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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Catalina Crespo agrava la persecución sindical en la Defensoría de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Jueves 24 de agosto del 2022. El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes denuncia nuevos hechos persecutorios de parte de Catalina Crespo Sancho y Mario Zamora Cordero, en contra del Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez, con la intención de desacreditarlo y desmovilizar la lucha sindical.

Durante la presentación del informe anual en la Asamblea Legislativa, el pasado 30 de junio, Catalina Crespo, acusó al Secretario General de SIDEF, Álvaro Paniagua Núñez de incurrir en un conflicto de intereses por el hecho de que a la vez ocupa un puesto directivo en la institución. Crespo trató de disimular sus intenciones persecutorias leyendo una carta que supuestamente le escribió una persona que ella metió en la Defensoría en calidad de meritorio, pero que en realidad la trajo para que la asesora en movidas en materia de recursos humanos. De hecho, cuando le solicitamos el documento, su despacho respondió: “lo que se dijo es lo único que se puede informar, por cuanto lo demás no es de acceso público”. Ante este atropello las acciones judiciales están en curso, para que no utilice el cargo de Defensora con el que fue honrada para refugiarse en la impunidad.

En esa misma ocasión, Catalina Crespo desacreditó públicamente la denuncia por persecución sindical que se investiga en su contra en el Ministerio de Trabajo, dando a entender a los diputados y diputadas que se trata de prácticas reiterativas del sindicato contra las personas que ocupan el cargo de Defensor/a, y no por los hechos persecutorios en los que incurre sistemáticamente.

Efectivamente, de manera sistemática, como actúan los acosadores laborales, el 7 de julio siguiente, Catalina Crespo fue al Territorio Indígena Salitre, donde se reunió con un grupo de personas que apoyan las usurpaciones de tierras indígenas, recogió una queja contra el compañero Álvaro Paniagua y otras personas, en la que de manera infundada lo acusan de actuar de manera parcializada. Aprovechando la ocasión, Crespo hizo caso omiso de la normativa interna, violentó el derecho de defensa y el debido proceso al compañero Paniagua, y sin ninguna valoración fue y planteó la queja como una denuncia penal ante el Ministerio Público.

La visita de Crespo a Salitre fue cubierta en exclusiva por el periodista Alexander Méndez, del diario Extra, quien desde el 5 de julio anunció la visita y preparó el terreno; posteriormente, los días 8, 11, 18 y 26 de julio, y el 6 de agosto, ese diario publicó el nombre y fotografías del compañero Paniagua, así como extractos y fotografías de la denuncia presentada por Crespo en su contra, en la que incluso consta el sello de recibido en el Ministerio Público.

Pero la sed persecutoria de Crespo parece ser insaciable. Ahora el periodista favorito de Crespo, Alexander Méndez, ha solicitado acceso a un expediente disciplinario que le abrieron al compañero Paniagua en el 2015. Lo que pareciera casual deja de serlo, pues la intención persecutoria es más que evidente.

“Efectivamente –manifestó el compañero Paniagua-, en el 2015 fui sancionado con una suspensión de 15 días debido a que cometí un error. Resulta que tuvimos que llevar de emergencia a mi madre al hospital, donde estuvo muy grave. Nos advirtieron que el seguro estaba a punto de vencer para que lo renováramos. En el Ebais nos pidieron, entre los requisitos, copia de mi orden patronal. Me pareció arbitrario que la CCSS solicitara un documento que ella misma expedía, pero insistieron. Como mi trabajo era defender los derechos de las poblaciones discriminadas, entre tales las personas adultas mayores, en ese momento, obnubilado por la salud de mi madre, me pareció totalmente normal enviarle un oficio institucional al Ebais, y así lo hice, le puse un consecutivo al oficio, expuse la situación, cité la normativa de aseguramiento de la CCSS y les solicité que rectificaran el procedimiento pues violentaba los derechos de las personas adultas mayores, y por si negaban la situación, puse de ejemplo el caso de mi madre. Ese fue mi error, en ese momento no me pasó por la cabeza que eso podría malinterpretarse. De hecho, hasta adjunté copia de mi orden patronal para que no se retrasara más el trámite de renovación. Y así de manera transparente, sin ningún dolo, imprudentemente, mezclé lo público con lo privado, y por eso fui sancionado. Año y medio después falleció mi madre.”

Contrario a lo esperado de una defensora de derechos de las personas, Catalina Crespo Sancho, ordenó que de inmediato se le entregara la información a la Extra, ante lo cual fue necesario recordarle las restricciones que estipula la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en lo que se refiere a los datos sensibles y de acceso restringido.

Como ya ha sido ventilado en las redes sociales, no podemos pasar por alto el vínculo del candidato sucesor a Defensor, preferido de Crespo, Mario Zamora Cordero, con el diario Extra, para comprender cómo lo que parece ser casual da paso a lo evidente.

Repudiamos las estrategias persecutorias y criminalizantes de Catalina Crespo Sancho y de Mario Zamora Cordero, ambos denunciados por persecución sindical, quienes no dudan a atropellar el honor y la dignidad de las personas para lograr sus intereses.

Punto y Seguimos…

Enviado a SURCOS por SIDEF.

Jefe de Recursos Humanos presentó denuncia penal contra Catalina Crespo y Mario Zamora

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La denuncia fue presentada por presuntos delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, entre otros.

Jueves 11 de agosto del 2022. El jefe de Recursos Humanos de la Defensoría de los Habitantes, Hernán Rojas Angulo, presentó una denuncia penal contra la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, y Mario Zamora Cordero, Director del Despacho, por posibles delitos relacionados con el deber de probidad, tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, entre otros.

En cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el Sr. Rojas Angulo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, transparencia y Anticorrupción por presuntos actos irregulares e ilegales cometidos por Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, y Mario Zamora Cordero, quien al momento de los hechos fungía como Director del Despacho de Crespo.

Los delitos denunciados tienen relación con faltas al Deber de Probidad, incumplimiento de deberes, faltas al deber de control interno, abuso de autoridad, conflicto de intereses, tráfico de influencias, enriquecimiento y favorecimiento ilícitos.

