Ir al contenido principal

Etiqueta: Defensoría de los Habitantes

Defensoría recomendó al MEP revertir decisión de eliminar Programa de Afectividad y Sexualidad Integral

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Defensoría de los Habitantes emitió un informe final con recomendaciones donde solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) revertir la decisión de eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia” la decisión adoptada por el Consejo Superior de Educación (CSE) el pasado 16 de enero de 2025, mediante el acuerdo AC-CSE-SG-24-03-2025.

La Defensoría de los Habitantes sostiene que las propias instancias técnicas del MEP concluyeron que el nuevo Programa de Educación para la Paz y la Convivencia no reemplaza ni cumple con los objetivos del programa eliminado y que estuvo vigente desde el año 2013, al ser excluidos contenidos claves como salud sexual, diversidad, identidad de género y derechos sexuales y reproductivos.

El informe destaca que la educación integral en sexualidad es un derecho humano reconocido por órganos internacionales como el Comité de Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación. La supresión del programa contraviene compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense.

Las recomendaciones dirigidas al ministro de Educación Pública y presidente del Consejo Superior de Educación van desde la reactivación de dicho Programa derogando el acuerdo antes mencionado. Una vez restablecido, valorar su revisión, evaluación periódica con respaldo de criterios técnicos, basados en un enfoque en derechos humanos, promoviendo una participación plena del estudiantado y personal docente en dicha revisión y actualización.

“Cualquier cambio en los programas educativos deben estar respaldados por estudios técnicos que evalúen sus posibles efectos en la salud, derechos humanos y desarrollo de las y los adolescentes. Para tal efecto es necesario e indispensable

Involucrar a personas expertas y organizaciones de derechos humanos en la toma de decisiones, con el fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas menores de edad, con estándares internacionales y de cumplimiento de mejores prácticas”, dijo esta mañana la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

Para la Defensoría es fundamental promover la participación de la comunidad estudiantil adolescente, fomentando espacios de diálogo y participación para que las y los adolescentes y jóvenes expresen sus necesidades y expectativas respecto a su educación en sexualidad y afectividad, así como la formación de docentes para que puedan abordar estos temas con sensibilidad, respeto y conocimiento.

Adicionalmente la Defensoría recomendó al ministro de Educación monitorear y evaluar continuamente los programas, implementando mecanismos de seguimiento para asegurar que las acciones educativas sean efectivas y respeten los derechos de las y los jóvenes. En el informe, la Defensoría exhorta al MEP y al CSE respetar las recomendaciones de organismos internacionales que instan a mantener la educación sexual integral como componente obligatorio del currículo educativo y que lo reconocen como un derecho humano. También exhorta al Ministerio de Educación Pública a actuar con responsabilidad, transparencia y respeto al marco jurídico nacional e internacional.

Las recomendaciones están sustentadas en el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos reconocido en instrumentos internacional de derechos humanos. Su eliminación podría aumentar los riesgos de discriminación, exclusión y violencia, especialmente hacia estudiantes LGBTIQ+, así como adolescentes madres, personas migrantes, indígenas, con discapacidad y podría incrementar las estadísticas de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Aumentan casos de hostigamiento sexual en el sector público

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023

En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.

Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.

Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.

Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.

De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.

Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.

Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.

Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría pide explicaciones sobre la Torre de la Esperanza

Escrito en . Publicado en Salud.

Luego que la Defensoría de los Habitantes realizara una inspección en el Hospital Nacional de Niños y pudiera comprobar las necesidades en infraestructura, elevó a la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un pliego de consultas para dar seguimiento al futuro de la construcción de la Torre de la Esperanza.

De acuerdo con el director de este centro médico, Dr. Carlos Jiménez Herrera, es necesario disponer de unidades, con el espacio adecuado para tratar a las personas menores de edad, especialmente las que requieren atención y hospitalización prolongada y cuyas patologías y tratamientos, requieren de instalaciones óptimas. Igualmente, para aquellas personas menores de edad que ingresan a Emergencias.

