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Suspensión de garantías constitucionales

Escrito en 27/10/2025. Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Serían cerca de las 9 de la noche cuando el silencio en la calle fue roto por el estruendo de los motores de diésel de camiones que se escuchaba desde el tercer piso en que estaba nuestro departamento, que se estacionaban en plena calle frente al edificio en que residíamos. Cual si fuesen a entrar en combate decenas de soldados bajaron de ellos con arma en mano, e inmediatamente “asaltaron” el pequeño edificio de apartamentos, ubicado en la calle Pérez Valenzuela en Providencia, Santiago.

Por referencia de otros casos, esperábamos angustiados los golpes en nuestra puerta, como también nos había sucedido en la calle Mac Iver, en Santiago centro, pocos días después del sangriento golpe de Estado al presidente Salvador Allende, en 1973. Esta vez el “objetivo” no era este tico, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. No. La misión era otra. Los milicos no subieron las escaleras esa noche, se quedaron en el primer piso. Minutos después, salieron del edificio llevándose detenidos a más o menos una decena de personas, que logramos ver mientras eran iluminados por luces rojas intermitentes, que se reflejaban en sus caras, mientras eran subidos violentamente a los camiones verde olivo. Así como llegaron, después de unas cuantas órdenes del “comandante”, partieron rápidamente, y el resto fue silencio.

A la mañana siguiente, aunque saludamos a algunos vecinos, nadie se refería a lo sucedido. Los intercambios matutinos siempre cordiales, eran cortantes y las miradas esquivas. Una sensación de temor dominaba el ambiente, y, por lo tanto, comprendimos que no era prudente preguntar ni la hora.

Y es que la dictadura de Pinochet mantenía suspendidas las garantías individuales, antes consagradas en la Constitución Política que regía hasta el día de la acción militar contra el gobierno democrático. Estaban derogados derechos que tenemos los costarricenses, como la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad, de reunión pacífica, de libre opinión, de comunicación sin previa censura, de hábeas corpus, de amparo, y, como en todo régimen dictatorial, de la inviolabilidad de la vida humana.

Bajo un “toque de queda” la libertad simplemente no existe; solo la voz del dictador tiene valor, y Dios guarde al que se atreva a cuestionarlo siquiera, pues al Poder Judicial hasta se le saca de sus sedes; la fuerza bruta omnipotente, sustituye a las normas civilizadas que sustentan el Estado.

Lo sucedido esa noche allá en Providencia era consecuencia de esa situación. Resulta que, después de celebrarse una boda, a algunos de los familiares e invitados los sorprendió la hora en que iniciaba el toque de queda, durante el cual no se podía caminar por las calles de ciudades y otras comunidades, por lo que no les quedó más que quedarse reunidos en casa de la novia esa noche, irrespetando la prohibición a reunirse pacíficamente, y abriendo así la posibilidad de que el domicilio fuese violado sin orden judicial alguna, para llevarse detenidos a los que estaban violentando la injusta orden militar, sin saber cuál iría a ser su destino.

Algunos, quizá con razón, nos dirán que eso fue cosa menor, que no ameritaba este comentario (aunque nunca supimos qué había sucedido con los trasladados a celdas de la dictadura), pero fue nuestra experiencia personal. Por supuesto que conocíamos de los crímenes que se ejecutaban durante esas largas noches, y veíamos en las entradas de algunos edificios, cadáveres cubiertos por páginas de El Mercurio usadas como sábanas, o en las aguas poco profundas del río Mapocho. Los muertos ya eran solo estadísticas (como dolorosamente nos está sucediendo en Costa Rica) y se trataba, según Pinochet, de “delincuentes comunes que se matan entre ellos”.

Lo narramos porque no podemos pasar por alto a la que irreflexivamente dice que como presidenta “suspendería las garantías individuales”, aunque no creemos que ella tenga a Pinochet como espejo, sí es obvio que tiene a los dictadores Ortega y Bukele, como amigos que comparte con el presidente Chaves, ambos “expertos” en la aplicación de medidas semejantes, con cualquier pretexto.

Como es usual, en dicha candidata “de la continuidad”, Fernández no profundiza en sus planteamientos propagandísticos, por lo cual le preguntamos públicamente lo siguiente. ¿Si Costa Rica no tiene ejército, con qué soldados ejecutaría las acciones de fuerza militar que necesariamente se requieren para hacer efectivo un toque de queda? No vaya a ser que también esté pensando en otra cosa…

Sin duda alguna, lo más grandioso que tenemos los costarricenses es la prohibición para conformar un ejército, como los que conocemos en la gran mayoría de las naciones del planeta. Al haberse abolido constitucionalmente, nuestro pueblo optó por la paz, por un Estado respetuoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU. Derechos reflejados en las garantías individuales que son resguardadas celosamente, por los poderes Judicial y Legislativo, quienes, junto al Poder Ejecutivo, no solo se respetan entre ellos, sino que también se reconocen como poderes independientes, como garantía de nuestra democracia. Y es que si alguna vez, nuestra Asamblea Legislativa hubo de suspender algunas de dichas garantías, a solicitud de don Pepe Figueres, por un periodo corto de tiempo, lo hizo porque el país enfrentaba una invasión militar promovida por un dictador nicaragüense. Sin duda la emergencia lo justificaba, y lo bueno es que surtió efecto en la defensa de nuestra soberanía.

Pero, por otro lado, no se debe justificar una propuesta semejante, ante la incompetencia evidenciada por nuestras autoridades de policía, frente a la ola de criminalidad muy vinculada al narcotráfico escandaloso que afecta a Costa Rica, gracias a las puertas abiertas que nuestro gobierno ofrece a los traficantes.

“Si usted creyó que era incómodo en la pandemia no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de las garantías individuales. Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle salir de su casa sin tener orden judicial. Esto es lo que significa la suspensión de garantías individuales”, respondió el también candidato Álvaro Ramos ante preguntas de periodistas, lo que obviamente nos tranquiliza, pues evidencia que él sí está consciente de las consecuencias que tendría una ocurrencia semejante, aparte de que su mensaje es respetuosamente escuchado.

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Escrito en 09/10/2025. Publicado en Elecciones.

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hay golpe de Estado, hay defensa de la ley y de la democracia”

Escrito en 08/10/2025. Publicado en Análisis.

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.

Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.

“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.

Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.

El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.

Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.

El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.

Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.

Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.

“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma

Escrito en 06/10/2025. Publicado en Análisis.

Pedro Alberto Soto Sánchez

Rodrigo Chaves no es la causa, sino el síntoma de un mal profundo: un sector del país que confunde el matonismo con valentía y la franqueza con el insulto y la descalificación. Su discurso se nutre de antivalores arraigados en nuestra cultura: la desconfianza hacia el otro, el choteo y la burla como mecanismos de deslegitimación, las medias verdades, las mentiras completas, la envidia y la sospecha permanente.

Sobre esa base, el presidente construye una narrativa tan simplista como peligrosa: que un grupo corrupto, encabezado por el PLN, engañó y estafó a los costarricenses durante más de siete décadas.

Según ese relato, el pueblo costarricense habría sido básico, ingenuo y manipulable hasta que él, el tecnócrata del Banco Mundial —con un historial de acoso—, llegó para revelar la “verdad oculta” y redimir a la nación.

Esa caricatura histórica no se sostiene. Sí, la corrupción ha estado presente en la administración pública, como en cualquier sistema político, pero la historia de Costa Rica es mucho más compleja. Gracias a la contribución de socialdemócratas, socialcristianos, la Iglesia católica, la izquierda y los movimientos sociales progresistas el país edificó un sistema institucional sólido que, durante décadas, fue referente en América Latina.

