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Etiqueta: daño ambiental

Gentrificación y exclusión: Una lucha que no podemos ignorar

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.

Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.

Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Para escuchar el audio, ingrese en este enlace.

GALERÍA

Nueva matanza de peces en Batán de Limón

Comunicado de Bloque Verde

Ayer se registró un nuevo incidente de envenenamiento en la Laguna Santa Marta y la Laguna Madre de Dios, en el río Pacuare, en Batán, Limón. Este suceso ocurre apenas quince días después de la anterior muerte masiva de peces (Bloqueverde, 17-10-24).

Vecinos reportaron la muerte de cientos de peces y otras especies. Según los testimonios, las plantaciones bananeras aplicaron nematicidas durante las lluvias, ignorando el impacto que esto tiene en el ecosistema, ya que es más fácil que el veneno llegue al río cercano.

Autoridades del OIJ y del Guardacostas se presentaron para recoger la denuncia y tomar muestras de los peces muertos.

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) ha estado monitoreando estas contaminaciones a través desde 2003 en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en los cuerpos de agua que alimentan estas lagunas, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas son arrastrados por escorrentía hasta los afluentes y, eventualmente, llegan a la laguna.

Por ejemplo, en enero de 2003, murieron miles de organismos acuáticos, incluidos peces juveniles y adultos de hasta un metro de largo, como anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También fallecieron crustáceos, entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue probablemente el derrame de un plaguicida de un tanque en el aeropuerto de Batán (IRET, 2004).

En ese histórico evento, se encontraron peces muertos a lo largo de 15 kilómetros. A raíz de este caso, la multinacional bananera Standard Fruit Co. llegó a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo, donde fue «absuelta» de responsabilidad a cambio de comprometerse a pagar ocho mil dólares anuales durante cinco años. Este dinero, en teoría, se destinaría a repoblar el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una evaluación económica del daño ambiental, preparada para el tribunal, estimó que el tiempo para recuperar el estado de conservación inicial sería de cinco años para la actividad pesquera y de cuatro años para la actividad turística. ( ver estudio).

Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” del IRET UNA identificó una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas se encuentran epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diurón, diazinón y difeconazol.

Tras un monitoreo realizado entre 2016 y 2018, los investigadores encontraron la presencia de más de 20 plaguicidas en las aguas de la laguna, que recibe afluentes de los ríos Madre de Dios, Pacuare y del canal de Batán. La contaminación de estas aguas provoca efectos negativos en el ecosistema, como eventos de mortalidad masiva de peces.

Las comunidades más cercanas a la Laguna Madre de Dios albergan alrededor de 100 familias dedicadas a la actividad turística, la pesca y la producción de coco.

Fotos y videos de Julio Knight y Evelyn Casasola (Pacuare): https://drive.google.com/drive/folders/1BbSHQg0QN10NVRDfWpHsEK5qE2-H87e4?usp=sharing

Nuestro oro nos llama a actuar

Freddy Pacheco León

Que se están robando el oro de los costarricenses, allá cerca de la frontera norte, es cierto. Que el daño ambiental iniciado hace más de una década, es, no solo una irreversible triste realidad, es igualmente cierto. Que hay muchas personas honestamente interesadas, en detener el saqueo y la destrucción, ambos provocados por los ladrones, que actúan impunemente en esa zona remota, es evidente. Que algunos han visto en los señores diputados, una esperanza de solución, aunque ésta nos luce innecesaria como tarea legislativa, es igualmente verdad. Que existe una prohibición expresa en el Código de Minería, que impide otorgar concesiones a mineras privadas, para aprovechamiento de la riqueza aurífera, con la técnica de cielo abierto, es bien conocido. Que, posiblemente, sin esa barrera legal, hace unos años ya habríamos visto, cómo empresas extranjeras habrían iniciado la extracción de esa riqueza, para su propio beneficio, es innegable.

Ante ello, hace unos ocho años, hemos compartido con diversos grupos y personas, la propuesta de aprovechar en una década, alrededor de US$2.300 millones, del oro nacional, localizado en el yacimiento de Crucitas, para beneficio de la Caja Costarricense del Seguro Social, específicamente, para la atención sanitaria de los Ciudadanos de Oro, que hoy lamentablemente, la Caja, por su situación financiera, no puede atender, como lo merecen. Abuelitos y abuelitas, que por el problema demográfico que estamos viviendo en Costa Rica, ya hoy ocupan más del 65 % de los espacios de atención, en hospitales y clínicas, si es que logran superar las inhumanas listas de espera. Ancianos que van aumentando aceleradamente en números, y que, requieren de una acción efectiva, dirigida a su atención en todo el país, de Osa a Barra del Colorado, de Nicoya a Talamanca, de Puriscal a Pococí, de San Carlos a Cartago, de San José a Liberia. En fin, por todo el territorio nacional, a partir de una visión solidaria, muy costarricense.

