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Etiqueta: déficit fiscal

Covid-19 y “apertura” de la economía: No nos hagamos ilusiones

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Tras semanas de parcial confinamiento, el gobierno de Carlos Alvarado inició un proceso así llamado de “apertura” de la economía, con la esperanza de restablecer una relativa “normalidad” que permita reanimar la actividad económica y recuperar empleos. Se comprende que esto se hace bajo un juego múltiple de presiones: en primera instancia por parte de las cámaras del gran empresariado, pero también por la severidad del derrumbe económico, la pérdida de empleos, el deterioro de la situación fiscal e, inclusive, la impaciencia misma de la gente.

Se ha intentado avanzar en la “apertura”, cuando al mismo tiempo se registra un fuerte incremento de los contagios por Covid-19. Esto plantea un gran desafío, y exige un altísimo grado de disciplina. Si el contagio se sale de control –y es lo que pareciera estarse dando– ello tendría consecuencias potencialmente catastróficas. No estoy del todo seguro si el común de las personas ha logrado interiorizar plenamente lo que esto significa. Pero lo que resulta más preocupante es el tipo de mensajes que lanzan algunos de los liderazgos empresariales, en especial la UCCAEP. Sus exabruptos, ofensivos y estridentes, transmiten un desprecio por la vida, que solo es propio de una ideología fascista. Confío, sin embargo, que, en su amplia mayoría, predomina en el empresariado costarricense, un compromiso ciudadano, de protección a la salud y de respeto a la vida, absolutamente indispensable en este momento.

Si la pandemia se desborda, los servicios hospitalarios colapsan y las muertes se disparan, la “apertura” de la economía inevitablemente se frenará. Por decisión de las autoridades o a causa del pánico que ello provocaría. No entender esto es no entender nada, y es obvio que la UCCAEP, incapaz de mirar más allá de la punta de su nariz, no lo entiende.

De ahí que sea un error hablar de establecer un “balance” entre la salud y la economía, lo cual sugiere que salud y economía están en el mismo nivel, tienen la misma importancia y pueden caminar la una a la par de la otra. Incorrecto. Incluso si se opta por “abrir” la economía, ello debe hacerse priorizando siempre la vida y la salud. De otra forma, la propia “apertura” se detendría cuando apenas empiece a caminar, y, al final, la factura que deba pagarse será mucho más cara.

Por otra parte, debemos entender que la “apertura” no tiene más que muy limitadas posibilidades, si de recuperación de la economía y los empleos se trata.

Primero, hay un ambiente de enorme incertidumbre y temor, que inevitablemente frena el consumo de las personas y los hogares, y los proyectos empresariales de inversión. O sea, lo que cabe esperar es un proceso donde, al “abrirse” la economía, la gente retome a lo sumo de forma parcial algunos de sus viejos hábitos de consumo, pero manteniéndose cauta y contenida. En el caso de las empresas ese mismo efecto se daría, pero en grado incrementado, ya que se parte de un altísimo nivel de desocupación de la capacidad instalada. Difícilmente habrá alguna empresa que, bajo tales condiciones, quiera emprender nuevos proyectos de inversión.

O sea, la reapertura tan solo dará un empujón parcial e insuficiente a la economía, y, por ello mismo, tan solo se recuperará una parte de los empleos perdidos. Por lo tanto, mucha gente que se quedó sin trabajo, no podrá recuperarlo, lo que, a su vez, mantendrá en pie poderosas fuerzas contractivas, que harán aún más limitada la recuperación de la demanda de consumo, y deprimirá aún más la disposición empresarial a generar nuevas inversiones.

Los estímulos provenientes del exterior tampoco aportarán gran cosa. La profundidad de la recesión en países ricos, mantendrá deprimidas las exportaciones al menos por el resto de este año, pero seguramente el efecto se prolongará al año venidero. El turismo, por su parte, durará mucho tiempo –posiblemente años– antes de retornar a niveles comparables a los de los tiempos pre-Covid. Hay demasiado miedo circulando en la atmósfera sicológica del mundo entero, para pensar otra cosa, ni siquiera si se adoptasen estrictas medidas sanitarias, y ni siquiera si se descubriese una vacuna eficaz, teniendo presente que aún si ésta estuviese disponible, su aplicación universal llevaría tiempo.

