UNA Comunica. 17 de octubre de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.
El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.
En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública. Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso.
Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.
Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.
El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.
Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.
Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
En una reciente aparición en el programa “La Lupa”, de Gilda González, el destacado historiador costarricense Vladimir de la Cruz ofreció un análisis profundo sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática de Costa Rica. De la Cruz se enfocó en los peligros que, según su perspectiva, surgen de ciertas políticas y actitudes del actual gobierno costarricense, describiéndolas como indicios de una tendencia hacia el autoritarismo.
El historiador señaló que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia, algunas de las acciones del gobierno podrían estar dirigidas a debilitar los mecanismos de control y contrapeso del sistema democrático. En su análisis, describió la situación como una estrategia que busca justificar el despotismo y la tiranía en nombre de una nueva democracia, alegando que esto refleja una tendencia preocupante que puede llevar a la instauración de un gobierno autoritario.
De la Cruz destacó que el actual presidente parece estar impulsando un discurso que intenta eliminar los controles institucionales, con el fin de ejercer el poder sin limitaciones. Este movimiento, según el historiador, podría abrir la puerta a prácticas corruptas, creando un escenario en el que las libertades democráticas y los derechos ciudadanos se vean erosionados. Advirtió que detrás de la corrupción y la falta de controles efectivos podría gestarse un régimen dictatorial, apoyado en mecanismos de represión y control desde las mismas estructuras de seguridad del Estado.
Además, subrayó que la creación de unidades especiales bajo el mando directo de la Presidencia, como la unidad de protección presidencial y la unidad especial de intervención, representan un peligro para las libertades ciudadanas. Estas acciones, en su opinión, reflejan una concentración de poder sin precedentes en la figura presidencial, lo que podría allanar el camino hacia la dictadura mediante la creación de un aparato de control y represión estatal.
Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones
Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.
Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.
Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.
La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.
Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.
La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.
Contexto: Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.
Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.
Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125 La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.
Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.
Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.
El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.
Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.
En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.
En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.
¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres…?
Caryl Alonso Jiménez
En uno de los libros donde el posicionamiento de la democracia es el sello distintivo y postura ejemplar, es la que asume Norberto Bobbio (1909-2004), en aquel legado testimonial que no deja espacio a la duda en su libro, “El futuro de la democracia” (1987), que afirma, “Si para concluir el análisis se me pide quitarme la vestimenta de estudioso, y ponerme la del hombre comprometido con la vida política de su tiempo, no tengo ningún empacho en decir que prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres” (p. 136).
Y justamente, las instituciones son la expresión en la que se traduce el lenguaje de la respuesta democrática. Es el lugar donde la función institucional solo se explica por la defensa concreta de todo aquello que construya la verdadera realización de la sociedad en canales de ascenso social (Gutiérrez, 2014), pero lo contrario, es la negación del ciudadano como razón de la democracia…ese es el tema: el ciudadano y el bienestar.
El debate de las instituciones puede parecer denso por la complejidad de las redes del poder que se ejercen desde todos los ángulos, (discrecionalidades) que a veces es derrota y agotamiento en sociedades que siguen a la espera de servicios públicos reales.
Es verdad, ya están emergiendo generaciones de mujeres y hombres ejemplares, comprometidos con claridad de transformación en las instituciones de la región, a quienes seguramente habrá que acompañar….
Esos serán los temas en el curso PhD, “Teorías de Gobierno, gestión pública y gobernanza” gracias a la gentil invitación del Doctor Jean Paul Vargas, hombre comprometido con su tiempo, la región y dilecto amigo, Director del Doctorado Gestión Pública y Ciencias Empresariales, del Programa de Doctorado, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que tendré el honor de impartir a funcionarios y profesionales latinoamericanos.
Es indudable, a principios de este siglo el Doctor Manrique de la Peña, Profesor del Tecnológico de Monterrey dijo, “Para un barco sin rumbo, cualquier viento es bueno…”, En referencia a una reflexión sobre lo que sería el Siglo XXI, y, ¡Qué razón 22 años después tenía…!
Por cierto, fue una de las primeras experiencias virtuales en Guatemala, promovida por el Decano, Hugo Beteta, de la Facultad de Economía, de la Universidad Rafael Landívar de aquel entonces, del que fui invitado facilitar. Era una trasmisión que venía vía el Instituto del Banco Mundial, dirigido por Arturo Vergara, conectado vía satelital con México. Hugo Beteta hoy es el Embajador de Guatemala en Washington.
La democracia define el marco de la organización republicana, (independencia de los tres poderes Estatales). El gobierno, en teoría, ejerce su función apegada al marco Constitucional, y las instituciones públicas son, justamente el orden legal que, bajo competencias delegadas, cumple funciones en favor del ciudadano hacia el bienestar.
