SURCOS recibió la carta enviada por el sector de Producción Audiovisual de nuestro país a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa con respecto a algunas mociones presentadas que pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15 %.
Compartimos la carta:
17 de octubre 2020, San José, Costa Rica
Señoras y señores Diputados
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Asunto: No a los Recortes en Cultura
Estimadas señoras y señores Diputados,
Este lunes y martes terminarán de discutir en la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174. Algunas mociones presentadas pretenden recortar el presupuesto al Ministerio de Cultura en casi un 15%.
Entendemos que estamos en una situación de crisis fiscal y que se están buscando maneras de alimentar la deuda, sin embargo, estas mociones dejan al Ministerio básicamente inoperable. El recorte significa prácticamente un cierre técnico para algunas de las instituciones culturales del país, que quedarían con muchos empleados sin posibilidad de ejecutar los programas para los cuales están contratados.
Lamentablemente estos recortesrepresentan una amenaza real a la reactivación económica de un sector que ya de por sí está en una situación de alta vulnerabilidad por la crisis sanitaria, y pueden generar un daño mayor e irreparable en la economía nacional.
Les recordamos que la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano. Como gremio, nos preocupa sobremanera la afectación que tendría el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, que sufriría un recorte de hasta un 33%. Este recorte significa que:
Desaparece la única plataforma de distribución y comercialización local de productos audiovisuales costarricenses, al recortar el presupuesto del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), que además emplea aproximadamente 200 personas en cada edición.
Queda casi extinto el único fondo de fomento a la industria audiovisual nacional, al recortarse en 86 millones el presupuesto del Fondo el Fauno. Este fondo funciona como capital semilla que promueve la atracción de inversión extranjera que en muchos casos se reinvierte fuera de la GAM, genera empleo, encadenamientos y dinamiza al sector.
Desaparece la única ventana que lleva cine a comunidades al recortar el presupuesto del programa Preámbulo. En épocas de crisis sanitaria, social y económica, la cultura juega un papel fundamental en preservar la salud mental de la población.
Se condena a la institución a un cierre técnico, al recortar presupuestos de capacitación, mantenimiento y servicios. La institución se convertiría en un cascarón donde sus trabajadores son incapaces de ejecutar acciones en pro del sector audiovisual.
Les exhortamos a votar en contra de estas mociones para evitar condenar a un sector que aporta en un 2,2% al PIB. Entendemos que la situación actual exige recortes y sacrificios, pero les rogamos que se hagan con visión a largo plazo y perspectiva técnica para evitar el colapso de nuestras instituciones culturales.
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Directoras Mujeres de Costa Rica (DCCR)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
Consorcio Animation Costa Rica (ACR)
Cluster de Estudios De Animación Independientes Parallel Worlds
Consorcio Audiovisual de Costa Rica (Creative Media)
Imagen ilustrativa, UNA, cine indígena en América Latina.
El brief “Defender derechos en tiempos de COVID», publicado el día de hoy, recoge las principales conclusiones sobre las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica.
México y Centroamérica, 15 de octubre de 2020.- Además del fuerte impacto que ha tenido la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en el acceso a derechos y servicios básico, esta ha resultado también en una profundización de la crisis democrática y de derechos humanos en la región mesoamericana. Como respuesta a la pandemia, algunos Estados de la región han implementado acciones de carácter punitivo, como toques de queda, estados de excepción o la militarización de la seguridad ciudadana, entre otras medidas contrarias a los derechos humanos de la población. En este contexto, la defensa de los derechos humanos enfrenta nuevos obstáculos y, a la vez, se vuelve más urgente que nunca.
Estas son algunas de las conclusiones del brief “Defender derechos en tiempos de COVID: Balance regional de las condiciones para la defensa de derechos humanos y la libre expresión en México y Centroamérica”, publicado el día de hoy por el Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas (Espacio OSC), Front Line Defenders, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala (UDEFEGUA), el North American Congress on Latin America (NACLA), y Trade Unions for Energy Democracy (TUED).
