Se solicita apoyo y la solidaridad de un amplio número de organizaciones de derechos humanos para suscribir una declaración en la que se denunciará el preocupante número de muertes causadas por el actuar de las fuerzas de seguridad y de civiles armados en el transcurso de los 2 meses de protestas en Colombia, número que no cesa de crecer de forma alarmante.
La declaración ha sido preparada por un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre/en América Latina basadas en Ginebra con insumos de las organizaciones colombianas, con el objetivo de hacer un llamado urgente a la intervención del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y del Consejo de Derechos Humanos.
La declaración será leída el miércoles 30 de junio en la sesión con el mencionado Relator.
Para sumarse, les pedimos llenar el formulario que se incluye en el mismo enlace mencionado. Su organización será incluida en la lista de organizaciones firmantes que se anexará a la declaración y se publicará en la página web de las organizaciones promotoras.
La fecha límite es el 30 DE JUNIO a las 12:00 pm (mediodía) en Ginebra.
El grave insuceso de disponer no ser competente la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia(CSJ), para conocer de la denuncia de fraude procesal y soborno a testigos contra el ex presidente y ex senador Innombrable; conlleva a la discusión jurídico-académica en torno al nefasto accionar del activismo judicial, que confluye al malsano torrente político, en un país dominado por la hegemonía de derecha oligárquica contra insurgente y ante el cual sucumbe el máximo tribunal de la justicia en Colombia.
No procede una Declaración “a favor”, de la independencia y autonomía de la CSJ, por lo siguiente:
Por ser extemporáneo, ante el hecho de haber renunciado a la competencia y en consecuencia dejar de conocer del caso de investigación penal adelantado contra el senador Innombrable. 2. Ser la Resolución AEI-0179-2,020, del Magistrado Ponente, de 31 de agosto de 2.020, notoriamente contraria a la Constitución Política de 1991, generando una hecatombe en el Estado de Derecho.
MOTIVACIÓN. – No era un problema de competencia, sino de jurisdicción. El Parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política de 1991 (CP91), no aplica para las atribuciones de su numeral 3o (juzgar a los miembros del Congreso) y numeral 5o (a agentes diplomáticos). Además, conforme a la definición “hubieren cesado en el ejercicio de su cargo”, atribuye para avocar el conocimiento (competencia) y para cuando el senador sindicado renuncia a su cargo de elección popular, ya se había articulado el accionar jurisdiccional y conocido del presunto delito. De manera que la Sala de Instrucción de la Corte había asumido el conocimiento (competencia), por haberse iniciado formalmente el proceso penal, decretado prueba y tomado decisiones como el arresto domiciliario. Con fundamento en el principio de la “Perpetuatio Jurisdictionis”, prevalecía la permanencia de la competencia en cabeza del juez especial, que para garantía del debido proceso ha de permanecer incólume, hasta la terminación del proceso. La seguridad jurídica impone que una vez así articulado y aprehendida la jurisdicción, esta no debe ser modificada. Una atenta lectura del fallo, contraría su armonía y coherencia y es dable afirmar que infortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con conocer del asunto contra el Innombrable ex senador, cedió a las presiones y chantajes por el peso político del mismo sindicado, incurriendo en pusilanimidad judicial, algo que en jurisprudencia comparada, la jurisprudencia argentina fundamenta a perfección, puesto que estaban dadas todas las circunstancias y fundamentos de jurisdicción y de competencia para que la Corte Suprema de justicia continuara conociendo del caso de marras. Valga agregar que ante un caso tan álgido, la Corte fue inferior a las circunstancias, pudiendo sentar nueva y vinculante jurisprudencia. Pero no, aplicó la enredadera jurídica santanderista. Ya existía jurisprudencia en el caso del 35% de senadores vinculados a la parapolitica, que utilizaron el mismo subterfugio de renunciar – como si de cambiar de bus se tratare- para que no conociera la Corte de sus casos y nada aludieron a la definición y condena al senador Mario Uribe, por ejemplo. Eso es catastrófico y no merece el reconocimiento de apoyo de la pléyade de juristas colombianos a esa decisión pusilánime, cobarde.