En esto no hay discusión y estoy convencido de que los demócratas con pensamiento republicano, aspiramos a que las imperfecciones del modelo se ajusten a procesos de mayor capacidad de respuesta: educación, salud, empleo, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa de las fronteras, justicia, propiedad privada y activación socioeconómica nacional e internacional. ¿En dónde no se entiende…?
Sin embargo, los grandes coloquios sociales, nacionales e internacionales, se embarcan en emblemáticos encuentros para analizar el espíritu y las grandes doctrinas que mueven los marcos democráticos. Extraño, ¿Antinomias o dudas Constitucionales…?
El Estado son todos aquellos principios abstractos y concretos que con precisión legal y normativa mueven la armonía colectiva (el orden economico, social y político), que tiene su particular reparto histórico. De eso justamente hablaremos: de las responsabilidades Estatales (todos), de las funciones institucionales (los que gobiernan) y el compromiso cívico (participación, organización ciudadana, auditoria social y derechos).
Se repasará la importancia de políticas, rol del partido, los agentes económicos y actores sociales en la construcción del Proyecto de Nación, que a veces no es la nación del Estado. Sin tentativas emocionales se abordará la importancia de la estrategia de Estado, la generación de pensamiento y la expectativa futura, con índices y mediciones.
Los programas de gobierno pueden incidir en la gestión de la institucionalidad pública, articulando redes de coordinación nacional y territorial para impactar el desarrollo. Pero no ocurre, si apuntaran a factores causales, seguro construirán certeza y confianza…
“El problema son los procedimientos que no se cumplen…”, dijo un alto funcionario del control gubernamental recientemente… Entonces, Como pedía Bobbio, ¿gobierno de leyes o de hombres…? Hoy es el momento de hacer efectivo el gobierno de leyes…
Los jugosos privilegios de los(as) ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
El salario del presidente:
El salario en pesos del presidente AMLO en 2024 es de $186.000 brutos/mes
(Aprox. US$9.300), que luego de rebajos de ley resulta en
aproximadamente US$7.750 mensuales.
El salario de un ministro(a) de la Corte:
El salario en pesos de un ministro(a) de la Suprema Corte de Justicia
mexicana es de $297.000 al mes, más una serie de prestaciones salariales
adicionales que suman un total de $600.000 (seiscientos mil pesos),
unos US$30.000 brutos al mes.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOSde 19 de mayo de 2021
Ley / Capítulo I – Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus respectivas atribuciones.
En el artículo 9, de la Ley de Remuneraciones, se establece que el salario máximo de un servidor público es el del presidente de la República, así: “Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.”
La primera reforma constitucional salarial
Data del año 2009, a iniciativa del año 2006 del “partido de izquierda” mexicano Partido de la Revolución Democrática (PRD) de aquel entonces y que llevó casi tres años en proceso de negociación y aprobación final. En ese entonces, se estableció en general que el salario máximo dentro del sector público federal, sería el del presidente de la República, con lujo de detalle de toda la normativa atinente.
Fue en 2021 cuando a instancias de la coalición gobernante (MORENA + PES + PT) se presenta y aprueba una modificación importante a los salarios de los servidores públicos y se reafirma nuevamente que el salario máximo será el del presidente de la República. Simultáneamente se aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aplica una sustancial rebaja en los salarios de todo el sector, incluyendo al presidente de la República, aplicando en general una rebaja cercana al 50% de todos los salarios previamente establecidos, bajo los principios que enunció el presidente AMLO de “austeridad republicana” y de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
Reacción inmediata de la casta
Inmediatamente después de publicadas estas importantes reformas constitucionales y modificada su respectiva Ley de Remuneraciones, en vez de aplicarse las rebajas respectivas en ciertos organismos autónomos del gobierno federal así como en el Poder Judicial, llegaron a las instancias judiciales sendos recursos de amparo de organismos como el INE, el INAI, la COFECE, la COFEPRIS, etc. y lo más sorprendente: y de los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que no se podían aceptar rebajos a sus salarios. Y la misma SCJN fue la que aceptó y tramitó los recursos de amparo. Ni siquiera se excusaron (recusaron) para que otros integrantes Ad hoc se pronunciaran al respecto. No. Ellos querían garantizarse su salario, aunque estuviera en contra de la Constitución que ellos juran defender.
De esta forma, desde 2009 y hasta la fecha, pasando por la reforma de 2021, los ministros(as) de la Suprema Corte, los magistrados y jueces de distrito, perciben desde entonces salarios mayores que el del presidente de la República, pero son mucho más altos, en el caso concreto de los ministros(as) de la SCJN, hasta 4 veces más que el presidente.