Es importante señalar que cada uno de esos actos fueron debida y oportunamente advertidos por el Sr. Rojas Angulo directamente al Despacho de Crespo, sin embargo, nunca fueron atendidos como en derecho corresponde; por el contrario, la respuesta prepotente fue el hostigamiento y las constantes amenazas para que obedeciera, se callara y acatará las “ordenanzas” del Director del Despacho presuntamente emitidas con “órdenes superiores”.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría, es conocedor de las numerosas advertencias que ha realizado el Jefe de Recursos Humanos para que los procedimientos se ajusten a derecho, cuando se ha incurrido en nombramientos sin el cumplimiento de requisitos, el pago prolongado de recargos injustificables, el favorecimiento a asesores y allegados al Despacho, los traslados forzosos de directores y funcionarios sin una justificación específica, las insinuaciones infundadas de corrupción, entre tantas otras estrategias de hostigamiento laboral.

No estamos ante un conflicto interno entre el funcionariado y la Defensora de los Habitantes y su despacho, no estamos ante un conflicto personal, cientos de voces de la sociedad civil organizada nos dan la razón: estamos ante una crisis en la Institución Nacional de Derechos Humanos de Costa Rica, provocada por el autoritarismo de una jerarca que violenta los derechos laborales del personal y que ha desmantelado la Defensoría de los Habitantes, a la vista y paciencia de las autoridades nacionales e internacionales.

Punto y Seguimos…

Solicitan información clave a la dirección jurídica de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información enviada por el actuario, matemático e investigador académico Rodrigo Arias López.

«Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos«.

Lic. Gilberth Alfaro Morales; Director
Dirección Jurídica
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Asunto: Entrega y solicitud de información

Estimado señor:

Muy respetuosamente lo saludo y le hago llegar los siguientes documentos, a fin de que sean considerados en el análisis jurídico que solicita la Gerencia de Pensiones a esa Dirección para atender requerimiento de la Defensoría de los Habitantes de la República (Registro de intervención No 379306-2022-RI).

  • El oficio No 06800-2022-DRH del 11 de julio de 2022, suscrito por el Lic. Geovanny Barboza Director a.i. de Estudios Económicos y Desarrollo de la Defensoría de los Habitantes de la República.
  • El oficio GP-1106-2022 del 6 de julio de 2022 indicado en el oficio No 06800-2022-DRH anterior.
  • Oficio DAPE-479 del 29 de octubre de 2004 suscrito por el Lic. Roger Aguilar Gutiérrez, Director de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica de la CCSS. En caso de duda esa Dirección puede solicitar dicho documento a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, o a las unidades que se indican en los sellos de recibido que aparecen en el mismo.
  • El informe de la Auditoría Interna de la CCSS ASF-112-2017 del 6/10/2017, sin detrimento de que esa unidad lo solicite a ese órgano auditor, incluyendo que pida los siguientes si esa Dirección no los tiene: ASF-084-2014 del 27/6/2014; ASF-065-2011 del 17/2/2011; ASF-321-2012 del 15/11/2012; ASF-009-2014 del 13/2/2014; ASAAI-210-2013 del 25/11/2013; ASF-019-2012 del 6/2/2012 y ASF-151-2013 del 13/9/2013.
  • La “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” elaborada por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS, sin detrimento de que esa Dirección la requiera de dicha unidad.

Nota de la edición: Puede consultar los documentos al final

Dicha información es fundamental para el análisis requerido para atender lo requerido por la Defensoría de los Habitantes, en particular, para cumplir con lo ordenado en los artículos 1, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 42 y 43 de la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 del 22/10/1943, en concordancia con los artículos 9, 11, 73 y 177 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, los artículos 11 y 16 de la Ley General de la Administración Pública No 6227 del 2/5/1978, la sentencia No 115-2015 del Tribunal Contencioso y Administrativo de Hacienda del 4/12/2015 ratificada por la Sala Primera de la Corte mediante resolución No 00197-2018 del 8/3/2018 y los artículos1° al 6 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422 del 6/10/2004.

Para una mayor comprensión por la Dirección a su cargo sobre lo indicado en los ítems a) y b) de la página 2 del oficio DAPE-479, véase el Cuadro 51 de la página 54 de la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017 que se adjunta y que se transcribe a continuación:

Al usar los datos de las figuras 42 y 43 de las páginas 102 y 103 de ese mismo informe, junto con los datos sobre ingresos y gastos del Cuadro 49 de la página 100 de ese mismo informe, se obtienen los siguientes resultados:

Como puede observarse en los dos anteriores cuadros, al seguro de salud de los asalariados y sus familias dependientes, que forma parte del “Seguro Social”, le sobró en el año 2018 un monto de 820.414 millones de colones usando los ingresos efectivos y le sobraron 924.847 millones de colones usando los ingresos reglamentarios. Dichos fondos, de conformidad con el articulado constitucional y legal antes citado, debió ser parte del régimen de capitalización, o sea, del seguro de pensiones o Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. No obstante, en lugar de eso, esos fondos fueron desviados para otros fines no autorizados por el artículo 73 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley No 17. Lo cual violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución, que es parte del debido proceso, más que se trata de fondos públicos. Véase el criterio legal de esa Dirección No D.J.3519-08 del 7 de mayo de 2008.

Lo anterior significa que la división actual de la prima del 25,66% sobre los salarios que pagan patronos, trabajadores y el Estado para el Seguro Social (artículo 22 de Ley 17) infringe los artículos 1, 32 y 43 de la Ley No 17 y el párrafo tercero de la Constitución Política, pues no se distribuye conforme lo ordena el artículo 32 de la Ley 17, lo cual significa un desvío de fondos públicos de un 7,89% (15% – 7,11%) sobre los salarios, conforme al cuadro siguiente que muestra la situación actual:

Para que dicha situación sea corregida jurídica y actuarialmente, conforme al Cuadro 51 antes mostrado, se requiere que el 25,66% sobre los salarios se distribuya de la siguiente manera, según los artículos 32 y 43 de la Ley No 17:

Así mismo, le solicito respetuosamente la siguiente información de interés público de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición No 9097.

  • Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad interna de la CCSS le ha solicitado a esa Dirección Jurídica algún criterio legal sobre la forma como deben distribuirse los “capitales y rentas” que se obtienen de acuerdo con la Ley No 17, al aplicar los artículos 32 y 43 de esa ley. En caso afirmativo solicito una copia del criterio legal emitido por esa Dirección.
  • Me informe si la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS u otra unidad o Gerencia de la CCSS le ha comunicado a la Dirección Jurídica bajo su cargo los resultados que aparecen en la sección “9.4 Balance de Ingresos y Gastos“ y “9.5 Balance por modalidad de aseguramiento” del documento “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019”.
  • Me informe si esa Dirección bajo su cargo y/o usted tenía conocimiento de la existencia y el contenido de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017, EST-007-2019” que le estoy aportando en este acto.
  • En el caso de que exista algún criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica bajo su cargo, en el cual se avale que los fondos y reservas del seguro social obligatorio de los trabajadores asalariados, creado por la Ley Constitutiva de la CCSS No 17 y el artículo 73 de la Constitución Política, puedan ser utilizados para finalidades distintas a las que motivaron su creación, solicito el suministro de una copia en formato digital.
  • Me suministre una copia en formato digital de todos los criterios jurídicos que esa Dirección haya emitido para atender recomendaciones de la Auditoría Interna de la CCSS contenidos en los informes de ese órgano auditor que se mencionan en el ítem cuarto de este oficio, ya sea que se los haya enviado a la Auditoría Interna o a otra unidad interna de la CCSS.

Notificaciones: Al correo rariaslopez@gmail.com

Cordialmente,
Rodrigo Arias López

CC.

Lic. Geovanny Barboza Director, Defensoría de los Habitantes de la República.

Lic. Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno CCSS.

Lic. Jorge García Araya, Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

06800-2022-DHR-AE-379306-2022-RIDescarga
GP-1106-2022Descarga
DAPE-479-29-10-2004Descarga
ASF-112-2017Descarga
Valuacion Actuarial Seguro de Salud 2017 – Obs PE-FirmadoDescarga
RAL-016-2022Descarga

 

Imagen ilustrativa de Semanario Universidad.

Recuperador de Crun Shurín a 12 años de la arrastrada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Por Pablo Sibar Sibar, líder indígena Brörán y defensor de derechos de los pueblos indígenas

Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.

Ahí a las 2 de la madrugada abrazados para poder repeler el frío de esa Ciudad fue que conversamos que habíamos agotado todas las vías para que el Estado Costarricense nos devolviera nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.

Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los comenzamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestros territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.

Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.

En mis más de 40 años de lucha he escuchado a muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.

Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.

Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.

Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.

Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.

 

Imagen: Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran. Foto de la UNED.

Recuperador de Crun Shurín a 12 años de la arrastrada

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Pablo Sibar Sibar
9 de agosto 2022

Voy a decir lo que siento en estos 12 años que han pasado después de la arrastrada de la Asamblea Legislativa el día 9 de agosto 2010, ese día ahí estaba una Defensora que salió corriendo, dejándonos solos como siempre hemos estado… desde que nuestras tierras fueron invadidas.

Ahí a las 2 de la madruga abrazados para poder repeler el frio de esa Ciudad fue que conversamos que habitamos agotado toda las vías para que el Estado Costarricense nos devolvieran nuestras tierras y ni siquiera nos escuchaban.

Por lo que tomamos la decisión de no volver más a San José a reclamar nuestros derechos que los  comenzaríamos a exigir en nuestros territorios con las recuperaciones de hecho y derecho, que nos arrastraran en nuestro territorios, es así que se empezó con las recuperaciones, hoy hemos recuperado una pequeña parte.
 
Pero cumpliendo los 12 años otra defensora nos cataloga de violentos y dice que no podemos recuperar, que los Derechos Humanos se tienen que respetar. Yo me pregunto: ¿y quién ha hecho que nuestros Derechos Humanos se respeten?, ¿no es la Defensoría que debería de exigirle al Estado que nos devuelvan las tierras y que nos dejen resolver lo interno entre nosotros? Pero nos siguen tratando como si no pensáramos, como seres inferiores.

En mis más de 40 años de lucha he escuchado muchos gobiernos decir “vamos a solucionar los problemas”, pero todo ha continuado igual. Cuando dicen que las recuperaciones no se pueden hacer yo les digo que nos den la solución, a nosotras y nosotros no nos han dejado otro camino.

Hoy escucho al Presidente decir que las asociaciones son un club de amigos, pero llevamos años exigiendo que se cambien estas figuras que muchas solo daño le causan a nuestros territorios y no se hace nada. Algunos territorios llevamos años luchando porque se nos reconozca nuestras organizaciones propias sin lograr nada.

Solo quiero decir que me siento orgulloso de ser Brörán y recuperador, que las recuperaciones significan vida, sabiduría, esperanza; que podemos trabajar nuestra propia espiritualidad pero que nuestras recuperaciones también fortalecen a todas y todos los costarricenses, que son vida para toda la humanidad.

Así que espero todavía creer en un estado de derecho, que el Gobierno cumpla con devolvernos las tierras y nos permita una gobernanza propia, que existimos los pueblos indígenas y que merecemos respeto para seguir engrandeciendo este país que lo podemos convertir en la maravilla del mundo.

Ese es mi humilde comentario de hoy 12 años después de la cruel ARRASTRADA de la Asamblea Legislativa, donde lo único que pedíamos era que convocaran el proyecto de ley 14352.

Muchas gracias por leer y solicito lo divulguen.

Firmas de apoyo ante los cambios promovidos por la Defensora de Habitantes que afectan los Derechos Humanos

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ante los cambios propuestos por la Defensora de los Habitantes en cuanto al grupo de Trabajo Agenda CEDAW, que deja al descubierto una afectación a las personas usuarias de los servicios de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes y un retroceso sin precedentes en los derechos de las mujeres.

Se invita respetuosamente firmar la siguiente petición en solicitud de lo siguiente:

Investigar los procedimientos que constituyen acoso laboral para las funcionarias de instancias como la Defensoría de género para poder removerlas y colocarlas en otras instancias donde sus conocimientos no serán aprovechados al máximo.

