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Etiqueta: crisis política

Aplaudimos el desastre o buscamos el cambio

Abelardo Morales Gamboa

Termina mayo florido y comienzan las lluvias. Se ha vuelto una costumbre para mí que esa transición me anime a escribir sobre la coyuntura nacional. Esta vez coincide con el inicio de un nuevo gobierno, uno que ha decidido presentarse como el gobierno de la continuidad.

Y, en efecto, la continuidad más visible es la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: la desastrosa gestión del Estado y de la institucionalidad pública, la crisis fiscal latente, el estancamiento económico, el deterioro social y la inseguridad ciudadana.

Otro rasgo de continuidad es la permanencia del mismo grupo político en el poder. Con algunas variantes, claro. Ministros convertidos en diputados, diputados trasladados al gabinete, otros enviados a puestos diplomáticos. A ello se suma la incorporación de varios tránsfugas de los viejos partidos políticos. No hay aquí cambio alguno, sino continuidad: figuras que heredan los estilos clientelares, el intercambio de favores, el oportunismo y la corrupción del viejo modelo aparecen ahora como los nuevos reclutas de quienes controlan el gobierno.

Un tercer rasgo de continuidad es la retórica antiinstitucional, acompañada de poses agresivas y pulsiones autoritarias. La semiótica del escándalo sigue siendo la identidad corporativa del gobierno. El grupo en el poder parece invertir más energía en repartir adjetivos que en construir objetivos.

Pero son las tendencias estructurales las que terminan marcando la coyuntura. Omitiré, por consideración a ustedes, lectores y lectoras, otras referencias a la escasa prestancia política de quienes nos gobiernan.

Todas las señales de una grave crisis fiscal amenazan las condiciones de vida de la población costarricense en el futuro inmediato. Sin excepción. Ya lo habían advertido diversos analistas económicos y lo ha reconocido el propio Banco Central. El resultado previsible será más desigualdad y más pobreza, recortes en programas sociales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas consideradas prescindibles por la lógica simplificadora de una narrativa pseudopopulista.

La economía no crece, pero la moneda local permanece sobrevaluada. Sin embargo, lejos de encender alarmas, el problema es reducido a meros tecnicismos. Los elevados niveles de consumo de algunos grupos sociales, en particular de altos ingresos, evidencian no solo una distribución profundamente desigual de riqueza, sino también, en ciertos casos, lo que parece ser el endeudamiento, estilos de vida ostentosos y, en muchos otros, la circulación de capitales al margen de las economías legales. La economía se aproxima a una situación crítica, pero seguimos flotando sobre una burbuja. El mercado laboral ha perdido dinamismo, expulsa fuerza de trabajo y ha clausurado posibilidades de ascenso social para trabajadores y trabajadoras, especialmente entre los jóvenes.

El economista agrícola que presidió el país durante los cuatro años anteriores y que ahora se posesiona como superministro, así como su flamante ministro de Hacienda, hoy jefe de fracción oficialista, no supieron cómo —o no quisieron— resolver esa crisis.

Por su parte, una escalada de violencia criminal galopante, impulsada por el crimen organizado, continúa ensañándose con el costarricense común y corriente, aquel que no dispone de escoltas pagados por el presupuesto público. Los ciudadanos seguirán siendo víctimas de aquella sentencia inescrupulosa: “se matan entre ellos”. Víctimas inocentes de una guerra que durante cuatro años no supieron resolver.

La crisis educativa amenaza con sembrar la ignorancia en un pueblo que durante décadas se distinguió por ser uno de los más educados de América Latina. Este gobierno contó con una ministra que se suponía experta internacional en materia educativa; sin embargo, su currículum nunca se tradujo en una ruta capaz de enfrentar la crisis de la educación.

Además, los programas sociales se han estancado porque el gobierno central les retiene el financiamiento. Las familias que dependen de becas, subsidios y pensiones quedan amenazadas por el abandono y la incertidumbre. Nunca hubo jerarcas verdaderamente comprometidos con la defensa del Estado social de derecho; prevalecieron el miedo y la sumisión.

En pocas palabras, esta crisis estructural se amplió y profundizó bajo una mezcla de incapacidad política y falta de voluntad. Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto acumulado de las decisiones adoptadas ha sido el debilitamiento de las capacidades públicas del Estado y la apertura de espacios para que instituciones estratégicas —como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y los bancos estatales— queden sujetas a crecientes presiones privatizadoras y a los intereses del capital transnacional.

Ni qué decir de la política exterior y de su desatinada gestión. Para mal del país, bajo la amenaza de convertir el servicio diplomático en una especie de trofeo político para pagar favores a financistas, incluso para compensar la complicidad política para el ocultamiento de casos de corrupción y otros posibles graves delitos. Seguiremos siendo -quizás en el menor de los casos- motivo de burla en el sistema internacional, ahora representados diplomáticamente por figuras que no reúnen las capacidades para el ejercicio de las funciones propias del servicio exterior, mucho menos la estatura requerida para representar al país en el cargo de embajadores. No se trata solo de posible corrupción sino de poner en riesgo la imagen internacional del país.

Y, sin embargo, en la continuidad, el gobierno sigue encabezado por un grupo que goza de aplauso popular. Al menos, de una porción significativa de los costarricenses. Ello se explica, entre otras cosas, porque el malestar social no ha sido conducido en búsqueda de cambios estructurales, sino que ha sido capturado emocionalmente por narrativas, escenografías mediáticas y símbolos propios de los neopopulismos del siglo XXI. También porque no ha habido capacidad ni voluntad para entrar seriamente en la disputa del control del campo mediático. Algunos medios de comunicación -y que fueron llamados canallas por ser en apariencia críticos al grupo en el poder- han comenzado a alinearse: eso les depara el pago de parte de la pauta publicitaria del gobierno.

