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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría interviene por derecho a la educación de niñez en el CATEM

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.

La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.

La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.

También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.

Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.

La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.

Comuicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría detecta ocho debilidades de programas dirigidos a personas en pobreza

Escrito en . Publicado en Derechos.

Una investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes identificó ocho debilidades del Estado en el abordaje de programas sociales dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad. Los principales hallazgos van desde ausencia de indicadores de resultados o impacto hasta ausencia de una Política Nacional de la Pobreza.

En un contexto global marcado por crecientes desafíos sociales y económicos, los programas sociales desempeñan un papel esencial para garantizar el acceso equitativo a derechos fundamentales a las personas.

En Costa Rica el Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social se ha consolidado como un componente clave dentro de la estructura institucional, con la responsabilidad de atender a las poblaciones en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Las instituciones que conforman este sector están reguladas por el Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo N°43580-MP-PLAN, incluyen entidades clave como el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

La investigación de la Defensoría de los Habitantes se enfocó en algunos de los programas implementados por estas instituciones, con el propósito principal de analizar la planificación presupuestaria y la asignación de beneficiarios de estos programas para el periodo 2019-2024.

Los principales hallazgos fueron:

1. Ausencia de metodologías de costeo. No existen metodologías de costeo individuales que determinen el monto que debe recibir una familia o persona beneficiada. En muchos casos, los montos asignados parecen ser arbitrarios, sin un estudio de fondo.

2. Ausencia de indicadores de resultado o impacto. Ello dificulta evaluar si realmente están generando cambios positivos en la sociedad. Esta limitación impide identificar la necesidad de implementar mejoras que permitan beneficiar de manera más efectiva a la población.

3. Ausencia de criterios de regionalización. Las condiciones que generan pobreza y desigualdad son distintas según cada región del país, pese a ello, en la mayoría de los programas sociales analizados al realizar los costeos, asignaciones o replanteamientos de los programas, no se consideran factores relevantes como la región de planificación donde reside la persona beneficiaria, ni cómo afecta el vivir en esa región.

4. Ausencia de una Política Nacional de Pobreza. La Defensoría destaca la necesidad de una política pública nacional formal y de un único responsable que coordine y articule las estrategias de reducción de la pobreza e inclusión social, así como la importancia de centralizar las transferencias monetarias en una sola institución.

5. Carencia de evaluaciones de procesos y resultados. Resulta imperativo que las instituciones cuenten, si no con un sistema único, al menos con sistemas de registros administrativos eficientes, para gestionar la información, con precisión y accesibilidad de los datos. Un aspecto adicional que la Defensoría ha identificado es la falta de consistencia en la información proporcionada por algunas instituciones que utilizan hojas de cálculo, que no están diseñadas para la gestión de datos complejos y la integridad relacional.

6. Falta de módulos necesarios en las encuestas nacionales. Se carece de módulos específicos en las encuestas nacionales, como el de Red de Cuido, para que entidades como el PANI, el IMAS y la Dirección Nacional de CEN-CINAI puedan solicitar presupuestos acordes a los cupos requeridos. Esto facilitaría abordar la demanda insatisfecha de servicios de cuido para personas menores de edad a nivel nacional, permitiendo conocer con precisión las necesidades regionales.

7. Reducciones presupuestarias y/o ejecuciones presupuestarias inferiores al 90%. Algunos programas sociales han experimentado fluctuaciones notables en su asignación presupuestaria durante los últimos seis años, con reducciones significativas en 2020 y 2022. Estas variaciones reflejan una inestabilidad en los recursos asignados, lo que podría generar efectos importantes en la planificación y ejecución efectiva del programa. Aunque actualmente algunos de los programas no presentan recortes significativos en este periodo, sigue siendo preocupante la sub-ejecución presupuestaria, cuyos efectos son iguales a un recorte presupuestario.

