Vladimir de la Cruz
Las elecciones del 2022 fueron altamente sorpresivas e inesperadas, para las cuales la sociedad costarricense no estaba preparada, no por la derrota del Partido Liberación Nacional, que había terminado su jornada electoral en febrero como primer finalista ante la segunda ronda, sino porque para ese momento se había producido una situación cualitativamente diferente en ese resultado.
En las elecciones del 2014 el candidato presidencial de Liberación Nacional, renunciaba cobardemente a su participación, en la segunda ronda, dejando al garete a su partido y a los votantes nacionales, que, aunque veían inminente su derrota en la segunda vuelta, no esperaban que su “líder” saliera corriendo a esconderse.
En las elecciones del 2018 el Partido Liberación Nacional no llegó a la segunda ronda, en su segunda derrota nacional. La disputa se dio entre el Partido Acción Ciudadana, que había emergido desde las elecciones del 2006, con su candidato Carlos Alvarado Quesada, y el líder espiritual y político del actual Partido Nueva República, de Fabricio Alvarado, que ya venía debutando en la política nacional y en la electoral. El tema central de la campaña electoral se concentró, en la segunda ronda electoral, en el área de los Derechos Humanos y Ciudadanos, sintiéndose amenazada la sociedad nacional de retroceder por razones “religiosas evangélicas”, provocando con ello una reacción del electorado que se volcó por la candidatura de Carlos Alvarado, que había terminado de segundo finalista en la elección de febrero de ese año.
La derrota de Liberación Nacional, por segunda vez consecutiva no era novedosa. Ya había sucedido en 1998 y el 2002, cuando la Unidad Social Cristiana gobernó dos veces consecutivamente, con Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco.
Por su parte el partido Unidad Social Cristiana, como partido histórico, de larga tradición, desde el 2006 dejó de ser finalista electoral para primeras y segundas rondas, disminuyendo su presencia política nacional y de representación popular.
En el 2006 la candidatura de Oscar Arias Sánchez salvó al partido Liberación Nacional de caer en la postración, debilidad y cansancio político que ha caracterizado a su siamés político, la Unidad Social Cristiana, desde ese año hasta hoy, a pesar del aire fresco que le dio Rodolfo Piza en las campañas electorales del 2014 y 2018.
El gobierno de Oscar Arias Sánchez, guste o no, salvó a su partido y su gobierno. También, guste o no, catapultó a Laura Chinchilla Miranda a la presidencia de la República del 2010 al 2014, gobierno, a partir del cual Liberación Nacional se alejó del Poder Ejecutivo, tres veces seguidas, 2014, 2018 y 2022, enfrentando hacia las elecciones del 2026 la posibilidad de acompañar a la Unidad Social Cristiana en su descalabro electoral en sus aspiraciones de Ejecutivo Nacional, o de recuperarse al menos para estar de finalista en las elecciones del 2026.
Para las elecciones del 2022 José María Figueres era, a mi modo de ver, la mejor carta de presentación política que tenía Liberación Nacional para retornar al Poder Ejecutivo, quedando de primer finalista para la segunda ronda. En ese partido sabotearon su candidatura por quienes terminaron rodeándolo en su círculo electoral más cercano y con las políticas electorales conservadoras, y la mala campaña electoral, con la que lo impulsaron, alejada de la historia de ese Partido en el desarrollo nacional y por su alejamiento de las políticas sociales social demócratas que en otros tiempos fueron sus banderas de atracción política.
En todas estas elecciones, el juego estaba entre partidos “tradicionales” que venían de distintas campañas electorales y con candidatos presidenciales “conocidos” en sus partidos y en la vida parlamentaria y política nacional.
