Se invita a firmar la petición «¡Prevenir la deforestación y la explotación de la Amazonía!».
El objetivo tras la petición es obtener 6,000,000 de suscripciones. Puede leer más sobre este tema y firmar abajo:
Enviado a SURCOS por Gerardo Cerdas Vega.
Sea parte de SURCOS:
(FECON, 29 de abril 2019). La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa propone reformar ley para permitir corta de árboles que se encuentren en las orillas de las calles. Dicha reforma se encuentra en el Expediente Nº 20995: “Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la Ley General de Caminos Públicos, n.° 5060, de 22 de agosto de 1972, y sus reformas”.
En concreto, esta reforma establecería la posibilidad de que instancias estatales y municipales talen arboles localizados sobre el derecho de vía, esto sin que tengan que solicitar permiso, ni evaluar el impacto ambiental. Además este proyecto de ley propone que cualquier obra que se realice dentro de cauces de ríos en derechos de vía estarán exoneradas de los permisos cuando las obras correspondan a puentes, pasos de alcantarilla y muros de contención asociados a estos.
Desde la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza mostramos nuestra oposición a la Comisión de Asuntos Jurídicos por considerarlo una clara regresión en materia de derechos ambientales sin sustento técnico ni científico. Sobre esto la Sala Constitucional ha señalado sobre la progresividad y no regresión en normativa ambiental lo siguiente:
“El principio de la no regresividad del derecho ambiental lo podemos expresar, entonces, como el impedimento de que una medida establecida por las autoridades públicas sea contrario a una conquista ambiental, como su la consecución de un objetivo ambiental y, por ende, no es procedente su sacrificio cuando no estéstentado en los estudios técnicos y científicos.” (Sala Constitucional, voto No. 5616-2015).
Un ejemplo dramático sobre el impacto de esta reforma podría tener se puede analizar a la sombra de la ampliación de la Ruta 32. En dicho proyecto se han talado un total de 6.679 árboles los cuales tuvieron que ser inventariados y presentados como parte de Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación. Según el Inventario Forestal Nacional de 2015: la densidad promedio de los bosques en Costa Rica es de 321 árboles por hectárea. Para efectos de la ampliación de la Ruta 32 podemos decir que ha deforestado lo equivalente a 20,8 hectáreas de bosque. Con la modificación que platean los diputados de la República esto hubiera sido un mero trámite de comunicación previa al MINAE. Lo que acorta la posibilidad de solicitar medidas compensatorias o de mitigación de la tala.
Este proyecto de ley elevaría la conflictividad ambiental en el país debido a que cuando se dispongan las autoridades públicas a deforestar el derecho de vía sin previa viabilidad ambiental ni social. Según el Contralor Ambiental se registraron unas 3620 denuncias ambientales en 2018 de estas un 44,1% están relacionadas con aspectos forestales (https://tinyurl.com/y5gnuuzn).
Constantemente se reportan disconformidades de personas que denuncian la corta de árboles en vía pública debido a que muchos de estos árboles son parte de las dinámicas barriales o vecinales y se encuentran insertos en la identidad de un lugar o comunidad. La tala de este tipo de símbolos comunitarios representan pérdida ambiental, histórica, estética y de salud pública. Se puede mencionar el ejemplo de lo vivido recientemente en Brasilito de Guanacaste, donde la Municipalidad de Santa Cruz se enfrenta en este momento a la oposición de residentes de la zona que defienden los árboles (https://tinyurl.com/y4yblckc).
Los impulsores de esta reforma son los diputados Pablo Abarca Mora, Roberto Thompson Chacón, Trejos, Daniel Ulate Valenciano, Pedro Muñoz Fonseca, Giovanni Gómez Obando, Luis Carranza Cascante y las diputadas Paola Vega Rodríguez, Ana Niño Gutiérrez y Marulin Raquel Azofeifa.
Resulta contradictorio que la diputada Paola Vega dice ser sensible al tema ambiental, pero en la práctica impulsan reformas nocivas para la conservación de la naturaleza y golpea la identidad más local de muchas comunidades costarricenses.
Contacto: Henry Picado Cerdas. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza. Teléfono: 8760 9800.
Enviado por FECON.
