha a los sectores sociales, que sólo dialoga con los empresarios y que reprime la protesta social, arremetió tieso y parejo, esta madrugada, contra algunos de los tranques en Pérez Zeledón, San Carlos y Limón. Excusas sobran para justificar la represión ante la opinión pública, pero igual, esos pretextos para legitimar el uso de la violencia no van a resolver en problema de fondo: hay mucha gente desesperada, sin ingresos, comiendo una vez al día, personas enfermas que no están recibiendo atención en los centros de salud…. Y eso es una bomba de tiempo que le va a estallar en la cara al Gobierno, sin que esta vez le puedan echar la culpa a Albino ni a ningún cabecilla de los sectores sociales.

La desesperación de las madres de familia desempleadas y sobrepasadas por las necesidades de sus hijas e hijos, no se acallan con “condenas mediáticas a la violencia” y más bien, provocan reacciones aún más violentas. No creo que ni el más insensato de quienes asesoran al Presidente, estén pensando en que las campañas mediáticas contra los y las manifestantes van a surtir efecto esta vez. Ya no se trata de sindicalistas “defendiendo privilegios”, ni de empleados públicos “que sólo piensan en su bienestar”, esta vez se trata de un pueblo con hambre que clama por un mínimo gesto de empatía presidencial y algo de solidaridad por parte de un empresariado egoísta, mezquino y miope.

 

*Comunicador jubilado.

Para no caer en la trampa de quienes han quebrado nuestras finanzas, el SEC aclara al pueblo costarricense

No cabe duda que estamos en medio de una nueva tormenta, en la cual la clase trabajadora sigue siendo el blanco del ataque incongruente e insensato de las clases económicamente poderosas dominantes quienes han sabido manejar sus piezas, teniendo la complicidad de grupos políticos que durante muchos años han sido actores y cómplices del saqueo a las finanzas estatales.

En el SEC entendemos la importancia y urgencia de salir adelante con esta crisis y tenemos claro que los impuestos son una de muchas herramientas para construir ese panorama esperanzador que como país todas y todos queremos porque con ellos fortalecemos los programas sociales y todo el funcionamiento del Estado. Sin embargo, para resolver esta la situación debe existir justicia, equidad y voluntad política.

Cuando hemos dicho no más impuestos, es no más asfixia contra la clase trabajadora y las familias en general que han visto afectada su estabilidad laboral y familiar por esta pandemia del COVID-19 y pandemia económica.

Que los sectores retrógrados conservadores de la Derecha de este país no se valgan de la inocencia de este pueblo para escudarse y apartarse de sus responsabilidades, porque sí debe haber impuestos para los que eluden y evaden, que graben las grandes empresas nacionales y transnacionales, al sector financiero entre otros, todo en su proporción.

Como SEC tenemos bien interpretado el fino discurso de la derecha neoliberal, cuando exige contención del gasto para que no se les toque sus capitales, para ellos acabar con lo que nos queda del ESTADO SOCIAL DE DERECHO, les vale un comino y eso se evidencia cuando proponen vender nuestras instituciones públicas. ¡No queremos eso para este pueblo!

Esta derecha neoliberal que evade y elude descaradamente mientras el pueblo es desangrado y miles de familias son confinadas a la miseria, tiene que entender que este país es de todos no de unos cuantos.

Juntemos las voluntades para que el barco no se hunda con todas y todos nosotros, salga a flote y se dirija a buen puerto.

Llamamos al Poder Ejecutivo y al Legislativo, que asuman de una vez por todas, esa función que el pueblo espera y que les ha demandado durante muchas décadas. Ustedes tienen en sus manos el destino del país, queremos justicia, no ocupamos endeudarnos más ni entregar nuestra soberanía al FMI.

Pueblo de Costa Rica valoren, escuchen y analicen quiénes son esos que se aferran y se oponen totalmente a los impuestos. Agudicen su visión y aprecien la diferencia de quiénes son los que deben pagar los impuestos.

Ya la clase trabajadora y sus familias no aguantan más esta carga injusta.

Llegó la hora de un Pacto Social que reinvente la Costa Rica del futuro, más justa, equitativa e inclusiva, en la que la riqueza no se concentre en un pequeño grupo de poder.

 

Imagen ilustrativa.