Oro que propiciaría, si nos lo proponemos, la estructuración de un sistema hospitalario, integral, que se iría desarrollando gracias a la participación de profesionales médicos, planificadores, sociólogos, demógrafos, ingenieros, arquitectos, ¡que existen en el país!, y que se encargarían del diseño de hospitales geriátricos regionales, vinculados en algunos casos a los existentes, para ir atendiendo la demanda de esa venerable población de compatriotas. Asimismo, en lo posible, los más de un millar de Ebais, que brindan su fundamental atención primaria en tantas comunidades, tendrían áreas nuevas, dedicadas a atención geriátrica. Asimismo, se piensa que quizá sería necesario, un hospital de especialidades médicas, como soporte deseable, según lo determinen los profesionales que se involucrarían en este proyecto país. Propuesta que, como consecuencia, liberaría la presión sobre las listas de espera, que tanto dolor, causan a los pacientes que son incluidas en ellas, ante la falta de recursos humanos y financieros.

Para su identidad, hemos propuesto que ese sistema hospitalario sea conocido como Hospital del Oro.

¡Claro que entendemos algunas reacciones, en contra de la explotación del yacimiento de oro en Crucitas!, principalmente al recordar lo sucedido, con el manejo indebido, que provocara el gran conflicto que nos movilizó a tantos compatriotas, hace más de diez años, y que desembocara en la prohibición legal, a otorgar concesiones para su explotación. Concesiones que el Estado, como tal, no tendría que solicitar, por tratarse de bienes demaniales, a disposición de sí mismo, de interés público.

Superada la página del conflicto, nuestra propuesta, no solo tiene otra motivación, sino que es diametralmente opuesta. La misma, 1. Mantiene la prohibición, existente a otorgar concesiones a empresas privadas. 2. Es el único yacimiento bien explorado, existente en Costa Rica, y que estaba a punto de iniciar los trabajos para explotarlo. 3. Industrias Infinito (canadiense) esperaba extraer de la roca, tres toneladas de oro, al año, como mina comparativamente pequeña, que es. En otros países, como México, Perú, Chile, Brasil, República Dominicana, se extraen más de cien toneladas anualmente. En el caso particular del vecino Nicaragua, los concesionarios, administran áreas, como es el caso de una sola concesión, cercanas al tamaño de Guanacaste, por lo cual dicha nación, ya se acerca a la exportación anual de oro, igual a US$1.000 millones. 4. En Costa Rica estamos hablando, de un área ambientalmente destrozada, donde no hay biodiversidad alguna que proteger, de menos de 1 km², de los 51.100 km² del país. Y, además, situado en una zona fronteriza remota, tan alejada, tan fuera de la vista de habitantes y visitantes, que, resulta, que hay menos distancia de la sede municipal de San Carlos, a la ciudad de San José, que, de allí, al sitio del yacimiento. 5. Como la mina es conocida, explorada al detalle desde hace años, el oro de la delgada capa superior está siendo robado, mientras otros se frotan las manos, esperando pasar a la siguiente etapa, que sería la de hacerse de ese oro, para su propio y egoísta beneficio, si se elimina del Código de Minería, la prohibición que hoy se los impide. 6. Es, muy clara la alternativa, entre dejar que extranjeros, y sus socios locales, nos arrebaten esa riqueza mineral, o aprovecharla para reforzar, significativamente, las finanzas de la Caja, que, por razones conocidas, renquea en la prestación de sus vitales servicios, precisamente, por la creciente deuda, sin aparente solución, del Poder Ejecutivo con ella. 7. Pensar, siquiera, que esa riqueza mineral, debidamente localizada, jamás va a ser extraída industrialmente, y que se va a mantener intocable, en ese pedacito del país, como pieza de museo, o como parte de un “monumento natural”, es un sueño. El potencial como “atractivo turístico”, de cualquier tipo, o de “investigación científica”, que se dice podría tener ese alejado sitio, es insustentable. El dilema, sencillo, en resumen, es que sea en beneficio de Costa Rica, o de empresarios privados, como únicos ganadores. 8. Por otro lado, la imagen ambientalista de la nación, no tendría por qué, verse afectada, pues el país mantendría el prestigioso sendero, donde ni la minería metálica a cielo abierto, ¡ni la explotación petrolera!, serían parte de su modelo de desarrollo. El aprovechamiento del oro del yacimiento de Crucitas, con sus particularidades únicas, y los muy loables objetivos anotados, sería solo una razonable excepción, en vista de las circunstancias especiales, si lo hace el Estado y con los fines como los propuestos. No existe en el mundo, algo similar.