Los grupos vinculados a ciertas iglesias, al neoconservadurismo protestante y a sectores del catolicismo llenan con discursos moralizantes y seudorreligiosos los vacíos de contenido cívico y cultural que hoy dificultan la construcción de proyectos políticos transformadores, al menos en el corto plazo. También su oportunismo es evidente: sacan réditos políticos de la crisis de la política social y del recorte de financiamiento a programas sociales. La alianza con el grupo en el gobierno no es solo por interés político u oportunismo religioso, también responde a cálculos clientelares.

También el empresariado ha decidido apostar sus cartas al grupo gobernante y poco parece importarle el oscuro panorama económico y fiscal, la ruina de la producción nacional, la quiebra de empresas o su fuga hacia otros destinos. Su silencio no parece explicarse únicamente por miedo; también da la impresión de responder a un cálculo político.

Todas estas crisis, así como los nuevos e inevitables riesgos políticos que ella entraña, evidencian la declinación del viejo modelo de hegemonía, una reconfiguración de las relaciones de poder y la pérdida de capacidad de dirección por parte de los viejos partidos, sus élites y sus cuadros dirigentes.

Este grupo, carente de dirección, sin proyecto político y aún menos capacidad para responder a los problemas aquí enumerados, apenas ocupa ese vacío. Pero lo hace con materiales tan precarios que el suelo sobre el que todos caminamos se vuelve cada vez más inestable.

La capacidad de resistencia política y social ha comenzado a manifestarse. Esa es una buena señal. Sin embargo, como ocurrió durante los cuatro años anteriores, aparece de forma intermitente, con compromisos limitados y entusiasmo insuficiente. Su conducción sigue siendo débil debido, especialmente, a la escasa voluntad de construir acuerdos y avanzar hacia una unidad estratégica que no se limite a las corporaciones sindicales o académicas, sino que incorpore de manera más amplia a la sociedad civil.

La esperanza debe seguir puesta en un despertar cívico, en esa identidad costarricense arraigada en el valor de las instituciones, los acuerdos y el respeto a las leyes. Pero eso no surge por arte de magia: hay que construirlo y requiere esfuerzo, constancia y trabajo. Así fue como este país logró sobrevivir frente a las dictaduras y los autoritarismos que históricamente lo amenazaron.

Será por ese camino, mediante una identidad costarricense que debe ser reinventada, y nunca por los acantilados del fascismo y las autocracias, que los costarricenses podremos conversar, negociar y concertar soluciones cívicas a nuestros problemas comunes. Con democracia participativa y no con autoritarismos verticales.

Nota editorial: La ilustración corresponde a una obra del pintor costarricense Ricardo Ávila.

De la gloria del Estado Social al espejismo del cambio (Parte IV)

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

El vacío perfecto: La orfandad política, el espejismo antisistema y el país que nos debemos

Llegamos al final de este recorrido por nuestra historia política reciente. Recapitulando: vimos al bipartidismo tradicional ahogarse en sus propios escándalos de corrupción, y vimos al PAC ahogarse en su falsa superioridad moral y su monumental incapacidad para gobernar. El resultado de estas dos grandes decepciones estalló en las elecciones del 2022, donde el costarricense llegó a las urnas sintiéndose profundamente huérfano.

Las banderas partidarias perdieron su valor y las lealtades históricas se esfumaron, dejando en su lugar un cinismo generalizado y una conclusión ciudadana tan comprensible como peligrosa: “la política tradicional no sirve para nada”.

El caldo de cultivo para el discurso antisistema

Ese vacío de credibilidad fue el escenario perfecto. Cuando la gente siente que el sistema la olvidó, se vuelve tierra fértil para el surgimiento de discursos “antisistema”. Figuras que, desde afuera de la política tradicional, logran capitalizar el enojo y la frustración.

La estrategia de estos movimientos es simple, pero destructiva: polarizar. Consiste en dividir al país constantemente entre “nosotros los buenos” y “ellos los malos”; enfrentar al “pueblo” contra “la prensa” o contra las mismas instituciones. Es un discurso sumamente atractivo porque canaliza la rabia genuina que sentimos ante la ineficiencia, pero es un juego de fuego. Atacar y minar la institucionalidad democrática es golpear los mismos cimientos que, con todos sus defectos y necesidades de reforma, nos han garantizado la paz desde 1949.

La realidad no come cuentos

Mientras la política nacional se ha transformado en un circo de redes sociales y pleitos interminables en conferencias de prensa, los problemas reales —esos que de verdad nos quitan el sueño— siguen intactos y agravándose. El ruido mediático nos distrae de las verdaderas crisis:

Nuestra clase media sigue asfixiada por las deudas, perdiendo poder adquisitivo mes a mes.

Nuestros agricultores y ganaderos continúan sobreviviendo a duras penas, librados a su suerte frente a mercados desiguales.

El monstruo de la inseguridad ciudadana y el crimen organizado nos está robando la paz de nuestros barrios a un ritmo aterrador.

Pilares intocables de nuestra paz social, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la educación pública, se encuentran en cuidados intensivos.

La realidad es terca y no se soluciona con likes ni con discursos encendidos.

El reto hacia el futuro: ¿Cómo nos reconstruimos?

¿Qué hacemos entonces? La respuesta no está en dinamitar la casa que tanto nos costó construir, ni tampoco en sentarnos a soñar con volver a los años 50. El mundo cambió y los retos son otros.

