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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría solicita información sobre eventual revisión del beneficio tarifario en buses para personas adultas mayores

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) información precisa sobre los análisis que se estarían realizando en torno a la sostenibilidad y eventual revisión del beneficio tarifario para las personas adultas mayores usuarias del transporte público colectivo.

La solicitud se realiza en el marco de las competencias de la Defensoría como órgano contralor de la actuación administrativa y de defensa de los derechos e intereses de las y los habitantes, particularmente ante la relevancia que tiene el transporte público para la movilidad, autonomía y acceso a servicios esenciales de las personas adultas mayores.

La Defensoría tuvo conocimiento de diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en las que se señala que, según un acta del Consejo de Transporte Público (CTP), la exoneración del pasaje para las personas adultas mayores podría ser objeto de revisión.

De acuerdo con dichas informaciones, el MOPT estaría analizando la sostenibilidad del beneficio y posibles fuentes alternativas de financiamiento. Asimismo, se ha informado que durante 2025 los pasajes no cobrados a esta población habrían representado aproximadamente ₡14.000 millones.

Ante esta información, la Defensoría considera necesario conocer con claridad si se está analizando únicamente la sostenibilidad y las fuentes de financiamiento del beneficio vigente o si también se estudia modificar las condiciones actualmente aplicables a las personas adultas mayores.

Por ello, solicitó al MOPT información sobre si existe o no algún estudio, análisis o valoración sobre la sostenibilidad o eventual modificación del beneficio y cuál es su estado; además, si se están considerando modificaciones a las condiciones de acceso, porcentajes de exoneración o distancias actualmente establecidas.

También se consultó cuáles son los criterios técnicos, financieros y jurídicos utilizados y cómo se están incorporando las obligaciones derivadas de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley N.° 7935, si se ha valorado o no el posible impacto de una eventual modificación, especialmente en personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad económica, residentes en zonas rurales o que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales y si se contempla la participación o consulta de las organizaciones de personas adultas mayores y de las instituciones vinculadas con la protección de sus derechos, así como el cronograma previsto para concluir el análisis y eventualmente adoptar medidas.

La Defensoría solicitó, además, información a la ARESEP para conocer cuál ha sido su participación en los análisis que estaría realizando el MOPT y cuál sería su intervención, dentro del ámbito de sus competencias, ante una eventual modificación de las condiciones del beneficio.

Asimismo, si ha realizado o tiene previsto realizar estudios sobre el impacto económico y tarifario de mantener, modificar o establecer mecanismos alternativos de financiamiento del beneficio, y se solicita remitir los estudios, informes o criterios técnicos correspondientes.

Hasta este miércoles 7 de octubre, solo ARESEP había respondido e indicó por medio de la Intendencia de Transporte que, no tenía conocimiento si el MOPT-CTP había realizado algún análisis en torno al beneficio tarifario de las personas adultas mayores en el servicio de autobús, de manera que no ha tenido participación en ese proceso, en caso de que se esté llevando a cabo.

Además, informó que en este momento la ARESEP es la contraparte técnica en nuestro país de la cooperación internacional que realiza el Programa de Sociedades Inclusivas de la Unión Europea en el marco de la iniciativa Global Gateway, con la que se procura asentar los primeros cimientos conducentes al diseño de medidas de tarificación progresiva en el transporte público de Costa Rica que considera la situación de la exoneración tarifaria a las personas adultas mayores y que, si bien las medidas asociadas a las fuentes necesarias para la sostenibilidad financiera de los servicios de transporte público requieren modificaciones legales y políticas públicas que corresponde gestionar al Poder Ejecutivo (MOPT-CTP), la ARESEP debe procurar la continuidad de los servicios públicos regulados, de manera que los resultados de esta cooperación internacional serán un insumo importante para esa discusión país.

Para la Defensoría, cualquier análisis sobre este beneficio debe contar con información técnica, financiera y jurídica suficiente, así como considerar los derechos de las personas adultas mayores y los posibles efectos que cualquier eventual modificación pudiera generar sobre su movilidad, autonomía y acceso efectivo a otros derechos y servicios.

La Defensoría enfatiza que su intervención tiene como propósito conocer y valorar la actuación de las instituciones competentes y verificar que los procesos de análisis y eventual toma de decisiones se desarrollen conforme al ordenamiento jurídico y desde un enfoque de derechos humanos.