8. Ausencia de mecanismos de transición. El actual mecanismo para la atención de la pobreza carece de criterios que permitan a la población consolidar su independencia económica. Se requiere urgentemente un rediseño de estos programas que incluya escalamientos graduales de beneficios y acompañamiento integral para garantizar una verdadera superación de la pobreza y así evitar que se retiren abruptamente los subsidios justo cuando las familias superan su situación de pobreza. Por ejemplo, actualmente, cuando una persona logra mejorar sus ingresos y deja de estar dentro de la línea, aunque sea por un solo colón, pierde automáticamente el acceso al servicio de cuido infantil para sus hijos o hijas. Esta situación crea un dilema insostenible: las personas se ven forzadas a elegir entre mantener su empleo y perder el apoyo estatal, o conservar el beneficio, pero limitando sus posibilidades de progreso económico.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría recomendó al MEP revertir decisión de eliminar Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones donde solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la decisión de eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia” la decisión adoptada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025, mediante el acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las propias instancias técnicas del MEP concluyeron que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no reemplaza ni cumple con los objetivos del programa eliminado y que estuvo vigente desde el año 2013, al ser excluidos contenidos claves como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. La supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Las recomendaciones dirigidas al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación van desde la reactivación de dicho Programa derogando el acuerdo antes mencionado. Una vez restablecido, valorar su revisión, evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados en un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena del estudiantado y personal docente en dicha revisión y actualización.

“Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes. Para tal efecto es necesario e indispensable

Involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para la Defensoría es fundamental promover la participación de la comunidad estudiantil adolescente, fomentando espacios de diálogo y participación para que las y los adolescentes y jóvenes expresen sus necesidades y expectativas respecto a su educación en sexualidad y afectividad, así como la formación de docentes para que puedan abordar estos temas con sensibilidad, respeto y conocimiento.

Adicionalmente la Defensoría recomendó al ministro de Educación monitorear y evaluar continuamente los programas, implementando mecanismos de seguimiento para asegurar que las acciones educativas sean efectivas y respeten los derechos de las y los jóvenes. En el informe, la Defensoría exhorta al MEP y al CSE respetar las recomendaciones de organismos internacionales que instan a mantener la educación sexual integral como componente obligatorio del currículo educativo y que lo reconocen como un derecho humano. También exhorta al Ministerio de Educación Pública a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico nacional e internacional.

Las recomendaciones están sustentadas en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocido en instrumentos internacional de derechos humanos. Su eliminación podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide explicaciones sobre la Torre de la Esperanza

Escrito en . Publicado en Salud.

Luego que la Defensoría de los Habitantes realizara una inspección en el Hospital Nacional de Niños y pudiera comprobar las necesidades en infraestructura, elevó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un pliego de consultas para dar seguimiento al futuro de la construcción de la Torre de la Esperanza.

De acuerdo con el director de este centro médico, Dr. Carlos Jiménez Herrera, es necesario disponer de unidades, con el espacio adecuado para tratar a las personas menores de edad, especialmente las que requieren atención y hospitalización prolongada y cuyas patologías y tratamientos, requieren de instalaciones óptimas. Igualmente, para aquellas personas menores de edad que ingresan a Emergencias.

La Defensoría de los Habitantes, haciendo eco de la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás normativas relacionadas con el derecho a la salud que tienen los niños y niñas, solicitó a las autoridades de la Caja indicar el nivel de prioridad respecto a la construcción de la Torre de Cuidados Críticos (conocida como Torre de la Esperanza).

Además, si dicho Portafolio de Inversiones tiene actualmente la información actualizada del Hospital Nacional de Niños y si existe otro fideicomiso, además del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, para la construcción de dicha torre. También si existe algún portafolio de inversiones adicional para el Hospital Nacional de Niños y, si la Red Oncológica Nacional, está financiando algún proyecto para dicho centro médico u cualquier otro proyecto a implementar próximamente.

Defensoría investiga financiamiento al sector agrícola no exportador por parte de la banca pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para determinar el rol de los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador en el país a partir de un enfoque desde los derechos humanos y del desarrollo sostenible, mediante el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.

