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Etiqueta: déficit fiscal

El Diálogo Multisectorial y los Diálogos Regionales, la escasa articulación de dos procesos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

En las últimas semanas dos procesos de diálogo se han realizado en el país, el proceso de diálogo multisectorial y los procesos de diálogo regional, impulsados por la Administración Alvarado.

En el primero se inscribieron 72 organizaciones y participaron 60 de ellas en 12 sesiones de trabajo en las que se discutieron 274 temas y en las que se llegó a acuerdos en 58 temas, pertenecientes a los grandes temas consensuados en el proceso, a saber:

– reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
– propuestas fiscales de alto consenso
– evasión, elusión y eficiencia de la gestión tributaria
– gestión de la deuda pública
– activos del Estado
– inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
– ingresos y exoneraciones

La mesa acordó medidas para reducir el déficit fiscal en una cifra equivalente al 2.2 del PIB (aunque la meta era de 2.5), entre ellas 10 serían medidas permanentes que sumarían alrededor del 2.18 del PIB y varias medidas de tipo temporal (LN.com,23-11-2020). Entre las principales medidas aprobadas están:

 -el proyecto de Hacienda digital
 -la reducción de la deuda política
 -la reforma al sistema de compras públicas SICOP
 -introducir el sistema de renta global
 -el impuesto a los premios de lotería
 -cambio de deuda cara por deuda barata
 -emisión de bonos cero cupón
 -revisión y mejoramiento de la normativa de la SUGEF
 -facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
 -recorte de 170 mil millones del presupuesto 2022
 -venta de la cartera de créditos de CONAPE
 -aprobación del proyecto PAGAR
 -impulsar una Política Nacional de los Cuidados
 -inventario de bienes del Estado y su traslado a Hacienda(GobiernodelaRepública,21-11-2020)

Estas medidas aprobadas en el diálogo multisectorial y a las que un Consejo Consultivo Económico y Social les dará seguimiento, resultan para algunos sectores insuficientes dada la magnitud de la crisis fiscal que rondaría este año el 9.3 del PIB y una deuda de alrededor del 70% de la producción.

Más allá de esa valoración, interesa establecer los vínculos de esas medidas con el desarrollo regional y con los procesos de diálogo regional que se han estado realizando en varias regiones. Aunque en el diálogo multisectorial no se aprobó ninguna medida específica sobre el desarrollo regional, en las distintas sesiones se mencionaron algunas acciones ligadas a la problemática regional como:

 -creación de clúster y encadenamientos (territorial -regional)
 -impulso al empleo rural y costero
 -reducción de la brecha digital en las zonas fronterizas y costeras
 -fortalecer el programa de centros de desarrollo empresarial regionales del INA

Por su parte, en las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central se han estado efectuando procesos de diálogo coordinados por las Autoridades gubernamentales encargadas de los programas de desarrollo en cada región.

En la región Chorotega se han aprobado propuestas en materia de emprendimientos, diversificación de la economía, tramitología, agro y turismo.

En el Agro se incluyen acciones como agilizar el trámite de apertura de pozos, impulsar la plataforma virtual de comercialización, la simplificación de trámites con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), y proyecto de agro-innovación 4.0 para fortalecimiento de productores de la Región.

Sobre Turismo resalta la reactivación del Aeropuerto Daniel Oduber, una propuesta de mesa de trabajo para disminuir costos de tiquetes aéreos, así como la presentación de guías turísticas y catálogos de artesanías.

En lo relativo a Emprendimientos se incluyó las capacitaciones y acompañamiento por parte del INA y del MEIC y se realizó un mapeo de programas para acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas de diversos sectores de la economía.

Sobre la Diversificación de la economía, se señaló la promoción de acciones del programa Alianza para el Bilingüismo (ABI), así como el fortalecimiento de infraestructura de conectividad en la región, capacitación y nuevas formas de empleo a partir de las tecnologías.

Por último, en tramitología, se incluye la agilización de trámites en SETENA, INVU, AYA y MOPT y el fortalecimiento en la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en la región. (ElPais.cr,14-11-2020)

El diálogo en la región Huetar Atlántica, coordinado por la Mesa Caribe definió una serie de acciones prioritarias, entre ellas.

