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En el mes de la Patria: Mitos y Realidades de la Democracia Costarricense

Escrito en 06/09/2025. Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez*

Los principales mitos de la identidad nacional costarricense han girado en torno a que somos una sociedad igualitaria, forjada desde la Colonia (siglos XVI-XVIII) por pequeños propietarios sumidos en el aislamiento, una agricultura/ganadería de sobrevivencia y una pobreza generalizada; además, se ha instalado en el imaginario colectivo que somos una comunidad homogénea, mayoritariamente blanca y cristiana católica. A lo anterior hay que agregar el mito de que somos por naturaleza pacíficos, amantes del diálogo y el acuerdo, antes que del conflicto o la guerra. Finalmente, siempre se ha sostenido que los costarricenses creemos en el Estado de Derecho, la educación pública que nos hace una patria con más maestros que soldados, y que la justicia social es pilar fundamental de nuestra democracia.[1]

Esta reflexión pretende distinguir mitos de realidades; hacer un análisis crítico de cuánta verdad hay en esa imagen idealizada y romantizada de lo que se llegó a bautizar como la “Suiza Centroamericana”. Para lograr este propósito nos valdremos de algunos datos y hechos históricos que deslinden certezas de suposiciones, y así pintar un cuadro lo más objetivo posible.

Tendremos como brújula la idea cardinal de que la Democracia es una Cultura, entendiendo que se define y construye no sólo en las epopeyas históricas, los grandes liderazgos o los programas reformadores o revolucionarios, sino en la participación vigilante y cotidiana de la gente que decide luchar por sus derechos, conservarlos y ampliarlos. La democracia es la dinámica social que avanza en la conquista de derechos, en busca de un horizonte nunca alcanzado por completo. Si la democracia no avanza, se estanca y retrocede; si no fortalece sus instituciones y garantiza su eficacia, se vuelve una parodia de ritos y formalidades vacías. La Democracia no es la dictadura de las mayorías, su esencia pasa por el respeto irrestricto y la integración de las minorías. Ideas como “dictadura en democracia” o “en este país hay exceso de democracia”, o bien, “yo encarno la voluntad del pueblo y por eso soy demócrata”, son sólo variaciones de un peligroso autoritarismo que nada tiene que ver con el auténtico espíritu democrático. En fin, la democracia es un producto cultural que se vive y construye día a día, o se deteriora y languidece sin remedio, bien hacia la anarquía, o peor aún, hacia la demagogia y la tiranía.

Luces y sombras del pacifismo costarricense

En el largo devenir de la democracia patria, hay que decir, en primer lugar, que el proceso de la Conquista y Colonización de la parte sur del istmo centroamericano fue tardío e incompleto. Pero además, como toda conquista imperial, fue un período violento, cruento y costoso, ante todo en el aspecto humano. Según estimaciones científicas, hacia 1550 la población aborigen en lo que hoy es Costa Rica, ascendía a unas 400 mil personas, organizadas y dispersas por todo el territorio en consolidados cacicazgos. Tan sólo un siglo después, alrededor de 1650, quedaban apenas unos 10 mil nativos americanos, victimas sobre todo de las enfermedades traídas por los europeos, pero también por el sometimiento a regímenes de esclavitud, servidumbre, o bien por su huida voluntaria hacia las regiones montañosas más remotas, como Talamanca. Hubo que esperar hasta la década de 1920 para que este país volviera a tener aquellos 400 mil habitantes.[2]

La historia nacional, a pesar de largos períodos de estabilidad política y paz interna, conoció sin embargo varias revueltas y enfrentamientos armados fratricidas: el enfrentamiento entre San José-Alajuela contra Cartago por la capitalidad (Guerra de Ochomogo, 1823); la Guerra de la Liga (1835) con la cual se consolida esa capitalidad en San José; la invasión de Morazán para promover la unidad de Centroamérica (1842);[3] la revuelta popular que derrocó la dictadura de los Tinoco (1919); el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno de Teodoro Picado (1948). También la pacífica Costa Rica conoció enfrentamientos bélicos en defensa de su soberanía e integridad territorial, como la Campaña Nacional contra la invasión filibustera desde Norteamérica, liderada por William Walker (1856-1857); la llamada Guerra de Sixaola, que perdimos, por disputas fronterizas con Panamá (1921); así como nuestro activo involucramiento en la Revolución Sandinista contra la tiranía de los Somoza en Nicaragua (1979-1982).[4]

Pero es igualmente cierto que la mayor parte del tiempo vivido por esta pequeña nación, a partir de su independencia, ha estado marcada por períodos prolongados de paz y con una buena dosis de convivencia democrática. Ya en 1823, pese a controlar el poder con apoyo militar, Gregorio José Ramírez lo entregó a una Junta Civil para evitar el agravamiento de las tensiones políticas de entonces.[5] Sobresalen en este sentido también los hechos acontecidos en 1889 –para algunos el “Acta de Nacimiento” de la democracia costarricense- en la que el oficialismo liberal (Presidente Bernardo Soto) prefirió entregar el poder a la oposición conservadora (José Joaquín Rodríguez), antes que provocar un enfrentamiento armado entre los bandos. Son dignos de mencionarse asimismo eventos similares cuando el candidato Arturo Echandi cedió sus pretensiones presidenciales ante una coalición de republicanos y reformistas (1924), con el mismo propósito de evitar enfrentamientos entre conciudadanos. Lo propio puede decirse de la derrota electoral -que se termina aceptando-, por parte de las fuerzas políticas recién alzadas en armas para la conformación de la Asamblea Constituyente de 1949, que echó por tierra el proyecto social-demócrata de nueva Constitución, acontecimientos históricos que terminaron consumando la entrega del poder a Otilio Ulate, vencedor en los comicios previos a la Revolución de 1948. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el liderazgo del Gobierno de Costa Rica, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en la superación de la peor crisis bélica del Siglo XX en Centro América, con la promoción de los Acuerdos de Paz, Esquipulas I y II (1986-1987) que pusieron fin a uno de los capítulos más sangrientos del continente y que le valió a Arias Sánchez el Premio Novel de la Paz.[6]

Igualitarismo social

Es cierto que esta fue una región remota del Imperio Español; un lugar tan alejado de Guatemala y México como de Colombia o el Perú. Es cierto también que no hubo ni grandes yacimientos de minerales, ni tampoco la disposición de numerosa mano de obra para esclavizar o reducir a servidumbre. Como consecuencia, es verdad que hubo durante el periodo colonial aislamiento, ausencia de latifundio y relativa pobreza generalizada.[7]

Lo que no es del todo veraz es que, por aquél entonces, Costa Rica fuera una sociedad por completo igualitaria. Una importante diferenciación de clases se perfiló ya desde el siglo XVI. Hubo colonos españoles y sus descendientes con propiedades más extensas que otros; hubo familias que lograron acceder a mayor riqueza, según la explotación agrícola y ganadera que prosperaban antes de la independencia (1821). Y por cierto, hubo explotación esclavista de afro-caribeños y siervos aborígenes, obligados al servicio de las élites económicas emergentes. Hubo también una clara discriminación de estos mismos sectores, auténticos guetos en los márgenes de los principales centros urbanos. Incluso se promovió la prohibición del ingreso de personas de raza negra y china al Valle Central, políticas que fueron cesadas hasta 1948. Así que el idílico igualitarismo, en realidad fue muy relativo desde nuestros remotos orígenes.[8]

Homogeneidad étnica

Si bien es correcto afirmar, entonces, que la sociedad colonial fue bastante homogénea, la segregación de afro-descendientes y aborígenes fue cediendo a un mestizaje que para finales del siglo XVIII y principios del XIX era más que evidente. La nuestra es una comunidad compuesta, en la actualidad, por personas que tienen, cual más cual menos, abuelos europeos, otros indígenas y también ancestros africanos. Ese mestizaje, para fortuna nuestra, se sigue ampliando y profundizando con la llegada de asiáticos, europeos no españoles y americanos de todas las latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días.

Como hito de la cuestión racial, desde el punto de vista constitucional, la esclavitud como institución fue abolida en el marco de las primeras constituciones de la Federación Centroamericana (1822-1824), a las que Costa Rica se adhirió.[9] En la actualidad, rige la Ley 10120 de 2 de febrero de 2022 en la que, reconociendo la discriminación y racismo que históricamente han sufrido los afro-descendientes, se imponen acciones alternativas para su integración social a todo nivel.

