En Los Chiles, Alajuela, Pobladores de Medio Queso y comunidades vecinas denuncian un deterioro acelerado de la ruta 760 —conocida localmente como la Choritrocha— y de caminos aledaños, atribuido al tránsito constante de maquinaria pesada y al depósito indiscriminado de fruta en descomposición por parte de las fincas Piñas Cultivos de Costa Rica, Piñas Norteñas y TicoFrut.
Según los testimonios recopilados, grandes cantidades de piña descartada se acumulan a la orilla de las carreteras y en lotes contiguos, lo que genera proliferación de moscas y malos olores que afectan la calidad de vida de la población. A esto se suma la presencia de baches profundos y tramos socavados en la vía principal, por donde circulan diariamente autobuses que transportan a estudiantes de primaria y secundaria.
“Donde sea botan la piña y la echan al monte; las moscas ya no se aguantan y el camino está totalmente destruido”, describió una de las vecinas afectadas.
Acuerdos incumplidos
Las comunidades señalan que existían compromisos de reparación vial entre las empresas y la Municipalidad de Los Chiles, pero denuncian que dichos acuerdos no se han ejecutado. Mencionan, en particular, la falta de respuesta de la vicealcaldía y del empresario Rodolfo Salazar, propietario de Piñas Cultivos de Costa Rica.
Ante la inacción, los habitantes intensifican su lucha colectiva y convocan a más localidades de la Zona Norte a exigir el arreglo de las rutas y un manejo responsable de los residuos agrícolas. También buscan el acompañamiento del partido Frente Amplio y de la diputada Priscila Vindas (Alajuela) para visibilizar el problema a nivel nacional.
Impactos ambientales y sociales
Salud pública: la fruta en descomposición atrae vectores que ponen en riesgo a niñas, niños y personas adultas mayores.
Seguridad vial: el mal estado de la ruta 760 obliga a conductores a maniobras peligrosas, especialmente en horarios escolares.
Derecho a la movilidad: comunidades rurales dependen de estos caminos para acceder a centros educativos, servicios de salud y comercio.
Las personas vecinas reiteran que continuarán organizadas hasta obtener una solución efectiva por parte de las autoridades municipales y las empresas responsables.
La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
El Caribe Sur de Costa Rica enfrenta una creciente vulneración ambiental, donde ecosistemas clave, como los bosques costeros y humedales protegidos, podrían estar sufriendo el impacto de actividades presuntamente ilegales que pondrían en riesgo su equilibrio natural. Un reciente incidente, ocurrido el 17 de marzo del 2025, sugiere la importancia de la vigilancia ciudadana y la denuncia ambiental para frenar estas posibles acciones.
En una zona marítimo-terrestre, patrimonio natural del Estado, se habría reportado la presencia de una persona aparentemente realizando actividades de corta prohibidas en un área protegida. Este terreno, además, cuenta con medidas cautelares, lo que agrava la situación y demuestra la vulnerabilidad de estos espacios sin la debida vigilancia. Ante la posible inmediatez del daño ambiental, el defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven alertó a las autoridades. Sin embargo, la respuesta inicial evidenció un problema recurrente: los obstáculos burocráticos y la falta de reacción oportuna ante potenciales delitos ambientales. Vangoidsenhoven tuvo que insistir y detener la patrulla en el camino para que la policía atendiera la situación.
Finalmente, las autoridades intervinieron en el sitio y, según reportes, lograron la detención de la persona implicada, evitando que el daño se extendiera aún más. Se decomisó el machete y el peón fue llevado a la Fiscalía. Sin embargo, las autoridades ahora buscan identificar a la persona que envió al trabajador, aunque este afirmó no conocer al responsable del encargo. Esta situación, que ocurre con frecuencia, dificulta la persecución de los verdaderos responsables y deja en evidencia los vacíos en la aplicación de la justicia ambiental.