En el tema de Logística, la elaboración de una estrategia para la mejora de las principales cadenas de valor del sector logístico y aplicación de un benchmarking internacional, propuesta de proyecto de “Ley de nacionalización de las cargas en puntos de ingreso”, levantamiento de las necesidades de infraestructura y de formación de recurso humano del sector logístico e integrar el clúster logístico al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma de Intermediación Laboral.

En Turismo se mencionó el impulso a un proyecto de reactivación de espacios públicos y embellecimiento del casco central de Limón, el impulso de la Región Caribe como un ícono en gastronomía, mediante la generación de alianzas públicos – privadas, apoyo a las plataformas digitales WAY-Anansy, promovidas por la Federación de Cámaras, desarrollo de una estrategia, en conjunto con el ICT para la visitación tanto de nacionales como de extranjeros y el desarrollo de un proyecto de formación para el empleo, mediante una alianza con PANIAMOR-CCITUL y la Federación de Cámaras.

Sobre Agroindustria, se propuso la identificación y desarrollo de las cuatro cadenas de valor: Cacao, Frutas, Raíces y Tubérculos, y Productos Pecuarios, el apoyo de una plataforma tecnológica para mercadeo agropecuario en la región y el país (eHarvestHub y NAJU), la asistencia técnica y soporte tecnológico agrícola en la región mediante proyectos coordinados (proyecto Fundación Walmart), la coordinación público-privada para inversión y operación de proyectos en el sector agropecuario y la reactivación de la inversión ya establecida en la región para la generación de empleo, desarrollo económico y agroindustria.(ElPais.cr,12-11-2020)

En los diálogos de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, lideradas por la Vicepresidenta Epsy Campbell, la Ministra de Economía y el Presidente Ejecutivo del INCOP respectivamente, los clamores de la población son por la mejora en la infraestructura pública, acceso a financiamiento, el rescate de la actividad turística, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y la situación del agro, sin olvidar la principal preocupación de todas las regiones por la falta de empleo y por la pobreza de las familias.

No obstante los aspectos discutidos en los diálogos regionales, no abordaron directamente los grandes temas de la crisis fiscal, de la deuda pública, de la reactivación económica, de la gestión tributaria, del gasto público y de las necesidades de inversión, es decir los temas estructurales que son el contexto macro de las demandas regionales.

En ese sentido, podría reconocerse una escasa articulación entre los procesos de diálogo nacional multisectorial y los diálogos regionales, en donde el primero pone el énfasis en medidas globales de política fiscal, económica, social e institucional, con poca incorporación de acciones dirigidas al desarrollo de las regiones periféricas o de promoción de un desarrollo nacional más equitativo entre las actividades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dichas regiones.

Acierta plenamente el reciente Informe del Estado de la Nación cuando señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte, y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella zona, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN2020, p.29).

 

Foto: UCR

UNPROBANCO: rechazamos propuesta del gobierno sobre imposición de más impuestos

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS recibió el siguiente pronunciamiento público del Sindicato UNPROBANCO

  • Pronunciamiento público: rechazamos la propuesta del gobierno de la imposición de más impuestos que golpean la calidad de vida de nuestras familias
  • ¡No les basta con tener los salarios y las pensiones congeladas, ahora el gobierno propone subir el IVA a la canasta básica, educación y salud privada!

Tal y como lo informan este 19 de noviembre los diferentes medios, el presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, propusieron ante los 62 sectores que participan en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno subir el IVA a la canasta básica tributaria (cnt) del 1% actual a un 13%, así como gravar con la misma tasa del 13% los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.

El Ministerio de Hacienda calculó que la propuesta generaría ¢400.000 millones más por año, lo anterior para buscar una reducción permanente de un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en el desbalance entre los gastos y los ingresos del gobierno, lo que equivale a unos ¢887.000 millones. https://cambiopolitico.com/gobierno-propone-subir-iva-a-canasta-basica-educacion-y-salud-privadas/143354/

En un escenario en el que nos han impuesto el congelamiento de salarios, se experimenta la subida de precios de los bienes y servicios, en que si no pagamos servicios médicos privados dado que el derecho a la salud con criterios de oportunidad en razón de las citas médicas a largo plazo convierten el sagrado derecho a la vida en una simple expectativa de derecho que está escrito en un papel sin valor.

