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Etiqueta: crisis institucional

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

La trampa de las elecciones nacionales

Por José Rafael Quesada Jiménez

Cada cuatro años, los costarricenses nos sumergimos en un ritual cívico que despierta pasiones, esperanzas y falsas promesas: las elecciones nacionales. Una vez más, se nos dice que “ahora sí” todo cambiará o nos renovamos para cambiar. Pero, ¿y si la transformación que necesitamos no puede lograrse solo en las urnas? ¿Y si estamos atrapados en un mecanismo que reproduce el inmovilismo?

Elecciones sin rumbo

Las elecciones, aunque necesarias, no son suficientes. Las promesas se repiten, se diluyen, y al poco tiempo son sustituidas por la decepción. Los partidos —viejos y nuevos— insisten en discursos desgastados, carentes de visión estratégica. Pero lo más grave: no tienen un relato histórico nacional claro, ni un proyecto colectivo que inspire a las nuevas generaciones. Parece que solo el Ejecutivo parece tener una imagen de lograr la mayoría electoral para transformar el Estado Nacional, asamblea constituyente incluida.

Como diría Rodrigo Facio Brenes, se requiere una «revolución mental» para que el país tome conciencia de su propio destino. Pero en lugar de revolución, lo que vemos es reiteración. En vez de despertar, hay una anestesia colectiva sostenida por una clase política sin audacia ni profundidad.

Un país sin imagen de futuro

El país está extraviado. No porque falten candidatos o partidos —tenemos demasiados—, sino porque ninguno propone una visión transformadora de largo plazo. La política costarricense ha perdido altura y densidad histórica. Lo que hace falta no es más administración de lo mismo, sino una nueva dirección histórica, un nuevo relato. Desde mi mirada, ese relato debe ser humanista o al menos cercano a esa visión.

Como se afirma en el Documento Humanista:

Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro.”

Ese principio esencial exige una transformación profunda del modelo político, económico y cultural. Las elecciones deberían abrir camino a esa transformación, pero hoy más bien la cierran, la disimulan o la falsean.

El problema es estructural, no coyuntural

No estamos ante una crisis de gestión; estamos ante el agotamiento de un modelo. Las instituciones fundamentales del país —educación, salud, transporte, seguridad, ambiente— no están funcionando como garantes del bienestar colectivo:

  • Educación: abandonada, rezagada, desarticulada, sin alma

  • Telecomunicaciones: Un ICE que termina siendo un competidor más en el mercado, sin entrar en la disminución de la brecha digital

  • Salud: colapsada, sobrepasada, burocratizada, deshumanizada

  • Transporte: anticuado, con estrés y contaminación, sin propuestas

  • Seguridad: realmente inseguridad, absorbida por la lógica del narco y la criminalidad, patrimonial y social.

  • Los seguros: El caso del INS que no permite pensar en la solidaridad como instrumento de cobertura de los más vulnerables

  • Crisis climática: sin alma para soluciones, sin emoción y apoyo de la población

Como decía don Manuel Mora Valverde, «el Estado debe ser el protector de los débiles y regulador del poder económico», pero hoy el Estado parece más bien desmantelado, impotente o cómplice de intereses privados.

El mesianismo electoral y la fragmentación sin sentido

Otra trampa es el mesianismo político: la creencia en que un solo líder (candidatura) «lo resolverá todo». Pero no hay mesías. Ni candidatos milagrosos. Hay cientos de candidaturas dispersas, promoviendo un nuevo mosaico partidario donde lo más probable es que uno o dos partidos concentren una fracción legislativa mayor a los 30 diputados, mientras el resto del Congreso se fragmenta en 10 o más fracciones políticas sin rumbo, sin propósito estratégico, sin unidad de proyecto país.

Este “picadillo” legislativo impediría la gobernabilidad real y favorece el chantaje parlamentario, los intereses particulares y la parálisis institucional.

Como advertía Alberto Cañas Escalante, “el país no necesita más partidos, necesita más ciudadanos con conciencia histórica, con ética pública y sentido de dirección”.