Costa Rica necesita con urgencia nuevos liderazgos, desde los concejos municipales en nuestros cantones —donde se vive la realidad más cruda y cercana del ciudadano— hasta la silla presidencial. Necesitamos líderes que combinen dos elementos innegociables: empatía social para entender el dolor de esta brecha que nos divide, y capacidad técnica probada para administrar la cosa pública. Porque ya nos quedó clarísimo que ni los gritos, ni las buenas intenciones, ni la sola indignación construyen puentes, bajan la pobreza o generan empleo.

El país que nos debemos

Es hora de que maduremos como electorado. El enojo nos llevó a castigar al bipartidismo dándole el poder al PAC, y ese mismo enojo nos empujó luego a buscar salidas antisistema. No podemos seguir votando solo con el hígado; tenemos que empezar a votar con la cabeza.

Nuestros hijos y nietos merecen heredar una nación viable. Esa Costa Rica solidaria, próspera y en paz que una vez fuimos, aún es posible de reconstruir. Pero solo será una realidad si como ciudadanos dejamos de ser simples espectadores, asumimos nuestro rol y empezamos a exigir resultados concretos, no solo shows mediáticos. La democracia no se defiende sola; nos toca a nosotros.

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La política también se decide en los territorios locales

Abelardo Morales Gamboa

Sin organización social y trabajo político local, el vacío lo llenan los mesianismos

La crisis política que vive Costa Rica no comenzó en la Asamblea Legislativa ni en los otros poderes del Estado, ni tampoco en la última campaña electoral. Comenzó mucho antes, cuando la política se desvinculó del resto de la sociedad, dejó de organizarse en los territorios y perdió su vínculo con las realidades locales.

Hoy atravesamos una crisis de las formas tradicionales de ejercer el poder y de construir consenso. Detrás de la fragmentación electoral y del auge de discursos antisistema hay una creciente desconexión entre la política institucional, los territorios y las formas de organización social. La arquitectura política que durante décadas permitió estabilidad institucional, alternancia partidaria y cierto grado de integración territorial muestra señales evidentes de agotamiento. Como señalamos en artículos anteriores, en su lugar se está configurando un reacomodo territorial del poder político que va más allá de una simple crisis de partidos.

Si en la escala nacional la política personalista está desfigurando el ejercicio del poder, en la escala territorial emerge un amasijo de comportamientos políticos, demandas sociales y configuraciones de poder local que producen fuertes polarizaciones.

Las elecciones municipales son un acontecimiento coyuntural que muestran la dispersión en la política local. La participación electoral en esos comicios sigue siendo baja: en las elecciones municipales de 2024 la abstención rondó el 68 % del padrón electoral. Ese dato revela un fuerte distanciamiento entre ciudadanía y política institucional a nivel local. Sin embargo, estos cambios no se explican únicamente por dinámicas electorales. También reflejan transformaciones territoriales más profundas.

Detrás del alto desarrollo humano promedio del país persisten profundas desigualdades territoriales que producen trayectorias sociales diferenciadas y nuevas configuraciones de poder local. Estas transformaciones territoriales tampoco pueden entenderse sin considerar otro fenómeno clave: la desconexión progresiva entre los partidos políticos y las bases sociales en los territorios.

Muchas de las redes organizativas que históricamente articulaban la representación política —sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones comunales y movimientos estudiantiles— se han debilitado o fragmentado. El sindicalismo mantiene presencia en el sector público, pero perdió peso en el sector privado; las organizaciones campesinas enfrentan dificultades estructurales en un agro en transformación; y la organización comunitaria, que durante décadas fue un bastión del tejido social costarricense, se ha erosionado en numerosos territorios.

El resultado es un vacío de mediación política. Amplios sectores sociales experimentan frustraciones, precariedades o expectativas insatisfechas sin contar con organizaciones capaces de articular esas demandas en proyectos políticos colectivos.

Ese vacío ha sido ocupado, en parte, por discursos antisistema, liderazgos personalistas y propuestas que apelan a identidades religiosas o promesas mesiánicas. En muchos territorios, estas narrativas han logrado canalizar el malestar social acumulado entre sectores dispersos y desorganizados.

La reacción popular no es simple resentimiento cultural o moral. Es, sobre todo, el síntoma de un sistema político que ha perdido capacidad para representar territorialmente las experiencias sociales de la población.

Por eso, el desafío que enfrenta hoy la democracia costarricense no consiste únicamente en recomponer el sistema de partidos. El problema es más profundo: se trata de reconstruir la confianza en la política desde los territorios.

Esto implica que los partidos democráticos vuelvan su mirada hacia las realidades locales y reconstruyan vínculos con comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales. No basta con ajustar los mensajes: es necesario transformar las formas de hacer política, escuchar a las comunidades e incorporar sus demandas en nuevos programas políticos.

También exige abandonar las visiones territoriales simplificadas del país. Costa Rica se ha convertido en un mosaico complejo de territorios con trayectorias económicas y sociales muy distintas.

Si la política democrática quiere recuperar su capacidad de representar a la sociedad, tendrá que volver a mirar hacia donde sobrevive la gente. Allí donde se viven las desigualdades, donde se experimentan las fragilidades económicas y donde se construyen —o se erosionan— las redes de solidaridad social.

Durante demasiado tiempo la política costarricense se concentró en las disputas del poder central mientras descuidaba la organización social y el trabajo político en las comunidades. Ese vacío no permaneció vacío: fue ocupado por liderazgos personalistas, discursos antisistema y promesas fáciles frente a problemas complejos.

La democracia no se reconstruirá únicamente desde la Asamblea Legislativa ni desde campañas mediáticas. Se reconstruirá —si es que se logra hacerlo— en la capacidad de volver a tejer organización social, liderazgo comunitario y acción política en los territorios.

