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Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Tejiendo paz bajo un mismo cielo*

Monseñor Fernando Castro Fernández
Arzobispo Primado Iglesia Veterocatólica Hispánica

Queridos hermanos y hermanas

¡Paz y bien para cada uno de ustedes!

Gracias por su presencia en tan distinguida asamblea en este día. Al dirigirme a ustedes, soy consciente del gran privilegio que se me ha concedido de poder hablar ante representantes de diversos credos y denominaciones así como a figuras de relevancia en nuestro país como de instancias internacionales. Al hablarles en este lugar, pienso en los innumerables hombres y mujeres que han participado a lo largo de la historia en pro de la defensa de la libertad religiosa y de pensamiento.

Su presencia afirma el valor de la paz y de la fraternidad humana, que el diálogo contribuye a construir. Por lo demás, nuestra tarea es precisamente de allanar las divergencias para favorecer un clima de colaboración y confianza recíprocas para la satisfacción de las necesidades comunes de nuestra sociedad. Se puede decir que este es un ejercicio de humildad por que requiere sacrificar un poco de amor propio para entrar en relación con el otro, para comprender sus razones, espiritualidad y puntos de vista, contraponiéndose así al orgullo y a la soberbia humana, causa de toda voluntad beligerante.

Construir la paz en la verdad significa en primer lugar respetar a la persona humana con su derecho a la existencia, a la integridad corporal, garantizarle la posibilidad de buscar la verdad libremente y manifestar así como difundir sus opiniones. Esto exige que en todo el mundo se cree un ambiente dentro del cual no sólo los poderes públicos de cada nación, sino también los individuos y otros grupos, puedan con mayor seguridad realizar sus funciones, cumplir sus deberes y defender sus formas de fe.

La paz exige que ante todo se defienda la vida, un bien que hoy es puesto en peligro por la ola de violencia y falta de valores que nos afectan a todos sin distinción de raza, credo o posición. El miedo que esto a causado esta situación también es alimentado por la ignorancia y prejuicios.

Es por esto que el Foro Interreligioso de Costa Rica, promueve una visión integral de educación, en la cultura religiosa y que en cada uno de sus miembros se ha esforzado en que la cultura religiosa y la formación del sentido moral vayan a la par con el respeto, tolerancia y pluralidad que enriquece la sociedad de nuestro país. La paz también exige que se reconozca universalmente la libertad religiosa. La libertad religiosa, no puede reducirse a la mera libertad de culto, es uno de los requisitos mínimos necesarios para vivir de una manera digna, pero también es compatible con el bien común, la oportunidad de actuar según su propia conciencia también en el ámbito de la vida pública y en el ejercicio de la propia profesión.

La religión es una oportunidad efectiva de diálogo y de encuentro entre pueblos y culturas diversas, las religiones no son un problema, sino parte de una solución para una convivencia más armoniosa.

Construir la paz exige que se busque la justicia, se puede hacer mucho bien juntos, basta con pensar en las loables iniciativas destinadas a reducir la pobreza, ayudar a los migrantes, contrarrestar el cambio climático, luchar por el derecho de las mujeres, adultos mayores, niños y ciudadanos en condición de calle y ofrecer ayuda humanitaria que ofrecemos. E s por esto que es necesario intensificar el diálogo, a la escucha mutua, el respeto mutuo, el ir a las aulas con una visión de hermandad ya que en nuestras diferencias existe una verdadera riqueza, favoreciendo las responsabilidades compartidas y la cooperación en búsqueda de un bien común, bajo el signo de esa hermandad y solidaridad que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. Las exclusiones y los vetos recíprocos no llevan más que a alimentar mayores divisiones.

Los caminos de paz son caminos de solidaridad, por que nadie puede salvarse solo. Vivimos en una sociedad tan interconectada que el actuar de uno termina por repercutir en todos. Por último, seria hermoso que pudiéramos encontrarnos no solo el día de hoy sino siempre para dialogar y realizar trabajos en conjunto que nuestros niños desde las escuelas y los jóvenes desde sus colegios, puedan aprender de la diversidad de riquezas que existen en cada una de las manifestaciones de fe, que puedan aprender y observar que pese a la pluralidad de credos a todos nos une algo y es que somos inquilinos de una casa común y que en nuestra libertad hemos decidido escoger una espiritualidad y esa escogencia no impide que entre todos aportemos nuestro aporte para hacer de este mundo un lugar mejor.