El estudio incluirá a los bancos del Estado a partir de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola. Es por eso que, la Defensoría solicitó a los Bancos Nacional y Banco de Costa Rica información de las políticas institucionales y normativas; los criterios que utilizan para definir las condiciones de financiamiento dirigidas a este sector, si cuentan o no con políticas o programas específicos que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y personas adulta mayor y si existe o no alguna línea de crédito específica para prácticas agrícolas sostenibles, resiliencia climática o tecnologías verdes.

También consultó sobre los datos estadísticos de los últimos 10 años relacionados con el monto total de crédito agropecuario desembolsado por año, cantidad de personas productoras beneficiadas, tasas de interés promedio para el sector agropecuario y el porcentaje de participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito del banco. Además, conocer si se recopila la información de las solicitudes de crédito rechazadas y sus principales motivos.

En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes

y adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.

Sobre la colaboración institucional, la Defensoría consultó si el banco articula su oferta crediticia agropecuaria con programas de instituciones como el INDER, MAG o el Sistema de Banca para el Desarrollo y si participan en programas con enfoque de inclusión financiera rural o estrategias de educación financiera para personas productoras.

Avanzan acuerdos claves para combatir el racismo en el deporte

Escrito en . Publicado en Deporte.

Luego de la intervención que hizo la Defensoría de los Habitantes por la presencia de actos y conductas racistas en algunos juegos de fútbol en la Primera División Costarricense, se logró llegar a acuerdos importantes por parte de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

En primer lugar, la Defensoría instó a la institucionalidad presente durante una sesión de trabajo, efectuar los procesos dirigidos a finalizar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, para que sesionara y atendiera las denuncias existentes y venideras ante casos de racismo o violencia en eventos deportivos.

De acuerdo con la información suministrada por el viceministro de Seguridad y coordinador de dicha Comisión, Erick Lacayo, durante el segundo semestre del 2024 se convocaron sesiones donde se acordó convocar a una reunión a la Gerencia Deportiva de los clubes de Primera División con el propósito de que compartan cuál es la visión que tienen sobre la Ley N° 9145, para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos y su Reglamento, así como sugerencias en materia preventiva.

Además, se acordó revisar temas relacionados a la aplicación del procedimiento de eventos masivos para los distintos deportes, solicitar a las Federaciones que informen cuáles son las distintas actividades deportivas programadas en un periodo de 12 meses, así como la participación de personas menores de 18 años. Lo anterior para poder determinar quién es el responsable de los eventos y a la vez se alerte las situaciones que se pudieran presentar y establecer la conformación de una mesa de trabajo para la creación del protocolo de actuación de la Ley 9145 así como la propuesta de Reforma de la Ley.

Tras analizar el trabajo realizado, la Defensoría de los Habitantes recomendó dar seguimiento y continuidad a las sesiones a efectuar por parte de la Comisión de Eventos Deportivos durante el 2025, atendiendo las recomendaciones que se generen en dicho espacio, y continuar con el proceso de revisión del Reglamento a la Ley 9175, para su publicación y entrada en vigencia e informar de sus resultados.

También se instó a establecer protocolos claros de investigación y sanción para casos de racismo en espacios deportivos, incluyendo la coordinación efectiva entre las instituciones responsables y dar seguimiento y atención a la situación presentada meses atrás en la Federación de Taekwondo en relación con la existencia de las denuncias por presunto acoso sexual.

Nuevamente la Defensoría de los Habitantes expresa la urgente necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, la no discriminación y el rechazo a toda manifestación de racismo en todas las actividades públicas y privadas.

Defensoría: Sectores trabajan unidos para mejorar servicios de salud en la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Defensoría consolida encuentro con autoridades de salud, municipalidades, juntas de salud y líderes comunales.

A partir de una investigación sobre las condiciones de recurso humano, infraestructura, equipamiento, primer nivel de atención, listas de espera y otras situaciones que se viven en los cinco centros hospitalarios de la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes agrupó a autoridades y representantes de diversos sectores del campo de la salud, municipalidades y líderes comunales en aras de impulsar propuestas de mejora en la prestación de los servicios de salud para toda la Zona Sur del país.

La intención es que, una vez consolidadas las iniciativas sean remitidas a la entidad que corresponda (CCSS, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales, Juntas de Salud) para que puedan ser ejecutadas con la urgencia que requieren.