Estando a ojos vista el atropello al Estado de Derecho, surgido a raíz de la articulación del ocurso administrativo en el Senado, que tramito y aceptó la “renuncia” del innombrable senador; la Corte asumió la actitud del avestruz. Los cargos de elección popular son para ejercerlos, son irrenunciables. Lo contrario burla la voluntad del elector. Si el senador renunció, corresponde a un acto interno volitivo, subjetivo, que implica la dejación del cargo. El camino que tenía el Senado al conocer la orden de captura del senador innombrable era proceder a lo disciplinario, sancionatorio, de suspensión del cargo y en consecuencia proceder a reemplazarlo conforme a lo legal. Al darse la dejación del cargo, por renuncia del senador, procedía, no aceptar la tal “renuncia” sino a llenar la vacante conforme a lo legal. De tal manera, que la investidura de la actual senadora, vocera del paramilitarismo cucuteño, en el senado y en función de reemplazo, es además de nula, por nulidad absoluta, inexistente, jurídicamente hablando. Imposible que ese elefante, pasara desapercibido por la Corte Suprema. Por eso en Colombia no existe un estado de derecho; sino un estado de cosas inconstitucional (eci) aberrante.
Ahora, contribuye a asalto a la credibilidad y garantía de pronta justicia el anuncio que la investigación contra el ex presidente y ex senador por incurrencia en la masacre de El Aro, siendo gobernador del Departamento de Antioquia; tampoco es de fuero especial y competencia de su conocimiento. Aunque no se conoce el texto publicitado de tal Resolución imposible que apliquen el mismo criterio torticero y digan o sostengan que tal acción, merecedora de castigo, no “tengan relación con las funciones desempeñadas” como gobernador y que al ya no serlo cuando se compulsaron las copias para la investigación de su conducta Matarife, ya no era Gobernador y por ende bla,bla, bla.
Se puede afirmar que ha sido la misma Corte Suprema de Justicia, la que se ha depreciado o menos calificado. Ella misma se ha rebajado y en un país como Colombia, inmerso en un conflicto armado interno, la Justicia Ordinaria no es garantía para la sublime misión de impartir Justicia y Verdad, en tratándose de involucrados políticos. Por ello abunda la vigencia y reconocimiento al Sistema de Justicia Alternativa que representa la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
No hace parte de mi vocación y formación jurídica contribuir a una declaración en favor o apoyo a la independencia y autonomía de la Justicia en el caso de marras, cuando ella misma ha sido la que toma el timón del cancerbero y navega por los piélagos del averno. He dicho. ¡Puro Abogado!
Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional».
Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación restrictiva por parte del juez constitucional español.
Como era previsible, varios Estados de América Latina han reaccionado, manifestando su respaldo a las autoridades españolas: no obstante la sensación de unísono, lo han hecho de manera muy diferente el uno del otro, denotando en algunos casos una extrema prudencia y mesura, mientras que en otros, una lectura bastante peculiar de la realidad que viven los catalanes.
La cuestión de la autonomía de Cataluña: intento de breve recapitulativo
La lectura de la declaración de independencia catalana permite conocer varias de las demandas catalanas que esperan una solución, sin encontrar eco alguno en los últimos años. En esta reciente entrevista a José Montilla titulada «Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones con el tema de Cataluña”, se lee que:
“El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos”.
Recordemos para el lector poco familiarizado que una larga sentencia del Tribunal Constitucional de más de 800 folios, con relación al Estatuto de Cataluña de 2006, fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El Pais de julio del 2010).
Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:
«El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas«.
Tuvimos la oportunidad de examinar brevemente el tema de Cataluña desde la perspectiva del derecho internacional en una nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: «Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional«.
El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno
Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.
La ONG Human Rights Watch (HRW) este 12 de octubre denunció en un informe el uso excesivo de la fuerza y la violencia por parte de los cuerpos de seguridad durante la jornada del 1ero de octubre (véase nota de HRW). Diez días antes, el 2 de octubre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas había solicitado a España investigar la violencia policial que sufrieron muchos de los votantes catalanes, señalando que:
«I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms. I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit«.
(Véase nuestra breve nota editada en el sitio de Debate Global con el texto completo de dicho comunicado).
Dos días antes del referéndum, el 28 de setiembre, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían hecho advertencias a España (véase nuestra breve nota al respecto también editada en Debate Global).
Esta violencia policial y la ola de repudio e indignación que causó, así como la escalada verbal y el tono amenazante de las máximas autoridades españolas, aumentaron significativamente la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.
La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: «We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics» (véase texto completo de su comunicado).
Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió
«4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017«.
Suspendida el 9 de octubre por esta nueva (e inusual) orden de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.
Un nuevo compas de espera
El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que «El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada» (véase nota de prensa). Con esta aseveración hecha, las autoridades catalanas sugieren lo que algunos analistas han denominado la «vía de Eslovenia«, la cual permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva.
En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas anunciaron que:
«El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.
Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.
Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.
En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia«.
