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Etiqueta: defensa

El Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal analiza situación del agua en la zona

Comunicado del Comité

 

El pasado 03 de noviembre, el Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal, recibió a Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de AyA.

En un tenso, pero respetuoso diálogo, se analizó la situación del agua en la zona y el histórico conflicto de Sardinal.

Se presentó el rechazo total, al “estudio” del manto acuífero que presentaron hace unas semanas funcionarios del MINAET, de SENARA y de AyA.

Este rechazo se basó en el análisis técnico de varios expertos en la materia. Entre ellos Alan Astorga Gattgens Doctor en Geología y Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Luego de escuchado, y visto los sólidos argumentos expuestos, la señora Yamileth Astorga se comprometió con el comité a realizar un nuevo estudio, que cumpla con la legislación vigente y con los criterios técnicos modernos.

También se comprometió a dar atención a la instalación de servicio de alcantarillado para manejo de aguas residuales de Sardinal. Igualmente dará prioritaria atención para que los diversos barrios de Sardinal que carecen de ello tengan agua potable en sus casas.

Comité Pro Defensa y Conservación del Agua de Sardinal

Se adjunta el análisis de Alan Astorga y otro más:

analisis-sardinal

evalua-estudio

 

**Para más informes puede contactar a las siguientes personas:

Eunice 6142-3774; Ricardo 6260-3337; Luis 8774-2489; Mario 8818-8060 y Capri 8878-0665

¡El agua es vida – y así se defiende!

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

Enviado a SURCOS Digital por Confraternidad Guanacasteca.

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FECON responsabiliza a MINAE por la vida de ecologista e informa al relator de la ONU

Amenazado una vez más

 

El pasado 8 de octubre hacia el final de la tarde, Alcides Parajeles escuchó disparos cerca de su propiedad en Osa. El ataque le costó la vida a un cerdo y otro quedo mal herido. Al día siguiente, domingo 9, su hijo encontró en los linderos de su propiedad a un muchacho con una carabina y al dueño de la finca vecina.

En julio del 2013 fue objeto de disparos por parte de unos cazadores. Afortunadamente, él resultó ileso. En las páginas de los periódicos nacionales, abundan las denuncias contra cazadores y contra la deforestación, que este activista, ha hecho a lo largo de su vida.

Tras este nuevo hecho de violencia, FECON insiste en el establecimiento un protocolo para investigación y prevención de estos hechos. Así como un fuero de protección para los activistas en materia ambiental. Al mismo tiempo, responsabilizamos al MINAE y al Gobierno por la vida de los ecologistas como Alcides que actúan en defensa del ambiente. FECON está informando al Relator Especial de la ONU, Michel Forst, para este hecho se incluya en el informe que prepara para presentar en Asamblea General de la ONU sobre la situación de las personas defensoras del ambiente a nivel mundial.

Alcides de 71 años de edad, cuida y vive desde los 4 años en la finca que le pertenece a su familia y consta de unas 550 hectáreas. Don Alcides ha dedicado buena parte de su vida a la protección de la fauna silvestre y los bosques de la Península de Osa. Sin haber ido un solo día a la escuela, como siempre dice con orgullo, pues se ha hecho experto en denunciar los daños ambientales, aún sin saber leer y escribir.

El sustento de la familia de Parajeles depende básicamente de la producción de la finca así que por años intento recibir pago por Servicios Ambientales del cual empezó a beneficiarse desde 2003, lo que le permite tener un ingreso suficiente y seguir cuidando la naturaleza. Sin embargo, recibir estos incentivos no ha sido fácil. Deben renovarse cada cinco años y los requisitos legales son cada vez más complicados.

Informes con Alcides Parajeles: 85305132

 

*Lea también:

Nuevo atentado contra ecologista en Osa

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Guacimal se manifiesta en SETENA-MINAE

Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua

Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares

guacimal se manifiesta

El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.

Con respecto al contexto nacional declararon que:

  • Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
  • Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
  • Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
  • Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
  • Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!

Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:

  • Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
  • La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
  • Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.

Así mismo manifestaron que:

Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.

Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.

 

Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Caso Columbia y FONOTICA: otra muestra de la urgencia de una nueva ley de radio y televisión

Comunicado de Prensa

 

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) expresa públicamente su solidaridad y apoyo a las y los músicos nacionales en la defensa de sus derechos de autor y pide a la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones del estado que no se dejen manipular por un distorsionado y manoseado discurso de libertad de expresión usado en los últimos días por el Grupo Columbia.

La reciente disputa legal entre la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines (FONOTICA) y la empresa Producciones LARG S.A. (propietaria de Columbia Estéreo) tiene que ver con un proceso judicial y no con la libertad de expresión ni con intentos de silenciar a un medio de comunicación.

¿Violación a la libertad de expresión? Violación a la libertad de expresión es la que se comete y se ha venido cometiendo en contra de cientos de emisoras pequeñas que están haciendo fila a la espera de una concesión, mientras no las dejan operar legalmente aunque otros grupos empresariales con concesiones las tienen en desuso o incumpliendo los requisitos de cobertura.

Los personeros de Columbia dicen que la demanda es astronómica. ¿Realmente lo es? Hasta el momento la ciudadanía desconoce los montos a los que ascienden las ventas de las sociedades anónimas que operan concesiones de radio y televisión bajo un esquema de concentración. Tampoco existe transparencia sobre los trasiegos de frecuencias mediante la figura de “cederlas”. Ese sí es el abuso a la libertad de expresión: mantener emisoras silenciadas y limitar la democratización del espectro radioeléctrico para seguir lucrando con el traspaso de frecuencias por lo bajo.

El tema de los derechos de autor y Radio Columbia Estéreo debe ponernos a todos a pensar sobre el fondo, sobre emisoras musicales ganando mucho dinero por publicidad, usando un espectro radioeléctrico sobre el cual pagan sumas ridículas.

En abril del 2009 FONOTICA demandó a Producciones LARG S.A. por violar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos No. 6683 y negarse a reconocer su pago a productores fonográficos y a intérpretes y ejecutantes musicales.

Los miembros de FONOTICA forman parte de casas discográficas que exigen a las radios pagos por derecho de explotación de la música. La demanda se resolvió en Sala de Casación a favor de FONOTICA en marzo. Durante todos estos meses FONOTICA y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) propusieron llegar a un arreglo; sin embargo, no hubo anuencia por parte del grupo radiofónico, indicó la AIE en un comunicado.

El pasado 18 de agosto personeros de FONOTICA y un juez anunciaron el embargo de los bienes de Columbia Estéreo como parte de la ejecución de la sentencia que obliga a la empresa a pagar ¢294 millones por derechos de fonogramas en el periodo del 2008 al 2009 y el 3 % de los ingresos brutos de las radioemisoras.

Según el Grupo Columbia, al estilo de dictaduras, Fonotica pretende cerrar la emisora Columbia Estéreo y otros medios de comunicación mediante cobros que han sido apelados.

La AIE informó que si Producciones LARG S.A. accede a llegar a un arreglo extrajudicial, tanto FONOTICA como AIE Costa Rica están anuentes a detener la ejecución de la sentencia.

Para la RedMICA, Columbia Estéreo es una radioemisora comercial que transmite música. En Costa Rica existen medios de comunicación con limitados ingresos que sí pagan los derechos de autor. ¿Por qué Columbia no los paga si es un medio eminentemente comercial?

Columbia quiere que el Estado costarricense detenga la orden de un juez; es decir, quieren derechos exclusivos para ciertas radios y para otras no; quieren que el Estado negocie a favor una radio, que es un gran conglomerado.

Consideramos que si el Estado va beneficiar a alguien, que no sea a un grupo radiofónico que concentra frecuencias, sino a las radios con menos recursos económicos por ser regionales o comunitarias y jamás en detrimento del trabajo de las y los artistas nacionales.

El proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión (LPRT) propuesto por la RedMICA tiene como uno de sus impulsos rectores el impulso prioritario a la producción nacional de alta calidad, especialmente de carácter cultural y educativa. Asimismo, promueve que el Estado garantice espacios y condiciones adecuadas para incrementar los contenidos de producción nacional en la radiodifusión sonora y televisiva. Es un proyecto de ley que defiende los derechos de los artistas y sus derechos como autores.

Columbia quiere que la ley haga una excepción con ellos; pero desde la RedMICA y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, lo que queremos es una nueva ley, más justa para todas las radioemisoras y para el gremio de artistas nacionales.

 

Contactos:

Catalina Montenegro, Cel. 8827-4091, montenegro.catalina@gmail.com

Andrea Alvarado, Cel. 8871-8949, andreaalvarado@hotmail.com

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de https://www.facebook.com/leyderadioytele/

Enviado a SURCOS Digital por Fabiola Pomareda.

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Honduras: mujeres lanzan campaña por la defensa de sus territorios

Durante el encuentro se entregó petición al Congreso Nacional para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca

 

Tegucigalpa, 6 de septiembre 2016. Ante el incremento de los proyectos de explotación y extracción en las zonas rurales de Honduras, organizaciones campesinas, indígenas, garífunas, feministas y de derechos humanos lanzan la campaña «Defensoras de la Madre Tierra», con el objetivo de visibilizar el rol histórico de las mujeres que exigen el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

La campaña destaca que a partir del 2009 las administraciones gubernamentales de Honduras han acelerado el otorgamiento de licencias a empresas transnacionales, nacionales y extranjeras, para proyectos turísticos, mineros y de generación de energía renovable, sin consultar de manera previa, libre e informada a las comunidades locales.

«Actualmente hay 537 licencias concedidas para la explotación minera y 252 para la generación de energía; muchos de estos proyectos se encuentran en territorios campesinos, indígenas y garífunas, irrespetando diversos acuerdos nacionales e internacionales, como la consulta previa, libre e informada del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que Honduras es suscriptor», expresó Wendy Cruz, representante de la campaña «Defensoras de la Madre Tierra».

Las voceras de la campaña resaltaron que el acaparamiento de las tierras para estos proyectos, afecta los medios de vida de las mujeres, «los territorios son un elemento fundamental para la vida de miles de familias hondureñas y está comprobado que estos proyectos no generan desarrollo social, provocando el aumento de la emigración por parte de las mujeres en las comunidades garífunas», detalló recientemente Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

La campaña advierte que la instalación de mega proyectos de explotación y extracción en esos territorios, afectan directamente la economía de miles de personas, la diversidad cultural, el medio ambiente y la paz social en las comunidades, «la garantía de los derechos legales a la tierra repercute positivamente en la seguridad alimentaria, diversos análisis demuestran que existe una correlación entre los derechos a la tierra y la ausencia de hambre en las poblaciones», detalló Juan Almendares, coordinador de la organización Madre Tierra, miembro de la campaña.

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Criminalización

A seis meses del asesinato de la excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, la campaña presentó el documental «Berta Vive»; posteriormente la madre de la lideresa, Austraberta Flores, entregó simbólicamente al Congreso Nacional una moción para anular la concesión de explotación de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el proyecto de Agua Zarca.

«Las mismas investigaciones realizadas por el Ministerio Público han confirmado el involucramiento directo de la empresa DESA en el asesinato de mi hija. Por obvias razones ahora el proyecto está temporalmente detenido, pero no es posible que la licencia de explotación permanezca activa, por lo que demandamos al Congreso Nacional la anulación de la concesión», manifestó Austraberta Flores.

La campaña también destacó que actualmente hay más de 3,800 campesinos y 1,200 campesinas que enfrentan procesos judiciales, «a nosotras se nos criminaliza por el hecho de defender nuestras tierras y territorios, se nos acusa de “usurpadoras”, pero nosotras nos preguntamos, ¿cómo puede alguien usurpar sus propias tierras?», comentó Yasmin López , representante de la campaña.