Y aquí es importante aclarar una idea errónea, pero muy popular, inclusive entre economistas: la de que “fondear” los bancos, para que éstos tengan recursos y coloquen créditos, es una herramienta eficaz para dinamizar la economía[i]. La cuestión más bien funciona a la inversa. La economía no se reactiva porque se reactive el crédito; por el contrario, el crédito se reactiva en respuesta a la reactivación de la economía. Una vez la economía gana tracción, el crédito funcionará como lubricante que lo facilite y, eventualmente, contribuya a darle impulso. Pero el crédito no puede gatillar el proceso y ponerlo en marcha. Lo cierto es que no hay colocación de créditos, si no hay demanda de crédito. Y para que esta demanda exista, es necesario que la economía camine.

Ello asimismo demarca los límites de los estímulos monetarios que, vía tasas de interés, puedan ser aportados por el Banco Central. Existe, por un lado, el problema –entretención habitual en las conversaciones entre economistas costarricenses– acerca de la exasperante lentitud con que las tasas de interés en el sistema bancario, responden a las bajas acordadas por el Banco Central en su “tasa de política monetaria”. La razón de lo cual, según creo, hay que buscarla en el característico conservadurismo del propio Banco Central, el cual pareciera creer que basta con anunciar la baja, y por su linda cara los bancos le seguirán obedientes y sumisos. Lo cierto es que si no actúa con un mínimo de agresividad las tasas no bajarán. Y eso es lo que usualmente ocurre: las tasas no bajan. Se necesitaría mayor activismo, algo impensable en nuestro artrítico Banco Central.

Pero esa es una parte de la historia y, en las circunstancias actuales, la menos importante. Porque inclusive si las tasas de interés tuviesen una baja muy significativa, las fuerzas contractivas que mantienen frenados los planes de inversión de las empresas y los planes de consumo de las personas y las familias, seguirán en pie. Por un lado, la enorme capacidad productiva instalada de las empresas, que permanece ociosa. Por otro, la situación de amplísimo desempleo. Y súmele el congelamiento de las exportaciones y el turismo. Y, encima de tales factores objetivos, el ambiente sicológico de terrible incertidumbre y temor. Simplemente el crédito no se reactivaría, ni siquiera si las tasas de interés se aproximasen a cero.

Por su parte, el “libre mercado” carece de mecanismos que permitan desatascar esta maquinaria averiada. En el contexto de oscuridad que la incertidumbre reinante impone, esos mecanismos quedan paralizados. O, si acaso, solo podrían lograrlo después de un largo período y un cúmulo incalculable de sufrimiento humano, cuando, al fin, las empresas empiecen a hacer inversiones para sustituir capital destruido o depreciado, y/o las exportaciones de fuera de zona franca, empiecen a tener una reanimación significativa. Pero el lapso que tendría que transcurrir para ello, podría ser intolerable para la sociedad.

Estamos entrando a una fase donde se hace necesario recuperar, siquiera parcialmente y mínimo por algún tiempo, la noción cepalina de «desarrollo hacia adentro». No por razones ideológicas, sino por imperativo de la realidad. O sea: la economía costarricense tiene que reencontrarse con el mercado interno, y volver a priorizar objetivos de justicia social y mayor igualdad.

Teniendo eso claro y ante el contexto actual, el único agente económico que podría proporcionar el empujón que saque a la economía de ese sopor patológico y rompa la parálisis, es el sector público, y tendría que ser por medio de un amplio programa de inversión pública, planificado para que incorpore un componente de fácil ejecución en el corto plazo, capaz de generar muchos empleos y densos encadenamientos con actividades productivas nacionales. A mediano y largo plazo ese programa debería enfatizar las energías limpias, las tecnologías verdes, la modernización del transporte público, la fibra óptica, los acueductos y sistemas de alcantarillado y tratamientos de aguas residuales, la infraestructura educativa y sanitaria, los espacios públicos, el desarrollo de la ciencia y la tecnología y el acceso a la vivienda para toda la población.

Por ello mismo, resulta un desatino las propuestas de austeridad fiscal, que tan solo vendrían a reforzar las fuerzas contractivas que actualmente están en operación. Lo cierto es que la única forma saludable de volver manejables el déficit y la deuda pública, es a través de la dinamización de la economía.