Opción por el Estado Constitucional de Derecho

En la conformación de Costa Rica como Estado de Derecho hubo tres acontecimientos mundiales que la influyeron de manera definitiva: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, sus primeras constituciones (1781 y 1789) y su Declaración de Derechos Civiles (1791); la Revolución Francesa y su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789); y la Constitución de Cádiz, España (1812).[10] Consta como dato histórico real que, sobrevenida la Independencia, se impuso una clara voluntad por hacer de Costa Rica un Estado de corte republicano, regido por el principio de legalidad. Esta tendencia se inició a partir del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia, 1821), seguido de una serie de Cartas Fundamentales y Constituciones Políticas que definieron el marco jurídico, la división de poderes, la organización político-administrativa básica del territorio nacional y el reconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos. Por otra parte, es cierto que hubo golpes de Estado y gobiernos de facto como los de Braulio Carrillo Colima (1838-1842), Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882), Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer (1948-1949). Sin embargo, curiosamente, con la excepción de Tinoco, se trató de gobiernos en muchos aspectos progresistas. Carrillo se convirtió en el legislador-fundador del Estado costarricense por medio de la promulgación del Código General (1841) y otras leyes estratégicas como la Ley de Vagancia que procuraba maximizar la mano de obra en la naciente producción e industria del café y el trazado de carreteras. El General Guardia abrió las puertas a la Era Liberal con importantes reformas en orden a la secularización del Estado, la construcción del Ferrocarril al Atlántico, la educación pública y la abolición de la pena de muerte.[11] De igual manera, el período liderado por Figueres Ferrer no sólo respetó las garantías sociales y los derechos laborales de la etapa que lo precedió, sino que sentó las bases de la expansión para la educativas primaria y secundaria, impulsó la construcción de carreteras e infraestructura y revolucionó la producción de energía y telecomunicaciones Todo lo anterior marcó la Era del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar que llega hasta finales del siglo XX. Tres hitos más, de gran relieve y que no pueden dejar de mencionare en este recuento del compromiso histórico de la sociedad costarricense con el Derecho fueron, en primer lugar, la apertura de tribunales civiles por todo el país a partir de 1821, que desplazaron la influencia de la Iglesia en la resolución de conflictos de familia, incluida la violencia doméstica[12]; en segundo lugar, la promulgación y vigencia del Código Civil de 1888, de impronta liberal, que trajo entre muchos otros avances, la temprana legalización del divorcio. El otro hecho de gran trascendencia fue la creación de una Sala especializada en Derecho Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia, para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas (1989).

Aunque hubo que esperar décadas para que otras minorías accedieran a sus derechos fundamentales, la tutela de las poblaciones aborígenes conoció la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. En el plano nacional, destacan la Ley Indígena (1977) que garantiza derechos indígenas y tribales, protege sus tierras, culturas y organización social. Está también la Ley de Biodiversidad (1998) que reconoce los “Derechos Comunitarios Intelectuales” y la Ley de Nacionalidad Costarricense (2019) que otorga el derecho a la nacionalidad costarricense a personas aborígenes transfronterizas. Por su parte, los derechos de personas sexualmente diversas, aunque muy lentamente, han ido avanzando. En el año 1971 se despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y, mediante fallo de la Sala Constitucional de 2020, se autorizó el matrimonio entre homosexuales. A estos logros normativos, se han unido en los últimos años diversas políticas públicas en favor de la población LGTBI y contra su discriminación.

El sufragio como derecho político fundamental

Un tema que ilustra muy bien el principio de igualdad política y su relatividad en el tiempo, está dado por la evolución de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos electorales. La naciente Costa Rica, con la llegada de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, comenzó a cultivar su democracia política en el seno de los cabildos (gobiernos locales) de aquella época.[13] La participación en ellos, sin embargo, estuvo limitada sólo para los varones adultos, propietarios con un determinado monto patrimonial y, circunstancialmente, también “ilustrados”, es decir, que supieran leer y escribir. Los sistemas electorales conocieron otra restricción por el sistema indirecto de los comicios: una primera ronda para escoger un número determinado de electores, y una segunda vuelta para que este pequeño grupo nombrara Jefe de Estado, en un principio, o bien Presidente de la República y diputados del Legislativo posteriormente. No fue sino hasta 1913 que se “universalizó” el voto directo siempre para varones adultos sin otros requisitos; y no fue sino hasta 1925 que se impuso el voto secreto, con lo cual se superó, en parte, las manipulaciones de los sectores dominantes sobre la población electoral, de manera especial, la vigilancia que terratenientes y capataces podían ejercer sobre los campesinos a su servicio. A todo lo anterior hay que agregar que el sistema de sufragio estuvo controlado, hasta mediados del siglo XX, por el mismo Poder Ejecutivo. Esto hizo que los Juntas electorales y los primigenios Consejos o Tribunales electorales, estuvieran designados por el Presidente de la República, algunos de sus ministros y sus agentes políticos regionales. No fueron pocas las veces que este sistema fue cuestionado, pues el oficialismo de turno, tuvo mucho poder para controlar las sucesiones en puestos de relevancia en los procesos electorales. Huelga decir que no fue sino hasta en la Constitución de 1949 que se conformó un Tribunal Supremo de Elecciones con garantías de independencia y neutralidad suficientes, con las competencias debidas y con un Registro Civil adjunto encargado de llevar el control de las personas con derecho a la ciudadanía y conformar así un padrón electoral confiable. En esta misma Constitución se reconocieron, por fin, los derechos políticos de las mujeres, que pudieron votar y ser electas a partir de ese momento. La democratización del derecho electoral se terminó de ampliar por último, en 1971, con la reforma constitucional que rebajó la condición de adulto con plenos derechos políticos de los 21 a los 18 años de edad.[14]

El acceso a la educación: columna vertebral de la Democracia

Más allá de las idealizaciones románticas acerca del compromiso costarricense con la educación, es un hecho real que ya desde la Colonia hubo preocupación por el tema de alfabetizar a los pobladores de estas remotas tierras y darles acceso a la lectura y escritura. Sin duda, a partir de la independencia resulta significativo que tanto el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, como el primer Presidente de la República, José María Castro Madriz, fueran ambos maestros de profesión. Mora Fernández, además, trajo al país la primera imprenta, con lo cual se inaugura en Costa Rica el afán por informar, difundir ideas y respetar la libre expresión.[15] Pero también es cierto que todos los esfuerzos hechos en educación durante el siglo XIX y principios del XX llegaron a porcentajes muy reducidos de la población. Para 1913, el maestro Omar Dengo denunciaba que sólo un 8% de los niños y niñas concluía la educación primaria. La escasez de mano de obra obligaba a la infancia del campo a ayudar en tareas agrarias y domésticas desde muy tempranas edades. Se ha calculado también que todavía para la década de 1930, el presupuesto nacional destinaba más en seguridad pública (cohersión) que en educación.[16]

En 1814 se fundó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con aspiraciones de instruir en estudios superiores. En la época de gestación de la República se fundaron muchas escuelas primarias y ya en 1869 se decreta la educación primaria como un derecho obligatorio, gratuito y costeado por el Estado y tanto para niños como para niñas. Los liberales avanzaron con una reforma profunda estableciendo colegios de segunda enseñanza de gran calidad en los principales centros urbanos del país e incluyendo centros educativos para hombres y mujeres (décadas de 1880 y 1890). Se trajeron profesores europeos y se becó a jóvenes talentosos para ir a prepararse a Chile. De ahí surgieron figuras intelectuales de enorme importancia para la evolución de la educación en Costa Rica como Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José Fidel Tristán, Isabel Carbajal (Carmen Lyra). Después de un sostenido esfuerzo nacional y de casi todos los gobiernos, se funda la Universidad de Costa Rica (1940) y a partir de la década de los años 70 inicia un proceso de fortalecimiento de la educación secundaria y universitaria en el país surgiendo la Universidad Nacional con sede en Heredia (UNA-1973), el Instituto Tecnológico en Cartago (TEC-1971), la Universidad Estatal a Distancia (UNED-1977), la Universidad Técnica Nacional radicada en Alajuela (UTN-2008) y un centro especializado en la formación de oficios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA-1965). La década de 1970 exhibió la inversión en educación más alta en la historia nacional, alrededor de un 30% del presupuesto anual. Ese monto ha ido bajando con los años y en estos momentos se lucha por hacer realidad el 8% que exige la Constitución Política.[17] La norma constitucional vigente, artículo 76, decreta la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y la diversificada.

En esa misma década de 1970 empiezan a brotar centros educativos privados a todo nivel, también universitarios. La calidad de estos últimos ha sido muy variada y la producción de profesionales se ha vuelto abundante, pero sin control de su calidad. Este fenómeno ha sido parte de las políticas de liberalización y privatización de servicios básicos, en el marco de la transición de Costa Rica del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado.

Luchas populares: garantías sociales y derechos laborales

Los primeros movimientos de organización de trabajadores y huelgas asociadas a la reivindicación de sus derechos y condiciones laborales pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 1874 se funda la primera sociedad de artesanos de Costa Rica y en ese mismo año estallan disturbios de trabajadores chinos en los campamentos de construcción del Ferrocarril al Atlántico. El conflicto termina en enfrentamiento con tropas estatales y mueren cinco trabajadores. De nuevo en el proceso de construcción de esta vía férrea, se desata la “Huelga de los Tútiles” (1888), en la que operarios italianos paralizaron la obra en protesta por bajos salarios, pésimas condiciones laborales e incumplimientos contractuales.

