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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Parálisis por nombramientos de magistraturas suplentes pone en riesgo derechos de habitantes

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes enfatizó que la falta de nombramiento de magistraturas suplentes, al menos de los mínimos necesarios, pone en altísimo riesgo el respeto de los derechos fundamentales de los y las habitantes.

En un informe remitido esta semana a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la Defensoría alertó que la continuidad de la situación actual de parálisis de estos nombramientos implica un quiebre directo al principio de supremacía constitucional, en tanto un Tribunal Constitucional creado pero imposibilitado para ejercer su competencia resta toda eficacia a la Constitución Política, como norma suprema que da garantía a los derechos fundamentales de la población y que es el vértice de la pirámide de la que se nutre el resto del ordenamiento jurídico.

La Defensoría señaló que ha venido dándole puntual seguimiento a la elección de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional, tema que fue objeto de discusión en la reunión de jefaturas de fracción llevada a cabo en la Asamblea Legislativa el jueves 4 de junio del año en curso; y que también fue referido por el diputado Gonzalo Ramírez en la presentación del informe anual de labores llevado a cabo en el Plenario Legislativo el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

Del análisis de información solicitada por esta Defensoría a la Corte Suprema de Justicia se identificó que durante el año 2025 las magistraturas suplentes participaron en la votación de aproximadamente 43.144 expedientes, lo que evidencia su relevancia para el funcionamiento ordinario de la jurisdicción constitucional. Asimismo, la ausencia de magistraturas suplentes ya está produciendo afectaciones concretas en la prestación del servicio de justicia constitucional, existiendo al menos 87 asuntos pendientes de estudio y resolución definitiva por la imposibilidad de integrar el Tribunal.

“A nivel de riesgos existentes, valga indicar que esta situación impide la integración del Tribunal ante supuestos de inhibiciones, recusaciones, incapacidades, vacaciones u otras ausencias temporales de magistrados propietarios; provocando atrasos en casos urgentes como resolución de recursos de amparo, hábeas corpus, entre otros”, indicó la Defensoría a la Asamblea Legislativa.

A partir de lo anterior, se compromete el cumplimiento efectivo de una serie de derechos tales como: acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y protección oportuna de los derechos fundamentales. Sumado a lo anterior, se estarían generando las condiciones para la vulneración, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado costarricense e inserta en su ordenamiento jurídico mediante Ley N° 4534, vigente desde febrero de 1970; el cual tutela el derecho de toda persona a contar con recursos judiciales sencillos, rápidos y efectivos y el correlativo deber del Estado de asegurar su libre ejercicio sin obstáculos ni limitaciones.

Podcast de la Defensoría da voz a las víctimas de femicidio

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Defensoría de los Habitantes lanzó el octavo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

Este nuevo capítulo se enfoca el trabajo de las 31 Fiscalías con personal especializado que conocen materia de violencia de género, los retos en materia presupuestaria para su funcionamiento, las plazas requeridas para el fortalecimiento del trabajo de estas unidades, analizar los retos en materia de acceso a la justicia y el trabajo de la prevención de la violencia.

En el nuevo episodio se aborda el testimonio de un familiar de una víctima de femicidio, el acompañamiento recibido, cómo enfrentar el proceso y la solicitud de justicia.

Para la edición del podcast participan la fiscal adjunta de género del Poder Judicial, Debby Garay Boza y Laura Tacsan Ulate, hermana de una víctima de femicidio.

▶️ El episodio completo aquí.

Spotify:
https://open.spotify.com/episode/6AFl0YB0BU62X4XQ5fNbNy?si=rsky87XzQJStSqHNT2Fbgg

Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Sector agropecuario no exportador enfrenta limitaciones para acceso al crédito en la banca pública

Escrito en . Publicado en Alimentación.

La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.

El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.

Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres. Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.

La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.

La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:

  1. Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.

  2. Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.

  3. Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.

  4. Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.

  5. Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.

Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.

La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.

Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Informe-final-06636-2026-DHR-AE-468442-2025-RI.pdf

 

Defensoría advierte: Barreras al sector frijolero amenazan seguridad alimentaria

Escrito en . Publicado en Alimentación.

*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.

La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.

La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.

Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.

Un problema que trasciende lo económico

La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.

Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.

El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.

La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.

