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Etiqueta: Crucitas

Exmagistrada «pro minería» ahora representa Tajo Asunción

No al Tajo Asunción

Continúa medida cautelar que detiene las obras

Ex magistrada asesora al gobierno y lo representa en Fundación

 

En audiencia del Tribunal Contencioso Administrativo (11 -5-15), para definir si se mantiene o se elimina la medida cautelar que impide la operación del Tajo Asunción, destacó la presencia de la exmagistrada Ana Cristina Calzada quien es ahora la representante judicial de la empresa minera.

La exmagistrada «pro minera» se mantuvo en silencio durante la sesión y sólo gesticuló cuando el otro abogado de la minera aceptó la debilidad de la Viabilidad Ambiental al declarar que si fuera necesario hacer los puentes sobre el Río Banano para cruzar el material ellos lo harían.

Nos preguntamos si no existe algún impedimento para que un ex magistrado litigue siendo ahora asesora del gobierno en materia de libertad de expresión y representante del Poder Ejecutivo en la  Junta Directiva de la Fundación de Parques Nacionales, pues nos parece impropio que por el cargo ostentado lo haga y además se presente ante jueces que posiblemente pudieran haber sido subalternos, amigos, conocidos y que implique presión sobre su gestión.

Nos preguntamos si su nuevo trabajo y el nombramientos en el Ejecutivo no tuvo que ver con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, donde el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de AyA y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense.

No es cualquier mina ni cualquier magistrada. El ex diputado Claudio Monge y ecologistas han señalado que gracias a la ausencia de los exmagistrados Paulino Mora, quien falleció, y de Ana Virginia Calzada, por jubilación, la Sala Constitucional rechazó – por unanimidad- una acción interpuesta por la empresa minera Infinito Gold en el histórico caso «Crucitas» que buscaba cuestionar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). En aquel momento Monge dijo que podía deberse su ausencia y declaró: “siempre pensé que protegían a Óscar y Rodrigo Arias” (Semanario Universidad, 26-6-2013).

Esta acción de inconstitucionalidad impugnaba “la jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sobre cosa juzgada material de las sentencias de la Sala Constitucional.” La acción fue presentada en noviembre del 2011 y  fue rechazada de plano en octubre del 2013, ya que no cumplía con un requisito básico propio de este tipo de casos, que es estar relacionado con un proceso judicial o un procedimiento administrativo cuya discusión se encuentre aún abierta.

Dos años de estudio de la acción de inconstitucional puso en evidencia la posición de Calzada como presidenta del tribunal en las notas de sus votos de sentencias donde insistía en que las resoluciones de la instancia, aún cuando se declaren sin lugar, se convierten en “cosa juzgada”. (Semanario Universidad, 16-5-2012).Además, en aquel momento hubo una división de criterios sumamente marcada y retrasos para que fueran los magistrados propietarios quienes resolvieran finalmente, en ausencia de estos otros dos magistrados, la decisión que rechazó la acción fue por unanimidad.

Mora y Calzada habían mostrado cierta simpatía hacia Industrias Infinito, según la percepción del abogado Alvaro Sagot, que participó en el caso desde los primeros recursos de amparo (Semanario Universidad, 26-6-2013).

Esa complicidad y simpatía por la empresa quedó en evidencia en Setiembre de 2009 en la visita judicial de Sala IV a la mina en Crucitas. Ambos magistrados legitimaron una serie de anomalías con los opositores a las minas, exdiputados que recibieron malos tratos y discriminaciones que nos colocaron en absoluta desventaja para realizar dicha diligencia legal. Durante la vista, los Magistrados solo visitaron los sitios que la mina les mostró, nunca escucharon a los demandantes, ni a los vecinos y vecinas de la comunidad que les intentaban mostrar los desastres ocasionados (Semanario Universidad, 16 -9-2009).