* Discurso de apertura del encuentro «Tejiendo Paz bajo un mismo cielo» organizado por el Foro Interreligioso de Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas.

Compartimos imágenes del encuentro.

ANEP reitera que diálogo sobre policía de control de drogas debe ser de altura y con quienes tienen poder real de decisión

Ante las declaraciones de la Presidencia y el ministro de Seguridad, ANEP propone una reunión con mediación de la Defensoría de los Habitantes. Transcribimos la carta enviada por ANEP (ver nota de la redacción al final):

San José, 09 de febrero del 2024.

S.G. 21-25-2509-24

Licenciado
Gabriel Aguilar Vargas
Director de Despacho / Viceministerio de la Presidencia de la República

Estimado señor:

Se recibió el oficio con consecutivo número PR-DP-0100-2024, en respuesta de la nota S.G. 21-25-2407- 24, extendida por nuestra organización sindical. En dicha contestación, que lamentamos no llegara previo a celebrarse la conferencia de prensa del pasado martes 06 de febrero, se propone la apertura de un espacio de diálogo en el Viceministerio de la Presidencia de la República, para el día 09 de febrero del 2024.

Primeramente, es importante señalar que el equipo de trabajo de ANEP, en virtud de los incesantes ataques que sufre la clase trabajadora, y demás aspectos coyunturales, multifactoriales, que competen a la lucha por la reivindicación y mejora de condiciones socioeconómicas y laborales, soporta apretadas agendas cargadas de multitud de tareas. De manera que, la premura en la fecha propuesta, aunado al extemporáneo recibimiento de la misma, genera una colisión con compromisos previamente adquiridos, que obstaculizan una participación a planitud en el espacio de diálogo que nos ocupa.

Por otro lado, es importante mencionar que los temas que desean abordar las y los oficiales de PCD, son de extrema sensibilidad para la seguridad ciudadana, generan cuestionamientos directos a las decisiones del viceministro de Seguridad Pública, don Manuel Jiménez Steller, por lo que, se buscan intervenciones que solo podrían ser direccionadas desde el más alto rango de las jerarquías del Poder Ejecutivo: ministro de Seguridad y Presidencia de la República. Por ende, la participación en un espacio en el que las y los representantes de nuestra organización no sean atendidos por quienes tienen el poder de decisión real, nos genera serios cuestionamientos sobre la utilidad real del mismo.

Además, los epítetos irrespetuosos, poco elegantes, violentos y agresivos, empleados por el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, y el señor presidente, Rodrigo Chaves Robles, en la conferencia de prensa del pasado miércoles 07 de febrero, ofendieron e indignaron a las y los oficiales, independientemente de su afiliación, o no, a la ANEP. Así las cosas, no se sienten nuestras y nuestros representantes en un espacio seguro, productivo, y en el marco del respeto, para entablar una conversación de altura, como lo ameritan los delicados temas de interés.

Debido a todo lo antes señalado, desde ANEP se declina la invitación de diálogo propuesta para el día de hoy, viernes 09 de febrero del 2024, en el Viceministerio de la Presidencia de la República. En su lugar, se propone respetuosamente, se reprograme este espacio de diálogo, entre representantes de nuestra organización sindical y altas jerarquías de la Presidencia de la República y se pacte llevar a cabo el mismo en una localidad neutral, y con la mediación de una entidad de igual naturaleza, como lo es la Defensoría de los Habitantes.

En concordancia con la proposición supra generada, de forma paralela a la presente comunicación, se está enviando una solicitud expresa de mediación a la Defensoría de los Habitantes.