Prácticas conocidas para cometer delitos
Esta forma de actuar es muy común. En el caso del terreno, el concesionario—una persona conocida en la zona—frecuentaba el lugar antes de que se establecieran las medidas cautelares, realizando labores como fumigar y chapear.
Sin embargo, tras la implementación de dichas medidas, ha cambiado su estrategia: en lugar de presentarse personalmente, ha ideado un truco para evadir responsabilidades, enviando peones a realizar estas acciones ilegales en la zona marítimo-terrestre. En ocasiones anteriores, se han decomisado machetes y arrestado a los trabajadores enviados.
Es frecuente que las personas detenidas en el sitio desconozcan con exactitud quién los contrató. Según Philippe, este es su modus operandi. Explica que “así trabaja esta gente: envían al peón, quien sabe exactamente qué trabajo realizar y dónde. Y cuando son detenidos, se hacen los extrañados, diciendo que no saben quién los contrató”.
Al concesionario nunca se le ve en el terreno, aunque todas estas labores benefician directamente sus intereses de modificar la propiedad. Philippe advierte: “Es un truco que puede seguir repitiendo porque esto aún no ha terminado. No creo que esa persona, que realmente se considera dueña del terreno por tener papeles, vaya a detenerse. Él cree que puede hacer lo que le da la gana, y eso lo hace aún más peligroso”.
La importancia de denunciar
Las denuncias ambientales son una herramienta clave para frenar la posible destrucción de espacios protegidos. La legislación costarricense, a través de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece la protección de estos ecosistemas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización y la presión ciudadana.
Cada acción cuenta. Si presencias una actividad que podría amenazar el equilibrio ambiental, es crucial reportarla de inmediato al 9-1-1 y a las autoridades competentes, como el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o la Fiscalía Ambiental. La persistencia en la denuncia puede marcar la diferencia entre la degradación de un ecosistema y su conservación para las futuras generaciones.
El Caribe Sur es una joya natural cuya biodiversidad y riqueza cultural dependen de nuestra acción colectiva. Protegerlo es un compromiso de todos.
Ecosistemas con medidas cautelares: vulnerabilidad y acción comunitaria
A pesar de contar con medidas cautelares, muchos ecosistemas protegidos siguen siendo altamente vulnerables debido a la falta de una presencia policial suficiente que garantice su resguardo. La escasez de recursos y personal impide una vigilancia constante, lo que deja estos espacios expuestos a actividades ilegales que pueden degradar el entorno de manera irreversible. La falta de una respuesta oportuna por parte de las autoridades solo agrava la situación, generando un ambiente de impunidad.
Ante este panorama, la participación comunitaria se convierte en un pilar fundamental para la protección efectiva del territorio. La vigilancia ambiental desde las propias comunidades permite una detección más rápida de actividades sospechosas y fortalece la denuncia como un mecanismo de presión social para que las instituciones actúen. Sin esta red de alerta temprana, los ecosistemas protegidos quedan aún más expuestos a daños que pueden ser irreparables.
Es urgente reforzar los mecanismos de control y garantizar que las medidas cautelares sean más que simples disposiciones en papel. La articulación entre comunidades, organizaciones ambientales y autoridades debe consolidarse para hacer valer estas protecciones y asegurar la conservación real de los ecosistemas en riesgo. La acción colectiva es clave para que la protección ambiental no dependa únicamente de la voluntad de las instituciones, sino que sea un compromiso activo de toda la sociedad.
Lo que debes saber sobre la Zona Marítimo Terrestre en Costa Rica
Aspecto Clave
Descripción
Definición
La Zona Marítimo Terrestre (ZMT) es la franja de 200 metros contados desde la pleamar ordinaria. Los primeros 50 metros son de uso público absoluto.
Propiedad
La ZMT es patrimonio del Estado, por lo que no puede ser adquirida como propiedad privada.