Sea parte de SURCOS:
SURCOS recibió la siguiente denuncia: “Estimados señores del #MINAE les rogamos urgente intervención en San Jerónimo de Esparza pues una naciente de agua y el riachuelo están siendo cruelmente destruidos por unos pocos finqueros”.
“Nos comentan que la denuncia se ha interpuesto vía correo-e dos veces sin emitir respuesta y se ha intentado llamar por teléfono sin embargo no hay respuesta. Parece que, aunque se llame a otros números de teléfono siempre piden los funcionarios de escribir al mismo correo y llamar al mismo número. Diariamente se escuchan sierras y camiones extrayendo madera, se han cortado árboles en vías de extinción para sustituirlos por cultivo de guineo y aguacate. La crisis de la sequía es un tema que se habla como emergencia nacional y no se entiende cómo estas personas continúan deforestando. En esa zona han sido vistos especies como congos, cariblancos, tucanes y otros pequeños mamíferos y aves importantes para el equilibrio del hábitat, la naciente no pertenece a ningún finquero, es propiedad de las futuras generaciones, el agua ha sido declarada un bien público por lo tanto la comunidad de San Jerónimo debe conocer la realidad que hacen con prepotencia de estas pocas personas. En el mapa aparece las coordenadas para que puedan ubicar el lugar”.
Esta denuncia fue publicada en Facebook en el espacio
San Jerónimo de Esparza defendiendo su territorio y compartida con SURCOS por Ivannia Lázaro.
FECON, 25-9-2018. El Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas no resuelve ni la opacidad fiscal, ni grava la renta global. Por lo tanto, aunque se apruebe este proyecto de ley, las empresas contaminantes en Costa Rica seguirán siendo favorecidas.
El informe de la comisión legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá, expediente 19.973, identificó 19 vacíos legales que han sido utilizados como portillos para la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, generó 19 recomendaciones y señaló 8 proyectos de ley en la corriente legislativa que podrían atacar estos vacíos que crean el déficit en la recaudación de la renta. Aun así, lo que ahora se discute en la Asamblea Legislativa referente a finanzas públicas no incorpora estas recomendaciones. Estos mismos señalamientos hacen que Costa Rica tenga muchas características que lo asemejan a un paraíso fiscal. Incluso la revista Forbes pone a Costa Rica entre los países con alta opacidad fiscal (1).
Además, en Costa Rica el impacto de las industrias contaminantes recarga los servicios de salud; satura las posibilidades de fiscalización ambiental y daña la infraestructura pública de muchas comunidades (sobre todo caminos y acueductos comunitarios). A nivel global, investigadores del Grupo ETC señalan que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud (2).
Una investigación reciente demuestra la relación que tienen la defraudación fiscal y la degradación ambiental (3). El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y el programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB), de la Academia de Ciencias sueca, reveló que el 70% de los barcos dedicados a la pesca ilegal han sido puestos bajo la jurisdicción de paraísos fiscales, principalmente Panamá y Belice, operan de que operan en otras latitudes.
Además, esta investigación reveló que el 68% de las ganancias de empresas responsables de la deforestación del Amazonas son canalizadas por medio de paraísos fiscales. Asimismo, traficantes de especies exóticas de flora y fauna también se aprovechan de regímenes con controles fiscales laxos. Estos datos salen a la luz pública luego de la investigación de los Papeles de Panamá, en la que destacaron empresas, políticos y bancos costarricenses.
Empresarios piñeros como Alfredo Volio saltaron a la luz pública como posibles evasores en el caso de los Papeles de Panamá. Volio, quien es propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), fue uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca.
La empresa naranjera y piñera Tico Frut, denunciada en múltiples ocasiones por contaminación y explotación laboral, también consta en los registros de los clientes del buffete de abogados que desde Panamá evadía sus responsabilidades en Costa Rica. Los Papeles de Panamá revelaron que TicoFruit es un complejo de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que tiene relación con el bufete Zürcher Odio Raven, este como enlace de Mossack Fonseca (4).
La sobreexplotación de los mares también está vinculada a empresas que son cómplices del déficit fiscal de nuestro país. La empresa Borda Azul S.A. fue reportada por evadir impuestos por medio del buffet panameño. Pero además, esta compañía atunera es una de las 10 empresas que han recibido más Certificados de Abono Tributario (5).