Atender con rapidez los problemas que a menudo se presentan y que se logran abordar debido, precisamente, a la experiencia y especialización de funcionarias como Ivania Solano.

Para brindar su apoyo puede acceder al siguiente enlace:

https://forms.gle/wCG1mH3yFpgZzcDH7

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO – Acerca de la visita de la Defensora de los Habitantes al Territorio Indígena de Salitre, Cantón de Buenos Aires ¿Inconsistencia o cambio de posición de la Defensoría?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

21 de julio del 2022

Los abajo firmantes, investigadoras e investigadores de las universidades públicas, expresamos nuestra preocupación por las opiniones emitidas por parte de la señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho a raíz de la visita que realizó al territorio Indígena de Salitre. Dicho evento, fue publicado por un diario nacional que la difunde bajo los titulares: “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve” (8 de julio del 2022) y “Funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena” (11 de julio del 2022)1. Posteriormente, esta acción fue objeto de otras publicaciones en la prensa nacional: “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas” (11 de julio del 2022) y “Defensora de los Habitantes califica de ilegales las recuperaciones de los territorios indígenas” 2; el sindicato de la Defensoría también manifestó inquietud por las declaraciones de la señora Crespo3, así como varias organizaciones indígenas cuestionaron en diferentes publicaciones las declaraciones de la señora Defensora4. Luego, el diario vocero de esa visita, agregó un nuevo titular: “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”5 en la que se consignan denuncias hacia personas específicas de esa institución, según se afirma, por parte de la propia señora Defensora, apoyada en las acusaciones realizadas por las personas participantes en la reunión referida.

Ante esta situación consideramos imprescindible manifestarnos y señalar lo siguiente:

1. Los propios pueblos indígenas, los organismos internacionales, diferentes organizaciones no gubernamentales, y la Defensoría de los Habitantes han documentado y denunciado durante décadas y en repetidas ocasiones, la grave violación a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, la cual ha venido escalando y agudizando a vista y paciencia de la institucionalidad pública y de las autoridades de todos los poderes de la República. Hay avances formales y normativos pero no hay resultados efectivos, ni en la solución de las situaciones urgentes, como lo son la recuperación de sus tierras y la legítima auto representación política, ni en los problemas estructurales e históricos de esta población.

La Ley Indígena 6172 de 1977, la firma del Convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país, el voto a favor de la Declaración de la Naciones Unidad sobre el Derechos Indígenas adoptada en 2007 entre otras normativas han sido obviadas en nuestro país. Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido seguidas eficientemente por el Estado y ni siquiera la legislación general para las y los ciudadanos costarricense se aplica de la misma manera cuando se trata de personas indígenas.6

Hay en esta acción continuada, más que una desaplicación de la ley, una negación persistente de la condición de sujetos históricos y de sujetos de derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que es en extremo preocupante.

2. En el caso de las recuperaciones de tierras en Salitre, es necesario considerar la insistencia y gestión indígena durante decenas de años para reclamar sus tierras por todas las vías legales posibles. Desde los años noventa los indígenas venían planteando procesos judiciales agrarios de reivindicación, que en algunos casos tardaban hasta 8 o 10 años en ser fallados en favor de la comunidad indígena. Luego sucedía que las órdenes de desalojo no se concretaban por múltiples razones de tipo administrativo y hasta político.

Las recuperaciones de tierras son acciones desesperadas que tienen una justificación en la desidia institucional, en la negación de acceso a la justicia, y en la presión histórica que los usurpadores no indígenas ejercieron para dominar en todas las esferas, y apropiarse de estas tierras impunemente. 

Después de una década de las primeras recuperaciones que se dan en el 2012 en Salitre, la intervención estatal ante este hecho continúa pendiente. El Plan RTI (Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas) elaborado por el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) para atender esta problemática es todavía un documento que está en etapa de campo y no ha logrado hacer efectiva ninguna devolución territorial, después de más de 6 años de haberse iniciado.

De manera tal, que ni las acciones administrativas, ni las acciones legales emprendidas por los pueblos indígenas han tenido resultados contundentes, por lo que las recuperaciones territoriales se mantienen en el horizonte como la única posibilidad de resarcimiento de sus derechos territoriales, aunque esto signifique asumir riesgos contra la integridad de las personas indígenas. En consecuencia, las reacciones violentas de quienes ocupan ilegalmente el territorio, mientras permanezcan impunes, seguirán abonando a la profundización y extensión del conflicto, que lamentablemente ya ha cobrado la vida de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.

3. Según la ley – y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones- los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas, por eso el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos.

4. La Defensoría de los Habitantes ha sostenido hasta ahora una posición muy clara en ese sentido, haciéndoles ver a los habitantes no indígenas, que si tienen documentos de propiedad anteriores a 1977 tienen derecho a una indemnización, si por el contrario, adquirieron los terrenos después de 1977, estarían en condición de ilegalidad según la ley y lo que corresponde es el desalojo sin indemnización. Esta explicación la misma señora Defensora la comunicó a la señora Thais Vidal en el año 2020 bajo el oficio: DH-DIND-0176-2020, de manera que dos años después no es posible alegar asombro, ni desconocimiento de una situación que ya conocía y ante la cual había emitido un criterio institucional.

5. Es decir, la Defensoría no solo tiene conocimiento pleno de lo que sucede en los territorios indígenas, de los conflictos, los intereses en juego, las distintas informaciones y desinformaciones circundantes, sino también de los asesinatos, hostigamientos, criminalizaciones y las constantes amenazas de muerte que líderes y lideresas indígenas por parte de finqueros no indígenas, de personas contratadas por ellos o bien, de personas indígenas afines a sus intereses. La señora Defensora ha expresado públicamente que conoce bien esta la situación de los territorios.

