Montezuma, Puntarenas. “Queremos saber quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza”. Con estas palabras, la vecina de Cóbano Rebeca Montero expresó la preocupación de habitantes de la zona ante las intervenciones que, según denuncian, se han realizado en las cercanías de la cascada y el río Montezuma.
En un video difundido por la comunidad, Montero señala la tala de árboles y la apertura de un espacio frente a la cascada, cuestionando que estas acciones puedan realizarse en una zona ambientalmente sensible.
“Este lugar es un lugar lleno de fauna, de flora y los que estamos viviendo en estos lugares tenemos conciencia de protegerla”, afirma Rebeca, quien además reclama la presencia de las instituciones responsables para verificar en el sitio lo ocurrido y determinar quiénes son responsables.
La preocupación de la comunidad no se limita a la tala ocurrida recientemente. Una denuncia formal presentada ante el Consejo Municipal de Distrito de Cóbano, la Intendencia y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) documenta una serie de hechos que, según los vecinos denunciantes, estarían afectando la integridad del río Montezuma y de su cascada.
La denuncia señala, entre otros hechos, el movimiento de tierra y traslado de material pesado registrado entre agosto y noviembre de 2025; la construcción de gaviones y un relleno sobre la montaña; la posterior caída de rocas hacia las orillas del río y el sendero que conduce a la cascada; y la tala de varias hileras de árboles registrada el 19 de julio de 2026, desde una propiedad hasta la orilla del río.
Los vecinos cuestionan además que, pese a haber informado con anterioridad a autoridades municipales y ambientales sobre algunas de estas situaciones, no habrían recibido una respuesta efectiva. Por ello, solicitan una inspección de campo urgente, acompañada por representantes de la comunidad, así como la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes.
Entre sus peticiones también solicitan que se detengan eventuales actividades destructivas adicionales, que se determine la responsabilidad correspondiente y que se garantice la restauración del ecosistema afectado. Asimismo, piden acceso público a los estudios de impacto ambiental, permisos y viabilidades ambientales que eventualmente respalden las intervenciones realizadas en el sector.
La comunidad advierte que las afectaciones denunciadas no son únicamente paisajísticas. También existe preocupación por la estabilidad del terreno, la posible caída de rocas sobre el sendero y la seguridad de las personas que visitan la cascada.
La denuncia recuerda además que el río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica y que la comunidad obtuvo este reconocimiento por sus esfuerzos de conservación, por lo que considera que las intervenciones denunciadas ponen en riesgo un proceso de protección construido colectivamente durante años.
A esta denuncia se suma el respaldo de las Asociaciones de Desarrollo de Santa Teresa- Mal País y Montezuma, así como de COVIRENA Cabo Blanco – Ario, Bloque Verde, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma que han acompañado el llamado de la comunidad para que las autoridades intervengan y protejan este territorio.
El COVIRENA Cabo Blanco–Ario interpuso ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) la denuncia N.° 37797, por la presunta tala de árboles dentro de la zona de protección del río Montezuma.
La catarata de Montezuma es uno de los lugares más emblemáticos de esta comunidad y un referente para quienes visitan la península de Nicoya. Miles de personas que llegan a sus playas y recorren la zona han pasado por este sitio, convertido en uno de los principales atractivos naturales de Montezuma. Por eso, intervenir y poner en riesgo este ecosistema es, como advierten los vecinos, como destruir la gallina de los huevos de oro: atentar contra la propia riqueza natural que sostiene buena parte de la actividad turística y de la vida comunitaria.
La ciudadanía también puede apoyar
La comunidad de Montezuma mantiene además una petición ciudadana en línea para exigir una respuesta de las autoridades y la protección del río y la cascada.
La petición plantea la necesidad de detener las prácticas que puedan estar provocando daños ambientales, investigar las responsabilidades correspondientes y garantizar la restauración del ecosistema afectado.
Las personas que deseen respaldar esta lucha pueden hacerlo mediante su firma:
Para la comunidad, la defensa del río Montezuma no se reduce a proteger un atractivo turístico. Se trata de defender un ecosistema del que forman parte la biodiversidad, el paisaje y la vida comunitaria.
La pregunta planteada por Rebeca Montero resume la exigencia de quienes hoy piden respuestas: ¿quién se hará responsable del daño a la naturaleza y cuándo actuarán las instituciones?
Vecinos y miembros de la comunidad de Montezuma, agrupados en la Asociación de Desarrollo Integral de Montezuma (ADIM), presentaron formalmente ante el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una denuncia colectiva por presuntos daños ecológicos y destrucción ambiental en una zona sensible del Río Montezuma, en las inmediaciones de la Cascada de Montezuma —una de las principales atracciones turísticas de la zona—, en el punto de coordenadas 9.652761 – 85.071122.
La denuncia, registrada bajo el número SITADA 37797, cuenta con el respaldo del Bloque Verde, organización que hizo un llamado a las instancias administrativas competentes para atender el caso «pronta y cumplidamente», y se suma a otras organizaciones firmantes del documento: la ADI de Malpaís y Santa Teresa, Amigos de los Árboles Delicias de Cóbano y el Observatorio Ciudadanos del Agua – Río Montezuma. Según indicó la ADIM, la denuncia fue acompañada de una copia física con las firmas de 200 vecinos de Montezuma, entregada a la secretaría del Concejo Municipal, así como de material fotográfico, fílmico y documentación sobre uso de suelo y croquis del desarrollo cuestionado.
Los hechos denunciados
El documento detalla tres situaciones ocurridas en la zona:
Movimiento de tierra y relleno con material pesado (agosto-noviembre de 2025). Según relatan, vecinos observaron durante la temporada de lluvias el paso continuo de vagonetas cargadas con lastre, relleno y piedra hacia el final de la calle Linda Vista, con un estimado de 200 vagonetas de material utilizado para construir gaviones y un relleno de gran peso sobre la montaña. Los denunciantes indican que, al consultar al encargado de la propiedad, fueron agredidos verbalmente. Señalan además que no se observa el letrero obligatorio que acredite la aprobación de estudios de viabilidad ambiental para la intervención. Aunque un inspector municipal indicó que no existía daño ambiental y que se contaba con permisos, los denunciantes sostienen que hubo movimientos de tierra no autorizados y un impacto ambiental evidente.