Además de los puntos enumerados, finalmente hemos de anotar, que el costoso asunto de la delincuencia, que en Crucitas goza de un reino, se acabaría desde el instante en que los primeros funcionarios del Estado ingresen, con las debidas medidas de seguridad, a ejecutar las primeras acciones conducentes a la explotación del oro, que allí se realizaría. Es un asunto de lógica elemental.

29.10.2024

Tribunales investigan crímenes ambientales por invasión en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica de Belén

1.Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Entre los investigados se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén, y Grupo Pedregal.

Comunicado

FECON. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos crímenes ambientales cometidos en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén. La demanda, presentada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y ciudadanos afectados, denuncia la violación de diversas leyes ambientales y regulaciones que protegen los mantos acuíferos esenciales para el abastecimiento de agua de la Gran Área Metropolitana.

La investigación se centra en las actividades ilegales realizadas en áreas de protección absoluta, que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas en la provincia de San José. Entre los principales señalados en la demanda se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén y el Grupo Pedregal, este último involucrado en construcciones no autorizadas en terrenos que deben ser preservados para garantizar la calidad del agua subterránea.

Inacción de la Municipalidad de Belén fue corroborada por la Auditoria Interna

A pesar de que la Municipalidad de Belén ha estado al tanto de estas actividades desde al menos el año 2020, según lo documentado en el Memorando DTO-151-2020, emitido por la Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano, no ha tomado las acciones necesarias para detener las construcciones ilegales en la zona. En dicho documento se detallan diversas obras realizadas sin permisos de construcción y la omisión por parte de las autoridades municipales detener dichas actividades​.

2.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Más grave aún, en el año 2022 la Auditoria Interna municipal ya había emitido una advertencia en donde declaraba que la Administración municipal de Belén ‘’denota un accionar pasivo ante la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha transcurrido, desde la situación presentada, en el 2012’’.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén en su informe AAI-010-2021 ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL, ante la gran cantidad de pendientes que viene arrastrando Pedregal y la clara omisión de la Administración para poner a la empresa a derecho.

En su conclusión 12, la Auditoría interna de hecho señala que ‘’en general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente’’.

SENARA confirmó la inviabilidad de legalizar construcciones ilegales

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante un dictamen técnico emitido en junio de 2022, determinó que en la zona de extrema vulnerabilidad no se deben permitir actividades que generen vertidos de sustancias contaminantes que puedan alterar negativamente la calidad del agua subterránea. Este dictamen, basado en estudios hidrogeológicos, refuerza la prohibición de legalizar construcciones ilegales en estas áreas protegidas.

De acuerdo con el estudio elaborado y aprobado por el SENARA denominado “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el método Drastic para el cantón de Belén” (2016), la fuente Zamora-AyA y los componentes del proyecto Patio de Operaciones, se ubican en la zona de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con SENARA (2016), debido a las condiciones de destape y exposición del acuífero Colima Superior, esta área es altamente susceptible a la contaminación.

Belén, Costa Rica, 9 de setiembre del 2024

3.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Asociación ecologista solicita informe con base en fotografías georeferenciadas sobre Terminal de Contenedores de Moín

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita información y acciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Consejo Nacional de Concesiones en relación con el proyecto Terminal de Contenedores Moín. Piden lo siguiente:

  • Ordenar al Regente Ambiental ampliar su informe del 20 de febrero de 2024 sobre la presunta erosión del material de relleno utilizado en el proyecto, teniendo en cuenta las fotografías aportadas.
  • Realizar un estudio sedimentológico integral e independiente de la situación, aplicando el principio precautorio. 
  • Exigen saber por qué la empresa APMT no ha realizado los dragados y movimientos de sedimento acumulado en la costa de Moín como estaba comprometida, causando daños ambientales.
  • Solicitan respuestas claras a sus preguntas y preocupaciones, apelando al derecho a un medio ambiente sano. De no recibir la información, amenazan con acciones legales.

La Asociación, presidida por Marco Levy Virgo, denuncia la presunta erosión de materiales de relleno en el proyecto y acumulación de sedimentos en la playa de Moín, exigiendo mayor información, estudios independientes y acciones concretas por parte de las autoridades y la empresa concesionaria para corregir la situación y sus daños ambientales.

Se adjunta los documentos de referencia con los detalles del proceso.

 

Imagen ilustrativa.