Se agradece de antemano la cooperación brindada.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de ANEP

Jonathan Flores Mata
Directivo Nacional ANEP

Nota de la redacción: a pesar de esa posición de la ANEP, el presidente de la República no esperó al diálogo sino que se presentó de forma sorpresiva a las instalaciones de la Policía de Control de Drogas.

Información compartida con SURCOS por ANEP.

Propuestas para los movimientos sociales

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical Sector Salud
02 Mayo 2023

Creemos que se debe promover e impulsar desde los movimientos sociales (lo cual incluye al segmento sindical), una carta abierta y pública dirigida al Presidente de la República, a las Fracciones Legislativas, al Poder Judicial, a la Defensoría de los Habitantes, que promueva lo siguiente:

1- Descartar el posible contrato de una » auditoría forense» sobre la situación de la Caja al Banco Mundial ya que resulta de poca transparencia, ética y probidad que sea esta entidad, pues ese fue el último empleo del hoy Presidente de la República.

En su lugar, somos de idea de que la CCSS debe inclinarse por que sea la OIT la que elabore los estudios actuariales, pues no solo es la institución que lidera la experticia mundial en el tema actuarial, sino que es una entidad tripartita y neutra, convirtiéndose en la opción ideal para garantizar un trabajo objetivo y riguroso.

Mientras se realiza el estudio actuarial, pedimos a la CCSS que le proporcione toda la información necesaria a la misión técnica de la OIT próxima a venir a Costa Rica para finalizar la nota técnica sobre el trabajo actuarial en la CCSS.

Los resultados finales de dicha nota técnica son cruciales y urgentes para que la opinión pública conozca de primera mano por qué la Caja no está quebrada, como ya lo demostró la OIT en la versión preliminar de su opinión técnica.

Esta ruta que indicamos aspira por un lado que el Presidente actúe con transparencia de cara a la gente y por otro el alto ratificará el prestigio de la OIT en esta materia a nivel mundial.

2- Instar a Don Rodrigo Chaves Robles, valorar seriamente la destitución de Doña Marta Eugenia Esquivel y comerse la bronca para quedarle bien a la señora de Purral, pues parece que estamos en presencia de posibles delitos penales en razón del presunto maquillaje de cálculos que se derivan de la valuación actuarial y los posteriores documentos que son de son de dominio público y que además evidencian que la Junta Directiva en su conjunto se aparto del informe presentado por el Equipo técnico y avalo la suspensión del portafolio de inversiones sobre la base de cálculos posiblemente maquillados.

3- Separación inmediata de la Directora Actuarial de la CCSS, Licenciada Carolina González Gaitán y reapertura del proceso disciplinario en su contra por supuestos pagos indebidos (unos 42 millones de colones), cuyo expediente administrativo fue declarado prescrito por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, siendo este un acto que podría denotar posibles pagos de favores políticos.

4- Protección y cese inmediato y definitivo de cualquier tipo de hostigamiento laboral contra el Equipo Técnico de la CCSS, que presento propuesta técnica para el desarrollo del portafolio de Inversiones de la Caja, mismo que NO FUE utilizado para el acuerdo de suspensión de obras y en su defecto presenciamos un posible maquillaje financiero insostenible técnicamente que coloca a la Dirección Actuarial en un predicado altamente riesgoso y cuestionable desde varios puntos de vista.

Eje que se refuerza a partir de la reciente opinión técnica emitida por la OIT, organismo ante el cual el Gobierno según ha trascendido estableció una «protesta» cuyos elementos se desconocen, pero evidencian un desconocimiento adrede del funcionamiento de este organismo.

Esperamos ciertamente que Don Rodrigo Chaves Robles no opte por darle un manejo lento al tema para » argumentar y favorecer» un oneroso contrato con el Banco Mundial de una auditoria forense que sería un paso altamente en falso.

5- Instar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que convoque al Equipo Técnico que elaboró propuesta de desarrollo del portafolio de inversiones para que transparente su actuar en el actual escenario, ya que todo indica que existen posibles actuaciones oscuras por parte de la Presidenta Ejecutiva y su espuria Junta Directiva.