Caída de rocas en la orilla del río y el sendero. Los denunciantes informaron a la Municipalidad sobre la caída de rocas en el sector cercano al sendero que conduce a la cascada, justo debajo de los gaviones construidos, sin haber recibido respuesta.
Tala de árboles en zona de protección del Río Montezuma (19 de julio de 2026). Según el documento, un vecino constató la tala de varias hileras de árboles desde la propiedad en cuestión hasta la orilla del río, para abrir visibilidad. Los denunciantes señalan que los 50 metros contiguos a la orilla del río constituyen una zona de protección inalienable e intransferible según la legislación forestal vigente.
Argumentos y peticiones
La ADIM argumenta que estos hechos han causado un daño paisajístico irreversible en el mirador natural de la cascada, han puesto en peligro la integridad física de personas visitantes ante el riesgo de derrumbes, han generado riesgo de colapso estructural por el peso del relleno colocado, y atentan contra el estatus de conservación del Río Montezuma, reconocido con la Bandera Azul Ecológica en 2024 (entregada en 2025).
La organización solicita a las autoridades tener por interpuesta la denuncia, realizar una inspección de campo urgente con participación de representantes comunitarios, iniciar los procedimientos administrativos para detener cualquier actividad destructiva adicional, exigir la restauración del ecosistema afectado y sancionar a las personas responsables conforme a la Ley de Biodiversidad y la Ley Forestal, y que se ordene la divulgación pública del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que respalde la intervención realizada en la zona.
Lo menos que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es informarse bien. Que mire, que venda ya, que yo se la compro. ¡Nada de eso trajo el barco! O nos informan bien o no vendemos. No es maní, no son meneítos. Son millones de dólares.
Existe una situación de crisis ambiental y social en Crucitas que debe resolverse. Pero esto no puede hacerse a golpe de mazo y tambor, porque puede caerse en los mismos errores que se cometieron hace 20 años, con el consecuente impacto sobre la gente, sobre el medio ambiente. Y sobre el negocio.
Crucitas tiene una historia que usted debe saber. Yo le voy a contar una parte. En sus discursos, el gobierno actual tergiversa esta historia y ha querido hacernos creer que fue un personaje y un partido político en solitario, por capricho y como si fueran magos, quienes se opusieron al proyecto minero y nos metieron en el atolladero en el que estamos ahora. Esto es solamente una parte de la historia. Deme un chance y le cuento el cuento hasta donde investigué. Usted buscará el resto. ¡Ojalá busque bien!
El proyecto minero
En 1993la empresa Industrias Infinito obtuvo un permiso de exploración para el área de Crucitas. La empresa realizó perforaciones y estudios para determinar la existencia y tamaño de potenciales depósitos de oro.
En 1999 presentó ante la Dirección de Geología y Minas una solicitud de concesión minera en un área de 10 kilómetros cuadrados en Cutris, la cual fue otorgada en 2001.
Reacción de los ecologistas y un presidente
La minería a cielo abierto es un negocio “furris” y de gran impacto ecológico. No son túneles, ni tajos como alguna gente cree. Son lagunas y desiertos químicos. Implica eliminar toda la capa boscosa, echar abajo árboles y animales, eliminar la parte orgánica del suelo y hacer excavaciones profundas, extraer toda la roca y triturarla. Hacer grandes lagunas donde el material se mezcla con cianuro para obtener el oro. Todo ello con alto riesgo de secuelas ambientales, de contaminación de acuíferos y otros. Los expertos lo explicarán mejor que yo. Pero lo cierto es que la inminente acción de Industrias Infinito causó enorme oposición en diversos sectores de la sociedad costarricense. Nos dejaban un inmenso impacto ambiental y muy poca ganancia. Solo un 2 % de lo extraído.
En el 2002 grupos ecologistas interponen el primer recurso de amparo contra las operaciones de Industrias Infinito. Paralelamente, el entonces pre-candidato presidencial Abel Pacheco presentó un recurso ante el MINAE. Ya en la presidencia Abel Pacheco estableció por decreto una “moratoria nacional” contra la minería metálica de oro a cielo abierto. Todos los trámites relacionados con el proyecto minero de Infinito Gold debían suspenderse. A pesar de ello, al parecer, el Ministerio de Ambiente, la SETENA, ni la Dirección de Geología y Minas, suspendieron los procedimientos a favor de la empresa minera.
2004 Sala IV anula concesión
En 2004 la Sala Constitucional, declaró «con lugar» un recurso de amparo contra el otorgamiento de la concesión minera por haberse dado sin tener un estudio de impacto ambiental previo. Además, la Sala anuló esa primera concesión “por violentar el derecho a un ambiente sano”.
2005 SETENA otorga viabilidad al proyecto
Ese año, paradójicamente, la SETENA otorgó la viabilidad ambiental al proyecto Crucitas. Tendría un área total de 305,90 hectáreas y un plan de extracción de 21 hectáreas cada año. Industrias Infinito utilizaría un proceso químico por medio de tanques de cianuración. Su pretensión era producir 4000 toneladas diarias de material para extraer 90000 onzas de oro por año. Esto es aproximadamente 3000 kilogramos de oro por año.
2008 Arias Sánchez y su infinito amor
IND. INFINITO encuentra todo el apoyo del gobierno de Oscar Arias. En 2008 el Gobierno Arias ordenó revivir la resolución anteriormente anulada por la Sala Constitucional y otorgar de nuevo la concesión a Industrias Infinito, pese a que todavía estaba vigente la moratoria emitida por Pacheco. Y para evitar dudas de su infinito amor, ese mismo año O. Arias y el ministro de Ambiente Roberto Dobles, derogaron el decreto de moratoria minera emitido por el expresidente Pacheco.
Pero lo más poético estaba por venir, ya que Arias y Dobles firmaron un decreto declarando el proyecto minero Crucitas «de interés público y conveniencia nacional». Ese mismo día, contra toda pretensión ambientalista, se aprobó la corta de árboles en áreas boscosas, áreas de uso agropecuario y de plantaciones, en los terrenos de la empresa minera.