Porque, al final, la política no se juega solamente en el poder central. También se decide —y muchas veces comienza— en las comunidades donde la sociedad se organiza para defender su futuro.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

Lo táctico y lo estratégico

José A. Amesty Rivera

En una revisión de fuentes sobre lo acontecido el 3 de enero de 2026 en Venezuela, a estas alturas de la situación, podemos mencionar que, en el orden táctico militar, tenemos una actuación no muy favorable por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No entraremos en detalle, pero, hubo fallas que hay que corregir, situaciones que prever, las investigaciones revelarán elementos que nos ayudarán ante una nueva acción militar hostil. Fue un duro golpe, pero el país siguió adelante.

En lo estratégico, creemos que vamos ganando la batalla. Enumeramos algunos elementos en esta lucha estratégica.

Los EEUU pensaron que, al atacarnos, agredirnos, dar de baja a algunos militares venezolanos y cubanos, destruir algunos recintos importantes para el pueblo venezolano, secuestrar al presidente y su esposa, íbamos a doblegarnos, que nuestra moral se iba abajo, pero… ¿qué sucedió?

  1. Levantamos nuestros muertos, les dimos sepultura, el gobierno reconoció el valor de los caídos y seguimos adelante.
  2. El gobierno que tampoco se rindió prosiguió, como si nada hubiera ocurrido, nombró su nueva Asamblea Nacional. Otros poderes del Estado siguieron, como lo señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, su vida política, jurídica, social, económica en avance.
  3. Al quedar el gobierno bolivariano sin presidente, la vicepresidencia en ejercicio, quedó como presidenta encargada.
  4. La presidencia encargada siguió con las prerrogativas como jefe de Estado, trabajando en áreas de entrega de viviendas, infraestructura vial, en agua, salud, educación. Trabajando para el pueblo, con el dolor de la perdida, pero con la seguridad que la esperanza está viva.
  5. En el área de la diplomacia revolucionaria, a lo interno, excarceló a varios ciudadanos; a lo externo, facilitó la defensa al presidente Maduro y su esposa, de abogados pertinentes para estos casos. Por cierto, el presidente, con valentía y haciendo una lectura geopolítica, está dando su batalla en las fauces del imperio.
  6. Lo último en esta fase de la diplomacia, es que se recibirán delegaciones diplomáticas de EEUU, que serían el inicio de un proceso exploratorio de carácter diplomático, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países. Así mismo, se harán evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática. De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las labores correspondientes.
  7. En el campo económico, Venezuela seguirá honrando los contratos económicos entre PDVSA y Chevron, al seguir despachando “oíl” en cargueros de la empresa hacia EEUU.

En este sentido, la estrategia la vamos ganando. EEUU no pensó en las consecuencias reales que su aventura bélica le causaría, interna y externamente, a su imagen y gobierno.

No obstante, los acontecimientos siguen en pleno desarrollo. ¡Venezuela sigue adelante!

Costa Rica no necesita salvadores

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Autoritarismo o Democracia, el dilema electoral

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral que estamos viviendo hacia las elecciones de febrero o abril del próximo año, camina en una coyuntura compleja, de indefiniciones, de ausencia de liderazgos políticos, de liderazgos partidarios y de partidos políticos, de gran desconfianza pública y especialmente de una ceguera o falta de visión hacia el porvenir inmediato.

Lo que por ahora estamos viendo es una etapa de pereza mental de análisis política que produce una abulia política, un desinterés, una falta de toma de decisiones, marcada principalmente por los resultados de indecisos electorales en las encuestas.

La ausencia de liderazgos políticos considerados como la falta de líderes o dirigentes nacionales, caudillos, de grandes personalidades políticas o personales, que no los hay hoy en el país, que guíen a sus partidos políticos, a sus partidarios o seguidores; que encanten o enamoren a los electores, que produzcan confianza personal en su personalidad, sus planteamientos políticos o mensajes políticos y, sobre todo, que produzcan confianza en ellos mismos y en quienes los rodean, como equipos políticos para asumir el gobierno de la República, y la conducción del país por los próximos cuatro años.

El actual gobierno de Rodrigo Chaves se ha encargado de desmantelar esa aureola que gozaban los partidos políticos, sus dirigentes históricos y partidarios. Ha logrado pintarlos como tiranos, dictadores, que solo han gobernado para pequeños grupos de privilegiados y contra el pueblo, que dice él representar.

La ausencia de liderazgos partidarios porque se impone la carencia de partidos políticos que como tal atraigan a los futuros votantes. No hay imágenes poderosas, de fuerte organización partidaria, con militantes disciplinados y comprometidos con las banderas programáticas, de esos partidos, porque los partidos políticos como organizaciones sociales y políticas han dejado de existir en la práctica política del país hace muchos años.

Con la campaña que beligerantemente ha sostenido el presidente contra toda la institucionalidad partidaria, y contra las manifestaciones democráticas de esa institucionalidad, ese desgano político se ha nutrido, y se ha alimentado con la imagen de que todo ha sido resultado de la corrupción inmanente a quienes han gobernado.

Existen algunos partidos en el imaginario colectivo, especialmente los que han sido partidos gobernantes, que eligieron presidentes, sin que esa misma imagen sea fuerte con los partidos que han elegido o tienen actualmente diputados. Si resaltan estos diputados es porque están en la gradería parlamentaria destacando algunos hacia la prensa o los periodistas, o destacando por los pleitos o camorras coloquiales que realizan, más que debates de profundidad política y argumentativa frente a los proyectos de ley que trabajan, o se les presenta para su conocimiento, debate y aprobación.

Ya ni debates hay. Basta observar cómo evaden la discusión con las decisiones de no discutir las mociones, o de eliminarlas en bloque, como se ha hecho con el procedimiento de la vía rápida para discutir proyectos como el de la Ley esclavista de las 12 horas. Lo más gracioso de eso es que sin discutir las mociones se votan diciendo, y así queda en actas, “agotado el debate”, y no hubo “debate”, “contienda” o “lucha” teórica alrededor de esas mociones.