Y siendo verdad que enfrentamos una severa restricción fiscal, por ello mismo se hace indispensable buscar formas alternativas e innovadoras de financiar ese programa de inversión, de forma que el déficit fiscal mismo no se vea incrementado. Entre las cosas rescatables en el programa de reactivación de la economía que el gobierno de Carlos Alvarado presentó el 4 de mayo pasado, había algunas ideas en este sentido. Los números ofrecidos eran interesantes, pero el planteamiento resultaba vago e impreciso, y lo sigue siendo hasta el día de hoy.

Se trata de poner a caminar la maquinaria económica, en la comprensión de que, una vez puesta en movimiento, el proceso de recuperación se alimentará a sí mismo. Será entonces cuando entre en juego el crédito, cuya demanda se verá incrementada una vez la economía agarre vuelo.

Ya para entonces los bancos volverán a funcionar como normalmente lo hacen: creando dinero prácticamente “del aire” para conceder crédito y, así, crear sus propios depósitos.

[i] Esta es una idea que, por ejemplo, desarrolla con amplitud el muy respetado colega, don William Hayden, en un artículo en el medio digital La Revista (4 de julio de 2020): “Las alternativas económicas de nuestro país en el marco del covid-19”.

 

Información tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Enviado a SURCOS por el autor.

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

  1. De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

  1. Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

  1. Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

  1. Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

  1. Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

  1. Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

  1. que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

Negociación con el FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Equidad y derechos de la mujer.

Óscar Madrigal

El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.

El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.

Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:

1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.

2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.

El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.

En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.

En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.

El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.

Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.

(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).

Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.

La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.

Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.

¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.

El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.

OES-UNA: Gobierno debe valorar cuidadosamente impacto de medidas en materia salarial

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente comunicado del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA:

M.Sc. Roxana Morales Ramos – M.Sc. Fernando Rodríguez Garro
Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez
Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)

El efecto esperado de una reducción de salarios en el sector público debe considerar todos los impactos posibles

En los últimos días se ha insistido en promover una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, lo que a nivel mediático se ha planteado como si se tratara de la opinión general de los economistas de este país. Ante la ausencia de una valoración de los posibles efectos de esta medida, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quiere llamar la atención sobre varios aspectos.

Por ahora advertimos sobre la dirección de los impactos más que sobre la magnitud de los mismos, ya que ello dependerá del alcance de una eventual propuesta en este sentido (si llegase a presentarse).

1. La reducción de salarios del sector público, o del Gobierno Central, reduciría la base contributiva de la CCSS (tanto en seguro de salud como de pensiones), ya seriamente afectada por los despidos y reducciones de jornada en el sector privado, lo que sumaría más problemas financieros a la entidad. Para evitar un mayor efecto negativo, si se continúa con la idea, se deberá compensar financieramente a la CCSS, lo que reducirá el eventual ahorro esperado de esta propuesta. Adicionalmente, esta posible rebaja de salarios afectaría, aún más, los ingresos del Fondo de Asignaciones Familiares e IMAS.

2. La recaudación del impuesto sobre la renta aplicado a los salarios en el Gobierno Central o en el sector público, también se vería afectada hacia la baja, lo que debe restarse de las cuentas de un eventual ahorro por reducción de salarios. La baja en la recaudación podría ser incluso mayor en términos porcentuales, pues los tramos más altos de salarios están gravados a tasas más altas, e incluso, habría trabajadores y trabajadoras a los que ahora no les aplicaría el impuesto, dada la reducción en su salario por debajo del primer tramo gravable. La pérdida de recaudación debe estimarse para considerar los ahorros netos de una eventual reducción de salarios.

3. Si se da una reducción de salarios en el sector público o en el Gobierno Central, es de suponer que los funcionarios afectados tendrán el mismo derecho que sus pares del sector privado de retirar el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), lo que pondría más presión financiera sobre las Operadoras de Pensiones Complementarias. La venta de títulos valores en el mercado para conseguir la liquidez necesaria para pagar los retiros del FCL, podría provocar una caída en el precio de los títulos valores y afectar las carteras de los propios fondos de pensiones y de los fondos de inversión, aumentando los rendimientos de esos títulos y generando una presión al alza sobre las tasas de interés.

