Costa Rica ha sido durante décadas un faro de estabilidad democrática en América Latina. Su sólida institucionalidad, su tradición de alternancia pacífica, la abolición del ejército y su apego al Estado de Derecho le valieron el reconocimiento como una «Democracia Plena» por índices internacionales, un título que pocas naciones en el mundo ostentan. Sin embargo, en los últimos tiempos, la retórica y algunas acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles proyectan una inquietante sombra sobre este legado, encendiendo alarmas sobre los peligros del populismo y la insidiosa erosión de las instituciones democráticas.
El populismo, en su esencia, construye una narrativa maniquea: «el pueblo virtuoso» contra «las élites corruptas». Es una herramienta poderosa para movilizar apoyos, pero su lógica inherentemente confrontacional y antipluralista es incompatible con la democracia liberal, que se basa en pesos y contrapesos, en el respeto a las minorías y en la independencia de las instituciones. La retórica del presidente Chaves Robles contiene elementos preocupantemente alineados con este manual: ataques constantes y descalificaciones genéricas contra la prensa («prensa canalla»), contra el poder judicial (acusándolo de politizado o lento sin pruebas concretas), contra la Asamblea Legislativa (deslegitimándola como «disfuncional y corrupta») y contra órganos de control como la Contraloría General de la República. Este discurso no busca la crítica constructiva; busca minar la credibilidad de todo contrapoder, presentándolo como un enemigo del «verdadero pueblo» que él dice encarnar.
El paralelo latinoamericano: De la erosión a la autocracia, un espejo que nos negamos a ver nuestro reflejo
La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos dolorosos de cómo este guión puede desembocar en tragedia democrática.
El Brasil en tiempos de Bolsonaro supuso el ataque a la legitimidad. Jair Bolsonaro ejemplificó la retórica agresiva y confrontacional contra las instituciones. Cuestionó sistemáticamente la independencia del poder judicial (especialmente el Supremo Tribunal Federal), atacó a la prensa («periodistas corruptos»), promovió teorías conspirativas y sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral sin pruebas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. El patrón de deslegitimación constante de Chaves contra la Asamblea Legislativa y la prensa tiene ecos del estilo Bolsonaro.
La Nicaragua de Ortega de Revolucionario a Dictador: Daniel Ortega, una vez símbolo de lucha del pueblo nicaragüense desde el movimiento revolucionario legítimo de Augusto Cesar Sandino, contra la dictadura, ha construido una férrea autocracia. Eliminó la alternancia mediante reformas constitucionales, reprimió brutalmente la protesta social, encarceló a candidatos opositores, clausuró medios de comunicación críticos y ONGs, y anuló toda independencia institucional. Es un recordatorio sombrío de cómo figuras que llegan al poder por la vía electoral pueden, mediante el control progresivo de las instituciones, destruir la democracia desde dentro.
Más allá de la región: El resurgir global del autoritarismo
El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Hungría, Viktor Orbán ha construido una «democracia iliberal» debilitando el poder judicial, controlando los medios y cambiando leyes electorales para perpetuarse. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha concentrado poder de manera alarmante. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el clímax de una campaña de deslegitimación constante de las instituciones electorales por parte de Donald Trump. Estos ejemplos demuestran que las democracias, incluso las consolidadas, no son inmunes a la erosión populista y autoritaria.
Costa Rica: La fragilidad de lo sólido
La gran fortaleza de Costa Rica ha sido precisamente la solidez y el prestigio de sus instituciones. La Sala Constitucional («Sala IV»), la Contraloría, el TSE, la prensa libre, son pilares que han garantizado el equilibrio. El peligro de la retórica de Chaves Robles no es que vaya a instaurar una dictadura mañana.
El peligro es más insidioso: la normalización del ataque a las instituciones. Cada descalificación infundada, cada intento de socavar su autoridad, cada intento de concentrar poder o de presentar los controles democráticos como obstáculos, debilita la cultura de respeto institucional que sostiene la democracia. Es la erosión lenta, la grieta que se agranda con cada embate retórico.
Defender la Casa Común
La democracia costarricense no es invulnerable. Su fortaleza histórica no garantiza su futuro inmutable. La retórica populista y con rasgos fascistizantes (simplificación extrema, enemigo interno, ataque a la pluralidad) del presidente Chaves Robles representa un riesgo claro para su institucionalidad. Las comparaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua y otros ejemplos globales no son alarmismo infundado; son advertencias basadas en patrones observables. Son lecciones de cómo comienza el declive democrático: con palabras que dividen, que deslegitiman, que siembran desconfianza en los pilares que sostienen la república.
La defensa de la democracia plena costarricense no es tarea solo de políticos o jueces. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, de la prensa independiente, de la academia, de la sociedad civil organizada. Requiere vigilancia activa, rechazo firme a la retórica divisionista y autoritaria, y un compromiso inquebrantable con la defensa de las instituciones que, aunque perfectibles, son el escudo que ha protegido a Costa Rica de los abismos que han sufrido otros. Que el faro costarricense no se apague por la complacencia o el miedo a señalar los peligros.
La democracia centenaria merece y exige este debate.