Cierto es que el modelo tuvo defectos y un “pecado original”: anuló la participación crítica de amplios sectores sociales, consolidó el clientelismo y persiguió —primero con cárcel, muerte, exilio e ilegalización, y luego con la deslegitimación ideológica y cultural— a la izquierda y a los movimientos progresistas. Pero reducir toda esa historia a un largo engaño es una estrategia perversa: permite deslegitimar los avances alcanzados para justificar su desmantelamiento.

El presidente del “cambio” no vino a rescatar al país; vino a continuar la tarea que iniciaron los herederos de los reformadores sociales del siglo XX, quienes durante sus gobiernos (Figueres Olsen y Calderón Fournier) debilitaron los pilares del Estado social y promovieron privatizaciones que beneficiaron a intereses particulares sobre el bien común. Oscar Arias también prefirió la ruta de favorecer intereses de los grupos privilegiados.

La política debería ser el arte de construir consensos y alianzas para mejorar la vida de las personas, en especial de quienes más lo necesitan. Chaves, en cambio, la ha convertido en un espectáculo diario, un escenario para sembrar prejuicios, propagar rumores y alimentar la confrontación.

Costa Rica se sigue gobernando para quienes no dependen del Estado porque ya controlan el sistema financiero, reciben atención preferencial de las instituciones, tienen seguros privados, universidades propias y monopolios de importación. Son los mismos sectores que antes financiaban a los partidos tradicionales y que ahora se cobijan bajo la bandera del supuesto “pueblo soberano”.

El pueblo costarricense merece más. Trabajadores y empresarios merecen más: justicia, inclusión, educación, salud, seguridad, respeto y bienestar. La política no debe ser una guerra, sino un acuerdo social: un nuevo pacto de concordia que permita ampliar derechos y generar mayores oportunidades para la mayoría.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “Las pequeñas emisoras son bastiones de la democracia costarricense”

Escrito en 06/10/2025. Publicado en Derechos.

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al debate público generado en torno al manejo de las frecuencias de radio y televisión en Costa Rica, tras la decisión del Gobierno de abrir una licitación en medio del proceso electoral. Aguilar cuestionó tanto el momento político de esa decisión como los juicios generalizados hacia quienes poseen concesiones radiofónicas y televisivas, en particular hacia las emisoras pequeñas, regionales y comunitarias, que —dijo— han sostenido históricamente la libertad de expresión en el país.

Aguilar recordó que conoce de cerca la historia de la radiodifusión nacional. Señaló que su padre fue uno de los fundadores de la radio costarricense en 1947, que él mismo administró una pequeña empresa radial durante varios años en la década de 1980 y que fue fundador del SINART radio y televisión. “Por lo tanto, no hablo desde la improvisación; he vivido la radiodifusión desde dentro”, afirmó.

El historiador explicó que el derecho a utilizar una frecuencia es una concesión de un bien público y, como tal, debe pagarse de forma justa y proporcional. Comparó esta situación con las licencias o patentes que paga cualquier pequeño negocio en el país: “Así como una pulpería paga sus impuestos y una patente para operar, los medios deben pagar por el uso de la frecuencia”.

Sin embargo, Aguilar subrayó que debe existir proporcionalidad. “No es lo mismo una gran cadena con presencia internacional que una emisora pequeña que apenas logra cubrir sus gastos”, dijo. Recordó que la legislación sobre radiodifusión tiene más de setenta años de antigüedad y que, a lo largo del tiempo, se ha modificado para favorecer a grandes consorcios mediáticos, mientras las emisoras pequeñas han quedado rezagadas y sin protección adecuada.

“Hay grandes empresas que han hecho fortunas con la pauta publicitaria y que pagan muy poco por sus frecuencias. Eso es injusto y debe corregirse”, expresó. Pero advirtió que sería igualmente injusto imponer los mismos cobros a las emisoras locales o comunitarias, muchas de las cuales sobreviven con presupuestos mínimos y sostienen su programación gracias al esfuerzo voluntario o al trabajo de sus comunidades.

Aguilar recordó que esas pequeñas estaciones “han sido bastiones en el sustento de la democracia costarricense”, pues han permitido la difusión libre de ideas y opiniones, incluso cuando los grandes medios concentran poder económico y mediático. “Mientras los grandes medios han sido manipuladores de la opinión pública, las pequeñas emisoras han luchado por décadas por la libertad de información y de pensamiento. Solo por eso hay que protegerlas”, señaló.

Advirtió que eliminar o debilitar a esas radios locales, por desconocimiento o conveniencia política, pondría en riesgo el pluralismo informativo y la salud democrática del país. “Siempre a los poderes concentrados, a quienes sueñan con establecer dictaduras políticas, les interesa manejar los medios. Y una forma de hacerlo es provocar que los medios libres desaparezcan, para luego controlar a los pocos que queden”, afirmó.

El analista concluyó su exposición reiterando que no defiende a los grandes grupos mediáticos, sino a las radios y televisoras pequeñas que han mantenido viva la comunicación libre y el pensamiento independiente. “Solo por eso hay que protegerlas. No pueden desaparecer, porque son parte del corazón democrático de Costa Rica”, afirmó.

Óscar Aguilar Bulgarelli analiza coyuntura nacional y desafíos históricos de Costa Rica

Escrito en 03/10/2025. Publicado en Coyuntura.

En una reciente exposición en video, el historiador y analista doctor Óscar Aguilar Bulgarelli compartió sus reflexiones sobre la situación actual del país, haciendo un recorrido histórico y señalando los principales desafíos que enfrenta la sociedad costarricense.

Aguilar inició destacando la importancia de la memoria histórica para comprender los procesos sociales y políticos que han marcado a Costa Rica en las últimas décadas. Subrayó que la democracia costarricense, si bien ha sido reconocida como estable, atraviesa un periodo de desgaste y descontento ciudadano.

En su análisis, se refirió a la crisis de confianza hacia los partidos políticos, la pérdida de credibilidad de las instituciones y la creciente brecha social y económica. Aseguró que estos elementos constituyen factores de riesgo para la cohesión social y para la vigencia del modelo democrático costarricense.

El historiador recordó que Costa Rica ha enfrentado en el pasado situaciones críticas —como los conflictos sociales de los años 80 y la polarización frente a proyectos económicos como el TLC— y que de esas experiencias se deben extraer lecciones para el presente. Hizo un llamado a no repetir errores, especialmente aquellos que profundizan la desigualdad o debilitan la institucionalidad.

Otro de los ejes de su exposición fue el impacto del modelo económico. Aguilar cuestionó la excesiva dependencia del país hacia las exportaciones de zona franca y la concentración de la riqueza en pocos sectores. Planteó la necesidad de rescatar y fortalecer la producción nacional, en especial la agrícola, como base de la seguridad alimentaria y del bienestar social.

Finalmente, Aguilar advirtió sobre los riesgos de la polarización y el populismo, instando a la ciudadanía a ejercer un voto informado y crítico en los procesos electorales. Subrayó que el futuro democrático depende de la capacidad de construir consensos y de orientar la política hacia el bien común.

Le invitamos a ver el video.

En el mes de la Patria: Mitos y Realidades de la Democracia Costarricense

Escrito en 06/09/2025. Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez*

Los principales mitos de la identidad nacional costarricense han girado en torno a que somos una sociedad igualitaria, forjada desde la Colonia (siglos XVI-XVIII) por pequeños propietarios sumidos en el aislamiento, una agricultura/ganadería de sobrevivencia y una pobreza generalizada; además, se ha instalado en el imaginario colectivo que somos una comunidad homogénea, mayoritariamente blanca y cristiana católica. A lo anterior hay que agregar el mito de que somos por naturaleza pacíficos, amantes del diálogo y el acuerdo, antes que del conflicto o la guerra. Finalmente, siempre se ha sostenido que los costarricenses creemos en el Estado de Derecho, la educación pública que nos hace una patria con más maestros que soldados, y que la justicia social es pilar fundamental de nuestra democracia.[1]

Esta reflexión pretende distinguir mitos de realidades; hacer un análisis crítico de cuánta verdad hay en esa imagen idealizada y romantizada de lo que se llegó a bautizar como la “Suiza Centroamericana”. Para lograr este propósito nos valdremos de algunos datos y hechos históricos que deslinden certezas de suposiciones, y así pintar un cuadro lo más objetivo posible.

