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Etiqueta: decreto ejecutivo

Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza solicita prórroga al ministro de Salud ante solicitud de requisitos

La Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza (CCTB) envió el pasado 17 de mayo una nota al ministro de Salud, Daniel Salas, las y los diputados de la Asamblea Legislativa para solicitar una prórroga ante los requisitos que estipula el DECRETO N° 42942, sin embargo, a la fecha no cuentan con respuesta.

Este decreto establece que en necesario: “Certificado de salud extendido por un médico incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, de cada una de las personas que laboran en el establecimiento. Dicho certificado debe ser presentado en la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento por primera vez y renovación”.

El decreto y sus requisitos se encuentra respaldado por la Ley General de Salud N°5395.

Por ello el sector del cuidado bienestar e imagen personal conformado por: estilistas, barberos, manicuristas, lashistas, micropigmentadores, maquillistas, entre otros. Ha solicitado la prórroga amparados en que este sector ha sido uno de los afectados a gran medida por la situación del COVID-19. Así como el costo de la certificación médica requerida que ronda entre los 40.000 y 60.000 colones.

Además, de extender la prórroga en cuanto a la presentación de los requisitos, hasta que la Asamblea Legislativa modifique la Ley N° 5395. Y mientras se trabaja el expediente 22511 que la diputada Nilsen presento en Asamblea Legislativa.

El sector considera que la demora de la respuesta genera afectaciones al sector del cuidado, bienestar e imagen personal.

 

Compartido con SURCOS por Michelle Ruiz Lacayo.

66a. entrega firmas de apoyo Campaña Nacional «Etiquetado de transgénicos ¡Ya!»-noviembre 2020

Red Biodiversidad informa que se entregó a los jerarcas de los ministerios MEIC (Victoria Eugenia Hernández Mora), MINSA (Daniel Salas Peraza) y MAG (Luis Renato Alvarado Rivera), así como al actual presidente de la República (Carlos Alvarado Quesada) una última nota con el acompañamiento de la sexagésima sexta (66ª.) entrega de firmas de apoyo a la solicitud formal realizada el 16/04/2015 para la elaboración de un reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que contengan en su fórmula productos transgénicos.

Además, se incluyó la promesa realizada por el señor presidente Carlos Alvarado Quesada, en la que se compromete firmando, junto a sus vicepresidentes y otros miembros del gobierno a establecer “… la obligatoriedad de informar al consumidor de alimentos para consumo humano o animal que contengan ingredientes genéticamente modificados”. Punto 9. del documento adjunto «Acuerdos con sectores. Carlos Alvarado Presidente 2018. Yo creo en el Ambiente»).

Con esa última entrega antes mencionada, ya suman 56 507 (Cincuenta y seis mil quinientos siete) firmas de personas que desde sus espacios y luchas apoyan y solicitan que la promulgación de un decreto ejecutivo haga valer ya el compromiso que se adquirió por parte del presidente para hacer efectivo el derecho constitucional que tenemos todas las personas consumidoras a recibir información adecuada, precisa y veraz, así como a la libertad de poder elegir que consumimos, esto se especifica en los términos de nuestra Carta Magna (art. 46), la Ley n.° 7472 de Defensa Efectiva del Consumidor (art. 32, 33 y 34) y su reglamento (Decreto Ejecutivo n.° 25 234-MEIC, art. 91 y 92).

Evitemos que Costa Rica se convierta en receptor de residuos peligrosos

  • Tres borradores de decretos ejecutivos de la administración anterior buscan legalizar la importación de residuos peligrosos
  • Propuesta es ilegal y pone en riesgo la salud y la vida natural

Evitemos que Costa Rica se convierta en receptor de residuos peligrosos

Actualmente la importación de residuos peligrosos está prohibida por la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley GIR N° 8839. Pero el Ministerio de Salud quiere implementar mecanismos ilegales para permitir la entrada de estas sustancias al país.

En la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) vemos con preocupación la posibilidad de legalizar la importación de residuos peligrosos mediante el borrador de la “Reforma al reglamento general a la ley para la gestión integral de residuos» y el borrador del “Reglamento para el trámite digital de registros y autorizaciones del ministerio de salud en la gestión integral de residuos en la plataforma SINGIR”. Ambos documentos contravienen la Ley GIR ya que permiten abiertamente la importación y trasiego transfronterizo de residuos peligrosos.