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
Recientemente apareció un texto interesante titulado “Milei y la cuestión de las formas”, publicado por Javier Franzé en La Vanguardia (órgano del Partido Socialista argentino)1. Ahí se evalúan las formas de las prácticas políticas del presidente argentino Javier Milei, aunque sus consideraciones pueden extenderse en buena medida a todas las principales figuras de la actual ola del populismo de ultraderecha que azota Occidente, con Chaves como nuestro ejemplo parroquial. Muchas de sus reflexiones alcanzan la discusión sobre la correcta práctica política en general, es decir, tanto de agentes políticos profesionales, como de militantes partidarios y de la ciudadanía en una democracia. Por ello, entiendo que vale la pena retomar nuevamente lo que ahí se plantea.
El autor propone al menos dos aspectos especialmente valiosos para la reflexión política. Primero, se refiere a las características fundamentales de nuestro accionar, o sea, de nuestra práctica, en tanto agentes morales. En segundo lugar, alude a la práctica política propia de una o un demócrata. Veamos.
El primer asunto interesante que aborda sensatamente este texto es la distinción, muy arraigada en nuestro sentido común, entre formas y contenido de la práctica política y, más en general, de nuestro accionar en tanto agentes. Así, se suele escuchar que al considerar la política, debemos distinguir tajantemente entre las formas (cómo se habla, cómo se trata a otras personas, con quién se discute) y el contenido (las propuestas que se presentan, los ideales que se persiguen con el accionar). En nuestros días, no es inusual que se entienda que ‘el contenido justifica cualesquiera formas’ o, incluso, que ciertas formas son estorbos para lograr lo clave, que se encuentra en el nivel del contenido (fines, ideas o propuestas) de la acción política.
Sobre esta distinción, el autor pone correctamente en duda los límites normativos de la separación entre forma y contenido. Y es que, desde un punto de vista más fundamental, no existe una distinción tajante éticamente entre ambos niveles. Por un lado, los contenidos intencionales de nuestra acción se construyen, comparten y afianzan por medio de ciertas prácticas que, en el caso de la política, son públicas en un sentido relevante. Las formas en que estas se expresan pueden moldear el contenido mismo de la acción política. Pero, además (yquizás de mayor importancia), hay contenido en las formas de nuestro accionar. O sea, las formas de nuestras prácticas en sí mismas tienen contenido: honran y difunden ciertos valores y desprecian otros.
Por ende, al considerar o realizar una práctica política, nunca podemos liberarnos de la consideración ética de su faceta formal. Ahí damos preponderancia a ciertos valores (¡ciertos contenidos!) sobre otros. “Las ‘formas’ tienen importancia por sus consecuencias, por el sentido que transmiten y la realidad que construyen. Otra vez, no son sólo formas, sino expresión de un contenido que, a su vez, contribuyen a crear”, dice correctamente Franzé.
El segundo aspecto interesante para la reflexión alude no ya a nuestra agencia en general, sino a la forma de nuestra correcta práctica política en tanto demócratas. Sobre esto el autor sostiene que ciertas formas son relevantes para la democracia por los valores que encarnan y que performativamente promueven. Prácticas políticas como las de Chaves, Milei o Trump, de irrespeto, insulto y ridiculización al que discrepa políticamente, no son meramente ‘feas’: son afrentas a los valores democráticos mismos; tienden al autoritarismo político. “Las malas formas de un presidente democrático no son importantes porque nos digan algo de su creencia o no en la democracia, sino que son significativas para la democracia misma como orden político”, para citar nuevamente al autor.
Ahora, ¿cuáles son esas formas que las prácticas democráticas han de sostener? Sintetizo algunas de las que se me ocurren: (a) la tolerancia práctica frente al desacuerdo político, entendiendo que este es constitutivo de la sociedad democrática; (b) la cordialidad básica entre quienes sólo median desacuerdos políticos, recordando que juntas y juntos conformamos un cuerpo más amplio, una comunidad política, una República; (c) la decencia y la coherencia pública, dando cuenta de que estamos guiados por ideales y principios, y no por el mero autointerés.
Cabe preguntarse, sin embargo, por qué aceptar esta visión sobre las correctas formas de la práctica política democrática. Al considerar la respuesta a este asunto, el autor se aproxima a uno de los grandes misterios de la vida democrática: ¿cómo se puede, coherentemente, desarrollar una práctica política fundada en cierta concepción que se estima correcta y, al mismo tiempo, admitir que hay otras concepciones y prácticas que en algún sentido también son aceptables? Desde mi punto de vista (y aquí me diferencio un poco del autor), para responder estas cuestiones, debemos poder integrar, bajo distintas máscaras, nuestra faceta en tanto agentes políticos y en tanto personas ciudadanas.
En tanto agentes políticos, defendemos, promovemos y afianzamos ciertas concepciones y propuestas políticas que entendemos como correctas y justas para nuestra sociedad. O sea, bajo esta máscara asumimos que hay posiciones sobre el orden social que son correctas, sin más. Para lograr que dichas posiciones se realicen, nuestra práctica se puede encauzar mediante todas las rutas de acción política constitucionalmente reconocidas.