Una buena parte de los partidos que no han elegido, ni presidentes ni diputados, entran en la categoría peyorativa que se les endilga de “partidos taxi”, por el alquiler que se hace de ellos para que algunas personas puedan aspirar a los puestos de elección popular, sin ninguna propuesta programática, teórica política o ideológica, y muchos de estos sin una visión clara, ni conocimiento de la estructura institucional de Estado y la sociedad costarricense.

La ausencia de partidos políticos se muestra también en la ausencia de locales, de establecimientos partidarios, en la capital del país, en las capitales de provincia y en las cabeceras de cantones. Esto hace que los “partidos taxi” ni siquiera tengan un “garaje taxi”, son “partidos de la calle” y “partidos en la calle” … Los “de la calle” porque están allí en el espacio público permanentemente, como habitantes permanentes o transitorios. Los que están “en la calle” porque están en condición casi de indigentes políticos, sin domicilio fijo…

Estas características hacen del proceso político un proceso político desabrido, incoloro, insaboro, inodoro…

A los partidos que están inscritos en la papeleta electoral no se les puede clasificar por tradiciones políticas de carácter teórico político o ideológico. Ninguno de los partidos se define y se presenta ante el electorado como el partido de la izquierda o de la derecha, del progresismo o del conservadurismo, ni siquiera los que han tenido el vestido de la socialdemocracia o el socialcristianismo así se presentan. No hay uno solo que se presente como el partido anticapitalista o el prosocialista, proponiendo cambiar de sistema capitalista por el socialista.

Solo el ignorante político, del animal que habita Zapote, el Jaguar, acusa constantemente a un partido de la papeleta como “comunista”, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que existe desde 1931, se llama Vanguardia Popular y no participa en elecciones prácticamente desde el 2006, desconociendo también que los partidos comunistas en la mayoría de los países capitalistas, donde existían antes de 1991, hoy no son fuerzas políticas determinantes, como lo fueron en algunos de ellos. Pero, usa esa campaña “anticomunista”, para endilgar, para endosar la imagen y el peso que ese concepto tenía antes de 1991, en el período de la Guerra Fría.

Hoy el comunismo no es un “coco” con el que se pueda asustar a mucha gente, solo a ignorantes, a retrasados mentales políticamente o a analfabetos políticos por desuso. Pero, en una sociedad de amplia pobreza, el rugido panfletario del Jaguar puede “pegar” en algunos sectores atrasados de la sociedad costarricense, empobrecidos, marginados de los apoyos históricos estatales, de regiones del país que igualmente sufrieron ese abandono institucional, social y económico, donde este tipo de discurso todavía puede asustar a algunos, y que en su “susto” emocionalmente los preparan para “asaltar” el Estado y su institucionalidad, para hacerlos aliados, por su ignorancia, de la destrucción del Estado Social y Benefactor, que hemos construido desde 1943, para llevarlos a mayores niveles de empobrecimiento y embrutecimiento político, a ampliarles su embrutecimiento cultural general, a fortalecerles su ignorancia histórica y cívica básica para facilitar su mayor y mejor explotación social y económica, y para orientarlos a defender un Estado de Fuerza Bruta, un Estado Autoritario, de características Dictatoriales Despóticas y Tiránicas, como las que se impulsan desde Zapote, y como las que se pretenden continuar con el partido Pueblo Soberano, para de esa manera atraerlos a las aguas del autoritarismo político, de la autocracia política que se quiere imponer, como pasos previos de formas dictatoriales o tiránicas que las tienen en marcha. El presidente Chaves constantemente asusta con eso, especialmente cuando anuncia que le quieren dar un golpe de estado, que no le permitirán terminar su gobierno, cuando insinúa que se quiere alterar el proceso electoral, cuando afirma constantemente que se requiere un gobernante de mano dura, que se “compre todas las broncas” para poner orden y para gobernar por el pueblo que ha sido burlado por todos los anteriores gobiernos

El tema central que se está debatiendo en el proceso electoral en el país, sin que se tenga plena conciencia de ello, es si avanzamos hacia el Autoritarismo o fortalecemos la Democracia. Este es el dilema electoral principal.

El Chavismo, el jaguarismo, los seguidores del Presidente, y quienes lo representan en las elecciones, anunciando su continuidad en la Guarida Presidencial del Zapote, como el principal Ministro de Estado y quizá como su principal vocero político, en caso de ganar las elecciones, eso es lo que están proponiendo: el total desmantelamiento institucional del Estado, la venta de las instituciones estatales que aún quedan, acabar con el sistema de educación público, imponer las jornadas de trabajo esclavistas de 12 horas diarias, cerrar totalmente los colegios nocturnos, aniquilar el INA en su función pública, agudizar el empobrecimiento de la gente y los trabajadores, aniquilar las instituciones públicas de salud, especialmente la CCSS y sus EBAIS, reducir el salario mínimo del país en dos terceras partes para igualarlo a las condiciones de los salarios mínimos más bajos de toda Latinoamérica, como lo ha dicho la vocera parlamentaria de los jaguares, la Chismeros; para continuar eliminando los subsidios sociales a los sectores más pobres y necesitados de ayudas sociales, eliminando lo que queda de ayudas estudiantiles, reduciendo los recursos económicos a las universidades públicas, lo que ya empezaron en el presupuesto nacional del próximo año; para cobrar por vivir en la ciudad, como ya lo están haciendo en todas partes, fijando espacios por doquier, como son los parqueos de calle, por los que hay que pagar casi las 24 horas, para encarecer más la vida de los ciudadanos y los trabajadores, para mantener congelados los salarios, las pensiones y los ingresos laborales de los trabajadores y las personas, para entregar todas las riquezas naturales del país a sectores principalmente transnacionales, a la tala indiscriminada de bosques por sus maderas o por las riqueza que hay debajo de ellas, al fortalecimiento de marinas para los negocios del narcotráfico incrustado gravemente en la alta institucionalidad nacional y sus principales dirigentes…Estos son los cantos de sirenas que sin descifrarlos correctamente engatusan a una buena parte del electorado.