Y como en todas partes se cuecen cariñitos, en 2008, – según informó La Nación- Ronald Mannix, el multimillonario dueño de Industrias Infinito, ofreció un donativo de 250 000 dólares a la Fundación Arias para la Paz del presidente Óscar Arias Sánchez. Años más tarde esto motivó la apertura de una investigación penal. Pero finalmente, el caso fue desestimado. En su momento, toda esta información estuvo en los diarios. Aunque todavía se puede ver en Wikipedia, de donde hemos tomado toda la información de este texto.
La reacción ecologista
Tal y como he manifestado anteriormente, en sus discursos, el actual gobierno chavista tergiversa esta historia y ha querido hacer creer que fue Edgardo Araya y un partido político quienes en solitario y por capricho se opusieron al proyecto minero, pero esto no es cierto. Amplios sectores de la ciudadanía costarricense se unieron para luchar contra Industrias Infinito y el gobierno de Oscar Arias y su afán de arrasar miles de hectáreas de bosque, dejando enormes estanques de cianuro y otros químicos, a cambio de muy poca ganancia para los costarricenses (un 2%). Embarcándonos en un pésimo negocio social ambiental y económico. Fueron meses de marchas, largas caminatas, tiendas de campaña y gente valiente durmiendo frente a Casa Presidencial manifestando su repudio a este pésimo negocio.
En octubre de 2008, el abogado Edgardo Araya, representando a gran cantidad de ciudadanos y grupos ambientalistas, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra Industrias Infinito S.A., la SETENA y el MINAET, solicitando la suspensión de la corta de árboles como medida cautelar, la cual fue acogida por ese tribunal, mismo que ordenó además la no aplicación del decreto de Arias que había declarado «de interés público y conveniencia nacional» el proyecto minero.
De aquí hasta al 2010 hubo un largo estira y encoge donde ambientalistas y sectores populares dieron una férrea y desigual lucha contra la empresa minera ahora unida con el gobierno de los Arias.
La reacción del arismo (sigue el ping pong)
Por increíble que parezca, el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Solidarista de Empleados de Industrias Infinito S.A. (ASOCRUCITAS), todos juntos, acuerparon a la empresa minera Infinito ante los tribunales en contra de las demandas populares y ecologistas, y presentaron oposición a sus argumentos.
2010 tribunal rechaza las pretensiones de Arias e Infinito
En 2010 el tribunal rechazó las pretensiones del gobierno y la empresa minera, ahora unidos. Según los jueces, la resolución auspiciada por Arias, que revivió el permiso de explotación en 2008, era nula, pues todavía estaba vigente el decreto de moratoria emitido por el expresidente Pacheco. El tribunal ofrece muchas razones entre ellas, afectación al recurso hídrico subterráneo, especies silvestres amenazadas y destrucción de caminos. Por si fuera poco, el tribunal rechaza el decreto de Arias y Robles que declaró el proyecto minero «de interés público y conveniencia nacional». Este tribunal determinó que el Poder Ejecutivo no realizó un procedimiento para determinar el balance entre beneficios sociales y costos socioambientales. El decreto de Arias y Dobles presentaba escasez de argumentos, no hizo referencia a documentos, estudios, u otros elementos técnicos que justificaran la conveniencia nacional de la mina.
Tribunal solicita procedimiento penal contra Arias y Dobles
El tribunal condenó a Industrias Infinito, al Estado y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación a la reparación integral de los daños ambientales provocados con la tala de árboles; ordenó al Registro Nacional Minero cancelar la concesión a favor de Industrias Infinito y comunicar la sentencia al MINAE para que iniciara un procedimiento administrativo contra tres de sus funcionarios. Pide comunicar al Ministerio Público para que se determinara si era procedente seguir causa penal en contra de Óscar Arias, Roberto Dobles y otros.
2010 Asamblea Legislativa vota por unanimidad para prohibir la minería a cielo abierto
2015 Finalmente este año Industrias Infinito salió de Crucitas y en noviembre de ese año, el Tribunal Contencioso ordenó que la empresa, el SINAC y el Estado pagaran 6.4 millones de dólares por daño ambiental en un plazo de seis meses. Claro que duele todavía este triunfo de los ambientalistas contra el Gobierno de Arias y la empresa minera.
2014 juicios internacionales
En 2014 Industrias Infinito demandó a Costa Rica ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI) reclamando 400 millones de dólares, por incumplimiento del Estado costarricense. estas y otras demandas de la empresa minera que se siguieron dando hasta el 2025 Dichosamente no prosperaron. Básicamente lo que protegió a Costa Rica fue el decreto de moratoria contra minas a cielo abierto emitida por el presidente Pacheco de la Espriella, lo que impidió a la desarrolladora obtener el permiso de explotación. Esta actitud de Pacheco se dio en concordancia con los movimientos ambientalistas de ese periodo histórico.
2026 algo tenemos que hacer hoy con Crucitas
Crucitas está siendo objeto de la invasión de oreros. Muchos sostienen que este no es un fenómeno espontáneo, sino que ha sido planeado y financiado. Se dice que no son ni artesanales ni espontáneos. Sabemos que hay necesidades de unos e intereses de otros.
Por su parte el gobierno tiene una propuesta en donde el país solo obtendrá un 5% de las ganancias y siguen presentes los riesgos ambientales. La estrategia del Gobierno está acompañada por un mensaje que dice “tienen que tomar esta opción ya, porque esto urge y los que objeten esta propuesta son antipatriotas, comunistas y vagabundos” (Usted conoce la cantinela).
Pero como le dije, lo mínimo que usted hace cuando tiene un negocio entre manos es ir con calma e informarse bien. Espero que estas líneas inconclusas le hayan servido de algo porque a mi me costaron su rato. Sin embargo, hoy tenemos una buena noticia: cinco fracciones en la asamblea se sientan a pensar.
Este 26 de junio nos dicen que las cinco fracciones de la Asamblea se sentarán a dialogar en una mesa de análisis en busca de la mejor opción. ¿Y por qué no? Es la mejor noticia que nos han dado. Cuando se tiene un buen negocio, no se dilapida. Se va despacio, porque precisa.
Usted lo sabe… y yo también.