Por el derecho a la vida, a la alimentación, la tierra y la defensa de los territorios.

¡No más criminalización a las defensoras de la vida!

 

Organizaciones participantes de la Campaña “Defensoras de la Madre Tierra”:

ASOCIACIÓN MADRE TIERRA, PLATAFORMA AGRARIA, CENTRAL DE COOPERATIVAS CAFETALERAS DE HONDURAS – LA CENTRAL, CAMPAÑA LAS CAMPESINAS MERECEN TODO NUESTRO CRÉDITO, CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LOS FEMICIDIOS, PLATAFORMA 25 DE NOVIEMBRE, LA VÍA CAMPESINA – HONDURAS, FUNDACIÓN SIMIENTE, Oxfam en Honduras , COFADEH, Asociación de Organismos No Gubernamentalesde (ASONOG), Asociación Ecológica, San Marcos de Ocotepeque (AESMO), Organización para el Desarrollo de Corquín (ODECO), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),GRUPO SOCIEDAD CIVIL, Familia De Berta Cáceres , Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Cuna Maya Unión de Cajas Y empresa del Occidente de Honduras (UNICEMOCH), Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (CODIMCA) , Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Tortura Víctimas y Familiares (CPTRT),Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ACI Derechos Humanos, Mesa Nacional de Incidencia para la Gestión de Riesgo(MNIGR), Asociación de Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) y Asociación Popular de Desarrollo Integral (APDI).

 

Contacto:

 

Enviado a SURCOS Digital por Plataforma Agraria: www.plataformaagraria.hn

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Día pueblos indígenas: Por la autonomía y la autodeterminación en la defensa del Territorio

Por Mauricio Álvarez M (*)

 

Hoy 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, nos solidarizarnos con sus luchas por la autonomía y autodeterminación territorial y por la defensa de sus derechos y sus bosques.

Dia pueblos indigenas

Llamamos la atención sobre el acontecimiento histórico en el ejercicio de la autodeterminación del pueblo Bribri de Talamanca al realizar la “Declaratoria del Territorio Bribri Libre de REDD”. La declaración es una respuesta a 8 años de avance, sin trasparencia ni consulta, de la “estrategia indígena a nivel nacional REDD+”, por parte de diferentes gobiernos centrales, haciendo caso omiso a las innumerables denuncias y rechazos del pueblo bribri que consideran esta iniciática una amenaza de mercantilización de su territorio bajo el discurso de la mitigación del cambio climático.

La declaratoria que rechaza REDD+ por parte de los pueblos indígenas bribris fue elaborada entre marzo y junio de 2016 en más de 15 comunidades del territorio, en espacios autorganizados bajo su propio idioma y firmada por más de 300 personas. La declaratoria es contundente: “Haciendo uso a nuestro derecho de la propia consulta decidimos rechazar el proyecto REDD+, su protocolo de consulta, como cualquier modificación del nombre del proyecto y declaramos el territorio Bribri de Talamanca libre de REDD+, de la presente fecha en adelante.”

Para los firmantes: “El cuido de los bosques es un derecho y deber de toda persona e institucionalidad, para el pueblo Bribri el uso de recursos naturales en medicina, vivienda, educación, espiritualidad y en la vida en toda su complejidad, son concepciones culturales y tradicionales”.

Parte del rechazo a este mecanismo tiene su origen en la experiencia con el pago de servicios ambientales pues según ellos “ha generado conflictos internos, corrupción, divisionismo y pérdida de credibilidad hacia asociaciones e instituciones estatales”.