Crisis ambiental: revelaciones sobre certificación en zonas protegidas de Talamanca

Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, escribe una carta al Ministro de Ambiente y Energía para denunciar irregularidades relacionadas con una certificación emitida por el Ingeniero Edwin Cyrus Cyrus, la cual es responsable de daños de difícil o imposible reparación dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y el litoral del cantón de Talamanca. Los puntos principales son:

  • La certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017, emitida por Edwin Cyrus Cyrus, se utilizó como base para aprobar más de 800 permisos de construcción dentro de la zona protegida Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca.  Claramente se contradice un informe oficial que señala irregularidades en la zona.
  • La certificación no cumple con los requisitos de la Convención Ramsar sobre humedales, ya que esta no viene del Comité Nacional de Humedales (Órgano encargado de implementar dicha convención) por lo que es nula.

Marco Levy Virgo solicita al Ministro que declare nula la certificación de Edwin Cyrus Cyrus, actualice los informes oficiales, evalúe los daños ambientales y realice una auditoría independiente. Pide que se protejan los humedales, bosques y ecosistemas vulnerables de acuerdo con los tratados internacionales firmados por Costa Rica.

Puede consultar el documento adjunto donde se detalla la gestión.

Si hay contaminantes en el agua hay contaminadores – ¿Quiénes son y dónde están?

Juan Francisco Campos

Lo más turbulento de la reciente emergencia por contaminación comprobada del agua de consumo humano para poblaciones costarricenses1, parece que se ha minimizado. Sin embargo y en el mejor de los casos, hay evidencias2,3 para sospechar que la gravedad de la misma se mantiene o hasta tiende a aumentar; si esta dualidad de afectación permanece al menos en un acueducto comunitario del país y en las instituciones públicas, se continúan instalando autoridades sin idoneidad comprobada. Paradójicamente, respecto a este último detalle, se observa que, una vez más el gobierno Chaves Robles aparentemente cae en desaciertos, pues destituyó al jerarca de mayor abolengo y amplio currículum4 que había en su equipo gubernamental.  Ya que, ante los hechos, genera dudas si en realidad el ciudadano estadounidense-costarricense Luis Alejandro Guillén Guardia, pecó al inicio de la emergencia con haber llamado a la calma y citar públicamente posibles contaminantes por vertido de hidrocarburos5. Sin embargo, de su agraviada salida, casi nadie ha dicho algo, ni los afectados directos por las calidades del agua suministrada o el mismo señor Guillén. Cabe especular si se trató de un “desalineado” más, como sucedió por ejemplo con el mismo Rodrigo Chaves y el Ing.  Greivin Villegas6 ante el innombrable presidente anterior.

Además, siendo que, según organismos mundiales, dos preponderantes variables del abastecimiento de agua potable para consumo humano, corresponden a su calidad y cantidad ininterrumpida; es obvio que, no basta con que el agua sea efectivamente potable si el abastecimiento es insuficiente, o viceversa. ¿Cuántas comunidades hasta nuestros días han denunciado afectaciones reales sobre alguna de estas variables o en ambas? Realmente no tenemos ese dato y menos de aquellas otras que, aun conociendo y afrontando al respecto deficiencias, no lo hacen, ya sea por coerción y represión o inclusive amenazas reales de muy diversa índole. Pero de que son numerosas y constantes, sobran pruebas. Obviamente, nadie desconoce que, las consecuencias por denunciar daños ambientales en Costa Rica pueden costar hasta la vida en forma violenta, y si no es así, también por lentos envenenamientos; seguro destino del consumo de agua contaminada, mientras la esperanza por justicia es eterna7,8. Por esto, es válido creer que los detractores del Acuerdo de Escazú, pocas veces como hoy acudirán a pagar indulgencias, ya que, el boyante sicariato también es su principal aliado contra los defensores del ambiente; máximo contribuyente de la violencia extrema que, también exhibe Costa Rica y en general América Latina9.

En concordancia con lo anterior, se ha divulgado acerca de una aparente censura, o infundio según respuesta oficial10, respecto a noticias transmitidas por el canal televisivo del Estado, justamente en el contexto de la emergencia que se cita. Lo que dijo o dejó de decir sobre el tema algún periodista de dicho medio, quizás lo rebele mejor alguna investigación próxima, si se hace al más alto nivel desde el primer poder de la República por intermedio de su Comisión de Ambiente; pues que le compete, no existe duda. Y será muy relevante que, se determine con prontitud si el periodista o los que sean, han actuado como deben; y si es así, tener presente que, estarían cumpliendo también como defensores del ambiente, o por el contrario que, faltaron a su deber. También que, según información técnica expuesta públicamente por parte de actores independientes al gobierno central, ésta no es la primera polémica abierta, pues a pesar de las trascendentes contribuciones de la Universidad de Costa Rica para atender la emergencia, también contra dicha Institución, el gobierno lanzó sus acostumbrados dardos. Es decir que, de igual forma, dichas informaciones generaron por parte del gobierno algunas respuestas irritantes y aparente censura11. Tal vez todavía sea prematuro especular en cuanto a otras acciones similares, y si estas se dan en el mismo contexto, pero algo preocupante también se ha dado a conocer contra funcionarios de AyA y SINART como producto de las llamadas reestructuraciones por parte de sus jerarcas.