6- Ante la ya pública, notoria y evidente holgura financiera de la CCSS, instamos a la Auditoria de la Caja a desarrollar auditorajes de control moderno y transparente la información, ya que la atención de la problemática de las listas de espera de cara al derecho a la vida y a la salud imponen la toma de decisiones, pero las mismas no pueden seguir siendo un festín descontrolado de recursos ya que en los últimos 10 años al menos se han incumplido según parece los acuerdos de Junta Directiva en este tema y no existen documentos que certifiquen las DECLARATORIAS DE INVIABILIDAD previas antes de desarrollar programas o realizar contrataciones privadas, lo cual de antemano presupone un bajo o nulo control de la auditoría interna y coloca en situaciones legales muy complejas a todo funcionario que haya autorizado pagos sin el cumplimiento de la necesaria declaratoria de inviabilidad institucional.

Dicho lo anterior y siendo que le han asignado a la Unidad de listas de Espera ( UTLE); unos 30.000 millones de presupuesto en la actualidad ( lo cual es una de tantas pruebas de la holgura financiera actual), no podemos permitir que tal cantidad de recursos vuelvan a ir a parar a proveedores privados sin haber agotado previamente la utilización efectiva de la capacidad instalada institucional, cuyos datos de productividad deben revisarse y mejorarse antes de tercerizar (privatizar) para llenar bolsillos privados y pagar así posibles favores políticos.

Organizaciones sociales por la restitución de derechos en la Defensoría de los Habitantes

Comunicado de prensa

Este 10 de marzo, diferentes organizaciones de la sociedad civil se dieron cita frente a la Defensoría de los Habitantes, al cumplirse dos años de que la exdefensora Catalina Crespo no les recibiera y, por el contrario, les dio la espalda y, abandonó la Defensoría por la puerta trasera. Además, este colectivo de organizaciones, evidenciaron que la administración de Crespo fue sin duda la peor en muchos años.
Rosibel Zúñiga Guardia, vocera de la Asociación Espera Viva, en atención a los temas de VIH, recalca el vergonzoso hecho de que se le otorgara a Crespo el nombramiento de Embajadora de Costa Rica en Washington, llevando consigo una trayectoria cuestionable, como representante del pueblo costarricense y además, con procesos judiciales en su contra.
Dennis Castillo Fuentes, Director Ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica – IRCA CASABIERTA, destacó la difícil situación que atraviesa el país en relación con el tema migratorio, lo que hace urgente conocer la posición de la Defensoría de los Habitantes, con el fin de ofrecer una respuesta contundente a las diferentes violaciones a los derechos humanos, que constantemente viven las poblaciones migrantes. Así como, la necesidad de reactivar los planes estratégicos gubernamentales, para fortalecer la integración digna de estas poblaciones.
Por su parte, Francisco Madrigal Ballestero, activista LGBTIQ y Defensor de Derechos Humanos, manifestó, la satisfacción por el nombramiento de la señora Angie Cruickshank, como una mujer preparada en materia de derechos humanos y conocedora de las necesidades de protección de las poblaciones más vulnerabilizadas del país.
También hubo representación de mujeres, personas con discapacidad y población migrante y refugiada. Angie Cruickshank Lambert, nueva Defensora de los Habitantes, recibe a las diferentes organizaciones sociales, con el compromiso de escucharles y gestionar las acciones necesarias ante sus peticiones.

Personal de la Defensoría: “Graves cuestionamientos pesan sobre Mario Zamora”

COMUNICADO DE PRENSA

Grupo de funcionarios y funcionarias de Defensoría de los Habitantes
18 de febrero de 2023

Tiene causas abiertas en la Procuraduría de la Ética, Fiscalía General de la República, Ministerio de Trabajo, entre otras.

Un retroceso y continuo debilitamiento de la defensa de derechos humanos sumado a un caos a lo interno de la institución sería el panorama, en caso de que Mario Zamora llegara a ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes, debido a los múltiples cuestionamientos que pesan en su contra.