4. Entre los funcionarios públicos se encuentran personas con altos niveles de endeudamiento que han autorizado, a ciertas entidades financieras, el rebajo automático del pago de sus créditos. Una rebaja de sus salarios crearía un problema para las entidades financieras que hacen estos rebajos o dejarían más expuestas a las personas que verían reducido su salario líquido más allá de lo razonable en estos casos. Esta situación, además de afectar a las personas asalariadas, podría convertirse en un serio problema financiero para algunas entidades que tienen una cartera muy concentrada en cierto grupo de trabajadores, como por ejemplo los del magisterio nacional.

5. La reducción en el consumo derivada de esta situación pesará más fuertemente en la producción, en el corto plazo, que algún beneficio producto de la reducción del déficit fiscal, que en todo caso tendría un efecto nulo o muy pequeño sobre el costo del financiamiento público y, por ende, en las tasas de interés. Es por esto que, si se llegase a plantear una reducción de salarios como se ha manifestado públicamente por algunos colegas economistas, debe estimarse el impacto que esto tendría en el consumo de las familias y por ende su efecto contractivo en el PIB, a fin de determinar qué tan negativa sería la medida en comparación con las ventajas macroeconómicas de la reducción del déficit, sobre todo en el corto plazo.

6. Creemos que las medidas deben seguir apuntando a buscar recursos para fondear ayudas para personas sin empleo y sin ingresos, incluyendo aquellos cuya actividad se clasifica como informal, para evitar un colapso social. Reiteramos nuestro llamado a una reforma tributaria amplia, altamente progresiva, que también grave otras formas de ingreso e incorpore contribuciones de los sectores ganadores o menos afectados por la crisis. Medidas que contengan los aumentos de salario, como la suspensión del ajuste salarial y la no aplicación de las anualidades en la actual coyuntura, también serán necesarias.

Adicionalmente es muy importante en esta discusión, más allá de si se llega a presentar o no una propuesta relacionada con los salarios del sector público, que el Gobierno de la República estime y haga públicos los ahorros que ya se están generando, particularmente en: horas extras, viáticos (dentro y fuera del país), compra de combustibles, pago de servicios públicos, eliminación de aumentos salariales, etc. El pago de horas extra y el no otorgamiento de aumentos salariales, también generará un ahorro en el pago de aguinaldos en diciembre, que es importante desde ya cuantificar, lo que permitiría hacer las rebajas respectivas del presupuesto gubernamental, para ir creando certeza sobre la evolución financiera del gobierno y sus necesidades de financiamiento.

Lunes 6 de abril del 2020

https://www.facebook.com/ObservatorioESEUNA/
Observatorio Económico y Social

Sitio Web: https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Enviado a SURCOS por M.Sc. Roxana Morales Ramos.

Crecimiento reducido no es una «sorpresa»

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Luis Paulino Vargas Solís

Reveladora entrevista con doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, en La Nación (“Los ingresos podrían sufrir un menoscabo”).

Dice la ministra que podríamos llevarnos la “sorpresa” de que el crecimiento de la economía para el año 2019, sea menor de lo que oficialmente se había anticipado. Puedo imaginar que este “sorprendimiento”, será compartido también por las consultoras privadas y las escuelas de economía de la UNA y la UCR, ya que –como se ha vuelto costumbre– todas esas voces se unían a la voz oficial, para entonar a coro el mismo cántico de “optimismo”.

Teme entonces doña Rocío que los ingresos del gobierno flaqueen y que el déficit fiscal sea mayor a lo previsto, lo cual, según se colige de la entrevista, vendría a ser otra sorpresita para ella (y seguramente también para el susodicho coro).

La cuestión resulta paradójica, si recordemos con qué aplomo la señora Aguilar nos aleccionaba meses atrás (mientras el coro de nuestra historia le hacía la música de fondo), explicando que el plan fiscal de la administración Alvarado devolvería la “confianza” a las empresas, las cuales entonces invertirían y contratarían gente con renovado entusiasmo y rejuvenecidos bríos.

Pues parece que no. Muy tarde viene la ministra a darse cuenta.