Como si fuera poco, el Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20.58) en el Artículo 36 recorta el Fondo Especial para Guardacostas, situación que dificultará aún más la tarea de la lucha contra la pesca ilegal y descontrolada en nuestros mares.
Notas:
1) Costa Rica dentro de los países con opacidad fiscal. http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/
2)¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? http://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara
3) Victor Galaz, Beatrice Crona, Alice Dauriach, Jean-Baptiste Jouffray, Henrik Österblom & Jan Fichtner Nature Ecology & Evolutionvolume 2, pages1352–1357 (2018). https://www.nature.com/articles/s41559-018-0497-3
4) https://databasear.com/panama-papers/intermediarios/
5) https://semanariouniversidad.com/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/
Enviado por FECON.
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El 90% de las 250 hectáreas recuperadas desde el pasado viernes por la comunidad Indígena de Rey Curré se encuentran moribundas a causa de la deforestación sometida para atender actividades propias de la expansión ganadera.
Ese 10% restante se ha conservado por ser las zonas donde están las nacientes en protección que alimenta el acueducto de Rey Curré, los cuales han estado protegidas por la Asociación de Desarrollo Indígena local.
Dentro de estas tierras recuperadas se encuentran varios sitios de interés cultural que han sido soportes de la identidad colectiva a lo largo de los años y se asocian a elementos como su toponimia, costumbres culturales, sitios arqueológicos y otros componentes de la oralidad ancestral.
Por lo descrito, la recuperación de estas tierras es también, recuperación de una gran parte de su memoria histórica como pueblo, cuyas raíces se adentran en tiempos inmemoriales.
Para darle el seguimiento diario a esta temática en Rey Curré, visite en Facebook la página REY CURRE YIMBA.
Enviado por Uriel Rojas R.
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Kioscos Socioambientales UCR
La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .
Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.
Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.
Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.
Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.
Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.
Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales
FB: Kioscos Socioambientales Ucr
FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
Enviado por Kioscos Ambientales, UCR.
«… los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social…»
San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2018. Con el fin de esclarecer las razones que llevan a la formación de rutas de tránsito de cocaína en las áreas silvestres protegidas y el impacto generado sobre la gobernanza de la conservación, la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregon y la Fundación Neotrópica, presentaron este miércoles su más reciente investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano.
Dicha investigación corresponde al Proyecto PEGASuS: bajo el enfoque de la gobernanza participativa para conservar los servicios ecosistémicos y a biodiversidad, financiado por Future Earth, con el fin de identificar el ligamen entre la deforestación anómala y las nuevas rutas de tráfico de drogas en la región del Corredor Biológico Mesoamericano.
La investigación se centra en tres casos de estudio: Guatemala, Honduras y Costa Rica, bajo los objetivos principales de: 1) Evaluar los impactos del tráfico de cocaína sobre los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en América Central a través de indicadores ambientales y económicos; 2) Caracterizar las amenazas a la gobernanza en las áreas silvestres protegidas; 3) Involucrar a actores sociales, gestores de las áreas, investigadores, creadores de las políticas en el refinamiento de la evaluación; y 4) Promover la formación de un observatorio de las consecuencias del tráfico de drogas sobre las áreas protegidas de América Central.
Como parte de la comprobación, el trabajo se centra en las siguientes cuatro hipótesis sobre el impacto del tráfico de drogas en la gobernanza ambiental:
“El elemento fundamental que no se ha capturado en análisis previos siendo importante para la conservación de la región, es el efecto sobre la gobernanza”, señaló Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.
Así mismo, Jennifer Devine, profesora asistente de la Universidad Estatal de Texas, sostiene que los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social “en el caso de un área protegida donde el Estado no tiene mucho poder, como el caso de la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala, la forma de gobernanza más eficaz para proteger la biodiversidad es la gobernanza comunitaria de las concesiones forestales”.
Por su parte, David Wrathall, profesor asistente del departamento de amenazas naturales en la Universidad Estatal de Oregon, destaca que “en el caso de Honduras el modelo de gobernanza participativa es débil, se debe invertir en él. Las comunidades están pagando un precio muy alto, varios comunitarios han sido ejecutados por defender sus territorios en las áreas protegidas. Las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, ellos son los más afectados”. Por otro lado, además asegura que “existe un fenómeno de tránsito y de blanqueo de ganancias ilícitas que se queda en las comunidades para gastar en ciertas inversiones, tal como la ganadería que tienen un alto impacto ambiental”.
Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.
“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que sí hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas”, indicó Aguilar. “La solución es la misma, invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras”, esto para el caso específico de Costa Rica, ya que Guatemala y Honduras carece de instituciones como el SINAC que ejerzan injerencia directamente en las áreas silvestres protegidas.
Las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.
Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los puntos de entrada de drogas de Centroamérica (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Río Plátano que limita con la costa expansiva de Honduras) y puntos de salida (por ejemplo, el parque nacional Laguna del Tigre en la esquina noroeste de Guatemala, inmediatamente adyacente a la frontera con México) y en el Parque Nacional Corcovado en el sur de Costa Rica, muy cercano a la frontera con Panamá.
Lo agravante de esta realidad es que la afectación va mucho más allá del impacto ambiental sobre las áreas silvestres protegidas, es la factura que esto implica en términos de seguridad para los funcionarios gubernamentales que velan por la protección de estos espacios. A esto se suma la violencia que ha cobrado vidas humanas, catalogando a la región centroamericana como una de las más peligrosas a nivel mundial para activistas ambientales, los afrodescendientes y los indígenas.
La siguiente fase de investigación consistirá en una serie de trabajos de campo en Honduras y Guatemala.
Comunicado enviado por Fundación Neotrópica.
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La comunidad de Tortuguero ha denunciado que la Municipalidad de Pococí, que por tercera vez, intenta abrir un camino dentro del Parque Nacional Tortuguero. Contravenido el andamiaje legal en tema de protección ambiental, pretendiendo deforestar el bosque tropical y poniendo en peligro la conectividad del Área Silvestre Protegida y su ecosistema de humedal.
Desde hace más de diez años la Municipalidad de Pococí a intentado destruir el (PNT) cortándolo con una carretera. La primera derrota a la que se enfrentó la Corporación Municipal fue en 1995 cuando el Área de Conservación de Tortuguero (AcoTo) y la Municipalidad de Pococí han tenido varias reuniones con el fin de analizar la situación de la construcción de la carretera que pasa cerca del Parque Tortuguero. Desde entonces el AcoTo y la comunidad de Tortuguero se ha opuesto a esta obra con considerarla nociva para el PNT.
Entre octubre de 1995 y enero de 1996, la Municipalidad de Pococí inició el mejoramiento del camino rústico conocido como Caño Chiquero, con el fin de habilitar una ruta terrestre desde Cariari hasta Barra del Tortuguero, dado el aumento en la cantidad de personas que se desplazan entre ambos lugares. En esta obra se mantenimiento traspasó los límites del Parque Nacional Tortuguero, pero se detuvo gracias a una denuncia ante la Fiscalía de Pococí.
En los años 2001-2002 la Dirección del Área de Conservación determinó que el acceso por el sector de Caño Chiquero perjudicaba el equilibrio ambiental del parque, por lo que recomendó la ruta conocida como La Pavona y río la Suerte.
Para el 2008 la Sala Constitucional en el expediente número 08-007961-0007-CO, dio lugar al un amaro interpuesto que denunció al gobierno local, el cual aprovechó la ocasión de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) había iniciado el cableado de fibra óptica en la zona, pasando por él área de parque, para ingresar maquinaria pesada. En el mes de marzo del 2008, la Municipalidad de Pococí, de nuevo, destinó fondos para el mejoramiento del camino Caño Chiquero hasta el límite con el Parque Nacional de Tortuguero. Días después el Concejo Municipal de Pococí, decidió, mediante acuerdo No. 746-16, continuar trabajado en el camino Caño Chiquero. (Poder Judicial, 2008)
En la Sentencia nº 18894 la Sala Constitucional obliga al entonces alcalde Enrique Alfaro Vargas y a la presidenta del Consejo Municipal, Eva Torres Marín, a paralizar las obras por vulnerar el derecho fundamental consagrado en el numeral 50 de la Constitución Política.
Por tercera vez en marzo de 2018 este Gobierno Local realiza obras sobre el PNT para abrir una trocha ilegal que sigue el trillo peatonal que llega a Laguna de Caño Chiquero. Esta calle ilegal traería impactos negativos a este ecosistema en su mayoría humedal. La comunidad se ha movilizado y rechaza la acción de abrir una calle.