Uso y concesiones
Los 150 metros posteriores a la zona pública pueden ser otorgados en concesión por las municipalidades, bajo regulación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
Prohibiciones
Se prohíben construcciones sin permisos, deforestación, actividades industriales contaminantes y la destrucción de ecosistemas sensibles.
Protección especial
Si la ZMT incluye humedales, manglares o áreas protegidas, su conservación es aún más estricta, conforme a leyes ambientales y acuerdos internacionales.
Denuncias
Cualquier persona puede denunciar infracciones en la ZMT ante el MINAE, la municipalidad o la Fiscalía Ambiental.
El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.
Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.
Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.
Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).
Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.
Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.
El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.
Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).
En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).
Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.
Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.
Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.
Que se están robando el oro de los costarricenses, allá cerca de la frontera norte, es cierto. Que el daño ambiental iniciado hace más de una década, es, no solo una irreversible triste realidad, es igualmente cierto. Que hay muchas personas honestamente interesadas, en detener el saqueo y la destrucción, ambos provocados por los ladrones, que actúan impunemente en esa zona remota, es evidente. Que algunos han visto en los señores diputados, una esperanza de solución, aunque ésta nos luce innecesaria como tarea legislativa, es igualmente verdad. Que existe una prohibición expresa en el Código de Minería, que impide otorgar concesiones a mineras privadas, para aprovechamiento de la riqueza aurífera, con la técnica de cielo abierto, es bien conocido. Que, posiblemente, sin esa barrera legal, hace unos años ya habríamos visto, cómo empresas extranjeras habrían iniciado la extracción de esa riqueza, para su propio beneficio, es innegable.
Ante ello, hace unos ocho años, hemos compartido con diversos grupos y personas, la propuesta de aprovechar en una década, alrededor de US$2.300 millones, del oro nacional, localizado en el yacimiento de Crucitas, para beneficio de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente, para la atención sanitaria de los Ciudadanos de Oro, que hoy lamentablemente, la Caja, por su situación financiera, no puede atender, como lo merecen. Abuelitos y abuelitas, que por el problema demográfico que estamos viviendo en Costa Rica, ya hoy ocupan más del 65 % de los espacios de atención, en hospitales y clínicas, si es que logran superar las inhumanas listas de espera. Ancianos que van aumentando aceleradamente en números, y que, requieren de una acción efectiva, dirigida a su atención en todo el país, de Osa a Barra del Colorado, de Nicoya a Talamanca, de Puriscal a Pococí, de San Carlos a Cartago, de San José a Liberia. En fin, por todo el territorio nacional, a partir de una visión solidaria, muy costarricense.
Oro que propiciaría, si nos lo proponemos, la estructuración de un sistema hospitalario, integral, que se iría desarrollando gracias a la participación de profesionales médicos, planificadores, sociólogos, demógrafos, ingenieros, arquitectos, ¡que existen en el país!, y que se encargarían del diseño de hospitales geriátricos regionales, vinculados en algunos casos a los existentes, para ir atendiendo la demanda de esa venerable población de compatriotas. Asimismo, en lo posible, los más de un millar de Ebais, que brindan su fundamental atención primaria en tantas comunidades, tendrían áreas nuevas, dedicadas a atención geriátrica. Asimismo, se piensa que quizá sería necesario, un hospital de especialidades médicas, como soporte deseable, según lo determinen los profesionales que se involucrarían en este proyecto país. Propuesta que, como consecuencia, liberaría la presión sobre las listas de espera, que tanto dolor, causan a los pacientes que son incluidas en ellas, ante la falta de recursos humanos y financieros.
Para su identidad, hemos propuesto que ese sistema hospitalario sea conocido como Hospital del Oro.
¡Claro que entendemos algunas reacciones, en contra de la explotación del yacimiento de oro en Crucitas!, principalmente al recordar lo sucedido, con el manejo indebido, que provocara el gran conflicto que nos movilizó a tantos compatriotas, hace más de diez años, y que desembocara en la prohibición legal, a otorgar concesiones para su explotación. Concesiones que el Estado, como tal, no tendría que solicitar, por tratarse de bienes demaniales, a disposición de sí mismo, de interés público.