Esta flagrante violación a la Constitución Política por parte de ministros, jueces y magistrados, indudablemente que constituye una afrenta al pueblo de México, porque son ellos precisamente los llamados a vigilar el respeto a la Constitución y sancionar las violaciones a los preceptos constitucionales. Y AMLO se los ha recordado y reclamado cada semana desde junio de 2021 pero ha sido como reclamarle a una pared…
El Plan B y el Plan C
Ya hemos reseñado en estas mismas columnas sobre los Planes B y C del presidente AMLO: el B pretendía una reforma electoral, incluyendo modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral y la eliminación de los diputados y senadores llamados “plurinominales” de modo que el Congreso pasaría de 500 a 300 diputados(as) y el Senado pasaría de 128 a 64 senadores(as). El Plan C, consistió básicamente en solicitar al electorado mexicano que, en la elección del 2 de junio votaran masivamente por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (MORENA + VERDE + PT), de modo que se pudieran alcanzar las mayorías calificadas en el Congreso de los Diputados (334 votos de 500) y en el Senado de la República (86 votos de 128), con el fin de realizar todas las reformas constitucionales que AMLO presentó el 5 de febrero de 2024 al Congreso, donde se incluía prioritariamente la reforma judicial y la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), más otras 16 modificaciones a la Constitución, incluyendo una reforma electoral y la eliminación de los Diputados y Senadores plurinominales y rebajar así de 500 a 300 y de 128 a 64 los Diputados y Senadores, respectivamente.
Habemus reforma judicial
Apenas se integró la nueva legislatura que funcionará del 1° de setiembre de 2024 al 31 de agosto del 2027 (son periodos trienales para Diputados y sexenales para Senadores), se abocó de inmediato a la aprobación con mayoría calificada de la reforma judicial tramitada en la legislatura anterior, que la dejó “servida en bandeja” para que la siguiente legislatura 2024-2027 la aprobase como una prioridad en su agenda. Y así fue. Con sesiones maratónicas y todo tipo de sabotajes y bloqueos de la oposición, la reforma judicial fue aprobada con sobrada mayoría calificada en el Congreso de los Diputados y con la exacta mayoría calificada en el Senado. De inmediato se remitió a ratificación de los congresos estatales (se requerían al menos 17 estados de los 32 a favor) y en menos de una semana se obtuvieron 23 aprobaciones estatales.
La médula de la reforma judicial consiste en 4 aspectos. 1. Ajuste de todos los salarios para que se respete el principio establecido desde 2009 de que ningún funcionario público puede percibir un salario igual o mayor al del presidente de la República; 2. Que la elección o nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se realice mediante votación popular debidamente dirigida por el INE con base en las regulaciones y procedimientos que establezcan las leyes derivadas de la reforma constitucional; 3. Que se elija también popularmente un Consejo de la Judicatura independiente de la Suprema Corte, que evalúe y sancione las actuaciones de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN; y 4. Establecer un lapso máximo de un año para resolver los casos penales, excepto por la debida motivación ante la Judicatura.
Este punto 4 es muy relevante en México, porque ya hemos dicho que es quizás el único país del mundo donde el 40% de la población penal no tiene juicio ni condena, es decir, no saben por qué están presos y hay decenas de miles de personas en esa condición que llevan ya más de 10 años presos sin saber de qué se les acusa ni tener una condena.
Berrinches de la comentocracia
Razonablemente, cualquier persona objetiva y juiciosa se podrá preguntar si elegir jueces, magistrados y ministros en México de forma popular mediante voto secreto y directo, tal como se elige al presidente, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes (presidentes) municipales, es la mejor opción para contar con una “justicia pronta y cumplida” de la mejor forma posible. La oposición y toda la comentocracia han inventado una y mil descalificaciones para el futuro ensayo democrático en la elección de autoridades judiciales.
Sin duda, toda la derecha política mexicana está horrorizada con la posibilidad de que el pueblo concurra a la elección de las autoridades judiciales en 2025, porque en general, la derecha en todo el mundo le tiene pánico a la democracia, donde el pueblo sea quien ejerza el poder mediante sus propios representantes y no, como ha sido hasta la fecha, una simulación de democracia donde la oligarquía es siempre la que impone a los líderes políticos o los doblega una vez electos para que sirvan a sus intereses.
La pregunta es válida sobre la nueva realidad judicial. México será un laboratorio cuyos resultados tendrán sin duda una clara influencia a nivel mundial sobre el novedoso sistema de conformación de las autoridades judiciales mediante voto popular. Pero una cosa es absolutamente cierta e incontrastable: el actual sistema judicial mexicano está absolutamente podrido y no se le pueden hacer reformas parciales porque todo el sistema ha demostrado ser ineficiente y absolutamente corrupto, al servicio de los grupos de poder (poderes fácticos como empresarios, oligarcas, políticos, medios de prensa, grupos de presión, etc.) y no atiende las demandas de justicia del pueblo llano, sino solamente de los que tienen dinero suficiente para pagar costosos procesos judiciales, para sobornar jueces, magistrados y ministros y torcer la ley mediante la venalidad del sistema (corrupto, inmoral, deshonesto).
