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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Propuestas para los movimientos sociales

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical Sector Salud
02 Mayo 2023

Creemos que se debe promover e impulsar desde los movimientos sociales (lo cual incluye al segmento sindical), una carta abierta y pública dirigida al Presidente de la República, a las Fracciones Legislativas, al Poder Judicial, a la Defensoría de los Habitantes, que promueva lo siguiente:

1- Descartar el posible contrato de una » auditoría forense» sobre la situación de la Caja al Banco Mundial ya que resulta de poca transparencia, ética y probidad que sea esta entidad, pues ese fue el último empleo del hoy Presidente de la República.

En su lugar, somos de idea de que la CCSS debe inclinarse por que sea la OIT la que elabore los estudios actuariales, pues no solo es la institución que lidera la experticia mundial en el tema actuarial, sino que es una entidad tripartita y neutra, convirtiéndose en la opción ideal para garantizar un trabajo objetivo y riguroso.

Mientras se realiza el estudio actuarial, pedimos a la CCSS que le proporcione toda la información necesaria a la misión técnica de la OIT próxima a venir a Costa Rica para finalizar la nota técnica sobre el trabajo actuarial en la CCSS.

Los resultados finales de dicha nota técnica son cruciales y urgentes para que la opinión pública conozca de primera mano por qué la Caja no está quebrada, como ya lo demostró la OIT en la versión preliminar de su opinión técnica.

Esta ruta que indicamos aspira por un lado que el Presidente actúe con transparencia de cara a la gente y por otro el alto ratificará el prestigio de la OIT en esta materia a nivel mundial.

2- Instar a Don Rodrigo Chaves Robles, valorar seriamente la destitución de Doña Marta Eugenia Esquivel y comerse la bronca para quedarle bien a la señora de Purral, pues parece que estamos en presencia de posibles delitos penales en razón del presunto maquillaje de cálculos que se derivan de la valuación actuarial y los posteriores documentos que son de son de dominio público y que además evidencian que la Junta Directiva en su conjunto se aparto del informe presentado por el Equipo técnico y avalo la suspensión del portafolio de inversiones sobre la base de cálculos posiblemente maquillados.

3- Separación inmediata de la Directora Actuarial de la CCSS, Licenciada Carolina González Gaitán y reapertura del proceso disciplinario en su contra por supuestos pagos indebidos (unos 42 millones de colones), cuyo expediente administrativo fue declarado prescrito por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, siendo este un acto que podría denotar posibles pagos de favores políticos.

4- Protección y cese inmediato y definitivo de cualquier tipo de hostigamiento laboral contra el Equipo Técnico de la CCSS, que presento propuesta técnica para el desarrollo del portafolio de Inversiones de la Caja, mismo que NO FUE utilizado para el acuerdo de suspensión de obras y en su defecto presenciamos un posible maquillaje financiero insostenible técnicamente que coloca a la Dirección Actuarial en un predicado altamente riesgoso y cuestionable desde varios puntos de vista.

Eje que se refuerza a partir de la reciente opinión técnica emitida por la OIT, organismo ante el cual el Gobierno según ha trascendido estableció una «protesta» cuyos elementos se desconocen, pero evidencian un desconocimiento adrede del funcionamiento de este organismo.

Esperamos ciertamente que Don Rodrigo Chaves Robles no opte por darle un manejo lento al tema para » argumentar y favorecer» un oneroso contrato con el Banco Mundial de una auditoria forense que sería un paso altamente en falso.

5- Instar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que convoque al Equipo Técnico que elaboró propuesta de desarrollo del portafolio de inversiones para que transparente su actuar en el actual escenario, ya que todo indica que existen posibles actuaciones oscuras por parte de la Presidenta Ejecutiva y su espuria Junta Directiva.