Esto es lo que está en juego, más democracia o menos democracia, Democracia o Tiranía, Democracia o Dictadura, Democracia o Autoritarismo, Democracia o Autocracia, Democracia o Despotismo.

Quedan dos meses y medio para escoger el camino del futuro inmediato.

No hay peor ciego político que el que no quiere ver cómo se está desarrollando el panorama político nacional.

Compartido con SURCOS por el autor.

En la encrucijada electoral de estos días

Vladimir de la Cruz

Mientras no haya elección no hay ganador. Este es el hecho. La encuesta que vale, que es la definitiva, es la de la votación del primer domingo de febrero.

A los efectos de la elección de diputados es contundente. Lo que allí se decida así se queda, así se integrará la Asamblea Legislativa con sus 57 diputados, que serán de varios partidos. No se puede predecir en este momento, con ninguna encuesta de la guerra que entre las que se publican, cuál podrá ser la probable integración de los diputados y cuáles serán los partidos que los elijan.

No hay condiciones objetivas ni subjetivas para determinar cuál será el partido que elija más diputados. La historia electoral del país indica que nadie ha pasado de los 33 diputados. La historia parlamentaria señala que la Asamblea es multipartidista, y que debido a las divisiones o salidas que tienen algunos partidos que eligen diputados, la Asamblea Legislativa llega a tener de hecho hasta 12 grupos parlamentarios.

Para las elecciones del 2026 visualizo que la Asamblea Legislativa no tendrá muchos partidos, pero sí será de un número muy parecido de legisladores entre ellos, sin que parezca que ninguno pase de los 20 diputados. De los partidos existentes tienen posibilidad de elegir nuevos diputados Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio. De estos el que puede aumentar es el Frente Amplio por el buen desempeño y trabajo que han realizado sus seis diputados, y por el atractivo que puede significarle el llevar a José María Villalta de nuevo a la Asamblea Legislativa. Los otros dos partidos los veo, en este momento, disminuyendo sus diputados. En caso extremo estos tres partidos podrían repartirse entre 30 y 40 diputados.

Actualmente seis partidos se distribuyen los 57 diputados, cuando participaron en las elecciones pasadas, del 2022, veinticinco partidos presidenciales y hasta 28 provinciales. Para las próximas elecciones hay cinco partidos menos, lo que permitirá concentrar mejor las decisiones para las diputaciones, pero en el tablero electoral se establecen dificultades y facilidades en las provincias que reducen sus diputados y en las que las aumentan, porque eso obliga tener más votos para elegir en una y un poco menos en otras, lo que dependerá del conocimiento que se tenga de los candidatos y de la propaganda positiva que se pueda hacer alrededor de ellos. Por ahora los tiros disparan solo a las cabezas de los candidatos presidenciales.

No hay absolutamente nada, en este momento, ni en este gobierno, que indique que el partido oficialista, el que impulsa el presidente Chaves, pueda siquiera superar el número de diputados que Liberación Nacional ha electo en los últimos tres gobiernos. La campaña política del partido de continuismo político del actual gobierno gira únicamente alrededor de su improvisada candidata presidencial.

Los diputados se eligen de forma separada y por provincias. No se tiene claro cuáles son sus candidatos. Algunos de ellos por sinvergüenzas, tienen la publicidad de ser abogados de narcotraficantes y de deber millones de colones a la Seguridad Social. Esa es su mejor carta de presentación.

El partido que llevó a Rodrigo Chaves que eligió 10 diputados, se quedó con una sola diputada, la presidenta de ese partido, que también es candidata presidencial para febrero. Su labor parlamentaria no se ha sentido. La de sus compañeros diputados, como buenas veletas, gravitaron fuera de ese partido, se adhirieron al gobierno como diputados oficiales, rodriguistas y chavistas, y ahora fernandistas, después de pasar por otras posibilidades electorales. Como conjunto estos diputados no aportan nada legislativo al partido que los eligió ni al partido que están apoyando.

La campaña para elegir diputados gira principalmente por el apoyo que al interior de las provincias puedan tener esos candidatos, apoyo que deriva de su arraigo en esas provincias, de sus vínculos con grupos de esas comunidades, con la organización partidaria que puedan tener en las distintas localidades de los diversos cantones y distritos.

El partido oficialista pareciera no tener nada. Ni siquiera inscribió, según se dice, miembros de mesa en las seis mil mesas que tendrán electores. Es claro que al no inscribir miembros de mesa no tendrán supervisores en el conteo de votos y eso les dará aliento, como ya lo está haciendo el presidente Chaves, para decir que les hicieron un fraude electoral, hacer un escándalo e invocar un llamado internacional en su favor, todo en el marco del autogolpe de estado que prepara el presidente Chaves.

Por ahora no estoy viendo nada de buen resultado para el partido oficialista en el sueño de opio que ellos tienen de llegar a sacar 38, 40 y hasta 45 diputados como lo sueñan. Tampoco en el buen resultado que sus encuestas pagadas le auguran a su candidata.