Sobrevino de esta manera un importante período en el que siguen conformándose organizaciones y sindicatos, asociados a periódicos que les sirven de medios de comunicación masivos. Así fue como estalló la huelga de panaderos en 1901 y diez años después se produjo una rebelión de obreros en la minas de Abangares, dándose como resultado la muerte de varios capataces a manos de los mineros. Para 1912 se promulga la primera legislación obrera, la Ley de Salarios y se funda la Confederación de Obreros. Un año más tarde surge la Confederación General de Trabajadores (CGT), se inicia la tradición de conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo y surge el grupo Germinal, alianza de intelectuales y obreros para la reivindicación de los derechos ciudadanos. Los esfuerzos de organización y los movimientos huelguísticos se siguieron produciendo. Una alianza de estudiantes, maestros y trabajadores jugó un papel decisivo en la caída del dictador Tinoco (1919); importantes huelgas del sector de ebanistería y carpintería así como de obreros, artesanos y empleados públicos. se desataron en 1920. Como resultado de estos movimientos se decretó la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas y la Ley de Protección Social de la Salud Pública, antecedente del seguro social de dos décadas después. La CGT en 1922 organizó un amplio movimiento popular contra el alza de los alquileres que también concluyó con la emisión de la Ley de Emergencia del Inquilinato, que vino a regular, limitar y aliviar los abusos que se daban en el cobro de alquileres de viviendas. Como logro del Partido Reformista de Jorge Volio, se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo en el año 1924. Por otra parte, el auge de la producción bananera en el país trajo los primeros mítines contra la United Fruit Company (1926), y la ocupación de Nicaragua por parte del ejército estadounidense inspiró campañas anti-imperialistas de solidaridad contra esa intervención (1927).

Para agosto de 1934, con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista recién fundado, se declara la gran huelga bananera contra la United Fruit Co., que concluyó en el mes de diciembre siguiente con la obtención de muchas de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores de las plantaciones. Otro logro con el liderazgo de diputados comunistas fue normativa que impulsó la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.[18]

Por último, con los antecedentes mundiales de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929, llega al poder el Dr. Calderón Guardia (1940-1944) en cuyo período se sientan las bases de la seguridad social costarricense, como reivindicación de todas las luchas sociales en el país: se funda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se introduce el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución y se promulga el Código de Trabajo.[19]

Derechos de las mujeres: sufragio, igualdad y violencia de género

En octubre de 1923 un grupo destacado de mujeres fundó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue luchar por el derecho al voto. También se propuso alcanzar la igualdad de salarios entre maestros y maestras. Pocos años después, en 1927 se funda la Liga Cultural Feminista con ideales similares. Aunque los derechos políticos de las mujeres se alcanzan hasta en la Constitución de 1949, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XX las mujeres participaron y lideraron en gran medida. los principales movimientos políticos y sociales del país.

Pero es a partir de la década de 1980 que se produce una auténtica revolución en la normativa internacional y nacional en pro de los derechos políticos y sociales, el principio de igualdad y contra la violencia a las mujeres. Costa Rica ha conocido, desde entonces, su compromiso con la CEDAW suscrita por el país en 1984, así como la organización de múltiples colectivos feministas y organizaciones de mujeres, incorporadas a estas luchas, con gran impacto en las políticas públicas nacionales y con un liderazgo que trasciende nuestras fronteras.[20]

Del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado: una democracia amenazada

Desde una perspectiva sociológica, el modelo de Estado Benefactor (1950-1980) tuvo un importante impacto en la movilidad y ascenso social de varias generaciones de costarricenses, cuyos efectos están aún vigentes, aunque hace ya décadas que este impulso se desaceleró, se estancó y parece estar hoy día experimentando un franco retroceso.

Pero además, en el período que va de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, el modelo costarricense sirvió de contrapunto a los movimientos revolucionarios y de guerrillas que se experimentaron en América Latina (Cuba, Centro América, Chile), lo que le trajo a Costa Rica grandes ventajas para su financiación y apoyo internacional, sobre todo de parte de los Estados Unidos de América (Alianza para el Progreso) y de Europa Occidental.

A partir de la década de 1980, al calor de las crisis cíclicas del capitalismo mundial, Costa Rica se vio arrastrada por cambios profundos en su modelo económico, político y social. Las principales respuestas desde los centros de poder a estos tiempos críticos, han llegado a nuestra región con la marca de un neo-liberalismo prepotente y agresivo, liderado por la alianza Reagan/Thatcher, el Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BN) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por medio de los “Ajustes Estructurales” y los “Tratados de Libre Comercio”, el país empezó a sentir presiones brutales para decretar la reducción del Estado; la privatización de instituciones y servicios públicos estratégicos (salud, educación, pensiones, electricidad, telecomunicaciones, agua); la apertura a la banca privada y el rompimiento del monopolio de seguros; la liberalización de reglas “para la competencia”; la “flexibilización” o eliminación abierta de derechos laborales, entre otros temas relevantes.

Los efectos de este nuevo estado de cosas está siendo evidente: un deterioro en la seguridad social y la atención médica en los centros hospitalarios de la CCSS; una deuda gigantesca del Estado para con esta institución pública; una franca crisis en la enseñanza pública a todo nivel; recortes presupuestarios en los rubros de la asistencia social de los sectores vulnerables; un crecimiento de la pobreza y la inequidad social.[21] Si a lo anterior agregamos el deterioro de la seguridad ciudadana en razón del avance del crimen organizado y el trasiego de sustancias prohibidas, que han convertido a Costa Rica en uno de sus principales territorios de acción, la única conclusión posible es que esta democracia centenaria está enfrentando un claro proceso de disolución o desintegración, sin poderse vislumbrar salidas fáciles en el horizonte.

Estos abruptos cambios no han estado exentos de respuestas y resistencias desde los sectores medios y bajos de la sociedad. Ya para 1953 se reagrupó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC), con fuerte influencia de los comunistas proscritos electoralmente; se siguió celebrando el 1º de mayo con participación importante de trabajadores que conmemoraron su día, y se dieron múltiples huelgas en el sector de maestros y otros servidores estatales.

En abril de 1970, con los antecedentes de Mayo del 68 en París y la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco, México, ese mismo año, el estudiantado costarricense, junto a otros sectores sociales, se manifestó multitudinariamente contra el contrato-ley que se discutía en la Asamblea Legislativa concediendo a la transnacional ALCOA la explotación a cielo abierto de bauxita en el sur del país. Otra gran movilización social se produjo en el año 2000 cuando la resistencia popular impidió la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por último, conviene mencionar la gran organización y movilización popular para rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2007), última gran gesta de una buena parte de la ciudadanía costarricense contra los avances del modelo neoliberal, que terminó imponiéndose con métodos espurios. El proceso de erosión del Estado Social de Derecho ha continuado. Los sectores conservadores controlan el Parlamento y casi todos los partidos políticos se han convertido en correas de transmisión de las mismas élites económicas. Si a lo anterior se añaden los graves y frecuentes casos de corrupción con la concurrencia de actores públicos y privados, así como el poder destructivo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, hay poco espacio para ser optimistas, a no ser que las reservas morales y políticas del pueblo costarricense despierten y nos den una nueva lección, porque esta Patria sigue valiendo la pena.[22]

BIBLIOGRAFÍA

-Arroyo, José Manuel et altere; Centroamérica: rendir cuentas para que la gente cuente; Coordinación, Introducción y Presentación: Luis Guillermo Solís Rivera y Sergio Ramírez Mercado; Editorial Sexto Piso S.A. de C.V.; México, 2025.

-Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; C.R. Grupo Nación GN S.A.; 1º Edición; San José, 2014.

-Molina Iván, Palmer Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; 3º Edición; Editorial UCR; San José, 2022.

-Obregón Quesada, Clotilde (Editoras); Las Constituciones de Costa Rica; Volúmenes I, II, III, IV y V; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2007.

-Pérez Brignoli, Héctor; Meléndez Chaverri, Carlos; Quesada, Juan Rafael; Salazar Mora, Orlando; Rodríguez, José Miguel; Araya Pochet, Carlos; Acuña, Víctor Hugo; Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Coordinador: Jorge Mario Salazar; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990.

-Zelaya, Chester; Aguilar Bulgarelli, Oscar; Camacho, Daniel; Cerdas, Rodolfo; Schifter, Jacobo; ¿Democracia en Costa Rica?: 5 opiniones polémicas; Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, 1979.

Notas:

[1] Aguilar Bulgarelli, Óscar; Costa Rica: Evolución Histórica de una Democracia; En: ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1979; pp. 27-36. El autor expones visión idílica de Costa Rica en autores como Francisco Trejos Quirós (Origen y Desarrollo de la Democracia en Costa Rica, 1939); Ricardo Fernández Guardia (Crónicas Coloniales, 1967); Carlos Monge Alfaro (Historia de Costa Rica, 1966; Eugenio Rodríguez Vega (Apuntes para una Sociología Costarricense, 1953), entre otros.

[2] Molina, Iván y Palmer, Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2022; pp.19-38. Ver también: Meléndez Chaverri, Carlos; Orígenes y Naturaleza de la Cultura Democrática Costarricense; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: pp. 44-50.

[3] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 52-57.

[4] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp 46-54.

[5] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob.cit. p. 36.