Tendremos como brújula la idea cardinal de que la Democracia es una Cultura, entendiendo que se define y construye no sólo en las epopeyas históricas, los grandes liderazgos o los programas reformadores o revolucionarios, sino en la participación vigilante y cotidiana de la gente que decide luchar por sus derechos, conservarlos y ampliarlos. La democracia es la dinámica social que avanza en la conquista de derechos, en busca de un horizonte nunca alcanzado por completo. Si la democracia no avanza, se estanca y retrocede; si no fortalece sus instituciones y garantiza su eficacia, se vuelve una parodia de ritos y formalidades vacías. La Democracia no es la dictadura de las mayorías, su esencia pasa por el respeto irrestricto y la integración de las minorías. Ideas como “dictadura en democracia” o “en este país hay exceso de democracia”, o bien, “yo encarno la voluntad del pueblo y por eso soy demócrata”, son sólo variaciones de un peligroso autoritarismo que nada tiene que ver con el auténtico espíritu democrático. En fin, la democracia es un producto cultural que se vive y construye día a día, o se deteriora y languidece sin remedio, bien hacia la anarquía, o peor aún, hacia la demagogia y la tiranía.

Luces y sombras del pacifismo costarricense

En el largo devenir de la democracia patria, hay que decir, en primer lugar, que el proceso de la Conquista y Colonización de la parte sur del istmo centroamericano fue tardío e incompleto. Pero además, como toda conquista imperial, fue un período violento, cruento y costoso, ante todo en el aspecto humano. Según estimaciones científicas, hacia 1550 la población aborigen en lo que hoy es Costa Rica, ascendía a unas 400 mil personas, organizadas y dispersas por todo el territorio en consolidados cacicazgos. Tan sólo un siglo después, alrededor de 1650, quedaban apenas unos 10 mil nativos americanos, victimas sobre todo de las enfermedades traídas por los europeos, pero también por el sometimiento a regímenes de esclavitud, servidumbre, o bien por su huida voluntaria hacia las regiones montañosas más remotas, como Talamanca. Hubo que esperar hasta la década de 1920 para que este país volviera a tener aquellos 400 mil habitantes.[2]

La historia nacional, a pesar de largos períodos de estabilidad política y paz interna, conoció sin embargo varias revueltas y enfrentamientos armados fratricidas: el enfrentamiento entre San José-Alajuela contra Cartago por la capitalidad (Guerra de Ochomogo, 1823); la Guerra de la Liga (1835) con la cual se consolida esa capitalidad en San José; la invasión de Morazán para promover la unidad de Centroamérica (1842);[3] la revuelta popular que derrocó la dictadura de los Tinoco (1919); el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno de Teodoro Picado (1948). También la pacífica Costa Rica conoció enfrentamientos bélicos en defensa de su soberanía e integridad territorial, como la Campaña Nacional contra la invasión filibustera desde Norteamérica, liderada por William Walker (1856-1857); la llamada Guerra de Sixaola, que perdimos, por disputas fronterizas con Panamá (1921); así como nuestro activo involucramiento en la Revolución Sandinista contra la tiranía de los Somoza en Nicaragua (1979-1982).[4]

Pero es igualmente cierto que la mayor parte del tiempo vivido por esta pequeña nación, a partir de su independencia, ha estado marcada por períodos prolongados de paz y con una buena dosis de convivencia democrática. Ya en 1823, pese a controlar el poder con apoyo militar, Gregorio José Ramírez lo entregó a una Junta Civil para evitar el agravamiento de las tensiones políticas de entonces.[5] Sobresalen en este sentido también los hechos acontecidos en 1889 –para algunos el “Acta de Nacimiento” de la democracia costarricense- en la que el oficialismo liberal (Presidente Bernardo Soto) prefirió entregar el poder a la oposición conservadora (José Joaquín Rodríguez), antes que provocar un enfrentamiento armado entre los bandos. Son dignos de mencionarse asimismo eventos similares cuando el candidato Arturo Echandi cedió sus pretensiones presidenciales ante una coalición de republicanos y reformistas (1924), con el mismo propósito de evitar enfrentamientos entre conciudadanos. Lo propio puede decirse de la derrota electoral -que se termina aceptando-, por parte de las fuerzas políticas recién alzadas en armas para la conformación de la Asamblea Constituyente de 1949, que echó por tierra el proyecto social-demócrata de nueva Constitución, acontecimientos históricos que terminaron consumando la entrega del poder a Otilio Ulate, vencedor en los comicios previos a la Revolución de 1948. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el liderazgo del Gobierno de Costa Rica, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en la superación de la peor crisis bélica del Siglo XX en Centro América, con la promoción de los Acuerdos de Paz, Esquipulas I y II (1986-1987) que pusieron fin a uno de los capítulos más sangrientos del continente y que le valió a Arias Sánchez el Premio Novel de la Paz.[6]

Igualitarismo social

Es cierto que esta fue una región remota del Imperio Español; un lugar tan alejado de Guatemala y México como de Colombia o el Perú. Es cierto también que no hubo ni grandes yacimientos de minerales, ni tampoco la disposición de numerosa mano de obra para esclavizar o reducir a servidumbre. Como consecuencia, es verdad que hubo durante el periodo colonial aislamiento, ausencia de latifundio y relativa pobreza generalizada.[7]

Lo que no es del todo veraz es que, por aquél entonces, Costa Rica fuera una sociedad por completo igualitaria. Una importante diferenciación de clases se perfiló ya desde el siglo XVI. Hubo colonos españoles y sus descendientes con propiedades más extensas que otros; hubo familias que lograron acceder a mayor riqueza, según la explotación agrícola y ganadera que prosperaban antes de la independencia (1821). Y por cierto, hubo explotación esclavista de afro-caribeños y siervos aborígenes, obligados al servicio de las élites económicas emergentes. Hubo también una clara discriminación de estos mismos sectores, auténticos guetos en los márgenes de los principales centros urbanos. Incluso se promovió la prohibición del ingreso de personas de raza negra y china al Valle Central, políticas que fueron cesadas hasta 1948. Así que el idílico igualitarismo, en realidad fue muy relativo desde nuestros remotos orígenes.[8]

Homogeneidad étnica

Si bien es correcto afirmar, entonces, que la sociedad colonial fue bastante homogénea, la segregación de afro-descendientes y aborígenes fue cediendo a un mestizaje que para finales del siglo XVIII y principios del XIX era más que evidente. La nuestra es una comunidad compuesta, en la actualidad, por personas que tienen, cual más cual menos, abuelos europeos, otros indígenas y también ancestros africanos. Ese mestizaje, para fortuna nuestra, se sigue ampliando y profundizando con la llegada de asiáticos, europeos no españoles y americanos de todas las latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días.

Como hito de la cuestión racial, desde el punto de vista constitucional, la esclavitud como institución fue abolida en el marco de las primeras constituciones de la Federación Centroamericana (1822-1824), a las que Costa Rica se adhirió.[9] En la actualidad, rige la Ley 10120 de 2 de febrero de 2022 en la que, reconociendo la discriminación y racismo que históricamente han sufrido los afro-descendientes, se imponen acciones alternativas para su integración social a todo nivel.