Además, en cuanto al oficialismo es claro que la gente ya está desilusionada del animal de Zapote, que solo para Circo sirve. Los públicos que voluntariamente asisten en actos políticos y celebraciones públicas, sin que les paguen sin que los lleven en autobuses y sin que les den almuerzos, lo hacen sin temor, y retan con sus oposiciones verbales al maullido más que rugido del jaguar, le gritan con todo derecho político, constitucional y ciudadano, que no sirve para gobernar, que ya están hartos de sus mentiras, sus insultos, sus faltas de respeto, sus amenazas, a las que le han perdido el miedo.

A los efectos de la elección presidencial desde que se llegó a la segunda ronda electoral en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, la posibilidad de una segunda ronda siempre existe. En este momento la están alimentando. En general todos los sectores y analistas apuntan y apuestan a ella. Eso puede ser cierto.

El escenario de la segunda ronda lo hacen girar alrededor de la candidata del presidente como una finalista, no como la ganadora de la primera ronda de febrero. Quienes así lo plantean discuten con quien podrá ser la segunda ronda, si con Claudia o con Claudio, si con Ariel o Juan Carlos, si con Ramos o con Zamora…eso es lo de menos.

Lo esencial para el animal de Zapote es que apuesta a su candidata, que ya le ha ofrecido continuar cogobernando, y gobernando más, desde el Ministerio de la Presidencia, que en febrero cumplirá un año sin Ministro, y con un presidente que si no ha sabido llevar la riendas del Poder Ejecutivo, desde el solio presidencial, menos lo podrá llevar desde del Ministerio de la Presidencia, que tiene que lidiar con todos los actores de los sectores políticos, económicos y sociales del país con los cuales no ha podido dialogar, porque dinamitó los puentes del diálogo nacional, lo que evidenciará su tendencia autoritarista, dictatorial, tiránica, militarista, represiva, que es realmente lo que quiere establecer con su marioneta presidencial. Todo esto en el supuesto que esa candidata llegue como aspirante presidencial a la segunda ronda.

El resto del país, en este hipotético caso, tendría que hacer un gran esfuerzo político, de voluntad política, sin prejuicio alguno, de todos los partidos distantes del continuismo y del mal gobierno, para votar por quien esté en esa posición de disputa.

Si esto sucediera, en ambos partidos políticos finalistas, se establecería, a mi manera de ver, la obligación política de anunciar sus posibles ministros, su posible gabinete de gobierno. En el caso alterno frente al oficialismo por la simple razón de que se pueda apreciar la calidad de coalición fáctica que se haría hacia un Gobierno de Unidad Nacional para salir del atascadero al que Rodrigo Chaves ha llevado al país.

Para el presidente Chaves es necesario que su candidata termine de finalista en febrero, porque eso le permite continuar en la presidencia hasta el primer domingo de abril, para no tener que salir “huyendo” del país, por las acusaciones y procesos penales que le investigan, y que sin inmunidad del cargo, le pueden detener, procesar y hasta encarcelar.

En el supuesto caso de que en la segunda ronda, su candidata pierda la presidencia, me atrevo a afirmar que el presidente ya tiene todo planeado para “ausentarse del país”, con algún pretexto oficial, para no entregar él la Banda Presidencial, que en su nombre lo haga la vicepresidenta a cargo, y así poder esfumarse del país a Letonia, Portugal o algún otro país donde ya esté físicamente arraigado…o algún país donde no haya extradición firmada con Costa Rica.

Compartido con SURCOS por el autor.

Los fiscales de las mesas electorales de Pueblo Soberano

Vladimir de la Cruz

El proceso electoral de Costa Rica tiene la fortaleza política, cívica, ciudadana, de que descansa en toda su organización en la potestad del Tribunal Supremo de Elecciones, que despolitiza la administración del proceso en general, en tanto el Tribunal Supremo de Elecciones, con su rango y estatus de Poder Público, es independiente de los otros poderes, especialmente del control del Poder Ejecutivo, tiene establecido por la Constitución Política y la legislación electoral la exclusividad, independencia, indelegabilidad de sus funciones y la imposibilidad de que sus funciones puedan ser subrogada por los otros poderes públicos.

Además, la organización final de las elecciones, desde que se entregan las tulas, los bolsos con toda la papelería electoral, a los miembros civiles de cada mesa de votación, hasta que terminado el conteo de los votos, y recogida de nuevo la tula con los resultados, todo en manos de los miembros de esas mesas, que han sido propuestos por los partidos políticos participantes, que inscribieron fiscales miembros de mesa, con las respectivas actas del resultado, con copia a cada uno de los miembros presentes en la mesa de recepción de votos, no solo se valida el proceso de votación, sino que se consolida en su resultado general que es aceptado técnicamente de inmediato. Aún así, se puede cuestionar el resultado de la revisión de papeletas, por si alguna se interpretó mal en la emisión del voto que representa, especialmente aquellas que son anuladas o votadas en blanco, con tal de revisarlas y si es del caso de rescatar esos votos. Puede suceder, igualmente que al revisar la votación se anulen votos de los emitidos, porque se encuentra una situación que permita anularlo.

Ejemplo de esto fue la elección del 2006, cuando en la Provincia de Limón, el Partido Acción Ciudadana, que no había presentado miembros de mesa, argumentó que podía haberse producido “algún fraude” en esas mesas, en virtud de que el resultado de las elecciones había sido, con una escasa votación, de 11.000 a favor de Oscar Arias. Pidieron revisión de las votaciones en toda la Provincia de Limón. Ante esa petición, Liberación Nacional se sumó para la revisión de los resultados, pidiendo que se contara todas las papeletas. Revisadas todas las provincias, Liberación Nacional pasó a 18.000 votos de diferencia.