[6] Aguilar Bulgareli, Oscar; ob.cit., pp. 44-77. Ver además: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit.; p. 75.

[7] Zelaya, Chester; Apuntes Historiográficos sobre la Democracia en Costa Rica; en ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1977; p. 9-10.

[8] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp. 42-45. Ver además: Aguilar Bulgareli, Oscar; ob. cit., pp. 27-33. Asimismo: Molina Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 29-62.

[9] Meléndez, Carlos y Duncan, Quince; El Negro en Costa Rica; Editorial Costa Rica; San José, 2012; pp. 51-52.

[10] Costa Rica, sin dejar de inscribirse desde el punto de vista político-jurídico en la tradición Continental Europea (Roma-Francia-España), opta por un esquema de organización política republicano, con división de poderes, antimonárquico y con reconocimiento de los derechos ciudadanos esenciales, propios de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés. Se reconoce también como influencia de los Estados Unidos un esquema de división de poderes con un Ejecutivo fuerte, sólo controlado por el Legislativo de manera excepcional y puntual. Donde más se notan las diferencias jurídicas entre ambos modelos es en el campo de la justicia penal: por un lado, un sistema anglosajón de corte acusatorio (oral, público, adversarial) y con un debido proceso legal muy definido, frente a un sistema más bien inquisitivo (escrito, secreto, no-adversarial) dominante en el mundo de tradición continental-europeo, como es adoptado en casi toda Latinoamérica. Las ventajas en cuanto a eficiencia y pragmatismo del sistema anglosajón, ha hecho que el continental-europeo haya migrado, en las últimas décadas, hacia regímenes cada vez menos inquisitoriales y más acusatorios.

[11] Salazar, Jorge Mario; Partidos Políticos y Participación; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: p. 112. Ver, además: Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., p.51.

[12] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 57-58.

[13] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 35.

[14] Salazar Mora, Orlando; Democracia y Sistema Electoral en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 93-106. Ver además: Salazar, Jorge Mario; ob.cit., p. 109-132, así como: Pérez Brignoli, Héctor; La Cultura Política como Cultura Popular; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; p. 27; y Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., p.83.

[15] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit.; pp. 47-51. Ver además: Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit.; pp. 36-37.

[16] Quesada C., Juan Rafael; Educación y Democracia en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 57-72

[17] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 37. Ver también: Pérez Brignoli, Héctor; ob. cit.; p. 71 y 83-84.

[18] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118. Ver además: Salazar Mora, Orlando; ob. cit.; p. 98 y Salazar, Jorge Mario; ob. cit.; p. 119.

[19] Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; pp. 84-88. Ver también: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118 y Pérez Brignolli, Héctor; ob. cit.; pp. 75-77.

[20] Los principales Instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres son: (1) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979. Entró en vigor en 1981.y fue ratificada por Costa Rica en 1984): (2) Declaración de Viena 1983; (3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará). OEA 1994. (4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; (5) Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 2000; (6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015. Por su parte, en el ámbito de la legislación nacional destacan: (1) Ley de igualdad Real entre mujeres y hombres, 1990; (2) Ley contra la Violencia Doméstica, 1996; (3) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 2007; (4) Modificación a la Ley de Violencia Doméstica, 2011; (5) Ley contra el Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 2010; (6) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008); (7) Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica 2017-2032; (8) Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas, 2012; (9) Ley para la Prohibición del matrimonio con personas menores de 15 años, 2007; (10) Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (Ley contra relaciones impropias, 2016).

[21] El indicador que mide la desigualdad (Gini) refiere un proceso de concentración de la riqueza social en cada vez menos personas. En tan sólo 30 años se ha pasado de un rango de 0.4 a un rango de 0.6. La pobreza no ha sido posible bajarla de un 20% desde hace décadas.

[22] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 145-186.

*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Costa Rica y la crisis de sus partidos políticos: entre taxis, vicios y personalismos

Escrito en 28/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

JoséSo (José Solano-Saborío)

La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:

Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.

Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.

Viejos políticos, nuevos taxis

En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.

Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.

Los vicios que no mueren

El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.

Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.

El espejismo del liderazgo individual

La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:

– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.

– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.

– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.

Recuperar la política como proyecto colectivo

El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.

Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.

¿Qué fruto nos dará el árbol electoral cuya cosecha se recogerá en febrero?

Escrito en 20/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los cielos electorales se amplían cada vez más con candidatos a la presidencia de la República. Por ahora, hay 13 aspirantes con sus partidos políticos en marcha a la Casa Presidencial.

Ya definidos están ocho candidatos masculinos, José Aguilar del partido

Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Eli Feinzaig del Liberal Progresista, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Fernando Zamora de Nueva Generación, y cinco candidatas mujeres, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático y Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional que se le ha mencionado con una candidata más.

De todos ellos, Fabricio Alvarado ya ha sido candidato en dos ocasiones anteriores, Natalia Díaz y Eli Feinzaig en una. De ellos, han sido o son diputados, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Ariel Robles, y ministras Natalia Díaz y Laura Fernández, lo que les da cierta atención de los focos de la tarima y pasarela electoral de los periódicos y periodistas. Los demás, por ahora, son primerizos candidatos presidenciales, aunque son personajes activos en la Política nacional.

En la tradición electoral a los nuevos candidatos casi no los toman en cuenta para la información periodística, para entrevistas y para considerarlos en las encuestas, que muchas veces se diseñan intencionadamente para lograr ciertos resultados, de conformidad a las preguntas que se hacen a los consultados en esas encuestas.

No se anuncian, aunque estén activos sus procesos de inscripción electoral, otros candidatos y sus partidos. Probablemente no llegarán a la lista de 25 candidatos de la campaña electoral del 2022. Coaliciones políticas solo una, la de los Partidos Acción Ciudadana y Agenda Nacional, y una mujer más de candidata que en el 2022.

Me da la sensación de que las mujeres van a tener más protagonismo que los hombres, aunque no necesariamente sea el batallón delantero de la carrera presidencial. De los candidatos masculinos a mi parecer la atención debería centrarse entre Claudio Alpízar y Ariel Robles, y entre las candidatas femeninas la atención se orienta hacia Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Los demás no dejan de ser importantes, pero no les están dando la importancia que merecen en los medios de comunicación.

Las encuestas que ya se vienen haciendo toman en cuenta o destacan obviamente a los candidatos de interés principal de las casas encuestadoras, lo que provoca resultados conocidos, reales sí, porque responden como se quiere a la forma como se pregunta.

Las casas encuestadoras no exhiben el cuestionario porque evidenciarían justamente la intencionalidad de lo que se busca orientar en las respuestas y, en cierta forma, la intencionalidad de ir provocando corrientes favoritas a favor de unos u otros candidatos, por exclusión de los otros.

Esto tiene su impacto en la campaña electoral, y en la voluntad de los electores, por cuanto, a la hora final de buscar financiamiento para la campaña electoral, los bancos se orientan por esas encuestas, que de plano castigan a los partidos y candidatos menos destacados o mencionados en ellas. Por su parte, el sistema electoral no le garantiza nada, literalmente nada, a los nuevos partidos y sus candidatos para financiar su campaña lo cual, de la práctica y tradición electoral nacional, esto es lo más antidemocrático del proceso electoral mismo.

Las maquinarias electorales de los partidos tradicionales, históricos, de muchas campañas electorales, que también han dirigido el país, que hoy están muy devaluadas, como los son los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristina y Acción Ciudadana, están muy débiles y fragmentadas a su interior, lo cual presagia tiempos difíciles en la tempestad electoral que se avecina. Acción Ciudadana va oculto en la Coalición Agenda Ciudadana, pero no ha evitado una erosión interna enorme, desde su dirección política nacional. La Unidad Social Cristiana está igual y Liberación Nacional en el plano público con una lucha intestina de su Quijote contra muchos Molinos de Viento, como la representación de las fuerzas del mal que internamente debe vencer por la mala imagen que se les atribuyen, aunque sean a la vez la historia viva de ese partido político, que es lo que podría destacar publicitariamente, debido a que de los 18 gobiernos que ha habido en el país desde 1953, nueve los ha ejercido Liberación Nacional, seis lo que se reúne en la Unidad Social Cristiana, dos en Acción Ciudadana y uno en el actual gobierno, que ha gobernado sin partido político gobernante. Puestas así las cosas, lo bueno y lo malo del desarrollo institucional nacional, se les debe a esos partidos políticos en la parte proporcional que les toca.

Ninguno de estos partidos plantea en sus orientaciones electorales nada de lo que han aportado positivamente al desarrollo nacional. Se ha perdido la conciencia histórica nacional del desenvolvimiento histórico político que tenemos, que distingue a Costa Rica en su sistema y régimen democrático. Pesan más, en el ideario nacional las cosas malas de los gobiernos, no así de la democracia nacional, porque aunado a ello también esos partidos, especialmente desde 1982 se han dedicado fina o abiertamente a desmantelar, en lo que pueden, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.

