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Melvin Solís Blanco, vive en San Jerónimo, San Pedro, Pérez Zeledón y pertenece a las Comisión de Defensa del Río San Rafael y Movimientos Ríos Vivos de Costa Rica.

Compartimos su experiencia y la de su comunidad en lucha por la defensa del Río San Rafael.

El proyecto hidroeléctrico sobre el río San Rafael se viene gestando desde el año 2010. Para el 2013 se abrió un expediente en SETENA, con lo que inició la tramitología del proyecto, tratando de encontrar su primer permiso que era la viabilidad ambiental, avanzó con los usos de suelo, los cuales fueron muy mal dados por la municipalidad, incluyendo tierras que están dentro del margen no permitido por la municipalidad para dar permisos de suelo para la construcción de vivienda o cualquier otro proyecto y también incluyen propiedades que no tienen plano catastrado ni escritura, lo cual no es permitido por la ley y otras irregularidades más en este sentido de los usos de suelo para desarrollar el proyecto.

Con estos usos de suelo y otros datos como un estudio de fuerzas hidráulicas, un estudio hidrológico y el estudio de impacto ambiental hechos y pagados por la empresa, lograron en el año 2016 la viabilidad ambiental.

Luego, con estos mismos datos aportados en la viabilidad ambiental, incluyendo algunas otras anomalías, como por ejemplo que la dirección de aguas hizo una única medición del río el 15 de marzo de 2016, haciéndola 300 metros aguas abajo de donde va a ser la toma de agua sin respaldar más medidas durante los otros meses del año (ni anterior a esa fecha), tomando entonces como parámetro le medición que aparece en el estudio hidrológico de la empresa de los doce meses del año, cuando realmente el río debió haberse medido por más tiempo y dicha medición no debió de haber estado a cargo únicamente de la empresa interesada, sino también por parte de la entidad a cargo del Estado.

Tomando en cuenta todas esas irregularidades y basándose en la información que ya había sido aprobada por SETENA, se les aprueba una concesión de aguas en el presente año por 4500 litros de agua, 24 horas al día, 365 días al año, esto a pesar de que hay meses en el año que por el río apenas bajan 1200 litros de agua aproximadamente; el 80% del tiempo el cauce está por debajo de los 4500 litros de agua, sólo hay meses como octubre y noviembre en que el caudal aumenta un poco. Es así como la empresa se hace dueña del río en su totalidad.

El proyecto vendría a secar cerca de 2 kilómetros del río, al margen de los cuales existen fincas, cafetales, viviendas, centros turísticos, entre otros, que se verían seriamente afectadas con esta concesión de aguas, la cual vendría a convertirse también en una concesión de venta de servicios públicos de la ARESEP. Por ende, en este momento el proyecto ya cuenta con todos los permisos, únicamente les queda por alcanzar el permiso de Conveniencia Nacional e Interés Público para poder desarmar completamente los márgenes del río, pues la ley los ampara.

Nosotros en la comunidad somos un grupo bastante grande, el cual está en contra de este proyecto, un aproximado del 90% de distrito está en contra y hay un pequeño grupo que se ha dejado “comprar” con dádivas, ofrecimientos de trabajo, entre otras cosas.

Con el paso de la tormenta Nate, la empresa quiso entrar con maquinaria diciendo que iba a favorecer a las comunidades, sabiendo nosotros que era “comprando conciencias”. El grupo opositor del río dijo claramente: “No lo aceptamos”; sin embargo ellos siguieron insistiendo y un grupo de vecinos y líderes comunales se dieron la tarea de sacarlos; se dieron varios enfrentamientos con la policía, pero a pesar de esto, con pruebas de fotografías y videos, la misma fiscal y su abogada decidieron que el caso no procedía.

Hicimos en algún momento una manifestación fuerte en el puente del Río Unión en el año 2016, en la entrada al distrito de San Pedro, con la cual nos empezamos a dar a conocer; tuvimos varias marchas; participamos en la audiencia de la ARESEP, donde quedó claramente establecido que el 95% de este distrito está en contra de este proyecto y se han venido dando otras muchas más acciones. Tenemos una buena organización de personas que desarrollamos algunas actividades y mantenemos el movimiento vivo. Tenemos l apoyo del movimiento de Ríos Vivos de Costa Rica, de FECON y algunas otras organizaciones, asociaciones de desarrollo, ambientalistas y de turismo así como universidades y ASADAS que manifiestan su total oposición al proyecto.

Termino diciendo que es el único proyecto en el que la mayoría no manda. Aquí se le pasa por encima a la decisión del pueblo, de las leyes. Actualmente tenemos una apelación ante la SETENA y una solicitud de nulidad de la viabilidad ambiental con suficientes pruebas de que fue mal otorgada. También tenemos una petición de nulidad ante la ARESEP y una demanda ante la Junta Directiva por parte diputado Edgardo Araya en contra del Ministro del Ambiente por las acciones tomadas de manera irregular y a favor de la empresa. Por otra parte tenemos la apelación presentada ante la Dirección de Aguas y la solicitud a anulación total de la concesión y otras acciones a nivel municipal, entre otras.

El proyecto en este momento tiene el 95% de los permisos adquiridos, solamente les falta uno, recalcando que todos esos permisos han sido mal otorgados. La ley tiene que hacerse respetar y no permitir que este tipo de cosas sucedan.

El desarrollo en las comunidades tiene que lograrse a base de trabajo, de una buena distribución de los recursos por parte de las entidades del Estado, del trabajo de buenos líderes, pero NO vendiendo nuestros recursos naturales y mucho menos el agua.

Información enviada a SURCOS por Melvin Solís Blanco.