6- Ante la ya pública, notoria y evidente holgura financiera de la CCSS, instamos a la Auditoria de la Caja a desarrollar auditorajes de control moderno y transparente la información, ya que la atención de la problemática de las listas de espera de cara al derecho a la vida y a la salud imponen la toma de decisiones, pero las mismas no pueden seguir siendo un festín descontrolado de recursos ya que en los últimos 10 años al menos se han incumplido según parece los acuerdos de Junta Directiva en este tema y no existen documentos que certifiquen las DECLARATORIAS DE INVIABILIDAD previas antes de desarrollar programas o realizar contrataciones privadas, lo cual de antemano presupone un bajo o nulo control de la auditoría interna y coloca en situaciones legales muy complejas a todo funcionario que haya autorizado pagos sin el cumplimiento de la necesaria declaratoria de inviabilidad institucional.

Dicho lo anterior y siendo que le han asignado a la Unidad de listas de Espera ( UTLE); unos 30.000 millones de presupuesto en la actualidad ( lo cual es una de tantas pruebas de la holgura financiera actual), no podemos permitir que tal cantidad de recursos vuelvan a ir a parar a proveedores privados sin haber agotado previamente la utilización efectiva de la capacidad instalada institucional, cuyos datos de productividad deben revisarse y mejorarse antes de tercerizar (privatizar) para llenar bolsillos privados y pagar así posibles favores políticos.

Organizaciones sociales por la restitución de derechos en la Defensoría de los Habitantes

Comunicado de prensa

Este 10 de marzo, diferentes organizaciones de la sociedad civil se dieron cita frente a la Defensoría de los Habitantes, al cumplirse dos años de que la exdefensora Catalina Crespo no les recibiera y, por el contrario, les dio la espalda y, abandonó la Defensoría por la puerta trasera. Además, este colectivo de organizaciones, evidenciaron que la administración de Crespo fue sin duda la peor en muchos años.
Rosibel Zúñiga Guardia, vocera de la Asociación Espera Viva, en atención a los temas de VIH, recalca el vergonzoso hecho de que se le otorgara a Crespo el nombramiento de Embajadora de Costa Rica en Washington, llevando consigo una trayectoria cuestionable, como representante del pueblo costarricense y además, con procesos judiciales en su contra.
Dennis Castillo Fuentes, Director Ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica – IRCA CASABIERTA, destacó la difícil situación que atraviesa el país en relación con el tema migratorio, lo que hace urgente conocer la posición de la Defensoría de los Habitantes, con el fin de ofrecer una respuesta contundente a las diferentes violaciones a los derechos humanos, que constantemente viven las poblaciones migrantes. Así como, la necesidad de reactivar los planes estratégicos gubernamentales, para fortalecer la integración digna de estas poblaciones.
Por su parte, Francisco Madrigal Ballestero, activista LGBTIQ y Defensor de Derechos Humanos, manifestó, la satisfacción por el nombramiento de la señora Angie Cruickshank, como una mujer preparada en materia de derechos humanos y conocedora de las necesidades de protección de las poblaciones más vulnerabilizadas del país.
También hubo representación de mujeres, personas con discapacidad y población migrante y refugiada. Angie Cruickshank Lambert, nueva Defensora de los Habitantes, recibe a las diferentes organizaciones sociales, con el compromiso de escucharles y gestionar las acciones necesarias ante sus peticiones.

Personal de la Defensoría: “Graves cuestionamientos pesan sobre Mario Zamora”

COMUNICADO DE PRENSA

Grupo de funcionarios y funcionarias de Defensoría de los Habitantes
18 de febrero de 2023

Tiene causas abiertas en la Procuraduría de la Ética, Fiscalía General de la República, Ministerio de Trabajo, entre otras.

Un retroceso y continuo debilitamiento de la defensa de derechos humanos sumado a un caos a lo interno de la institución sería el panorama, en caso de que Mario Zamora llegara a ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes, debido a los múltiples cuestionamientos que pesan en su contra.