Imagen: Una mina de oro a cielo abierto. La selva ha sido sustituida por una hermosa laguna de aguas de cianuro. El bus de los turistas se cambió por un tractor triturador y ya no hay lapas. Este gigantesco sacrificio ambiental, si se hiciera, merece una recompensa muy grande y bien pensada para el país y la sociedad costarricense, con visión social y de futuro.
El ambientalista limonense Marco Levy Virgo presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y el Concejo Municipal de Talamanca, en la que acusa una “destrucción sistemática, deliberada, acelerada e irreversible” del Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra de Puerto Viejo, en el Caribe Sur.
La denuncia, identificada como MLV-00164-2026 y fechada el 9 de mayo de 2026, sostiene que desde el año 2005 existe un expediente penal abierto por presuntas afectaciones al humedal, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna. Según el documento, durante más de dos décadas se habría consolidado una urbanización progresiva del ecosistema mediante rellenos, tala, drenajes y construcciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.
Levy Virgo afirma que en los últimos años la situación se ha intensificado y denuncia el ingreso cotidiano de camiones con escombros y materiales de relleno al humedal, así como la utilización de maquinaria para modificar el ecosistema. También cuestiona la actuación de instituciones públicas, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la Municipalidad de Talamanca.
Uno de los principales señalamientos del denunciante es que el informe técnico oficial “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, elaborado por el SINAC en junio de 2021, habría permanecido fuera del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) mientras continuaban otorgándose permisos de construcción dentro del ecosistema.
El estudio técnico citado, elaborado por el Área de Conservación Central del SINAC, concluye que en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca existen 13 polígonos identificados como humedales palustrinos, que abarcan aproximadamente 165 hectáreas, equivalentes al 34% de la superficie total de la ZMT analizada.
En particular, el informe describe la llanura costera Río Carbón–Puerto Viejo como un sector de humedales con más de 42 hectáreas distribuidas en varios polígonos. El documento señala la presencia de suelos hidromórficos, drenaje lento o nulo, riesgo severo de inundación y vegetación hidrófila característica de ecosistemas de humedal.
La investigación técnica también documenta observaciones de campo relacionadas con construcciones, lotificaciones, caminos y rellenos en sectores identificados como humedal. Entre las anotaciones se mencionan “construcción ilegal”, “camino en construcción”, “relleno”, “lotificación” y “construcciones y lotificación en humedal”.
Según el informe del SINAC, estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con el control de inundaciones, filtración y retención de agua, estabilidad costera y conservación de biodiversidad. El documento destaca además la importancia del área para especies de flora y fauna propias de humedales del Caribe Sur, incluyendo yolillo, sangrillo, cativo, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.
En respuesta a una denuncia anterior presentada por Levy Virgo, el Programa Nacional de Humedales del SINAC confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-SE-DE-PNH-0017-2026 que existe una causa penal abierta desde 2005 por presuntas afectaciones al Humedal Río Carbón, expediente que se tramita bajo el número 05-001155-0597-PE.
En dicha respuesta, el SINAC indicó que continuará colaborando con la Fiscalía Ambiental y otras autoridades judiciales mediante peritajes técnicos, inspecciones y aportes de información institucional cuando sean requeridos formalmente. Asimismo, señaló que la información disponible sobre el humedal puede consultarse en el Registro Nacional de Humedales y el visor del SNIT.
En su más reciente denuncia, Levy Virgo solicita medidas cautelares inmediatas para detener toda actividad dentro del humedal, así como la realización de una pericia ambiental integral y georreferenciada por parte del Departamento de Biología Forense del OIJ. También pide investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y coordinar acciones para la recuperación ecológica del ecosistema.
Un nuevo correo de seguimiento enviado a instancias judiciales y ambientales da cuenta de que continúan los daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno, en el sector de Coronado, a pesar de que desde el año 2025 existe una denuncia formal abierta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El mensaje, fechado el 4 de febrero de 2026, corresponde al Expediente N.º 25-007231-0042-PE, relacionado con tala y otras acciones que afectan la cuenca alta del río Durazno, una fuente hídrica que abastece a diversas comunidades del Gran Área Metropolitana y cuya administración corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según lo indicado en el seguimiento, las acciones que afectan la cuenca no solo no han cesado, sino que se han intensificado. Vecinos de la comunidad de Rancho Redondo, quienes tienen una vista directa hacia la zona afectada, señalan que en la propiedad denunciada se han realizado quemas constantes, aplicación de herbicidas, cambio de uso del suelo y presunta introducción de ganado, prácticas que contravienen la legislación ambiental vigente para zonas de protección de cuencas hidrográficas.
Las fotografías que acompañan el nuevo escrito —tomadas el 29 de enero de 2026— documentan lo que se describe como una destrucción sistemática que se ha venido dando durante más de un año, sin que hasta el momento exista una resolución efectiva del caso. El seguimiento subraya que esta situación genera un impacto directo no solo en la zona intervenida, sino también en comunidades aguas abajo, como Rancho Redondo, que forman parte de la misma cuenca hidrográfica.
En el correo se plantea una pregunta central dirigida a las autoridades competentes: qué debe hacerse para que la legislación ambiental sea efectivamente aplicada y para que la persona responsable comprenda que existen límites legales a su actuar. El documento insiste en que la protección de las cuencas hidrográficas es una obligación colectiva y una responsabilidad del Estado, particularmente cuando se trata de fuentes de agua para consumo humano.
Este nuevo envío constituye un seguimiento formal a una denuncia que, según se señala, permanece sin resolución desde hace más de un año, y vuelve a poner en evidencia la preocupación de comunidades y organizaciones ambientalistas por la lentitud institucional frente a daños ambientales que tienen consecuencias directas sobre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.
SURCOS dará seguimiento a este caso conforme se produzcan respuestas o acciones por parte de las autoridades judiciales y ambientales competentes.
La Asociación Conservacionista YISKI volvió a denunciar lo que califica como un arrasamiento indiscriminado de cobertura vegetal en el llamado “derecho de vía” de la Ruta 32, particularmente en tramos cercanos al Parque Nacional Braulio Carrillo, y exigió una evaluación técnica y científica independiente sobre los supuestos riesgos de deslizamiento utilizados para justificar las intervenciones.
