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Etiqueta: democracia costarricense

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

Un Nerón moderno en Minneapolis vs. «La Isla que somos»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Empecemos por el final, y en tierras lejanas.

Escuchamos conmovidos a un Congresista Norteamericano Demócrata, describiendo la guantera del carro llena de juguetes infantiles de los tres huérfanos, hijos de la joven Madre ciudadana norteamericana, de 37 años, brutalmente asesinada por un perturbado oficial del temido ICE y fanático del movimiento MAGA de Trump. Ella era viuda de un soldado norteamericano.

Hemos escuchado en sus videos, a la bella Renee Nicole Good, QEPD., hablando español con dulce acento norteamericano, y expresándose en toda su humanidad y con amable calidez, confesando su solidaridad para con la Comunidad Latina.

Hemos visto a una ciudad, Minneapolis, junto a Chicago y New York y otras ciudades, levantarse en justa ira frente al vil asesinato de esta bella, –bella por dentro y por fuera–, nueva madre mártir norteamericana. Su ejemplo se televisó internacionalmente. Estoy seguro que muchos hemos llorado de rabia, de indignación, de dolor, de compasión, viendo este cruel asesinato. Las apologías del crimen de los personajes de la Administración Trump son aún más lamentables. La tipa encargada de Seguridad del Gabinete, Kristi Noem, vestida casi como vedette barata tipo «Cowgirl», Vaquerita, despotrica, y la tilda de un caso de «terrorismo doméstico”, etcétera.

En una variante orwelliana, hablan de que ella trató de atropellar (lástima que no lo hizo) al exsoldado MAGA contratado por el ICE. Trump mismo habla de una supuesta defensa propia del soldado ICE. El vicepresidente Vance lo secunda, etc. Crean un mundo paralelo como el de las «fake news». Lo que usted ve en los videos, es otra cosa. Es lo que es… No estamos locos. Sencillamente Trump sigue mintiendo. ¿Cómo llegó EEUU a esto?

Pareciera que EEUU es una poderosa superpotencia, pero muy enferma y en una profunda y sistémica crisis…

Recordemos ahora, el contexto global y nacional de Estados Unidos y como esto nos atañe inevitablemente como la Isla que ya no somos: Volvamos a nuestra insularidad de montañas.

El Gobierno Trump en pleno nuevo escándalo de pedofilia de Epstein, y en búsqueda de distracciones domésticas, vuelve a ver hacia su «Patio Trasero» y resucita a la Doctrina Monroe en una peligrosa versión imperialista.

Dentro de esta nueva variante de la lógica imperial, sobre América Latina y el resto del Mundo, la Embajada Norteamericana local apostó, y posiblemente tratará de imponernos en Costa Rica, al continuismo autoritario de nuestro Gobierno «Ja-Guaro».

Digámoslo claro. Rodrigo Chaves es una versión de bolsillo local y cipaya de Trump; claro, con los límites todavía, de la institucionalidad democrática costarricense.

No sin la ayuda del otro déspota tropical de Bukele, y de su pequeña tiranía, en el país hermano centroamericano. Todo mientras el Gobierno costarricense, firma un TLC con el Israel de Netanyahu, acusado internacionalmente de Crímenes de Lesa Humanidad y de Crímenes de Guerra, por el actual Genocidio en Gaza financiado también por Trump.

Mientras tanto Trump y el pequeño, «Liittle» Marco Rubio, imponen una suerte de Protectorado Neocolonial, sobre todo el Gran Caribe, ahora so pretexto de ser los «paladines de la Libertad» y combatir al Narcotráfico. (A pesar de haber indultado recientemente al expresidente Narco de Honduras JOH condenado a 45 años en EEUU.)

El escenario bélico es el Mar Caribe, que deviene en una especie de «Mare Nostrum» al estilo de la Antigua Roma Imperial, pero con un Emperador en franca decadencia política y moral. Digamos que estamos frente a un moderno Nerón romano, sólo que armado de letales armas nucleares y de última tecnología.