Así lo expresamos como grupo de funcionarios de la Defensoría, pues sostenemos que, el señor Zamora, nombrado por la ex Defensora anterior como Director del Despacho, resultó todo un fiasco en dicho cargo por sus carencias como gestor gerencial de la institución ya que, al contrario, propició conflictos externos y aislamiento con sociedad civil y problemas internos que profundizaron el debilitamiento institucional.

Fue una de las personas que salió por la puerta de atrás cuando un grupo de habitantes con VIH llegaron a la Defensoría para intentar ser atendidos. Además, ha sido la persona que ha generado más distanciamiento con la sociedad civil organizada, pues se niega a escuchar sus peticiones.

Es contradictorio que se valore la posibilidad de su nombre como Defensor cuando se conoce que su trabajo generó mucho rechazo de poblaciones vulnerabilizadas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, entre otras.

A ello se suma que es una persona con una personalidad muy cambiante y conflictiva, al punto que hace unos meses presentó su nombre al cargo, pero posterior a la lista de cuestionamientos en la comisión de nombramientos presentó su renuncia, y hoy con un oportunismo político, ofrece su nombre al puesto. Esa ambivalente personalidad también lo lleva a realizar acciones de persecución contra trabajadores de la institución -denunciado por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo- pero pocos días previo a la salida de la ex Defensora anterior, aparece en un vídeo siendo parte de un sindicato.

Es una persona que tiene abierta en su contra varias investigaciones en instancias administrativas y judiciales por tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, pero además siendo Director de Despacho, promovió y presionó para que se nombrara a su ex esposa en un cargo sin que reuniera los requisitos, situación que ya ha sido puesta en conocimiento de las instancias judiciales por nombramiento irregular.

Es bien conocido que durante su gestión como Director General de Migración y Extranjería, violentó derechos humanos en más de 2.400 ocasiones, así declarado por la Sala Constitucional.

A todo ello se suma que el señor Zamora fue el candidato para la Defensoría quien tuvo más denuncias, oposiciones y críticas recibidas en la Comisión de Nombramientos, tanto de parte de funcionarios como de activistas y sociedad civil.

Es claro que un perfil como el del señor Zamora no es compatible con esa necesidad de fortalecer la defensa de los derechos humanos en el país ni tampoco es una persona facilitadora de puentes de diálogo y escucha para la población como lo ha demostrado en su paso por la función pública.

Hacemos un llamado respetuoso pero vehemente a las y los señores diputados para que se designe a una persona con un perfil de mediador, con solvencia moral que el cargo requiere para el ejercicio de la magistratura de influencia. Que al final del proceso de discusión haya madurez para escoger a una persona que venga a dignificar el cargo en lugar de seguir debilitándolo.

En razón de lo expuesto y ante la posible persecución que estas manifestaciones pueden generar, como ya ha ocurrido en el pasado, dejamos a disposición para consultas el correo funcionariosdefensoria2023@gmail.com

La Defensoría, el Ombudsman y los Principios de París

Luis Fernando Astorga Gatjens

Hace algunos años, la Defensoría de los Habitantes gozaba de una amplia y positiva popularidad. Aparecía entre las instituciones públicas con mayor respaldo y credibilidad ciudadana. En esa época, se decía cuando algún ciudadano era víctima de alguna violación de los derechos, lo voy a acusar a la Defensoría. Aun cuando quizás se sobre-dimensionaba el alcance de su accionar concreto, en el imaginario social se le visualizaba de esta manera.

Sin embargo, poco a poco, la entidad se ha ido erosionando al compás de elecciones de jerarcas marcadas por las componendas politiqueras en la Asamblea Legislativa, y no por el dominio solvente de la temática de los derechos humanos, la probada independencia, los atestados y propuestas programáticas de quienes se postulan a ese cargo.

Podríamos decir que la Defensoría se ha ido debilitando, de manera tristemente paralela, al deterioro progresivo de nuestro Estado Social de Derecho. Una entidad que debía de defender y promover los derechos humanos, particularmente, los derechos sociales de los habitantes, ha dejado de jugar un rol activo en este ámbito. Se ha convertido en una institución con una incidencia marginal en temas cruciales de derechos humanos y ha estado sumergida en una crisis interna perenne, en la cual los funcionarios de la institución se han venido enfrentando a conductas arbitrarias y autoritarias de jerarcas, quienes deberían ser abanderados del derecho, del diálogo y la justicia.