Según informó María Elena Fournier, presidenta de YISKI, las fotografías tomadas el 6 de diciembre, entre las 10:36 y las 11:18 de la mañana, evidencian que las labores realizadas no distinguen entre zonas con riesgo real de deslizamiento y áreas donde, a criterio de la organización, no existía justificación técnica para la tala, lo que habría provocado una afectación generalizada del entorno.
Las imágenes —tomadas por N. Landry, con autorización expresa para su publicación— muestran extensos tramos sin cobertura vegetal, lo que, advierten, podría agravar procesos de erosión, afectar la fauna silvestre y comprometer la estabilidad ecológica del área protegida y su zona de influencia.
Falta de respuestas institucionales
De acuerdo con la denuncia, han transcurrido más de catorce días hábiles sin respuesta por parte del despacho del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, a quien señalan como máxima autoridad del ente rector en materia ambiental. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la consulta habría sido trasladada a una dependencia interna sin que, hasta el momento, exista una respuesta formal.
La denunciante cuestiona además la inestabilidad administrativa en el MOPT, con jerarcas en condición interina y constantes cambios, situación que —a su juicio— contribuye al abandono y desorden en la gestión de la red vial nacional, así como a la falta de rendición de cuentas.
Exigen criterios técnicos y fiscalización ambiental
Desde YISKI se insiste en que las intervenciones realizadas bajo el argumento de “derecho de vía” deben estar respaldadas por criterios técnicos y científicos claros, debidamente documentados y sujetos a fiscalización ambiental, en especial cuando se trata de áreas colindantes con parques nacionales y ecosistemas sensibles.
La organización espera pronunciamientos concretos del SINAC–MINAE, del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) y de las autoridades responsables de la infraestructura vial, a fin de determinar quién autoriza, ejecuta y supervisa estas labores, y bajo qué parámetros.
Un conflicto que no es aislado
Esta nueva denuncia se suma a cuestionamientos previos documentados en SURCOS sobre la aplicación del concepto de “derecho de vía” en carreteras nacionales, particularmente en la Ruta 32, donde organizaciones ambientalistas han advertido sobre tala excesiva, ausencia de pasos de fauna y falta de transparencia en los procesos de decisión.
En esos antecedentes se ha señalado que el uso amplio y poco preciso de esta figura puede derivar en daños ambientales irreversibles, especialmente cuando no existe información pública clara ni evaluaciones independientes que sustenten las intervenciones.
YISKI reiteró que se mantendrá vigilante y que continuará recurriendo a los mecanismos legales y administrativos disponibles para defender el patrimonio natural y exigir responsabilidades a las autoridades competentes.
Luego de más de quince años de denuncias, trámites y resoluciones incumplidas, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) resolvió dar con lugar a la denuncia ambiental contra el complejo Hotel RIU en Playa Matapalo, cantón de Carrillo, y ordenó la restauración del manglar y de áreas boscosas afectadas dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
La resolución —dictada en el expediente que se remonta al año 2009— reconoce como hechos probados la eliminación y relleno de ecosistemas de manglar, la alteración de vegetación arbórea y arbustiva, así como la modificación del curso de una quebrada, todo ello en zonas de dominio público y de protección especial.
De acuerdo con lo resuelto, y la información enviada a SURCOS por la AsociaciónConfraternidad Guanacasteca, el Tribunal estableció la responsabilidad solidaria de las empresas vinculadas al proyecto y de su representante, y ordenó eliminar los rellenos, devolver la zona a su estado original y presentar un plan técnico de restauración ecológica, con plazos concretos para su ejecución.
Un caso marcado por dilaciones y sentencias incumplidas
El fallo llega tras un prolongado proceso caracterizado por retrasos, a pesar de que la Sala Constitucional emitió al menos cuatro sentencias ordenando al Tribunal Ambiental dictar resolución definitiva en un plazo razonable, en apego al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.
En resoluciones reiteradas, la Sala advirtió sobre eventuales responsabilidades administrativas e incluso penales por desobediencia, ante el incumplimiento sistemático de lo ordenado. En uno de los episodios más recientes, incluso se dispuso testimoniar piezas al Ministerio Público para valorar la posible comisión del delito de desobediencia.
Las personas denunciantes y organizaciones ambientales han señalado que las dilaciones favorecieron, durante años, la consolidación de los daños ambientales, mientras el proyecto avanzaba y se anunciaban nuevas etapas constructivas en la zona.
Zona pública afectada y ecosistemas vulnerados
La documentación incorporada al expediente, incluyendo el plano oficial de la zona afectada, confirma que los daños ocurrieron dentro de la zona pública de la ZMT, en áreas identificadas como manglar, humedal y protección de cauces, ecosistemas clave para la biodiversidad y la protección costera.
Los hechos probados incluyen la deposición de materiales de relleno, el enterramiento de mojones oficiales y la eliminación de cobertura vegetal, acciones que afectaron directamente funciones ecológicas esenciales y bienes de dominio público.
Vigilancia ciudadana y exigencia de cumplimiento
Organizaciones y personas denunciantes han señalado que, si bien la resolución representa un avance significativo, la verdadera prueba será su cumplimiento efectivo, por lo que han anunciado que se mantendrán vigilantes del proceso de restauración ordenado.
El caso es considerado emblemático por evidenciar las tensiones entre grandes proyectos turísticos, la institucionalidad ambiental y el derecho colectivo a un ambiente sano, así como las debilidades estructurales en la aplicación oportuna de la normativa ambiental.
En Los Chiles, Alajuela, Pobladores de Medio Queso y comunidades vecinas denuncian un deterioro acelerado de la ruta 760 —conocida localmente como la Choritrocha— y de caminos aledaños, atribuido al tránsito constante de maquinaria pesada y al depósito indiscriminado de fruta en descomposición por parte de las fincas Piñas Cultivos de Costa Rica, Piñas Norteñas y TicoFrut.
Según los testimonios recopilados, grandes cantidades de piña descartada se acumulan a la orilla de las carreteras y en lotes contiguos, lo que genera proliferación de moscas y malos olores que afectan la calidad de vida de la población. A esto se suma la presencia de baches profundos y tramos socavados en la vía principal, por donde circulan diariamente autobuses que transportan a estudiantes de primaria y secundaria.