Algunas reacciones en América Latina
Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación. Únicamente han sido repertoriados textos oficiales formalmente comunicados por los respectivos aparatos diplomáticos, y no declaraciones dadas en prensa por parte de autoridades nacionales sobre la situación en Cataluña. Como se verá, las formas de manifestar el respaldo a España varían sustancialmente de un comunicado a otro, mientras que otros Estados han optado por no expresarse.
Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado «Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña» llamando a las partes al diálogo:
«Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.
El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos«.
Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.
Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español«.
A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, México ha circulado un comunicado de prensa titulado «México no reconocerá a una Cataluña independiente» (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado «Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España» en el que rechaza «los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas» (sic.): véase texto completo.
Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado «Comunicado sobre la situación en Cataluña» el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:
Comunicado Oficial 042 – 17
«Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.
El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España«.
El último comunicado oficial registrado en América Latina es el de Brasil, titulado «Eventos en España«, con fecha del 12 de octubre, el cual señala que:
«Brasil sigue con atención los últimos eventos en España, país cuya transición democrática fue y sigue siendo ejemplo para América Latina. Al reiterar los lazos de amistad y solidaridad que unen a brasileños y españoles, el Gobierno pide diálogo, en el marco de la legislación de ese país, destacando la importancia del pleno respeto a la Constitución española y al Estado Democrático de Derecho«.
A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado
Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.
Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional kosovar proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.
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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.
DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA
Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.
La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.
La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.
Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.
Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.
El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.
El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.
Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.
Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.
La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.
La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.
Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.
Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.
A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.
La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.
La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.
La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.
En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,
CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.
DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.
AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.
PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.
INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.
MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.
AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.
APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.
INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.
HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.
Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:
Barcelona, 10 de octubre de 2017
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Declaración de principios para la evolución consciente de la madre tierra y otorgamiento premio del Planeta Tierra al Dr. Alberto Salom Echeverría – Presidente CONARE y Rector UNA
“Conscientes de que la humanidad es parte fundamental de este planeta y que ha transitado el camino de la subsistencia a la transformación.
Libres de toda atadura con el pasado que pueda impedir o dificultar dicha transformación.
Atentos a los acontecimientos que conducen al renacer de una forma de vida en armonía con los elementos.
Capaces de resolver los problemas que nos ocupan y trascender nuestras limitaciones actuales. Alzamos este anhelo con la esperanza firme de establecer una nueva relación con nuestra Madre Tierra y con todos sus elementos, a fin de participar en su Evolución Consciente”.
Esta declaración fue firmada el martes 29 de noviembre de 2016 por el Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), y como testigos de honor figuran: Chief Greywolf, Presidente Nación Cherokee Tejas, Javier Francisco Ortiz Gutiérrez Presidente Fundación Gaia, Allison Aguirre Mora, Representante Consejo Indígena Madre Tierra, Jorge Calderón Gamboa, autor de la declaración.
En este sentido, el CONARE avala en todos sus extremos la “Declaración de Principios para la Evolución Consciente de la Madre Tierra”, acogida por el Consejo Indígena Madre Tierra y la Fundación Gaia y avalado, además, por la Universidad Nacional, como marco conceptual e instrumento para la reflexión y el compromiso de los estudiantes universitarios, con la creación de una nueva consciencia planetaria, en la cual cada persona sea responsable de vivir una vida en armonía con la naturaleza, su esencia y su comunidad.
Cabe mencionar que esta declaración tiene como antecedentes algunos eventos de suma importancias que se llevaron a cabo en el 2016 como fueron: la publicación del decreto ejecutivo (N.° 39659-MINAE-MCJ-MEP del 22 de abril de 2016), que declaró el 22 de abril de cada año como el “Día Nacional de la Madre Tierra” en respuesta a una solicitud que hiciera el Rector de la Universidad Nacional, Dr. Alberto Salom Echeverría, a petición de la Fundación Gaia y del Consejo Indígena Madre Tierra. Este decreto autorizó a las instituciones públicas preparar y conmemorar ese día mediante actividades que contribuyan a crear en los costarricenses, desde los primeros años de vida, una nueva relación con el Planeta, en la cual cada persona sea responsable de vivir una vida en armonía con la naturaleza y se reconozca la necesidad de sumar el sentido de responsabilidad personal a la meta país de convertir Costa Rica en Nación Carbono Neutral.
De esta manera, el 22 de abril pasado, se llevó a cabo un acto oficial en la UNA, (Auditorio Clodomiro Picado) que da inicio a la celebración de dicho día y en el cual el Consejo Indígena Madre Tierra, la Fundación Gaia y la Universidad Nacional, acordaron que el señor Rector de la UNA, solicitaría al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) avalar la “Declaración de Principios para la Evolución Consciente de la Madre Tierra”, (acogida por el Consejo Indígena Madre Tierra el 21 de diciembre del 2012), como marco conceptual de la campaña educativa de consciencia planetaria “Yo Soy la Respuesta”.