Así lo expresamos como grupo de funcionarios de la Defensoría, pues sostenemos que, el señor Zamora, nombrado por la ex Defensora anterior como Director del Despacho, resultó todo un fiasco en dicho cargo por sus carencias como gestor gerencial de la institución ya que, al contrario, propició conflictos externos y aislamiento con sociedad civil y problemas internos que profundizaron el debilitamiento institucional.

Fue una de las personas que salió por la puerta de atrás cuando un grupo de habitantes con VIH llegaron a la Defensoría para intentar ser atendidos. Además, ha sido la persona que ha generado más distanciamiento con la sociedad civil organizada, pues se niega a escuchar sus peticiones.

Es contradictorio que se valore la posibilidad de su nombre como Defensor cuando se conoce que su trabajo generó mucho rechazo de poblaciones vulnerabilizadas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, entre otras.

A ello se suma que es una persona con una personalidad muy cambiante y conflictiva, al punto que hace unos meses presentó su nombre al cargo, pero posterior a la lista de cuestionamientos en la comisión de nombramientos presentó su renuncia, y hoy con un oportunismo político, ofrece su nombre al puesto. Esa ambivalente personalidad también lo lleva a realizar acciones de persecución contra trabajadores de la institución -denunciado por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo- pero pocos días previo a la salida de la ex Defensora anterior, aparece en un vídeo siendo parte de un sindicato.

Es una persona que tiene abierta en su contra varias investigaciones en instancias administrativas y judiciales por tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, pero además siendo Director de Despacho, promovió y presionó para que se nombrara a su ex esposa en un cargo sin que reuniera los requisitos, situación que ya ha sido puesta en conocimiento de las instancias judiciales por nombramiento irregular.

Es bien conocido que durante su gestión como Director General de Migración y Extranjería, violentó derechos humanos en más de 2.400 ocasiones, así declarado por la Sala Constitucional.

A todo ello se suma que el señor Zamora fue el candidato para la Defensoría quien tuvo más denuncias, oposiciones y críticas recibidas en la Comisión de Nombramientos, tanto de parte de funcionarios como de activistas y sociedad civil.

Es claro que un perfil como el del señor Zamora no es compatible con esa necesidad de fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país ni tampoco es una persona facilitadora de puentes de diálogo y escucha para la población como lo ha demostrado en su paso por la función pública.

Hacemos un llamado respetuoso pero vehemente a las y los señores diputados para que se designe a una persona con un perfil de mediador, con solvencia moral que el cargo requiere para el ejercicio de la magistratura de influencia. Que al final del proceso de discusión haya madurez para escoger a una persona que venga a dignificar el cargo en lugar de seguir debilitándolo.

En razón de lo expuesto y ante la posible persecución que estas manifestaciones pueden generar, como ya ha ocurrido en el pasado, dejamos a disposición para consultas el correo funcionariosdefensoria2023@gmail.com

La Defensoría, el Ombudsman y los Principios de París

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, la Defensoría de los Habitantes gozaba de una amplia y positiva popularidad. Aparecía entre las instituciones públicas con mayor respaldo y credibilidad ciudadana. En esa época, se decía cuando algún ciudadano era víctima de alguna violación de los derechos, lo voy a acusar a la Defensoría. Aun cuando quizás se sobre-dimensionaba el alcance de su accionar concreto, en el imaginario social se le visualizaba de esta manera.

Sin embargo, poco a poco, la entidad se ha ido erosionando al compás de elecciones de jerarcas marcadas por las componendas politiqueras en la Asamblea Legislativa, y no por el dominio solvente de la temática de los derechos humanos, la probada independencia, los atestados y propuestas programáticas de quienes se postulan a ese cargo.

Podríamos decir que la Defensoría se ha ido debilitando, de manera tristemente paralela, al deterioro progresivo de nuestro Estado Social de Derecho. Una entidad que debía de defender y promover los derechos humanos, particularmente, los derechos sociales de los habitantes, ha dejado de jugar un rol activo en este ámbito. Se ha convertido en una institución con una incidencia marginal en temas cruciales de derechos humanos y ha estado sumergida en una crisis interna perenne, en la cual los funcionarios de la institución se han venido enfrentando a conductas arbitrarias y autoritarias de jerarcas, quienes deberían ser abanderados del derecho, del diálogo y la justicia.