“Donde sea botan la piña y la echan al monte; las moscas ya no se aguantan y el camino está totalmente destruido”, describió una de las vecinas afectadas.
Acuerdos incumplidos
Las comunidades señalan que existían compromisos de reparación vial entre las empresas y la Municipalidad de Los Chiles, pero denuncian que dichos acuerdos no se han ejecutado. Mencionan, en particular, la falta de respuesta de la vicealcaldía y del empresario Rodolfo Salazar, propietario de Piñas Cultivos de Costa Rica.
Ante la inacción, los habitantes intensifican su lucha colectiva y convocan a más localidades de la Zona Norte a exigir el arreglo de las rutas y un manejo responsable de los residuos agrícolas. También buscan el acompañamiento del partido Frente Amplio y de la diputada Priscila Vindas (Alajuela) para visibilizar el problema a nivel nacional.
Impactos ambientales y sociales
Salud pública: la fruta en descomposición atrae vectores que ponen en riesgo a niñas, niños y personas adultas mayores.
Seguridad vial: el mal estado de la ruta 760 obliga a conductores a maniobras peligrosas, especialmente en horarios escolares.
Derecho a la movilidad: comunidades rurales dependen de estos caminos para acceder a centros educativos, servicios de salud y comercio.
Las personas vecinas reiteran que continuarán organizadas hasta obtener una solución efectiva por parte de las autoridades municipales y las empresas responsables.
La asociación ambiental Asalomas, denunció a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU.
El caso con los permisos irregulares que causaría daños irreparables, se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA en el Tribunal Contencioso Administrativo.
Asociación Salvemos las Lomas, ASALOMAS 1 de junio 2025
Desamparados, San José — La Asociación Salvemos las Lomas reafirma su compromiso de lucha con el fin de la conservación del patrimonio natural y anuncia que, en el marco del juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que se realizará el lunes 2 de junio con el motivo de la defensa de la Zona Protegida de la Loma Salitral, continuará trabajando, acorde la anhelo de décadas de esta noble causa e incansablemente para garantizar que este invaluable ecosistema, el ultimo remanente de Bosque Premontano Bajo Húmedo del Valle Central, reciba la protección que la normativa ambiental del nuestro país obliga a respetar.
En este proceso legal, que se tramita bajo el expediente 23-003209-1027-CA, los vecinos, a través de la asociación ambiental ASALOMAS, nos enfrentamos a la compañía Constructora La Laguna S.A., la Municipalidad de Desamparados, SETENA, MINAE e INVU, por pretender construir, con el aval irregular de esas instituciones, en una zona de valor ambiental protegida por Decretos Ejecutivos y donde es prohibido edificar residenciales. Esta mega construcción, que consideramos ilegal, significaría una grave afectación a la calidad de vida de los habitantes alrededor de la zona y también irreparables daños ambientales. Por lo que este juicio representa un paso crucial en la lucha por la preservación del ecosistema único.
Nuestra organización, que cuenta en asesoría legal los abogados ambientalistas y exdiputados Edgardo Araya Sibaja y José María Villalta, ha presentado evidencia técnica-legal contundente sobre la importancia ecológica de esta área, su biodiversidad y el impacto irreversible que podría generar cualquier intervención como la posible construcción de más de 500 viviendas en la Zona de Amortiguamiento de la Loma Salitral.
“No podemos permitir que intereses particulares se impongan sobre el bien común, afectando nuestro entorno y el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de la riqueza natural de nuestro país,” afirmó Eduardo Gardela, presidente de ASALOMAS.
Hacemos un llamado a la comunidad, a las autoridades y a todos los sectores comprometidos con la defensa del medio ambiente para que se sumen a la defensa de esta zona protegida. La biodiversidad, el equilibrio ambiental y el legado de nuestras tierras están en juego.
Seguiremos informando sobre el avance de este juicio y las acciones que nuestra asociación tomará para garantizar la protección de nuestro pulmón, la Loma Salitral.
Esta nota es la primera de una serie realizada en conjunto por Philippe Vangoidsenhoven y el Observatorio de Bienes Comunes, dedicada a visibilizar la violencia que enfrentan las personas defensoras ambientales en Costa Rica. A partir de la experiencia vivida por Philippe en el Caribe Sur, se busca no solo documentar los patrones de hostigamiento que atraviesan estas personas, sino también generar conciencia sobre el riesgo estructural al que se exponen y la invisibilización institucional que padecen. En un contexto donde los marcos legales y las políticas públicas no reconocen ni protegen adecuadamente su labor, este testimonio busca abrir una conversación urgente sobre justicia ambiental y derechos humanos.
Philippe Vangoidsenhoven y la ofensiva digital contra quienes defienden el ambiente en el Caribe Sur
En el Caribe Sur costarricense, defender el ambiente no solo implica denunciar irregularidades o proteger ecosistemas. También supone enfrentar campañas de odio desde el espacio digital, dirigidas a desacreditar, aislar y expulsar a quienes alzan la voz. El caso del defensor ambiental Philippe Vangoidsenhoven, residente en Talamanca, ilustra cómo las redes sociales pueden transformarse en herramientas de persecución y violencia simbólica.
Esta nota se basa en capturas de pantalla y registros de interacciones digitales extraídos de las redes sociales personales de Philippe. El material evidencia una oleada de violencia digital que incluye insultos, amenazas, señalamientos públicos y llamados a expulsarlo del país. A partir de este contenido, se identificaron al menos seis estrategias sistemáticas de hostigamiento digital:
Caracterización del discurso hostil: patrones y núcleos de agresión
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “¿Por qué no se regresa a su país a joder?” “La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.”
Uno de los hallazgos más alarmantes es la existencia de un núcleo reducido pero altamente activo de usuarios que reproducen discursos violentos de forma persistente, generando una dinámica de acoso coordinado. Estas voces amplifican el odio, normalizan la violencia y modelan un entorno digital que legitima la agresión contra Philippe Vangoidsenhoven.