6. La Defensoría de los Habitantes ha gozado del respeto y la confianza de lideresas y líderes comunitarios y de la población indígena, gracias al profesionalismo, objetividad, transparencia y coherencia con la que han actuado el personal especializado en derechos indígenas y algunos Defensores y Defensoras a la hora de emitir criterios, informes, alertas, recomendaciones, solicitudes y recordatorios a las instituciones públicas. Estas acciones las han realizado sobre la base de hechos ocurridos en los territorios, datos concretos y observaciones directas. Sin duda, su participación ha sido fundamental en varios momentos críticos en defensa de los derechos indígenas, labor, por cierto, claramente disminuida en los últimos cuatro años.

7.Es ante lo anteriormente expuesto, que nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas.

En particular llama la atención que una de las personas activamente participante -según se dice en la noticia – fuera la señora Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpación de tierras en Salitre (No. 2016-0321)7 – como es de conocimiento público – llegando al punto de declararse indígena “pluriétnica”8, para obtener su propósito. Dos peritajes culturales llegaron a las mismas conclusiones sobre la falta de legitimidad de documentos aportados por la señora Vidal, acerca de su identidad como indígena bribri y posteriormente la ADI de Ujarrás declaró que tampoco es cabécar. ( Véase Resolución de la Sala Constitucional N°20139-2014 que declara sin lugar Recurso de Amparo). En esas ocasiones, la señora Vidal cuestionó a los profesionales responsables porque sus dictámenes no la favorecen, incluyendo su apelación a la sentencia mediante recurso de casación, el cual la Sala III declaró sin lugar ( R 2017-000585).

Considerando los criterios antes expuestos, con todo respeto solicitamos a la señora Defensora de los Habitantes, que:

  • La Defensoría de los Habitantes conforme a su misión de tutelar los derechos en general y de los pueblos indígenas en particular y en su agenda como Defensora, se mantenga la acción consecuente que la ha caracterizado en la defensa y restitución de derechos de los Pueblos Indígenas, retomando con fortaleza las acciones que estén a su alcance para que se agilice el Plan RTI y todas las acciones institucionales necesarias para garantizar el saneamiento y la seguridad de los territorios indígenas. Así como se ejecuten acciones específicas para garantizar el acatamiento de la normativa nacional e internacional en materia indígena, un papel fundamental de la Defensoría.
  • Aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones, y en caso de que haya variaciones con el criterio histórico que ha mantenido la institución-, muestre los argumentos y datos que fundamentan un cambio tan importante.
  • En ese mismo sentido, respetuosamente le hacemos un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría.

Nombre / Institución:

1. Xinia Zúñiga Muñoz. Investigadora. CICDE – UNED / Proyecto Conflictos Territoriales UCREA-UCR.

2. Denia Román Solano. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Antropología. CIAN UCR.

3. David Solís Aguilar. ProCultura, CICDE-UNED / FLACSO Guatemala.

4. Mauricio Alvarez Mora. Docente en las Escuelas de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y IDELA-UNA.

5. Jeffrey Peytrequín Gómez. Esc. Antropología UCR.

6. Rebeca Arguedas Ramírez. Académica UNED.

7. Andrea Cuenca Botey, Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UNED.

8. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

9. Patricia Mora Castellanos. Escuela de Estudios Generales UCR.

10. Alberto Gutiérrez Arguedas, Sede de Occidente y CIEP, UCR.

11.Ma. del Carmen Araya Jiménez, CIAN-UCR.

12. Jorge Arturo Lobo Segura. Escuela de Biología, UCR.

13. Helga Arroyo Araya. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Psicología.

14. Alejandro Alvarado Alcázar, Escuela de Sociología, UCR.

15. Onésimo Rodríguez Aguilar, director, Centro de Investigaciones Antropológicas.

16. María E. Bozzoli Vargas, Proyecto Conflictos Territoriales UCREA/Esc.Antropop. CIAN. UCR.

17. Ana Lucía Calderón Saravia, asesora curricular, Centro de Evaluación Académica, UCR.

18. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

19. Maritza Marín Herrera, Académica de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

20. Vernon Soto Lugo. Docente de Ciencias biológicas en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

21. Macarena Barahona Riera. Docente e investigadora de Escuela de Estudios Generales.

22. Sylvia Elena Solano Ulate. Docente de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

23. María José Chaves Groh. Docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el CIEM, UCR.

24. Ángela Ramírez Guerrero. Docente en la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica.

25. Geanina Amaya Rodríguez. Docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.

26. César Moya Aburto, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

27. Carmen María Camacho Rodríguez, académica e investigadora jubilada (UNA, UCR, ICAP).

28. Verónica Jerez Brenes, docente, Escuela Estudios Generales, UCR.

29. Ernesto Cortes Amador, docente, Escuela de Antropología, UCR.

30. Silvia Rojas Herrera, académica, Escuela de Sociología, UNA.

31. Catalina Carrillo Vargas, académica IDESPO y Sede Brunca, UNA.

32. Mariana Porras Montero, docente de la Escuela de Trabajo Social, UCR.

33. Celia Barrantes Jiménez, docente interina Escuela de Antropología, UCR.

34. Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR/Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas-CONARE.

35. Vania Solano Laclé, docente de la Escuela de Antropología y coordinadora del proyecto EC-581 Observatorio para la acción contra el racismo, CIAN-UCR.

36. Francisco Javier Mojica Mendieta, Antropólogo Proyecto Pueblos Originarios-U Públicas-CONARE; docente posgrado en Antropología-UCR; Director de Revista Trama, ITCR.

37. Giovanni Beluche Velasquez. Coordinador del Programa de Humanidades de la UTN.

38. Zuiri Méndez Benavides, docente Escuela de Sociología y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

39. Luis Andrés Sanabria Zaniboni. Proyecto EC-518 Observatorio Bienes Comunes. Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

40. José Antonio Mora Calderón. Docente Sede de Occidente y Coordinador de Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR.