En otras palabras, se prepara una nueva agresión a la estabilidad de nuestras familias. No le basta a este Gobierno el amplio rechazo popular que se generó a partir del 30 de setiembre pasado, en donde fuimos testigos de una brutal represión policial en contra de comunidades indefensas, agresión a viviendas con lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenas con afectación a las familias, entre ellas afiliados a UNPROBANCO, agresiones inauditas a los comunicadores sociales para silenciar la libertad de expresión.

Desde el sindicato UNPROBANCO, rechazamos esta nueva agresión familiar que se anuncia con bombos y platillos.

Es una vergüenza que en plena crisis fiscal, y exigencia de más impuestos para los que siempre los pagamos, se utilicen miles de millones de colones en compra de más armas y gases lacrimógenos para acrecentar la represión, mientras el hambre, el desempleo y la pobreza inundan Costa Rica.

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/434029/avalan-pagar-4-000-mills-por-armas-a-yerno-de-desanti

https://www.diarioextra.com/noticia/detalle/431241/encargan-178-mills-en-gases-para-repeler-ataques-

Los trabajadores y nuestras familias, no hemos participado en el despilfarro de cerca de $40 mil millones de una deuda que los desgobiernos han devorado en corrupción reseñada por la prensa, privilegios de las cúpulas políticas empresariales y robo de impuestos que termina cubriéndose en el llamado déficit fiscal con más impuestos y con más deuda.

Los trabajadores y nuestras familias sí hemos pagado los impuestos que exige la Constitución Política.

¡Exigimos justicia tributaria ya!
¡Que el rico pague como rico y el pobre como pobre!
Costa Rica no se vende, se defiende.
¡Convocamos a toda la familia trabajadora a luchar por sus derechos!
¡Los únicos derrotados son los que dejan de luchar!

Junta Directiva Sindicato UNPROBANCO
ING. Carlos Vega
Secretario General

Falacias mineras

Escrito en . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Jorge Lobo Segura

  1. La minería será una fuente de riqueza para el país, lo que necesitamos para salir de la crisis económica, porque dará recursos al estado y generará empleo.

Si esto fuera cierto, los países mineros de América Latina serían los que ofrecen mejores condiciones de vida para sus pueblos, pero ocurre exactamente lo contrario. Minería y pobreza de los pueblos van juntas en México, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Nicaragua… y otros más. Además, nadie va a extraer el oro gratuitamente, las empresas mineras extranjeras o nacionales se quedarán con la mayor parte, y dejarán los daños ambientales para ser pagados por todos los costarricenses. Generan pocos empleos mal pagados y se van en pocos años.

  1. La minería puede ser ecológica y sostenible.

Aquí hay que distinguir los diferentes tipos de minería que existen. La más grande y destructiva es la minería a cielo abierto con lixiviación de metales, que destruye grandes áreas de suelo y bosques para convertirlos en desechos mineros contaminantes. A esta no hay manera de travestirla, requiere de la destrucción para ser económicamente rentable. Requiere del uso en grandes volúmenes de sustancias químicas peligrosas como el cianuro y genera una cadena de impactos ambientales. Infinito Gold quiso mostrarse ecológica prometiendo la siembra de plantaciones forestales a cambio de la destrucción de bosque. Bosques naturales y plantaciones forestales no son comparables ni canjeables.

La minería pequeña, realizada por coligalleros o por pequeños emprendimientos en túneles, tiene el gran problema de que puede volverse masiva y emplear sustancias todavía más peligrosas como el mercurio. Pero podría ser encausada hacia formas más controladas sin químicos peligrosos, aunque necesita un gran esfuerzo por parte del estado.

  1. En Costa Rica existe oro suficiente para pagar el déficit fiscal, financiar pensiones y cubrir las deudas del estado costarricense.