Defensoría pide cuentas a Cancillería sobre asistencia consular que reciben costarricenses detenidos en EUA

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Solicitó información sobre notificación de arrestos, visitas consulares y atención a personas en situación de vulnerabilidad ante procesos de deportación derivada de la privación de libertad y de la eventual separación de su entorno familiar y comunitario.

La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos, particularmente aquellas sometidas a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.

La consulta se enmarca en las competencias de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos y responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99, que establece obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre este derecho y garantizar la comunicación con sus autoridades consulares.

La asistencia consular reviste particular importancia para el acceso a la información, la comunicación con las autoridades del país de origen y la protección de las garantías procesales.

La consulta abarca tres puntos fundamentales:

Notificación de detenciones: Si el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe información sistemática de las autoridades estadounidenses o a solicitud expresa de la persona detenida, sus familiares o por intervención de autoridades consulares, sobre arrestos de costarricenses en procesos de deportación, y si existen protocolos o convenios de coordinación para ello.

Alcance de la asistencia consular: Qué acciones realizan los consulados —visitas, entrevistas privadas, orientación jurídica— y qué mecanismos existen para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, como personas menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres en condición de embarazo o personas con necesidades médicas.

Además, consulta sobre las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares, así como si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.

Protección y seguimiento: Cómo se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas y desafíos institucionales identificados para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la asistencia consular en estos casos.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría investiga brecha salarial de género en profesionales de enfermería del sector público

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

  • Instituciones carecen de una metodología oficializada y unificada para medir desigualdades salariales por razón de género en el empleo público costarricense.

La Defensoría de los Habitantes dio a conocer los resultados preliminares de una investigación abierta a raíz de la denuncia presentada por el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, el cual alertó una brecha salarial que afecta a profesiones históricamente feminizadas dentro de la nueva escala de salario global transitorio, establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Según la denuncia, la Directriz N° 001-2023-MIDEPLAN fijó salarios globales transitorios significativamente inferiores para enfermería en comparación con otras profesiones de Ciencias de la Salud:

Enfermería 1: ₡997.355, odontología 1: ₡1.394.249, medicina asistente general y veterinaria 1: ₡1.459.068, auxiliar de enfermería: ₡407.805, lo que motivó la denuncia por presunta discriminación salarial de género, en contravención de la Ley para la Protección de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres y de convenios internacionales en materia de igualdad.

En el marco de la investigación, la Defensoría de los Habitantes solicitó informes a MIDEPLAN, la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

Entre los principales hallazgos, la Defensoría constató que:

-Costa Rica no cuenta con una metodología oficial y unificada para medir la brecha salarial de género en el sector público.

-El INAMU no fue convocado por MIDEPLAN para emitir criterio técnico especializado en discriminación salarial de género durante el diseño de la escala salarial global.

-La rectoría en materia de empleo público se trasladó del MTSS a MIDEPLAN mediante la Ley Marco de Empleo Público (N° 10159), lo que redujo el peso de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

-Persiste una diferencia salarial significativa entre enfermería y otras profesiones afines, incluso después de la publicación de las escalas salariales globales definitivas, siendo más severa la situación del personal auxiliar de enfermería.

-MIDEPLAN y la DGSC defendieron su metodología de valoración por puntos, señalando que se basa en criterios objetivos —responsabilidades, condiciones de trabajo y requisitos del puesto— y no en el género de quien ocupa el cargo, citando como referencia técnica la guía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre evaluación no sexista de empleos.

«La ausencia de una metodología país para medir brechas salariales de género, sumada a la falta de participación técnica del INAMU en procesos que definen escalas salariales del sector público, constituye un vacío institucional que debe ser subsanado con urgencia para garantizar el derecho constitucional a la igualdad salarial», señaló la Defensoría de los Habitantes.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría recomendó a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica y al director general de Servicio Civil a. i., realizar una revisión de los salarios globales correspondientes a las personas profesionales en enfermería, incorporando un enfoque de género y de derechos humanos, a la luz de la normativa nacional y a los estándares internacionales de derechos humanos, así mismo, siguiendo cada uno de los pasos señalados en la guía de la OIT titulada “Promoción de la igualdad salarial por medio de la evaluación no sexista de los empleos: guía detallada”.