A raíz de estos diálogos, las organizaciones concluyeron que las condiciones para defender derechos y defender la libertad de expresión en México y Centroamérica han empeorado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, denunciaron un incremento en las agresiones contra personas defensoras, en forma de desprestigio y estigmatización, represalias administrativas, amedrentamientos, detenciones arbitrarias e incluso criminalización. De acuerdo con registros de las organizaciones, al menos 25 personas defensoras fueron asesinadas en la subregión entre enero y agosto de 2020.
El informe reconoce como una primera barrera las restricciones a la movilidad impuestas como respuesta a la contingencia sanitaria, que han limitado significativamente la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico. Así, sostiene que las personas defensoras y comunicadoras no cuentan con medidas para ejercer de manera segura tareas como el acompañamiento de grupos vulnerados, monitoreo u observación, o el desarrollo de trabajos de investigación periodística.
Por otra parte, familiares y víctimas de violaciones de derechos humanos enfrentan barreras tanto físicas como tecnológicas: complejizando aún más su camino para acceder a la justicia y la búsqueda de personas desaparecidas. Todo esto sin que las autoridades judiciales de la región brinden alternativas para el avance de sus procesos.
Para las mujeres defensoras los riesgos se profundizan. En la región, las defensoras han tenido que continuar sus labores bajo un contexto de creciente violencia contra las mujeres. Al menos en Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México se ha registrado un aumento de casos de violencia contra las mujeres en el espacio privado a partir de la pandemia, al tiempo que defensoras denuncian un incremento en los ataques y violencia digital.
Según el informe, las agresiones a la prensa también se han agudizado notablemente a partir de la crisis sanitaria. La exclusión de la prensa independiente y bloqueos informativos se han denunciado en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; mientras que en Panamá el acoso judicial se ha incrementado. En México y El Salvador, las y los periodistas han recibido amenazas y acoso digital como represalia de su cobertura. Por su parte, el gremio médico también ha enfrentado ataques a partir de la COVID-19. En Nicaragua, al menos una treintena de profesionales han sido despedidos y acosados como represalia de su crítica contra a la política sanitaria oficial.
Aunado a ello, América Latina continúa siendo la región más peligrosa para personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, situación que no cede en pandemia. Por lo menos en Honduras, México, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala han continuado las invasiones territoriales, desalojos de comunidades, ataques armados y agresiones letales contra comunidades que defienden su territorio. Al tiempo que, aún con el alto riesgo de contagio en centros penitenciarios, en México, Guatemala y Honduras, personas defensoras del territorio continúan privadas de libertad ilegalmente.
En lo que corresponde a la defensa de derechos laborales, los Estados por lo general han sido incapaces de garantizar el trabajo dentro de entornos seguros, teniendo a las industrias ligadas a las cadenas de suministro global como aquellas más afectadas por brotes epidémicos. Encima, reconoce el retroceso en garantías laborales, la estigmatización pública, y la exclusión de personas trabajadoras del mercado laboral, formal e informal, como represalia a sus reivindicaciones sindicales y a la lucha por el acceso a derechos laborales.
Frente a este contexto, las organizaciones hacen un llamado a los Estados de la región, entre otros a:
Impulsar la construcción conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y organismos regionales e internacionales de derechos humanos, el diseño e implementación de una ruta de trabajo colaborativa que contemple el fortalecimiento de los mecanismos de protección de personas defensoras previstos a nivel interno; y la construcción de políticas públicas integrales de protección con perspectiva de género y enfoque interseccional.
Abstenerse de cometer y condenar cualquier acto de estigmatización verbal, intimidación jurídica, criminalización o uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Realizar pronunciamientos y campañas comunicativas con impacto nacional, estatal y comunitario a favor de personas defensoras y periodistas, resaltando su importante labor en el contexto de COVID-19 en la protección de derechos humanos y el acceso a la información.
