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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Llamado a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Llamado urgente a las comunidades afrodescendientes sobre la intervención de la Defensoría de los Habitantes Ignorada por Líderes.

A todos los pobladores afrodescendientes de Costa Rica
1 de junio de 2025

Estimados hermanos y hermanas de la comunidad afrodescendiente,

Nos dirigimos a ustedes con un sentido de urgencia y solidaridad para informarles sobre un asunto crítico que afecta los derechos de nuestras comunidades, particularmente en lo relacionado con la propiedad ancestral en zonas como Cahuita, Siquirres, Matina, Puerto Viejo, Cocles y Manzanillo. El pasado 11 de diciembre de 2024, la Defensoría de los Habitantes emitió un documento trascendental —Oficio N° 13873-2024-DHR, Registro de Intervención N° 442152-2024-RI— a raíz de una solicitud de intervención presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo. Este documento aborda las continuas violaciones a nuestros derechos humanos, específicamente nuestro derecho a las tierras ancestrales y a la consulta previa, protegidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales.

La intervención de la Defensoría detalla la omisión del Estado costarricense en reconocer y proteger los derechos de propiedad ancestral de las comunidades afrodescendientes, así como la falta de consulta previa, libre e informada, como lo exige el Convenio 169. El documento presenta recomendaciones específicas al Ministerio de la Presidencia, entre las que destacan:

1. Nombrar con prontitud un nuevo Comisionado de Inclusión Social para dar seguimiento a las iniciativas de poblaciones vulnerables, incluyendo la afrodescendiente.

2. Designar una unidad técnica administrativa del Poder Ejecutivo para gestionar los procesos de consulta de los pueblos tribales afrodescendientes.

3. Definir el término “propiedad ancestral afrodescendiente” mediante coordinación interinstitucional y un peritaje cultural.

4. Ejecutar a la brevedad los procesos de consulta para delimitar y reconocer los territorios ancestrales afrodescendientes.

Estas recomendaciones están fundamentadas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 1993, y el Decreto Ejecutivo 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (5 de mayo de 2022), que reconoce a los afrodescendientes costarricenses como pueblo tribal y establece el Foro Tribal Afro Costarricense como instancia de diálogo con el gobierno. Además, la Defensoría reconoce la discriminación sistémica y las injusticias históricas sufridas por nuestras comunidades, así como la inacción del Estado, según se desprende de informes previos (como el de Acciones de Protección de Derechos de las Personas Afrodescendientes 2015-2021 y el informe de la ex Defensora Montserrat Solano Carboni de 2014-2018).

Lamentablemente, hemos constatado que esta intervención crucial de la Defensoría ha sido ignorada por algunos líderes afrodescendientes, quienes no han reconocido ni actuado en relación con este documento oficial. Esta inacción pone en riesgo los avances hacia la garantía de nuestros derechos a las tierras ancestrales, la consulta previa y la autodeterminación, derechos que no son negociables, sino consagrados en el derecho internacional y en la Constitución multiétnica y pluricultural de Costa Rica.

Hacemos un llamado a todos los pobladores afrodescendientes a unirse para exigir rendición de cuentas tanto a nuestros líderes como al Estado. Las recomendaciones de la Defensoría son un grito de acción, instando al gobierno a cumplir con sus obligaciones legales bajo los principios de progresividad y no regresión de los derechos humanos y el principio de no discriminación. No podemos permitir que el silencio o la indiferencia de algunos obstaculicen nuestra lucha colectiva por la justicia, el reconocimiento y la protección de nuestro legado ancestral.

Instamos a la comunidad a:

Informarse sobre la intervención de la Defensoría (Oficio N° 13873-2024-DHR) contactando a la institución en correspondencia@dhr.go.cr o visitando sus oficinas en Barrio México, Calle 22, Avenidas 7 y 11, San José.

Participar con organizaciones comunitarias para asegurar que el Foro Tribal Afro Costarricense y otros organismos representativos prioricen este tema y aboguen por la implementación de las recomendaciones de la Defensoría.

Exigir transparencia y acción a los líderes afrodescendientes para abordar las violaciones de nuestros derechos y apoyar los esfuerzos legales y técnicos necesarios para garantizar nuestras tierras ancestrales.