De estos tres partidos Liberación Nacional tiene una base social dura, fuerte, lealtades políticas consolidados todavía en la masa electoral nacional que se ha expresado con darle apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa, pero cada vez más decreciente. La Unidad Social Cristiana totalmente ha abandonado sus principios sociales y cristianos, y sus banderas de Reforma Social. Acción Ciudadana borró en su segundo gobierno lo poco bueno que se logró en su primer gobierno, al punto que ni siquiera provocó en la última elección apoyo para su papeleta de diputados, dura tarea la que tiene en este momento la candidata presidencial de este partido, primera dama del gobierno anterior, que no da pautas de cómo corregir los entuertos de ese gobierno, en lo que debería enfocarse.

Por ahora, todos los partidos y sus candidatos, exceptuando a Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional y a Ariel Robles, del Frente Amplio, luchan y tratan de destacarse como los más fuertes conservadores políticos nacionales, seguidores o continuadores del actual presidente Chaves en sus políticas y acciones de gobierno, orientadas cada vez más a desbaratar lo poco que queda del Estado Social de Derecho.

El país necesita hoy mucha vitamina política, que no se está ofreciendo por los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Los candidatos a diputados por ahora no cuentan, aunque ya se están definiendo los primeros puestos, que son los posibles a ser electos.

Están en estas próximas semanas próximos a madurar los frutos del árbol electoral costarricense hacia el 2026. ¿Cuántos de esos frutos se pasarán de maduros? ¿Cuántos se podrirán, se descompondrán, corromperán, estropearán o gangrenarán en el proceso electoral? Y, ¿cuántos de estos partidos y sus candidatos darán u ofrecerán su fruto político, al menos su néctar y aroma, con un buen sabor? Por ahora son insaboros, inodoros y casi incoloros…

Compartido con SURCOS por el autor.

Una anécdota para recordar y aprender

Escrito en 30/07/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En estos días de confrontaciones y expresiones altisonantes fuera de lugar, recordé la siguiente anécdota, pues mucho podemos aprender de ella, los viejos y más los jóvenes.

En setiembre de 1983 era diputado y el jefe de Fracción de la Unidad Social Cristiana. Por aquellos días se dio a conocer que un informe solicitado por el presidente Luis Alberto Monge al ministro de Planificación sobre el Sector Agropecuario, que había sido su caballo de batalla en campaña, con un resultado negativo. Ante eso, y en estricto control político que me daba la Constitución, solicité el envío de una copia.

Después de varias cartas que me crucé con el ministro Volio y el presidente Monge por su negativa a entregarme el susodicho documento, en mi última carta le dije al presidente: la única manera que no me entregue el informe, es porque sea SECRETO DE ESTADO. Y don Luis, siempre he creído que mal aconsejado, me respondió, en síntesis: entonces considérelo secreto de Estado.

Aquel grave error de don Luis me sirvió para presentar como diputado un recurso de amparo ante la Corte Plena, pues en ese entonces no había Sala IV. Era el primero en la Historia de Costa Rica que un legislador presentaba contra el presidente de la República. Mi argumento era que se violaba el derecho de petición e información; ninguno de los diputados y conocidos que eran abogados se atrevieron a redactar el recurso, tenían pavor al “síndrome del ridículo” como lo llamé en su momento. Fue don Luis Fishman quien me prestó un libraco de machotes legales, y yo redacté el recurso.

Pocas semanas después el 4 de octubre a las cinco de la tarde, la Corte Plena resolvió el recurso y me dio la razón, con un brillante fallo escrito por el magistrado Fernando Coto Albán, nada menos. Cuando aquel día llegué a mi casa a eso de las seis y tantas de la tarde, estaba inundada de periodistas qué me pedían opinión, por lo que les dije:

– No sé nada, ustedes me están enterando de lo ocurrido. Mañana viernes en la habitual rueda de prensa de las dos de la tarde les informaré.

En efecto aquel día la salita de sesiones donde hacíamos la conferencia estaba abarrotada de periodistas, pero yo no sabía nada todavía, no tenía notificación alguna. Estaba explicándoles eso cuando mi secretaria desde la puerta, pues no tenía como entrar, me dijo a viva voz:

Don Oscar, lo llama don Luis Alberto por teléfono.

Dado que no era época de teléfonos celulares, tuve que salir y la prensa quedó a la expectativa. Al llegar, tomé el auricular y después de los saludos de rigor, me dijo don Luis,

Don Oscar, usted ganó. La Corte me obliga a respetar la Constitución, y yo en eso soy respetuoso. Dígame donde le llevo el informe.
Pero quién don Luis, ¿un mensajero?
No yo, personalmente, como corresponde.

De inmediato le respondí:

No don Luis, ya usted cumplió con llamarme, a usted le respeto su dignidad de presidente. Dígame donde puedo ir yo a recoger el informe.
Pues yo estoy en Villa Mongalva, en mi casa en Santa Ana. Si desea venir, lo espero.

En eso quedamos y de inmediato bajé a informar a la prensa, lógicamente todos empezaron a recoger equipos y libretas para salir a toda velocidad hacia Santa Ana. Pero yo les indiqué que eso no me parecía, pues no era ético para mí el llegar a la casa de don Luis con un ejército de periodistas a cuestas, pues aquella era su casa y merecía respeto. En eso otra vez mi secretaria me indica que don Luis me llamaba de nuevo. Para mi sorpresa me dijo

Me indican que usted está en una conferencia de prensa, idiay dígales que si quieren venir con usted…que vengan.

Por supuesto todos tomamos camino a Santa Ana, por la carretera vieja que era la única. Llegamos a Villa Mongalva, nos pasaron a una salita de reuniones, una secretaria me ubicó en la cabecera de la mesa, por la puerta del fondo salió don Luis con el informe en mano. Después de saludar a la prensa y a mí, por supuesto con su característica amabilidad, me dijo:

Don Oscar, usted ejerciendo el derecho de control político me pidió este informe, si bien yo se lo negué, con base en lo que establece la Constitución luego recurrió a la Corte, que me ordena entregarlo y yo como presidente tengo la obligación de respetar la Constitución y las leyes… y me entregó aquel folleto.

Pero lo importante fue lo que siguió. Don Luis improvisó un breve discurso, profundo y lúcido, sobre lo que significaba la división de poderes en una democracia y que yo, con aquel recurso había puesto a prueba, pues habían actuado los tres. Pero sobre todo profundizó sobre la trascendencia que tenía en la democracia que el presidente del Ejecutivo tuviera conciencia de las limitaciones de sus poderes, pues de ello dependía la estabilidad la democracia, pero, sobre todo, debía recordar siempre que la Constitución era la guía que nunca, por ningún motivo, debía irrespetarse.

Aquellas palabras quedaron por siempre grabadas en mi memoria, el valor de aquel acto ejemplar debe retomarse y servir de ejemplo. No hubo una palabra fuera de tono ni antes ni después de aquel día, don Luis no hizo conferencias de prensa para llamarnos canallas a los diputados que analizamos el informe que, dicho sea de paso, provocó la renuncia del ministro de Agricultura.

Unos pocos meses después, por ese recurso entre otras cosas, la prensa me declaró el Mejor Diputado. El 1 de mayo de 1984 estábamos en un brindis después de la sesión solemne y don Luis se me acercó y me dijo:

Lo felicito por su designación, muy merecida…. Pero no niegue que a mí me toca un pedacito.

Entre risas cerrábamos así aquel capítulo, que creo tiene mucho de ejemplar no solo para ser recordado, sino para que muchos aprendan cómo se hacen las cosas correctamente…a lo tico… no con improperios, posverdades y madrazos en plaza pública.

La Constitución se cumple… ¿cuándo conviene?

Escrito en 24/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Elian Xavier Jiménez Campos
Estudiante de 4to año de Sociología, Universidad Nacional, Costa Rica
Pérez Zeledón, 25 de julio

Costa Rica celebra, o aparenta celebrar, su tradición democrática, su institucionalidad y su Constitución Política como si se tratara de una bandera inmaculada. Pero mientras tanto, hemos normalizado su incumplimiento cotidiano. Lo peligroso es que este incumplimiento ya no escandaliza: se vuelve hábito, estrategia política y, peor aún, parte de la rutina del poder.

La Constitución de 1949 no es un simple documento jurídico: es el pacto social que define los derechos, límites del poder y garantías mínimas para la ciudadanía. Sin embargo, hoy vivimos un momento donde ese pacto se está quebrando sin consecuencias reales.

Ejemplos sobran. El artículo 78 establece que la Educación Pública debe tener al menos un 8% del PIB. Aun así, los gobiernos negocian presupuestos a la baja y hacen recortes sistemáticos al FEES, desfinanciando la educación superior pública sin que haya consecuencias legales reales. El artículo 50, que habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado, se contradice con decisiones que priorizan proyectos extractivos o infraestructura sin consulta ni evaluación ambiental adecuada.

Y ni hablar del artículo 56, que establece el derecho al trabajo digno, o el 58, que garantiza una jornada laboral máxima de 8 horas. Mientras se impulsan reformas como el Proyecto de Ley N° 24.290, que alargan la jornada sin reconocer los impactos sociales, el poder político actúa como si la Constitución fuera un obstáculo y no una base.