Realizar investigaciones completas, diligentes e imparciales sobre los delitos que atenten contra la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
Liberar a las personas defensoras detenidas por su labor de derechos humanos y a cualquier persona que permanezca privada de la libertad en forma ilegal.
Descargue el informe completo en español e inglés aquí.
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.taringa.net
Faltando unas cuantas semanas para que acabe el semestre, quería redactar esto, y espero que sirva de motivación para aquellas personas que les ha costado la virtualidad por motivos como ubicación geográfica, condición social etc (yo al principio de semestre había redactado unas ideas de como sobrellevar el semestre virtual y había ofrecido mi cochera para aquellos estudiantes que no tenían internet, y también ofrezco clases gratis, etc).
Han avanzado mucho, han quitado las piedras más grandes del camino, y se han demostrado a ustedes mismos que son capaces de lograr lo más difícil, están luchando por una meta en común, que es superarse, pero recuerden al único que tienen que demostrar superar las adversidades, son a ustedes mismos, el ser humano puede llegar a potencializarse de una increíble manera, pero el trabajo arduo, el empeño necesario, los llevará al éxito, si han logrado sobrellevar todo este contexto actual social, económico, sanitario, podrán sobrellevar cualquier cosa, y ojalá utilicen de buena manera la herramienta más poderosa que nos enseña la UCR, el conocimiento, y úsenla en pro de la sociedad, y para edificarse a ustedes mismos.
Para muchos no es fácil llevar este ciclo anual virtual, pero que les quede de enseñanza la virtud del poder superarse y que les sirva de motivación para luchar por lo que ustedes desean. No decaigan, no flaqueen, puesto si no decayeron este año, no creo que lo hagan a futuro. Y mostremos nuestro lado humanista que nos inculca la UCR con los demás, el contexto actual afecta a muchos estudiantes hoy en día, mostremos los valores sanos y positivos, y moralmente correctos.
El que hace una acción buena produce un efecto espejo en otra persona; el mundo y la humanidad será empática.
* Estudiante de Economía Agrícola y Agronegocios, Universidad de Costa Rica, bachiller en Derecho
Comunicado de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos CR
El sistema económico capitalista vigente ha entrado en una etapa donde los contrastes entre clases sociales se han agravado, de tal manera que estamos señalados como uno de los países más desiguales del mundo.
Con la crisis sanitaria, estas diferencias se han profundizado y la tasa de desempleo ha crecido a niveles históricamente nunca vistos. Los sectores de la diversidad sexual y de género, especialmente las mujeres trans, son uno de los sectores de los más golpeados por carecer de oportunidades de educación y empleo.
El descontento ha crecido, especialmente cuando se anunciaron medidas dirigidas contra los trabajadores y el pueblo en lugar de instruir a las direcciones tributarias para que realicen la función efectiva para recaudar los fondos necesarios dejados de percibir por las ganancias de empresarios, y fundamentalmente porque estas medidas no se han dirigido hacia eliminar la elusión, la evasión, la exención y la mora en el pago de los impuestos de empresarios poderosos, tanto locales como transnacionales.
El anuncio del posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manera de conseguir fondos para el pago de la deuda interna; han provocado con mucha razón el descontento popular. Descontento alimentado, en cierta manera, por oportunistas politiqueros, y noticias falsas, pero que realmente es un descontento sentido y justificado.
La violencia en los bloqueos y ante las Oficinas Presidenciales nos preocupan como Organización, especialmente porque no entendemos que suceda, ahora que se ha llamado a un diálogo nacional. Nos parece que ningún grupo debe negarse a participar ante el llamado presidencial, porque, quien se niegue cerrará las puertas de la credibilidad a sus planteamientos sin embargo también se debe dar participación activa de la sociedad civil.