Representantes del pueblo Bribri en sus procesos de reflexión política han destacado la necesidad de alejarse de esta concepción de “desarrollo” representada en REDD+. Más que variar la utilización de la palabra «desarrollo», se trata de concebir una lógica distinta, basada en el bien común, el respeto a la tierra, sus recursos naturales, el rescate de la visión bribri del mundo que incluye y destacan como medulares aspectos como salud y educación, donde existen grandes diferencias culturales, en contraposición a la explotación de recursos naturales y la imposición de una determinada visión de sociedad sobre los pueblos de la zona (Salgado, Amaya, Monge y Rodríguez, 2009).

Lo que en el sur de América o Abya Yala, se le llama Sumak Kawsay, traducido como “Buen Vivir” el pueblo Bribri lo define como el “tsène buaë” o “estar bien” que refleja una forma de vida basada en los bienes comunes, la propiedad colectiva con expresiones del uso de la tierra como el cultivo rotativo, orgánico y el intercambio de productos sin utilizar dinero. El “tsène buaë” está caracterizado ciertos principios como: respeto a todas las formas de vida, involucramiento de personas jóvenes en espacios de decisión, construcción participativa, desde abajo y reconocimiento de la autonomía de la agrupación (Salgado, Amaya, Monge y Rodríguez, 2009).

Para el pueblo Bribri como no se piensa en dinero no se vive ni se trabaja a partir del consumo, se vive con otro ritmo y se trabaja mucho pero no a partir de destruir la naturaleza si no siguiendo sus señales, haciéndola descansar y ayudándola con los ciclos de la luna y las lluvias (Méndez, 2014).

Prueba de lo anterior es la existencia de bosques, ríos y biodiversidad en las zonas indígenas de nuestro país. Los Bribris han vivido y convivido por cientos de años sin destruirlos, a diferencia de los territorios no indígenas, donde escasean todos estos elementos indispensables para la vida.

Para las comunidades Bribris ejercer su autonomía para su propia sobrevivencia y cuido de la Naturaleza es prioritario construir un gobierno autónomo, que no dependa del sistema político-económico actual. Esto requiere transformar, modificar y sostener sus formas de educación, cuido de la salud, la producción y la cultura.

Nos toca escuchar lo que tienen que decir las comunidades y la sabiduría que les permite tener un territorio sano ambientalmente y una cultura viva y más vigente que nunca. Dejemos de imponer megaproyectos y otras formas de dominación para que florezcan esos buenos vivires que la humanidad tanto necesita.

Ver declaratoria en http://www.feconcr.org/doc/Territorio%20bribri%20libre%20de%20redd%2B.pdf

 

(*)Presidente FECON y profesor Kioscos Socioambientales UCR.

 

**Imagen: www.kioscosambientales.ucr.ac.cr

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Ambientalistas en peligro

  • Cada 48 horas un activista es asesinado en el mundo por defender el ambiente
  • Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes

Por Darío Aranda

Ambientalistas en peligro

Durante 2015, según la Global Witness, fueron asesinados 185 ambientalistas, 69 más que en 2014.

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

 

*Imagen principal con fines ilustrativos tomada de www.prensa.com

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El precio de los combustibles: un debate no ideológico

Greivin Salazar Álvarez*

 

Semanas atrás se realizó el VII Congreso de Energía, organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica, siendo el tema de los precios de los hidrocarburos en el país uno de los que más interés despertó en su audiencia.

A nivel nacional, se ha generado un cierto debate sobre este particular, el que por momentos ha tendido a ser muy ideológico; considerando sólo las visiones extremas, por un lado se encuentran los “aperturistas”, cuya posición se resume en que los precios de los combustibles en el país son altos porque se está en presencia de un monopolio estatal en manos de RECOPE, con una estructura de costos y gastos ineficiente, que además se ve impactada por los privilegios con que cuentan sus empleados en el marco de la respectiva Convención Colectiva, en consecuencia, la solución es abrir este mercado a la “competencia”; por otra parte, están los “estatistas”, menos mediáticos que los primeros, quienes se muestran a favor de la “defensa” de la institucionalidad costarricense.