En su creación, la Defensoría se inspiró en el Ombudsman sueco. En Suecia nace como una instancia caracterizada por la independencia ante los poderes políticos y administrativos instituidos. La independencia es entonces un principio clave e imprescindible en la razón de ser de ese Ombudsman. Sin tal independencia la institución pierde su rumbo y sentido.

En el caso nuestro, no por casualidad el artículo 2 de la Ley 7319, mediante la cual de crea la Defensoría de los Habitantes en 1992, está centrado en ese principio. El artículo indica lo siguiente: «La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.»

Sin esa independencia, su atribución principal de ser «el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes» (definida en el artículo 1 de la mencionada ley), se quedará vacío.

En 1991, en París, al finalizar un seminario internacional sobre derechos humanos, las entidades participantes, institucionales y de sociedad civil, aprobaron «los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos». Tales son lo desde entonces se conocen como «Los Principios de París», que posteriormente fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, en 1992 y 1993, respectivamente.

El corazón de los “Principios de París” es la independencia de la que deben gozar instituciones nacionales de derechos humanos, como es la Defensoría. La construcción práctica de esa deseada independencia política, administrativa y funcional, empieza con la elección de la persona que encabeza la institución.

Desafortunadamente, lo que estamos observando en la Asamblea Legislativa en el proceso para elegir a quien lidere la institución en los próximos cuatro años, podría no sentar las bases que aseguren la independencia de la Defensoría. Se han estado impulsando candidaturas que no cumplen con los requisitos de idoneidad, dominio técnico en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito de la imprescindible independencia.

Se impulsa a candidatas y candidatos que de ser electos, es muy probable que empujen a la Defensoría a una agenda cada vez más restrictiva en derechos humanos. Malas perspectivas cuando, por la gravedad de la crisis económica y, particularmente, la social, lo que se requiere es un liderazgo que trabaje fuerte en la defensa, protección y promoción de los derechos de los habitantes, especialmente, los que enfrentan más duras condiciones de vida.

Por lo que se ha dado en los últimos tiempos y por el comportamiento de algunos partidos y diputados, que tienen una visión muy limitada de los derechos humanos, pareciera que se quiere llevar a esta institución a un papel tan irrelevante, que termine siendo prescindible.

Ante el grave deterioro de nuestro Estado Social de Derecho, que se traduce en restricciones y violaciones de derechos sociales, nunca ha hecho más falta una Defensoría encabezada por una Defensora o Defensor, que, con la mayor independencia, defienda y promueva los derechos humanos, haga que la entidad recobre credibilidad entre la ciudadanía, labore en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y resuelva, en forma constructiva, los conflictos internos que debilitan la acción unitaria de la institución.

(17 de febrero, 2023)

Saquen sus sucias manos de la Defensoría

Luis Paulino Vargas Solís

He escuchado decir a algunas personas: “¿La Defensoría? Eso no sirve para nada. Mejor la cerraran”. Obviamente no comparto ese punto de vista, pero creo comprender dónde se origina esa percepción: es el fruto de la irresponsabilidad de las élites políticas, que han convertido el nombramiento del defensor o defensora en una piñata a merced de la politiquería y de las estrecheces de ideologías retrógradas, contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos.

¿Cuál trayectoria en la defensa de los derechos humanos respaldaba a Sandra Piszk, José Manuel Echandi y Ofelia Tailtelbaum al momento que se les nombró en la Defensoría? En realidad, ninguna ¿Qué antecedentes sustentaron la elección de Catalina Crespo, la última defensora? Parece que su único, y dudosísimo mérito, era su identificación con la ideología conservadora y antiderechos de ciertos grupos políticos.