El presidente, en su alocución referida a los bloqueos de carreteras, anunció que eliminaba la propuesta original, sin embargo, no ha mencionado que no se va a solicitar el préstamo al FMI, tampoco que se ha dejado de pensar en la posibilidad de venta de empresas del Estado, pues no incluyó, por ejemplo, en la lista, no vender la Fábrica Nacional de Licores. Pero rescatamos su llamado a la conversación o diálogo, y nos parece que las negativas de algunos sectores a conversar son injustificadas y solo perjuicio pueden causar a la paz social, ya tan lastimada.
Destacamos eso sí, que ya en las primeras conversaciones se ha logrado que se busque financiamiento al aguinaldo y los aumentos de los empleados públicos.
Creemos que se debe encontrar alternativas al préstamo del FMI, por ejemplo, como la que se ha sugerido de conseguir un préstamo de las reservas económicas y de las inversiones efectivas que mantiene en el exterior el Banco Central, a sabiendas que el sector financiero nacional también es parte del Sector Público Costarricense, además que es el Banco Central de Costa Rica el ente público que se encarga de la emisión y administración de los billetes y monedas.
Y en todo caso los objetivos principales de las conversaciones son investigar y poner denuncias contra elusores y evasores de impuestos. Ya sabemos que este procedimiento es muy lento, la investigación no es fácil, empresas y empresarios esconden sus maniobras minuciosamente. Además, una vez descubiertos y acusados los procesos judiciales duran bastantes años, pero ese camino hay que recorrerlo como una manera de evitar que se siga produciendo este desfalco fiscal que nos perjudica a todo el pueblo. Debe hacerse que los auditores fiscales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda efectúen la labor de una forma efectiva para cobrar la cifra millonaria que aún se encuentra pendiente de recuperar y a su vez que esas empresas regulen su situación tributaria eficientemente.
Si el Gobierno necesita más ingresos no debe de ninguna manera cargar impuestos a quienes menos tenemos. Los impuestos deben ser cobrados para quienes tienen más ganancias de sus negocios. Debe revisarse las exenciones que dejan un hueco fiscal considerable.
Sobre los gastos nos parece adecuado, de forma perentoria, la revisión del costo de alquileres, tal y como se está haciendo. Pero a un plazo muy corto hay que construir los tantas veces planeados edificios propios para las diversas oficinas estatales.
Sí a la justicia tributaria. Adelante siempre adelante. San José, 13 de octubre de 2020.
La Fundación Friedrich Ebert acaba de publicar el documento Transformación Social Ecológica en Costa Rica. Implicaciones sociopolíticas y económicas del covid-19.
El documento fue redactado por la trabajadora social y abogada Laura Rivera Alfaro y el economista de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica Henry Mora Jiménez. Contaron con el apoyo del politólogo Cristopher Meza Sánchez.
En la presentación del escrito se señala:
“El futuro se presenta con escenarios amenazadores e inciertos, se agudizan diversas crisis del modo de producción en particular y de la modernidad en general, a raíz de la actual crisis sanitaria y las tendencias hegemónicas en la gestión de dicha crisis que afectan la economía, los derechos y la vida de las personas.
En este contexto, la articulación entre múltiples actores es un imperativo impostergable. La agenda nacional para la transformación social ecológica de la economía ha sido construida con representantes de diversos colectivos y movimientos sociales y políticos que aportan sus visiones y agendas específicas para la puesta en común de sus reivindicaciones y propuestas”.
Asimismo, el documento explica:
“Además de temas relevantes, se identifican espacios de alianza y elementos de estrategia para la incidencia política en los distintos niveles institucionales.
Con el fin de abordar esta propuesta desde una perspectiva amplia, el texto se introduce con un análisis de contexto, así como de las tendencias actuales para afrontar las crisis sanitaria, social y económica del covid-19.
La intención es evidenciar la posibilidad de transformación y la viabilidad de alternativas ante las afectaciones que una agenda conservadora regresiva tiene en detrimento de los derechos humanos y de la naturaleza”.