Por otra parte, en concordancia con la crítica situación socioambiental de este país, y por ende observar que, la mayoría de autoridades ambientales que desde hace años se instalan en las instituciones públicas, las administran según sus propios intereses, por ejemplo, al derogar los más significativos avances normativos de la evaluación de impacto ambiental mediante D.E. No. 4389812; hemos procurado ir más allá de las divulgaciones nacionales. Y como ya no se duda de la presencia de hidrocarburos, el principal avance en esta situación, ha sido haber identificado entre estos mismos a los Xilenos como “nuevo” contaminante del agua; el cual, resultó en parte coincidente con lo manifestado por el destituido Ing. Guillen. De esta forma, al analizar la problemática con cierto nivel de escepticismo, se infiere que, de publicaciones hasta hoy conocidas, todavía queda mucho por decir, obviamente también hacer; y talvez en el futuro, un 22 de marzo celebrar entonces el “Día Mundial del Agua13”.

Por lo tanto, de lo que acontece con los Xilenos, vale primero acentuar acerca del derecho ciudadano a no permitir o seguir tolerando que, las autoridades a cargo, continúen con la misma atención oficial a otros contaminantes también de comprobada afectación al recurso hídrico; como el arsénico, bromacil, clorotalonil, diurón, paraquat, sulfatos, nitratos, plomo, diclofenaco, mercurio, hidrocarburos, grasas, aceites, otros insumos agrícolas, etc.; al igual que el suministro continuo del agua.  Por consiguiente, es y será siempre relevante valorar que, entre diferentes características y referencias sobre de los Xilenos están14,15,16:

  1. Se trata de hidrocarburos de la familia de los aromáticos, típico compuesto orgánico volátil, el cual, por su poder contaminante, se le describe como sustancia peligrosa, incolora e inflamable.
  2. Es principalmente producido a partir del petróleo, en el cual se encuentra en forma natural al igual que en el alquitrán; además, en los incendios forestales se genera en pequeñas cantidades.
  3. Posee un espectro de uso industrial y comercial muy amplio, pero también, existen referencias de su uso como precursor del mortífero fentanilo para fines del tráfico internacional de drogas.
  4. En pequeñas cantidades se le encuentra en combustible de aviones y en la gasolina.
  5. Puede ser liberado al agua y al suelo a consecuencia del uso, almacenaje y transporte de productos del petróleo.
  6. Así como puede encontrarse en diferentes espacios de trabajo (fábricas y talleres de servicio automotriz, ebanistería y pintura), también en el hogar y en muchos tipos de alimentos a nivel de 1 a 100ppb. Por lo mismo, las personas pueden estar expuestas también a sus efectos acumulativos, al tomar agua e ingerir alimentos contaminados; y/o mediante el contacto con productos como la gasolina, pintura, barniz, lacas, anticorrosivos y hasta humo de cigarrillos.
  7. La mayoría de personas puede empezar a detectar su olor en el aire cuando está en concentraciones de 0.08 a 3.7 partes de xileno por millón de partes de aire (ppm) y 0.53 a 1.1 ppm en el agua.
  8. Las rutas de exposición a personas, las cuales pueden favorecer su potencial tóxico de ingreso al organismo, son por las vías digestiva, respiratoria y cutánea.
  9. Para el territorio estadounidense, la EPA legalmente ha establecido “…un nivel máximo de 10 ppm (10 mg/L) para xileno en agua suministrada a todo usuario de sistemas de agua públicos”. Por su parte, la OSHA, tiene regulado que “…El nivel máximo de xileno en el aire del trabajo no debe exceder 100 ppm (435 mg/m3) durante una jornada de 8 horas diarias, 40 horas semanales”.
  10. Acerca de la carcinogenicidad producto de la inhalación, “Existen algunos datos positivos, pero todavía no son suficientes para la clasificación”; además, según ficha de datos de seguridad, tiene una clasificación H 304, cuya declaración de peligro indica: «Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vías respiratorias«.