El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Medicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.

De los cinco hospitales de la Región Brunca (Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Juana Pirola, Manuel Mora y Tomás Casas), solo uno dispone de un equipo para realizar mamografías y se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón por lo que implica largos desplazamientos para las pacientes, dificultando el acceso a pruebas preventivas, lo que no resulta de recibo para esta Defensoría, ya que esta distribución de equipos no responde a criterios de equidad y amplían las brechas en el derecho a la salud. Actualmente se está a la espera de un nuevo mamógrafo en el Hospital Tomás Casas, con el aporte del gobierno local. El Hospital de Ciudad Neily enfrenta desafíos que requieren atención inmediata y la asignación de recursos a nivel de personal especializado, infraestructura y equipamiento médico. Otro servicio que requiere fortalecimiento urgente es enfermería, siendo la mayor carencia la especialidad de obstetricia, así como en Consulta Externa, cardiología, oftalmología, urología y optometría.

Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico y males respiratorios en San Vito, el Hospital Juana Pirola (HJP), requiere con urgencia la incorporación de personal médico especialista en gastroenterología y terapia respiratoria, para atender las necesidades de salud de esta población. El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa, pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica adecuada debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

El Hospital Tomás Casas de Osa presenta un conjunto de retos significativos en materia de especialidades médicas, infraestructura y equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones hospitalarias de la zona Brunca enfrenta un problema en los cielos rasos, producto de shock térmico que se da en la región por las altas temperaturas; se requiere de climatización de las mismas.

Defensoría se opuso a incremento tarifario desproporcionado

Escrito en . Publicado en Derechos.

En servicio de transporte público Orotina-Esparza-Puntarenas

La Defensoría de los Habitantes presentó formalmente su oposición a la solicitud de fijación tarifaria ordinaria planteada por la empresa JOALPA S.A. ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), expediente ET-007-2025, correspondiente a la denominada «Ruta Sin Número», que cubre distintos trayectos entre Orotina, Esparza y Puntarenas.

Según la solicitud presentada, algunos tramos tendrían aumentos tarifarios de hasta un 860%, afectando de forma significativa el bolsillo de las personas usuarias, especialmente de sectores con bajos ingresos. La Defensoría advirtió que estos aumentos no cuentan con una evaluación de impacto social y económico, lo que vulnera principios de racionalidad tarifaria y derechos fundamentales.

De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Cantonal y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las personas habitantes del cantón de Esparza tienen un ingreso promedio de ₡303.311, y actualmente destinan en promedio un 14,4% a transporte. Con el ajuste propuesto, este porcentaje podría duplicarse, comprometiendo seriamente su acceso a otros derechos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Además, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que la ruta no cuenta con un número oficial asignado por el Consejo de Transporte Público, lo cual genera inseguridad jurídica, limita la trazabilidad administrativa y abre la puerta a solicitudes futuras de rutas informales.

En cumplimiento de la Ley N° 7593, la ARESEP debe procurar el equilibrio entre los intereses de los prestatarios del servicio y las necesidades de las personas usuarias. En este caso, la balanza parece inclinarse de forma desproporcionada hacia el operador privado, en detrimento de la ciudadanía. Por último, la Defensoría señala con preocupación que el actual rezago tarifario, de esta y otras rutas, se utilice como justificación para las solicitudes de tarifas, ante la falta de cumplimiento para una revisión anual, tal y como lo establece la normativa vigente.

Esta omisión, que no conlleva sanción alguna bajo el marco legal actual, termina trasladando una carga económica desproporcionada a las personas usuarias, quienes no tienen responsabilidad alguna en el retraso del procedimiento. La Defensoría, considera que es necesario revisar esta situación, pues la ausencia de consecuencias ante la inacción del prestador genera distorsiones que afectan el acceso equitativo y progresivo al transporte público como derecho humano.

Solicitan informe sobre viabilidad ambiental de proyecto inmobiliario en Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.

Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.

El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.

La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.

En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.

La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.

La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.

El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.