La lucha por nuestros derechos como pueblo tribal afrodescendiente es una responsabilidad compartida. Honremos la resiliencia de nuestros ancestros uniéndonos, educándonos y exigiendo responsabilidad tanto a nuestros líderes como al Estado. El momento para el reconocimiento, la justicia y el desarrollo —como se estableció en el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024)— es ahora.

Para mayor información o para unirse a este esfuerzo, por favor contacte al teléfono (506).83-63-96-87

En solidaridad,
Marco Levy Virgo

Descargar el informe con recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes.

Defensoría pide protocolo para atención de incidentes en el transporte público cuyas víctimas sean personas con discapacidad

Una persona menor de edad se cayó de una rampa de un bus. La unidad de transporte era del 2016. Este incidente motivó a la Defensoría de los Habitantes abrir una investigación de oficio, con el propósito de analizar las acciones que realiza el Consejo de Transporte Público (CTP) en la atención de este tipo de incidentes donde hay involucrados personas con discapacidad en el transporte público.

Aunque el CTP realizó un proceso de investigación sobre el caso puntual, reconoció a esta Defensoría que no existe un protocolo estructurado o específico para la atención de los incidentes en el trasporte público que involucra a personas usuarias con discapacidad.

La ausencia de este protocolo que verifique las condiciones, no sólo mecánicas, sino de otra naturaleza como es la seguridad y adecuación, las necesidades de las personas con discapacidad y que reconozca que, dentro de este sector de la población, también existe una diversidad en cuando a sus necesidades y características, es una falencia que hoy en día tiene el CTP”, indica la Defensoría.

También llama la atención de esta Defensoría que el informe presentado por el CTP, refleja que la investigación sobre el caso, no respondió a un procedimiento homogéneo de investigación, establecido por dicho Consejo como instancia responsable de la supervisión de las empresas o personas prestatarias del servicio de transporte público; por el contrario, responde a un protocolo interno de la empresa autobusera. En este, se limita a dar parte a las autoridades públicas y a la verificación del funcionamiento mecánico de la empresa prestataria del servicio.

La Defensoría de los Habitantes recomendó al MOPT que además de elaborar un protocolo, emita una guía/lineamiento que permita homogenizar las acciones de las empresas concesionarias o permisionarias encargadas del transporte público, frente a sucesos/denuncias que afecten la integridad física o seguridad de las personas

usuarias con discapacidad. Todo ello se requiere, coordinar con el CONAPDIS para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad en la elaboración de los instrumentos jurídicos.

Defensoría: Violencia obstétrica sigue presente en hospitales

Luego de analizar e investigar denuncias que ingresaron a la Defensoría de los Habitantes sobre violencia obstétrica ocurridas en diversos hospitales, recopiladas entre el periodo 2022 y 2025, se determinó que, aún prevalecen prácticas contrarias a los derechos de las mujeres gestantes y sus familiares, tales como maltrato verbal, negación del acompañamiento durante el parto, procedimientos médicos sin consentimiento informado, desatención de condiciones emocionales y psicológicas de las pacientes, entre otros.

Según los casos denunciados destacan partos en condiciones indignas, errores en los diagnósticos que pusieron en riesgo vidas y atención despersonalizada en situaciones de alto riesgo obstétrico.

La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social realizó en el 2024 una visita a doce hospitales durante el 2024, para observar la atención en servicios de Ginecología, Obstetricia y Neonatología. Determinó que, muchas mujeres aseguraron vivir situaciones donde se sintieron maltratadas o ignoradas. Relataron decisiones médicas sin explicaciones, respuestas confusas o contradictorias entre los profesionales, comentarios despectivos, falta de apoyo después del parto, y no saber a quién acudir si sentían que algo no estaba bien, entre otras cosas.

La Auditoría también encontró problemas en la organización de los servicios: poca capacitación del personal en temas de trato con calidez, falta de encuestas para saber qué piensan las usuarias, debilidades en la infraestructura, y carencia de espacios adecuados para adolescentes o mujeres que enfrentan una pérdida gestacional, aunque también encontró algunas iniciativas positivas del personal de salud de algunos hospitales, como el Proyecto Angelitos.