Así que, como bien lo han divulgado algunos medios, no estamos en presencia de un contaminante del cual basta con referir que es hidrocarburo, como ya acostumbraban las autoridades durante situaciones similares; quizás por ello, la rabieta ministerial cuando se hizo público por vez primera el nombre específico de Xileno. Un contexto donde ha sido muy atinado el reclamo de la Defensoría de los Habitantes17, así como los llamamientos del Colegio de Químicos18, la iniciativa de la Fiscalía Ambiental19 y denuncia de la ANEP20. En mucho, esas gestiones deberán contribuir, y se espera que sea muy pronto; pero sobre todo que concluyan en sentar las responsabilidades correspondientes, sin excluir la reparación de daños especialmente humanos, aunque para muchos ya es demasiado tarde.

Al plantear la necesidad de establecer responsabilidades, se tiene claro que, no bastará con identificar culpables, sino también que, les sea aplicado el peso de la ley empezando por casa o a la vez. Pues si las instituciones ideales se crearon y todavía existen (Ej.: Ministerio de Salud Pública, AyA, Dirección de Agua, SETENA); es para que cumplan a cabalidad las funciones que la ley les dictó y no para que, por acción u omisión las manejen a su arbitrio. Existen otros antecedentes que, no pueden pasar desapercibidos ante emergencias como esta, y las obvias amenazas reales de la creciente cantidad y volumen de sustancias peligrosas que se emplean; sobre las cuales, organismos internacionales y otros gobiernos, toman decisiones en cuanto actualizar y promover nuevas regulaciones integrales de conformidad con los avances científicos y técnicos. Mientras en Costa Rica, al mismo tiempo que cada año se registran mayores volúmenes en la importación de los Xilenos21, se actúa al revés. Por ejemplo, empezando con un aparente ocultamiento de la realidad, flexibilización y derogación de requisitos técnicos y legales (“trajes a la medida…”)22,23, nombramiento de funcionarios no idóneos, desfinanciamiento de órganos técnicos, y hasta insistencia en desacreditar a las Universidades públicas.

Y “para muestra un botón”; acerca del nuevo jerarca de AyA Juan Manuel Quesada Espinoza, está dicho y hecho que, de la noche a la mañana le aplicaron movilidad funcional para que, de estar al frente de los hidrocarburos (potenciales contaminantes), pasara a la rectoría del agua potable y el saneamiento; potabilidad justamente afectada con dichos materiales. Ha dicho que en RECOPE perseguía delincuentes y ahora, en AyA perseguirá corruptos; no menciona cómo los distingue. Como recurriendo a esa experiencia, declara que en la nueva institución la cual valora de inmadura, no le temblará su mano al interior de la misma contra los integrantes de la “red de cuido” quienes la mantienen en su “peor crisis”. También que encuentra una institución con “más de una década de retroceso”, es decir, implícitamente le suma dos años de su gobierno. Muy bien parece que no sabe o no mide lo que dice y se autocalifica como de “mano dura”. Sin duda alguna, ignora el señor Quesada que, “las políticas de mano dura”, dejan de lado todo el espectro de derechos humanos”, pues los perseguidos son considerados enemigos a los que no debe reconocerse derecho alguno24. Lo que ha sucedido en los Hatillos, no es mera casualidad. De seguro que se siente más firme por la detención policial y procesamiento de quienes han reclamado el desabastecimiento de agua en sus hogares, aunque pagan por ella. Que tal vez nos explique la Corte IHD el nivel de gravedad de esta violación de derechos humanos.

Pero algo más, al sumar ya casi dos meses en el cargo por parte del Ing. Quesada, con sus amenazas y promesas retóricas pero sin soluciones efectivas ni a lo más urgente, lo que mejor ha mostrado, es tener cabeza gacha ante los amos empresariales como el presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, quien delante del mismo jerarca, algo así como sustituyendo su función, ha informado al país que “eliminaron obstáculos al desarrollo” (cuellos de botella) para garantizar agua a miles de proyectos inmobiliarios25,26. El mismo guion también cumplido con la SETENA. De tal manera que, como parafraseando a la ingeniera F. Kikut27: “hay algo muy oscuro en el agua” y en las cabezas de las instituciones de Costa Rica. Esa es la emergencia que le asignaron atender. Ojalá, una vez termine su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, se demande su destitución y procesamiento inmediato.

