¿Secreto de estado o peligroso secretismo?
Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli
Aunque uno se prepare mentalmente para iniciar una semana ocupada en otros menesteres, con estos desgobiernos que nos toca soportar, es casi imposible. Ahora doña Laura Virginia nos «regala” una de sus primorosas ocurrencias en un decreto ejecutivo, en el que declara secreto de Estado, hasta el menú de su desayuno. Pero dejando la ironía aparte, utilizada solo para bajar el estrés que nos produjo el susodicho decreto, el asunto es sumamente grave.
Cuando fui diputado entre 1982 y 1986, fui el primer legislador en la Historia de Costa Rica que llevó ante los Tribunales a un presidente de la República porque, en síntesis, Don Luis Alberto Monge no me quería entregar un informe sobre el sector agropecuario y por ello lo había declarado «secreto de Estado». Alegué que era un atentado al derecho de información y que, además, ese informe no era un secreto de Estado. Como no existía la Sala IV fue la Corte Plena la que dio el fallo a mi favor y lo más importante por lo que nos ocupa, definió qué es un secreto de Estado y dijo » …los secretos políticos y así también los de seguridad, sólo constituyen secretos de Estado cuando se refieren a los medios de defensa o a las relaciones exteriores…».
Entonces, de acuerdo con lo anteriormente dispuesto por la Corte Plena y por lo tanto creando jurisprudencia, no estarían incluidos aspectos como los procesos de contrataciones y de compra de equipos, los resultados de las pruebas del polígrafo y datos de la empresa que los hace y su costo; sin entrar a detallar la extensa lista de artículos, bienes y suministros protegidos como «secreto de Estado», debo mencionar uno de extrema gravedad: plataformas tecnológicas, infraestructura, consultorías y servicios especializados con obligación estricta de confidencialidad para los consultores, contratistas y demás sujetos privados que presten servicios, aunque sea en forma ad honorem.
Ajeno a que ese listado, que lleva a un manejo oculto y sin restricciones de una serie de procedimientos administrativos en las dependencias que estén bajo la dirección de la Presidencia de la República: la DIS y la Fuerza Elite, así como la Policía Fiscal y todo el componente del Ministerio de Seguridad Pública, hay un aspecto que no puede pasar inadvertido. Es fácil hacer creer al ciudadano que todo este aparataje es necesario para combatir el narcotráfico, y sí, en mucho puede ser cierto, pero no en todo. Porque detrás de ese montaje, está su seguridad personal y el uso indebido de sus datos, pues con este decreto podrían contratar, sin saberlo los costarricenses, a las agencias de espionaje israelí como el Mossad y Pegaso cuya intervención en los procesos electorales de Honduras, Argentina, Chile, Colombia, y los propios Estados Unidos es harto conocido. Fue Rodrigo Chaves, a cuyo cargo están los ministerios de Hacienda con la Policía Fiscal y el de la Presidencia con la DIS, por ejemplo, el que anunció su decisión de contratar el Mossad para perseguir a los evasores fiscales, cuando el tema hacendario dentro de la estructura de esa agencia casi no tiene importancia, como si lo tiene el de espionaje e intervención electoral por medio de plataformas tecnológicas y algoritmos. Además, resulta muy coincidente que Rodrigo Chaves como ministro haya pedido a la CCSS todos los datos de las personas aseguradas y de las empresas… luego, con un teclado, alguien podría pasarlos al Mossad.
Es obvio que el malhadado decreto de Laura Virginia, estructurado y escrito en otros ámbitos gubernamentales y llevado a su despacho para la firma, es sumamente peligroso, muchas aguas contaminadas corren por su cauce, con el peligro real de provocar con sus secretismos, una epidemia de autocratismo que mate nuestras libertades. Así que, como dicen: ojo al Cristo y mano a la chuspa.