Cuando AMLO presenta el 5 de febrero su “paquete de 18 leyes o iniciativas” al Congreso, incluye de forma estelar la reforma judicial y al proponer el Plan C, AMLO insiste en pedirle al pueblo en la elección del 2 de mayo una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales necesarias para ese paquete de 18 leyes.
Claudia Sheinbaum por su parte, durante toda su campaña electoral, insistió una y otra vez en la necesidad del Plan C para aprobar las reformas constitucionales y otras presentadas por AMLO el 5 de febrero, como una forma clara de continuidad del “proyecto de transformación de la vida pública de México”, la llamada CUATRA TRANSFORMACIÓN. Y el pueblo le respondió generosamente dándole un 60% de votación el 2 de junio para 35,9 millones de votos, superando de forma impensable la gigantesca votación que había obtenido AMLO en 2018 de 30,15 millones de votos.
En el gráfico siguiente podemos visualizar el abismo de diferencia entre las elecciones de Felipe Calderón, Enrique Peña N. y AMLO y Claudia. Hemos agregado el dato de AMLO para el año 2006, anotando que en esa elección se ha demostrado que se cometió fraude electoral contra AMLO, por medio de la intervención del presidente Vicente Fox (2000-2006), coludido con la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Federal Electoral (IFE), así como los medios de comunicación comandados por Televisa, poderosa televisora que entonces se daba el lujo de poner presidentes a su antojo.
En general, se considera con datos duros bien conocidos y documentados, que las elecciones federales en México siempre fueron fraudulentas, a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el año 1994, y luego el fraude contra AMLO en 2006 y 2012. La elección del 2018 se acepta que fue legítima, sin fraude, así como la de 2024, dado que en ambos casos la votación mayoritaria a favor de MORENA y sus aliados fue tan abrumadora que no había posibilidad de fraude y el INE tuvo que certificar así los triunfos de AMLO y Claudia.
México después de la reforma judicial
Sin duda se abre un panorama apasionante para el futuro de México. La reforma judicial traerá también la necesaria reforma del sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que son parte intrínseca de la corrupción que caracteriza al Poder Judicial.
Será a partir de 2025 que estos cambios fundamentales se irán instrumentando en la realidad política y judicial mexicana y que se podrá empezar a evaluar su impacto positivo o negativo en la vida de los mexicanos.
Lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum será la “continuidad con cambio de estilo” de la CUARTA TRANSFORMACIÓN de la vida pública de México, así lo ha declarado ella insistentemente y se ha dicho que es orgullosa heredera del poderoso movimiento fundado por AMLO (y por ella) en 2011 y que hoy gobierna en casi todo México, que cuenta con una estructura federal con 31 gobiernos estatales y el de la Ciudad de México que cuenta con su jefa de gobierno y un congreso propio, para 32 entidades federativas en total, de las cuales el oficialismo gobierna 24.
MORENA ha pasado de gobernar 4 estados en el 2018 -cuando ganó en CDMX, Veracruz, Tabasco y Chiapas- a ser gobierno en 24 entidades, luego de las elecciones del 2 de junio, logrando en menos de diez años desde su creación tener gobiernos estatales en más de dos tercios del país, incluyendo estados que solo habían sido priistas, como el Estado de México que ganó el año pasado.
Del Palacio Nacional a Palenque
Un hecho que pone locos a los comentócratas y políticos de la oposición en México es que AMLO se ha declarado a sí mismo como “maderista: sufragio efectivo no reelección” (el lema de Francisco I. Madero que ayudó a tumbar la dictadura de Porfirio Díaz: el “porfiriato” abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911). De modo que al finalizar su periodo presidencial el 30 de setiembre de 2024 se jubila y se retira a su rancho en Palenque, Chiapas, donde asegura que no recibirá visitas y se dedicará a escribir su próximo libro sobre el periodo prehispánico de México.
Y es que la oposición reclamó durante casi 6 años que AMLO pretendía reelegirse, perpetuarse en el poder. Y además, tanto políticos como comentócratas han venido diciendo, en actos de machismo puro, que AMLO seguirá gobernando por medio de Claudia Sheinbaum, quien será algo menos que un títere que hará todo lo que AMLO le ordene. Nada más alejado de la realidad, pero ese ha sido el camino de los discursos opositores: primero que se iba a reelegir y ahora, que su delfina es una marioneta.
Ya la prensa tuvo el primer aviso de que Claudia será una presidenta con su autonomía, su carácter y firmeza: ella fue la que ordenó que se invitara al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a los actos de traspaso de poder el 1 de octubre, y no al rey de España, como ha sido la costumbre. Y Pedro Sánchez en un acto de machismo puro, alegó que fue AMLO quien ordenó que no invitaran al rey, algo que ya fue aclarado por el mismo presidente quien dijo tajantemente que fue Claudia la que tomó esa decisión que él apoya 100%.