Superada la página del conflicto, nuestra propuesta, no solo tiene otra motivación, sino que es diametralmente opuesta. La misma, 1. Mantiene la prohibición, existente a otorgar concesiones a empresas privadas. 2. Es el único yacimiento bien explorado, existente en Costa Rica, y que estaba a punto de iniciar los trabajos para explotarlo. 3. Industrias Infinito (canadiense) esperaba extraer de la roca, tres toneladas de oro, al año, como mina comparativamente pequeña, que es. En otros países, como México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, se extraen más de cien toneladas anualmente. En el caso particular del vecino Nicaragua, los concesionarios, administran áreas, como es el caso de una sola concesión, cercanas al tamaño de Guanacaste, por lo cual dicha nación, ya se acerca a la exportación anual de oro, igual a US$1.000 millones. 4. En Costa Rica estamos hablando, de un área ambientalmente destrozada, donde no hay biodiversidad alguna que proteger, de menos de 1 km², de los 51.100 km² del país. Y, además, situado en una zona fronteriza remota, tan alejada, tan fuera de la vista de habitantes y visitantes, que, resulta, que hay menos distancia de la sede municipal de San Carlos, a la ciudad de San José, que, de allí, al sitio del yacimiento. 5. Como la mina es conocida, explorada al detalle desde hace años, el oro de la delgada capa superior está siendo robado, mientras otros se frotan las manos, esperando pasar a la siguiente etapa, que sería la de hacerse de ese oro, para su propio y egoísta beneficio, si se elimina del Código de Minería, la prohibición que hoy se los impide. 6. Es, muy clara la alternativa, entre dejar que extranjeros, y sus socios locales, nos arrebaten esa riqueza mineral, o aprovecharla para reforzar, significativamente, las finanzas de la Caja, que, por razones conocidas, renquea en la prestación de sus vitales servicios, precisamente, por la creciente deuda, sin aparente solución, del Poder Ejecutivo con ella. 7. Pensar, siquiera, que esa riqueza mineral, debidamente localizada, jamás va a ser extraída industrialmente, y que se va a mantener intocable, en ese pedacito del país, como pieza de museo, o como parte de un “monumento natural”, es un sueño. El potencial como “atractivo turístico”, de cualquier tipo, o de “investigación científica”, que se dice podría tener ese alejado sitio, es insustentable. El dilema, sencillo, en resumen, es que sea en beneficio de Costa Rica, o de empresarios privados, como únicos ganadores. 8. Por otro lado, la imagen ambientalista de la nación, no tendría por qué, verse afectada, pues el país mantendría el prestigioso sendero, donde ni la minería metálica a cielo abierto, ¡ni la explotación petrolera!, serían parte de su modelo de desarrollo. El aprovechamiento del oro del yacimiento de Crucitas, con sus particularidades únicas, y los muy loables objetivos anotados, sería solo una razonable excepción, en vista de las circunstancias especiales, si lo hace el Estado y con los fines como los propuestos. No existe en el mundo, algo similar.
Además de los puntos enumerados, finalmente hemos de anotar, que el costoso asunto de la delincuencia, que en Crucitas goza de un reino, se acabaría desde el instante en que los primeros funcionarios del Estado ingresen, con las debidas medidas de seguridad, a ejecutar las primeras acciones conducentes a la explotación del oro, que allí se realizaría. Es un asunto de lógica elemental.
1.Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.
Entre los investigados se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén, y Grupo Pedregal.
Comunicado
FECON. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos crímenes ambientales cometidos en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén. La demanda, presentada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y ciudadanos afectados, denuncia la violación de diversas leyes ambientales y regulaciones que protegen los mantos acuíferos esenciales para el abastecimiento de agua de la Gran Área Metropolitana.