Por su parte, en tanto personas ciudadanas, hemos de reconocer que existen otros integrantes de la comunidad política que se encuentran en una posición constitucional equivalente, pero que pueden sostener direcciones políticas alternativas. Y su posición es equivalente porque son personas con igual dignidad en tanto ciudadanas de la República y el hecho de su desacuerdo es expresión de su autonomía moral, presupuestos esenciales del profundo ideal democrático de comunidad política.
Honramos, respetamos y mostramos la defensa de dicho ideal (de dicho contenido) a través de ciertas formas en nuestras prácticas, en cada una de ellas, y, ciertamente, en nuestro accionar político. La máscara ciudadana subyace a la del agente político. He aquí la manera en la que se integran para la o el demócrata.
Es gracias a la máscara ciudadana que se distinguen las formas correctas de la vida democrática; es ella la que distancia a alguien que lleva una práctica política autoritaria, aunque se realice dentro de límites legales aceptables, de una práctica demócrata. Y, por supuesto, la persona que ocupa un puesto de autoridad (v.g. un presidente) ha de trasladar dichos valores a su propia práctica política, respetando desde su lugar las formas adecuadas para honrar el pluralismo político.
Al fin y al cabo, en la práctica política democrática, se cumple también aquello que agudamente apuntara Borges para toda nuestra vida: los actos son nuestros símbolos.
El análisis de la situación de las sociedades centroamericanas fue la temática clave, dentro del Congreso Excepcionalidad en duda. Foto Anel Kenjekeeva.
50 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR
Con jornadas llenas de criticidad, sentido analítico, solidaridad y hermandad, especialistas en diversos ámbitos de las ciencias sociales presentaron su visión acerca del panorama centroamericano
En medio de una región marcada por retrocesos democráticos, crisis estructurales y nuevos autoritarismos, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS UCR) celebró su 50 aniversario con un congreso de reflexión y debate titulado Excepcionalidad en duda: Costa Rica en la Centroamérica del 2025.
Más que una conmemoración, el evento fue un espacio para el pensamiento crítico sobre el pasado, presente y futuro del Istmo, que está atrapado entre la impunidad y la resistencia.
Se trató de algo más que una celebración institucional, fue una interpelación directa a la academia, al compromiso ético de las ciencias sociales y a la necesidad de comprender una Centroamérica cuya fragilidad democrática ha dejado de ser una amenaza latente, para convertirse en una realidad palpable.
El IIS UCR: un salvavidas en medio de la tormenta
La jornada inaugural del Congreso contó con palabras de figuras académicas como el Dr. Koen Voorend, director del IIS UCR, quien subrayó la relevancia de este espacio en el contexto actual. “Hoy el Instituto cumple 50 años, eso hay que celebrarlo porque estamos en un contexto turbio, complejo, con paradigmas de crisis sociales y económicas en todo el mundo, y en momentos en que se pone en entredicho el valor de la universidad pública”, afirmó.
Consciente de la amenaza que representa el debilitamiento de la autonomía universitaria y el desprestigio del pensamiento crítico, Voorend defendió la relevancia de la vinculación entre la docencia, la investigación y la acción social. “El IIS me dio la oportunidad de ganar una vida académica y laboral en Costa Rica. Es una época de mucha esperanza en la capacidad de las universidades para unir los pilares fundamentales del conocimiento”, añadió.
El Dr. Koen Voorend, director del IIS UCR (de pie a la derecha), fue enfático al destacar el papel de las universidades públicas, dentro de los esfuerzos por buscar mejorar las sociedades en Centroamérica. Foto Laura Rodríguez.
Por su parte, la Dra. Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, contextualizó el nacimiento del IIS en una visión estructural de desarrollo académico: “La fundación del IIS en 1975 no fue un hecho aislado, sino parte de una visión fundacional más amplia… una que apostaba por construir una Facultad que situara la investigación como eje estructural”.
Avendaño destacó que hoy existen más de 300 proyectos vigentes en la Facultad que articulan docencia, acción social e investigación, un entramado institucional “diverso, potente y profundamente comprometido con la producción de saberes que transformen nuestra sociedad”, describió.
Un espejo inquietante para Costa Rica
Para inaugurar el Congreso se programó la conferencia de la politóloga e investigadora Rachel Schwartz, del Instituto Kellogg y la Universidad de Oklahoma. Bajo el título Cuando la impunidad contraataca: la lucha contra la corrupción y el futuro de la democracia en Centroamérica, Schwartz delineó un panorama sombrío pero esclarecedor.
“Centroamérica no es una excepción”, advirtió. En su análisis, los procesos autoritarios actuales responden a una lógica transnacional de defensa de la impunidad, un sistema de poder enquistado en los Estados desde los años del postconflicto armado.
“Los países que vivieron guerras civiles no regresaron a ellas, pero se consolidó una democracia débil y una forma de Estado semipatrimonial”, explicó.
Este tipo de régimen, según Schwartz, permite a las élites políticas y económicas utilizar las instituciones para sus propios fines, manipular la legalidad y evitar la rendición de cuentas. Es un modelo que, aunque democrático en apariencia, opera con lógicas profundamente autoritarias. ¿Nos suena esto familiar a las y los costarricenses?