En la elección del 2022 irrumpió un nuevo partido político, Progreso Social Democrático, nada conocido, recién formado para esa, su primera participación electoral, por una importante exmilitante del partido Acción ciudadana. Sin líderes políticos conocidos y destacados en la arena electoral y política nacional, se les “coló”, con éxito, un personaje, Rodrigo Chaves Robles, que llegó al país después de un autoexilio dorado de trabajo en un organismo internacional, por más de tres décadas, a trabajar por un breve plazo al Ministerio de Hacienda del gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Rodrigo Chaves Robles supo interpretar el desánimo nacional, la frustración de la población, el desencanto político existente con partidos políticos y con líderes de los partidos políticos y de gobiernos anteriores. Apreció la corrupción institucional que histórica, real o de leyenda se sentía en el país y, sobre todo, el abandono de grandes regiones, con sus poblaciones, de las acciones y políticas públicas que provocaban extrema pobreza, pobreza, debilitamiento de las clases medias, mala infraestructura nacional, abandono institucional de regiones, exclusión, marginación, desempleo trabajo informal creciente y otros muchos e importantes problemas, como el de la inseguridad nacional, la inseguridad ciudadana, y el narcotráfico, que hizo sus banderas para hacerse representar de toda esta población y regiones como su “salvador”, enfrentando violentamente en su lenguaje político a todas las estructuras políticas e institucionales, señalando que él podía hacerlas funcionar para “resolver” esos problemas.
Frente a esto, en la segunda ronda electoral, el electorado “cansado” de Liberación Nacional, que era el primer finalista de la segunda ronda, y ampliamente “prejuiciado” con José María Figueres, que había ganado esa primera ronda, terminó ante las dos alternativas electorales, Figueres o Chaves, absteniéndose de ir a votar por Figueres y Liberación Nacional, lo que facilitó el acomodo de votos a favor de Rodrigo Chaves quien resultó Presidente de la República, quien se encuentra en su último año de gobierno.
Los tres años de gobierno que ha tenido los ha concentrado en su discurso antisistema, antidemocracia, anti poderes públicos, anti equilibrio de esos poderes públicos, contra todo lo que significa Política tradicional, sean partidos políticos existentes principalmente en la Asamblea Legislativa, contra todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los disidentes políticos que no están de acuerdo con su gestión administrativa y política, con todos los que le critican, personas, analistas, periodistas y medios de comunicación en general.
La esencia de su discurso político, que le da réditos de simpatía política y personal, asociado a un líder carismático, de fuerza, autoritario que reclama, constantemente, que no gobierna “porque no lo dejan gobernar” la Asamblea Legislativa y sus diputados con sus partidos políticos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República.
Esto se asocia hoy a su deseo de permanecer en el Gobierno, lo que no puede constitucionalmente porque no está permitida la reelección consecutiva de un presidente, por lo que tendrá que esperar ocho años, hasta el 2034, para poder aspirar a una nueva candidatura. En pocos meses, en mayo del 2026, fuera de gobierno, sin tener un partido político propio en el cual él sea el principal dirigente político, por los próximos ocho años, es muy difícil que él pueda desarrollarse como líder político nacional, aunque haya sido presidente. Solo podría mantenerse activo si en un próximo gobierno se le nombra ministro, o si renuncia en julio para lanzarse como candidato a diputado en las elecciones del 2026, lo que sí le daría músculo político para mantenerse activo en política y forjar su candidatura presidencial futura, con posibilidad de modificar la Constitución Política de manera que le permita ser candidato presidencial de nuevo en el 2030. Estas son las opciones constitucionales y legales de su posible partición electoral futura, salvo que intente, por algún motivo provocado por él mismo, de inestabilidad política nacional, que le conduzca a establecer un estado de emergencia nacional, el cual le permita suspender garantías constitucionales y ejercer un gobierno de excepción, de características autoritarias, despóticas y tiránicas, como constantemente señala que se debe gobernar para poder resolver problemas nacionales y desarrollar acciones políticas.