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Juicio de Crucitas: Estado lucha para que minera nos pague menos por daño ambiental

En la recta final de ejecución de la sentencia contra la empresa minera canadiense Infinito Gold (Industrias Infinito para Costa Rica) condenada por causar daños ambientales en Las Crucitas de San Carlos, ésta volvió a recibir el apoyo del perjudicado, que es el mismo Estado, a través de la Procuraduría General de la República y el SINAC, que cuestionaron el peritaje que fija los montos que debe pagar la minera, tratando de regatear los recursos que vendrían a solventar el proceso de recuperación luego de la destrucción causada, sin embargo los daños pueden ser irreversibles.

“Hoy presenciamos algo triste. Revivimos el pasado. Pareciera que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold. Atacan directamente a peritos para desestimar fundamentos en el informe presentado. ¿Cuánto vale un bosque, un árbol, la vida? El ecosistema fue destruido. Infinito debe pagar por todo el daño realizado.” Aseguró Edgardo Araya, diputado ecologista y abogado activo del proceso.

Asimismo, el abogado Álvaro Sagot aseguró que: “La Procuraduría de la República junto con Industrias Infinito trataron de desvirtuar el peritaje olvidando que tal y como se valora una vida humana a efecto de resarcir los daños, la biodiversidad puede ser valorada de la misma forma». Para Jorge Lobo, biólogo de la UCR y activista, la Procuraduría trató de tergiversar y cuestionar todo para que sea imposible restaurar los ecosistemas dañados, el peritaje fue muy riguroso y refleja una aproximación a los daños que sufrieron los ecosistemas por la deforestación de la empresa.

El viacrucis. En 2013 la Sala Constitucional emitió una sentencia en la que por unanimidad acordó “rechazar de plano” la acción de inconstitucionalidad que había presentado la empresa minera contra el fallo del Tribunal Contencioso que anuló la concesión dada a Infinito para desarrollar el proyecto minero en Las Crucitas de San Carlos. Cabe recordar que la Sala I ratificó el fallo del contencioso cuestionado por la empresa canadiense.

Estos antecedentes le cerraron el camino legal a la compañía minera en Costa Rica, sin embargo insistió mediante un tribunal internacional del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias) apéndice del Banco Mundial, amparados por el Tratado de Inversiones entre Costa Rica y Canadá. Para los ecologistas el Gobierno pudo haber descartado ir al arbitraje, amparándose en que el mismo Tratado de Inversiones con Canadá (1998) que estipula que no se acudirá a esta vía cuando, con anterioridad, exista una resolución de nuestros tribunales.

Además, el sustraerse de los tribunales nacionales y de la legislación nacional, sometiéndose a un arbitraje privado en el Banco Mundial a la medida de las transnacionales, preocupa a la luz de lo ocurrido en los tribunales hoy, destacaron los ecologistas.

«Si estos funcionarios públicos van a ir a defendernos en este tribunal internacional de antemano estamos condenados» señaló el presidente de FECON Mauricio Álvarez, quien además agregó que «ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico. Es indignante que sea el mismo Estado el que pretenda ayudar a la empresa a rebajar los montos necesarios para reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas, cuando debería estar velando junto con el sector ambiental para que el dinero de la indemnización calculado entre 6.2 y 10 millones de dólares logre beneficiar a la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina».

Los ambientalistas recordaron el caso del procurador Mauricio Castro, representante del Estado en el caso del proyecto minero en Las Crucitas, quien fue señalado en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, por su constante intercambio de “papelitos” y apoyo a las posiciones que durante el juicio defendió la empresa Industrias Infinito. Además, el funcionario reconoció que un tío suyo tiene contratos firmados con la empresa minera, por lo que los diputados consideran necesario que aclare sus actuaciones.

La audiencia de finalizó por la petición de la empresa de tener más tiempo y fue fijada nueva fecha para las conclusiones el 13 de abril a las 10: 45 am.

Juicio de Crucitas- Estado lucha para que minera nos pague menos por daño ambiental

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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