«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/06629-2026-DHR-AE-425606-2023-RI.pdf

Defensoría: Violencia patrimonial contra personas adultas mayores debe erradicarse

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En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado a fortalecer la prevención, el trato digno y la garantía efectiva de los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes recordó que el lema promovido este año por las Naciones Unidas, “Más allá de la sensibilización: lograr una prevención eficaz del maltrato a las personas mayores”, plantea la necesidad de avanzar de la reflexión a la acción mediante políticas, servicios y mecanismos de protección que prevengan la violencia, la discriminación y el abandono.

La institución destacó que las personas adultas mayores son titulares plenos de derechos y que el envejecimiento debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, garantizando su autonomía, participación, acceso a la salud, seguridad económica y una vida libre de violencia.

Como parte de su labor institucional, la Defensoría de los Habitantes mantiene una vigilancia permanente sobre las actuaciones de las instituciones públicas responsables de la atención de esta población. Asimismo, ha fortalecido sus acciones de fiscalización y seguimiento para promover mejores condiciones de atención y una respuesta más efectiva a sus necesidades.

La Defensoría reiteró su preocupación por las distintas formas de violencia que afectan a las personas adultas mayores, particularmente la violencia patrimonial, que limita su autonomía y compromete su calidad de vida. Situaciones relacionadas con personas adultas mayores que son privadas del control de sus recursos económicos, que son presionadas para transferir bienes o que enfrentan abusos financieros que comprometen seriamente su calidad de vida. Estas situaciones no pueden seguir siendo vistas como simples conflictos familiares. Constituyen una grave vulneración de derechos humanos.

La autonomía económica es una condición fundamental para la libertad y la dignidad de las personas. Sin recursos suficientes resulta mucho más difícil ejercer otros derechos esenciales. Precisamente por ello, la Defensoría de los Habitantes ha respaldado iniciativas orientadas a proteger el mínimo vital de subsistencia de las personas pensionadas. Entre ellas destaca el Proyecto de Ley N° 24.940, conocido como “Pensión Mínima Intocable”, que busca garantizar que las personas pensionadas conserven un ingreso mínimo indispensable para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, medicamentos y servicios esenciales.

También subrayó la importancia de fortalecer los servicios de salud, garantizar una atención oportuna y especializada, y evitar que la digitalización de los servicios se convierta en una nueva forma de exclusión. Además, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo y cuidado, así como las redes familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar y la protección de las personas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado a las instituciones públicas, organizaciones sociales, comunidades y familias para promover una cultura basada en el respeto, la solidaridad y la inclusión.

“La forma en que una sociedad trata a las personas mayores refleja su compromiso con los derechos humanos. Garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación, es una responsabilidad de toda la sociedad”, dijo con ocasión el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira Jiménez.

Defensoría: Recortes afectan a la niñez frente a la explotación laboral

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Defensoría de los Habitantes advirtió los riesgos de un eventual incremento en las cifras del trabajo infantil en el país, como consecuencia de los recortes progresivos a programas que forman parte de la red de protección social, tales como avancemos, comedores escolares y los Cen-Cinai, concebidos para aliviar la situación económica que enfrentan miles de familias.

Según la OCDE, Costa Rica exhibe la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.

De acuerdo con datos presentados recientemente por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional, a partir del año 2022, la inversión pública dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%.

Ante el contexto descrito, la Defensoría señala que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad; se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Radiografía del debilitamiento institucional

La Defensoría detalla tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios impactan directamente los esfuerzos nacionales de erradicación:

• Programa Avancemos (IMAS / FODESAF): Datos del IMAS revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. También, los recursos destinados a al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos. Tales recortes constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.

• Red de Cuido Infantil: La no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a bien dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.

• Comedores Escolares (MEP): Las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos, afecta la permanencia de los estudiantes en el sistema, puesto que se trata de un programa de equidad que contribuye a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.

Un llamado a la rectificación

Para la Defensoría de los Habitantes, una política de austeridad fiscal que se financie sacrificando a las niñas y los niños es fiscalmente inviable y moralmente inaceptable. Costa Rica, ha sido reconocida como «país pionero» ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su lucha para erradicar el trabajo infantil, pero el debilitamiento de los programas sociales hacia la niñez pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos asumidos.

De ahí que, la institución hace un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa para:

• Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.

• Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.

La evidencia técnica es contundente: el trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes.

Defensoría solicita fortalecer los EBAIS de la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Salud.