41. Nathalia Vargas Umaña. Trabajadora Social, Gestora Sociocultural y activista feminista.

42. Mar Fournier Pereira. Docente Escuela de Psicología, UCR

43. Mariana R. Mora. Docente Escuela de Sociología UCR

44. Daniel Solano Ulate. Docente Escuela de Danza, Escuela de Música, UNA.

45. Marcelo Valverde Morales. Académico IDELA, UNA.

46. Luis Paulino Vargas Solís, investigador CICDE-UNED.

47. Ali García Segura. Bribri Talamanca. Investigador Facultad Ciencias y Letras UCR.

48. Paulo E. Coto Murillo, Investigador y docente, CICDE-UNED/ Posgrado de Sociología, UCR.

49. Mariano Saenz Vega, Investigador docente Ad-Honorem, UCR.

50. Anacristina Rossi, Profesora de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.

51. Priscilla Carballo Villagra, investigadora, CICDE-UNED.

52. Pablo Arturo Díaz González, investigador, CICDE-UNED.

53. David Arias Hidalgo, profesor-investigador ITCR-

54. Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS, docente UCR.

55. Raquel Lafuente Chryssopoulos, profesora-investigadora Escuela de ingeniería en producción industrial, integrante del Consejo Institucional ITCR.

56. Evelyn Hernández Solís, Estadística de la Oficina de Planificación, ITCR.

57. Noemy Quirós Bustos, Coordinadora Centro de Investigación CEQIATEC, profesora-investigadora Escuela de Química, ITCR.

58. Roberto Cortés Morales, Director Escuela de Ingeniería en Computación, ITCR.

59. Isabel Ducca Durán, catedrática jubilada de la Universidad Nacional.

60. Carolina Quesada Cordero, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.

61. Nora Garita Bonilla, catedrática jubilada, Universidad de Costa Rica.

Siguen más firmas…

1 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve. y https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479557/funcionarios-de-defensor-a-ocultaron-lamento-ind-gena

2 https://semanariouniversidad.com/pais/defensora-visita-salitre-guiada-por-abogada-condenada-a-carcel-por-usurpar-tierras-indigenas/ y https://delfino.cr/2022/07/defensora-de-los-habitantes-califica-de-ilegales-las-recuperaciones-de-territorios-indigenas

3 https://delfino.cr/2022/07/sindicato-de-la-defensoria-senala-a-catalina-crespo-por-reunirse-con-usurpadores-de-tierras-indigenas?s=09.

4 https://www.facebook.com/111882987093775/posts/555428809405855/

5 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479926/denuncian-a-funcionarios-de-la-defensor-a-de-los-habitantes

6 La Comisión impuso a Costa Rica la Medida Cautelar 321-12 desde el 2015 vigente hasta el momento. https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp. El país ha recibido la visita de dos Defensores de Derechos Indígenas, James Anaya (2011) y Francisco Cali Tzay (2020) quienes en sendos informes han expresado su preocupación por múltiples violaciones de derechos indígenas en nuestro país. Para mayor información véase https://www.sciencespo.fr/opalc/content/pueblos-indigenas-en-salitre-las-medidas-cautelares-solicitadas-costa-rica-por-la-cidh.html#:~:text=Las%20medidas%20cautelares%20constituyen%2C%20como,de%20la%20CIDH%3A%20la%20violencia

7Dictada a las 11 horas 56 minutos, del 20 de mayo de 2016, por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. Sentencia de cárcel para Thais Vidal https://www.youtube.com/watch?v=DUF9jcySHBc). La señora Vidal, abogada de profesión, obtuvo ejecución condicional de la pena, lo mismo que su pareja el señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez agrario quienes compran ilegalmente una parcela en Cebror de Salitre a una persona que no era indígena bribrí, pero que de buena voluntad la comunidad indígena la había dejado habitar en el Territorio.

8 ADI de Ujarrás niega identidad indígena a Thais Vidal https://www.tvsur.co.cr/etiqueta/thais-vidal-salitre/

Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Compartido por SURCOS por Pablo Sibar Sibar. 

Respuesta dirigida a la Defensora de los Habitantes Catalina Sancho Crespo, sobre sus últimas declaraciones presentadas a la prensa, se indica que contradice las labores de su cargo e ignora las posiciones que anteriormente ha defendido respecto a la problemática en los territorios de los pueblos indígenas del sur, donde los finqueros y usurpadores han provocado con anterioridad la muerte de líderes indígenas. Se cuestiona la reunión de la Defensora con personas que han usurpado y ejercido violencia en territorios indígenas, sabiendo de primera mano, la buena voluntad con la cual las comunidades indígenas afectadas han tratado el tema de la usurpación de sus tierras frente a las instituciones estatales y las leyes de este país a fin de lograr una solución pacífica. 

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Defensoría de los Habitantes

Señora
Catalina Sancho Crespo
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

REF: Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes.

Le saludo cordialmente en nombre de las recuperadoras y los recuperadores de territorios indígenas, defensores de nuestros derechos humanos. La presente se debe a sus fuertes afirmaciones en el diario La Extra (1), por la gravedad de estas (2), me veo en la obligación de contarle sobre nuestro proceso de recuperaciones.

Señora Defensora, justo donde usted se reunió en el Territorio Bribri de Salitre con la Señora Thais Vidal (3) fue donde la violencia en los territorios indígenas se exacerbó a partir del año 2012. La causa inmediata fue precisamente, que la Señora Vidal, siendo abogada y quien dice ser indígena pluriétnica, en aquel momento con su esposo Señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez Agrario, compraron ilegalmente una parcela en la comunidad de Cebror de Salitre a una persona no indígena, que de buena voluntad la comunidad había permitido habitar el área. Sobra señalar que como profesionales en derecho e incluso como Juez Agrario ambas personas (Señor Gutiérrez y Señora Vidal) conocían sobre la ilegalidad de comprar tierras dentro de un territorio indígena.

Además de la compra y posesión ilícita, estas dos personas demarcaron con cercas violentando los linderos de la parcela, hecho por el cual la Asociación de Desarrollo finalmente realizó gestiones para su desalojo. Desde entonces, esta pareja organizó un movimiento de muchos finqueros los cuales usurpan nuestros territorios, donde imponen violencia en contra de nuestros pueblos sembrando el miedo y terror.

Todo este contexto fue la razón por la que se conformó una mesa de diálogo mediada por la Defensoría de los Habitantes, el PNUD, Gobiernos de Pueblos indígenas del sur Buenos Aires y Pérez Zeledón. De esta forma se logró demostrar que ni la Señora Vidal ni el Señor Gutiérrez son indígenas ni tienen derecho alguno de posesión, por lo que posteriormente se logra su desalojo.