En estos tres años ha saboreado las mieles y los privilegios que da el ejercicio del Poder. Ambicioso políticamente, como se expresa, ha impulsado la creación de nuevos partidos políticos, para que participen en el proceso electoral del 2026, bajo el llamado movimiento de los jaguares, orientado a desplazar a todos los partidos que tradicionalmente han ejercido el dominio de la Asamblea Legislativa, con la intención de llegar a elegir 40 diputados como lo pregona.
En las elecciones de 2022 el partido que lo eligió solo sacó 10 diputados de 57 que tiene la Asamblea Legislativa, lo que no le dio músculo político legislativo para impulsar leyes, ni capacidad para negociar proyectos de ley, por sus ataques constantes a los diputados y a la Asamblea Legislativa como institución y Poder de control político de la República.
El gobierno del 2014, de Luis Guillermo Solís y el del 2018 de Carlos Alvarado, no pasaron de 12 diputados, que si tuvieron capacidad de negociación parlamentaria, y no tuvieron una “crisis política” de relación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, como se ha dado en este descalabrado gobierno.
En la estructura organizacional del Estado costarricense tenemos los Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y, por asimilación, al Tribunal Supremo de Elecciones, que en teoría política y constitucional se desempeñan como pesos y contrapesos entre sí, no solo por el ejercicio y potestades de cada poder cuyas funciones son indelegables, sino por los controles que se establecen sobre ellos.
Los dos primeros, el Ejecutivo y el Legislativo tienen el mayor peso político por el carácter representativo que los constituye. Son el resultado, en su integración, de la elección directa del pueblo electoral, de los ciudadanos, quienes tienen el poder y la facultad de la representación política, quienes son el Poder Soberano y en quienes descansa la Soberanía Nacional.
Por el carácter de la representación política el Poder Legislativo es el más importante, por tener allí una mayor y más amplia representación ciudadana expresada en los 57 diputados, de una variedad de partidos y sectores políticamente organizados.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral tienen su máximo representante en quienes lo presiden. De estos Poderes el presidente de la Asamblea Legislativa está facultado para sustituir al presidente de la República en el caso extremo de que deje sus funciones temporal o permanentemente, y por ausencia extrema igual de sus vicepresidentes.
De allí que la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, que debe hacerse cada primero de mayo, cobre una importancia política relevante. La importancia y relevancia política del Poder Legislativo descansa en hacer las leyes, interpretarlas auténticamente si es del caso, y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo y las autoridades ministeriales e institucionales, y tener en su seno una mayor representación política del Pueblo Soberano. Las leyes no las hace el presidente legislativo. Las hacen todos los diputados. El resultado de esas leyes se atribuye a los gobiernos, y a los presidentes de la República que lo ejercen, no a los diputados y a sus partidos, salvo cuando esos partidos y diputados destacan que son las leyes que ellos impulsaron y les fueron aprobadas.
El cargo de presidente legislativo por esta razón debe ser bien valorado y meditado políticamente por los diputados. No se trata de nombrar a cualquiera de los diputados, que todos tendrían igual posibilidad y oportunidad, sino de escoger entre todos ellos el que mejor acredite por su experiencia política y atestados personales, pero también por la madurez y sensatez que pueden dar la edad y la experiencia política.
En el momento que vivimos en el país, con las características autoritarias y poco democráticas del actual Presidente de la República, que ataca constantemente a la Asamblea Legislativa, a todos sus diputados, que desearía gobernar si un Poder Legislativo para dirigir el país con Decretos Leyes, como se hizo en la Junta de gobierno de 1948-1949, se requiere que el Presidente Legislativo sea un diputado de gran experiencia política, ecuanimidad personal, inteligencia emocional política, buena formación profesional y política, con señorío para el cargo que representa, con la personalidad suficiente y digna para ejercer la Presidencia de la República en el caso extremo si así fuere necesario.
El presidente legislativo tiene que salir como resultado de una negociación política que produzca 29 diputados a favor de nombrarlo. Es una cifra que tiene que negociarse. No se trata de improvisar candidatos ni diputados con la aspiración de dirigir el Poder Legislativo.