Además, que se garantice la participación y asesoría técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en su condición de ente rector en materia de igualdad y protección de los derechos de las mujeres, así como de cualquier otra persona u organización experta en materia de igualdad y brechas salariales de género.

En el caso de determinarse la existencia de brechas salariales injustificadas en los salarios globales establecidos, emitir una nueva escala salarial para los puestos de enfermería, con el fin de garantizar una remuneración equitativa por trabajo de igual valor, evitando que el nuevo régimen salarial reproduzca desigualdades históricas en comparación con otros puestos de la familia de Ciencias de la Salud.

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Defensoría de los Habitantes

Defensoría impulsa diálogo sobre gobernanza de la IA en la detección de fraudes en sistema financiero

Escrito en . Publicado en Seguridad.

La Defensoría de los Habitantes instó a una mesa de trabajo interinstitucional para abordar el estado de la regulación costarricense en relación con el uso de la inteligencia artificial (IA) para la detección de fraude dentro del sistema financiero supervisado.

La intención surgió a partir de gestiones que ha venido planteando la Defensoría ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) así como ante el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

En respuesta enviada por la SUGEF a la Defensoría se indica que el ordenamiento costarricense ofrece un marco general, robusto y tecnológicamente neutro que captura el uso de la IA antifraude sin necesidad de normas ad hoc, siendo que la regulación especializada de IA es un campo en construcción a nivel internacional, aún no consolidado en la mayoría de las jurisdicciones.

Por su parte, en un criterio enviado a la Defensoría que se adopta de manera conjunta entre la Agencia Nacional de Gobierno Digital y la Dirección Nacional de Ciberseguridad luego de una gestión elevada ante el MICITT, se indica que, si bien no se advierte ninguna contradicción entre preservar el principio general de neutralidad tecnológica, no es contradictorio con adoptar progresivamente mecanismos específicos de supervisión y gestión de riesgos para la IA.

Aunque el MICITT fue claro en que carece de atribuciones de regulación, supervisión, fiscalización o control prudencial sobre entidades públicas y privadas que integral el Sistema Financiero Nacional hizo valoraciones valiosas a la SUGEF y CONASSIF respecto al análisis del fortalecimiento de mecanismos relacionados con la evaluación de riesgos durante el ciclo de vida de los sistemas de IA, gobernanza y asignación clara de responsabilidades, seguridad de datos, modelos, interfaces y componentes tecnológicos, entre otros elementos.

Para tal efecto, el MICITT a partir de la gestión emprendida por la Defensoría manifestó su total anuencia y propuso formalmente la constitución de una Mesa de Coordinación Técnica Interinstitucional integrada por el MICITT, SUGEF, CONASSIF, Defensoría de los Habitantes y otras autoridades competentes como PRODHAB.

Este espacio sería fundamental para articular esfuerzos técnicos, transferir conocimientos especializados y formular conjuntamente instrumentos de orientación técnica, guías de buenas prácticas y marcos metodológicos para la gestión ética, segura y transparente de la Inteligencia Artificial en los servicios financieros costarricenses, en irrestricto respeto a las competencias e independencia legal de cada institución.

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Defensoría de los Habitantes

Feministas en Resistencia pide a la Defensoría investigar el recorte de ¢40.000 millones a CEN-CINAI por su impacto en niñez, mujeres y familias

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La colectiva Feministas en Resistencia presentó ante la Defensoría de los Habitantes de la República una solicitud formal de intervención y seguimiento ante la reducción presupuestaria aplicada a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) durante el ejercicio presupuestario 2026.

Según indica el documento, dirigido a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, la preocupación de la colectiva surge a partir de la aprobación del primer presupuesto extraordinario de la República correspondiente a 2026, mediante el cual se aplicó una reducción de ₡40.000 millones al presupuesto destinado a CEN-CINAI. La organización solicita que esta decisión sea analizada desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que permita determinar si la reducción puede afectar la continuidad, cobertura, calidad y accesibilidad de los servicios dirigidos a la primera infancia y a las familias que dependen de ellos.