FECON 6 de abril 2018
*Imagen tomada de la nota de SURCOS No a la destrucción del parque nacional Tortuguero
Enviado por Henry Picado.
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El próximo 5 de marzo Luis Guillermo Solís Rivera inaugurará una deforestación de 157Ha sobre la cual se construirá la ampliación de la Ruta 32 (Nación, 24-2-2018). Nuestra sorpresa es que ningún mandatario costarricense se ha propuesto inaugurar una tala; es como inaugurar la contaminación de un río o de una mina a cielo abierto. Lamentablemente no se dice que este tipo de megaproyectos como una autopista impacta 30 veces más área que la propia carretera. En materia ambiental estamos hablando de una carretera que compromete el recurso hídrico, la vida silvestre y la vida de las comunidades aledañas.
La ampliación de la carretera tendrá una magnitud de 107 km de largo, cuatro carriles, 36 puentes, 23 puentes peatonales, 176 bahías para autobuses, 26.160 metros lineales de ciclovía y drenajes (CONAVI, sin fecha). Este proyecto, financiado, diseñado y gestionado por la República Popular de China (FECON, 17-2-2015), tendrá un costo estimado de 450 millones de dólares; poco más de dos millones de colones cada metro lineal de carretera. En la Federación Ecologista nos preguntamos: ¿Una autopista de esas características es necesaria para el país? ¿Existen otras alternativas a este proyecto caro, destructor, contaminante y desactualizado? ¿Qué experiencia previa nos puede revelar qué pasará con este megaproyecto?
Es preciso decir que la densidad geográfica de la red vial en Costa Rica es entre cuatro y seis veces superior a la de México y a la del resto de Centroamérica respectivamente (XII Informe Estado de la Nación). El Estado de la Región del 2013 reporta a Costa Rica como el país de Centroamérica con la red vial más extensa y de mayor densidad: Existen 0.78 km de carreteras y caminos por cada km cuadrado de territorio Estado de la Región (2013).
En FECON queremos refrescar la memoria sobre la construcción de autopistas. La ampliación de la carretera Cañas-Liberia es una experiencia previa de ampliación de vías nacionales por presiones de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, también llamado Proyecto Mesoamérica (TicoTimes, 2014), una obra que significó la ampliación a lo largo de 50Km y que ha dejado varias enseñanzas sobre todo en términos de impacto sobre la vida de las comunidades aledañas y la vida silvestre cercana.
Hablamos de cientos de pequeños negocios a la orilla de la carretera, que quebraron al hacerse casi inaccesibles en una vía donde los autos van a velocidades extremadamente altas como para poder frenar; de casas invadidas por el ruido y el polvo; y de niños/as que no pueden salir ni al frente de su casa, entre otros impactos sociales. Una encuesta realizada después de la construcción de la autopista Cañas-Liberia reporta que el 60% de los vecinos de la carretera califica a esta autopista como innecesaria y que no trajo ningún aspecto positivo a sus vidas (Pomareda, 2014).
En cuanto a vida silvestre se refiere, en la vía Cañas-Liberia se constaran animales atropellados a pesar de los “pasos de fauna”. Se reportan al menos cinco individuos atropellados por kilómetro lineal y para el año 2014 un promedio de más de dos manigordos murieron por mes, atropellados en carreteras del país. En un periodo de cinco meses se reportaron 455 animales atropellados, de 45 especies distintas sólo en dicha autopista. (Pomareda, 2014).
Propiamente sobre la ampliación de la Ruta 32, la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas le ha exigido a Costa Rica adecuarse a sus estándares incluidos en el “Proyecto Mesoamérica” (CONAVI 2012). Es decir, los mismos con los que se construyó la vía Cañas-Liberia, con la particularidad de que la Ruta 32 es la que reporta más atropellos de animales (Panthera, 2015). Entre marzo y octubre de 2014, se registraron 1.028 atropellos en 94,9 kilómetros (km). Es decir, en promedio, en la ruta 32 hubo 10 incidentes con animales silvestres por cada kilómetro, entre el cruce hacia Río Frío y Moín (Nación, 2015).