Tampoco se trata de que corresponde elegir una mujer por razón de género. Ya se han electo mujeres presidentas en el Poder Legislativo, Rosemary Karpinski Dodero, en 1986, Rina Contreras López, en el 2000, Carolina Hidalgo Herrera, en el 2018 y Silvia Vanessa Hernández Sánchez en el 2021, representándose en estas mujeres a los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, de los partidos que han gobernado el país, bajo gobiernos en que esos partidos ejercían la Presidencia de la República.
La Presidencia Legislativa en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hoy, la han ejercido tres veces consecutivas Marcial Rodríguez Conejo, Gonzalo Facio Segreda, Alfonso Carro Zúñiga y Rodrigo Arias Sánchez, dos veces consecutivas Abelardo Bonilla Baldares, Otto Cortés Fernández, Álvaro Montero Padilla, Daniel Oduber Quirós, Luis Alberto Monge Álvarez, Gerardo González Esquivel. El único, hasta hoy, que la ejercido cuatro años consecutivos ha sido Francisco Antonio Pacheco.
El próximo primero de mayo está la posibilidad de que Rodrigo Arias Sánchez continúe al frente, en su cuarto año de presidencia legislativa, de ser electo para ese cargo.
El Presidente de la República de forma endemoniada, como un energúmeno sin control mental, poseído de sentimientos perversos y malos, metiéndose, invadiendo, alterando la independencia de poderes públicos, ha venido llamando, en un primer momento a los diputados a no votar por la reelección de Rodrigo Arias, en un segundo momento, diciendo que él insta a votar incluso por un diputado del Frente Amplio, que él llama “diputados comunistas” para que presida la Asamblea Legislativa, y en un tercer momento ha amenazado de la manera más estúpida, tonta y absurda a los diputados que si eligen a Rodrigo Arias él no nombrará Ministro de la Presidencia, como si eso fuera a afectar en algo a la Asamblea Legislativa. Si él no nombra este ministro, él es que le pierde contacto con la Asamblea Legislativa para gestionar y negociar sus proyectos de ley, los que el Poder Ejecutivo puede impulsar de manera exclusiva seis meses al año. El presidente Chaves ha hecho de esta elección un problema personal, un berrinche político, contra Rodrigo Arias Sánchez.
Los diputados independientes identificados con el presidente, y leales a él, electos en 2022, son ocho, con unos cuantos más que le son afectos de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, algunos de la Unidad Social Cristiana y uno de Liberación Nacional.
El momento político que vivimos de mantener el orden democrático, de asegurar la independencia de poderes públicos, obliga a que los diputados y sus partidos, frente a los ataques que el presidente Chaves hace constantemente contra ellos y el Poder Legislativo, nombren un presidente que garantice esa independencia, que sepa responder al presidente con respeto y señorío, pero contundente y enérgicamente, como lo ha hecho Rodrigo Arias Sánchez. Los ataques del presidente a Rodrigo Arias son la mejor carta de presentación ante los diputados para que lo reelijan. No reelegirlo puede asimilarse a la situación de la votación de la segunda ronda del 2022, cuando por no votar un candidato y un partido se produjo el presidente Chaves que está destruyendo la democracia nacional.
La defensa de la democracia nacional, con todo lo que significa, es la tarea política del momento. El Frente Amplio, con sus seis diputados, tiene una gran obligación y responsabilidad política de asegurar esta elección, más allá de las diferencias políticas partidarias y personales que puedan tenerle a Rodrigo Arias y a su partido. No es Rodrigo Arias ni el partido Liberación Nacional el que está en juego. Aquí se juega parte del futuro del país. Abstenerse, votar por ellos mismos, o por otro candidato de otro partido, o impulsar como se quiere una tendencia “feminista” para presidir el Congreso de la República es hacerle el juego al gobierno, es fortalecer al presidente Chaves en su discurso anti asamblea legislativa y anti diputados que él tiene, es fortalecer en este período electoral el autoritarismo y alentar sus grupos “jaguares” en sus intenciones diputadiles. El no elegir a Rodrigo Arias es darle su primera victoria legislativa y política a Chaves hacia las elecciones nacionales del 2026.