La mayoría de la población consultada apoya que el país continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación
La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares de 1 204 personas distribuidas en las diferentes regiones del país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
El impacto derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en la situación económica del país es indudable, pero incluso en este contexto, la ciudadanía reconoce la importancia de que Costa Rica continúe invirtiendo en infraestructura, salud y educación.
Así lo reveló un estudio presentado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare). El material fue elaborado por Investigaciones Psicosociales S. A., empresa con 34 años de experiencia en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población en el país.
El presidente del Conare, Luis Paulino Méndez, destacó la importancia de estudiar y análizar de manera permanente de la realidad nacional, como base para la toma de decisions frente al complejo contexto sanitario y económico que experienta el país.
“Es fundamental tener la claridad, el análisis coyuntural, sin perder de vista la Costa Rica que queremos para definir un camino que responda a los retos inmediatos y al futuro que asegure el bienestar de la población”, afirmó Méndez.
La medición se aplicó entre el 11 y 23 de julio anteriores, por medio de llamadas telefónicas a números celulares, y consultó sobre diversos temas coyunturales a una muestra de 1 204 personas distribuidas en diferentes localidades del país.
Según la encuesta, el 79,1 % de las personas consultadas reconoció una disminución en los ingresos familiares como resultado de la actual pandemia. En el 42,3 % de los casos, tal afectación representó más de la mitad de los recursos que percibían y en el 17,1 % significó la totalidad.
El impacto económico de la pandemia es muy amplio, afectando directamente a cuatro quintas partes de los hogares entrevistados.
En el 56 % de los casos consultados se retrató la pérdida de empleo por parte de la persona entrevistada o de algún miembro de su familia, y el 69,7 % de la muestra valoró de manera negativa la situación económica del país, frente a solo un 4,3 % que la calificó de forma positiva.
Pese a la difícil realidad descrita, la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora. El 73,7 % de los entrevistados respaldó un aumento de la inversión en salud pública y el 22,8 % apoyó que el rubro actual en esta materia se mantenga.
El 43,5 % de las personas consultadas respaldó el fortalecimiento de la inversión del país en infraestructura mediante la creación de obras públicas, como puentes y carreteras, mientras que el 34,8 % consideró que esta apuesta económica continúe como hasta ahora.
Por otra parte, se evidenció un incuestionable apoyo social a la educación pública en el país. El 92,9 % de las personas consultadas respaldó la inversión estatal en educación pública primaria y secundaria, mientras que el 90,5 % apoya la inversión en la educación superior pública.
Según el psicólogo e investigador de la empresa Investigaciones Psicosociales S. A., Marco Vinicio Fournier, la valoración positiva de las medidas sanitarias y el papel del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), en la atención de la emergencia, han generado en la ciudadanía una revalorización del papel de la institucionalidad pública.
“Pareciera que el impacto de la pandemia ha hecho que las personas vuelvan a valorar la importancia de contar con un Estado sólido e instituciones fortalecidas para enfrentar eventuales situaciones de crisis”, explicó el académico.
Pese a la difícil realidad descrita, la encuesta presentada evidenció que la ciudadanía apoyó con contundencia que el país siga fortaleciendo el modelo de desarrollo social que ha impulsado hasta ahora.
Ciudadanía reconoce papel de las universidades públicas
La encuesta retrató una valoración positiva del quehacer de las universidades estatales. Estas instituciones recibieron una calificación general de 8,59 por parte de la ciudadanía, la cual en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR) alcanzó el 8,98.
La población consultada atribuyó una valoración de 8,25 al trabajo y aportes que realizan las universidades públicas en las diversas comunidades de todo el territorio nacional, en tanto la UCR obtuvo un 8,62.
La muestra consultada otorgó un 9,05 a la calidad de la educación que brinda la UCR, cuya presencia en la atención de la actual emergencia sanitaria fue catalogada como “muy importante” por 55,7 % de las personas entrevistadas y como “algo importante” por 17,4 %.