Luego de un trabajo de campo realizado a través de la inspección a 40 Ebais y 06 Puestos de Visita Periódica en toda la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes elevó una gestión a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para conocer el plan de atención a corto, mediano y largo plazo, que integre el primer nivel, el hospital de referencia y los actores locales como la municipalidad y la sociedad civil.

Para tal efecto, trasladó 27 preguntas que procuran conocer la gestión que tiene programada la CCSS para toda la Zona Sur-Sur, que abarque la planificación de los servicios, el enfoque de red así como todas las acciones concretas en materia de infraestructura, conectividad, acceso a citas, medicamentos, servicios de laboratorio, recurso humano, servicios de apoyo, y en general, el fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los Ebais.

Algunas de las inquietudes planteadas están relacionadas con los indicadores de seguimiento que utiliza la CCSS para medir mejoras en acceso, resolutividad y listas de espera asociadas a este primer nivel de atención. También las medidas inmediatas para mitigar riesgos sanitarios en Ebais con condiciones críticas en Pavones, Gutiérrez Braun, Sabalito, Los Chiles 2, por ejemplo, mientras se resuelven soluciones estructurales.

Otro aspecto que la Defensoría está interesada conocer es el plan de contingencia para aquellos Ebais con fallas graves de internet y EDUS que actualmente operan con expediente físico y, los plazos que se manejan para restablecer conectividad funcional en comunidades como Biolley, Alto Comte, Guagaral, Las Mesas y Villa Argentina.

Además, conocer los ajustes operativos que se aplicarán para mejorar la asignación de citas, especialmente en EBAIS con alta carga de pacientes crónicos y si se ampliarán o flexibilizarán los cupos presenciales y telefónicos, tomando como referencia experiencias positivas identificadas en Coto Brus.

La Defensoría hizo énfasis en saber las medidas urgentes que se adoptarán para evitar retrasos de hasta 24 horas en la entrega de medicamentos en EBAIS y Puntos de Visita Periódica (PVP) sin apoyo de farmacia y cómo se corregirán los desabastecimientos recurrentes en áreas como Río Claro, Osa y Pérez Zeledón.

La Defensoría preguntó a la CCSS si existe un plan para reforzar recurso humano deficitario (odontología, farmacia, laboratorio, medicina familiar, nutrición, psicología, trabajo social y sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria) en las áreas más afectadas. También cuál es el plan para la implementación efectiva del Lineamiento Técnico Indígena en todos los EBAIS de la región.

Dentro de la lista de preguntas se consultó a la CCSS si existe una priorización regional de inversiones para sustituir infraestructura obsoleta en EBAIS y PVP, así como los cambios estructurales que se impulsarán para que la red funcione de manera integrada y homogénea, reduciendo inequidades territoriales.

A su vez, es importante para la Defensoría conocer cómo medirá la CCSS la contribución de estas reformas del primer nivel a la reducción sostenible de las listas de espera del Hospital Fernando Escalante Pradilla.

La Defensoría de los Habitantes en el año 2026 realiza una intervención similar para la Región Huetar Norte.

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

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La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso.»

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría de los Habitantes da la razón a UNDECA sobre el ERP-SAP y confirma graves afectaciones en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado de UNDECA

Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.

La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.

Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:

• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.

• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.

• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.

• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.

• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.

La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.

UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.

Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.

UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.

La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.

Informe de la Defensoría.

UNDECA
Defendiendo la Seguridad Social, los derechos laborales y la salud del pueblo costarricense.

Defensoría: 55 personas menores de edad denunciaron ser víctima de acoso sexual

Escrito en . Publicado en Derechos.

En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.

Mientras en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes de personas menores de edad, en marzo la cifra ascendió a 25 casos, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.

“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.

En tres meses del 2026, diversas instituciones públicas han reportado a la Defensoría de los Habitantes la presentación de un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% de los casos fue presentada por una mujer. Si lo comparamos con ese mismo periodo del año 2025 se han registrado 37 casos más en este 2026.

Del total de denuncias 121 casos son entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.

Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas pueden también constituirse en delito. Se diferencia la falta administrativa sancionada por la Ley 7476 en que ésta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las manifestaciones que también constituyen delitos sexuales, tienen como resultado la privación de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.

Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente la no revictimización y confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces. El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y se acerque a presentar las denuncias correspondientes.