Lo más preocupante no es solo el incumplimiento, sino la naturalización de este. El silencio cómplice de muchas instituciones y sectores es alarmante. Cuando la Constitución solo se cita cuando conviene, deja de ser norma suprema y se convierte en discurso vacío. ¿De qué sirve una Carta Magna que no se defiende ni se respeta en lo cotidiano?

Este fenómeno tiene consecuencias profundas. La pérdida de confianza en el Estado de Derecho no se da de un día para otro: se cultiva cuando las reglas no aplican igual para todas las personas. Cuando se flexibiliza la ley para los poderosos y se vuelve rígida para los sectores populares. Cuando se abandonan derechos fundamentales bajo la excusa de la “eficiencia” o el “orden”.

Esto no es solo un problema legal, sino un reflejo de la crisis de legitimidad política que atravesamos como sociedad. Si la Constitución ya no marca los límites del poder ni garantiza los derechos que promete, ¿qué nos queda como ciudadanía?

Hoy más que nunca, es urgente volver a politizar la Constitución, entenderla como herramienta viva y no como símbolo decorativo. No se trata de memorizar sus artículos, sino de exigir que se cumplan. Porque la Constitución solo tiene sentido si la defendemos cada vez que la quieren pisotear.

El futuro democrático del país no se juega en los discursos oficiales ni en actos públicos de revelación de partidos, sino en la coherencia con la que enfrentamos su incumplimiento cada día.

La democracia no se defiende ni construye con insultos ni mentiras

Escrito en 17/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo

José Solano-Saborío
Analista

En Costa Rica, la democracia no nació por accidente. Se forjó con luchas sociales, debates intensos y una vocación institucional que ha resistido golpes, crisis y tentaciones autoritarias. Por eso, resulta alarmante que desde la silla presidencial se lancen ataques sistemáticos contra pilares fundamentales del Estado Social de Derecho: la prensa independiente, los órganos de control, el Poder Judicial, y cualquier voz crítica que se atreva a disentir.

Rodrigo Chaves Robles, presidente en ejercicio, ha convertido el discurso público en un campo de batalla moral, donde solo existen “patriotas” y “defensores de corruptos”. Esta narrativa binaria, simplista y profundamente peligrosa, no es nueva. Es parte de una estrategia bien conocida en el repertorio de líderes neoconservadores y populistas autoritarios que, desde diferentes trincheras ideológicas, buscan erosionar la institucionalidad democrática para consolidar poder personal.

El método es casi calcado: desacreditar a los medios de comunicación que no se alinean con el relato oficial, sembrar sospechas sobre jueces, fiscales y contralores, y presentar cualquier forma de oposición como enemiga del pueblo. Lo hemos visto en figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, y también en autócratas que se autodenominan de izquierda, como Daniel Ortega en Nicaragua, quien ha destruido sistemáticamente las libertades civiles bajo el disfraz de una revolución popular.

Chaves no ha llegado a esos extremos, pero el guion es inquietantemente familiar. Su estilo confrontativo, su desprecio por el diálogo institucional y su afán por dividir a la ciudadanía entre “los buenos” y “los malos” no son simples rasgos de personalidad: son herramientas políticas. Y como toda herramienta, tienen un propósito. En este caso, debilitar los contrapesos democráticos para gobernar sin rendir cuentas.

La prensa libre no es enemiga del pueblo. Es su aliada más incómoda. Su función no es aplaudir al poder, sino vigilarlo. Y cuando desde el Ejecutivo se promueve la idea de que los periodistas son parte de una conspiración corrupta, se está sembrando el terreno para la censura, la autocensura y el miedo. Lo mismo ocurre cuando se descalifica a jueces o diputados por ejercer su rol fiscalizador: se erosiona la confianza en el sistema, se promueve el caos, y se abre la puerta al autoritarismo.

El Gobierno destaca un superávit primario de 0,2 % del PIB y la reducción de la deuda al 55,9 % del PIB. Asimismo, presume un crecimiento económico de 4,3 % y una inflación general de 0,8 %. Sin embargo, estos logros conviven con un empeoramiento de la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini subió a 45,8 en 2024, y la brecha alcanza 0,49 entre los países de la OCDE, lo que sitúa a Costa Rica como la segunda nación más desigual del organismo, solo por detrás de Sudáfrica. Esta desigualdad creciente socava el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables (trabajadores informales, hogares rurales y mujeres jefas de familia) y deja al margen el supuesto bienestar que sugieren esos indicadores macroeconómicos.

Por otro lado, la inseguridad se intensifica. En 2024 se registraron 880 homicidios, frente a 905 en 2023, y más de 200 asesinatos en los primeros meses de 2025, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas del narcotráfico, según datos del OIJ. En lugar de reforzar la vigilancia en las costas, el Gobierno trasladó la Academia Naval de Guardacostas de Quepos a Pococí y cerró el puesto en Bahía Drake. Además, reasignó a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras a funciones investigativas, dejando esos espacios en manos de unidades sin la especialización necesaria. Estas decisiones crean nuevos corredores para el crimen organizado y multiplican los puntos ciegos en la persecución criminal.

Costa Rica no es inmune. Nuestra historia democrática es sólida, pero no indestructible. La polarización y decadencia moral que hoy vivimos tampoco es espontánea.

El chavismo tico: cuando el poder es el fin, no el medio

Escrito en 08/07/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo
Analista

¡Qué desilusión, maes! Ese “chavismo tico” que nos vendieron hace tres años y medio no es más que un Frankenstein político: toma prestadas las tácticas más peligrosas de populistas como Daniel Ortega en Nicaragua, las mezcla con promesas imposibles, y nos lo presenta como helado de sorbetera. Pero al abrir la tapa, solo hay aire. Puro poder por el poder mismo, sin ideología, sin plan serio, y con un montón de consecuencias para nuestra democracia.

El vacío ideológico: hoy conservador, mañana lo que convenga

Rodrigo Chaves Robles no tiene brújula política —tiene radar electoral. Cuando vio que el 70% de los ticos rechazan el aborto y el 37% la homosexualidad, de repente abrazó una agenda ultraconservadora: eliminó protocolos contra el bullying LGBT+, las Guías Sexuales del MEP, endureció penas por aborto, y borró programas de educación sexual. ¿Coincidencia? ¡discurso dulce para pescar votos evangélicos y católicos! Hasta su exministra Laura Fernández lo admitió: “Defender la vida de los no nacidos es obligación del Estado”. Pero ¿no es este el mismo Chaves que en campaña dijo que quería en Costa Rica la marihuana recreacional?

Pero esto no es convicción: es puro cálculo. Como bien dice un analista: “Chavismo sueña con 38 diputados para ganar en primera ronda”. Su único principio es el poder.

La obsesión con el control total: “¡Denme 40 diputados y lo arreglo todo!”

Aquí está el corazón tenebroso del proyecto: Pilar Cisneros, gurú del chavismo, prometió que con 40 diputados construirán “Ciudad Gobierno”, la marina de Limón, carreteras y aeropuertos en 4 años. Pero bajo ese cuento de “eficacia” se esconde el verdadero plan:

– Controlar el Poder Judicial: Chaves ataca sistemáticamente jueces y fiscales (“cavan la tumba de su credibilidad”, dice Cisneros). Con mayoría absoluta, nombraría magistrados afines para enterrar casos como el desvío de $32,000 del BCIE que hoy lo tiene acorralado.

– Domar el TSE: ¡Exactamente como hizo Ortega en Nicaragua! Allí, el Consejo Supremo Electoral es un apéndice del régimen: magistrados afines anularon la prohibición de reelección en 2009, luego inhabilitaron a opositores en 2021, y hoy organizan elecciones sin observadores ni competencia real. Si el chavismo controla el TSE, adiós elecciones limpias en 2030.

– Copar instituciones: Como Ortega, quien convirtió la Asamblea Nacional en un teatro de títeres. Tras encarcelar a 7 candidatos presidenciales en 2021, su partido obtuvo 75 de 92 diputados. Chaves ya lo ensayó: ¡quiere meter 10 proyectos de ley en un día para desmantelar órganos fiscalizadores!

Populismo con chequera falsa: “¡Hasta China nos envidiaría!”

Cisneros ofrece megaobras como si Costa Rica fuera Dubái con petróleo. Pero la realidad es otra:

– Deuda del 55,9% del PIB, la más alta de Centroamérica.

– Desigualdad del 0,49 según índice Gini, el segundo más alto de los países de la OCDE, solo por debajo de Sudáfrica.

¡Y así pretenden construir “ciudades gobierno”, cuando apenas vieron $32,000 de fondos del BCIE, se los gastaron en “cariñitos” del presidente para su asesor y amigazo tristemente célebre Choreco!

Es el espejismo populista: prometer lo inalcanzable (como si tuviéramos la maquinaria y los índices financieros de China) para distraer mientras desmontan frenos y contrapesos. Igual que Ortega, quien en plena crisis económica (24% de pobreza en 2021) prometió “prosperidad” mientras militarizaba ciudades.