Palabras como “pistola”, “persona no grata”, “expulsar”, “loco” o “vergüenza” actúan como gatillos simbólicos, estructurando el discurso hostil en torno a seis formas articuladas de violencia digital:
Deshumanización
Se le retrata como incapaz de razonar o convivir, usando calificativos como “loco”, “descerebrado” o “ridículo”. Esta narrativa no solo busca invalidar su voz, sino justificar su exclusión.
“Este hombre llamó a los bomberos porque una señora quemaba basura… es un descerebrado que no se ubica.”
Criminalización
Se lo presenta como un sujeto violento, insinuando que porta armas o ha amenazado a pobladores, sin prueba alguna. Estas acusaciones fabricadas siembran miedo y habilitan represalias legales o policiales.
“Ese señor está armado y ya apuntó su arma en contra de algunos pobladores.” “¿Qué esperan? ¿Que mate a alguien?”
Estigmatización como extranjero
Su nacionalidad belga se convierte en un blanco de ataque. Se le niega legitimidad para participar en la vida local y se le exige abandonar el país.
“¿Por qué no se regresa a su país a joder, a ver si allá se lo permiten?” “Lacras fuera de nuestro cantón. ¡Les llegó la hora!”
Incitación al odio y violencia simbólica
Se expresan amenazas directas o celebraciones anticipadas de violencia, promoviendo la fuerza como forma de castigo.
“Ojalá me lo tope, lo despedazo.” “Cartón lleno, sacaste la rifa Philippe.”
Legitimación institucional del hostigamiento
Se alude a instituciones como la municipalidad o Migración para dar apariencia de legalidad a los ataques, aun sin evidencia formal.
“La carta tiene el logo del municipio, eso basta para llevarla a Migración.” “El alcalde no quiso firmarla, pero ya está en manos de abogados.”
Aislamiento social
Se lo presenta como un generador de conflictos o un estorbo para la comunidad, buscando cortar sus vínculos sociales y organizativos.
“Desde que estoy en este foro, siempre he visto el nombre de este señor Philippe en medio de discordias.” “No los necesitamos.”
Cerrar filas frente al odio
Este repertorio discursivo no es casual. Opera como una tecnología simbólica de expulsión: silenciar a Philippe y advertir a otras personas defensoras que levantar la voz tiene consecuencias. Detrás del insulto hay una estrategia: aislar, desgastar, desplazar. La violencia digital es real y sus impactos no se quedan en la pantalla. Normalizar el odio habilita la persecución.
No se puede defender la tierra mientras se lincha virtualmente a quienes la cuidan.
Declaran «personas non gratas» a defensores ambientales por denunciar daños en el Caribe Sur
En 2015, la Municipalidad de Talamanca declaró «personas non gratas» a Carol Meeds y Philippe Vangoidsenhoven, dos reconocidos defensores ambientales del Caribe Sur de Costa Rica. ¿El motivo? Sus constantes denuncias públicas sobre daños al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y otras zonas de alto valor ecológico.
Carol administra una página en Facebook donde informa sobre agresiones al ambiente en la región, mientras que Philippe realiza labores de vigilancia, monitoreo y presentación de denuncias ante las autoridades competentes. Ambos han utilizado herramientas digitales para visibilizar irregularidades ambientales, lo que les valió represalias institucionales.
La Sala Constitucional falló a su favor al considerar que se violentaron derechos fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho a la participación ciudadana. El caso refleja cómo las personas defensoras del ambiente pueden ser blanco de violencia institucional y digital por ejercer su derecho a denunciar.
Desprestigio sistemático y campañas de odio Se recurre a calificativos como “irracional” o “abusivo”, se le acusa de provocar conflictos o malgastar recursos con denuncias ambientales, buscando erosionar su legitimidad como defensor.
Xenofobia y discursos de exclusión Su origen extranjero es usado como motivo de expulsión. Se le niega el derecho a ejercer ciudadanía activa y se le responsabiliza de tensiones locales.
Incitación al desplazamiento Se promueve su expulsión mediante amenazas o referencias a Migración, configurando una estrategia de destierro simbólico y social.
Amenazas veladas y explícitas Se emiten mensajes de agresión física directa o se lo vincula falsamente con armas, alimentando una narrativa de peligrosidad sin base legal.
Uso instrumental de canales institucionales Se difunde una carta supuestamente institucional sin firma oficial, para legitimar el rechazo y avalar el hostigamiento desde lo comunitario.
Normalización del discurso de odio Mediante burlas, memes o aplausos a su posible salida, se refuerza una cultura de linchamiento que se reproduce sin consecuencias.
Persona no grata: implicaciones reales de una figura simbólica
La declaración de una persona como “no grata” por parte de una municipalidad no tiene efectos legales formales, pero sí consecuencias sociales, políticas y de seguridad personal. En contextos latinoamericanos, esta figura ha sido usada para:
Estigmatizar y criminalizar Se construye una imagen pública de enemistad con la comunidad, legitimando agresiones desde sectores afines al poder.
Aislar comunitariamente Al provenir de una institución percibida como “voz del territorio”, puede romper lazos sociales y socavar la participación.
Avalar simbólicamente la violencia Aunque no se trate de una orden judicial, legitima represalias, obstaculiza procesos organizativos y fortalece discursos de odio.
Violar derechos humanos Según la ONU, este tipo de actos constituyen criminalización institucional contraria al deber de proteger a quienes defienden derechos fundamentales.
Potenciar la violencia digital Estas declaraciones son replicadas en redes y medios, amplificando su impacto y alimentando un entorno digital hostil.
Lo digital también mata: proteger a personas defensoras es urgente
La violencia digital contra defensores ambientales no es anecdótica ni espontánea. Es parte de un contexto más amplio de criminalización y persecución. Las redes sociales están siendo usadas para difamar, estigmatizar y expulsar simbólicamente a quienes defienden los bienes comunes en Costa Rica.
Sus impactos son profundos: deterioro emocional, aumento del riesgo físico, judicialización y aislamiento. Por eso es urgente que el Estado y las plataformas digitales asuman responsabilidades: prevenir, sancionar y reparar estas violencias.
El Caribe Sur necesita diálogo, justicia ambiental y respeto a la diversidad. Silenciar a quienes defienden el territorio solo beneficia a quienes lo destruyen.