Estos cálculos se hacen sin siquiera saber con precisión cuánto oro hay realmente, porque no se ha realizado los estudios requeridos para eso. Lo que se sabe es por donde están los yacimientos, lo que se deduce por los estudios geológicos más generales. Y de lo que sabemos el oro se encuentra principalmente en parques nacionales, reservas forestales, reservas indígenas, corredores biológicos. En las regiones con más bosque, más recurso hídrico y ambientalmente más sensibles de la geografía costarricense. Evidentemente, para sacar aunque sea parte de ese oro, tendríamos que renunciar a la conservación de la naturaleza en nuestro país.

  1. Es mejor la a minería legal industrial, ordenada y dejando empleos e impuestos, que una situación desastrosa como la que se vivió en Crucitas con la invasión de mineros.

En América Latina la minería legal e ilegal van juntas, de la mano. Ambas actividades son muy perjudiciales para el ambiente, y la experiencia histórica en Centroamérica, México y América del Sur es que el desarrollo de proyectos mineros legales, usando maquinaria y técnicas más sofisticadas, no inhibe la invasión de mineros ilegales a regiones con yacimientos. Más bien la fomenta, la estimula. Minería legal y minería ilegal conviven lado a lado en Perú, Brasil, México, Panamá, Colombia, Chile, África y el Sudeste Asiático. Los proyectos de exploración minera realizados por compañías descubren la posición de yacimientos, que después son invadidos por oreros, como ocurrió en Crucitas. La minería genera una «cultura minera», personas que conocen el oficio y lo practican por costumbre y necesidad, como ocurre en Nicaragua. Finalmente, la minería industrial deja minas abandonadas que todavía tienen restos de minerales que son explotados ilegalmente, como ha ocurrido en minas abandonadas en Sudáfrica. En fin, son muchos ejemplos de que esta ecuación no funciona.

#NOalaMinería

Reactivación económica sin reactivación social

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

         El estallido que estamos viviendo es una respuesta desesperada de una ciudadanía que ha visto cómo se le han venido violentando sus derechos sociales: empleo decente, vivienda digna, salarios justos, educación pública de calidad, atención en salud oportuna, etc.

         Por lo tanto, la agenda de un verdadero diálogo intersectorial amplio y transparente debería colocar en primer lugar esas demandas y desafíos humanos y sociales. La atención al problema fiscal y a la reactivación económica tiene que estar orientado a encarar este desafío. De no ser así prevalecería el sesgo economicista que nos tiene atascados en este lodazal.

         Este sesgo puede percibirse en las propuestas que solo se han dedicado a considerar ajustes económicos y financieros, dando por descontado que con ellos automáticamente se atienden a las demandas sociales.

         El Dr. Jorge Arturo Chaves del Centro Dominico de Investigaciones (CEDI) apela a la búsqueda de una concepción integradora para construir, de manera dialogal, políticas públicas en donde “lo éticamente deseable, sea técnicamente posible y políticamente viable”: “La inserción de la racionalidad económica dentro de la racionalidad humana; la consiguiente articulación de lo político en la sociedad y en la comunidad; la integración de esta economía política en el ecosistema; la renuncia a la pretensión “imperial” de la economía y la apertura al trabajo interdisciplinar”[1].

         En este enfoque ético-social de las políticas públicas, interpretamos nosotros, no se parte de lo estrictamente económico sino de lo “éticamente deseable”, del desafío humano-social fundamental para adecuar las medidas o políticas a ese desafío.

         Ya algunos analistas han comentado que la propuesta gubernamental ponía la carreta delante de los bueyes. Es decir, primero la negociación con el FMI y después la reactivación económica y el desempleo. Lo que planteamos recoge algo de esta idea, pero señala que no se trata tampoco de pensar solamente en reactivación económica per se, sino en la reactivación social. O sea, atender prioritariamente a la calamidad social en que se encuentran viviendo las mayorías de este país, que ya está tocando los límites de lo humanamente soportable.

         Así como la pandemia es una enfermedad biosocial, donde es insuficiente una respuesta sanitaria sin considerar el contexto de vulnerabilidad de los sectores más afectados, una reactivación económica sin considerar ese contexto es también insuficiente. El virus del Covid19 al igual que el dengue también crece y se reproduce en los charcos de pobreza.