Lo cierto es que, bajo el liderazgo de Crespo, y teniendo a Mario Zamora como su hombre de confianza, la Defensoría tocó fondo. Nunca se vivió un ambiente interno tan convulso y enrarecido, manchado por decisiones arbitrarias e innumerables denuncias de persecución laboral. Nunca la Defensoría fue tan omisa e ineficaz en la defensa de los derechos de la población, en especial algunos sectores muy vulnerabilizados.

Recientemente nos propusieron el nombre de Erick Ulate, un tipo muy hábil si de ganar visibilidad mediática se trata, que ha hecho de la bandera de “el consumidor” un arma muy poderosa para promover una ideología libremercadista recalcitrante, muy del agrado de los oligopolios que dominan la economía costarricense. Su “compromiso” con los derechos humanos quedó bien retratado cuando, desde su silla en el Consejo de Transporte Público (CTP), apoyó a los autobuseros, en perjuicio de los derechos de las personas usuarias.

Luego ha saltado el nombre del ya mencionado Mario Zamora. Vean que ya esto es sumar desfachatez a cinismo. Por si no fuera suficiente el importante papel que Zamora jugó durante la desastrosa gestión de Crespo, el hombre acumula un palmarés de cuestionamientos que fácilmente llenaría enciclopedias: desde acusaciones penales e investigaciones a cargo de la Procuraduría de la Ética, a sanciones por parte de la Contraloría y actuaciones abiertamente adversas a los derechos humanos.

Necesitamos un defensor o una defensora que sea una persona seria, estudiosa, honesta y realmente identificada con los derechos humanos. Hay diputadas y diputados comprometidos en la búsqueda de alguien que cumpla con esos criterios, pero también hay una barra brava legislativa que intenta imponer su ideología antiderechos, aun si eso significa terminar de hundir a la Defensoría.

La ciudadanía debe hacerse respetar e impedir que ocurra tal barbaridad.

 

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

Bloque Verde: “Cuatro años más de una Defensoría de los Habitantes a espaldas de los ecosistemas y las personas que los defienden”

Comunicado de Prensa

(Bloque Verde, 24/1/2023) Tanto Erik Ulate, en su calidad de presidente de la “Asociación Consumidores de Costa Rica”, como Laura Arguedas, como militante del Partido Liberación Nacional, nunca han movido un dedo en la defensa de los derechos ambientales de la población costarricense, jamás han mencionado nada sobre la contaminación con agrotóxicos del agua potable por parte de empresas.

Ni Ulate, ni Arguedas han dicho nada sobre los asesinatos de Jairo Mora, Sergio Rojas, Jerhy Rivera. Nunca les ha preocupado que una parte de la población que decide defender los ecosistemas frente a la expansión piñera y bananera sufran de procesos de judicialización y persecución por parte de las empresas exportadoras. Ni Ulate ni Arguedas se preocuparon en ningún momento por apoyar el Acuerdo de Escazú para mejorar el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Ni Ulate, ni Arguedas, han hecho pública ninguna preocupación sobre el desastre de un país donde el 60% de los alimentos frescos están contaminados con plaguicidas. Arguedas o Ulate nunca se han pronunciado sobre la barbarie viven las comunidades rodeadas de plantaciones de piña o banano.

Desmond Tutu, un clérigo sudafricano que luchó contra el apartheid dijo una frase que puede ser importante recordar a la hora de escoger a la nueva persona que dirigirá la Defensoría de lo Habitantes: «Si eres neutral y guardas silencio en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

El señor Ulate no sólo es un militante del partido Liberal Progresista sino además forma parte de asociada a la Red Liberal de América Latina.  Tanto el partido como esa organización se dedica a profesar la religión del “libre mercado” una ideología que piensa que el Estado debe de minimizarse a su mínima expresión dónde sean el mercado, no los derechos humanos, lo que rijan a la sociedad.

Laura Arguedas pertenece a un partido que impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América. Quizá el acuerdo comercial que más golpeó la institucionalidad costarricense en materia social ya ambiental.