La investigación se centra en las actividades ilegales realizadas en áreas de protección absoluta, que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas en la provincia de San José. Entre los principales señalados en la demanda se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén y el Grupo Pedregal, este último involucrado en construcciones no autorizadas en terrenos que deben ser preservados para garantizar la calidad del agua subterránea.
Inacción de la Municipalidad de Belén fue corroborada por la Auditoria Interna
A pesar de que la Municipalidad de Belén ha estado al tanto de estas actividades desde al menos el año 2020, según lo documentado en el Memorando DTO-151-2020, emitido por la Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano, no ha tomado las acciones necesarias para detener las construcciones ilegales en la zona. En dicho documento se detallan diversas obras realizadas sin permisos de construcción y la omisión por parte de las autoridades municipales detener dichas actividades.
2.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.
Más grave aún, en el año 2022 la Auditoria Interna municipal ya había emitido una advertencia en donde declaraba que la Administración municipal de Belén ‘’denota un accionar pasivo ante la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha transcurrido, desde la situación presentada, en el 2012’’.
Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén en su informe AAI-010-2021 ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL, ante la gran cantidad de pendientes que viene arrastrando Pedregal y la clara omisión de la Administración para poner a la empresa a derecho.
En su conclusión 12, la Auditoría interna de hecho señala que ‘’en general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente’’.
SENARA confirmó la inviabilidad de legalizar construcciones ilegales
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante un dictamen técnico emitido en junio de 2022, determinó que en la zona de extrema vulnerabilidad no se deben permitir actividades que generen vertidos de sustancias contaminantes que puedan alterar negativamente la calidad del agua subterránea. Este dictamen, basado en estudios hidrogeológicos, refuerza la prohibición de legalizar construcciones ilegales en estas áreas protegidas.
De acuerdo con el estudio elaborado y aprobado por el SENARA denominado “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el método Drastic para el cantón de Belén” (2016), la fuente Zamora-AyA y los componentes del proyecto Patio de Operaciones, se ubican en la zona de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con SENARA (2016), debido a las condiciones de destape y exposición del acuífero Colima Superior, esta área es altamente susceptible a la contaminación.
Belén, Costa Rica, 9 de setiembre del 2024
3.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:
Ordenar al Regente Ambiental ampliar su informe del 20 de febrero de 2024 sobre la presunta erosión del material de relleno utilizado en el proyecto, teniendo en cuenta las fotografías aportadas.
Realizar un estudio sedimentológico integral e independiente de la situación, aplicando el principio precautorio.
Exigen saber por qué la empresa APMT no ha realizado los dragados y movimientos de sedimento acumulado en la costa de Moín como estaba comprometida, causando daños ambientales.
Solicitan respuestas claras a sus preguntas y preocupaciones, apelando al derecho a un medio ambiente sano. De no recibir la información, amenazan con acciones legales.
La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.
Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.
Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, escribe una carta al Ministro de Ambiente y Energía para denunciar irregularidades relacionadas con una certificación emitida por el Ingeniero Edwin Cyrus Cyrus, la cual es responsable de daños de difícil o imposible reparación dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el litoral del cantón de Talamanca. Los puntos principales son:
La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, emitida por Edwin Cyrus Cyrus, se utilizó como base para aprobar más de 800 permisos de construcción dentro de la zona protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca. Claramente se contradice un informe oficial que señala irregularidades en la zona.
La certificación no cumple con los requisitos de la Convención Ramsar sobre humedales, ya que esta no viene del Comité Nacional de Humedales (Órgano encargado de implementar dicha convención) por lo que es nula.
Marco Levy Virgo solicita al Ministro que declare nula la certificación de Edwin Cyrus Cyrus, actualice los informes oficiales, evalúe los daños ambientales y realice una auditoría independiente. Pide que se protejan los humedales, bosques y ecosistemas vulnerables de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Costa Rica.
Puede consultar el documento adjunto donde se detalla la gestión.