         Hoy requerimos una respuesta integradora y acorde con un contexto que exige elevar los niveles de calidad y competitividad colaborativa en los diferentes campos. Por ejemplo en educación, no podemos tener alcance social sustantivo si no modernizamos el sistema con base tecnológica y acceso gratuito a internet en la educación pública. Asimismo, en salud tenemos que fortalecer la base científico-tecnológica para generar conocimiento y mejores respuestas preventivas y de tratamiento.

         De ahí que la apuesta sigue siendo el fortalecimiento de la institucionalidad social pública y no su debilitamiento, como algunos pretenden.

         El contexto actual se asemeja a los años 1930 y 1940, donde se vivieron las consecuencias de una profunda depresión económica mundial y fueron años de gran agitación social. La respuesta fue una Reforma que atendió a las demandas de mejores condiciones laborales, de salud y educación para la clase trabajadora.

El desafío de hoy es muy similar. Por eso necesitamos una Segunda Reforma Social, que también tendrá que ser económica, pero no cualquier “reactivación económica”. Ya hemos tenido reactivación económica sin reactivación social. No recetemos más de lo mismo.

[1] Chaves, Jorge A. (1999) De la utopía a la política económica. Para una ética de las políticas económicas. Salamanca, Editorial Sam Esteban, pp. 236-237. El destacado es del autor.

Costa Rica no necesita ningún acuerdo con el FMI

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Manuel Delgado

A mí me llama mucho la atención que ninguno de los partidos con representación parlamentaria, con la sola excepción del Partido Integración Nacional, lo haya dicho así. Todos dicen: “Bueno, tengamos cuidado con eso, hagamos tal cosa, propongamos tales cambios, no aceptamos tales o cuales propuestas”, pero nadie ha dicho: “No al acuerdo”. La llamada clase política, incluido el Frente Amplio, da por sentado de hay que llegar a un acuerdo con ese organismo, cuya presencia, piensan, es tan natural como ver salir el sol por el este cada mañana.

Veamos. Estamos pidiéndole al FMI un crédito por 1.750 millones de dólares, pero el Banco Central, que es del Estado, que es de los costarricenses, tiene una reserva monetaria de 8.000 millones de dólares. La fórmula es muy simple: el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, emite bonos por una cantidad de dinero, digamos 2.000 millones de dólares, y el Banco Central se los compra al gobierno baratos, digamos al 2%, que es el precio a que están colocados.

Con ese dinero que ya tenemos no hace falta que venga el Fondo aquí. El gobierno podría hacer, por ejemplo, una recompra de deuda que es uno de los rubros que más pesan desde el punto de vista fiscal. Nosotros tenemos una deuda gigantesca cuyos acreedores son en algunos casos organizaciones sociales (por ejemplo, los fondos de pensiones), pero sobre todo el acreedor es la enorme plutocracia, los grandes ricos que se hacen más que millonarios año con año cobrándole al Estado intereses muy altos por su deuda, por esos bonos, que tienen los intereses altos y además son muy seguros.

Por supuesto que esta propuesta no es aceptada por UCCAEP, cuyos miembros reciben millones como acreedores, ni tampoco el presidente del Banco Central. Dicen que esa medida es peligrosísima y pone al país al borde de una inflación galopante. Pero eso no es cierto.

Las reservas actuales, esos 8.000 millones de dólares, equivalen a un 16% del PIB. Pero el país ha tenido recientemente reservas menores: 2.300 millones 14% del PIB) en el 2007; 3.700 millones (=10% del PIB) en el 2010; 4.600 millones (=11% del PIB), en el 2012. Las reservas eran menores y el país no se hundió en el desamparo.

Lo que ocurre es que el déficit es una excusa para amarrar con el FMI un acuerdo que nos obligue a cosas que todavía no confiesan: vender los bienes del estado, reducir derechos laborales, acabar con el estado de seguridad social. Ya lo hicieron con el TLC, que fue excusa para lograr lo que no pudieron antes por la protesta popular, que fue “abrir los monopolios” (es decir, privatizar, al menos en parte) de las telecomunicaciones, la electricidad, los seguros.