Los CEN-CINAI como política de protección social

La carta señala que los CEN-CINAI constituyen una política pública fundamental para la protección integral de la primera infancia y la prevención de las desigualdades sociales, cuyos servicios no se limitan a la entrega de alimentos, sino que incluyen nutrición preventiva, atención y protección infantil, promoción del desarrollo integral, educación, acompañamiento a las familias y atención a mujeres embarazadas, madres adolescentes y mujeres en período de lactancia. Según el documento, la red cuenta con 647 establecimientos en el territorio nacional y brinda servicios de nutrición preventiva a más de 181.000 personas, además de atender a más de 30.000 adolescentes madres y mujeres embarazadas o en período de lactancia.

El impacto diferenciado sobre las mujeres

La colectiva sostiene que es indispensable incorporar la perspectiva de género al análisis de las decisiones presupuestarias relacionadas con los servicios de cuidado y atención de la primera infancia, señalando que, en Costa Rica, las responsabilidades de cuidado continúan distribuyéndose de manera desigual y recaen de forma particularmente significativa sobre las mujeres. Advierte que cuando los servicios públicos de cuidado se reducen, existe el riesgo de que dichas responsabilidades sean trasladadas nuevamente a los hogares y, dentro de estos, principalmente a las mujeres.

Derechos de la niñez y principio del interés superior

El documento invoca el artículo 51 de la Constitución Política, que establece la obligación de brindar protección especial a la familia y particularmente a la madre y la persona menor de edad; el artículo 55, sobre la protección especial a cargo del Patronato Nacional de la Infancia; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley N.° 7184; y el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.° 7739), que desarrolla el principio del interés superior de la persona menor de edad.

Impacto en mujeres jefas de hogar

La colectiva señala especial atención al impacto que una eventual reducción en la cobertura de los servicios de CEN-CINAI puede generar sobre las mujeres jefas de hogar, para quienes el acceso a estos servicios puede determinar sus posibilidades de trabajar, estudiar, buscar empleo o desarrollar actividades productivas.

Solicitud de intervención

La colectiva formula diez peticiones concretas a la Defensoría de los Habitantes, entre ellas: abrir una investigación o expediente de seguimiento sobre los efectos de la reducción presupuestaria; solicitar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección Nacional de CEN-CINAI información detallada sobre el impacto de dicha reducción; determinar si se realizaron evaluaciones de impacto sobre los derechos de las personas menores de edad; valorar el impacto diferenciado sobre las mujeres; solicitar información sobre la situación específica de los CEN-CINAI en comunidades con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad social; determinar si la decisión presupuestaria contó con mecanismos de planificación y mitigación de impactos; formular recomendaciones a las instituciones responsables en caso de identificarse afectaciones a derechos fundamentales; valorar recomendar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa mecanismos para garantizar la sostenibilidad financiera de CEN-CINAI; incorporar expresamente la perspectiva de género en el análisis; y ser informada sobre las actuaciones y recomendaciones que se adopten a partir de la gestión.

Petitoria final

La colectiva concluye que el presupuesto público expresa prioridades sociales, y que defender los CEN-CINAI significa defender el derecho de las niñas y los niños a recibir atención integral, el derecho de las familias a contar con servicios públicos de apoyo, y el derecho de las mujeres a no cargar individualmente con responsabilidades de cuidado que deben ser asumidas corresponsablemente por la sociedad y el Estado. Por ello, solicita a la Defensoría de los Habitantes que dé seguimiento a esta situación desde una perspectiva integral de derechos humanos, género, niñez, igualdad y corresponsabilidad social del cuidado.

Firmantes — Feministas en Resistencia

  1. Rocío Abarca Sánchez
  2. Yolanda Bertozzi Hernández
  3. Sylvia Ester Muñoz Mata
  4. Larissa Arroyo Navarrete
  5. Nora Gómez Mora
  6. Felicia Torres
  7. Rocío Abarca Sánchez
  8. Johanna Obando Bonilla
  9. Nia Salas Gómez
  10. Rosa H. Anca H.
  11. Vivian Solís Espinoza
  12. Ana Leonor Ramírez Montes
  13. Lorena Villalobos Varela
  14. María Amalia Matamoros Landazuri
  15. Magda Vanessa Sánchez Lépiz

Con copia a: Ministerio de Salud, Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Hacienda, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de las Mujeres y Asamblea Legislativa de la República.