Para EEUU., con Republicanos o Demócratas con matices, en realidad tanto la disputa económica con China Popular, así como la rivalidad geoestratégica militar con Rusia, implica la necesidad de una inyección de nuevos recursos y rutas comerciales. Nada nuevo. Lo nuevo es la intensidad de la violencia, en el cómo reclamar el monopolio sobre los mismos.

En este nuevo capítulo del histórico Intervencionismo Norteamericano, se trata ahora de la apropiación ilegal del petróleo, de las tierras raras, y de los recursos naturales de Venezuela y del Caribe. Colombia, México, Cuba y Nicaragua, y el resto de Centroamérica, son amenazados públicamente.

El discurso del nuevo Nerón no respeta viejos aliados, ni grandes ni mucho menos pequeños, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, la Unión Europea, Costa Rica…

Volvamos a Costa Rica, nuestra «Isla» montañosa en la pluma irónica de Isaac Felipe Azofeifa, ahora polarizada, y enfrentando una nueva Elección Presidencial. Por un lado, la versión criolla de trumpismo, el oficialismo de Rodrigo Chaves, y por otro lado, una oposición variopinta y dispersa, que apela al rescate abstracto de la democracia.

Pero aquí nace el dilema político y ahora geopolítico, de nuestra «casta» política.

Pues sorprende, como los políticos digamos de vocación democrática de Costa Rica, –justo cuando tenemos que unirnos frente a la amenaza del continuismo autoritario local–, primero se distraen sectariamente, y no concretan la posible unidad para una necesaria segunda ronda.

Y segundo lugar, –en otro sorprendente y craso error geopolítico–, tenemos que los y las candidatos y candidatas (con la honorable excepción del Frente Amplio que posiblemente tendrá que pagar un precio electoral), corren a rendirle pleitesía neocolonial, al matonismo internacional e ilegal de Trump. Justo cuando Nerón quiere incendiar la zona (incluida Costa Rica) y rediseñarla a su antojo, o peor aún, al antojo de las necesidades de un moderno imperio en franca decadencia.

Entendemos que las elecciones nacionales son por definición, un disfrazado «campo heteronómico» de fuerzas, donde las condiciones para la autonomía de la voluntad Racional e Informada de Kant brillan por su ausencia. Es un tema estructural e incluso colectivo. Adiós Kant.

Pero atención. Los fines vienen contenidos en los medios, parodiando a Kant. Y eso tiene consecuencias prácticas. No se trata como decía McLuhan de que los medios son los fines. No tampoco, esto no es comunicación solamente. Es que, si se escoge una ruta política, un determinado camino, este en consecuencia sólo llevará a determinados resultados y variables.

Así es nuestra opinión que esta actitud cipaya de varios políticos democráticos costarricenses es reprochable, no sólo moralmente, sino políticamente, y en términos prácticos.

¿Pero primero preguntémonos por qué actuar de forma tan timorata y servil? Quizá por evidente cálculo, acaso por un razonable temor, acaso por prudencia romana digamos, o acaso por «malicia indígena», o por lo que sea. Pero lejos de ser pragmático, esto es suicida no sólo para la Democracia costarricense, sino para la misma existencia de la República, y lo que reste de nuestra Soberanía. ¿O ellos no entenderán que la Administración Trump huele el temor de la presa cazada y no perdona? Demostrar demasiada debilidad tampoco ayuda necesariamente. Al contrario.

Tampoco creamos que estas aventuras imperiales de Trump en el Caribe nos son ajenas. Jamás. Razonemos. Costa Rica no es evidentemente una isla, aunque algunos la imaginen o desean así, y aunque su maravillosa Biodiversidad conecte estratégicamente dos Océanos, Atlántico y Pacífico. Si lo fuese, sería peor el control externo. Así, aunque lo deseemos, no estamos aislados, y menos después de la Globalización.

Aprovechamos para recordar y citar al genial Ensayo del Isaac Felipe Azofeifa (1909-1997): «La isla que somos». Y como la ontología de la actual Geopolítica, nos devora y regurgita a su antojo. Hay cierta ingenuidad colectiva consensuada en el imaginarse como una Isla. Nerón y Rubio llegaron al Camelot centroamericano, como elefantes en una cristalería… Y están apenas rompiendo lo mínimo, apenas se asoman. Es un periodo electoral bastante «sui generis.»