Defender la tierra no debe significar exponerse al odio
El caso de Philippe no es una excepción. Se inscribe en un patrón más amplio de hostigamiento contra personas defensoras, que se intensifica cuando sus denuncias afectan intereses económicos o estructuras de poder local.
Proteger a quienes cuidan los bienes comunes también implica actuar en el plano digital: visibilizar, denunciar, exigir justicia. La defensa del territorio no puede silenciarse con discursos de odio.
Recomendaciones: cómo enfrentar la violencia digital como persona defensora ambiental
La violencia digital no es solo un ataque virtual: busca intimidar, silenciar y aislar. Estas acciones requieren respuestas colectivas, estratégicas y conscientes. Algunas claves:
Fortalecer la seguridad digital
Usa contraseñas seguras y activa la doble autenticación.
No compartas datos sensibles públicamente.
Haz copias de seguridad y cifra archivos importantes.
Usa VPN y navegadores privados.
Participa en talleres sobre seguridad digital con enfoque en derechos humanos.
Documentar y denunciar los ataques
Guarda evidencias: capturas, enlaces, fechas y perfiles.
Reporta los contenidos en las plataformas.
Contacta redes de apoyo legal o derechos humanos para acompañamiento.
Activar el cuidado colectivo
Habla del tema en tu organización, no lo enfrentes en soledad.
Diseña protocolos para responder a ataques coordinados.
Promueve el acompañamiento emocional y psicosocial.
Visibilizar y politizar la violencia digital
Nombrar esta violencia como parte de la criminalización ambiental.
Denunciar en medios alternativos, campañas y foros.
Exigir políticas públicas con enfoque de género, territorio e interculturalidad.
Defender la vida no debe implicar sobrevivir al odio. En el Caribe Sur, proteger el territorio también es proteger a quienes lo aman.
Contexto latinoamericano: violencia digital y personas defensoras ambientales
En América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden los derechos humanos y el ambiente, la violencia digital se ha consolidado como una extensión de los ataques físicos, judiciales y simbólicos que enfrentan estas personas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se trata de un patrón creciente que acompaña los conflictos socioambientales y los intereses extractivistas.
Auge del extractivismo y criminalización
La expansión de megaproyectos mineros, energéticos, turísticos y agroindustriales ha intensificado los conflictos por el acceso, control y gestión de territorios y bienes comunes. Las personas defensoras que se oponen a estos proyectos —particularmente indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres— son blanco de campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia digital.
Digitalización de las agresiones
Los ataques se manifiestan a través de:
Campañas de desinformación y difamación en redes sociales y medios digitales, que buscan aislar o desacreditar la labor de defensa ambiental.
Acoso digital y amenazas directas, muchas veces de carácter sexual o racial, especialmente contra mujeres defensoras.
Vigilancia y espionaje digital, como el uso de malware, hackeo de cuentas o extracción ilegal de datos personales. En varios casos se han documentado intentos de infiltrar movimientos sociales con herramientas de cibervigilancia estatal o privada.
Discursos de odio y bots coordinados, que multiplican mensajes de desprestigio o incitan a la violencia, alimentando la polarización y criminalización.
Estigmatización mediática e institucional
Algunos medios de comunicación y autoridades estatales reproducen narrativas que presentan a las personas defensoras como “enemigas del desarrollo”, “terroristas” o “obstáculos al progreso”. Esta estigmatización se replica en el ámbito digital, amplificando los riesgos para quienes se pronuncian públicamente en defensa del ambiente.
Género y violencia digital
Las mujeres defensoras enfrentan formas específicas de violencia digital, donde el ataque a su vida privada, su cuerpo o su rol como cuidadoras es utilizado para silenciarlas o deslegitimar su liderazgo. En muchos casos, esto se traduce en autocensura o retraimiento del espacio digital.
Falta de protección y acceso a justicia
Los mecanismos de protección estatales suelen estar desactualizados frente a estas formas de violencia, carecen de enfoque de derechos digitales, y no garantizan respuestas efectivas frente a la impunidad. Además, muchas personas defensoras no cuentan con capacitación ni herramientas para protegerse en el entorno digital.
¿Qué es la violencia digital?
La violencia digital es cualquier acción que, mediante medios tecnológicos (mensajes, publicaciones, imágenes, videos o redes sociales), cause daño psicológico, simbólico, reputacional o material a una persona. Afecta especialmente a quienes ejercen el derecho a defender derechos, al alzar su voz contra poderes establecidos o denunciar injusticias.
Instrumentos y patrones comunes
Difamación y campañas de desprestigio.
Acoso coordinado (troleo, insultos, burlas).
Amenazas anónimas o desde perfiles reales.
Suplantación de identidad o manipulación de imágenes.
Exposición pública de datos personales (doxing).
Uso de instituciones o redes de poder para intimidar.
Implicaciones para las personas víctimas
La violencia digital puede generar:
Aislamiento social y miedo a participar públicamente.
Afectaciones emocionales y de salud mental.
Riesgo físico cuando las amenazas se trasladan al mundo offline.
Criminalización o pérdida de credibilidad ante instituciones.
Autoexclusión o salida forzada del territorio.
Teclados y puños: distintas formas de silenciar a quienes protegen la naturaleza
En el contexto de la defensa ambiental, las personas y comunidades que protegen los territorios y los bienes comunes enfrentan múltiples formas de violencia como mecanismo de intimidación, represalia o silenciamiento. Estas agresiones no se limitan al plano físico, sino que también se manifiestan en el ámbito digital, especialmente cuando los defensores utilizan plataformas en línea para denunciar injusticias, visibilizar conflictos o articular redes de apoyo. A continuación, se presenta un cuadro comparativo que permite comprender las diferencias y similitudes entre la violencia física y la violencia digital, con el fin de dimensionar los riesgos a los que se enfrentan quienes defienden el ambiente desde distintos espacios
Aspecto
Violencia Física
Violencia Digital
Definición
Uso de la fuerza corporal para dañar, controlar o intimidar.
Uso de medios digitales para dañar, acosar o amenazar.
Espacio donde ocurre
Presencial (hogar, calle, instituciones, etc.).
En línea (redes sociales, correo, plataformas digitales).