“La democracia débil en Centroamérica es necesaria con la misma fuerza por la cual es inviable”, citó, retomando la frase del sociólogo Edelberto Torres Rivas. A lo largo de su ponencia, Schwartz detalló cómo la lucha contra la corrupción, paradójicamente, ha servido de catalizador para una nueva ola de autoritarismo: los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua lo demuestran con crudeza, señaló la experta.
De las expectativas rotas a los autoritarismos consolidados
Para Schwartz, el caso guatemalteco fue especialmente ilustrativo: la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró, junto al Ministerio Público, procesar a altos funcionarios e incluso tumbar un gobierno. Pero esa ofensiva contra la corrupción desató la reacción de las élites, que cooptaron el aparato judicial para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y activistas. “El mensaje fue claro: sacrifiquemos la institucionalidad, resguardemos la impunidad”, sentenció Schwartz.
En Honduras, una oleada de escándalos de corrupción fue enfrentada con reformas que blindaron a los responsables. Mientras El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, ha transitado de una democracia partidista a un régimen de excepción, con más de 80 000 personas detenidas y apresadas, y un proceso de reelección inconstitucional.
Y en Nicaragua, el control absoluto del aparato estatal por parte del régimen Ortega-Murillo ha producido violaciones masivas a los derechos humanos, en un modelo que las Naciones Unidas han comparado con el régimen nazi, adujo la especialista.
¿Está Costa Rica al filo del despeñadero?
Este Congreso puso sobre la mesa una pregunta incómoda para el país anfitrión: ¿es aún una excepción en este panorama? La tradición democrática costarricense, su robusta institucionalidad y su cultura cívica han sido por años motivo de orgullo, pero la región cambia y arrastra consigo dinámicas que desafían esa excepcionalidad.
Los discursos que se escucharon durante el Congreso coinciden en señalar que la resistencia está en el conocimiento crítico, en la capacidad de las universidades públicas para generar pensamiento, y en la construcción de ciudadanía informada.
“El modelo eficiente que implicó que los pueblos se resignaran a democracias débiles ya no se puede sostener”, concluyó Schwartz
La investigadora Rachel Schwartz, advirtió sobre la extensión del autoritarismo dentro de las democracias centroamericanas, y la alianza entre las élites políticas y económicas para que la corrupción quede impune. Foto Laura Rodríguez.
El Instituto de Investigaciones Sociales nació en 1975, en plena efervescencia política regional. Su trayectoria lo ha consolidado como un referente de pensamiento interdisciplinario y compromiso social. Hoy, cuando la región vuelve a oscilar entre la esperanza y el abismo, el IIS reafirma su papel como plataforma de análisis, denuncia y propuesta.
Celebrar sus cinco décadas no es sólo mirar al pasado con gratitud, sino defender su futuro. “No es tiempo para claudicar”, dijo la Dra. Avendaño. “Es tiempo para reafirmar que otro conocimiento es posible, y con él, otra Centroamérica”.
El conocimiento riguroso, el pensamiento crítico y la resistencia desde la academia siguen siendo, quizás, la mejor esperanza para los países de la región.
Centroamérica: una historia de revoluciones
El 50 aniversario del IIS UCR se convirtió en una oportunidad para replantear narrativas, cuestionar certezas y mirar con nuevos ojos el pasado traumático y esperanzador que vivió Centroamérica durante los años setenta y ochenta.
Y es que durante esos años convulsos, el Istmo fue el epicentro de guerras civiles, revoluciones, dictaduras militares y profundas movilizaciones sociales. Fue también el objeto de obsesión de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, y el escenario donde se proyectaron las tensiones ideológicas de la Guerra Fría.
Pero también fue el lugar donde nacieron proyectos utópicos, se tejieron solidaridades globales, y donde los pueblos intentaron, con todas sus fuerzas, transformar su destino.
“Fue una época de sueños desbordados, de grandísimas ideas, de la sensación de que todo era posible”, afirmó el historiador nicaragüense Dr. Mateo Jarquín Chamorro, durante su conferencia en el acto de clausura del Congreso. Su análisis de la revolución sandinista en Nicaragua, y de los procesos paralelos en El Salvador y Guatemala, trajo al presente los matices y contradicciones de aquella época.
En Nicaragua, la caída de la dictadura de los Somoza en 1979 marcó un antes y un después. El proyecto sandinista aspiraba a una redistribución radical de la riqueza y a la creación de un nuevo sujeto político, el “hombre nuevo”, influido por las ideas de justicia social y solidaridad internacional, recordó Chamorro. Pero el sueño fue asediado desde dentro y desde fuera.
A nivel interno enfrentó dificultades para consolidar una democracia revolucionaria, y a nivel externo fue atacado por la política intervencionista de Estados Unidos que apoyó a la llamada Contra con millones de dólares, armas y asesoría.