Irónicamente será el Gobierno Trump el que posiblemente financiará y dibujará la estrategia local del miedo, para entronizar electoralmente a un nuevo régimen de vocación Autoritaria, y cuyo referente político es precisamente el régimen de Bukele. No hay que asustarse, Hitler también ganó Elecciones al principio.

Del Ja-Guaro y su Candidata Títere locales, no esperamos nada. O nada decente. Pero acaso, será los políticos costarricenses de Oposición, no se instruyen más y no estudian Geopolítica. Será que están en lo pequeño, distraídos por el discurso Tecnocrático. Acaso ven el árbol, sin la complejidad del bosque. Mejor escuchar, observar y razonar más…

Acaso más bien, no se han dado cuenta de que hubo una mutación en las reglas de la gran geopolítica global: Las «viejas formas» de perdieron. Pero como dice el sabio refrán: «en política, la forma es el fondo». Efectivamente así es. O como proclamó el Embajador Norteamericano en la deslucida ONU: […] «Quitémonos las máscaras…»

Siendo así, está muy claro que hacen muy mal los Candidatos costarricenses de vocación Democrática y de Oposición, en apoyar y avalar sin más y en coro, la agresión militar ilegal de Trump en Venezuela.

Esto último en mi modesta opinión, implica sinceramente, o un total desconocimiento de la Geopolítica o una vocación de sumisión qué avergonzaría a nuestros héroes de la Campaña Nacional de 1856-1857 contra los Filibusteros Norteamericanos esclavistas. Ojalá y puedan recapacitar, la Patria se los agradecería.

Advertencia final:

No se vale saltar hipócritamente, mecánicamente, al epíteto de acusar al Suscrito de apologeta del régimen de Maduro y Diosdado, sólo por estar en contra de una invasión ilegal imperialista a un país latinoamericano hermano. La aclaración no sobra, en el entendido de que a Trump y Rubio y su Gabinete, nunca le han interesado ni los Derechos Humanos, ni la Democracia, ni la Libertad de ningún Pueblo. Veremos hasta dónde llega Trump y su vocación de moderno Nerón adentro de EEUU.y fuera de su país.

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Encendamos alertas. ¡Qué no nos tomen desprevenidos!

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Marielos Aguilar Hernández

A los costarricenses que dichosamente, no vivimos los oscuros días de la guerra civil de marzo y abril de 1948, nos puede resultar inconcebible que, en plena campaña electoral, la candidata del oficialismo Laura Fernández se atreva a anunciar la posibilidad de suspender las garantías individuales, con sus consecuentes medidas de represión contra la ciudadanía dada, según ella, la agudización del crimen organizado por el narcotráfico en nuestro país.

Pero no es tan difícil atar los cabos que explican semejante anuncio, el cual conlleva una amenaza mayor para las tradiciones de paz costarricense.

Ahora resulta claro que la estrecha amistad del presidente Rodrigo Chaves con su colega salvadoreño, el presidente Nayib Bukele, de claras tendencias fascistoides, y la firma de un reciente acuerdo en materia de seguridad nacional entre ambos, ha sido el antecedente inmediato que le está permitiendo a la candidata Laura Fernández fomentar, de manera descarnada, los peligros que hoy amenazan nuestra paz social. Ese acercamiento Chaves-Bukele ya le había encendido algunas alertas a la ciudadanía costarricense. Hoy, han comenzado a concretarse con el anuncio de una eventual suspensión de las garantías individuales en nuestro país.

Semejante anuncio se hace en un contexto de agudización de los conflictos entre el Poder Ejecutivo, por una parte, y los poderes Legislativo y Judicial, por la otra. Sumado a ello, aparecen las serias contradicciones que hoy enfrentan también al Tribunal Supremo de Elecciones con el presidente Rodrigo Chaves.