En respuesta a esta solicitud, el CONARE acuerda (sesión N°. 30-16 el 25 de octubre de 2016) avalar el texto de la Declaración de Principios para la Evolución Consciente de la Madre Tierra y autorizó al señor Presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para su respectiva firma”.
Dentro de las reflexiones expresadas el señor Jorge Calderón Gamboa, resalta el concepto de metamorfosis que atañe a la evolución consciente de cada ser, es decir; la capacidad de sensatez no es exclusiva de los seres humanos. De igual manera, señala que se debe corresponder a la individualidad, para seguidamente cooperar en la colectividad: “Costa Rica, destaca como un lugar idóneo para un nuevo comienzo, que plantee un reconocimiento de paradigmas para todos los seres vivos, que conlleve a una nueva humanidad con un nuevo modelo de reflexión”.
Alison Aguirre Representante del Consejo Indígena Madre Tierra, hizo una petición con 7 puntos que engloban distintos aspectos que instan al país a seguir apoyando esta causa y a la población indígena.
Durante la actividad, se hizo entrega del Premio Planeta Tierra al Presidente de CONARE y Rector de la Universidad Nacional, Dr. Alberto Salom Echeverría; en reconocimiento a todos sus esfuerzos y lucha por la Madre Tierra durante este año desde distintas esferas.
Con gran agradecimiento y honor recibimos este significativo Premio “Planeta Tierra 2016” y nos comprometemos a continuar los esfuerzos por mejorar y salvar al Planeta: “esta calamitosa situación, tiene solución; la lucha es durísima, pero hay afrontar esta realidad siendo optimistas; creo en la fuerza, en la paz, en la cultura de amor, en la convivencia, en el respeto; por lo cual me comprometo a honrar el premio.
Destacamos la oportuna presentación artística a cargo de Marianela Ortiz y su hijo, que presentaron cantos para el alma; que recuerdan la naturaleza de libertad y paz de los seres vivos.
A través del CONARE, fundación GAIA y distintas instituciones, se ha instado a actuar a favor del bienestar del planeta y los seres que en él habitan.
Colaboración:
Dayanne Nájera Matarrita
Estudiante RI-UNA
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El joven costarricense Byron Reyes y la argentina Ana Laura Rodríguez, integrantes de la Caravana del Buen Vivir fueron detenidos arbitraria e ilegalmente en Nicaragua.
Frente a los acontecimientos de público conocimiento ocurridos los días 25, 26 y 27 de junio en La Fonseca, Nueva Guinea y en la ciudad de Managua, Nicaragua; y como consecuencia de la manipulación errónea de la información por parte de algunos medios, buscando instalar una imagen distorsionada del proyecto Caravana del Buen Vivir, se dio a conocer de manera oficial la declaración de las y los involucrados en dicha detención.
El desglose de los acontecimientos ocurridos del miércoles 22 al lunes 27 de junio en Nicaragua lo puede encontrar en el siguiente enlace:
Cinco ex presidentes de Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», que es una intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y un apoyo abierto a la intervención.
La Comisión Nacional de Enlace considera que la «Declaración de Panamá sobre Venezuela», firmada por 26 ex presidentes, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, es una provocación y una intromisión abierta e inaceptable en los asuntos internos de Venezuela. Esa Declaración forma parte de la ofensiva de la derecha y de los sectores más reaccionarios para hacer colapsar al legítimo gobierno de Venezuela y es un apoyo abierto al golpismo y a la intervención.
La «Declaración de Panamá» arremete contra la institucionalidad venezolana y en la práctica se convierte en un programa de gobierno de transición como pretendió ser el llamado al Acuerdo Nacional de Transición elaborado y defendido por el golpismo.
El documento fue firmado por 24 ex presidentes de América Latina y dos de España. Uno de ellos fue el ex mandatario José María Aznar, quien planteó que lo llenaba de orgullo haber contribuido a que 26 jefes de Estado se pusieran de acuerdo en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la lucha en favor de aquellas personas que sufren persecución por causa de la libertad. Sin embargo, Aznar fue calificado como un asesino por el propio presidente de Venezuela Nicolás Maduro, «el sangriento asesino de España», responsable de la muerte de un millón doscientos mil iraquíes «porque él promovió la guerra» de 2003 contra Irak, junto al ex mandatario George Bush, guerra criminal justificada con pruebas falsas.