Directamente contradice el Artículo 34 de la la Ley GIR 8839 el cual prohíbe la importación de residuos peligrosos. Pese eso esta propuesta de norma (decreto), de rango inferior a una ley.

Las propuestas de reglamentos dan la potestad a cualquier empresa o individuo de tener permiso para el trasiego de “Materiales Peligrosos; Residuos Peligrosos; Productos Plaguicidas; Fuentes y residuos Radiactivos; y Productos y Residuos Biológicos; Lodos y Biosólidos Ordinarios y Especiales”. Estos reglamentos flexibilizan la ley y plantea requisitos y trámites para que esta práctica ilegal se realice.

Esto se agudiza aún más ya que los reglamentos inducen a inexactitudes o confusiones al señalar a los residuos de manejo especial al llamarlos “artículos de manejo especial”. Término inexistente en la Ley GIR.

El Convenio de Basilea, firmado por Costa Rica, faculta a los Estados a aplicar su soberanía en materia de importación de residuos peligrosos. Propiamente en el Artículo 3. Ámbito de aplicación dice: “5. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados sobre sus mares territoriales y ni su jurisdicción ni el derecho en sus zonas económicas exclusivas respectivas y plataformas continentales de conformidad con el derecho internacional.”

FECON insta al Ministerio de Salud a desestimar la idea de legalizar la importación de residuos peligros. Esto contravine el principio precautorio o indubio pro-natura, el cual promueve un criterio preventivo cuando existan condiciones que amenacen o causen la pérdida de los recursos y bienes naturales. Por tanto desobedecen el Artículo 50 de la Constitución Política.

Información al teléfono 8760 9800.

Residuos_Sólidos(VERSION 27-02-2018)

DAJ-FG-398-2018_REGLAMENTO_TRAMITE_DIGITAL_AUTORIZACIONES_GESTION_INTEGRAL_RESIDUOS_SINIGIR_(VERSION_27-02-2018)

 

Enviado por FECON.

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Agua para Guanacaste

Esperamos que el presidente nos traiga agua

Comunicado de prensa

 

Para este 25 de julio esperamos que el Presidente traiga agua a Guanacaste.

Queremos que nos traiga un Decreto Ejecutivo que fije nuevo canon por concesiones de agua para las fincas de más de 1000 hectáreas de caña de azúcar y arroz, para que no sigan recibiendo el agua regalada a 12 y 16 centavos de colon el metro cúbico (Decreto 32868-MINAE).

Esos grandes finqueros gastan más del 50% del agua de Guanacaste.

Si se los estimula a ahorrar el agua, cobrándoles un canon (todavía muy bajo) de 10 colones el metro cúbico, ellos se motivarán a instalar sistemas modernos de riego y ahorrar agua, para que no nos falte a todos los demás habitantes.

Un decreto. Eso le pedimos Señor Presidente. Creemos que puede hacerlo. Es su responsabilidad.

Agua para Guanacaste ¡¡ya!!

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Asociación Confraternidad Guanacasteca.

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¡Victoria para el ambiente y la salud! Sala IV rechazó acción contra moratoria a incineradora

¡Victoria para el ambiente y la salud! Sala IV rechazó acción contra moratoria a incineradora

El Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE de moratoria a las actividades de incineración de residuos fue avalado por la Sala IV a pesar del peligro en el que estuvo por presión de Alcaldes del «PLUSC».

La acción contra el decreto de moratoria interpuesta por el diputado Juan Marín de Guanacaste se declaró sin lugar, esta sentencia (006059-15) se encuentra en redacción por los magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro que salvaron el voto y rechazaron de plano la acción. Los magistrados Jinesta Lobo y Hernández López ponen nota separada.

La acción cuestionaba el artículo 1 del decreto de moratoria, por estimarlo contrario al principio de reserva de ley y alegaba la ausencia de un plazo determinado.