Lamentablemente, las fichas del actual tablero político nacional parecen acomodarse en el mismo sentido de la estrategia presidencial. Inicialmente, observamos una mano muy suave, por parte de este gobierno, con el crimen organizado por los barones del narcotráfico. Como consecuencia, se ha producido una expansión de las bandas del sicariato y de la venta de cocaína y otras sustancias, como nunca antes en la historia de nuestro país. De esta forma, las condiciones están dadas para anunciar el siguiente paso de la próxima presidencia: un incremento de las medidas represivas con el crimen organizado pero que, es de suponer, también conlleva una intencionalidad política, en el caso de que el oficialismo no logre concretar sus aspiraciones de triunfo en las elecciones próximas. Veámonos también en el espejo hondureño y en la directa intervención estadounidense en su reciente proceso electoral, el cual no termina de aclararse.

Todo esto se da en un momento internacional muy complejo. Haciendo nuestras las palabras de los líderes estudiantiles argentinos que sacaron adelante la gloriosa Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, nos atrevemos a parafrasearlos: “Vivimos hoy una hora americana”.

Al comenzar a cerrarse la etapa de la mundialización, originada en la pasada década del ochenta, con la implosión del proyecto revolucionario de la antigua URSS, pareciera que se está fomentando un retorno, por parte de Estados Unidos, a la vieja Doctrina Monroe. La descarada intervención del presidente Donald Trump en el reciente proceso electoral en nuestra vecina Honduras, las amenazas de invasión militar en Venezuela y las confrontaciones con el gobierno colombiano de Gustavo Petro, son algunos de los ejemplos que nos hacen ver cómo los reflectores del poder imperial estadounidense vuelven a dirigirse, agresivamente, hacia nuestros países latinoamericanos.

Y Costa Rica no está exenta de semejantes amenazas. El interés del gobierno norteamericano de olfatear los movimientos legislativos que giran en torno a la posibilidad de quitarle la inmunidad al presidente Chaves, para que dé cuenta de su reiterada beligerancia política en el actual contexto electoral, no debe pasar desapercibido, todo lo contrario.

Hacemos un llamado a la conciencia ciudadana para estar atentos y atentas ante los eventos de la actual coyuntura nacional. ¡Qué no nos encuentren desprevenidos! La paz social es lo primero.

¿Dictadura?…. ¿de 70 años?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay momentos en que uno escucha ciertas frases y piensa: ¿En serio llegamos a esto? Sí, mucha gente está cansada, indignada, harta de que algunos políticos se hayan burlado de la confianza pública. Y tienen razón en estar molestos. Pero, ojo: ese resentimiento legítimo lo están usando como leña para incendiar lo único que todavía nos sostiene como país -nuestra democracia-.

Y eso ya no es ingenuidad: es traición a los grandes costarricenses que forjaron esta democracia centenaria costarricense.

Rodrigo Chaves vio la grieta y metió la ‘pata e’ chancho’. Con ambición y oportunismo, decidió venderle al pueblo cansado la mentira más descarada de todas: que Costa Rica ha vivido “en una dictadura de 70 años”. ¡Setenta! Lo dice sin parpadear, como si insultar la historia patria fuera un acto de valentía y no una maniobra barata para engañar a quienes no la conocen ni la estudiaron.

Hace años, aquí en Costa Rica, Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, soltó una frase que aún retumba:

“Donde haya un costarricense, esté donde esté, hay libertad.”

No lo dijo por quedar bien; lo dijo porque lo vio. Lo vivió. Lo reconoció.

Y ahora viene Chaves a decir que eso fue una farsa y que él es el gran libertador.

¡Por favor!

Si usted anda repitiendo como chachalaca que «vivimos en dictadura» y que el «mesías de Monterán» lo «despertó», no se me ofenda. De verdad no es personal. Pero sí le voy a decir algo con franqueza: lo agarraron pollo. Ese cuento no nació en Costa Rica; salió calcado de los manuales de populismo autoritario que están carcomiendo democracias en todo el mundo.

Y Chaves, sin ningún pudor, lo está usando como trampolín.

Ahora bien, antes de seguir repitiendo el estribillo, respóndase esto con honestidad:

¿Dónde están los presos políticos?