Referencias

  1. https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/61-noticias-2024/1769-ministerio-de-salud-confirma-contaminacion-por-hidrocarburos
  2. https://www.crhoy.com/nacionales/aya-pide-a-vecinos-de-desamparados-no-utilizar-agua-para-nada-tiene-olores-extranos
  3. https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/514262/hidrocarburos-da-an-tanques-del-aya
  4. https://www.ayajd.com › documentos › currículos
  5. https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-destituye-a-presidente-del-aya-despues-de-cuestionado-manejo-en-emergencia-del-agua-contaminada/
  6. https://ameliarueda.com/nota/no-estaba-alineado-dice-alvarado-expresidente-japdeva
  7. https://www.grain.org/media/W1siZiIsIjIwMTUvMDUvMDUvMTBfNDdfMTNfMjQ3XzA2Q29tdW5pZGFkZXNfZnVtaWdhZGFzX2VuX0Nvc3RhX1JpY2FfYWN1c2FuX2FsX0VzdGFkb195X3RyYW5zbmFjaW9uYWxlc19hbnRlX2xhX0NvbWlzaV9uX0ludGVyYW1lcmljYW5hX2RlX0RlcmVjaG9zX0h1bWFub3MucGRmIl1d
  8. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2010/06/11/contaminacion-amenaza-recurso-hidrico-de-costa-rica.html
  9. https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/
  10. https://www.sinartdigital.com/comunicados/item/presidencia-nunca-reprendio-ni-llamo-la-atencion-al-sinart
  11. https://observador.cr/ministra-de-salud-confiesa-haber-liberado-audio-que-envio-a-rector-de-ucr-en-el-marco-de-la-crisis-del-agua/
  12. https://surcosdigital.com/costa-rica-manchada-y-en-estado-de-emergencia-no-oficial/
  13. https://www.un.org/es/observances/water-day
  14. https://www.cso.go.cr/temas_de_interes/seguridad/enciclopedia/104-07.pdf
  15. https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs71.html
  16. https://www.atsdr.cdc.gov/es/index.html
  17. https://delfino.cr/2024/01/defensoria-pide-investigar-manejo-de-emergencia-por-agua-contaminada-con-hidrocarburos
  18. https://observador.cr/colegio-de-quimicos-pide-que-se-modifique-reglamento-para-la-calidad-del-agua-potable-en-costa-rica/
  19. https://semanariouniversidad.com/pais/fiscalia-ambiental-abre-investigacion-penal-para-indagar-contaminacion-del-agua-con-xileno/
  20. https://anep.cr/anep-presenta-denuncia-penal-contra-director-de-plantas-potabilizadoras-del-gam-por-posible-incumplimiento-de-deberes-ante-contaminacion-del-agua/
  21. https://delfino.cr/2024/02/instituto-costarricense-sobre-drogas-el-xileno-no-es-precursor-del-fentanilo
  22. https://observador.cr/icd-relajo-controles-al-xileno-en-diciembre-en-enero-llego-crisis-de-agua-contaminada/
  23. https://www.aya.go.cr/Noticias/Noticias.aspx
  24. https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/article/view/16759/17325
  25. https://semanariouniversidad.com/pais/aya-y-camara-de-la-construccion-anuncian-reforma-a-reglamento-que-garantiza-agua-a-desarrollos-inmobiliarios/
  26. https://www.aya.go.cr/Noticias/Noticias.aspx
  27. https://delfino.cr/2024/02/agua-turbia

Imagen ilustrativa, UCR.

Hace ocho años, Costa Rica puso en su lugar a Daniel Ortega

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Por medios civilizados, acudiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Tribunal de la ONU en La Haya, Países Bajos, se ordenó a los invasores comandados por Edén Pastora (+), salir de la limonense isla Calero, y pagar por los daños causados al humedal tico.

– Recordemos:

Sabíamos que las 300 ha de isla Portillo, invadidas por el soldado Pastora y sus hombres, eran costarricenses. Pero Nicaragua decía y defendió lo contrario. Cuando la Corte declaró que isla Portillo (parte de isla Calero) era nuestra, el titular en La Prensa de Nicaragua resaltó que Nicaragua había PERDIDO isla Portillo, y que lamentablemente la laguna «Harbour Head» había quedado enclavada en territorio costarricense, por lo cual, para llegar a sus aguas (como es más factible por mar) las embarcaciones nicas han de pedir autorización a Costa Rica, para navegar por mar territorial costarricense.

Además, aunque Pastora decía lo contrario (no se podía esperar mucho de él) la CIJ condenó a Nicaragua por la apertura de los caños artificiales y POR EL DAÑO AMBIENTAL provocado sobre el humedal Ramsar. Y muy importante, A INDEMNIZAR A COSTA RICA por ese daño ambiental. Pago que hubo de cumplirse dentro de los siguientes 12 meses. No es correcto haber dicho (como Pastora y algunos por aquí lo afirmaron) que no se hubiese condenado a Nicaragua por ese daño al ecosistema costarricense.