FECON aseguró que “aunque tenemos que esperar a tenerlo para revisar bien todo el razonamiento, lo bueno es que rechazaron la acción contra la moratoria por el fondo. En el corto plazo esta sentencia tiene dos implicaciones, por un lado elimina uno de los argumentos o presiones que están usando para que el Poder Ejecutivo levante la moratoria a la incineración de residuos, y por tanto si este gobierno levanta la moratoria, no habría excusa, sería porque apoya abiertamente a las incineradoras. Por otro lado, con el veredicto de la Sala IV se refuerza la opción jurídica de revivir, vía decreto del Poder Ejecutivo, otras moratorias como por ejemplo a la expansión del monocultivo de piña o la moratoria a cultivos transgénicos, claro está si hay voluntad política de cumplir con las promesas de campaña. Es decir, demuestra que sí es viable dictar este tipo de moratorias como potestad del Poder Ejecutivo”.

Antecedentes

El Gobierno honrando su palabra de campaña envió un mensaje claro a favor de la salud pública y en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE, el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud establecieron una moratoria nacional a las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes.

La moratoria fue atacada por algunos alcaldes municipales y empresas interesadas. Mientras fue defendida por distintas comunidades y el movimiento ciudadano “Hacia Basura Cero” quienes entregaron al Ministro de Ambiente y la Ministra de Salud una carta de apoyo con más de 150 firmas de organizaciones internacionales, nacionales y de ciudadanos en defensa de la moratoria. La moratoria fue aplaudida por el sector ambiental al mismo tiempo que fue objeto de un amplio debate y cuestionamiento a nivel local por los altos costos.

Contexto

La propuesta de generar energía a partir de los residuos sólidos generó el interés de 50 empresas y de 20 países, en este momento son 12 proyectos los que avanzan en Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, Alajuela, Atenas, Gran Área Metropolitana, Barranca, León Cortés y Goicoechea. Estos se unen a los dos existentes en El Tejar, de la empresa Holcim, y en Colorado de Abangares de la empresa CEMEX (ver más detalle).

Problemática

La producción de energía mediante el procedimiento de gasificación o incineración ha sido ampliamente cuestionada en muchos países por considerarla insostenible, no renovable, con intensivo uso de carbono y por tanto contribuyente al calentamiento global incrementando el fenómeno del cambio climático, y retrasando las propuestas integrales de reducción de generación de basura.

A pesar de este avance a favor del ambiente, la amenaza sigue viva porque existe una demanda en contra de la moratoria en el Tribunal Contencioso Administrativo interpuesta por algunos alcaldes que pidieron, sin éxito, desde mediados del 2014 que se elimine la moratoria y que como medida cautelar se suspenda.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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ANEP: El “desenganche” salarial médico desaparece parcialmente, nuestra lucha ha tenido sentido

En un comunicado de prensa ofrecido por la ANEP, trascendió que el Gobierno de la República, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), dio a conocer el pasado miércoles 14 de enero, la promulgación de un decreto ejecutivo que según la ANEP, sería un primer paso en el rompimiento del vínculo de los salarios base del personal médico nacional con relación a los salarios base de una serie de puestos de la administración central del Estado, ubicados en la escala del sistema de Servicio Civil y que están ubicados, esencialmente, en el Gobierno Central (ministerios).

De esta manera, ANEP muestra su satisfacción porque varios de los puestos del Estado central y con la más baja asignación salarial (por no ser de grado profesional), tendrán un poco más de justicia y de aumento del poder adquisitivo, al romperse el indicado vínculo en estos casos.

“Nos referimos a que los y las policías, el personal (especialmente femenino) de los CEN-CINAI, los agentes de seguridad que vigilan las instalaciones educativas públicas (escuelas y colegios); oficinistas, secretarias y secretarios, cocineros y cocineras, así como personal misceláneo y choferes y hasta ciertos niveles técnicos del Estado central, tendrán ahora la posibilidad de que sus reajustes salariales, sectoriales y generales, pueden ser realmente compensatorios y hasta lograr nuevos percentiles en sus correspondientes salarios-base, sin la“espada de Damocles”que representó la vinculación con los salarios médicos.

Es de esperar que la materialización de los alcances del indicado decreto empiece ya a discutirse inmediatamente, con ocasión del proceso de negociación hacia el establecimiento del reajuste salarial del sector Público, correspondiente al primer semestre del 2015” se dio a conocer en el comunicado.

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Enviado a SURCOS Digital por ANEP.

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