Pese a la valoración positiva que se atribuyó al quehacer de las universidades públicas, la consulta permitió constatar que el 62 % de las personas encuestadas desconoce la fuente de financiamiento que hace posible su trabajo y solo un 32,5 % lo reconoce como inversión del Estado.
El rector de la UCR, Carlos Araya Leandro, enfatizó que desde hace 80 años la Institución mantiene el compromiso de aportar a la construcción del país desde las diversas áreas del conocimiento, tanto en contextos cotidianos como en situaciones excepcionales, por ejemplo, la que plantea la coyuntura actual.
«Estos datos los recibimos como un mensaje claro de la población costarricense hacia el trabajo que desempeñamos como universidad pública, recibimos su respaldo y también sus exigencias», enfatizó el jerarca universitario.
Se detectó que el conocimiento de la población respecto al trabajo la UCR es muy amplio y la mayoría de las personas consideran muy importante la actuación de la institución durante la pandemia.
Aportes de las universidades públicas al desarrollo
El 82,7 % de la ciudadanía que participó en la consulta manifestó estar de acuerdo con que las universidades estatales fortalezcan el desarrollo de sus sedes regionales alrededor del país y el 84,4 % consideró que deben invertir en más aportes a las comunidades.
La perspectiva anterior podría relacionarse con el 47,9 % que expresó algún nivel de desacuerdo con la posibilidad de que estas instituciones públicas dediquen la mayor parte de su trabajo a la enseñanza y atiendan en menor medida las áreas de investigación, extensión y acción social.
Por último, el 75,1 % de los encuestados consideró que el Estado debe cubrir la mayoría del presupuesto que hace posible el trabajo de las universidades públicas, frente a un 15,7 % de la muestra que manifestó su desacuerdo al respecto.
Según Fournier, los resultados obtenidos en esta oportunidad sobre el posicionamiento de las universidades estatales son consistentes con estudios previos que han colocado a estas instituciones en los primeros lugares de valoración ciudadana.
“No se registra un cambio de la población en este tema, las universidades públicas manejan una percepción positiva desde que se iniciaron las mediciones de la imagen institucional en la década de los noventa y esto solamente se ha venido reforzando”, concluyó el experto.
El desarrollo de esta encuesta fue financiado por la UCR. El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados.
El cruce de las respuestas al cuestionario con las variables sociodemográficas de las personas entrevistadas evidencia una alta homogeneidad en las opiniones y actitudes de la gente que se encuestó, puesto que existen pocas diferencias significativas respecto a sexo, edad, región, religión y condición de actividad.
El tamaño muestral y la técnica de selección de las personas consultadas atribuyen un 95 % de confianza respecto a los resultados generados. Esta encuesta es iniciativa de la UCR y la muestra estuvo conformada por 47,6 % de hombres y 52,2 % de mujeres.
Sobre la empresa que desarrolló la encuesta: Investigaciones Psicosociales S. A.
Ámbito de acción: Durante 34 años, la compañía ha desarrollado investigación social en diversos campos de la política, la salud y los derechos humanos, con énfasis en el análisis de actitudes, conocimientos y comportamientos de la población general o de subpoblaciones especiales en toda la región centroamericana.
Enfoque metodológico: Los estudios de Investigaciones Psicosociales S. A. se desarrollan tanto en el ámbito cuantitativo como cualitativo. Se busca siempre un balance y una complementariedad entre la profundidad en el análisis y la sistematización y generalización de resultados.
Procedimientos científicos: La amplia experiencia acumulada por la empresa ha permitido implementar y actualizar constantemente mecanismos rigurosos para recolectar datos con estrategias de selección y muestreo que maximizan la aleatoriedad y la precisión. Asimismo, ha posibilitado el uso de las últimas aplicaciones de georreferenciación, módulos especiales para supervisar el trabajo de campo, las más modernas técnicas de registro de la información mediante dispositivos móviles, programas computacionales propios para la crítica y limpieza de las bases de datos y los análisis estadísticos más precisos.