La Defensoría de los Habitantes, haciendo eco de la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás normativas relacionadas con el derecho a la salud que tienen los niños y niñas, solicitó a las autoridades de la Caja indicar el nivel de prioridad respecto a la construcción de la Torre de Cuidados Críticos (conocida como Torre de la Esperanza).

Además, si dicho Portafolio de Inversiones tiene actualmente la información actualizada del Hospital Nacional de Niños y si existe otro fideicomiso, además del Fideicomiso con el Banco de Costa Rica, para la construcción de dicha torre. También si existe algún portafolio de inversiones adicional para el Hospital Nacional de Niños y, si la Red Oncológica Nacional, está financiando algún proyecto para dicho centro médico u cualquier otro proyecto a implementar próximamente.

Defensoría investiga financiamiento al sector agrícola no exportador por parte de la banca pública

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación para determinar el rol de los bancos públicos en el financiamiento del sector agrícola no exportador en el país a partir de un enfoque desde los derechos humanos y del desarrollo sostenible, mediante el uso de indicadores de productividad, acceso al crédito y reducción de brechas socioeconómicas, aplicando análisis comparativos y revisión de normativa.

El estudio incluirá a los bancos del Estado a partir de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional N° 1644, la cual establece disposiciones específicas sobre las operaciones de crédito para el sector agrícola. Es por eso que, la Defensoría solicitó a los Bancos Nacional y Banco de Costa Rica información de las políticas institucionales y normativas; los criterios que utilizan para definir las condiciones de financiamiento dirigidas a este sector, si cuentan o no con políticas o programas específicos que promuevan el acceso al crédito para pequeños productores, mujeres rurales, personas jóvenes y personas adulta mayor y si existe o no alguna línea de crédito específica para prácticas agrícolas sostenibles, resiliencia climática o tecnologías verdes.

También consultó sobre los datos estadísticos de los últimos 10 años relacionados con el monto total de crédito agropecuario desembolsado por año, cantidad de personas productoras beneficiadas, tasas de interés promedio para el sector agropecuario y el porcentaje de participación del sector agropecuario en la cartera total de crédito del banco. Además, conocer si se recopila la información de las solicitudes de crédito rechazadas y sus principales motivos.

En cuanto a los procesos internos, qué tipo de asistencia técnica, acompañamiento o evaluación social brinda el banco antes o después de otorgar crédito al sector agropecuario, qué tipo de barreras o dificultades ha identificado que enfrentan los productores agropecuarios, particularmente mujeres, jóvenes

y adultos mayores, para acceder al crédito y si existen mecanismos de seguimiento o evaluación del impacto de los créditos agropecuarios.

Sobre la colaboración institucional, la Defensoría consultó si el banco articula su oferta crediticia agropecuaria con programas de instituciones como el INDER, MAG o el Sistema de Banca para el Desarrollo y si participan en programas con enfoque de inclusión financiera rural o estrategias de educación financiera para personas productoras.

Avanzan acuerdos claves para combatir el racismo en el deporte

Escrito en . Publicado en Deporte.

Luego de la intervención que hizo la Defensoría de los Habitantes por la presencia de actos y conductas racistas en algunos juegos de fútbol en la Primera División Costarricense, se logró llegar a acuerdos importantes por parte de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.

En primer lugar, la Defensoría instó a la institucionalidad presente durante una sesión de trabajo, efectuar los procesos dirigidos a finalizar la composición de la Comisión Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, para que sesionara y atendiera las denuncias existentes y venideras ante casos de racismo o violencia en eventos deportivos.

De acuerdo con la información suministrada por el viceministro de Seguridad y coordinador de dicha Comisión, Erick Lacayo, durante el segundo semestre del 2024 se convocaron sesiones donde se acordó convocar a una reunión a la Gerencia Deportiva de los clubes de Primera División con el propósito de que compartan cuál es la visión que tienen sobre la Ley N° 9145, para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos Deportivos y su Reglamento, así como sugerencias en materia preventiva.