Segundo: ¿Por qué no es deseable ese acuerdo con el FMI? El Fondo Monetario Internacional no es una entidad financiera. Ese es un nombre equivocado que le damos. No se hizo para financiar, se hizo para intervenir, se hizo para imponer a los países fórmulas de tipo económico y de tipo fiscal y de tipo social. Si yo quiero comprar una casa, yo voy al Banco Nacional, le doy todos mis atestados y el Banco los estudia. Si califico, me dan el préstamo para comprar mi casa y punto. Pero el Banco Nacional no me dice de qué color tengo que pintar las paredes, ni de qué marca tienen que ser los electrodomésticos que compre, ni en qué lugar tengo que poner la cama. En cambio, el Fondo Monetario Internacional nos dice todo eso, nos exige; es un instrumento no para financiar sino para obligar al país para doblegar su soberanía y obligarnos a cambios estructurales en materia económica y social, y los que están planteando ahora son sencillamente catastróficos.

Volveré con el tema.

Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org

Ref.: RP/ER/JD/ORL
Contacto: Edith Rojas
edith.rojas@world-psi.org
Oscar Rodríguez L.
oscar.rodriguez@world-psi.org

A: Afiliadas ISP de Costa Rica

ALBINO VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP
RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE DE ANPE
ALVARO MARIGAL
SECRETARIO GENERAL DEL SITUN
DENNISE BALLESTEROS
SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC
MARIO MENA AYALES
PRESIDENTE DE ANEJUD

23 de septiembre del 2020

Estimada y estimados compañeros,

Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.

Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.

Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.

Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.

Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.

Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.

Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.

En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.

En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

¿Lo comido por lo servido?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Hernández

Algunos límites de nuestro impuesto sobre la renta para generar justicia tributaria.

(Baso estas notas en los datos disponibles en la página web del #MinisteriodeHacienda, que lamentablemente no ha publicado aún los del 2019)

El de renta, es un impuesto directo que teóricamente permite progresividad: que las personas físicas y jurídicas con mayores ingresos tributen más que las de menores ingresos.

Pero hay varios elementos que limitan su alcance y por lo tanto, en lugar de fortalecer las finanzas públicas contribuyen a ensanchar el déficit fiscal.

Uno de ellos y probablemente el principal, sobre el que se ha discutido mucho, son las diferentes formas de evasión y elusión que llegan a sumas astronómicas según se calculen dichas fugas. A propósito, es una lástima que el Ministerio de Hacienda no actualice y publique sus estudios sobre el incumplimiento tributario.

El otro, al que refieren específicamente estas notas, es el denominado Gasto Tributario, constituido por diferentes tipos de exoneraciones establecidas por ley al pago de impuesto sobre la renta.

Como se puede ver en los datos, por cada colón recaudado en el 2018 por impuesto sobre la renta, se dejaron de recaudar 53 céntimos como consecuencia de las exoneraciones, de los cuales 22 céntimos correspondieron a las empresas de zonas francas.

Al mismo tiempo, es importante señalar que las personas trabajadoras y pensionadas del sector privado y público, son la segunda fuente más importante de la recaudación del impuesto sobre la renta (27.32% del total). Y por otro lado, no son las más beneficiadas de las exoneraciones en comparación con los beneficios recibidos por las zonas francas, las cooperativas y otras personas jurídicas.

Esto último es importante considerarlo en el debate que se viene estos días, donde se anuncian propuestas para eliminar exoneraciones a salario escolar y aguinaldo, pero no se ha planteado tocar las que benefician a una parte cada vez más grande de nuestro sector empresarial y de la generación de riqueza.

Considero que deben revisarse todas las exoneraciones. Si se quiere avanzar en la construcción de una estructura tributaria más justa, no se deben seguir recargando las reformas sólo en el sector de personas trabajadoras (lo cual además sería de poco impacto), sino exigirle igual o mayor contribución al sector empresarial que goza de grandes privilegios en esta materia.

Discutamos y decidamos sobre exoneraciones al ISR pero pongamos TODAS! sobre la mesa.

Porque cada colón que se pierde por exoneraciones debilita nuestras finanzas públicas, engrosa el déficit fiscal, acrecienta la riqueza de unos pocos y por lo tanto, refuerza la acumulación y debilita la distribución.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Apoyo al Instituto de Investigaciones Sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Isabel Ducca D.