Sin embargo, antes de valorar ambas posiciones y de hecho, externar la contenida en este artículo, es necesario tener presente algunas consideraciones previas alrededor del tema:

  1. A nivel centroamericano, Costa Rica compra (importa) la mayoría de derivados del petróleo al más bajo costo (CEPAL) y además vende los combustibles de mayor calidad (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  2. Según estimaciones de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el margen con que trabajan las refinadoras de petróleo, relativamente eficientes, es de 7 dólares por barril.
  3. En el país, el impuesto sobre las gasolinas es el más alto de la región, ronda alrededor de los 43 centavos de dólar por litro, seguido por Honduras con 33 centavos, mientras que en Panamá apenas es de 0,16 centavos (RECOPE, con base en Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central).
  4. Las variaciones en el precio internacional de los combustibles, tardan aproximadamente entre 35 y 45 días para verse reflejadas en el monto que pagan los consumidores costarricenses, mientras que en el resto de países del Istmo no supera los 15 días (RECOPE).

A partir de la anterior información, se derivan las siguientes reflexiones, a manera de interrogantes:

  1. Por su carácter de monopolio, RECOPE también es el único comprador de combustibles en los mercados internacionales para el país ¿Será que esta condición le permite realizar compras por volumen de tal manera que consigue los mejores precios de importación a nivel centroamericano? En caso de ser así ¿Con una eventual apertura se perdería esta ventaja?
  2. Se sabe que la calidad siempre tiene un costo adicional y este caso no ha de ser la excepción, en ese sentido: ¿En qué medida el menor precio de los combustibles en el resto de Centroamérica se debe a que su calidad también es menor?
  3. Con su estructura actual de costos y gastos, así como con sus niveles de eficiencia ¿Podrá RECOPE retomar plenamente sus funciones de refinamiento sin sobrepasar el margen de los 7 dólares por barril, tomando en cuenta que en caso contrario, es mejor seguir importando el producto terminado?
  4. Es evidente que la ventaja del país en lo que respecta al precio de importación de los combustibles se desvanece luego de aplicarse los respectivos impuestos ¿Es excesivo el monto de impuestos que se le cargan a los combustibles en el país? De ser afirmativo: ¿Son realmente destinados estos recursos a los fines para los que fueron creados, sobre todo en el mantenimiento de las vías de comunicación? O bien ¿Qué tan eficiente se hace?
  5. 5.¿Es posible contar con una metodología para la fijación del precio de los combustibles, que también considera la “oportunidad ciudadana” como uno de sus criterios?

Bajo este contexto, es evidente que son varios los factores que intervienen a lo largo del proceso de fijación del precio de los hidrocarburos en el país, por lo que en este sentido, es preciso que la agenda que se vaya a articular alrededor del tema sea guiada por un debate menos ideológico y más pragmático, por cuanto no se trata de convertir la apertura en un fin en sí mismo pero tampoco, de defender a ultranza la situación actual. En este sentido, algunos de los temas que deberían considerarse son:

  1. Balance del rol de importador único de RECOPE y conveniencia nacional de la apertura en esta materia.
  2. Revisión y depuración de las actividades legalmente asignadas a la Institución, para que, desde una perspectiva de interés nacional, se determine cuáles funciones sí y que otras no debería realizar RECOPE.
  3. Valoración de la estructura impositiva actual sobre los combustibles, así como determinación de mecanismos de control para velar por el uso efectivo de los recursos que el Gobierno obtiene a partir de los mismos.
  4. Elaboración de una nueva metodología tarifaria que reduzca el desfase en el ajuste del precio interno de los combustibles con respecto al mercado internacional.