Instrumentos de recolección: Nuestras técnicas de recolección de información combinan formatos estructurados y semiestructurados con técnicas psicométricas, para generar escalas de medición más confiables y válidas, las cuales permitan medir variables así como procesos psicosociales que difícilmente se podrían registrar mediante preguntas tradicionales.
Técnicas de análisis: Los análisis estadísticos van mucho más allá de la simple descripción de distribuciones de respuestas. Mediante diversos análisis multivariados, la información es procesada para implementar indicadores, perfiles, conglomerados y estructuras factoriales exploratorias, lo cual permite un análisis y una interpretación más profunda de las actitudes y los comportamientos sociales.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información
SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:
Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:
I. INTRODUCCIÓN
La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.
La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.
La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.
Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.
II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES
El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:
Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
Recreación y producción cultural.
Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.
III. PROPUESTAS
Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.
La CSA y su Comité de Mujeres Trabajadoras de Las Américas – CMTA reafirma que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 pone en evidencia el fracaso del modelo neoliberal y las políticas que promueve, afectando a mujeres y hombres de maneras diferentes, por tanto, es necesario comprender sus efectos particulares y poner en práctica políticas públicas e intervenciones que sean efectivas y equitativas.
En el contexto de La crisis es importante tomar en cuenta las dificultades específicas que enfrentan las mujeres, por lo que las medidas de recuperación deben tener una perspectiva de género considerando la diversidad de realidades que atraviesan en la región. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas – ONU los impactos de la pandemia podrían revertir los logros de la agenda de igualdad de género y dificultar el alcance del Objetivo 5 de la Agenda 2030, haciendo más difícil reducir las brechas entre hombres-mujeres y alimentando el retroceso que se viene produciendo en varios países.
En América Latina y Caribe las trabajadoras en condiciones de informalidad, según ONU Mujeres, representan el 59% de La fuerza Laboral, esto implica que carecen de la protección que ofrecen las leyes laborales y prestaciones sociales como pensiones, seguros de salud o subsidios por enfermedad remunerados. Esta condición laboral tiene otras repercusiones implicando mayor número de mujeres que viven en La pobreza, trabajan por salarios más bajos y en condiciones inseguras, lo que aumenta el riesgo de acoso, violencia sexual y reproductiva. En este sentido, insistimos en la importancia de la ratificación e implementación del Convenio 190 contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Según la Comisión Económica Para América Latina y Caribe – CEPAL las trabajadoras del servicio doméstico en la región en condición de informalidad representan el 77,5%, situación que se dificulta ante la ausencia de fiscalización laboral, por ser considerado su lugar de trabajo un espacio privado. En este sector se ejemplifica el doble riesgo que enfrentan durante la pandemia: el contagio por seguir trabajando, o la pobreza por dejar de trabajar.
En el caso de las trabajadoras de primera línea donde el personal de salud cuenta con 72,8% de mujeres, hay múltiples denuncias sobre la ausencia de equipos de protección individual o de protocolos adecuados para evitar el contagio, así como condiciones de trabajo caracterizadas por las jornadas extensas, presión física y psicológica y, en algunos países, violencia y discriminación.
Por otro lado, la falta de políticas sanitarias para el regreso a las aulas en los países que lo están implementando, al igual que la falta de condiciones de seguridad, capacitación antes, durante y después de la pandemia para las educadoras es preocupante.
El teletrabajo como respuesta para mantener la actividad económica en el contexto del confinamiento y distanciamiento ha precarizado aún más las relaciones laborales, transfiriendo costos operativos de las empresas a las trabajadoras/es, implementando iniciativas de regulación y decretos de urgencia que pasan por encima de mecanismos democráticos y sin negociación colectiva, estas condiciones serán difícilmente reversibles en el futuro.