Otra de las figuras que firmó el documento fue el ex presidente español Felipe González, un político indecente, que pretende ser ahora un supra juez para liberar, sin juicio, a terroristas y seguir promoviendo la violencia. Su decisión de defender a los golpistas Leopoldo López y Antonio Ledezma promueve la impunidad de los opositores violentos que sembraron el terrorismo en las calles y produjeron 43 muertes en Venezuela.
Ambos, Aznar y González son directamente responsables de la situación que vive hoy España, al imponer un modelo económicamente criminal que tiene en el desempleo a más del 25% de la población laboral de ese país.
Se sumó a la «Declaración de Panamá» Álvaro Uribe, ex mandatario de Colombia. No ha habido un mandatario más cuestionado, ética y moralmente, como el colombiano Álvaro Uribe, con tantas y tan graves acusaciones de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Igual que Pinochet en Chile, profundizó el llamado terrorismo de Estado y dividió al país entre buenos y malos, entre los que eran amigos de la seguridad democrática y los que eran criminalizados por oponerse a su gobierno. Uribe se ha manifestado como un opositor al proceso de diálogo para alcanzar la paz en Colombia.
¿Y quiénes más firmaron la «Declaración de Panamá»?, lo firmaron Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera (Chile); Andrés Pastrana, y Belisario Betancur (Colombia); Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias, Luis Alberto Monge y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Eduardo Duhalde (Argentina), Nicolás Ardito Barletta (Panamá), Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani (El Salvador), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Lucio Guitiérrez y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle (Uruguay), Ricardo Martinelli y Mireya Moscoso (Panamá), Alejandro Toledo (Perú) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
¿Y qué es lo que quieren los ex presidentes? Dicen que en consecuencia, preocupados por el inmediato futuro de los venezolanos y obligados a contribuir con su palabra a la afirmación de un clima de paz y de negociación, según ellos (as), que permita abrirle senderos a una solución no violenta, a la «mencionada crisis», proponen entonces que efectivamente hay que corregirlo todo, pero lo esencial es que es necesario desregular la economía venezolana. Es decir, someter de nuevo a Venezuela a los postulados del Consenso de Washington, del FMI y del Banco Mundial y que, por supuesto, para eso se requiere un liderazgo capaz de producir consensos democráticos y movilizar un amplio apoyo político por la población, para lo cual será esencial la aplicación de una serie de planes sociales compensatorios efectivos, que mitiguen las adversidades. En otras palabras, sueñan con volver a los viejos esquemas del corrupto Carlos Andrés Pérez y del bipartidismos venezolano y hundir de nuevo a Venezuela en la pobreza y el hambre.
Nótese que por Costa Rica firmaron la «Declaración de Panamá sobre Venezuela» cinco ex presidentes (a): Luis Alberto Monge, Oscar Arias, Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón y Laura Chinchilla, en alianza explícita y desvergonzada con figuras altamente cuestionadas moral y políticamente.
En relación con la participación de cinco ex presidentes (a) de Costa Rica que firmaron la «Declaración de Panamá», consideramos que es una abierta intromisión en los asuntos internos de Venezuela y calificamos este hecho como en extremo grave y altamente comprometedor para el pueblo de Costa Rica. Con la firma del documento lo que queda en claro es que efectivamente sectores importantes de la oligarquía costarricense le están apostando al derrocamiento del gobierno de Venezuela, situación que tiene implicaciones en todos los órdenes para nuestro país cosa que hemos denunciado en anteriores ocasiones, además de la vergüenza de ver el país sumado a una «Declaración de Panamá» con elementos altamente cuestionados en el ámbito moral y político.
La «Declaración de Panamá sobre Venezuela» demuestra que efectivamente existe una ofensiva brutal por parte de los sectores oligárquicos regionales y del imperialismo por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero no solo les interesa derrocar al presidente Nicolás Maduro sino revertir todos los procesos reivindicativos de los pueblos de América Latina. Sin duda alguna, se están moviendo las fuerzas más oscuras para derrocar el gobierno de Venezuela. Los sectores dominantes regionales e internacionales todavía no digieren que la correlación de fuerzas que está favoreciendo cambios políticos y sociales en América Latina, a favor de los pueblos, está en un proceso de consolidación y por cambios todavía más profundos.
Las organizaciones sociales de América Latina tenemos el deber de prepararnos para defender esos cambios, porque la ofensiva será brutal por parte de los sectores dominantes y del imperialismo para recuperar sus perversos privilegios.
Enviado a SURCOS Digital por Comisión Nacional de Enlace.