En su creación, la Defensoría se inspiró en el Ombudsman sueco. En Suecia nace como una instancia caracterizada por la independencia ante los poderes políticos y administrativos instituidos. La independencia es entonces un principio clave e imprescindible en la razón de ser de ese Ombudsman. Sin tal independencia la institución pierde su rumbo y sentido.

En el caso nuestro, no por casualidad el artículo 2 de la Ley 7319, mediante la cual de crea la Defensoría de los Habitantes en 1992, está centrado en ese principio. El artículo indica lo siguiente: «La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.»

Sin esa independencia, su atribución principal de ser «el órgano encargado de proteger los derechos y los intereses de los habitantes» (definida en el artículo 1 de la mencionada ley), se quedará vacío.

En 1991, en París, al finalizar un seminario internacional sobre derechos humanos, las entidades participantes, institucionales y de sociedad civil, aprobaron «los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos». Tales son lo desde entonces se conocen como «Los Principios de París», que posteriormente fueron reconocidos por la Comisión de Derechos Humanos y por la Asamblea General de la ONU, en 1992 y 1993, respectivamente.

El corazón de los “Principios de París” es la independencia de la que deben gozar instituciones nacionales de derechos humanos, como es la Defensoría. La construcción práctica de esa deseada independencia política, administrativa y funcional, empieza con la elección de la persona que encabeza la institución.

Desafortunadamente, lo que estamos observando en la Asamblea Legislativa en el proceso para elegir a quien lidere la institución en los próximos cuatro años, podría no sentar las bases que aseguren la independencia de la Defensoría. Se han estado impulsando candidaturas que no cumplen con los requisitos de idoneidad, dominio técnico en materia de derechos humanos y, particularmente, en el ámbito de la imprescindible independencia.

Se impulsa a candidatas y candidatos que de ser electos, es muy probable que empujen a la Defensoría a una agenda cada vez más restrictiva en derechos humanos. Malas perspectivas cuando, por la gravedad de la crisis económica y, particularmente, la social, lo que se requiere es un liderazgo que trabaje fuerte en la defensa, protección y promoción de los derechos de los habitantes, especialmente, los que enfrentan más duras condiciones de vida.

Por lo que se ha dado en los últimos tiempos y por el comportamiento de algunos partidos y diputados, que tienen una visión muy limitada de los derechos humanos, pareciera que se quiere llevar a esta institución a un papel tan irrelevante, que termine siendo prescindible.

Ante el grave deterioro de nuestro Estado Social de Derecho, que se traduce en restricciones y violaciones de derechos sociales, nunca ha hecho más falta una Defensoría encabezada por una Defensora o Defensor, que, con la mayor independencia, defienda y promueva los derechos humanos, haga que la entidad recobre credibilidad entre la ciudadanía, labore en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y resuelva, en forma constructiva, los conflictos internos que debilitan la acción unitaria de la institución.

(17 de febrero, 2023)

Saquen sus sucias manos de la Defensoría

Luis Paulino Vargas Solís

He escuchado decir a algunas personas: “¿La Defensoría? Eso no sirve para nada. Mejor la cerraran”. Obviamente no comparto ese punto de vista, pero creo comprender dónde se origina esa percepción: es el fruto de la irresponsabilidad de las élites políticas, que han convertido el nombramiento del defensor o defensora en una piñata a merced de la politiquería y de las estrecheces de ideologías retrógradas, contrarias a la plena vigencia de los derechos humanos.

¿Cuál trayectoria en la defensa de los derechos humanos respaldaba a Sandra Piszk, José Manuel Echandi y Ofelia Tailtelbaum al momento que se les nombró en la Defensoría? En realidad, ninguna ¿Qué antecedentes sustentaron la elección de Catalina Crespo, la última defensora? Parece que su único, y dudosísimo mérito, era su identificación con la ideología conservadora y antiderechos de ciertos grupos políticos.