Nuevos tiempos, muy interesantes, se ciernen sobre México con la primera mujer presidenta de su historia: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dice orgullosa heredera del proyecto de transformación liderado por AMLO.
A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes.
Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país.
El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.
Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil.
Al igual que la mayor parte de los políticos, la propuesta del recién conformado “Progreso Social Democrático” se presentó como el lobo con piel de oveja, indudablemente ocultó sus afilados colmillos con los que hoy amenaza la institucionalidad, destruye la democracia, irrespeta constantemente el precepto constitucional de independencia de poderes y pretende de manera osada, falaz y antidemocrática, justificar muchas barbaridades y corrupción contra el erario público, contra el ambiente, contra los movimientos sociales, contra los pobres que subsisten de la inversión social, contra la institucionalidad pública, contra los y las costarricenses que cuestionan con argumentos sólidos y posiciones firmes el desastre al que tienen el atrevimiento de llamarle “gestión gubernamental”.
Es obvio que en la aplicación de la vieja estrategia del fascismo miente, miente y repite la mentira, al igual que en el previo de la segunda guerra mundial muchos incautos, viscerales, sin criterio propio, sean arrastrados seductoramente por los cantos de sirena bien planificados en los astilleros foráneos esos los laboratorios gringos de control ciudadano promotores de concesión de la riqueza y generadores de desigualdad.
Hay personas que han decidido convertirse en “folowers” infames con las características de la canción de la rubia colombiana (brutos, ciegos, sordomudos, torpes, trastes, testarudos), cooperando en la repetición de falsedades en complicidad con los perfiles falsos y las hordas de troles pagados de nuestros impuestos.
Siendo autocríticos es muy razonable el fenómeno político y la capitalización que se hace del marcado descontento popular, origen del hastío de la sociedad por los abusos previos de una clase político-empresarial gobernante involucrada en conjunto con un grupo de empresas privadas, que han abusado de la contratación pública, saqueando flagrante e ilícitamente los fondos públicos con múltiples casos de corrupción, algunos sentenciados, otros fallidos mediante el uso de tecnicismos legales que han promovido la más repudiable impunidad, otros en proceso, no obstante el saqueo y abusos han sido permanentemente.
La lógica, la razón y la sensatez indicarían que eso sería lo que las personas informadas de estos vergonzantes capítulos de nuestra historia, que con sobrada justificación están cansadas de estos actos delictivos, repudiarían estas acciones contra el pueblo, pero lo que contradictoriamente sucede es lo contrario.
Nunca creí ver tal desparpajo en la población costarricense, de manera absurda y contra todo argumento honrado, y ecuánime hoy a los lobos se les cubre con banderas, se les aprueban la repetición de las conductas solo que esta vez con colores y nombres distintos, se les aplauden al repetir con nuevas caras los abusos e incluso la degradada del criterio es tal que en algunos casos el fanatismo ciego e irracional les conduce a vitorearles como héroes y heroínas torciendo el significado de términos muy sensibles , y con profundo contenido cívico como patriotas.
Para muchos nos resulta insultante dar estos calificativos a quienes se burlan de la legalidad y hacen alarde de practicar ese despropósito, colocarle un término tan profundo a quienes avasallan con exacerbados recortes a los programas sociales afectando sistemáticamente a los sectores populares más vulnerables, a quienes justifican y exaltan su corrupción e impunidad, a esos que destruyen el ambiente, favorecen financistas y pretenden vender nuestras instituciones (claro solo las empresas y negocios más rentables del pueblo) es un acto significativamente hostil contra el intelecto.
Hoy atravesamos una situación muy crítica como sociedad, en la que algunos pretenden colocarse por encima de la Constitución y las leyes que juraron defender, a sabiendas de la cultura y trayectoria de paz, a nuestro pueblo se le pretende polarizar inundándonos de odio mediante el sesgo, el ocultamiento y la manipulación, hoy repetidamente vemos el cambio en nuestra conducta como sociedad en la que incluso se escuchan día a día la reiterada violencia en la que estamos sumidos.
Es por eso y es en este momento, antes de llegar al punto de no retorno en donde es urgente que redoblemos esfuerzos por desenmascarar, por debatir con altura sin degradar el puesto que transitoriamente se ostenta, es desnudando toda expresión del fascismo cruel, sanguinario, asesino, saturado de maldad, desde mí óptica como costarricense debemos parar, hacer un alto histórico como ya hemos tenido la capacidad de hacerlo en etapas difíciles de nuestra historia.