Puede descargar la carta completa aquí: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/2026-09-02-Solicitud-de-intervencion-sobre-el-presupuesto-de-CEN-CINAI.pdf

Sala IV admite acción de inconstitucionalidad de la Defensoría sobre debilitamiento de la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito municipal

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de los Habitantes, contra el artículo 17 de la Ley número 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, por considerar que la reforma introducida a la legislación municipal podría significar un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local.

La acción, tramitada bajo el expediente número 26-030461-0007-CO, plantea que la modificación legal eliminó un nivel de protección normativa previamente reconocido, al suprimir la obligación de las municipalidades de garantizar la incorporación de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como la potestad expresa de crear Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) con presupuesto propio.

Desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, estos cambios podrían debilitar los avances institucionales alcanzados en materia de igualdad sustantiva y participación de las mujeres en el ámbito municipal, al dejar la permanencia, el presupuesto y el personal de las OFIM sujetos a las decisiones de cada gobierno local.

La acción constitucional se sustenta, entre otros instrumentos, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como en el principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos humanos.

Un elemento relevante señalado en al momento de la interposición de la acción, es que la Procuraduría General de la República, al pronunciarse previamente sobre la norma cuestionada, consideró que esta supone un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito local y que coloca al Estado en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales, por lo que estimó que la norma resulta inconstitucional.

Como parte del trámite, la Sala confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

La Defensoría fundamentó su acción, además, en las preocupaciones expresadas por el CEDAW en sus observaciones de 2017 y 2023, particularmente respecto de la autoridad, mandato y capacidad de las OFIM.

Para la Defensoría, la discusión constitucional representa una oportunidad para examinar si el marco jurídico vigente garantiza adecuadamente la continuidad de los mecanismos institucionales destinados a promover la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en los gobiernos locales.

Importante destacar que, la admisión de la acción de inconstitucionalidad no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucional la norma cuestionada. El proceso continuará conforme al procedimiento establecido por la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

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Defensoría de los Habitantes

Podcast 12 de la Defensoría: Lo que aprendimos al alzar la voz para la prevenir la violencia hacia las mujeres

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Este martes 25 de agosto de 2026, la Defensoría de los Habitantes lanzó el último episodio del podcast “Calladita No es más bonita”, donde aborda toda la problemática de la violencia contra las mujeres con un enfoque en derechos humanos.

En este nuevo capítulo se realiza una reflexión sobre lo importante que es conversar, alzar la voz y actuar ante el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Debido a la situación que está sucediendo en el país ante este tipo de violencia, nos llama a todas las personas a la acción.

Lo importante del podcast “Calladita No es tan bonita” no solo va en el camino de brindar información y conocimiento sino también que identifiquemos las señales, sobre todo que represente una prevención para que no se repitan estos episodios de violencia. Hay que determinar aquellas conductas que se deben cambiar como sociedad.

Durante estos 12 episodios se habló de manifestaciones de violencia, de justicia, de dolor, de resiliencia, de esperanza, testimonios, personas que decidieron actuar, aprendimos que la violencia no siempre es evidente, que denunciar es importante, que acompañar salva, que educar previene, y que la comunidad puede sostener.

En este episodio participaron Kathya Rodríguez Araica, directora de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes, y Melissa Alvarado Barrantes, periodista deportiva.

▶️ El episodio completo aquí.

🔗 YouTube:

Spotify: https://open.spotify.com/show/25mhaAPzOrk8aQz4sJ714i

Esta producción estuvo conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales fueron difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega fue concebida y abrió un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancias frente a cualquier forma de violencia; además invitó a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a Contraloría, Procuraduría y Defensoría investigación integral sobre el Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.

La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.

El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.

La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.

En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.

Antecedentes documentados

La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.

Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.

Defensoría alerta sobre crisis estructural en Migración que provoca demora en trámites

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes concluyó una investigación de oficio que evidencia una crisis estructural en la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que provoca una mora significativa en la resolución de trámites migratorios que afecta directamente los derechos de personas migrantes en el país.

Cabe destacar que el departamento Gestión de Extranjería se encarga de la recepción y hasta la resolución de diversas solicitudes que recibe dicha entidad, mediante los procesos de las unidades: Plataforma de Servicios, Archivo, Documentación y Valoración Técnica.

En Plataforma de Servicios, por ejemplo, se recibe por mes aproximadamente 650 solicitudes nuevas y 1.300 consultas sobre trámites. La Unidad de Archivo, durante los meses de enero a mayo de 2026 registró 11.507 expedientes ingresados para notificación, 9.026 solicitudes de previos ingresados y 102.434 trámites administrativos ingresados para resolver.