Un defensor o defensora de los habitantes debe de estar a la altura de las circunstancias en medio de la crisis climática, la amenaza de la sexta extinción masiva de especies y en medio de la crisis alimentaria. Deberían responder a la urgencia en la que viven decenas de comunidades que toman el agua contaminada; el deterioro de los ecosistemas de donde provienen las formas de sostén de muchas comunidades a nivel nacional; la injusticia en la que están condenados los pueblos indígenas que luchan por el derecho a la tierra, que ya por ley les pertenece. Necesitamos una defensoría que denuncie la crisis en la que están todas la Áreas Silvestres Protegidas y que señale que el actual gobierno desea privatizarlas valiéndose de la excusa de su maltrecho estado.

Pase lo que pase en la votación para la elegir la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes, los diputados y diputadas condenarán a todo el país y sus ecosistemas a cuatro años más de una institución a espaldas de la vida.

Erick Ulate y la Defensoría de los Habitantes

Luis Paulino Vargas Solís

La misión y responsabilidad asignadas a la Defensoría de los Habitantes tienen que ver centralmente con una cosa: la defensa de los derechos humanos de todas las personas habitantes de Costa Rica. Si en el pasado pudo haber alguna duda sobre eso, la evolución natural de las cosas se ha encargado de despejarla: hoy nadie espera menos del defensor o defensora, excepto un sólido compromiso con los derechos humanos. Debemos recordarlo, puesto que uno de los diputados del partido de gobierno, levanta un monumento a la ignorancia, cuando tiene la osadía de contradecir tal cosa, recurriendo a un sancocho de argumentos enrevesados e incoherentes.

Toda una farsa para justificar su apoyo a Erick Ulate, lo cual nos habla muy bien de la clase de candidato de que estamos hablando.

Al igual que el diputado en mención, Ulate ni entiende qué son los derechos humanos, ni tiene trayectoria alguna como defensor, estudioso o activista de los derechos humanos. Ya eso sería argumento sobrado para afirmar, con absoluta certeza, que nombrarlo defensor, sería un gravísimo error. Pero es que la cosa no se agota ahí. Es mucho más que eso.

Está también el retorcido papel que ha jugado en el Consejo de Transporte Público (CTP), donde ha defendido los intereses de las compañías autobuseras, en perjuicio de todas las personas usuarias, y, en especial, de quienes tienen alguna discapacidad y de las personas mayores. Pero la cosa tampoco termina ahí. Todavía hay más.

Es que, encima de todo lo dicho, la ideología de “el consumidor”, del que Ulate es beligerante propagandista, es una ideología mentirosa, orientada a la defensa de poderosos intereses económicos. La cruzada por la desregulación y liberalización de mercados, que Ulate promueve con desbordada pasión, deja al descubierto, y en desamparo, a las personas humildes y a los sectores más vulnerables, porque las deja subordinadas a los poderes que dominan los mercados, los cuales, la gran mayoría de las veces, son los de influyentes oligopolios.

Tener esto último presente, permite entender por qué Ulate apoyó a los autobuseros, en vez de apoyar a las personas usuarias. Esa es su ideología y esos son sus compromisos: a favor del poder económico.

Publicado originalmente en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.

Llaman a mostrar apoyo a candidatura de Laura Arguedas Mejía para Defensoría

SURCOS comparte el siguiente llamado e invitación:

«Examinamos cuidadosamente los antecedentes y atestados de las personas que aspiran a la Defensoría de los Habitantes y deducimos que la mejor opción es Laura Cristina Arguedas Mejía, de esta forma, nos sumamos al clamor de las distintas organizaciones de mujeres, de discapacidad, entre otras, que han solicitado a las Diputadas y Diputados de la República elegir a Laura Arguedas como la próxima Defensora de los Habitantes».