Desconexión con el mundo

Uno de los errores más graves de la actual dirigencia política (de gobierno y oposición) es no ver el mundo. No parecen leer los cambios de época. No entienden el papel de la inteligencia artificial, la transformación laboral, la crisis climática, ni las disputas geopolíticas globales en la transformación civilizatoria que se avizora en el camino mundial, como tampoco la posibilidad de avance hacia una “singularidad histórica y tecnológica” que transformaría la vida del Sapiens sapiens como lo conocemos hoy.

Costa Rica sigue alineándose a bloques de poder internacional sin análisis, sin estrategia. No tenemos política exterior, ni visión económica a largo plazo. Nuestra neutralidad histórica se desvanece sin reflexión colectiva, y parecemos repetir errores históricos por omisión.

¿Para qué sirven entonces las elecciones?

No hay que desecharlas. Las elecciones son un punto de partida, pero no un final. No se puede seguir presentándolas como la “gran solución nacional”. Su verdadero valor está en abrir posibilidades, generar pequeñas rupturas del orden establecido y permitir que nuevas fuerzas sociales impulsen un proceso profundo de transformación. Debemos avanzar hacia una democracia real y superar la insuficiente democracia representativa que nos caracteriza por imprimir negación a los avances, representación territorial y mecanismos realmente democráticos que requiere esta nueva época.

Como dice el Movimiento Humanista, “la verdadera revolución no se hace con armas, ni desde arriba, sino desde las conciencias, desde abajo, desde el cambio profundo de la mirada sobre uno mismo y los otros”.

Conclusión: una dirección histórica humanista

Costa Rica necesita despertar. No hacia la ilusión de un nuevo gobierno, sino hacia la construcción de un nuevo país. Un país donde el humanismo no sea un eslogan sino una dirección histórica. Donde la política no sea espectáculo sino servicio. Donde la ciudadanía sea protagonista y no espectadora. Donde la democracia sea Real y no una ilusión.

Y ese proceso no empieza ni termina con una elección. Comienza cuando decidimos romper con la trampa y asumimos la construcción colectiva de un nuevo horizonte civilizatorio.

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

Votar estratégicamente por Álvaro Ramos Chaves: una apuesta por el diálogo social y el país que necesitamos

Compatriota:

Reciba nuestro fraternal saludo ciudadano desde el Encuentro Democrático. Somos un colectivo que desde hace años constituye un Espacio Ciudadano y Democrático de Debate no partidista, en defensa de nuestras conquistas sociales y de nuestro Estado Social de Derecho. Nuestros valores comunes republicanos son la búsqueda de una sociedad realmente Sustentable con más Igualdad, Libertad, y Justicia Social. Sin ningún otro interés que rescatar lo mejor para nuestra Patria, lo invitamos respetuosamente a participar en la transformación de esta grave crisis nacional en una oportunidad de participación ciudadana.

La crisis afecta de manera muy aguda las esferas con las que funciona un estado nacional: económica, laboral, política, ambiental, educativa, Salud Pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura pública, de producción, del Sector Agro, del Sector Cultura, del Sector Empresarial nacional, del Mercado Interno, de las PYMES, de muchas Cooperativas, de los trabajadores del Sector Público y Privado, de los profesionales y trabajadores independientes, de las mujeres jefas de hogar, y hasta de Legitimidad Democrática y Soberanía Nacional. También, hay que sumar a lo anterior, el alto costo de la vida y el bajo poder adquisitivo de los salarios.

Más allá del normal escepticismo colectivo y de la desesperanza social instalada, urge volver a enamorarnos de nuestras instituciones democráticas. Qué, aunque imperfectas, son la ruta sabia, pacífica y humanista para una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa y realmente sustentable. ¡Volvamos a creer en Costa Rica y lo mejor de su Segunda República!

Así las cosas, sabemos que muchas personas, como nosotros, no se identifican necesariamente con el Partido Liberación Nacional. Lo hemos criticado duramente y con justa razón. Hemos luchado desde nuestros espacios por una Costa Rica más justa, más equitativa y más democrática, adversando abiertamente a ese Partido, pues éste ha sido —y no hay que olvidarlo— un agente fundamental en muchos de los problemas que hemos desarrollado como sociedad. Pero, también, sabemos que el momento que vivimos exige salir de nuestras trincheras acostumbradas y actuar con lucidez y responsabilidad histórica.