La Defensoría considera que lo que hace especialmente importante este informe de la Auditoría es que proviene de la misma CCSS.

Adicionalmente la Defensoría emitió recomendaciones a la CCSS, entre las que destaca, el garantizar la aplicación de normativas y protocolos vigentes, y establecer un mecanismo de monitoreo, oficializar, divulgar e implementar la “Estrategia Institucional de Prevención y Atención de la Violencia Obstétrica en la CCSS” así como posicionar la materia de violencia obstétrica desde una perspectiva cultural, a través de la formación y capacitación, y fiscalización de la prestación de los servicios gineco-obstetricia y otros.

Además, implementar procesos de capacitación en forma permanente; garantizar que el uso de medicamentos para la inducción del parto se realice cuando sea estrictamente necesario, reforzar en el personal el trato cálido, respetuoso, empático a las usuarias, así como el acceso a la información clara, coherente, comprensible y oportuna, y en particular, que las mujeres que hayan experimentado una pérdida gestacional reciban información y atención adecuada para enfrentar el duelo, incluyendo atención psicológica. También se debe garantizar el acceso a la denuncia mediante la información a las usuarias, y asegurar la investigación de las mismas sin dilación.

Defensoría interviene por derecho a la educación de niñez en el CATEM

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.

La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.

La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.

También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.

Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.

La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.

Comuicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría detecta ocho debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.

En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.

Los principales hallazgos fueron:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.

3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.

7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.

8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría recomendó al MEP revertir decisión de eliminar Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones donde solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la decisión de eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia” la decisión adoptada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025, mediante el acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las propias instancias técnicas del MEP concluyeron que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no reemplaza ni cumple con los objetivos del programa eliminado y que estuvo vigente desde el año 2013, al ser excluidos contenidos claves como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. La supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Las recomendaciones dirigidas al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación van desde la reactivación de dicho Programa derogando el acuerdo antes mencionado. Una vez restablecido, valorar su revisión, evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados en un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena del estudiantado y personal docente en dicha revisión y actualización.

Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes. Para tal efecto es necesario e indispensable

Involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para la Defensoría es fundamental promover la participación de la comunidad estudiantil adolescente, fomentando espacios de diálogo y participación para que las y los adolescentes y jóvenes expresen sus necesidades y expectativas respecto a su educación en sexualidad y afectividad, así como la formación de docentes para que puedan abordar estos temas con sensibilidad, respeto y conocimiento.

Adicionalmente la Defensoría recomendó al ministro de Educación monitorear y evaluar continuamente los programas, implementando mecanismos de seguimiento para asegurar que las acciones educativas sean efectivas y respeten los derechos de las y los jóvenes. En el informe, la Defensoría exhorta al MEP y al CSE respetar las recomendaciones de organismos internacionales que instan a mantener la educación sexual integral como componente obligatorio del currículo educativo y que lo reconocen como un derecho humano. También exhorta al Ministerio de Educación Pública a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico nacional e internacional.

Las recomendaciones están sustentadas en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocido en instrumentos internacional de derechos humanos. Su eliminación podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide explicaciones sobre la Torre de la Esperanza

Luego que la Defensoría de los Habitantes realizara una inspección en el Hospital Nacional de Niños y pudiera comprobar las necesidades en infraestructura, elevó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un pliego de consultas para dar seguimiento al futuro de la construcción de la Torre de la Esperanza.

De acuerdo con el director de este centro médico, Dr. Carlos Jiménez Herrera, es necesario disponer de unidades, con el espacio adecuado para tratar a las personas menores de edad, especialmente las que requieren atención y hospitalización prolongada y cuyas patologías y tratamientos, requieren de instalaciones óptimas. Igualmente, para aquellas personas menores de edad que ingresan a Emergencias.

La Defensoría de los Habitantes, haciendo eco de la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás normativas relacionadas con el derecho a la salud que tienen los niños y niñas, solicitó a las autoridades de la Caja indicar el nivel de prioridad respecto a la construcción de la Torre de Cuidados Críticos (conocida como Torre de la Esperanza).