Opción por el Estado Constitucional de Derecho

En la conformación de Costa Rica como Estado de Derecho hubo tres acontecimientos mundiales que la influyeron de manera definitiva: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, sus primeras constituciones (1781 y 1789) y su Declaración de Derechos Civiles (1791); la Revolución Francesa y su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789); y la Constitución de Cádiz, España (1812).[10] Consta como dato histórico real que, sobrevenida la Independencia, se impuso una clara voluntad por hacer de Costa Rica un Estado de corte republicano, regido por el principio de legalidad. Esta tendencia se inició a partir del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia, 1821), seguido de una serie de Cartas Fundamentales y Constituciones Políticas que definieron el marco jurídico, la división de poderes, la organización político-administrativa básica del territorio nacional y el reconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos. Por otra parte, es cierto que hubo golpes de Estado y gobiernos de facto como los de Braulio Carrillo Colima (1838-1842), Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882), Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer (1948-1949). Sin embargo, curiosamente, con la excepción de Tinoco, se trató de gobiernos en muchos aspectos progresistas. Carrillo se convirtió en el legislador-fundador del Estado costarricense por medio de la promulgación del Código General (1841) y otras leyes estratégicas como la Ley de Vagancia que procuraba maximizar la mano de obra en la naciente producción e industria del café y el trazado de carreteras. El General Guardia abrió las puertas a la Era Liberal con importantes reformas en orden a la secularización del Estado, la construcción del Ferrocarril al Atlántico, la educación pública y la abolición de la pena de muerte.[11] De igual manera, el período liderado por Figueres Ferrer no sólo respetó las garantías sociales y los derechos laborales de la etapa que lo precedió, sino que sentó las bases de la expansión para la educativas primaria y secundaria, impulsó la construcción de carreteras e infraestructura y revolucionó la producción de energía y telecomunicaciones Todo lo anterior marcó la Era del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar que llega hasta finales del siglo XX. Tres hitos más, de gran relieve y que no pueden dejar de mencionare en este recuento del compromiso histórico de la sociedad costarricense con el Derecho fueron, en primer lugar, la apertura de tribunales civiles por todo el país a partir de 1821, que desplazaron la influencia de la Iglesia en la resolución de conflictos de familia, incluida la violencia doméstica[12]; en segundo lugar, la promulgación y vigencia del Código Civil de 1888, de impronta liberal, que trajo entre muchos otros avances, la temprana legalización del divorcio. El otro hecho de gran trascendencia fue la creación de una Sala especializada en Derecho Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia, para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas (1989).

Aunque hubo que esperar décadas para que otras minorías accedieran a sus derechos fundamentales, la tutela de las poblaciones aborígenes conoció la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. En el plano nacional, destacan la Ley Indígena (1977) que garantiza derechos indígenas y tribales, protege sus tierras, culturas y organización social. Está también la Ley de Biodiversidad (1998) que reconoce los “Derechos Comunitarios Intelectuales” y la Ley de Nacionalidad Costarricense (2019) que otorga el derecho a la nacionalidad costarricense a personas aborígenes transfronterizas. Por su parte, los derechos de personas sexualmente diversas, aunque muy lentamente, han ido avanzando. En el año 1971 se despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y, mediante fallo de la Sala Constitucional de 2020, se autorizó el matrimonio entre homosexuales. A estos logros normativos, se han unido en los últimos años diversas políticas públicas en favor de la población LGTBI y contra su discriminación.

El sufragio como derecho político fundamental

Un tema que ilustra muy bien el principio de igualdad política y su relatividad en el tiempo, está dado por la evolución de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos electorales. La naciente Costa Rica, con la llegada de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, comenzó a cultivar su democracia política en el seno de los cabildos (gobiernos locales) de aquella época.[13] La participación en ellos, sin embargo, estuvo limitada sólo para los varones adultos, propietarios con un determinado monto patrimonial y, circunstancialmente, también “ilustrados”, es decir, que supieran leer y escribir. Los sistemas electorales conocieron otra restricción por el sistema indirecto de los comicios: una primera ronda para escoger un número determinado de electores, y una segunda vuelta para que este pequeño grupo nombrara Jefe de Estado, en un principio, o bien Presidente de la República y diputados del Legislativo posteriormente. No fue sino hasta 1913 que se “universalizó” el voto directo siempre para varones adultos sin otros requisitos; y no fue sino hasta 1925 que se impuso el voto secreto, con lo cual se superó, en parte, las manipulaciones de los sectores dominantes sobre la población electoral, de manera especial, la vigilancia que terratenientes y capataces podían ejercer sobre los campesinos a su servicio. A todo lo anterior hay que agregar que el sistema de sufragio estuvo controlado, hasta mediados del siglo XX, por el mismo Poder Ejecutivo. Esto hizo que los Juntas electorales y los primigenios Consejos o Tribunales electorales, estuvieran designados por el Presidente de la República, algunos de sus ministros y sus agentes políticos regionales. No fueron pocas las veces que este sistema fue cuestionado, pues el oficialismo de turno, tuvo mucho poder para controlar las sucesiones en puestos de relevancia en los procesos electorales. Huelga decir que no fue sino hasta en la Constitución de 1949 que se conformó un Tribunal Supremo de Elecciones con garantías de independencia y neutralidad suficientes, con las competencias debidas y con un Registro Civil adjunto encargado de llevar el control de las personas con derecho a la ciudadanía y conformar así un padrón electoral confiable. En esta misma Constitución se reconocieron, por fin, los derechos políticos de las mujeres, que pudieron votar y ser electas a partir de ese momento. La democratización del derecho electoral se terminó de ampliar por último, en 1971, con la reforma constitucional que rebajó la condición de adulto con plenos derechos políticos de los 21 a los 18 años de edad.[14]

El acceso a la educación: columna vertebral de la Democracia

Más allá de las idealizaciones románticas acerca del compromiso costarricense con la educación, es un hecho real que ya desde la Colonia hubo preocupación por el tema de alfabetizar a los pobladores de estas remotas tierras y darles acceso a la lectura y escritura. Sin duda, a partir de la independencia resulta significativo que tanto el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, como el primer Presidente de la República, José María Castro Madriz, fueran ambos maestros de profesión. Mora Fernández, además, trajo al país la primera imprenta, con lo cual se inaugura en Costa Rica el afán por informar, difundir ideas y respetar la libre expresión.[15] Pero también es cierto que todos los esfuerzos hechos en educación durante el siglo XIX y principios del XX llegaron a porcentajes muy reducidos de la población. Para 1913, el maestro Omar Dengo denunciaba que sólo un 8% de los niños y niñas concluía la educación primaria. La escasez de mano de obra obligaba a la infancia del campo a ayudar en tareas agrarias y domésticas desde muy tempranas edades. Se ha calculado también que todavía para la década de 1930, el presupuesto nacional destinaba más en seguridad pública (cohersión) que en educación.[16]

En 1814 se fundó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con aspiraciones de instruir en estudios superiores. En la época de gestación de la República se fundaron muchas escuelas primarias y ya en 1869 se decreta la educación primaria como un derecho obligatorio, gratuito y costeado por el Estado y tanto para niños como para niñas. Los liberales avanzaron con una reforma profunda estableciendo colegios de segunda enseñanza de gran calidad en los principales centros urbanos del país e incluyendo centros educativos para hombres y mujeres (décadas de 1880 y 1890). Se trajeron profesores europeos y se becó a jóvenes talentosos para ir a prepararse a Chile. De ahí surgieron figuras intelectuales de enorme importancia para la evolución de la educación en Costa Rica como Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José Fidel Tristán, Isabel Carbajal (Carmen Lyra). Después de un sostenido esfuerzo nacional y de casi todos los gobiernos, se funda la Universidad de Costa Rica (1940) y a partir de la década de los años 70 inicia un proceso de fortalecimiento de la educación secundaria y universitaria en el país surgiendo la Universidad Nacional con sede en Heredia (UNA-1973), el Instituto Tecnológico en Cartago (TEC-1971), la Universidad Estatal a Distancia (UNED-1977), la Universidad Técnica Nacional radicada en Alajuela (UTN-2008) y un centro especializado en la formación de oficios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA-1965). La década de 1970 exhibió la inversión en educación más alta en la historia nacional, alrededor de un 30% del presupuesto anual. Ese monto ha ido bajando con los años y en estos momentos se lucha por hacer realidad el 8% que exige la Constitución Política.[17] La norma constitucional vigente, artículo 76, decreta la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y la diversificada.

