Impacto del narcotráfico sobre la gobernanza participativa y los cambios en los usos de suelo

Narcopista en Olancho, Honduras.

“… los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social…”

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.

San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2018. Con el fin de esclarecer las razones que llevan a la formación de rutas de tránsito de cocaína en las áreas silvestres protegidas y el impacto generado sobre la gobernanza de la conservación, la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregon y la Fundación Neotrópica, presentaron este miércoles su más reciente investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Dicha investigación corresponde al Proyecto PEGASuS: bajo el enfoque de la gobernanza participativa para conservar los servicios ecosistémicos y a biodiversidad, financiado por Future Earth, con el fin de identificar el ligamen entre la deforestación anómala y las nuevas rutas de tráfico de drogas en la región del Corredor Biológico Mesoamericano.

La investigación se centra en tres casos de estudio: Guatemala, Honduras y Costa Rica, bajo los objetivos principales de: 1) Evaluar los impactos del tráfico de cocaína sobre los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en América Central a través de indicadores ambientales y económicos; 2) Caracterizar las amenazas a la gobernanza en las áreas silvestres protegidas; 3) Involucrar a actores sociales, gestores de las áreas, investigadores, creadores de las políticas en el refinamiento de la evaluación; y 4) Promover la formación de un observatorio de las consecuencias del tráfico de drogas sobre las áreas protegidas de América Central.

Como parte de la comprobación, el trabajo se centra en las siguientes cuatro hipótesis sobre el impacto del tráfico de drogas en la gobernanza ambiental:

  1. Promueve transformaciones extractivistas del paisaje: El aumento que se da del narcotráfico en América Central acelera actividades extractivistas tales como la ganadería y la minería;
  2. Se aprovecha de los modelos verticales y de mercado de la gobernanza: la narcoactividad capitaliza aquellas actividades no participativas que tienden a dejar el espacio para efectos de control de territorio, tal es el caso del turismo y las plantaciones forestales;
  3. Produce impactos asimétricos en la gobernanza ambiental: los efectos del narcotráfico se darán sobre las áreas protegidas según las condiciones intríncecas de cada uno de los territorios, tales como historia ambiental, institucionalidad, entre otros;
  4. Debilita las coaliciones de conservación: El modelo del narcotráfico no solo genera impactos a nivel de las actividades que promueve, sino también sobre las coaliciones sociales, colocándolas en peligro.

“El elemento fundamental que no se ha capturado en análisis previos siendo importante para la conservación de la región, es el efecto sobre la gobernanza”, señaló Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.

Así mismo, Jennifer Devine, profesora asistente de la Universidad Estatal de Texas, sostiene que los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social “en el caso de un área protegida donde el Estado no tiene mucho poder, como el caso de la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala, la forma de gobernanza más eficaz para proteger la biodiversidad es la gobernanza comunitaria de las concesiones forestales”.

Por su parte, David Wrathall, profesor asistente del departamento de amenazas naturales en la Universidad Estatal de Oregon, destaca que “en el caso de Honduras el modelo de gobernanza participativa es débil, se debe invertir en él. Las comunidades están pagando un precio muy alto, varios comunitarios han sido ejecutados por defender sus territorios en las áreas protegidas. Las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, ellos son los más afectados”. Por otro lado, además asegura que “existe un fenómeno de tránsito y de blanqueo de ganancias ilícitas que se queda en las comunidades para gastar en ciertas inversiones, tal como la ganadería que tienen un alto impacto ambiental”.

Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.

“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que sí hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas”, indicó Aguilar. “La solución es la misma, invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras”, esto para el caso específico de Costa Rica, ya que Guatemala y Honduras carece de instituciones como el SINAC que ejerzan injerencia directamente en las áreas silvestres protegidas.

Las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.

Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los puntos de entrada de drogas de Centroamérica (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Río Plátano que limita con la costa expansiva de Honduras) y puntos de salida (por ejemplo, el parque nacional Laguna del Tigre en la esquina noroeste de Guatemala, inmediatamente adyacente a la frontera con México) y en el Parque Nacional Corcovado en el sur de Costa Rica, muy cercano a la frontera con Panamá.

Lo agravante de esta realidad es que la afectación va mucho más allá del impacto ambiental sobre las áreas silvestres protegidas, es la factura que esto implica en términos de seguridad para los funcionarios gubernamentales que velan por la protección de estos espacios. A esto se suma la violencia que ha cobrado vidas humanas, catalogando a la región centroamericana como una de las más peligrosas a nivel mundial para activistas ambientales, los afrodescendientes y los indígenas.

La siguiente fase de investigación consistirá en una serie de trabajos de campo en Honduras y Guatemala.

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Comunicado enviado por Fundación Neotrópica.

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