Nos lo debemos a nosotros mismos y a las futuras generaciones, debemos ser capaces de redoblar esfuerzos, de potencializar nuestras habilidades para sacar a Costa Rica del odio en la que la quieren hundir, debemos tener una actitud para ello, debemos aumentar nuestra capacidad de dialogar y generar puntos de encuentro, con empatía, consideración y respeto, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas y una profunda convicción, seamos audaces, sepamos ser libres, por favor no les permitamos que destruyan lo que con tenacidad, sacrificio, sudor, lágrimas y mucha lucha y esfuerzo construimos, pensémoslo bien , no les permitamos que nos lleven a ese punto de no retorno al que deliberadamente nos quieren arrastrar y estrellarnos…
La institución del Ejército de Costa Rica duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando la Junta de Gobierno, Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, decidió abolirlo, eliminarlo de nuestra institucionalidad.
Cuando esa decisión se llevó al seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se aprobó esa abolición como una norma constitucional, que ha hecho que todas las generaciones de niños, de jóvenes, desde 1948 no se vean sometidos a ninguna obligación militar por parte del Estado, o a llamados del gobierno con ese fin de enlistamiento militar, de apuntarse en una lista con obligación de formar parte de la estructura militar, por un período generalmente breve, para recibir a la fuerza un entrenamiento y conocimientos militares básicos.
El no tener ejército nos obliga a no participar en conflictos bélicos, ni ser socios de acciones militares de países. Así quedó confirmado por la Sala Constitucional de la República, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, 2002-2006, decidió poner su firma en las operaciones militares, que Estados Unidos realizó en Irak, como parte de una “aparente” coalición internacional en ese conflicto, que era exclusivo de los Estados Unidos.
En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fortaleciendo esa decisión de 1948, se declaró a Costa Rica como una Democracia desarmada y neutra ante problemas y conflictos militares.
Al calor de la Guerra Fría, y del anticomunismo que se desató en el continente ante la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsaron en Centroamérica el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en la década de 1960, que reunía a todos los ejércitos de Centroamérica, incorporándose Costa Rica como parte observadora del mismo, haciéndose representar oficialmente en las reuniones del CONDECA por el que fuera Embajador de Costa Rica en Guatemala, donde estaba la sede de esta organización militar, desde 1961 hasta 1979.
Con los cambios operados en el escenario internacional desde 1990 cambiaron también las políticas regionales de seguridad, por el llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática, impulsándose especialmente la Declaración Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la conformación de lo que también se ha impulsado en esos tres países, reconocidos como El Triángulo Norte de Centroamérica.
El no tener Ejército no eliminó una fuerza policial para salvaguardar las necesidades de seguridad de la población. Desde 1948 se impulsó una Fuerza Pública para mantener el orden. Durante años se entrenó como una fuerza militar, especialmente su oficialidad que era enviada a las academias militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá, así como a Alemania, Israel, Corea del Sur, Chile y otros países.
Los grados con los que se organizaba eran de tipo militar, que le fueron eliminados en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, por grados de carácter civil. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, le fueron restituidos los grados militares a la Fuerza Pública. De nuevo, posteriormente se los volvieron a eliminar.
En el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, se impulsaron políticas, bajo la modalidad de tratados internacionales contra el militarismo, la producción y compra de armas a nivel mundial, en la ONU.
Centroamérica, como resultado de las guerras internas desde la década de 1980 ha sido un escenario de gran tráfico de armas, de compra y venta de armas de guerra. Tráfico ilegal del que Costa Rica no ha escapado. En nuestro territorio se mueven armas con conocimiento oficial y poco control.
La venta de armas es autorizada en Costa Rica. Especialmente de armas que no son de guerra; pero, se están vendiendo armas de guerra. Los grupos asociados al comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, están bien armadas con este tipo de armamento militar. Constantemente, esto se evidencia en las noticias que se publican de sus enfrentamientos, en disputas por el control de los territorios de distribución de drogas y de exportación de la cocaína a Europa, así como por el cuido de sus bodegas, consideradas de las más importantes y grandes de la región, comparadas con algunos países suramericanos, por sus dimensiones.
La reorganización que se ha venido haciendo en la Seguridad Pública nacional contribuye al fortalecimiento de estos grupos, de sus negocios de drogas como del manejo de armas que poseen.
La venta de armas de guerra que se hace en el país, por la cual se puede adquirir armamento de guerra, de combate, armas modernas de distintos calibres y calidades ofensivas, las que se pueden traer, como parte de estas ventas, constituye un grave peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas y para la seguridad del mismo sistema democrático que tenemos.
La existencia de las policías privadas en el país, en número superior a la Fuerza Pública, hace más peligroso ese arsenal de armas existentes en el país, por la dimensión de pequeños “ejércitos privados” que pueden constituirse de esa manera, algunos de los cuales pueden ser útiles incluso a políticos del actual gobierno como de fuera del gobierno y la institucionalidad.