– En cuanto a la trocha fronteriza en territorio tico, la Corte reafirmó lo determinado años antes, al rechazar las medidas cautelares solicitadas por los súbditos del sátrapa Ortega, puesto que Nicaragua NO pudo demostrar el alegado daño causado a la navegabilidad del río San Juan, entre otros, porque los jueces dieron por buenos los estudios hechos por profesionales del ICE, principalmente, que cuantificaron un aumento insignificante en los sedimentos, de entre un 1 y un 2%. Sí expresaron los magistrados, correctamente, que existía RIESGO ambiental con la construcción de la carretera y que, por tanto, debió de haberse presentado un estudio de impacto ambiental previo. Sobre esto, el fallo fortaleció la normativa ambiental de ambas naciones, pues Ortega se había negado a entregar estudios sobre el fallido proyecto hidroeléctrico Brito… que hubiera secado el río San Juan en un gran trecho, y el también fallido proyecto de un gigantesco canal interoceánico. Ahora las reglas son otras, para ambas naciones.

Fue interesante el que No se diera la llamada sentencia «salomónica», que algunos dijeron que se daría (otro error de algunos analistas ticos). Lo cierto es que el fallo fue contundente a favor de Costa Rica y demostró que el equipo profesional costarricense era de la mayor calidad, con la incorporación de expertos extranjeros que siempre nos dieron confianza y que, como se demostró, siempre caminaron por buenos caminos. Los especialistas nacionales (encabezados por don Édgar Ugalde, don Arnoldo Brenes, don Sergio Ugalde…) con su trabajo calificado y gran dedicación, nos dieron una gran alegría a la mayoría de los costarricenses, destacándose asimismo en la parte diplomática, el canciller Enrique Castillo. Vencieron, y vencieron bien, frente a un equipo nicaragüense que, algunos dijeron, era altamente calificado, con expertos reconocidos, que incluso habían «humillado a Colombia» (algo que no es cierto) y que seguramente se lucirían frente al equipo costarricense. Bueno, ¡qué bueno!, que por aquí también se equivocaron.

Costa Rica recuperó su integridad y soberanía territorial en un área que mide más de CUATRO VECES lo que mide el parque metropolitano La Sabana, aunque, como es lógico, se ve como un pequeño punto en los mapas a escala 1:50.000 del IGN.

Lo celebramos entonces y lo seguimos celebrando, y más cuando pensamos en cómo nos sentiríamos los compatriotas en el hipotético caso de que la sentencia hubiere sido a favor de Nicaragua, y hubiéramos perdido (nosotros sí) ese rico humedal costarricense, que por un momento estuvo usurpado por la bota militar de soldados al mando del sátrapa Daniel Ortega.

Campaña para no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio

Una campaña de firmas iniciada por la Fundación Corcovado propone “no permitir la construcción de una torre de condominios en el bosque de Manuel Antonio”.

El texto explica:

El bosque en el área de Manuel Antonio es un ecosistema altamente frágil que sustenta una diversa gama de flora y fauna. Es el hogar de varias especies en peligro de extinción, incluido el mono ardilla centroamericano y la lapa roja. Sin embargo, este bosque ahora está amenazado debido a la construcción propuesta de una torre de condominios de 16 pisos y 70 unidades.

Esta torre de condominios destruirá una porción significativa de este hermoso bosque y alterará su equilibrio natural. El tamaño de la construcción perturbará significativamente la belleza escénica de Manuel Antonio. Las vistas panorámicas de Manuel Antonio han hecho de este destino un ícono turístico y uno de los paisajes más hermosos del mundo.

El proceso de construcción por sí solo causará un daño inmenso al ecosistema, incluida la erosión del suelo y la destrucción del hábitat de muchos animales. Además, este desarrollo tendrá graves consecuencias para las comunidades locales que dependen del ecoturismo como su principal fuente de ingresos. La pérdida de un atractivo natural tan importante conducirá al declive económico y la pérdida de puestos de trabajo en la región.

Por eso, instamos a todos los ciudadanos preocupados a que firmen esta petición y exijamos que las autoridades tomen medidas inmediatas para detener este proyecto destructivo. Debemos proteger nuestro medio ambiente para las generaciones futuras y preservar nuestro patrimonio natural.

Puede unirse a la campaña con su firma mediante este enlace.

ANEP y Grupo Ecologista Kañík presentan acción de inconstitucionalidad contra reglamento que elimina controles ambientales

  • Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.

La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.

Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.   

El reglamento, que empezaría a regir este agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.

No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles  y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.

El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores, incluida la que aún está vigente. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.

Este reglamento, a punto de empezar a regir, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.

Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.

Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.

Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.

Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.

Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.

En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.

En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.

Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.

El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.

Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.

Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.

Le invitamos a ver el video con la exposición.