Además, si dicho Portafolio de Inversiones tiene actualmente la información actualizada del Hospital Nacional de Niños y si existe otro fideicomiso, además del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, para la construcción de dicha torre. También si existe algún portafolio de inversiones adicional para el Hospital Nacional de Niños y, si la Red Oncológica Nacional, está financiando algún proyecto para dicho centro médico u cualquier otro proyecto a implementar próximamente.

Defensoría investiga financiamiento al sector agrícola no exportador por parte de la banca pública

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para determinar el rol de los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador en el país a partir de un enfoque desde los derechos humanos y del desarrollo sostenible, mediante el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.

El estudio incluirá a los bancos del Estado a partir de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola. Es por eso que, la Defensoría solicitó a los Bancos Nacional y Banco de Costa Rica información de las políticas institucionales y normativas; los criterios que utilizan para definir las condiciones de financiamiento dirigidas a este sector, si cuentan o no con políticas o programas específicos que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y personas adulta mayor y si existe o no alguna línea de crédito específica para prácticas agrícolas sostenibles, resiliencia climática o tecnologías verdes.

También consultó sobre los datos estadísticos de los últimos 10 años relacionados con el monto total de crédito agropecuario desembolsado por año, cantidad de personas productoras beneficiadas, tasas de interés promedio para el sector agropecuario y el porcentaje de participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito del banco. Además, conocer si se recopila la información de las solicitudes de crédito rechazadas y sus principales motivos.

En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes

y adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.

Sobre la colaboración institucional, la Defensoría consultó si el banco articula su oferta crediticia agropecuaria con programas de instituciones como el INDER, MAG o el Sistema de Banca para el Desarrollo y si participan en programas con enfoque de inclusión financiera rural o estrategias de educación financiera para personas productoras.

Avanzan acuerdos claves para combatir el racismo en el deporte

Luego de la intervención que hizo la Defensoría de los Habitantes por la presencia de actos y conductas racistas en algunos juegos de fútbol en la Primera División Costarricense, se logró llegar a acuerdos importantes por parte de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

En primer lugar, la Defensoría instó a la institucionalidad presente durante una sesión de trabajo, efectuar los procesos dirigidos a finalizar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, para que sesionara y atendiera las denuncias existentes y venideras ante casos de racismo o violencia en eventos deportivos.

De acuerdo con la información suministrada por el viceministro de Seguridad y coordinador de dicha Comisión, Erick Lacayo, durante el segundo semestre del 2024 se convocaron sesiones donde se acordó convocar a una reunión a la Gerencia Deportiva de los clubes de Primera División con el propósito de que compartan cuál es la visión que tienen sobre la Ley N° 9145, para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos y su Reglamento, así como sugerencias en materia preventiva.

Además, se acordó revisar temas relacionados a la aplicación del procedimiento de eventos masivos para los distintos deportes, solicitar a las Federaciones que informen cuáles son las distintas actividades deportivas programadas en un periodo de 12 meses, así como la participación de personas menores de 18 años. Lo anterior para poder determinar quién es el responsable de los eventos y a la vez se alerte las situaciones que se pudieran presentar y establecer la conformación de una mesa de trabajo para la creación del protocolo de actuación de la Ley 9145 así como la propuesta de Reforma de la Ley.

Tras analizar el trabajo realizado, la Defensoría de los Habitantes recomendó dar seguimiento y continuidad a las sesiones a efectuar por parte de la Comisión de Eventos Deportivos durante el 2025, atendiendo las recomendaciones que se generen en dicho espacio, y continuar con el proceso de revisión del Reglamento a la Ley 9175, para su publicación y entrada en vigencia e informar de sus resultados.

También se instó a establecer protocolos claros de investigación y sanción para casos de racismo en espacios deportivos, incluyendo la coordinación efectiva entre las instituciones responsables y dar seguimiento y atención a la situación presentada meses atrás en la Federación de Taekwondo en relación con la existencia de las denuncias por presunto acoso sexual.

Nuevamente la Defensoría de los Habitantes expresa la urgente necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, la no discriminación y el rechazo a toda manifestación de racismo en todas las actividades públicas y privadas.