En esa misma década de 1970 empiezan a brotar centros educativos privados a todo nivel, también universitarios. La calidad de estos últimos ha sido muy variada y la producción de profesionales se ha vuelto abundante, pero sin control de su calidad. Este fenómeno ha sido parte de las políticas de liberalización y privatización de servicios básicos, en el marco de la transición de Costa Rica del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado.

Luchas populares: garantías sociales y derechos laborales

Los primeros movimientos de organización de trabajadores y huelgas asociadas a la reivindicación de sus derechos y condiciones laborales pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 1874 se funda la primera sociedad de artesanos de Costa Rica y en ese mismo año estallan disturbios de trabajadores chinos en los campamentos de construcción del Ferrocarril al Atlántico. El conflicto termina en enfrentamiento con tropas estatales y mueren cinco trabajadores. De nuevo en el proceso de construcción de esta vía férrea, se desata la “Huelga de los Tútiles” (1888), en la que operarios italianos paralizaron la obra en protesta por bajos salarios, pésimas condiciones laborales e incumplimientos contractuales.

Sobrevino de esta manera un importante período en el que siguen conformándose organizaciones y sindicatos, asociados a periódicos que les sirven de medios de comunicación masivos. Así fue como estalló la huelga de panaderos en 1901 y diez años después se produjo una rebelión de obreros en la minas de Abangares, dándose como resultado la muerte de varios capataces a manos de los mineros. Para 1912 se promulga la primera legislación obrera, la Ley de Salarios y se funda la Confederación de Obreros. Un año más tarde surge la Confederación General de Trabajadores (CGT), se inicia la tradición de conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo y surge el grupo Germinal, alianza de intelectuales y obreros para la reivindicación de los derechos ciudadanos. Los esfuerzos de organización y los movimientos huelguísticos se siguieron produciendo. Una alianza de estudiantes, maestros y trabajadores jugó un papel decisivo en la caída del dictador Tinoco (1919); importantes huelgas del sector de ebanistería y carpintería así como de obreros, artesanos y empleados públicos. se desataron en 1920. Como resultado de estos movimientos se decretó la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas y la Ley de Protección Social de la Salud Pública, antecedente del seguro social de dos décadas después. La CGT en 1922 organizó un amplio movimiento popular contra el alza de los alquileres que también concluyó con la emisión de la Ley de Emergencia del Inquilinato, que vino a regular, limitar y aliviar los abusos que se daban en el cobro de alquileres de viviendas. Como logro del Partido Reformista de Jorge Volio, se promulgó la Ley de Accidentes de Trabajo en el año 1924. Por otra parte, el auge de la producción bananera en el país trajo los primeros mítines contra la United Fruit Company (1926), y la ocupación de Nicaragua por parte del ejército estadounidense inspiró campañas anti-imperialistas de solidaridad contra esa intervención (1927).

Para agosto de 1934, con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista recién fundado, se declara la gran huelga bananera contra la United Fruit Co., que concluyó en el mes de diciembre siguiente con la obtención de muchas de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores de las plantaciones. Otro logro con el liderazgo de diputados comunistas fue normativa que impulsó la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.[18]

Por último, con los antecedentes mundiales de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929, llega al poder el Dr. Calderón Guardia (1940-1944) en cuyo período se sientan las bases de la seguridad social costarricense, como reivindicación de todas las luchas sociales en el país: se funda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se introduce el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución y se promulga el Código de Trabajo.[19]

Derechos de las mujeres: sufragio, igualdad y violencia de género

En octubre de 1923 un grupo destacado de mujeres fundó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue luchar por el derecho al voto. También se propuso alcanzar la igualdad de salarios entre maestros y maestras. Pocos años después, en 1927 se funda la Liga Cultural Feminista con ideales similares. Aunque los derechos políticos de las mujeres se alcanzan hasta en la Constitución de 1949, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XX las mujeres participaron y lideraron en gran medida. los principales movimientos políticos y sociales del país.

Pero es a partir de la década de 1980 que se produce una auténtica revolución en la normativa internacional y nacional en pro de los derechos políticos y sociales, el principio de igualdad y contra la violencia a las mujeres. Costa Rica ha conocido, desde entonces, su compromiso con la CEDAW suscrita por el país en 1984, así como la organización de múltiples colectivos feministas y organizaciones de mujeres, incorporadas a estas luchas, con gran impacto en las políticas públicas nacionales y con un liderazgo que trasciende nuestras fronteras.[20]

Del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado: una democracia amenazada

Desde una perspectiva sociológica, el modelo de Estado Benefactor (1950-1980) tuvo un importante impacto en la movilidad y ascenso social de varias generaciones de costarricenses, cuyos efectos están aún vigentes, aunque hace ya décadas que este impulso se desaceleró, se estancó y parece estar hoy día experimentando un franco retroceso.

Pero además, en el período que va de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, el modelo costarricense sirvió de contrapunto a los movimientos revolucionarios y de guerrillas que se experimentaron en América Latina (Cuba, Centro América, Chile), lo que le trajo a Costa Rica grandes ventajas para su financiación y apoyo internacional, sobre todo de parte de los Estados Unidos de América (Alianza para el Progreso) y de Europa Occidental.

A partir de la década de 1980, al calor de las crisis cíclicas del capitalismo mundial, Costa Rica se vio arrastrada por cambios profundos en su modelo económico, político y social. Las principales respuestas desde los centros de poder a estos tiempos críticos, han llegado a nuestra región con la marca de un neo-liberalismo prepotente y agresivo, liderado por la alianza Reagan/Thatcher, el Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BN) y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Por medio de los “Ajustes Estructurales” y los “Tratados de Libre Comercio”, el país empezó a sentir presiones brutales para decretar la reducción del Estado; la privatización de instituciones y servicios públicos estratégicos (salud, educación, pensiones, electricidad, telecomunicaciones, agua); la apertura a la banca privada y el rompimiento del monopolio de seguros; la liberalización de reglas “para la competencia”; la “flexibilización” o eliminación abierta de derechos laborales, entre otros temas relevantes.

Los efectos de este nuevo estado de cosas está siendo evidente: un deterioro en la seguridad social y la atención médica en los centros hospitalarios de la CCSS; una deuda gigantesca del Estado para con esta institución pública; una franca crisis en la enseñanza pública a todo nivel; recortes presupuestarios en los rubros de la asistencia social de los sectores vulnerables; un crecimiento de la pobreza y la inequidad social.[21] Si a lo anterior agregamos el deterioro de la seguridad ciudadana en razón del avance del crimen organizado y el trasiego de sustancias prohibidas, que han convertido a Costa Rica en uno de sus principales territorios de acción, la única conclusión posible es que esta democracia centenaria está enfrentando un claro proceso de disolución o desintegración, sin poderse vislumbrar salidas fáciles en el horizonte.

Estos abruptos cambios no han estado exentos de respuestas y resistencias desde los sectores medios y bajos de la sociedad. Ya para 1953 se reagrupó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC), con fuerte influencia de los comunistas proscritos electoralmente; se siguió celebrando el 1º de mayo con participación importante de trabajadores que conmemoraron su día, y se dieron múltiples huelgas en el sector de maestros y otros servidores estatales.