Rodrigo Chaves es más audaz de lo que el común de la gente valora. No se está haciendo una lectura correcta de hacia a dónde va Chaves. Ya ha quitado incluso “banderas” a la izquierda. Hay un spot publicitario, bastante bien hecho, alrededor de la figura del presidente Chaves, con el himno de la izquierda “El pueblo unido jamás será vencido…”
Lo único que se está percibiendo es que Chaves va a cambiar el modelo institucional con la destrucción del modelo actual. Si Rodrigo Arias no es electo, por ceguera política, por disidencias en Liberación Nacional, por no tener claras las intenciones del chavismo y sus partidos, por la incapacidad y prejuicios políticos que el mismo presidente Chaves alimenta hacia Rodrigo Arias, los partidos que así actúen están jugando al ahorcado y van hacia su descalabro electoral.
La primera derrota que hay que darle al chavismo, frente a las elecciones próximas es nombrar presidente de la Asamblea Legislativa a Rodrigo Arias Sánchez.
En el 2022 sin fuerza parlamentaria y por los ataques verbales denigrantes que había hecho contra los diputados electos no le dieron el beneplácito ni el favor de nombrar un presidente legislativo de su partido.
En el 2023 frente a una derrota electoral en la elección de la presidencia de la Asamblea Legislativa el presidente Chaves le dio el apoyo público a Rodrigo Arias, para su segunda presidencia legislativa.
En el 2024 el presidente Chaves se apartó públicamente de dar apoyo o pedir votos en contra de Rodrigo Arias. Este año está con los tacos puestos contra Rodrigo Arias.
Rodrigo Arias Sánchez, aparte de su formación de abogado y notario, ha sido y es empresario activo, con un amplio conocimiento de las instituciones públicas, del sector privado y financiero. Su carrera política ha sido siempre en el Partido Liberación Nacional como presidente municipal del Cantón Central de Heredia, diputado y ministro de la Presidencia.
Lo que le conviene al país desde ese alto cargo político e institucional es una persona como Rodrigo Arias, un cuadro político bien formado, maduro, con esa capacidad que lo distingue de negociador y visionario del momento político que vivimos. Su gestión como presidente del Congreso, en estas tres Legislaturas que han pasado, ha sido muy buena, ampliamente satisfactoria y políticamente bien recibida por la ciudadanía y defensores del Estado de Derecho.
Rodrigo Arias ha sabido dirigir el Congreso con respeto hacia las fracciones parlamentarias, ha llevado bien la Agenda Parlamentaria, ha sabido distanciarse del Poder Ejecutivo con elegancia, con energía, señalando adecuadamente el rumbo que debe seguirse. Cuando ha tenido que enfrentar al gobierno lo ha hecho, le ha marcado los pasos no solo de la agenda legislativa y de la nacional, ha señalado las prioridades del país y las prioridades legislativas.
Lo que más le conviene a las fracciones parlamentarias, más allá de sus distancias históricas, o coyunturales, con Liberación Nacional, como partido, o con los reclamos que le hacen a su hermano, el presidente Oscar Arias, es la Presidencia Legislativa en manos de Rodrigo Arias, tanto para la dirección y representación del Poder Legislativo,
En imagen pública, en este momento político que vive el país, es conveniente que la Presidencia de Rodrigo Arias tenga la mayor cantidad de votos legislativos. Hasta ahora ya está asegurada aparentemente su Presidencia.
En mi opinión, de observador político, lo que más le conviene a la Asamblea Legislativa y al país, al margen y fuera de todo prejuicio político que se pueda tener, con él o su partido, es que el diputado, y actual presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, continúe en la Presidencia de este Poder de Estado.
En este momento político del país la Presidencia de la Asamblea Legislativa no se puede ni se debe improvisar.