Además, se acordó revisar temas relacionados a la aplicación del procedimiento de eventos masivos para los distintos deportes, solicitar a las Federaciones que informen cuáles son las distintas actividades deportivas programadas en un periodo de 12 meses, así como la participación de personas menores de 18 años. Lo anterior para poder determinar quién es el responsable de los eventos y a la vez se alerte las situaciones que se pudieran presentar y establecer la conformación de una mesa de trabajo para la creación del protocolo de actuación de la Ley 9145 así como la propuesta de Reforma de la Ley.

Tras analizar el trabajo realizado, la Defensoría de los Habitantes recomendó dar seguimiento y continuidad a las sesiones a efectuar por parte de la Comisión de Eventos Deportivos durante el 2025, atendiendo las recomendaciones que se generen en dicho espacio, y continuar con el proceso de revisión del Reglamento a la Ley 9175, para su publicación y entrada en vigencia e informar de sus resultados.

También se instó a establecer protocolos claros de investigación y sanción para casos de racismo en espacios deportivos, incluyendo la coordinación efectiva entre las instituciones responsables y dar seguimiento y atención a la situación presentada meses atrás en la Federación de Taekwondo en relación con la existencia de las denuncias por presunto acoso sexual.

Nuevamente la Defensoría de los Habitantes expresa la urgente necesidad de trabajar en la prevención de la violencia, la no discriminación y el rechazo a toda manifestación de racismo en todas las actividades públicas y privadas.

Defensoría: Sectores trabajan unidos para mejorar servicios de salud en la Región Brunca

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Defensoría consolida encuentro con autoridades de salud, municipalidades, juntas de salud y líderes comunales.

A partir de una investigación sobre las condiciones de recurso humano, infraestructura, equipamiento, primer nivel de atención, listas de espera y otras situaciones que se viven en los cinco centros hospitalarios de la Región Brunca, la Defensoría de los Habitantes agrupó a autoridades y representantes de diversos sectores del campo de la salud, municipalidades y líderes comunales en aras de impulsar propuestas de mejora en la prestación de los servicios de salud para toda la Zona Sur del país.

La intención es que, una vez consolidadas las iniciativas sean remitidas a la entidad que corresponda (CCSS, Ministerio de Salud, Gobiernos Locales, Juntas de Salud) para que puedan ser ejecutadas con la urgencia que requieren.

El hospital Fernando Escalante Pradilla es el centro de salud con mayor cantidad de denuncias ante la Defensoría sobre listas de espera en los últimos años; para abril del 2024 ocupaba el primer lugar con un 75 % del total de quejas, seguido por el Hospital Tony Facio, de Limón, con un 12%, el Hospital San Juan de Dios con 8% y el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia con 5%. En cuanto a la distribución de las especialidades denunciadas se ubica Oftalmología, Radiología e Imágenes Medicas, Neurocirugía, Cirugía General y Ortopedia.

De los cinco hospitales de la Región Brunca (Escalante Pradilla, Ciudad Neily, Juana Pirola, Manuel Mora y Tomás Casas), solo uno dispone de un equipo para realizar mamografías y se encuentra en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Zeledón por lo que implica largos desplazamientos para las pacientes, dificultando el acceso a pruebas preventivas, lo que no resulta de recibo para esta Defensoría, ya que esta distribución de equipos no responde a criterios de equidad y amplían las brechas en el derecho a la salud. Actualmente se está a la espera de un nuevo mamógrafo en el Hospital Tomás Casas, con el aporte del gobierno local. El Hospital de Ciudad Neily enfrenta desafíos que requieren atención inmediata y la asignación de recursos a nivel de personal especializado, infraestructura y equipamiento médico. Otro servicio que requiere fortalecimiento urgente es enfermería, siendo la mayor carencia la especialidad de obstetricia, así como en Consulta Externa, cardiología, oftalmología, urología y optometría.