En abril de 1970, con los antecedentes de Mayo del 68 en París y la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco, México, ese mismo año, el estudiantado costarricense, junto a otros sectores sociales, se manifestó multitudinariamente contra el contrato-ley que se discutía en la Asamblea Legislativa concediendo a la transnacional ALCOA la explotación a cielo abierto de bauxita en el sur del país. Otra gran movilización social se produjo en el año 2000 cuando la resistencia popular impidió la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por último, conviene mencionar la gran organización y movilización popular para rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2007), última gran gesta de una buena parte de la ciudadanía costarricense contra los avances del modelo neoliberal, que terminó imponiéndose con métodos espurios. El proceso de erosión del Estado Social de Derecho ha continuado. Los sectores conservadores controlan el Parlamento y casi todos los partidos políticos se han convertido en correas de transmisión de las mismas élites económicas. Si a lo anterior se añaden los graves y frecuentes casos de corrupción con la concurrencia de actores públicos y privados, así como el poder destructivo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, hay poco espacio para ser optimistas, a no ser que las reservas morales y políticas del pueblo costarricense despierten y nos den una nueva lección, porque esta Patria sigue valiendo la pena.[22]

BIBLIOGRAFÍA

-Arroyo, José Manuel et altere; Centroamérica: rendir cuentas para que la gente cuente; Coordinación, Introducción y Presentación: Luis Guillermo Solís Rivera y Sergio Ramírez Mercado; Editorial Sexto Piso S.A. de C.V.; México, 2025.

-Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; C.R. Grupo Nación GN S.A.; 1º Edición; San José, 2014.

-Molina Iván, Palmer Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; 3º Edición; Editorial UCR; San José, 2022.

-Obregón Quesada, Clotilde (Editoras); Las Constituciones de Costa Rica; Volúmenes I, II, III, IV y V; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2007.

-Pérez Brignoli, Héctor; Meléndez Chaverri, Carlos; Quesada, Juan Rafael; Salazar Mora, Orlando; Rodríguez, José Miguel; Araya Pochet, Carlos; Acuña, Víctor Hugo; Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Coordinador: Jorge Mario Salazar; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990.

-Zelaya, Chester; Aguilar Bulgarelli, Oscar; Camacho, Daniel; Cerdas, Rodolfo; Schifter, Jacobo; ¿Democracia en Costa Rica?: 5 opiniones polémicas; Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, 1979.

Notas:

[1] Aguilar Bulgarelli, Óscar; Costa Rica: Evolución Histórica de una Democracia; En: ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1979; pp. 27-36. El autor expones visión idílica de Costa Rica en autores como Francisco Trejos Quirós (Origen y Desarrollo de la Democracia en Costa Rica, 1939); Ricardo Fernández Guardia (Crónicas Coloniales, 1967); Carlos Monge Alfaro (Historia de Costa Rica, 1966; Eugenio Rodríguez Vega (Apuntes para una Sociología Costarricense, 1953), entre otros.

[2] Molina, Iván y Palmer, Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2022; pp.19-38. Ver también: Meléndez Chaverri, Carlos; Orígenes y Naturaleza de la Cultura Democrática Costarricense; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: pp. 44-50.

[3] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 52-57.

[4] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp 46-54.

[5] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob.cit. p. 36.

[6] Aguilar Bulgareli, Oscar; ob.cit., pp. 44-77. Ver además: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit.; p. 75.

[7] Zelaya, Chester; Apuntes Historiográficos sobre la Democracia en Costa Rica; en ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1977; p. 9-10.

[8] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp. 42-45. Ver además: Aguilar Bulgareli, Oscar; ob. cit., pp. 27-33. Asimismo: Molina Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 29-62.

[9] Meléndez, Carlos y Duncan, Quince; El Negro en Costa Rica; Editorial Costa Rica; San José, 2012; pp. 51-52.

[10] Costa Rica, sin dejar de inscribirse desde el punto de vista político-jurídico en la tradición Continental Europea (Roma-Francia-España), opta por un esquema de organización política republicano, con división de poderes, antimonárquico y con reconocimiento de los derechos ciudadanos esenciales, propios de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés. Se reconoce también como influencia de los Estados Unidos un esquema de división de poderes con un Ejecutivo fuerte, sólo controlado por el Legislativo de manera excepcional y puntual. Donde más se notan las diferencias jurídicas entre ambos modelos es en el campo de la justicia penal: por un lado, un sistema anglosajón de corte acusatorio (oral, público, adversarial) y con un debido proceso legal muy definido, frente a un sistema más bien inquisitivo (escrito, secreto, no-adversarial) dominante en el mundo de tradición continental-europeo, como es adoptado en casi toda Latinoamérica. Las ventajas en cuanto a eficiencia y pragmatismo del sistema anglosajón, ha hecho que el continental-europeo haya migrado, en las últimas décadas, hacia regímenes cada vez menos inquisitoriales y más acusatorios.

[11] Salazar, Jorge Mario; Partidos Políticos y Participación; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: p. 112. Ver, además: Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., p.51.

[12] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 57-58.

[13] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 35.

[14] Salazar Mora, Orlando; Democracia y Sistema Electoral en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 93-106. Ver además: Salazar, Jorge Mario; ob.cit., p. 109-132, así como: Pérez Brignoli, Héctor; La Cultura Política como Cultura Popular; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; p. 27; y Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., p.83.

[15] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit.; pp. 47-51. Ver además: Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit.; pp. 36-37.

[16] Quesada C., Juan Rafael; Educación y Democracia en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 57-72

[17] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 37. Ver también: Pérez Brignoli, Héctor; ob. cit.; p. 71 y 83-84.

[18] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118. Ver además: Salazar Mora, Orlando; ob. cit.; p. 98 y Salazar, Jorge Mario; ob. cit.; p. 119.

[19] Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; pp. 84-88. Ver también: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118 y Pérez Brignolli, Héctor; ob. cit.; pp. 75-77.

[20] Los principales Instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres son: (1) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979. Entró en vigor en 1981.y fue ratificada por Costa Rica en 1984): (2) Declaración de Viena 1983; (3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará). OEA 1994. (4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; (5) Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 2000; (6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015. Por su parte, en el ámbito de la legislación nacional destacan: (1) Ley de igualdad Real entre mujeres y hombres, 1990; (2) Ley contra la Violencia Doméstica, 1996; (3) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 2007; (4) Modificación a la Ley de Violencia Doméstica, 2011; (5) Ley contra el Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 2010; (6) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008); (7) Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica 2017-2032; (8) Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas, 2012; (9) Ley para la Prohibición del matrimonio con personas menores de 15 años, 2007; (10) Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (Ley contra relaciones impropias, 2016).

[21] El indicador que mide la desigualdad (Gini) refiere un proceso de concentración de la riqueza social en cada vez menos personas. En tan sólo 30 años se ha pasado de un rango de 0.4 a un rango de 0.6. La pobreza no ha sido posible bajarla de un 20% desde hace décadas.

[22] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 145-186.

*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Costa Rica y la crisis de sus partidos políticos: entre taxis, vicios y personalismos

Escrito en 28/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

JoséSo (José Solano-Saborío)

La democracia costarricense atraviesa una crisis silenciosa pero profunda: la del sistema de partidos. Lo que durante décadas fue el pilar de nuestra institucionalidad —estructuras partidarias sólidas, con ideología, cuadros formados y programas claros— hoy se ve sustituido por dos fenómenos preocupantes:

Primero, la proliferación de “partidos taxi”: vehículos creados para llevar a una persona al poder y luego desaparecer.

Segundo, la degradación de los partidos tradicionales, que han perdido su vocación programática y se han convertido en maquinarias electorales sin renovación real.