Lo cierto es que, bajo el liderazgo de Crespo, y teniendo a Mario Zamora como su hombre de confianza, la Defensoría tocó fondo. Nunca se vivió un ambiente interno tan convulso y enrarecido, manchado por decisiones arbitrarias e innumerables denuncias de persecución laboral. Nunca la Defensoría fue tan omisa e ineficaz en la defensa de los derechos de la población, en especial algunos sectores muy vulnerabilizados.

Recientemente nos propusieron el nombre de Erick Ulate, un tipo muy hábil si de ganar visibilidad mediática se trata, que ha hecho de la bandera de “el consumidor” un arma muy poderosa para promover una ideología libremercadista recalcitrante, muy del agrado de los oligopolios que dominan la economía costarricense. Su “compromiso” con los derechos humanos quedó bien retratado cuando, desde su silla en el Consejo de Transporte Público (CTP), apoyó a los autobuseros, en perjuicio de los derechos de las personas usuarias.

Luego ha saltado el nombre del ya mencionado Mario Zamora. Vean que ya esto es sumar desfachatez a cinismo. Por si no fuera suficiente el importante papel que Zamora jugó durante la desastrosa gestión de Crespo, el hombre acumula un palmarés de cuestionamientos que fácilmente llenaría enciclopedias: desde acusaciones penales e investigaciones a cargo de la Procuraduría de la Ética, a sanciones por parte de la Contraloría y actuaciones abiertamente adversas a los derechos humanos.

Necesitamos un defensor o una defensora que sea una persona seria, estudiosa, honesta y realmente identificada con los derechos humanos. Hay diputadas y diputados comprometidos en la búsqueda de alguien que cumpla con esos criterios, pero también hay una barra brava legislativa que intenta imponer su ideología antiderechos, aun si eso significa terminar de hundir a la Defensoría.

La ciudadanía debe hacerse respetar e impedir que ocurra tal barbaridad.

 

Publicado en Facebook y compartido con SURCOS por el autor.

Bloque Verde: “Cuatro años más de una Defensoría de los Habitantes a espaldas de los ecosistemas y las personas que los defienden”

Comunicado de Prensa

(Bloque Verde, 24/1/2023) Tanto Erik Ulate, en su calidad de presidente de la “Asociación Consumidores de Costa Rica”, como Laura Arguedas, como militante del Partido Liberación Nacional, nunca han movido un dedo en la defensa de los derechos ambientales de la población costarricense, jamás han mencionado nada sobre la contaminación con agrotóxicos del agua potable por parte de empresas.

Ni Ulate, ni Arguedas han dicho nada sobre los asesinatos de Jairo Mora, Sergio Rojas, Jerhy Rivera. Nunca les ha preocupado que una parte de la población que decide defender los ecosistemas frente a la expansión piñera y bananera sufran de procesos de judicialización y persecución por parte de las empresas exportadoras. Ni Ulate ni Arguedas se preocuparon en ningún momento por apoyar el Acuerdo de Escazú para mejorar el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental.

Ni Ulate, ni Arguedas, han hecho pública ninguna preocupación sobre el desastre de un país donde el 60% de los alimentos frescos están contaminados con plaguicidas. Arguedas o Ulate nunca se han pronunciado sobre la barbarie viven las comunidades rodeadas de plantaciones de piña o banano.

Desmond Tutu, un clérigo sudafricano que luchó contra el apartheid dijo una frase que puede ser importante recordar a la hora de escoger a la nueva persona que dirigirá la Defensoría de lo Habitantes: «Si eres neutral y guardas silencio en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor».

El señor Ulate no sólo es un militante del partido Liberal Progresista sino además forma parte de asociada a la Red Liberal de América Latina.  Tanto el partido como esa organización se dedica a profesar la religión del “libre mercado” una ideología que piensa que el Estado debe de minimizarse a su mínima expresión dónde sean el mercado, no los derechos humanos, lo que rijan a la sociedad.