Tampoco debemos olvidar que, en otros momentos de nuestra historia, el PLN fue una fuerza decisiva en la construcción del Estado social de derecho que ha distinguido a Costa Rica en América Latina: una república con servicios públicos sólidos, acceso universal a la salud y la educación, y una institucionalidad civilista. Esa herencia, que hoy se ve amenazada, no pertenece a un solo partido: pertenece al país, y debe ser defendida por todas y todos.

Costa Rica atraviesa una crisis profunda: social, económica, política e institucional. El deterioro del Estado social de derecho, la fragmentación de lo público y el desgaste del diálogo democrático no pueden seguir siendo administrados con parches ni discursos vacíos. Es urgente reconstruir un horizonte común.

En este contexto, la figura de Álvaro Ramos Chaves, en el marco de la convención abierta del PLN, representa una posibilidad estratégica que vale la pena considerar. No se trata de una adhesión ideológica ni de un cheque en blanco. Se trata de reconocer que su eventual triunfo abriría una ventana para algo más grande: una alianza nacional amplia y progresista que convoque a un verdadero diálogo social con propuestas escritas, serias y urgentes.

Álvaro Ramos Chaves ha demostrado apertura, capacidad técnica y política, y voluntad para hablar con sectores diversos. Pero su fuerza dependerá, también, de que este apoyo no venga del aparato tradicional, sino de la ciudadanía crítica, de quienes aún creemos en lo público, en los derechos humanos, en el bien común, en la Soberanía nacional, en fin, en una sociedad sustentable, amigable con el ambiente e inclusiva.

Participar en esta etapa —votar por Ramos en la convención abierta— es, para muchas y muchos, un gesto táctico. Pero es también una apuesta ética por evitar salidas autoritarias, populistas o vacías, y por sembrar las condiciones de una transformación verdadera, con participación amplia y propuestas concretas sobre la mesa.

No hay caminos fáciles, pero no podemos ser ajenos, no podemos quedarnos al margen mientras se termina de destruir lo poco que queda del Estado Social de Derecho y de las Conquistas sociales que logramos como sociedad desde 1943. El país nos convoca a pensar en alianzas y consensos, que como ocurriera con el Pacto de Ochomogo (1948), se convierten en la única opción para salir de oscuros momentos de conflicto.

Mesa Coordinadora – Encuentro Democrático

Crisis institucional en el INAMU, ¿cambiar de verdad o cambiar para que no cambie nada?

La renuncia de la presidenta ejecutiva del INAMU anunciada hoy refleja la profunda crisis que aqueja a esta institución y que fue claramente develada ayer cuando 20 diputadas y varias organizaciones de mujeres denunciaron la inactividad y el silencio de esta institución ante la oleada de muertes violentas de mujeres y de femicidios.

Esta situación es responsabilidad de la Presidencia de la República por colocar en posiciones de dirección del INAMU a personas que no reúnen los requisitos para el puesto, carecen de experiencia y conocimiento en derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Más aún, de personas que llegaron a debilitar la institucionalidad de género y a destruir las políticas existentes.

Es consecuencia también de haber tenido en la conducción del INAMU a dos personas, con estilos y objetivos diferentes, que profundizaron la descoordinación y el desorden en las labores de rectoría de género que le corresponde al INAMU por ley.

Finalmente, es importante dejar claro que, de estas dos cabezas institucionales, quien ostenta el rango de ministra de la Mujer es quien dirigió desde ese puesto sin cartera las acciones institucionales. Por ende, es ella la principal responsable de la crisis actual.

La Presidencia de la República debe aprovechar la actual coyuntura para buscar una salida a la crisis institucional nombrando a una mujer en la Presidencia Ejecutiva del INAMU, con recargo del Ministerio de la Mujer, que no solo cumpla con los requisitos que obliga la ley, sino que tenga experiencia comprobada en materia de género, derechos humanos de las mujeres y atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.

Es la oportunidad para cambiar y fortalecer al INAMU y con ello a la lucha urgente de las mujeres.

NO QUEREMOS CAMBIOS, SIN CAMBIOS REALES