Viejos políticos, nuevos taxis

En los últimos tres procesos electorales, Costa Rica ha visto cómo candidatos sin el respaldo de las estructuras históricas han llegado a la presidencia: Luis Guillermo Solís (2014), Carlos Alvarado (2018) y Rodrigo Chaves (2022). Ninguno era favorito en las encuestas iniciales, y todos capitalizaron el desgaste del PLN, PUSC y PAC.

Este fenómeno ha abierto la puerta a figuras que, en lugar de fortalecer partidos, los usan como plataformas desechables. El Partido Progreso Social Democrático, que llevó a Chaves al poder, es un ejemplo citado por analistas como un “partido taxi”.

Los vicios que no mueren

El PLN, el más longevo de los tradicionales, arrastra décadas de cuestionamientos éticos y escándalos internos. El PPSO, el más novel y señalado como vehículo del oficialismo afín al chavismo, ya acumula denuncias por prácticas poco transparentes, vínculos con operadores digitales pagados desde Casa Presidencial y designaciones cuestionadas.

Paradójicamente, ambos extremos —el histórico y el emergente— comparten males similares: imposiciones internas que sus críticos califican de antidemocráticas, y el respaldo a proyectos de ley que han generado rechazo social, como las Jornadas 4×3, percibidas por sindicatos como un retroceso en derechos laborales. A esto se suma la inacción o el bloqueo de reformas clave en seguridad pública, como los allanamientos 24/7 o la incautación expedita de capitales ilícitos. Y, como cereza del pastel, en los últimos días, diputados del gobierno y del PLN entierran proyecto de ley para regular ‘lobby’ y ‘puertas giratorias’ a pesar de que la OCDE llamó la atención a Costa Rica por la falta de regulación del ‘lobby’; grupo de eventos y similitudes entre dos partidos, se supone, antagónicos que levantan suspicacias hasta del más inocente ciudadano.

El espejismo del liderazgo individual

La política costarricense se ha deslizado hacia el personalismo. La narrativa gira en torno a la figura del líder, no a la solidez de su equipo o la coherencia de su plan de gobierno. Esto ha tenido consecuencias visibles:

– Administraciones que llegan con un círculo reducido de confianza, sin cuadros técnicos suficientes para ejecutar políticas públicas.

– Falencias en áreas críticas como seguridad, infraestructura y educación, que se repiten gobierno tras gobierno.

– La “paradoja de la popularidad”: presidentes con altos índices de aprobación, pero con resultados pobres en los problemas estructurales del país.

Recuperar la política como proyecto colectivo

El artículo 98 de la Constitución Política establece que los partidos son instrumentos esenciales para la participación ciudadana. Sin embargo, si estos se reducen a cascarones vacíos o a taxis electorales, la democracia pierde su capacidad de articular intereses y garantizar gobernabilidad.

Costa Rica necesita partidos que vuelvan a formar cuadros, que construyan programas a largo plazo y que prioricen el trabajo en equipo sobre el culto a la personalidad. La historia reciente demuestra que, sin equipos sólidos, incluso los líderes más carismáticos terminan atrapados en la inercia de un Estado que no cambia.

¿Qué fruto nos dará el árbol electoral cuya cosecha se recogerá en febrero?

Escrito en 20/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Los cielos electorales se amplían cada vez más con candidatos a la presidencia de la República. Por ahora, hay 13 aspirantes con sus partidos políticos en marcha a la Casa Presidencial.

Ya definidos están ocho candidatos masculinos, José Aguilar del partido

Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Eli Feinzaig del Liberal Progresista, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Fernando Zamora de Nueva Generación, y cinco candidatas mujeres, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático y Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional que se le ha mencionado con una candidata más.

De todos ellos, Fabricio Alvarado ya ha sido candidato en dos ocasiones anteriores, Natalia Díaz y Eli Feinzaig en una. De ellos, han sido o son diputados, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Ariel Robles, y ministras Natalia Díaz y Laura Fernández, lo que les da cierta atención de los focos de la tarima y pasarela electoral de los periódicos y periodistas. Los demás, por ahora, son primerizos candidatos presidenciales, aunque son personajes activos en la Política nacional.

En la tradición electoral a los nuevos candidatos casi no los toman en cuenta para la información periodística, para entrevistas y para considerarlos en las encuestas, que muchas veces se diseñan intencionadamente para lograr ciertos resultados, de conformidad a las preguntas que se hacen a los consultados en esas encuestas.

No se anuncian, aunque estén activos sus procesos de inscripción electoral, otros candidatos y sus partidos. Probablemente no llegarán a la lista de 25 candidatos de la campaña electoral del 2022. Coaliciones políticas solo una, la de los Partidos Acción Ciudadana y Agenda Nacional, y una mujer más de candidata que en el 2022.

Me da la sensación de que las mujeres van a tener más protagonismo que los hombres, aunque no necesariamente sea el batallón delantero de la carrera presidencial. De los candidatos masculinos a mi parecer la atención debería centrarse entre Claudio Alpízar y Ariel Robles, y entre las candidatas femeninas la atención se orienta hacia Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Los demás no dejan de ser importantes, pero no les están dando la importancia que merecen en los medios de comunicación.

Las encuestas que ya se vienen haciendo toman en cuenta o destacan obviamente a los candidatos de interés principal de las casas encuestadoras, lo que provoca resultados conocidos, reales sí, porque responden como se quiere a la forma como se pregunta.

Las casas encuestadoras no exhiben el cuestionario porque evidenciarían justamente la intencionalidad de lo que se busca orientar en las respuestas y, en cierta forma, la intencionalidad de ir provocando corrientes favoritas a favor de unos u otros candidatos, por exclusión de los otros.

Esto tiene su impacto en la campaña electoral, y en la voluntad de los electores, por cuanto, a la hora final de buscar financiamiento para la campaña electoral, los bancos se orientan por esas encuestas, que de plano castigan a los partidos y candidatos menos destacados o mencionados en ellas. Por su parte, el sistema electoral no le garantiza nada, literalmente nada, a los nuevos partidos y sus candidatos para financiar su campaña lo cual, de la práctica y tradición electoral nacional, esto es lo más antidemocrático del proceso electoral mismo.

Las maquinarias electorales de los partidos tradicionales, históricos, de muchas campañas electorales, que también han dirigido el país, que hoy están muy devaluadas, como los son los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristina y Acción Ciudadana, están muy débiles y fragmentadas a su interior, lo cual presagia tiempos difíciles en la tempestad electoral que se avecina. Acción Ciudadana va oculto en la Coalición Agenda Ciudadana, pero no ha evitado una erosión interna enorme, desde su dirección política nacional. La Unidad Social Cristiana está igual y Liberación Nacional en el plano público con una lucha intestina de su Quijote contra muchos Molinos de Viento, como la representación de las fuerzas del mal que internamente debe vencer por la mala imagen que se les atribuyen, aunque sean a la vez la historia viva de ese partido político, que es lo que podría destacar publicitariamente, debido a que de los 18 gobiernos que ha habido en el país desde 1953, nueve los ha ejercido Liberación Nacional, seis lo que se reúne en la Unidad Social Cristiana, dos en Acción Ciudadana y uno en el actual gobierno, que ha gobernado sin partido político gobernante. Puestas así las cosas, lo bueno y lo malo del desarrollo institucional nacional, se les debe a esos partidos políticos en la parte proporcional que les toca.

Ninguno de estos partidos plantea en sus orientaciones electorales nada de lo que han aportado positivamente al desarrollo nacional. Se ha perdido la conciencia histórica nacional del desenvolvimiento histórico político que tenemos, que distingue a Costa Rica en su sistema y régimen democrático. Pesan más, en el ideario nacional las cosas malas de los gobiernos, no así de la democracia nacional, porque aunado a ello también esos partidos, especialmente desde 1982 se han dedicado fina o abiertamente a desmantelar, en lo que pueden, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.