Laura Arguedas pertenece a un partido que impulsó la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América. Quizá el acuerdo comercial que más golpeó la institucionalidad costarricense en materia social ya ambiental.

Un defensor o defensora de los habitantes debe de estar a la altura de las circunstancias en medio de la crisis climática, la amenaza de la sexta extinción masiva de especies y en medio de la crisis alimentaria. Deberían responder a la urgencia en la que viven decenas de comunidades que toman el agua contaminada; el deterioro de los ecosistemas de donde provienen las formas de sostén de muchas comunidades a nivel nacional; la injusticia en la que están condenados los pueblos indígenas que luchan por el derecho a la tierra, que ya por ley les pertenece. Necesitamos una defensoría que denuncie la crisis en la que están todas la Áreas Silvestres Protegidas y que señale que el actual gobierno desea privatizarlas valiéndose de la excusa de su maltrecho estado.

Pase lo que pase en la votación para la elegir la nueva cabeza de la Defensoría de los Habitantes, los diputados y diputadas condenarán a todo el país y sus ecosistemas a cuatro años más de una institución a espaldas de la vida.

Erick Ulate y la Defensoría de los Habitantes

Luis Paulino Vargas Solís

La misión y responsabilidad asignadas a la Defensoría de los Habitantes tienen que ver centralmente con una cosa: la defensa de los derechos humanos de todas las personas habitantes de Costa Rica. Si en el pasado pudo haber alguna duda sobre eso, la evolución natural de las cosas se ha encargado de despejarla: hoy nadie espera menos del defensor o defensora, excepto un sólido compromiso con los derechos humanos. Debemos recordarlo, puesto que uno de los diputados del partido de gobierno, levanta un monumento a la ignorancia, cuando tiene la osadía de contradecir tal cosa, recurriendo a un sancocho de argumentos enrevesados e incoherentes.

Toda una farsa para justificar su apoyo a Erick Ulate, lo cual nos habla muy bien de la clase de candidato de que estamos hablando.

Al igual que el diputado en mención, Ulate ni entiende qué son los derechos humanos, ni tiene trayectoria alguna como defensor, estudioso o activista de los derechos humanos. Ya eso sería argumento sobrado para afirmar, con absoluta certeza, que nombrarlo defensor, sería un gravísimo error. Pero es que la cosa no se agota ahí. Es mucho más que eso.

Está también el retorcido papel que ha jugado en el Consejo de Transporte Público (CTP), donde ha defendido los intereses de las compañías autobuseras, en perjuicio de todas las personas usuarias, y, en especial, de quienes tienen alguna discapacidad y de las personas mayores. Pero la cosa tampoco termina ahí. Todavía hay más.

Es que, encima de todo lo dicho, la ideología de “el consumidor”, del que Ulate es beligerante propagandista, es una ideología mentirosa, orientada a la defensa de poderosos intereses económicos. La cruzada por la desregulación y liberalización de mercados, que Ulate promueve con desbordada pasión, deja al descubierto, y en desamparo, a las personas humildes y a los sectores más vulnerables, porque las deja subordinadas a los poderes que dominan los mercados, los cuales, la gran mayoría de las veces, son los de influyentes oligopolios.

Tener esto último presente, permite entender por qué Ulate apoyó a los autobuseros, en vez de apoyar a las personas usuarias. Esa es su ideología y esos son sus compromisos: a favor del poder económico.

Publicado originalmente en Facebook, compartido con SURCOS por el autor.

Llaman a mostrar apoyo a candidatura de Laura Arguedas Mejía para Defensoría

SURCOS comparte el siguiente llamado e invitación:

«Examinamos cuidadosamente los antecedentes y atestados de las personas que aspiran a la Defensoría de los Habitantes y deducimos que la mejor opción es Laura Cristina Arguedas Mejía, de esta forma, nos sumamos al clamor de las distintas organizaciones de mujeres, de discapacidad, entre otras, que han solicitado a las Diputadas y Diputados de la República elegir a Laura Arguedas como la próxima Defensora de los Habitantes».

Para sumarse siga este enlace: https://www.change.org/LauraDefensora2023