Una aclaración me permito hacer: sorprendida ha de estar la ministra y su coro. Yo no lo estoy en absoluto. Lamentablemente, las cosas van por donde tantas veces anticipé, sin que nadie me prestara ni así poquito de atención.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

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2018 en perspectiva: El debate fiscal y los muertos que siguen vivos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.

El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse

Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.

Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.

Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.

Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.

O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.

Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.

Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.

El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.

Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.

Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.

En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.

Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.

Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.

En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.

 

(*)Director CICDE-UNED, Presidente Movimiento Diversidad.

 

Enviado por el autor.

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Un balance sobre la huelga

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Sin categoría.

Por Marjorie Hernández Delgado

¿SE PERDIÓ LA HUELGA?

Deseo aclararle lo siguiente a aquellos que están diciendo que deponemos la huelga, porque esta se perdió contra la ley 20580:

La huelga se levanta porque ya se cumplió el fin para la cual se había convocado. El propósito era la lucha por un Plan Fiscal justo y progresivo. Y la decisión fue llevar la lucha hasta el final. Si ya había cumplido todo el proceso, ¿qué sentido u objetivo tenía continuar en huelga? No creo que se perdiera la lucha, todo lo contrario. La ley 20580 se caerá solita ya lo verán, es cuestión de tiempo. En realidad lo negativo en esta batalla fue la persecución, presión, acoso, humillaciones, burlas, amenazas que sufrimos quienes asumimos el compromiso de salir a las calles con la convicción de que esta era una causa justa y necesaria.

Lo demás, fue solo ganar-ganar: Se logró abrir un debate nacional en torno al 20580, se dio un despertar de conciencias sobre la importancia de conocer las leyes que se discuten en la Asamblea Legislativa y el rol que tenemos como ciudadanos costarricenses, nuestra responsabilidad en la participación de las políticas públicas. O sea se inició un proceso de educación ciudadana. Lo cual considero es de suma importancia en momentos donde la ciudadanía desconoce sus derechos y deberes.

Se iniciaron cambios que siguen su curso y es cuestión de tiempo (no mucho) que se darán verdaderas transformaciones. Esta huelga, por sí misma, ha dejado un precedente histórico nunca antes vivido en la historia de Costa Rica porque ha tenido un efecto transformador y el tiempo nos dará la razón. Nos retiramos muy orgullosos de la lucha dada, valientes y decididos fueron mis compañeros en esta batalla. Y aunque intentaron violentar nuestro derecho constitucional de huelga, no lograron hacernos claudicar. Quedó en evidencia la violación del art. 9 de nuestra Carta Magna. Y sobre esto hay mucho que trabajar. Así es que como pueden darse cuenta, la huelga no se perdió.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por la autora.

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Grandes defraudadores en Costa Rica: La turbulencia va en aguas profundas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

Se hace pública la lista de grandes empresas que reportan cero ganancias y no pagan un cinco al fisco. Por favor, no nos quedemos en la anécdota. En esta materia, las aguas profundas son mucho más turbulentas que las superficiales.

1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.

2) Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.

3) Ese fenómeno del “gran fraude” es un negocio –mejor dicho, una mafia– de alcance global: son redes de paraísos fiscales, firmas de abogados y contadores, bancos y diversas entidades financieras opacas. Toda una trama criminal globalizada dedicada a robar y saquear a los pueblos del mundo. No se combate, excepto marginalmente, con legislación y esfuerzos de escala puramente nacional.

4) Los países ricos –destacadamente Europa y Estados Unidos– que se muestran tan severos si de sancionar los incumplimientos tributarios de los pequeños países se trata, en realidad hacen un permanente ejercicio de hipocresía y doble moral, puesto que, de hecho, dentro de sus propios territorios hay grandes paraísos fiscales, donde se oculta la riqueza de los muy-muy ricos y de las grandes corporaciones transnacionales. Nevada, Delaware, Montana, Dakota del Sur, Wyoming y Nueva York son, en lo que a Estados Unidos compete, verdaderos paraísos fiscales. Pero Estados Unidos mismos, como país, y en su integralidad, lo son: por su negativa reiterada a colaborar con otros países en materia tributaria. Dentro de la propia Unión Europea están Luxemburgo, Irlanda e incluso Alemania, que tanto presume de ser ejemplo de orden y rigor. Por ello, mucho del “milagro” económico irlandés es pura ficción, inflada artificialmente por transnacionales que evitan impuestos localizando en Irlanda ganancias que se generaron en otros países. Como también Mónaco, Liechtenstein y diversas islas británicas. Hong Kong…y Suiza, desde luego, quizá el más glamoroso paraíso fiscal del mundo.