Por último, cabe indicar que este tema no debería esperar, por cuanto tiene un impacto directo en el bolsillo de todos los costarricenses, en la competitividad del país, es un elemento clave para lograr el objetivo nacional de carbono – neutralidad y resulta fundamental para participar con éxito de la revolución energética mundial que se encuentra en marcha.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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En defensa del estado derecho

Arnoldo Mora

 

Como es tradición desde finales del siglo XIX, en el 1ro de mayo se celebra en el mundo entero el DÍA DEL TRABAJADOR. En Costa Rica se llevan a cabo también otras actividades de índole política. Los medios de comunicación se ocupan por igual de las marchas de las organizaciones gremiales como de la elección del directorio de la asamblea legislativa. Esa elección en buena medida sirve a los partidos políticos para medir fuerzas y, con ello, lograr una cuota de poder en el año que sigue. Este último ejercicio político reviste particular relieve debido a que, desde las elecciones pasadas, el país viene sufriendo un cambio sustancial en la configuración del Estado, no formal sino real…que es lo que importa cuando del ejercicio del poder se trata. Me refiero a que ahora no sólo los partidos con mayor representación juegan en este ajedrez un papel protagónico. Las componendas adquieren un rol relevante y, a veces, sorpresivo, haciendo realidad aquello de que “en política no se escogen los aliados”. En los pasadizos de Cuesta de Moras suelen aparecer en los 1ro de mayo fantasmas bailando un aquelarre al ritmo de un “Mayo Negro”. Si en el pasado se compraban los votos con partidas específicas (remember Cachimbal) hoy, al desaparecer éstas, lo que se busca son cuotas de poder, para impulsar la aprobación o rechazo de leyes en concordancia con sus intereses e ideologías. En este año, posiblemente lo que de este aquelarre salga no se sabrá con certeza sino hasta el momento mismo de la elección del Directorio.

Por su parte, los trabajadores organizados desfilan, no solo para honrar la memoria de sus mártires de ayer, sino para impulsar sus luchas de hoy y sus anhelos de mañana. El pueblo costarricense vive dos expresiones de su democracia, la representativa en Cuesta de Moras y la directa en las calles. Ambas, más allá de las apariencias, tienen algo en común: luchan por el poder, tanto para lograr u obstruir reivindicaciones populares, como para promover o rechazar leyes que enrumben los destinos de la Patria. En una época en que en el mundo entero se dan cambios vertiginosos en la configuración del poder, no es de extrañar que, detrás de estas divergencias se encierren enfrentamientos de largo alcance porque tienen su raíz en concepciones ideológicas y buscan transformaciones institucionales.

En el caso de Costa Rica, es el Estado Social de Derecho el que se ve amenazado y asediado. Detrás de la supuesta reducción del gasto público, lo que se pretende es hacer que la crisis fiscal, provocada por la clase dominante, la paguen los de abajo, como siempre, aunque no la hayan causado. Los que desfilan en las calles y sus compañeros que no lo hacen (sobre todo del sector privado) por amenazas de despido, lo hacen en defensa de los derechos laborales garantizados por el Estado de Derecho gracias a las reformas de 1943 consolidadas en la Constitución actual (1949).

En conclusión, este 1ro de mayo expresa, con la mayor firmeza, la verdadera raíz del enfrentamiento político real sustentado en la lucha de clases. Los trabajadores deben unirse, no solo para ganar las luchas en pro de la justicia social, sino en torno a un proyecto nacional más amplio que ponga las bases de la Costa Rica que anhelan las generaciones jóvenes de hoy y de mañana. Para ello deben superar divergencias tácticas y conformar una dirección unificada. Así lo reclama el futuro de la Patria.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos2

El pasado viernes 27 de noviembre 2015, en la Casa de la Cultura, Guápiles, hubo una importante concentración de agricultores en defensa de los insumos por las pérdidas en sus cosechas por la acción de los temporales de mediados de este año.

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos5

Participaron agricultores de Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres y Talamanca.

En forma democrática se constituyó una Comisión Campesina que le dará seguimiento a los procedimientos de INDER, MAG e IMAS para la entrega de los insumos.

Con esta concentración se demuestra que el movimiento empieza a levantarse en la región Atlántica.

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos4

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) en defensa de sus insumos3

Tomado de la página de Facebook de Orlando Barrantes.

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