De estos tres partidos Liberación Nacional tiene una base social dura, fuerte, lealtades políticas consolidados todavía en la masa electoral nacional que se ha expresado con darle apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa, pero cada vez más decreciente. La Unidad Social Cristiana totalmente ha abandonado sus principios sociales y cristianos, y sus banderas de Reforma Social. Acción Ciudadana borró en su segundo gobierno lo poco bueno que se logró en su primer gobierno, al punto que ni siquiera provocó en la última elección apoyo para su papeleta de diputados, dura tarea la que tiene en este momento la candidata presidencial de este partido, primera dama del gobierno anterior, que no da pautas de cómo corregir los entuertos de ese gobierno, en lo que debería enfocarse.

Por ahora, todos los partidos y sus candidatos, exceptuando a Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional y a Ariel Robles, del Frente Amplio, luchan y tratan de destacarse como los más fuertes conservadores políticos nacionales, seguidores o continuadores del actual presidente Chaves en sus políticas y acciones de gobierno, orientadas cada vez más a desbaratar lo poco que queda del Estado Social de Derecho.

El país necesita hoy mucha vitamina política, que no se está ofreciendo por los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Los candidatos a diputados por ahora no cuentan, aunque ya se están definiendo los primeros puestos, que son los posibles a ser electos.

Están en estas próximas semanas próximos a madurar los frutos del árbol electoral costarricense hacia el 2026. ¿Cuántos de esos frutos se pasarán de maduros? ¿Cuántos se podrirán, se descompondrán, corromperán, estropearán o gangrenarán en el proceso electoral? Y, ¿cuántos de estos partidos y sus candidatos darán u ofrecerán su fruto político, al menos su néctar y aroma, con un buen sabor? Por ahora son insaboros, inodoros y casi incoloros…

Compartido con SURCOS por el autor.

Una anécdota para recordar y aprender

Escrito en 30/07/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En estos días de confrontaciones y expresiones altisonantes fuera de lugar, recordé la siguiente anécdota, pues mucho podemos aprender de ella, los viejos y más los jóvenes.

En setiembre de 1983 era diputado y el jefe de Fracción de la Unidad Social Cristiana. Por aquellos días se dio a conocer que un informe solicitado por el presidente Luis Alberto Monge al ministro de Planificación sobre el Sector Agropecuario, que había sido su caballo de batalla en campaña, con un resultado negativo. Ante eso, y en estricto control político que me daba la Constitución, solicité el envío de una copia.

Después de varias cartas que me crucé con el ministro Volio y el presidente Monge por su negativa a entregarme el susodicho documento, en mi última carta le dije al presidente: la única manera que no me entregue el informe, es porque sea SECRETO DE ESTADO. Y don Luis, siempre he creído que mal aconsejado, me respondió, en síntesis: entonces considérelo secreto de Estado.

Aquel grave error de don Luis me sirvió para presentar como diputado un recurso de amparo ante la Corte Plena, pues en ese entonces no había Sala IV. Era el primero en la Historia de Costa Rica que un legislador presentaba contra el presidente de la República. Mi argumento era que se violaba el derecho de petición e información; ninguno de los diputados y conocidos que eran abogados se atrevieron a redactar el recurso, tenían pavor al “síndrome del ridículo” como lo llamé en su momento. Fue don Luis Fishman quien me prestó un libraco de machotes legales, y yo redacté el recurso.

Pocas semanas después el 4 de octubre a las cinco de la tarde, la Corte Plena resolvió el recurso y me dio la razón, con un brillante fallo escrito por el magistrado Fernando Coto Albán, nada menos. Cuando aquel día llegué a mi casa a eso de las seis y tantas de la tarde, estaba inundada de periodistas qué me pedían opinión, por lo que les dije:

– No sé nada, ustedes me están enterando de lo ocurrido. Mañana viernes en la habitual rueda de prensa de las dos de la tarde les informaré.

En efecto aquel día la salita de sesiones donde hacíamos la conferencia estaba abarrotada de periodistas, pero yo no sabía nada todavía, no tenía notificación alguna. Estaba explicándoles eso cuando mi secretaria desde la puerta, pues no tenía como entrar, me dijo a viva voz:

Don Oscar, lo llama don Luis Alberto por teléfono.

Dado que no era época de teléfonos celulares, tuve que salir y la prensa quedó a la expectativa. Al llegar, tomé el auricular y después de los saludos de rigor, me dijo don Luis,

Don Oscar, usted ganó. La Corte me obliga a respetar la Constitución, y yo en eso soy respetuoso. Dígame donde le llevo el informe.
Pero quién don Luis, ¿un mensajero?
No yo, personalmente, como corresponde.

De inmediato le respondí:

No don Luis, ya usted cumplió con llamarme, a usted le respeto su dignidad de presidente. Dígame donde puedo ir yo a recoger el informe.
Pues yo estoy en Villa Mongalva, en mi casa en Santa Ana. Si desea venir, lo espero.

En eso quedamos y de inmediato bajé a informar a la prensa, lógicamente todos empezaron a recoger equipos y libretas para salir a toda velocidad hacia Santa Ana. Pero yo les indiqué que eso no me parecía, pues no era ético para mí el llegar a la casa de don Luis con un ejército de periodistas a cuestas, pues aquella era su casa y merecía respeto. En eso otra vez mi secretaria me indica que don Luis me llamaba de nuevo. Para mi sorpresa me dijo

Me indican que usted está en una conferencia de prensa, idiay dígales que si quieren venir con usted…que vengan.

Por supuesto todos tomamos camino a Santa Ana, por la carretera vieja que era la única. Llegamos a Villa Mongalva, nos pasaron a una salita de reuniones, una secretaria me ubicó en la cabecera de la mesa, por la puerta del fondo salió don Luis con el informe en mano. Después de saludar a la prensa y a mí, por supuesto con su característica amabilidad, me dijo:

Don Oscar, usted ejerciendo el derecho de control político me pidió este informe, si bien yo se lo negué, con base en lo que establece la Constitución luego recurrió a la Corte, que me ordena entregarlo y yo como presidente tengo la obligación de respetar la Constitución y las leyes… y me entregó aquel folleto.

Pero lo importante fue lo que siguió. Don Luis improvisó un breve discurso, profundo y lúcido, sobre lo que significaba la división de poderes en una democracia y que yo, con aquel recurso había puesto a prueba, pues habían actuado los tres. Pero sobre todo profundizó sobre la trascendencia que tenía en la democracia que el presidente del Ejecutivo tuviera conciencia de las limitaciones de sus poderes, pues de ello dependía la estabilidad la democracia, pero, sobre todo, debía recordar siempre que la Constitución era la guía que nunca, por ningún motivo, debía irrespetarse.

Aquellas palabras quedaron por siempre grabadas en mi memoria, el valor de aquel acto ejemplar debe retomarse y servir de ejemplo. No hubo una palabra fuera de tono ni antes ni después de aquel día, don Luis no hizo conferencias de prensa para llamarnos canallas a los diputados que analizamos el informe que, dicho sea de paso, provocó la renuncia del ministro de Agricultura.

Unos pocos meses después, por ese recurso entre otras cosas, la prensa me declaró el Mejor Diputado. El 1 de mayo de 1984 estábamos en un brindis después de la sesión solemne y don Luis se me acercó y me dijo:

Lo felicito por su designación, muy merecida…. Pero no niegue que a mí me toca un pedacito.

Entre risas cerrábamos así aquel capítulo, que creo tiene mucho de ejemplar no solo para ser recordado, sino para que muchos aprendan cómo se hacen las cosas correctamente…a lo tico… no con improperios, posverdades y madrazos en plaza pública.