Como se puede apreciar la presencia de los miembros de mesa puede ser muy importante para definir la cuenta final y definitiva de los resultados electorales, sobre todo que para los efectos de resultado se toma provisionalmente el resultado que informan los miembros de mesa. Si no hay cuestionamientos de revisión, se dan por válidos los resultados. No es fácil para los partidos políticos presentar fiscales y miembros de mesa en todas las mesas electorales del país. Los que tienen cierta ventaja, por su experiencia en elecciones, son los partidos que han participado en elecciones anteriores y tienen sus bases electorales, y su pueblo electoral fiel.

Para el proceso electoral próximo de febrero, se ha dicho que el Partido Pueblo Soberano no presentó miembros o fiscales de mesa, lo que resulta extraño, ya que en las elecciones municipales pasadas, los partidos que representaban al Gobierno, por su identificación con el presidente Chaves, al tercer partido en importancia, después de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, en número de miembros de mesa. Más de 3000 presentaron, lo que les daba un alto nivel de control del resultado electoral.

¿Por qué su importancia? Supongamos, que en una mesa electoral solo hay dos representantes de dos partidos. Podrían ponerse de acuerdo en “anular” votos, o, en caso extremo, más delicado y peligroso penalmente, introducir votos, “haciendo votar” a los electores que no se presentaron a emitir sus votos. Ese es el quid.

Los partidos que del todo no presentan miembros de mesa, antes del 2006, quedaba expuestos a estas situaciones. A partir de entonces, el Tribunal de Supremo de Elecciones, empezó a contratar personas, para que actuaran como Fiscales Auxiliares de las mesas de votación para colaborar con la cuenta de los resultados y garantizar de esa manera el resultado nítido de la voluntad popular expresado en urnas.

Para las próximas elecciones, cuando el Partido Pueblo Soberano, como se ha dicho, “informalmente”, no ha presentado fiscales ni miembros de mesa, ¿qué interpretación podemos hacer? Simple y sencilla: están apostando a una derrota contundente, que impugnarían en sus resultados finales, argumentando fraude electoral, como ha venido sosteniendo el Presidente Chaves que el Tribunal Supremo Electoral pretende hacer en su contra, lo que ha llamado un “golpe de estado” en su contra, y en contra de los partidos que se representan con la necesidad de continuar su gobierno, para lo cual convoca constantemente a los ciudadanos en su favor, en su apoyo y en contra del “golpe de estado que le pretenden dar”. Esta es la clave de esta situación cuando en las elecciones municipales pudieron presentar una enorme cantidad de miembros de mesa.

En otro escenario, fatal para Pueblo Soberano, es que no tienen ninguna organización partidaria en capacidad de presentar miembros de mesa en todas las Juntas Electorales y sus mesas de votación, lo cual sería la razón fundamental de su posible derrota, desde el punto de vista organizativo y partidario, porque no se pueden pagar a razón de ¢10.000 (diez mil colones), con sus respectivas comidas en el día de votaciones para casi 6000 miembros de mesa, para cubrirlas todas, lo que equivaldría a 60 millones de colones, solo ese día, como les pagan a las personas que movilizan como acompañantes del presidente Chaves e sus gira cantonales, regionales o en las movilizaciones que intentan en San José, cuando así los convocan.

Toda esta fanfarria política se acompaña con la propaganda internacional que el presidente Chaves está montando, alrededor suyo, del “posible golpe de estado”, como quisieron hacer con el diputado Díaz Balart, del partido Republicano de Estados Unidos que públicamente hizo circular una “convocatoria” de la Embajadora de Costa Rica en Washington, para que le rindiera cuentas de las “amenazas” que había en Costa Rica contra el proceso electoral y contra el Presidente Chaves, cuando por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones, por denuncias de ciudadanos acusándolo de “beligerancia”, era convocado a la Asamblea legislativa, para conocer de esa situación y si correspondía constitucional y legalmente quitarle su fuero para someterlo, en instancias judiciales, la electoral es una de ellas, a su investigación.

El único interesado en un “golpe de estado” es el mismo presidente, impulsando un “autogolpe de estado”, impulsando una situación de inseguridad nacional, como lo está haciendo, inseguridad “institucional”, con todas las críticas y ataques que hace constantemente a los supremos poderes del Estado, a diferentes instituciones públicas, a los diputados y sus partidos, para que los ciudadano pierdan “su confianza” en toda la institucionalidad y así provocar, de ser posible, antes de las elecciones un estado de incertidumbre, de inseguridad agravándolo con la violencia e inseguridad ciudadana que se vive y que se estimula desde el gobierno, para tratar de provocar un “estado de excepción”, que le permitiera suspender garantías constitucionales, que le permitiera “suspender” hasta el mismo procesa electoral, manteniéndose de esa forma en el gobierno, por la fuerza, procurando crear un clima que le permitiera convocar a un nuevo proceso electoral varios meses después, sin “estorbos” políticos, por la represión que desataría o por los mecanismos que establecería para garantizar su “posible continuación gubernativa”. Los grupos armados que tiene en las regiones norteñas del país serían sus “brigadas” defensoras de la “institucionalidad y del presidente Chaves”, como los principales líderes de esos movimientos armados, constantemente expresan.

Este es el peligroso camino que están construyendo, desde la ausencia de los miembros de mesas y fiscales de votación en Pueblo Soberano y en la cúpula superior del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Si es cierto que no presentaron miembros de mesas para todas las juntas electorales y sus mesas de votación, es porque no tienen organización partidaria capaz de existir en todo el territorio nacional, mostrando se evidente debilidad político-organizativa, que las encuestas no muestran por ahora, porque se enfocan solo en las candidaturas de las personas. Pero, esas personas, en esas encuestas amañadas por la propaganda y por la pre-escogencia de visibilidad que les dan a algunos candidatos, se toparán con la encuesta real, válida, que es la del primer domingo en urnas.