Además, ambos tuvieron causas abiertas por la Fiscalía donde fueron condenados por el delito de usurpación, condena que fue confirmada incluso por la Sala Tercera.

Señora Defensora, los pueblos indígenas siempre hemos contado con el acompañamiento técnico de la Dirección de Igualdad y no Discriminación, particularmente resaltamos la gran labor del Señor Álvaro Paniagua y la Señora Marjorie Herrera así como otras y otros funcionarios. Incluso, durante el inicio de su mandato, cuando usted respetaba el criterio técnico de dicha oficina, usted misma ha estado presionando al Ejecutivo para que asuma correctamente la situación sobre el proceso de saneamiento territorial mediante la expropiación y el desalojo de las personas no indígenas que tienen tierras o viven dentro de nuestros territorios. La Defensoría ya ha manifestado su preocupación pues en los últimos años, que ha estado en “marcha” el Plan RTI a cargo del INDER, no se ha retirado a ninguna persona no indígena de ninguna finca dentro de ningún territorio. También es un hecho conocido y validado por esta Defensoría que desde la “Arrastrada” en el 2010, no nos quedó otra opción que recurrir a las recuperaciones pacíficas por la vía de hecho y derecho, exponiendo nuestras vidas.

Es contradictorio lo que usted ahora manifiesta en prensa Señora Defensora, “que estamos olvidados”, pues como dije anteriormente, la Defensoría de los Habitantes ha sostenido una posición técnica clara con los habitantes no indígenas, haciéndoles ver que si tienen documentos de propiedad anterior a la ley del 1977 tienen derechos a la expropiación pero si los adquirieron después solo les corresponde el desalojo simple, sin ninguna indemnización. Todo esto consta en el Informe Anual de Labores 2020-2021 de la Defensoría de los Habitantes, de particular atención la página 96.

Le pregunto por qué la Señora Defensora de los Habitantes acude a una reunión con personas que las y los habitantes indígenas hemos denunciado por agresiones, amenazas, discriminación, usurpación, y otros delitos. Denuncias que no se reciben en muchas ocasiones o se tramitan discriminatoriamente en todas las oficinas judiciales, ahora incluso atentado por una persona que ostentando el cargo de Diputada de la República, la Señora Sonia Rojas, afirma ser indígena cuando no es reconocida como tal en ningún por ningún pueblo indígena. Siempre hemos reclamado el respeto a nuestro derecho de acceso a la justicia y la Defensoría de los Habitantes siempre dio acompañamiento a estos tratos discriminatorios.

Señora Defensora, usted le dio cobertura mediática incluso con fotografías en el sitio de la visita, dejando en claro su interés figurativo más allá de la resolución real del problema o incluso dejando de lado el análisis de riesgo de violencia que dicha acción podía provocar.

Usted miente al afirmar desconocimiento de la situación real de tierras e incluso de problemas internos que enfrentamos los territorios del sur, porque usted si ha tenido reuniones con nosotras y nosotros. En la Asamblea Legislativa usted reconoció que fue a darle las condolencias a la Madre de Jehry, y ahora se alía con quienes provocaron el contexto de su muerte. Usted está propiciando la violencia en contra de nuestros territorios al reunirse con el sector reconocido por propiciar agresiones armadas incitar a la violencia creando más odio y racismo contra nuestros pueblos (4).

En su visita a Salitre, Diario La Extra afirma que en dichas reuniones se conversó sobre separar de su cargo e incluso iniciar investigaciones contra funcionarios como la Señora Marjorie Herrera y el Señor Álvaro Paniagua. Es lamentable escuchar que la persona que ostenta el cargo de Defensora de los Habitantes, lejos de querer fortalecer la institución y respetar su investidura, busca al contrario alejar a las únicas personas dentro de la Defensoría con la capacidad técnica y la experiencia suficiente para conocer realmente la situación de los derechos indígenas. A ambos tengo muchos años de conocerlos y solo sé que son defensores de los derechos indígenas. Derechos, que como usted sabe, han sido olvidados, pisoteados y violentados por los que tienen la autoridad para garantizarlo.

Se hace absolutamente necesario conocer con la profundidad y dimensión adecuada, la situación de nuestros pueblos y los problemas que afrontamos. Siempre he abogado por nuestra autodeterminación y he dicho que los problemas nuestros los arreglamos nosotros, respeten nuestro derecho de autodeterminación y déjennos solucionar nuestras diferencias, porque mientras los de la Capital sigan sembrando nuestras diferencias será muy difícil encontrar una solución.

Señora Defensora, su rol es buscar la solución y mediar para que se nos devuelvan las tierras, por favor haga todo lo que esté a su alcance en esa ciudad que a nosotras y nosotros se nos hace tan difícil llegar. Yo le garantizo que si las tierras fueran nuestras y se respetaran todos nuestros derechos, donde nosotros tengamos nuestra propia autonomía, los problemas serían menores porque uno de los grandes problemas que enfrentamos es la intromisión desde afuera queriendo ser los salvadores, pero esa práctica discriminatoria lo único que logra es fomentar más el odio y racismo.

En nuestras recuperaciones hay vida, esperanza y espiritualidad se siente un buen vivir para vivir bien y esto lo que garantiza la vida para las siguientes generaciones, que no sufran todos los atropellos que hemos vivido nosotros.

Esperando su respuesta, se despide un recuperador de hecho muy orgulloso y defensor de los derechos indígenas.

Pablo Sibar Sibar
Indígena Brörán del Territorio Indígena Térraba
Beneficiario MC 321/12 CIDH

CC:

-Naciones Unidas
Señor Francisco Cali Tzai, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Señora Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Señora Ana Maria Upegui, OHCHR Costa Rica.

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Comisionada Esmeralda Arosema de Troitiño, Relatora para Pueblos Indígenas.
Comisionado Carlos Bernal Pulido, Relator para Costa Rica.
Sra. Fernanda Alves dos Anjos, Coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales.