La ampliación de la Ruta 32 creará una megacarretera que pasará muy cerca de ocho Áreas Silvestres Protegidas, las cuales incluyen dos Parques Nacionales (Braulio Carrillo y Barbilla) y dos Reservas Forestales (Cordillera Volcánica Central y Río Pacuare). Además, pasaría muy cerca de la importante Zona Protectora Cuenca del Río Siquirres y de los Acuíferos Guácimo y Pococí. Se verán afectadas también las Reservas Forestales cercanas, como Río Dantas, Limoncito (mixto), del Tigre y Escalera de Mono (Artavia, 2015).
Quizás lo más preocupante para la vida silvestre es que la ampliación de la Ruta 32 atravesará tres corredores biológicos (Cordillera a Cordillera; Guácimo; Zona de Protección Guácimo y Pococí). y corta cinco rutas de conectividad propuestas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y otras cinco que pasan muy cerca de la Ruta 32 (Artavia, 2015). Es importante mencionar que un tramo de esta carretera atraviesa una de las “Unidades de Conservación del Jaguar”, identificadas por la organización Panthera (2010), la cual es vital para lograr la conectividad de la “Iniciativa del Corredor del Jaguar” dentro del país y con Nicaragua y Panamá.
Desde la Federación para la Conservación de la Naturaleza hemos manifestado desde el inicio nuestra oposición a este proyecto por considerarlo un riesgo para la naturaleza, las poblaciones aledañas y las finanzas públicas. Se ha demostrado que este proyecto viola el principio precautorio bajo el cual se rige nuestro ordenamiento legal ambiental. Sumado a esto hemos demostrado el riesgo a los acuíferos comunitarios más importantes del Caribe (FECON, 17-2-2015) y que el Estudio de Impacto Ambiental de la obra se ha realizado de forma apresurada y con deficiencias (FECON, 14-10-16). Este es un proyecto que no beneficia a la población costarricense, sino que empeorará la crisis fiscal y amenazará la vida silvestre de la zona del Caribe.
Una solución al transporte de carga eficiente, ambientalmente viable y que respondería a la necesidad del país para descongestionar las calles es un tren eléctrico de carga (FECON, 17-2-2015).
Henry Picado Cerdas
Presidente
Federación Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)
Teléfono: 87609800
Bibliografía:
Artavia, 2015. Identificación y caracterización de cruces de fauna silvestre en la sección de la ampliación de la carretera nacional Ruta 32, Limón, Costa Rica. CATIE http://repositorio.bibliotecaorton.catie.ac.cr/handle/11554/7083
Panthera. 2010. Iniciativa del Corredor del Jaguar: Creando un paso seguro para los jaguares en el presente y hacia el futuro. Nueva York, Estados Unidos.
Panthera, 2015. Programa de Monitoreo de Mamieros Medianos y Grandes en el Subsector Barbilla-Destierrro / Paso del Jaguar. http://pantheracostarica.org/wp-content/uploads/docs/Panthera_Actividad_1_ProgramaMonitoreo_Informe_4FINALv1_CR-T1086.pdf
Nación, 2015. 1.000 animales murieron en ruta a Limón el año pasado. https://www.nacion.com/ciencia/medio-ambiente/1-000-animales-murieron-en-ruta-a-limon-el-ano-pasado/4MVJSZBC4BCOHHW6AEOFDO7PXU/story/
Areválo, E. Pomareda, E. (2014) Impacto de la Carretera Interamericana Norte: resultados preliminares-
Pomareda, F. (2014) Guanacaste: ¿Para quién el verdadero beneficio de la ampliación de la carretera? http://fpomareda.blogspot.com/2014/07/guanacaste-para-quien-el-verdadero.html?m=1
Estado de la Nación (2016) Principales hallazgos del capítulo “Hacia una red vial moderna y eficiente. opciones y desafíos prácticos”
https://www.estadonacion.or.cr/files/prensa/informe-XII/cap6_especial_12.pdf
CONAVI. Alcance De Las Obras Incluidas En El Proyecto De La Ruta 32, Cruce Ruta 4 -LIMÓN http://www.conavi.go.cr/wps/wcm/connect/543e445f-7471-4940-91da-25f2700e1a2d/Alcance+del+Proyecto+R4-Lim%C3%B3n.pdf?MOD=AJPERES
*Imagen tomada de www.feconcr.org
Enviado por FECON.
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