Debido a la alta incidencia de cáncer gástrico y males respiratorios en San Vito, el Hospital Juana Pirola (HJP), requiere con urgencia la incorporación de personal médico especialista en gastroenterología y terapia respiratoria, para atender las necesidades de salud de esta población. El Hospital Manuel Mora Valverde, de Golfito es el responsable de atender a 45.000 habitantes de los cantones de Golfito, Puerto Jiménez y Osa, pero enfrenta desafíos significativos para brindar una atención médica adecuada debido a que solo tiene 57 camas y otras limitaciones en recursos humanos, infraestructura y equipamiento.

El Hospital Tomás Casas de Osa presenta un conjunto de retos significativos en materia de especialidades médicas, infraestructura y equipamiento. La gran mayoría de las instalaciones hospitalarias de la zona Brunca enfrenta un problema en los cielos rasos, producto de shock térmico que se da en la región por las altas temperaturas; se requiere de climatización de las mismas.

Defensoría se opuso a incremento tarifario desproporcionado

Escrito en . Publicado en Derechos.

En servicio de transporte público Orotina-Esparza-Puntarenas

La Defensoría de los Habitantes presentó formalmente su oposición a la solicitud de fijación tarifaria ordinaria planteada por la empresa JOALPA S.A. ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), expediente ET-007-2025, correspondiente a la denominada «Ruta Sin Número», que cubre distintos trayectos entre Orotina, Esparza y Puntarenas.

Según la solicitud presentada, algunos tramos tendrían aumentos tarifarios de hasta un 860%, afectando de forma significativa el bolsillo de las personas usuarias, especialmente de sectores con bajos ingresos. La Defensoría advirtió que estos aumentos no cuentan con una evaluación de impacto social y económico, lo que vulnera principios de racionalidad tarifaria y derechos fundamentales.

De acuerdo con datos del Índice de Desarrollo Cantonal y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las personas habitantes del cantón de Esparza tienen un ingreso promedio de ₡303.311, y actualmente destinan en promedio un 14,4% a transporte. Con el ajuste propuesto, este porcentaje podría duplicarse, comprometiendo seriamente su acceso a otros derechos esenciales como el trabajo, la salud y la educación. Además, la Defensoría expresó su preocupación por el hecho de que la ruta no cuenta con un número oficial asignado por el Consejo de Transporte Público, lo cual genera inseguridad jurídica, limita la trazabilidad administrativa y abre la puerta a solicitudes futuras de rutas informales.

En cumplimiento de la Ley N° 7593, la ARESEP debe procurar el equilibrio entre los intereses de los prestatarios del servicio y las necesidades de las personas usuarias. En este caso, la balanza parece inclinarse de forma desproporcionada hacia el operador privado, en detrimento de la ciudadanía. Por último, la Defensoría señala con preocupación que el actual rezago tarifario, de esta y otras rutas, se utilice como justificación para las solicitudes de tarifas, ante la falta de cumplimiento para una revisión anual, tal y como lo establece la normativa vigente.

Esta omisión, que no conlleva sanción alguna bajo el marco legal actual, termina trasladando una carga económica desproporcionada a las personas usuarias, quienes no tienen responsabilidad alguna en el retraso del procedimiento. La Defensoría, considera que es necesario revisar esta situación, pues la ausencia de consecuencias ante la inacción del prestador genera distorsiones que afectan el acceso equitativo y progresivo al transporte público como derecho humano.

Solicitan informe sobre viabilidad ambiental de proyecto inmobiliario en Refugio Gandoca-Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.

Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.

El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.

La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.

En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.

La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.

La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.

El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.

Defensoría interpone acción judicial ante agresión sufrida por niño con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Solicita medida cautelar a Juzgado de Familia, quien ordena varias acciones

La Defensoría de los Habitantes planteó ante el Juzgado de Familia una solicitud de medida de protección cautelar a favor de una persona menor de edad con discapacidad, que sufrió agresión física en una escuela pública.