-Autoridades Estatales
Señora Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia de la República.
Señor Ricardo Sossa, Comisionado de Inclusión Social de la Presidencia de la República.
Señora Diputada, Presidenta Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos Asamblea Legislativa.

-Forest Peoples Programme.

-Front Line Defenders.

Notas:

1 Diario La Extra, “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve”, nota del 8 de julio del 2022.

2 Delfino CR, “Defensora de los habitantes califica de «ilegales» las recuperaciones de territorios indígenas”, nota del 11 de julio 2022.

3 Semanario Universidad, “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas”, nota del 12 de julio 2022.

4 Semanario Universidad, “Sindicato de la Defensoría de los Habitantes reclama a Defensora por avivar conflicto en Salitre exponiendo a indígenas y luego salir del país”, nota del 15 de julio 2022.

5 Diario La Extra, “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”, nota del 18 julio 2022.

Mujeres Mano de Tigre invita a defensora a no «alarmarse» y actuar

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte la carta enviada por Elides Rivera Navas, presidenta de la organización de Térraba Mujeres Mano de Tigre a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes Catalina Crespo Sancho. En la nota se invita a la funcionaria «… a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tienen derechos humanos y territoriales… «.

Esta es la nota enviada:

Térraba 10 de julio 2022

Señora Catalina Crespo Sancho
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

Le extiendo un fraternal saludo de parte de la Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Orcuó-Dbón) del Territorio Indígena Térraba.

Con suma preocupación hemos hecho de nuestro conocimiento los reportajes del medio informativo La Extra, donde su persona se ha reunido únicamente con personas de la parte conocida por sus intereses como foráneos o no indígenas, en el territorio hermano de Salitre, personas que buscan legitimar sus conveniencias de posicionarse de las tierras indígenas; dicho medio informativo, señala que su persona se «espanta» de la situación y que además ve con gran preocupación el conflicto en los territorios del Sur.

Señora defensora, la situación empieza desde 1977 cuando se aprueba la ley indígena 6172, donde se delimitan los territorios y se reducen a pequeñas áreas que oficializa el catastro nacional, pero desde ese entonces ningún gobierno o institución encargada de velar el cumplimento de la misma se interesara por hacerlo realidad.

Los tres poderes del Estado han optado por hacer su mirada a otra dirección y se ha generado lo que hoy se mira como conflicto, los mismos grupos de siempre que han explotado las tierras indígenas y a sus pueblos en su favor hoy denuncian e invocan no objetividad de funcionarios de la defensoría y otras instancias nacionales e internacionales, porque estos no se han rendido a sus mentiras y manipulaciones.

Me refiero de manera enfática a la señora Maryuri Herrera Castro y al señor Álvaro Paniagua, actual director del departamento de la niñez y adolescencia de la DDH, los cuales son mencionados en discursos llenos de mala fe con el fin de menoscabar sus capacidades en el tema de Derechos Humanos, cuando su reputación como profesionales ha sido siempre intachable e integra.

Desde hace 10 años enfrentamos los brotes de violencia en el cantón de Buenos Aires por el grupo de personas que se reunió con su persona en Salitre, dirigidos (en parte) por Thais Vidal, y como efecto de dichas acciones hemos enfrentado los asesinatos de dos compañeros defensores de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, así como un sin fin de situaciones que se encuentran en los juzgados que corresponden, este grupo organizado que se mueve en todos los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, todas estas denuncias han llegado a la defensoría a su despacho donde ha podido constatar la información de hechos de violencia, abusos, y la criminalización de la defensa indígena.

Hacemos de su conocimiento que la señora Vidal no es indígena como ella aduce, ya que en los tribunales quedó demostrado a través de un peritaje cultural, además fue desalojada del territorio de Salitre por usurpar tierras indígenas.

Señora Catalina Crespo; señora Defensora, la invitamos a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tiene derechos humanos y territoriales en las instituciones gubernamentales, que la asamblea legislativa apruebe presupuesto para que se liquide a quién corresponden las indemnizaciones y con el Ministerio de Seguridad Pública ejecutar los desalojos que corresponden, con el instituto Mixto de Ayuda Socia ly el Instituto de Desarrollo Rural, para que las familias que no ostenten indemnización y lo ameriten, puedan ser atendidos como corresponde como seres pertenecientes a la sociedad costarricense.

Con el más profundo respeto exhortamos a su persona desde su investidura para que actúe cumpliendo los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y apegados a la justicia como primer pilar de la democracia.

Atentamente:

Elides Rivera Navas
Presidenta de Mujeres Mano de Tigre

Información compartida con SURCOS por Pablo Sibar.

ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS INTERPELAN A DEFENSORA DE LOS HABITANTES DE COSTA RICA

Escrito en . Publicado en Derechos.

Queremos expresar nuestro total apoyo a las labores realizadas por Álvaro Paniagua Núñez, actual director de Niñez, Adolescencia y Juventud y Marjorie Herrera Castro, profesional de defensa de derechos de la Dirección de Igualdad y No Discriminación. Durante muchos el señor Paniagua y la señora Herrera, han demostrado un profundo y respetuoso conocimiento de las culturas y realidades de los Pueblos Originarios de Costa Rica, aunado a una actitud de total solidaridad, entrega y disposición en las gestiones necesarias para la defensa y el efectivo ejercicio de los derechos humanos de los Pueblos Originarios en total apego al bloque de constitucionalidad y legalidad costarricense. 

No obstante, con preocupación manifestamos nuestro asombro de lo expresado por la señora Catalina Crespo Sancho a un medio escrito de alcance nacional, donde indicó que las recuperaciones de tierra son ilegales, ante ello, nos permitimos recordarle que estos procesos de reafirmación territorial son legítimos y acorde a nuestra historia, cultura y cosmovisión, además de que están a derecho de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y los derechos culturales y humanos.

Le invitamos a conocer la realidad que vivimos los Pueblos Originarios y a dialogar con la diversidad de sectores con el fin de encontrar los caminos para hacer efectiva la defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios y evitar la exacerbación de la violencia.

Documento-DefensoriaDescarga

 

Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur-Sur.