“Las revoluciones centroamericanas no lograron imponerse militarmente, ni transformar por completo las estructuras sociales. Pero tampoco los sectores conservadores pudieron restaurar el viejo orden. Quedamos en una especie de empate amargo”, expresó Jarquín, citando al politólogo argentino Carlos Vilas.
En El Salvador y Guatemala, la historia fue aún más sangrienta, dijo este experto. Años de represión militar, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos marcaron a generaciones enteras. La Guerra Civil salvadoreña (1980-1992) y el Conflicto Armado Interno guatemalteco (1960-1996) dejaron más de 300 mil muertos y un legado de dolor que todavía atraviesa las sociedades de esos países.
En la otra acera, Costa Rica se posicionó históricamente como el país “excepcional” de Centroamérica: una democracia sin ejército, con inversión sostenida en salud y educación, y con estabilidad política. Sin embargo, como advirtieron las autoridades universitarias durante el Congreso, esta narrativa ha sido usada para invisibilizar tensiones internas y desentenderse de los destinos compartidos con el resto de la región.
La inauguración y la clausura del Congreso en conmemoración por los 50 años del IIS UCR se realizaron en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía, el 14 y el 16 de mayo. Foto Laura Rodríguez.
La Dra. Vivian Vílchez Barbosa, directora de Gestión de la Investigación de la UCR, hizo un llamado a desmontar esa idea de excepcionalidad desde la investigación crítica: “Ponerla en duda no es una tarea menor, implica confrontar nuestros relatos fundacionales y asumir con honestidad que compararnos con nuestros vecinos no puede ser el único espejo. Necesitamos una lógica regional, interdependiente, compleja y solidaria”, apuntó Vílchez.
Por su parte, el Dr. José Moncada Jiménez, vicerrector de Investigación, advirtió sobre los riesgos de persistir en esa imagen complaciente. “La narrativa de la excepcionalidad ha atenuado las desigualdades históricas, las exclusiones y la crisis democrática que también nos afectan. El conocimiento crítico, el compromiso social y el diálogo regional son claves para avanzar”, reseñó Moncada.
Entre la centralidad geopolítica y la marginalidad global
Uno de los aportes más sugerentes del Dr. Jarquín fue la idea de que Centroamérica, a pesar de su importancia geoestratégica, ha sido históricamente marginada en el sistema internacional.
A lo largo del siglo XX, fue escenario de intervenciones extranjeras, desde el canal de Panamá hasta las “repúblicas bananeras”, pasando por el golpe de Estado en Guatemala en 1954 apoyado por la CIA.
Pero en los años 80, según Jarquín, ocurrió un fenómeno inédito: Centroamérica se convirtió, simbólicamente, en un campo de batalla ideológico global. Nicaragua fue el centro de la política exterior estadounidense bajo la administración de Ronald Reagan, y también el símbolo de una causa revolucionaria que movilizó a miles de internacionalistas, desde Europa hasta Asia.
“Las guerras en Centroamérica atrajeron más atención mediática, diplomática y académica que en cualquier otro momento de la historia de la región. Pero esa centralidad fue efímera y regresamos pronto al olvido”, lamentó el historiador.
En este contexto, el Instituto de Investigaciones Sociales ha desempeñado un papel clave como espacio de memoria, reflexión y acción crítica. Durante sus 50 años de existencia, el IIS UCR ha producido conocimiento comprometido con los derechos humanos, la equidad y la justicia social, y además ha documentado las voces silenciadas por la violencia, ha acompañado procesos comunitarios, y ha tejido puentes entre la academia y la sociedad.
“La investigación social, como el cuidado en salud, implica ver lo estructural, lo invisible, lo que duele, pero también lo que da esperanza”, reflexionó la Dra. Vílchez, retomando su formación como enfermera para subrayar el carácter transformador de la investigación.
En el 50 aniversario de la creación del IIS UCR, se dispuso una serie de mesas de discusión, como por ejemplo la denominada Desigualdad, trabajo y dignidad en América Central, que se desarrolló en las instalaciones del Instituto. Foto Laura Rodríguez.
¿Cuál es la Centroamérica queremos?
Los conflictos armados de las décadas pasadas dejaron cicatrices profundas, pero también enseñanzas. Las generaciones nacidas después de la guerra, como la del propio Jarquín, cargan con las deudas de ese pasado, aunque no lo hayan vivido directamente, indicó este historiador.
Las revoluciones se convirtieron en iconos, las utopías se desdibujaron y en su lugar quedó una región desigual, empobrecida y en muchos casos gobernada por nuevas formas de autoritarismo.
Aun así, desde los espacios académicos, comunitarios y culturales, se siguen abriendo caminos para imaginar una Centroamérica distinta. “Hoy más que nunca necesitamos una ciencia social comprometida, capaz de dialogar con otros saberes, de no temerle a la complejidad, y que se atreva a soñar futuros distintos”, subrayó finalmente Jarquín.
El Congreso excepcionalidad en duda no fue solo una mirada al pasado, sino una invitación al estudio del presente y del porvenir. En un contexto de crisis climática, migraciones masivas, violencia estructural y debilitamiento democrático, la región centroamericana enfrenta desafíos monumentales, pero también cuenta con una historia de resistencia, creatividad y solidaridad.
Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Recuerdo muy bien sus antecedentes y esa guerra. Las heridas que dejó en la conciencia nacional perduraron durante muchos años y hasta ahora nadie en su sano juicio se ha atrevido siquiera a mencionarla en el contexto de una discusión política.
Es irresponsable que el presidente de la República haga referencia a ella en relación con las acusaciones sobre el caso Pista Oscura. Preocupante también que ex miembros cuestionados de la Fuerza Pública convoquen a manifestaciones en su apoyo.
Los ataques al fiscal general y miembros del Poder Judicial son muy peligrosos y podrían conducir a situaciones impredecibles.
En un país que ha disfrutado de la democracia durante tantos años bajo gobiernos de diversas orientaciones, es alarmante el giro que este gobierno ha tomado.
Desde la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), con casi 4 décadas de trabajo en comunidades rurales por los derechos humanos de las mujeres en su diversidad, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del señor Presidente de la República, que parecen convocar a la ciudadanía a la confrontación armada como respuesta a las legítimas expresiones de crítica y defensa del Estado de Derecho.
Costa Rica es una nación con una larga tradición de resolución pacífica de los conflictos, diálogo social y desmilitarización. Cualquier discurso que alimente el miedo, la polarización o la violencia socava los principios fundamentales de nuestra democracia y pone en riesgo la seguridad de las personas, especialmente de quienes históricamente hemos enfrentado desigualdades estructurales, como las mujeres, las juventudes y las poblaciones más vulnerables.
Desde MUSADE, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la justicia social, la participación ciudadana y la defensa activa de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los poderes del Estado, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a rechazar toda forma de violencia y a fortalecer los espacios de diálogo democrático.
Nada justifica un retroceso en la institucionalidad democrática costarricense ni en los avances conquistados por los movimientos sociales y feministas.
Seguiremos trabajando desde la periferia al centro, construyendo liderazgos que transforman, y defendiendo la vida en todas sus formas.
¡La democracia no se amenaza, se cuida y se fortalece!
– Reubicación/debilitamiento de la Policía de Control de Drogas (PCD)
– Sacar a Guardacostas de una de las zonas por donde más ingresan y pasan drogas
– Negar recursos y ataque sistemático a la policía más profesional y que más lucha contra la corrupción y el crimen organizado: el OIJ.
-Ataque sistemático a la Fiscalía y al Poder Judicial, principales responsables de investigar y procesar todo tipo de ilícitos como la corrupción y el crimen organizado.
– Veto a ley que amplía horarios y días para hacer allanamientos
¿Para quién gobiernan? ¿Quiénes salen ganando con esas medidas?
Los resultados son también claros: menos incautaciones de drogas, más violencia de todo tipo, crímenes en crecimiento, nuevas y viejas formas de corrupción, salen a la luz grupos narco/paramilitares defendiendo al presidente.
¿Cómo tratan de esconder esta tragedia?
Pues con una teoría conspirativa de que al presidente le quieren hacer un golpe de Estado y de que el sistema judicial es el peor enemigo de Costa Rica.
Junto a una tóxica estrategia de propaganda, desinformación y polarización que inicia en Zapote, tiene un fuerte eco en Cuesta de Moras y se disemina de manera estridente en los medios afines y todas las redes sociales con un gran número de «creadores de contenido».
¿No es esa la forma en que se han justificado rupturas con la democracia, autogolpes y dictaduras en otros contextos y en otros países?
Las señales son claras. Espero que no sea tarde para detener una tragedia aún más grande, cuyos mayores costos seguirán recayendo sobre el pueblo de Costa Rica.
«Oye tico, amigo, no creas en los que andan asustando con ese cuento. No ha sucedido desde 1931, al término de la dictadura de Carlos Ibáñez, y, desde entonces, las Fuerzas Armadas, han jurado respetar la Constitución y las leyes, y eso no va a cambiar», nos decían, convencidos en que así sería.
El presidente Salvador Allende, había sido electo democráticamente el 3 de noviembre de 1970, y, aunque trataron de impedir que ejerciera el mandato del pueblo, estaba en su despacho, en el Palacio de La Moneda, cumpliéndole al pueblo chileno, lo que esperaba de él.
Corría el año de 1973, y en marzo, la oficialista Unidad Popular, aumentó, como mala noticia para la derecha conspiradora, el apoyo electoral, al lograr que el 44 % de los votos favorables, impidiera que los grupos unidos de oposición, encabezados por la Democracia Cristiana (29 %), alcanzaran los ⅔ de los votos, necesarios para destituir al presidente Allende.
Pues bien, a partir de ese momento, la CIA, por orden de Richard Nixon, convencidos de la fuerza electoral del presidente socialista, activó sus contactos con ciertos generales, y, muy importante, con líderes políticos de derecha, principalmente, que «jugando» de demócratas, ejercían una influencia importante entre los civiles.