La existencia de centenares de pistas aéreas “clandestinas” que operan en el país, unas reconocidas y otras no oficialmente, facilitan ese comercio de armas, como de drogas. A veces, la prensa da cuenta de aeronaves abandonadas en algunas de esas pistas.
Desde el punto de vista de la seguridad social cada vez más son atendidos, en las emergencias hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro social, y en hospitales y clínicas privadas, ciudadanos heridos con armas de guerra. Solo el año pasado la atención de estos ciudadanos llegó casi a los 1500, un promedio de cuatro diarios. Por armas de fuego en los nueve meses que llevamos del 2024 han sido atendidas 821 personas. Y del período 2019 al 2024 han sido atendidas 5.652 personas, a un promedio diario, en estos cinco años, de casi 3.3 personas diarias. De acuerdo con el OIJ, los muertos con armas de fuego, de manera dolosa, este año suman 640 personas.
Las armas de guerra que se están empleando, entre otras son AR-15, M 16, AK47. La AR-15 es traída de Estados Unidos, traficada por las organizaciones criminales que la pagan con drogas. De acuerdo con los datos criminológicos del país estamos en la cuarta ola del narcotráfico, con una violencia homicida que tiene un 60% de vinculación con el crimen organizado.
Esta situación obliga a que se deban tomar decisiones más fuertes en el control del comercio lícito de armas. Ese control pasa inexorablemente por prohibir de manera definitiva la traída de cualquier tipo de armas de guerra, y de penalizar severamente a quien las posea.
El ambiente de inseguridad nacional es muy peligroso para la estabilidad democrática del país. Facilita incluso que desde el gobierno se pueda provocar un clima y una situación que conduzca a un estado de excepción, un estado de sitio, a un autogolpe de estado, a una prolongación fáctica del gobierno aduciendo esta situación de inseguridad y de inestabilidad.
El gobierno constantemente contribuye a ella atacando la institucionalidad pública, los poderes del Estado, los organismos e instituciones de control político y administrativo, provocando la pérdida de la fe en los Poderes Legislativo y Judicial, cuestionando, criticando y debilitando los actores críticos de la sociedad costarricense, a los partidos políticos, a los dirigentes políticos nacionales, a los gestores de opinión y a los analistas políticos.
Recientemente, con las detenciones para efectos de investigación judicial, que se ha hecho de directores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno, en pleno, con sus ministros y su fracción de diputados, todos de traje negro, como si asistieran al funeral anunciado de la democracia nacional, en boca del presidente jaguar, que curiosamente no rugió como suele hacerlo, advirtió de que se está a punto de perder la democracia y que de parte del gobierno se requieren, en posibilidad, acciones más fuertes, insinuando justamente el autogolpe de estado, el estado de excepción, las limitaciones de las libertades y derechos ciudadanos. Amenazó incluso de que podría no haber elecciones en el 2026.
Estos últimos días, particularmente de noche, han puesto a funcionar helicópteros, sin insignias del gobierno, pero tampoco intervenidos por las autoridades de seguridad pública, en caso de que fueran privados, a volar bajo, muy bajo, sin luces, casi a nivel de techos en determinadas comunidades, en Montes de Oca, en Escazú, en Santa Ana, dando vueltas a todo ruido de motores, llamando la atención y provocando preocupación de los ciudadanos en sus casas, como si fueran operativos policiales o de seguridad, en persecución o de acciones policiales en desarrollo.
Ante la protesta, preocupación y consulta de ciudadanos se ha dicho que han sido “acciones de entrenamiento para condiciones del mal clima”. ¿Cuándo, en Costa Rica, se han hecho ese tipo operaciones y maniobras policiales, que parecen más de ejército en condiciones de represión y de golpes de estado, aduciendo prácticas de entrenamiento? ¿Ni siquiera las hacen de día? ¿Por qué asustan y preocupan a la población con esos desplantes? ¿O, es que están preparando a la gente para el ambiente de zozobra, de inquietud o de amenaza, y de represión o de autogolpe institucional de estado, que se quiere imponer por la forma autoritaria de ejercer el Gobierno de la República? ¿Quién dio la orden de esos “ejercicios” nocturnos de los helicópteros, que no parecían ser del gobierno, todos negros, sin identificación alguna? ¿Tendrá el presidente un grupo altamente especializado en este tipo de operativos, como el que tiene a su servicio de manera directa, para su seguridad presidencial, que parece más para su seguridad personal, que solo a él le reporta?
¿A cuál “mal clima” se han referido las autoridades que han justificado esos vuelos rasantes de helicópteros, justamente la noche de la detención de los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Al clima político que están viviendo quienes están siendo sometidos a investigación judicial en el Gobierno? ¿O eran vuelos de apoyo moral para los detenidos esa noche?
Justamente, ese día y esa noche fatídica para el gobierno, como lo reconoció el jaguar principal, también coincidieron acciones amenazantes de tipo terrorista contra el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y contra el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército?