¿Cuántos desaparecidos deja esta “dictadura”?

¿Cuántos exiliados perseguimos?

¡Despiértese!

Porque cuando usted dice que Costa Rica es una dictadura, no solo insulta la inteligencia nacional; también ultraja la memoria mártires y caudillos latinoamericanos de esos que sí enfrentaron tiranos de carne y hueso. Gente que murió o fue encarcelada por defender su dignidad.

Gente como Augusto César Sandino, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Omar Torrijos, Salvador Allende, Pepe Mujica, y tantos otros que pagaron con su vida, su sangre o sus años de cárcel.

A esa gente sí le dispararon.

A esa gente sí la persiguieron.

A esa gente sí la quisieron callar.

Eso es dictadura.

Lo nuestro es otra cosa: es una democracia cansada, golpeada, imperfecta… pero democracia al fin. Y cuando permitimos que un gobernante la llame “dictadura” solo porque no puede controlarla a su antojo, lo que hacemos es entregarle el arma para que la dispare contra ella misma.

La democracia no se muere de vieja.

Se muere de desidia.

Se muere cuando empezamos a creer sus mentiras.

Se muere cuando dejamos que los oportunistas llamen “dictadura” a lo que les estorba.

Y ahí sí, cuando despertemos, ya será tarde

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Escrito en . Publicado en Derechos, Portada.

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.

Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.

Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.

Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.

Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.

Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.

Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

“Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

Óscar Aguilar Bulgarelli: “La Constitución del 49 y el Tribunal Supremo de Elecciones son pilares de nuestra democracia”

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli recordó este 7 de noviembre, fecha en que Costa Rica conmemora dos hechos históricos fundamentales: la defensa del derecho al voto en 1889 y la promulgación de la Constitución Política de 1949, que desde entonces ha garantizado la estabilidad democrática y la paz del país.

Aguilar señaló que el 7 de noviembre de 1889 marcó la primera gran defensa popular del sufragio:

“El pueblo se levantó en armas y rodeó la ciudad de San José para defender algo muy importante: el derecho a la elección libre de un presidente. La imposición que quiso hacer Bernardo Soto no prosperó, porque comprendió que la sangre de los costarricenses valía más que el poder”.

El analista recordó también que el 7 de noviembre de 1949, hace 77 años, fue aprobada la Constitución Política que dio origen al marco institucional actual:

“Todo el marco que nos ha permitido vivir en paz y tranquilidad durante 77 años se aprobó hoy, exactamente un día como este. Esa Constitución creó el Tribunal Supremo de Elecciones, institución que nos permite ir a elecciones libres, le guste o no al presidente de la República”.

Defensa del TSE y respeto a la legalidad

Aguilar enfatizó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha sido una de las instituciones que mejor ha garantizado la democracia costarricense, aunque reconoció que puede haber cometido errores en el pasado.
Sin embargo, advirtió que estos no justifican los intentos de deslegitimar o atacar al órgano electoral.

“La intervención contra este Tribunal el pasado miércoles fue inaudita, por sus términos y su forma. El presidente dice que no ha hecho beligerancia política, pero por supuesto que sí la ha hecho. Lo que ha habido es un irrespeto a la ley de su parte, y eso debe quedar muy claro”.

El historiador recordó que fue el propio TSE quien garantizó la validez de los votos que permitieron la elección del actual mandatario:

“Ese Tribunal envió en las elecciones pasadas a sus delegados a todas las mesas del país para cuidar el voto que lo hizo presidente. Usted se llenó la boca celebrando aquella elección, pero ahora, porque le piden respetar las normas del juego electoral, reacciona con improperios”.

Llamado al respeto institucional y la paz

Aguilar concluyó su exposición con un llamado al respeto de la institucionalidad y de las normas democráticas:

“No es amenazando al pueblo como vamos a tener elecciones libres y democráticas, sino respetando la Constitución. Los costarricenses queremos vivir en paz y superar este proceso para volver a tener una persona en la presidencia que se gane merecidamente el honor de ser llamada presidenta o presidente de la República”.