La plataforma llamada “Trámite Ya”, tiene un retraso de un año en la atención y resolución de las solicitudes que ingresan por esa vía, ya que está disponible 24/7 y registra entre 400 y 500 solicitudes mensuales.

En este informe se dio seguimiento al proceso para la obtención de documentos de identidad, que se realiza en la Unidad de Documentación, además de otros trámites como las atenciones presenciales para grupos prioritarios como personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad, privadas de libertad y víctimas de trata de personas.

Debe tomarse en cuenta que la obtención de este documento de identidad se convierte en el último eslabón para garantizar su integración efectiva a la sociedad costarricense, por lo cual un atraso, no solo impide esa integración, sino que, además, limita el acceso a otros derechos fundamentales, como el aseguramiento, salud, educación, trabajo, así como trámites en entidades bancarias, municipalidades, entre otras.

En relación con el proceso de producción e impresión de DIMEX existen 7.000 documentos pendientes de impresión, ya que solo una persona se encarga de la impresión, distribución, entrega y gestión de envíos de documentos de identificación migratoria a las oficinas regionales.

La unidad de Valoración Técnica constituye la fase resolutiva del procedimiento y enfrenta actualmente una alta presión operativa derivada del incremento sostenido en la demanda de regularización migratoria. Con esta investigación se identificó que actualmente cerca de 25 personas funcionarias tienen una carga aproximada de 1.500 casos pendientes cada una, situación que evidencia una sobrecarga estructural incompatible con una atención oportuna.

Esta investigación determinó que toda esta problemática responde a una combinación de factores, entre ellos la insuficiencia de recurso humano, limitaciones presupuestarias, deficiencias en los sistemas de información y el aumento sostenido de las solicitudes de regularización migratoria. Aunque la institución ha impulsado algunas acciones de mejora, la Defensoría concluye que la capacidad operativa actual resulta insuficiente para atender el volumen de expedientes pendientes y la creciente demanda.

A ello se suma que las restricciones presupuestarias impiden la contratación de más personal, el pago de jornadas extraordinarias y la modernización tecnológica, factores indispensables para reducir la mora existente. Por tal motivo, la Defensoría emitió 10 recomendaciones entre las que destaca, definir una programación de acciones para atender los problemas de dilación que enfrenta Gestión de Extranjería y generar un plan de acción tanto para los casos más urgentes como para proponer medidas estructurales.

Además, valorar la programación de maratones con pago extraordinario para el segundo semestre del año 2026 y que el personal de oficinas regionales, con perfil profesional especialidad “abogado”, resuelvan el mismo de tipo de casos que resuelven los profesionales en oficinas centrales.

También recomendó cumplir con el cronograma establecido en el plan de mejora regulatoria en relación con las guías de trámites que procuran facilitar y detallar el cumplimiento de requisitos a ser presentados en solicitudes ante la DGME y fortalecer la Contraloría de Servicios institucional para que cumpla con su rol de atender de manera eficaz las quejas o denuncias, entre otras.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría investigará información aportada por Fiscalía sobre presuntos malos tratos y tortura

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes recibió hoy a la 1:37 de esta tarde información de la Fiscalía General de la República relacionada con manifestaciones realizadas por dos personas privadas de libertad (extraditables) que estuvieron ubicadas en el Centro Nacional de Atención Específica, quienes les manifestaron a la Fiscalía haber sido presuntamente víctimas de actos de tortura.

Costa Rica es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo (OPCAT). Conforme a estos instrumentos vinculantes, existe el deber por parte del Estado de prohibir de manera absoluta la tortura, sin que puedan invocarse circunstancias excepcionales que la justifiquen.

Ante esta situación la Defensoría de los Habitantes adoptará las siguientes medidas concretas:

-Se formalizará la apertura de una intervención para realizar el procedimiento de investigación respectivo en relación con la información aportada por la Fiscalía General de la República.

-Una vez analizada la información, se valorará la realización de una inspección con el fin de recabar prueba en relación con las condiciones en las que se encuentra dicha población, las condiciones materiales de detención y los protocolos de custodia aplicados por personal de la Policía Penitenciaria.