Por otra parte, el desbalance en la distribución de las tareas domésticas y el cuidado no remunerado han aumentado de forma exponencial durante la pandemia, lo que implica una desvalorización de los cuidados y su función en el sostenimiento de la economía. Según la OIT las mujeres contribuyen con 76,2% en promedio de horas del trabajo de cuidado no remunerado (más del triple que los hombres), esa diferencia profundiza las triples jornadas laborales para las mujeres durante la crisis, colocándolas en mayor riesgo de contagio por su rol socialmente asignado como cuidadora de enfermos en el hogar. Esta situación provoca un serio impacto en su salud y en su seguridad, por tanto, el reconocimiento de la corresponsabilidad familiar es fundamental.
Esta crisis también aumenta la situación de vulnerabilidad de mujeres campesinas y las de pueblos indígenas y originarios por el desamparo y olvido que sobrellevan antes y durante el confinamiento, sin ingresos económicos, expuestas a situaciones de violencia e invisibilizadas ante las políticas de los Estados.
El periodo de pandemia generó indirectamente condiciones que aumentaron de forma drástica la violencia de género en la región. Para muchas mujeres y niñas, los hogares siguen siendo lugares de mayor inseguridad, quedando en muchos casos aislados, con escasas posibilidades para denunciar sus agresores.
Toda esta situación promueve un retroceso considerable en la conquista de derechos humanos y laborales de las mujeres, por lo que es necesario adoptar políticas públicas inclusivas que consideren la igualdad de género y los derechos de las mujeres, considerando la diversidad de necesidades, como esenciales para así lograr superar esta situación de crisis provocada por el Covid-19.
En este sentido desde la CSA y su CMTA proponemos las siguientes medidas y/o acciones afirmativas para avanzar en esta Línea y minimizar Los efectos de La pandemia para Las mujeres:
Aumentar desde los Estados tos recursos asignados a la prevención de violencia contra las mujeres y la protección de las víctimas.
Demandar al gobierno la pronta ratificación del convenio 190 contra la violencia y el uso en el mundo del trabajo, así como la ratificación e implementación del C156 (corresponsabilidad familiar) y el C189 (trabajadoras y trabajadores domésticos).
Exigir a los Estados la garantía de estabilidad del trabajo y de salario para las mujeres a través de políticas públicas ya existentes o con la creación de nuevos mecanismos que lo garanticen, sea en condiciones de formalidad o de informalidad.
Adoptar, restablecer y ampliar regímenes integrales de protección social, que reflejen la comprensión de las circunstancias particulares de las mujeres y el reconocimiento de la economía del cuidado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales.
Demandar la prohibición de la suspensión o finalización de contratos de prestación de servicios temporales de las trabajadoras durante el tiempo de la emergencia en todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
Regular la implementación del teletrabajo para evitar la precarización y flexibilización de las relaciones laborales existentes, teniendo como premisa la garantía del trabajo en concordancia con los estándares de la BIT.
Impulsar la representación de las mujeres en los sindicatos u otros organismos a nivel nacional, como también en espacios de negociación tripartita donde se definan medidas que garanticen la protección a las trabajadoras ante Los efectos de la pandemia
Instar a los gobiernos y empleadores para generar datos segregados por género y de esta forma poder realizar análisis sobre los impactos del COVID-19 y establecer nuevas estrategias a corto y largo plazo con enfoque de género.
Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:
San José, 18 de agosto del 2020
Señor Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Su Despacho
Estimado señor presidente:
El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:
Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.
En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:
¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?
En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.
El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:
¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?
También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.
Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.
El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:
Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.
Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.
El Covid-19 puso de relieve la importancia de contar con sólidos sistemas de salud pública en tiempos de crisis sanitaria. Sin embargo, las políticas de América Latina destinadas a este sector han evolucionado en sentido contrario.
Este vídeo, producido por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) en asociación con Le Monde Diplomatique Brasil, y apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), presenta los discursos e intereses que han apoyado el agotamiento de la financiación de la salud en la región durante las últimas décadas y cómo las políticas neoliberales, especialmente las medidas de austeridad fiscal, perjudican la lucha contra la pandemia.