Ante esas muy resumidas circunstancias, amigos democristianos, académicos de la Universidad de Chile, casi todos los días, se frotaban las manos, mientras decían a viva voz, «¡VIENE EL GOLPE!». Manifestaciones que, este costarricense, acostumbrado a vivir en una nación sin ejército, sin fuerzas armadas, sin soldados, por un lado, no lo creía posible, y por otro no lograba entenderlo, pues el sistema electoral chileno, gozaba de muy buena salud. ¿Por qué un Golpe de Estado, si se avanzaba hacia una nueva elección general?, pensaba confundido, en los tiempos libres, que, robaba a los estudios de doctorado en la Universidad de Chile.
Pero así no pensaban los golpistas, pues se corría «el riesgo» de que, al pueblo chileno, se le siguieran dando derechos, que, por mucho tiempo, se les habían negado, y que, estaban afectando sus negocios.
Así, después de una sublevación de un coronel, al mando de una unidad capitalina de tanques del ejército, realizada el 29 de junio de 1973, percibimos que la cosa era seria. El tal coronel, sintiéndose héroe, sacó los tanques, y con ellos, ordenó disparar sobre el Palacio de La Moneda, la vulnerable casa presidencial, mientras exigía la rendición del Dr. Allende, quien, ciertamente no estaba allí, en el momento del ataque.
Al mes siguiente, en julio, continuó la campaña de rumores, noticias falsas, arengas, acompañada por sabotajes y las muy bien financiadas, con dólares americanos, acciones golpistas. Por otro lado, también estaban, los que negaban firmemente, la posibilidad de que se sublevaran, las Fuerzas Armadas, entonces comandadas conjuntamente, por el señor presidente Allende y el fiel general Arturo Prats.
Por ello, se reiteraba, que los militares chilenos, no eran golpistas…, que esa amenaza, era irreal. El resto de la dramática, y muy sangrienta historia, es bien conocida. Los miles de asesinados, torturados y expulsados de su Patria, son parte del doloroso recuerdo, que sigue oprimiendo los pechos de los sobrevivientes.
Lo traemos a colación, pues, creemos, que como lección no debe desdeñarse, por los que vivimos en democracia, donde se respeta la Constitución Política, y la separación de poderes. Y muy especialmente, por los jóvenes que no se imaginan, lo que es sobrevivir, bajo las órdenes de un dictador, pero que, muy ligeramente, dicen «preferir» vivir así, antes de respirar los aires democráticos, que vivimos en Costa Rica.
Y es aquí, al igual que en Chile, quizá porque lo sufrimos personalmente, vemos señales, emitidas por el díscolo presidente Rodrigo Chaves, que parecen evidenciar la perversa aspiración, por, eventualmente, estructurar una dictadura similar en Costa Rica, salpicada por el narcotráfico.
«¡Que eso es imposible, que nuestra Carta Magna es el blindaje que protege nuestra democracia, que aquí no hay ejército!», se argumenta, por los que respetamos los principios democráticos más valiosos.
Pero, lo cierto, es que no debemos desdeñar, los ataques soeces a la institucionalidad democrática, mientras aumentan los actos de corrupción en la CCSS, en el MOPT, en el INS, en el ICE, en la Comisión de Emergencias… con escándalos, en que el presidente y otros, aparecen involucrados. Por ejemplo, una oscura contratación directa en el ICE, con la empresa estadounidense marca CISCO, por US$ 160 millones, el sobreprecio por unos ¢1.000 millones para el mantenimiento de una pista de aterrizaje, la gigantesca cifra, alrededor de una forzada contratación de cooperativas de Salud, y la prisión de más de US$35 millones, que no se sustenta siquiera en un proyecto que la justifique, y que proponen construir, usando el mañoso mecanismo, que ha provocado el escándalo alrededor de la reparación de la pista en el aeropuerto Daniel Oduber.
Tenemos claro, que hoy, no es necesario ejecutar un Golpe de Estado («pronunciamiento militar” decía el asesino Pinochet) para entronizar un dictador, existen otras formas, aunque la existencia de un ejército, lo haría, obviamente, más fácil.
El Chaves tico, piensa que, con discursos falsos, que invitan a la violencia, plenos de demagogia, que fomentan el fanatismo irracional, quizá se podría ejecutar, “usando” a nuestros respetados guardias civiles, ahora bajo un ministro que no despierta confianza. Por ello, para crear ese ambiente, hace uso de costosas campañas, financiadas, eso sí, con fondos públicos. Mensajes que promueven actos inconstitucionales, irrespetuosos del Código Electoral, con los que, el Chaves se imagina, sería posible, mover virtuales masas de personas, que podrían creer estar ante un «santo venerable», un dios pagano, que les dará educación, salud, pan, vestido, bien remunerados trabajos, etc., por lo cual hay que luchar a su lado, contra “los corruptos de todas las instituciones de gobierno, y los mandos medios que no dejan trabajar”, les dice.
Aunque hasta ahora, el presidente ha sido incapaz de movilizar al cardumen, que no le cuestiona la dirección que sigue su administración, ha de reconocerse que, sí está creando condiciones, en las cuales espera alcanzar, por vía de la manipulación y los votos, una calificada mayoría parlamentaria, que, como sus amigos dictadores Ortega y Bukele, pudiese hacer y deshacer, según sus perversas ideas. Sabe que, con una reforma a la Ley del Referendo, podría precipitar cambios profundos en la Constitución Política, según sus antojos, que provocarían el fin de nuestro sistema democrático, pues hasta un ejército podría crearse nuevamente.