El juego sucio: atacar, dividir y mentir

Chaves opera como Ortega: culpa a “élites corruptas” de todos los males. Sus herramientas:

– Estigmatizar opositores: Tilda a críticos de “comunistas” o “criminales”. Ortega hizo lo mismo: llamó “golpistas” a los estudiantes de 2018 y justificó su encarcelamiento.

– Golpear instituciones: Llama “dictadura perfecta” a 75 años de democracia (mientras en Suiza y Francia presume de ella), mientras prepara su tiranía personal. Como Ortega, quien desmanteló la independencia del CNE y la Asamblea.

– Plan B para no soltar el poder: ¡Piensa renunciar 6 meses antes para ser diputado y controlar desde la Asamblea! Estrategia orteguista pura: tras perder apoyo en 1990, Ortega se aseguró cuotas de poder mediante pactos legislativos.

¿Vamos a cambiar lo ganado por un espejismo?

Nicaragua nos muestra el camino si cedemos:

Allí, Ortega pasó de revolucionario a dictador en 4 etapas: controló su partido (1990-2006), pactó con élites para bajar el piso electoral, cooptó instituciones (2007-2017), y finalmente instauró una dictadura cerrada tras reprimir protestas en 2018.

Hoy, Nicaragua tiene elecciones sin oposición, medios clausurados, y 1.794 presos políticos. ¿Queremos eso aquí?

Muchos se niegan a reconocer el riesgo, bajo el argumento de que a diferencia de Bukele en El Salvador y Ortega en Nicaragua, aquí no hay ejército, pero les recuerdo la amenaza de Chaves, cuando comparó el número de efectivos de la Fuerza Pública con los pocos agentes del OIJ, como si fuera un escenarios de guerra civil.

El riesgo es real: si el chavismo tico logra sus “40 diputados”, convertirá la Asamblea en un sello de goma, el TSE en un notario de fraudes, y la Corte en su guardaespaldas. Como advierte un estudio reciente: “La captura del Estado y el ‘legalismo autoritario’ son claves para perpetuarse en el poder”.

¡Diay, maes! ¿qué nos queda? Defender la democracia no es salvar “élites”: es proteger esa institucionalidad que nos ha evitado caudillos de por vida. Porque como gritan los nicaragüenses desde el exilio: “Sin contrapesos, Costa Rica podría seguir el camino de Nicaragua: décadas de Somoza, décadas de Ortega… y cada día peor”.

El populismo a través de las fronteras: un análisis de las administraciones de Rodrigo Chaves y Donald Trump

Escrito en 28/06/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Sotelo Blanco

«Costa Rica está experimentando una nueva forma de hacer política bajo el liderazgo de Rodrigo Chaves, quien ha adoptado influencias de otros líderes carismáticos y populistas de la última década, como Donald Trump y Javier Milei” (Fernández, 2024, p. 1). Esta cita del Semanario Universidad refleja una tendencia creciente en el ascenso al poder de líderes populistas, quienes critican a las instituciones públicas y atacan a la prensa, especialmente cuando su agenda política no se alinea con las ideologías del líder populista. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump es un claro ejemplo de cómo una estrategia populista puede impulsar la división política, con su postura nacionalista y de confrontación hacia los medios de comunicación, en gran parte a través de su campaña “America First” (Nazar, 2020, p. 3). De manera similar, la presidencia de Rodrigo Chaves refleja la estrategia nacionalista de Trump al presentarse como un outsider frente a las élites políticas tradicionales, mientras lucha contra la burocracia y la corrupción, casi como si fuera el salvador de Costa Rica. La administración de Chaves ha generado serias preocupaciones sobre cómo la adopción de un estilo de gobierno populista al estilo Trump podría impactar la política costarricense en términos de regulaciones económicas, asuntos sociales y libertad de expresión.

Para empezar, tanto la administración de Trump como la de Chaves comparten la característica de impulsar una economía nacionalista, centrada en la protección de las industrias locales, la reducción de la dependencia de importaciones extranjeras y la prioridad de los intereses nacionales por encima de la cooperación global. Por ejemplo, Trump ordenó un arancel del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio con el fin de apoyar a las industrias nacionales (Council on Foreign Relations, 2018). Sin embargo, muchos análisis sugieren que estos aranceles reducirán el PIB a largo plazo en un 6 % y los salarios en un 5 % (Penn Wharton Budget Model, 2020). Por su parte, Chaves prometió reducir los trámites burocráticos y las barreras administrativas como una forma de empoderar a los emprendedores locales y fortalecer la economía costarricense desde dentro, alineándose con su visión económica nacionalista de priorizar el crecimiento interno sobre la dependencia internacional (Benavides, 2022). Esta promesa se hizo aún más evidente cuando Chaves declaró durante su campaña:

“Todo comienza con acelerar nuestra economía para generar empleos, atraer inversión, consolidar nuevas empresas y fortalecer nuestras exportaciones. ¡Tienen nuestra promesa: acabaremos, de una vez por todas, con los trámites, los obstáculos excesivos y las intervenciones del Estado y los costos abusivos. Los dejaremos trabajar, sin estorbar!” (Ballotage in Costa Rica, 2022, p. 5)

Esta declaración resalta la retórica populista y orientada al mercado de Chaves al apelar a la gente común con un lenguaje simple. No hay datos reales que respalden sus promesas, al igual que con Trump.

Poco después de que ambos líderes populistas llegaran al poder, fueron noticia por sus posturas en contra de temas sociales. Por ejemplo, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para eliminar programas de equidad, diversidad, inclusión y DEI, argumentando que estos programas son “inmorales e ilegales” (Mark & Meckler, 2023, p. 3). Del mismo modo, Chaves, tras ganar las elecciones presidenciales en 2022, se comprometió personalmente a revertir los derechos en salud reproductiva y sexual, además de prohibir la educación en género (Vílchez, 2022). Estas posturas en contra de los derechos sociales y humanos son una tendencia creciente entre los líderes populistas, con el fin de atraer a audiencias conservadoras, que representan la mayoría en ambos países.

Además, tanto la presidencia de Trump como la de Chaves se han caracterizado por una actitud agresiva hacia los medios de comunicación. Como observa Jonathan Rauch, del Brookings Institution, Trump “se refirió frecuentemente a los medios tradicionales como ‘noticias falsas’ e incluso como ‘enemigos del pueblo’” (Rauch, 2021, pp. 2–3). De manera similar, los ataques de Chaves hacia medios de comunicación e incluso instituciones autónomas como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han socavado la confianza pública en la prensa y en instituciones clave (The Tico Times, 2023). Esta técnica populista que ambos presidentes emplean, de desacreditar medios que se oponen a sus ideologías o que critican su imagen pública, busca desestimar cualquier crítica real, tachándola de “falsa” o calificando a la prensa de corrupta, lo cual constituye un ataque a la libertad democrática de expresión.

Tomando en cuenta todos estos paralelismos entre las administraciones de Trump y Chaves y sus posturas sobre las regulaciones económicas, los temas sociales y los ataques a la prensa, se hace evidente una creciente división política causada por las estrategias de ambos presidentes. Este patrón de erosión institucional mediante una economía nacionalista, el rechazo a los derechos sociales y la violación de la libertad de expresión a través del ataque a la prensa plantea un futuro preocupante para la democracia costarricense. La adopción por parte de Rodrigo Chaves de las estrategias populistas de Donald Trump lleva inevitablemente a preguntarse cuánto tiempo podrán sostenerse estas técnicas populistas, especialmente considerando que este tipo de populismo solo puede crecer en sistemas democráticos, al mismo tiempo que va desmantelando partes de ese mismo sistema poco a poco.

Referencias

Ballotage in Costa Rica: Rodrigo Chaves and José María Figueres compete for the presidency. (2022, April 3). Infobae. https://www.infobae.com/en/2022/04/03/ballotage-in-costa-rica-rodrigo-chaves-and-jose-maria-figueres-compete-for-the-presidency/

Benavides Santos, T. (2022, April 4). A rocky road ahead for Costa Rica’s Rodrigo Chaves. Americas Quarterly. https://americasquarterly.org/article/a-rocky-road-ahead-for-costa-ricas-rodrigo-chaves/

Costa Rica press freedom under threat as Chaves targets journalists, report says. (2025, April 5). The Tico Times. https://ticotimes.net/2025/04/05/costa-rica-press-freedom-under-threat-as-chaves-targets-journalists-report-says/

Ferguson Jr., R. W. (2025, February 24). The intellectual origins of Trump’s economic policies. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/intellectual-origins-trumps-economic-policies

Fernández Aguilar, G. (2024, October 16). La polarización bajo el mandato de Rodrigo Chaves. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/la-polarizacion-bajo-el-mandato-de-rodrigo-chaves/

Mark, J. (2025, June 1). Discrimination cases unravel as Trump scraps core civil rights tenet. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/01/trump-disparate-impact-discrimination-cases-civil-rights/

Nazar, Y. (2024, November 7). Trump’s populism and neo‑isolationism in a polarised world. The Friday Times. https://thefridaytimes.com/07-Nov-2024/trump-s-populism-and-neo-isolationism-in-a-polarised-world

Penn Wharton Budget Model. (2025, April 10). The economic effects of President Trump’s tariffs. https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/4/10/the-economic-effects-of-president-trumps-tariffs

Rauch, J. (2018, August 17). Trump’s war on ‘fake news’ could actually make the mainstream media stronger. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/trumps-war-on-fake-news-could-actually-make-the-mainstream-media-stronger/

Vílchez, D. (2025). Rodrigo Chaves attacks gender education as foreign agenda. openDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/rodrigo-chaves-costa-ricas-new-president-threatens-rights/

Demofobia y crisis política en Costa Rica

Escrito en 27/03/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

La demofobia, o el miedo al pueblo, no es un fenómeno reciente en la política costarricense ni en Occidente. Su origen se remonta a finales de los años 80 y se consolidó en los 90, cuando la clase política tradicional abandonó al pueblo como sujeto central del quehacer político. La caída del bloque socialista y el fin de la Unión Soviética convencieron a las élites triunfantes de que ya no necesitaban la participación real de la ciudadanía para gobernar porque no tenían competencia ideológica que amenazara con llevarse el beneplácito popular. En su lugar, bastaba con mantener un cascarón democrático vacío: rituales electorales cada cuatro años que legitimaran el ejercicio del poder sin alterar sus intereses. Como el gatopardo de Lampedusa: cambios para que nada cambie.