5) La competencia ruinosa entre países, cada quien intentado ofrecerle a las transnacionales las más bajas tasas tributarias posibles, es parte de este problema. Ello posibilita que se defraude el fisco de los países que mantienen tasas algo más altas, debilita los sistemas de seguridad social públicos y lanza las cargas impositivas sobre las clases medias y los más pobres.

6) Las grandes empresas –algunas de capital nacional, otras transnacionales– que aparecen en esta infame lista que se dio a conocer el día de hoy, seguramente alegarán que no hay hecho nada fuera de la ley. Son del tipo de ladrones que después de robar exigen que se les agradezca habernos dejado con vida. Y, por su poderío económico, podemos apostar que defraudan gracias a la “colaboración” de sus altamente remunerados asesores en materia jurídica y financiera. De seguro lo suyo es una defraudación que, por lo menos en parte importante, opera a través de esas redes globales a que hago referencia.

7) Si el fraude es global, se le debe combatir globalmente, mediante una vigorosa estrategia de cooperación de alcance planetario y tomando medidas enérgicas de sanción –incluso de proscripción explícita– de todos los paraísos fiscales del mundo.

8) De ahí la urgencia de que la política de combate el fraude tributaria dé el salto: es imprescindible construir una red planetaria de gobiernos y organizaciones ciudadanas que persiga a los ladrones y los exhiba a la luz del día. Y los gobiernos que no colaboran deben ser abiertamente denunciados y visibilizados como tales, algo que la OCDE –al fin y al cabo es solo el “club de los países ricos”– jamás hará, por más que se llenen la boca hablando de estrategia conducentes a combatir el fraude fiscal. Sola una ciudadanía global, empoderada y articulada a nivel planetario, podría lograrlo.

9) Hoy hemos conocido las grandes empresas que –pobrecitas ellas– reportan cero ganancias. Seguimos sin saber los nombres de quienes están detrás de esas empresas. Si son de capital nacional, con más razón. Pero incluso las transnacionales, cuyos representantes y socios locales deben dar la cara. El caso es que los “ricos-realmente-ricos” siguen fuera del radar. Hoy mismo La Nación –en su infatigable y obsesivo ataque contra empleadas y empleados públicos– saca a relucir lo que se les paga a quienes trabajan en la educación (véase aquí), sugiriendo, de forma nada sutil, que son salarios “excesivos”. Con escándalo nos dice: “El 52% de los docentes del MEP reciben salario mayor a ¢1 millón al mes”. Pues vea usted el contraste: hace dos meses, el Semanario Universidad sacó un reportaje sobre el salario reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social por los “superricos” (aquí). 271 personas con salarios superiores a 15 millones de colones, inclusive 44 por encima de los 35 millones ¿Quiénes son esas personas? No lo sabemos, y con toda certeza La Nación jamás los publicará.

10) Pero el asunto va mucho más allá, porque, a decir verdad, los ingresos de los “ricos-realmente-ricos” no son salariales, excepto en una porción muy reducida. Sus ingresos vienen de otras fuentes: acciones de empresas; rendimientos de fondos de inversión o fondos inmobiliarios; bonos del gobierno; inversiones en bolsas de valores fuera de Costa Rica, alquileres de edificios de oficinas o de apartamentos, etc. Los datos que el Semanario Universitario publicó eran exclusivamente salariales. No tenemos ni la menor idea de cuánto sea lo que esa gente superrica obtiene de estas otras fuentes ¿Y cuánto pagan de impuestos? Nadie los sabe. Lo dicho: están fuera del radar, protegidos por las leyes, escudados detrás del silencio cómplice de los grandes medios (de los cuales son también propietarios), cobijados por sus amistades políticas de muy alto nivel.

11) Ese es el paso que sigue: visibilizar, con nombres y apellidos, a esas personas y saber, al centavo, cuánto pagan de impuestos.

 

Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.

https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2018/12/grandes-defraudadores-en-costa-rica-la.html

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