Con motivo de la polémica y acusación a la Universidad de Costa Rica de estar incentivando una guerra entre lo público y lo privado por la difusión de dos videos producidos por la Oficina de Divulgación e Información (ODI), con base en una investigación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), en los cuales se alude a grandes empresas que se beneficiaron de la amnistía tributaria, a algunas que declararon cero impuestos durante un periodo y a tres empresarios de renombre citados en la revista FORBES, es preciso expresar un reconocimiento a una labor difícil y, por lo visto, riesgosa pues como lo señala dicha revista, fuente de la que surge parte de la problemática:

“Para el equipo de investigación de FORBES, cada año representa un reto documentar y estimar las más cuantiosas fortunas de nuestra geografía, debido a que los principales obstáculos son la falta de transparencia y la poca disponibilidad de las corporaciones para compartir la información de primera mano…”[i]

Lo afirma una revista que está mil leguas de ser analítica y crítica.

Nuestra solidaridad se basa, como debe ser, en los principios que rigen y deben reinar siempre en la institucionalidad pública. Tal y como lo estipula el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en el artículo 3: “…contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo”.

Si hubiera que hablar de una guerra entre lo público y lo privado, tendríamos que invertir los términos pues esa confrontación la inauguran en nuestros país los sectores neoliberales desde hace más de treinta años pues las universidades públicas, al ser cuna del pensamiento crítico y analítico, han sido acosadas con el fin de recortar sus presupuestos para reducir la investigación y el aporte que realizan para un desarrollo integral de nuestro país y de protección a los sectores más vulnerables. ¡Las acusaciones no son nuevas! Desgraciadamente, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo y con el beneplácito de un gobierno que se preocupa más por proteger a quienes más atesoran en lugar de hacerlo con quien menos tienen, ciertas voces han adquirido fuerza y prepotencia que raya, en ocasiones, en lo inhumano.

Como bien sabemos, el déficit fiscal es un problema que adquiere dimensiones gravísimas antes del Covid 19 y que debido a este llegó a proporciones catastróficas. Desde el 2018, los temas fiscales han tomado relevancia en la discusión pública y hoy, precisamente en una crisis histórica, deben ser discutidos más que nunca. La evasión, elusión y mora son problemas que perjudican la construcción del Estado social de derecho y por tanto deben ser problematizados, así como señalados sus responsables.

Las campañas de desprestigio hacia las instituciones o personas que se atreven a plantear el tema de la reforma fiscal progresiva no son nuevas. Ya a inicios del siglo XX, Alfredo González Flores fue víctima de una campaña feroz primero y, posteriormente, un golpe de estado por establecer su proyecto.

Queremos reiterar nuestro apoyo a la autonomía universitaria consagrada en el artículo 84 de la Constitución Política y esperamos que, fiel a los principios con que la concibieron figuras como Rodrigo Facio Brenes, la reflexión rigurosa, académica y comprometida con el bien común continúe por los senderos que le marcan la ética y el compromiso con los Derechos Humanos.

[i] Puede referirse a: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019

Los vientos virulentos de la privatización

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los vientos privatizadores vienen azotando con fuerza, en Costa Rica, desde hace cuatro décadas. Mientras en los países de Suramérica se crearon las condiciones para una privatización, casi generalizada, con la instauración de los estados militarizados y represivos en la década de 1970, en Costa Rica estas se dieron a partir del sometimiento a las políticas neoliberales, una década después, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que convirtieron la “crisis energética” del mundo rico en “crisis de la deuda” para el mundo pobre.

 Por supuesto, se trata de la estrategia del globalismo neoliberal de trasladar la crisis de los países ricos a los países pobres. Y de privatizar los negocios económicamente más rentables (educación, salud, energía, seguros, banca, infraestructura, entre otros). De ahí que el verdadero interés es comprarlos más que venderlos, decía el expresidente Rodrigo Carazo; ojalá en una subasta pública barata.

Esto explica la intensa campaña, apelando a los más rebuscados subterfugios, para presentar a la institucionalidad pública como ineficiente y onerosa. Además, se le responsabiliza del déficit fiscal y la creciente deuda del Estado. Y, algo que resulta aún más perverso, considerarla parasitaria del sector privado, el único que produce riqueza y progreso para el país, según los publicistas de las bondades del mercado, hoy acompañados del fundamentalismo religioso de los vendedores de prosperidad.