Los desplantes militaristas de los vuelos rasantes y los desplantes militaristas de las caravanas presidenciales matutinas hacia Zapote apuntan en muy mala dirección política nacional.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.
Promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante funciones de investigación, extensión y administración de servicios es parte fundamental del quehacer de las universidades públicas. Los recursos que el Estado invierte en estas instituciones se devuelven al país a través de programas de becas, promoción de la salud, bienestar estudiantil y movilidad social.
El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó un foro en la Asamblea Legislativa titulado «Reducción de la desigualdad: las universidades públicas generando oportunidades que transforman vidas». Participaron María José Cascante, coordinadora de la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil; Randall Hidalgo, vicerrector de Docencia de la UNA; Olman Madrigal, de la División de Planificación Universitaria de Conare; y Sharon Jiménez, estudiante de la UNED. La actividad fue moderada por Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA.
Cascante destacó que, aunque Costa Rica ha sido reconocida por sus bajos niveles de desigualdad, en los últimos años ha habido un aumento en la pobreza, con más del 20% de la población afectada. Recordó el aporte de las universidades públicas para mitigar algunos efectos de la pandemia, proporcionando acceso a estudiantes de sectores más pobres, e hizo énfasis en la ampliación de la oferta académica, especialmente en áreas STEM, y en la inversión en becas y programas de apoyo socioeconómico, lo que ha permitido que muchas personas continúen sus estudios.
Hidalgo explicó en detalle el modelo de estratificación que aplica la Universidad Nacional para el ingreso de sus estudiantes, donde, además de la prueba de admisión, desde 2009 se implementa un sistema de tipificación y estratificación que ha aumentado el acceso a la educación superior de estudiantes en mayor vulnerabilidad.
El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) lleva más de 15 años recopilando información sobre los graduados de universidades públicas en Costa Rica. El último estudio incluyó a más de 10,000 graduados, de los cuales el 59% eran mujeres, y el 66.3% eran de primera generación, es decir, los primeros en sus familias en obtener un título universitario. Fuera del Gran Área Metropolitana, esta cifra asciende al 77%. La mayoría de los graduados provienen de colegios públicos (74.7%).
De acuerdo con los datos presentados por Madrigal, en 2022 la tasa de desempleo entre los graduados fue del 6.5%, significativamente menor que el 12.2% de desempleo general en Costa Rica. Las disciplinas con mejores indicadores de empleabilidad, con un 0% de desempleo y 100% de empleos relacionados con el área de estudio, fueron aquellas en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destacándose particularmente computación y ciencias económicas.
También resaltó las competencias más demandadas por los empleadores en ambos sectores (público y privado): compromiso ético, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y satisfacción oportuna de las demandas laborales.
Sharon Jiménez, estudiante de Informática Educativa en la UNED, compartió su experiencia afirmando que ser estudiante va más allá de lo académico, y destacó cómo la educación superior pública trasciende las estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay personas, familias e historias que reflejan el impacto de estas instituciones en el bienestar social.
“En la universidad pública, el estudiante entra con la clara convicción de que debe graduarse, y por lo tanto, no está solo; está acompañado de un sistema de apoyo integral que incluye una vida estudiantil robusta, la posibilidad de participar en grupos culturales, de ser estudiante asistente, formarse junto a los profesores, y acceder a servicios de bibliotecas, bases de datos, salud y recreación”, expresó Francisco González, rector de la UNA.
Voces
La diputada Rosaura Méndez, quien gestionó este espacio, mencionó que las universidades siguen siendo pilares de desarrollo para estudiantes y comunidades, a través de programas de becas, extensión e investigación. Destacó que un alto porcentaje de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos y muchos reciben becas, lo que refleja el compromiso del sistema educativo con la equidad.
Por su parte, la diputada Paulina Ramírez expresó su fuerte identificación con las universidades públicas y la educación, resaltando su importancia como motor de oportunidades para los sectores más vulnerables. Criticó las decisiones políticas que amenazan la continuidad de este derecho fundamental y aseguró que, desde la Asamblea Legislativa, se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar las acciones del gobierno.
La también diputada Alejandra Larios destacó la importancia de contar con espacios donde los datos desmienten los mitos sobre las universidades públicas. “Los datos son esenciales para mostrar en qué se invierte el dinero de las universidades y combatir las falsedades sobre su financiamiento”, señaló.
Finalmente, el diputado Óscar Izquierdo subrayó la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto para las universidades. Afirmó que reducir las desigualdades es un motivo clave para luchar por un presupuesto justo para las universidades públicas y aseguró que su fracción legislativa está comprometida a garantizar los recursos necesarios para que estas instituciones continúen desempeñando su rol en el desarrollo del país y combatan los mitos sobre su financiamiento.
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