Costa Rica no fue la excepción. Un episodio emblemático ocurrió en el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa discutía el Combo del ICE, un paquete de reformas para privatizar el sector eléctrico y de telecomunicaciones. En ese contexto, una diputada de un reconocido partido político dejó en evidencia su desprecio por la voluntad popular al declarar: “Las masas nunca…no siempre tienen la razón…las masas han cometido desastres en la historia de la humanidad, es la gente pensante, la gente informada la que sabe hacer los verdaderos cambios». Con ese argumento, justificaba una supuesta superioridad intelectual y hasta moral para ignorar el clamor ciudadano que, en su mayoría, rechazaba el proyecto. Aquí está retratado un momento histórico clave de divorcio entre clase política y pueblo costarricense.

Lo que la señora diputada omitió, es que los grandes desastres a los que se refiere no han sido producto del pensamiento propio de esas masas, sino de élites organizadas y “pensantes” como las que ella representaba, que en diferentes momentos históricos han manipulado a esas masas para generar caos. Ahora, existe una desconfianza mutua: una clase política considerada como la de “siempre”, que se niega a escuchar y representar a las masas porque las considera de antemano “ignorantes”, y unas masas que desconfían de esa clase política que no representa ni sus intereses ni sus valores.

Han pasado 25 años desde aquel triste episodio, y el divorcio entre la clase política y el pueblo solo ha crecido. En este contexto, no es sorprendente que fenómenos como el chavismo tico hayan surgido con fuerza y amplio respaldo popular. Esta nueva corriente política ha sabido leer con astucia los errores tácticos de la élite tradicional y, en lugar de seguir su mismo camino de demofobia y menosprecio al pueblo, ha optado, por lo contrario: actuar como su megáfono, mimetizarse con él y presentarse como su defensor.

Sin embargo, este populismo no es más que una estrategia calculada para servir los intereses de una nueva casta económica emergente que busca desplazar a la vieja oligarquía que ha gobernado el país de la mano de la clase política tradicional, utilizando al pueblo como herramienta política.

Lo verdaderamente trágico es que el pueblo, en su desesperación y abandono, ha caído en una trampa. Cree haber encontrado un líder mesiánico que lo representa, sin darse cuenta de que está siendo instrumentalizado en una lucha de poder entre élites. No es casualidad que la Biblia advierta sobre los falsos mesías, aquellos que prometen salvación, pero solo buscan su propio beneficio. Como dice el viejo y conocido refrán: en río revuelto, ganancia de pescadores, y el oficialismo ha sabido aprovechar este descontento popular para consolidar su proyecto de poder.

Mientras la clase política tradicional sigue atrapada en su demofobia y luchas de poder internas, el oficialismo ha entendido que, en lugar de tratar al pueblo como ignorante, resulta más rentable hablar su lenguaje y mostrarse cercano a sus preocupaciones. Esto les ha permitido ganarse la simpatía de los sectores más golpeados por el neoliberalismo, aquellos que han sido excluidos del modelo económico impuesto por las élites desde los años 90.

Con sus aciertos y errores, el pueblo sigue siendo pueblo. En medio del huracán de la globalización neoliberal, que busca desarraigarlo y convertirlo en una simple pieza de la maquinaria económica, la gente se aferra a sus creencias, costumbres y tradiciones como un acto de resistencia. Este fenómeno no es distinto al de los pueblos indígenas o afrodescendientes, que defienden su identidad frente a la homogeneización impuesta por la modernidad. Paradójicamente, el progresismo posmoderno, que suele admirar la resistencia cultural de estas comunidades, desprecia cuando un país o un pueblo en su conjunto intenta hacer lo mismo.

Si una comunidad indígena defiende sus costumbres, es vista con respeto y admiración. Pero si un pueblo defiende su fe, sus tradiciones o su identidad nacional, es calificado como retrógrado, conservador y anticuado. Este doble estándar es una muestra de cómo el progresismo ha caído en la trampa del neoliberalismo que dice combatir. En lugar de entender que la resistencia cultural es legítima en todos los niveles, han optado por imponer una visión única del mundo, alineándose sin querer con el mismo sistema que critican.

Ante la demofobia de la clase política tradicional tanto de izquierdas como de derechas, y el oportunismo de los nuevos actores, el resultado es inevitable: el surgimiento de outsiders como única alternativa política viable para el pueblo. En un sistema donde la política se ha convertido en un juego de castas, estos líderes aparecen como salvadores, canalizando el descontento popular y presentándose como la voz de los olvidados. Pero la historia ha demostrado que cuando los monstruos emergen, terminan por devorar lo poco que queda.

Así, la democracia costarricense se encuentra en una encrucijada peligrosa. Mientras la casta tradicional sigue despreciando al pueblo y los nuevos “líderes” lo usan como herramienta de poder en favor de intereses privados, tan es así que están a favor del Combo 2.0 que se discute en la Asamblea Legislativa en estos momentos, la ciudadanía se convierte en un simple espectador de una lucha entre facciones que poco tienen que ver con sus verdaderos intereses y valores. Si este ciclo no se rompe, Costa Rica corre el riesgo de perder lo poco que le queda de su democracia real, reemplazada por un teatro donde el pueblo es solo un actor secundario en una obra escrita por otros.

Supuestos e Hipótesis sobre la Cultura Política y el Origen y Desarrollo de la Democracia Costarricense

Escrito en 29/08/2024. Publicado en Análisis.

Roberto Salom-Echeverría, sociólogo y académico expuso ante estudiantes de la UCR una serie de reflexiones sobre la evolución histórica y estructural del sistema político costarricense, abordando desde los cimientos coloniales hasta la crisis de los partidos políticos actuales.

En la penúltima clase del curso de Ciencias Políticas impartido por la profesora Violeta Otero en la Universidad de Costa Rica (UCR), el académico Roberto Salom-Echeverría fue invitado a compartir sus conocimientos sobre la cultura política costarricense y su relación con el desarrollo democrático del país. Su exposición, basada en el documento titulado «Supuestos e Hipótesis Sobre la Cultura Política y el Origen y Desarrollo de la Democracia Costarricense,» expone un análisis sobre algunos de los elementos históricos que han permeado el sistema democrático del país a través del tiempo, en esta nota detallamos algunos de los más destacados:

La importancia del Enfoque Histórico-Estructural

Salom-Echeverría detalla la importancia de utilizar el análisis histórico-estructural para ofrecer una mirada a la configuración sociocultural y política de Costa Rica. Según el académico, esta metodología permite describir la dinámica entre lo económico-social y lo jurídico-política y cultural, destacando cómo la primera influye de manera determinante en la segunda.

Del bipartidismo a la fragmentación política

Según señala, una de las dinámicas más relevantes fue la transición del sistema político costarricense desde un bipartidismo estable hacia una fragmentación cada vez mayor. Salom-Echeverría detalló cómo el debilitamiento del bipartidismo a finales del siglo XX y principios del XXI ha dado lugar a la aparición de nuevas fuerzas políticas, siendo el Partido Acción Ciudadana (PAC) un claro ejemplo de esta tendencia.

Un panorama político en transición

La intervención concluye con una reflexión sobre la crisis actual del sistema de partidos del país, por su dinamismo, anomia política y el abstencionismo de la ciudadanía. Este contexto, según Salom-Echeverría, existe mayor vulnerabilidad al populismo, así como la necesidad de la presencia de nuevos actores políticos, lo que podría redefinir el panorama político costarricense en los próximos años.

La presentación de Salom-Echeverría no sólo ofreció una revisión histórica crítica, sino que también invitó a los estudiantes a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la democracia costarricense en la actualidad. Su análisis subraya la necesidad de entender el pasado para abordar las complejidades del presente y futuro político del país.

Para ver con detalle los enunciados expuestos por el académico compartimos el PDF que se adjunta en la nota.

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