En esa dirección, han abundado los editoriales del periódico La Nación, desde el apoyo que ofrecieron al intento de privatización del ICE con la creación de la “Empresa Costarricense de telecomunicaciones” (ECOTEL)[1], en la primera administración del gobierno de don Oscar Arias (1986-1990) –valga decir, el impulsor por excelencia de la privatización en el país– hasta el día de hoy. Este periódico se ha convertido en el principal medio propagandístico en contra del sector público, favoreciendo el desmantelamiento de la institucionalidad social.

De esta manera, se encubre a importantes sectores privados que, al evadir sus responsabilidades tributarias y recibir generosos beneficios (exenciones y amnistías), han contribuido a profundizar las diversas crisis que vive el país, intensificadas por la actual situación de pandemia.

El mundo de los grandes negocios privados, nacionales y transnacionales, aprovechando la flexibilización de las políticas de gobierno, socaban los cimientos de la soberanía y la dignidad nacional y devalúan el régimen democrático. Además, y esto es muy grave, tienden a “torcer el brazo” de la institucionalidad jurídica, con tal de avanzar con legislación que favorezca sus intereses. Asimismo, lo que ha sido notorio y habitual en tantos países, incluido el nuestro, se da la compra de favores políticos.

En última instancia, con la estrategia de privatización de lo que se ha tratado es de buscar, a través de medios lícitos o no, destruir el principal bastión de resistencia al modelo de globalización neoliberal: el Estado Social de Derecho, que en el país emergió en la década de 1940, recogiendo una rica tradición de lucha social reivindicativa, y se consolidó en la década siguiente, creando una robusta institucionalidad social, “piedra de choque” para ese modelo.

Hoy vuelven a azotar los vientos virulentos de la privatización, en un contexto de endeudamiento creciente y elevado déficit fiscal, agudizados por la crisis sanitaria. Cuando apenas se ha “insinuado”, por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), la posibilidad de la venta de activos del Estado, los “políticos empresarios” y pro-empresarios ya festinaban la venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). También, impulsan proyectos para debilitar presupuestariamente a La Caja Costarricense del Seguro Social y a las Universidades Públicas, otra vía que apunta a la deseada privatización de esos dos pilares de nuestro Estado Social de Derecho.

Resulta inexplicable que exista hoy una clase política cerrando filas alrededor de políticas y proyectos que buscan privatizar la institucionalidad socialmente más “rentable” del país. Cuando hay países, como Chile y Argentina, que están de vuelta por el fracaso de las políticas neoliberales privatizadoras, esta clase política, desfasada y anacrónica, pretende ir hacia allá. Ciertamente, el sentido común es el menos común de los sentidos. ¡Qué fácilmente el espejismo de los grandes negocios obnubila la mente de nuestros políticos!

Sin embargo, vemos signos esperanzadores. El espíritu que impulsó al pueblo costarricense a contener la privatización del ICE en el año 2000, y que replicó su gesta diciendo No al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se empieza a manifestar en un coro ciudadano polifónico; una muestra de que hay fuerza moral y vitalidad política para defender al Estado Social de Derecho, y abrirle nuevos senderos que permitan el fortalecimiento de nuestro régimen democrático, con gran vocación de solidaridad y justicia social.

Más aún, es cada vez más notorio que nuestras instituciones públicas se defienden solas. Y no con discursos retóricos elocuentes de sus máximas autoridades, sino con la silenciosa y generosa labor de sus funcionarios, aportando lo mejor de sus esfuerzos y conocimientos. Por ejemplo, entre otras iniciativas de investigación científica en las instituciones públicas de educación superior, la producción del suero contra el virus SARS-CoV-2 por parte del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica.

Son los funcionarios públicos, tantas veces vilipendiados, el rostro firme y el brazo fuerte que hoy está conteniendo, con mística humanista y solidaria, los virulentos vientos de la privatización.

[1]https://web.archive.org/web/20070927210859/http://www.aporrealos.org/internacionales/a21196.html