El proceso de protección cautelar es un juicio recientemente creado por el Código Procesal de Familia, que tiene el fin de proteger los derechos de las personas en estado de vulnerabilidad (personas menores de edad, personas con discapacidad y adultas mayores, indígenas, entre otras). De conformidad con el artículo 34 de ese Código la Defensoría de los Habitantes cuenta con la legitimidad -facultad- para interponer este tipo proceso.

Pese a que la madre de la persona menor de edad recurrió a diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública, no recibió respuesta satisfactoria. La madre solicitó la intervención de la Defensoría de los Habitantes y se realizó una investigación en la cual se emitió un informe final que constató una serie de yerros en el procedimiento administrativo y emitió recomendaciones.

En atención a dicha legitimidad y a que la situación denunciada persistía, la Defensoría decidió interponer el proceso cautelar de protección para resguardar la integridad física de la persona menor de edad, debido a que el docente seguía impartiendo lecciones en dicha escuela. Esta Defensoría solicitó al Juzgado adoptar urgentes medidas provisionales que aseguren el derecho a la integridad física, psicológica y emocional de la persona menor de edad, así como el derecho a una educación inclusiva en un espacio seguro.

El Juzgado acogió varias medidas cautelares, entre ellas, ordenar a la directora del centro educativo asignar a otra persona docente a efecto de que no se vean suspendidos los apoyos educativos que él requiera en ejercicio de su derecho a la educación durante todo el curso lectivo 2025.

Adicionalmente que la persona docente no pueda acercarse ni perturbar al niño en el lugar de estudio durante todo el curso lectivo.

También se ordenó a la directora del centro educativo, que sea a través de funcionario competente de la Institución o hacer las coordinaciones necesarias ante el Ministerio de Educación Pública para ofrecer a la mayor brevedad posible un acompañamiento profesional a la persona menor de edad.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Solicitan intervención urgente para proteger ecosistemas en Refugio Gandoca Manzanillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó la intervención coordinada de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes para proteger los bosques, humedales y manglares del sitio Ramsar 783 Gandoca Manzanillo.

Según documentos emitidos por la AEL, existen múltiples violaciones a las medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional a las doce horas cincuenta minutos del siete de marzo de dos mil veinticinco, relacionadas con la protección de los bosques en la zona correspondiente a la resolución 2019-12745 del 10 de julio de 2019.

Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, indicó que se han fraccionado bosques dentro de esta zona y persisten obras constructivas dentro de zonas boscosas, humedales y manglares, a pesar del ilegal cambio de uso del suelo.

«La ley 9223, impulsada en contra de los más elementales principios de ciencia y técnica, ha facilitado estos desarrollos, poniendo en riesgo el delicado ecosistema de la región», señaló Levy Virgo en su comunicación a las autoridades.

La AEL presentó un informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que detalla la situación actual y la urgencia de intervenir, así como el oficio SINAC-SE-PPC-320-2017, emitido el 28 de noviembre de 2017 por el entonces Jefe a.i. del Departamento de Prevención, Control y Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

En una segunda comunicación dirigida específicamente a la Defensora de los Habitantes y a la Contralora General, la AEL solicitó acciones coercitivas inmediatas contra la Administradora del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca, ante lo que consideran un evidente incumplimiento de la resolución de seguimiento dictada por la Sala Constitucional.

La organización señaló que se han reportado actividades que contravienen las medidas cautelares establecidas para salvaguardar estos ecosistemas, incluyendo tala de árboles, construcción de pozos, desvíos de cauces de agua y drenaje de humedales.

La AEL solicitó específicamente tres acciones: medidas coercitivas inmediatas contra la Administradora del refugio, una investigación exhaustiva sobre las denuncias de incumplimiento de deberes y el presunto favorecimiento a desarrolladores ambientales, y la implementación de un mecanismo de supervisión permanente en el sitio Ramsar 783 y la zona boscosa afectada.

El presidente de la AEL enfatizó que la lentitud de los procesos legales en la vía ordinaria hace imperativa una acción rápida y efectiva para proteger el equilibrio ecológico y el bienestar de las generaciones futuras.