Para sumarse siga este enlace: https://www.change.org/LauraDefensora2023

Mujeres por Costa Rica se pronuncia sobre elección de jerarca de la Defensoría

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Estimados señoras Diputadas
Estimados señores Diputados

El Colectivo Mujeres por Costa Rica es un grupo que vela por una Costa Rica democrática y respetuosa de los derechos de todas las personas mediante la construcción de una cultura de paz, justicia social y solidaridad. Por eso, en este momento queremos manifestar nuestro deseo de que se fortalezca una de las instituciones más emblemáticas de nuestro país: la Defensoría de los Habitantes, institución que fue creada, hace 30 años para aportar a la consolidación de la democracia costarricense mediante la defensa de los derechos humanos.

Tiene la Asamblea Legislativa en este momento una magnífica oportunidad al escoger a la mejor persona para ocupar el cargo de Defensor(a) de los Habitantes, en un momento crítico para la defensa de los derechos humanos de las personas, fundamento de nuestra democracia. Para ocupar este puesto se requiere de una persona comprometida, que se distinga por su madurez personal y profesional, por su ética, por su honestidad, que tenga la valentía de enfrentar las arbitrariedades que se cometen en detrimento de los derechos humanos de las personas en nuestro país.

Hemos analizado los atestados y la trayectoria de los candidatos a ocupar el cargo de Defensor(a) de los Habitantes para los próximos cuatro años y hemos concluido que la candidata que reúne las características que requiere un Defensor(a) de los Habitantes y para la cual solicitamos de manera respetuosa y vehemente su voto, es la señora Laura Cristina Arguedas Mejía. Las razones por las cuales apoyamos a la señora Arguedas para quien solicitamos su voto son las siguientes:

1. Es politóloga, especialista en derechos humanos y docente e investigadora universitaria en este tema y afines. Tiene una amplia formación académica lo cual le permite una comprensión de las condiciones que obstaculizan o facilitan el respeto a los derechos humanos de las personas.

2. Su experiencia laboral y académica ha estado siempre relacionada con la defensa de los derechos humanos. Ha trabajado en diferentes instituciones, públicas y privadas, incluida la Defensoría de los Habitantes.

3. Es una persona comprometida, con sensibilidad para comprender los derechos humanos de una forma integral y que pondera en su visión y propuesta de trabajo, la defensa de los sectores de la población en mayor situación de vulnerabilidad, como por ejemplo, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las mujeres y los pueblos originarios.

4. Su propuesta se orienta al fortalecimiento del desarrollo humano, del progreso en ideas que potencien los derechos a un medio sano, a que las personas tengan educación de calidad, una adecuada atención en salud, oportunidades de trabajo, techo para vivir y otras necesidades básicas cubiertas para que puedan acceder a una vida plena, ejes esenciales de la dignidad humana como valor fundamental de los derechos humanos.

Consideramos que a partir de su visión amplia e integral y de su trayectoria doña Laura Arguedas es la persona idónea para conducir la Defensoría de los Habitantes hacia el logro de los objetivos que por ley debe cumplir.

Agradecemos su apoyo y voto por la señora Laura Cristina Arguedas Mejía.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica

Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Arq. Eugenia Solís Umaña
Dra. Lupita Chaves Salas
Licda. Vera Sancho Mora
Dra. Nora Garita Bonilla
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021

Seguimiento a la solicitud de información clave a la Dirección Jurídica de la C.C.S.S.

Como parte del seguimiento a la información enviada a SURCOS por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López, este afirma que:

“Pues bien, dado que ese sujeto no me contestó, le interpuse un recurso de amparo el cual fue declarado con lugar, le adjunto la resolución de la Sala 4; me parece que es una jurisprudencia muy buena. Recuerde que este sujeto está denunciado, y creo que el Gerente General de la CCSS, por supuestamente un nombramiento ilegal y ejercicio ilegal de la profesión”.

Si quiere dar seguimiento a la noticia adjunto el enlace de la publicación anterior: https://surcosdigital.com/solicitan-informacion-clave-a-la-direccion-juridica-de-la-ccss/ 

 

Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.