En fin, cuando nos reiteran que no sería viable que sucediese algo así, inevitablemente, vienen a nuestra memoria, los sucesos sufridos por el pueblo chileno, donde, de un momento a otro, el cielo celeste se oscureció, el día en que, con sangre derramada, se escribieron órdenes que derogaron las leyes que le estorbaban a Pinochet, para así cometer sus diabólicas fechorías. Y se hizo, paradójicamente, mientras se avasallaba, también, a los Demócrata Cristianos, que habían favorecido el golpe de Estado. Lo sucedido en Chile, es una enseñanza a valorar, pues, algunos de los que desde posiciones de derecha apoyan esa desastrosa idea, también podrían sufrir las consecuencias de ser cómplices e indiferentes, por ambiciosos. Los escombros de las instituciones también podrían caer sobre ellos.
La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.
El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.
La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?
No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.
La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.
La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.
En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.
La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.
Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.
Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.
La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.
Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.
Partido Vanguardia Popular – Costa Rica Fundado – 16 de junio de 1931
Las declaraciones recientes de Rodrigo Chaves Robles, de José Fabio Pizarro y Minor Vargas, son temerarias, irresponsables y forman parte de la narrativa del odio y violencia a que nos tiene acostumbrado el inquilino transitorio de la casa de Zapote.
El llamado a la “guerra civil” por parte del actual mandatario, rebasó todos los límites de la naturaleza del ser costarricense.
Por su parte, las declaraciones del exjefe de policía José Fabio Pizarro, acusado y condenado por narcotráfico y el apoyo, explícito, del excomandante Minor Vargas, se ajustan a tres aspectos que nos debe llamar la atención:
Son caja de resonancia del discurso de odio y violencia de la magistratura actual.
Servir al crimen organizado, le da un plus a Pizarro, para reclutar “policías especializados” y “reservistas”. Ambos van a requerir pagos costosos. ¿quién los va a financiar?
Irrespetan una vez más la institucionalidad, al declarar públicamente que “es necesario apoyar a Chaves después de los operativos judiciales”. Una clara intromisión en el ejercicio de la justicia.
Si se hace un llamado a la vía armada, se da por sentado que se están violentando una serie de principios legales y constitucionales. Se viola la Ley de Armas y Explosivos n.7530, el artículo 88 del Código Penal, el artículo 4 de la Constitución Política y el artículo 301 del Código Penal que establece penas de prisión para aquellas personas que llamen a alzarse en armas. Suficiente material legal para que, desde ya, el OIJ proceda a investigar a Pizarro y Vargas.
Solo dos párrafos o frases para tomar en consideración:
1.- “Podemos hacer una buena presentación ante este señor, uniformados, fatigona, bien bonitos”.
2.- “No somos un grupo militar o paramilitar, ni incitadores ni alborotadores”.
Hoy estamos de cara a una acentuación del discurso del odio, frente a un llamado a la sedición a la Patria, al irrespeto de la institucionalidad, a romper con la tradición democrática de nuestro pueblo y a quebrantar la paz social.
La convocatoria, obviamente, es explícita, va dirigida a exoficiales y reservistas, no a la ciudadanía, no al pueblo. No, es a un amplio sector con formación militar; lo que da por sentado –como diría la señora de PURRAL– que ambos militares (policías especializados) no parten de cero. En algún lado están las armas y los mercenarios. Y detrás de la propuesta, el fantasma del narcotráfico, capaz de apoyar cualquier aventura antidemocrática.
Recordemos, tal y como lo señala la DIS, al indicar que José F. Pizarro es un “hombre que tiene amplia preparación policial operativa” y que, además, para Vargas, el grado de excomandante no se da virtualmente.
Respecto al presidente, su desconocimiento histórico de los hechos políticos sobre la Guerra Civil de 1948, son el fiel reflejo de 35 años de estar desvinculado y ausente del sabor de la idiosincrasia de los ticos y las ticas.
Cuando el pueblo, en su conjunto, ha hecho el esfuerzo de restañar las heridas del Guerra Civil, la lengua suelta de la realidad concreta y su discurso precipitado al odio, incitan desde la primera magistratura a la Guerra fratricida, a la confrontación entre hermanas y hermanos. Que duro enseñar a nuestras generaciones venideras, esta amarga lección de “educación ciudadana”.
Usted, señora, señor, profesores, campesinos, obreros, intelectuales, en fin usted costarricense como yo, tenemos un serio compromiso histórico, defender el estado social y el estado social de derecho. Pero de la misma forma, por nuestro ideario democrático, debemos de luchar contra cualquier engendro de grupos paramilitares, al estilo de la mano blanca, el Movimiento Costa Rica Libre o de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o de estos nuevos uniformados de fatigona.
La paz, la autodeterminación, la soberanía y la democracia forman parte del legado histórico nacional y de nuestra memoria de clase.
¡Sí a Costa Rica, no al paramilitarismo y el narcotráfico!
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