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Etiqueta: democracia

¿Es Nayib Bukele un ejemplo demócrata a seguir?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Es menester reflexionar, en estos días de tanto desbarajuste provocado por acciones antidemocráticas gubernamentales, que matizan la realidad nacional. Comentar que, planeada desde el Poder Ejecutivo, se desarrolla una estrategia propagandística populista, demagógica, perversa, que atrapa a incautos, en la que el Chaves se presenta como un «súper héroe» nacido del tugurio, en combate cuerpo a cuerpo contra los corruptos, que invita a que lo sigan cual cabeza de un cardumen.

Y es que, a año y medio de finalizar la administración, incapaz de mostrar siquiera, algunas pequeñas cosas buenas, se ha optado por reforzar una «campaña electoral», similar a la desarrollada en la segunda ronda que lo hizo presidente. Por ahí iba su intención de usar la figura del referendo, y, también, los anuncios de promesas, que, sabe muy bien, jamás se van a ejecutar, como son, luchar contra la criminal evasión de impuestos, fortalecer el Seguro Social, llevar bienestar a las ciudades costeras para liberar a sus habitantes de la tentación de buscar ingresos económicos en el narcotráfico, de fortalecer la seguridad ciudadana y acabar con los asesinatos cotidianos, de reafirmar compromisos con el ambiente, de garantizar el eficaz abastecimiento de agua potable…

Promesas y más promesas, que, bien divulgadas, y anunciadas con megáfonos, levantan la esperanza de un pueblo desvalido, que, al no poder superar su pobreza, a veces, extrema, quisieran creerle como último recurso. Pueblo que, dichosamente, poco a poco, parece ir despertando de su letargo.

Pues bien, como parte de esa nada sutil estrategia de campaña, una administración que se dice obstaculizada por caros principios democráticos, como la separación y respeto entre los poderes de la República, y por las instituciones de control del gasto público, ahora promueve la presencia de un cuestionado presidente centroamericano, con la intención de que éste le ayude en su vigente «campaña electoral», presentándolo como un ejemplo demócrata a seguir. Por ello, porque se viene ese incómodo acontecimiento, es pertinente mirar hacia la esencia del gobierno de Nayib Bukele, el ahora colaborador electoral de Rodrigo Chaves.

Al ponerle la lupa, la imagen captada, muestra a alguien que ha demostrado, un total menosprecio por las normas jurídicas salvadoreñas, como, por ejemplo, su menosprecio a la Constitución Política, conque fue electo la primera vez, síntoma evidente, de una deriva autoritaria, aplicada en el pequeño país hermano. Un caso grave es el de su forzada candidatura a la reelección presidencial. Resulta que la Constitución de 1983, prohíbe la reelección inmediata, y dicha prohibición había sido reafirmada por un fallo del 2.014. Sin embargo, gracias a una circunstancial mayoría absoluta, obtenida en las elecciones legislativas de febrero de 2.021, Nayib alteró las reglas constitucionales, gracias a una serie de maniobras alejadas de la legalidad. Cuando su sumisa Asamblea Legislativa, aprobó reemplazar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, le abrió camino a ejercer, una dictadura maquillada de democracia. De este modo, sus «piezas» judiciales resolvieron en el 2.021, que el presidente en ejercicio podía postularse legalmente para el cargo, si se alejaba del poder, un tiempito (seis meses) antes de las elecciones, como simuló hacerlo en el papel, para cumplir con ese fraudulento requisito.

Ejecutada esa maniobra, se postuló nuevamente. Asimismo, procedió a acabar con los vitales entes contralores, dándole vía libre a la corrupción galopante, donde su familia, por cierto, juega un papel determinante.

El enfrentamiento con los pandilleros expulsados de los EE.UU., que acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de gravísimas acusaciones, lanzadas al basurero, después de la destitución del fiscal general, cerrándose así la investigación penal sobre las negociaciones del gobierno con los líderes de las pandillas. El enfrentamiento con los pandilleros, que expulsados de los EE.UU. (desde donde 2,5 millones de salvadoreños, con remesas anuales de US$8.000 millones, sostienen la economía de su país) acosaban a la población salvadoreña, ha sido motivo de acusaciones, muy serias. Sin embargo, después de la destitución del fiscal general, se cerró la investigación penal sobre las negociaciones amistosas del gobierno con los líderes de las pandillas, truncando un enjuiciamiento oficial sobre el caso, que, por supuesto, empañaba «el único logro» exhibido por Nayib, pese a la gran indignación, nacional e internacional, por las violaciones de derechos humanos, relacionadas con las detenciones arbitrarias de más de 73.000 personas, muchas inocentes, sin contar con el fundamental debido proceso. Pero era tanta la delincuencia, que el pueblo salvadoreño apoyó abrumadoramente las drásticas medidas oficiales, convirtiendo, por ello, a Nayib, en el líder más popular de América Latina, debido a la disminución de las tasas de violencia y homicidios, aunque obedecieran a acciones ilegales por él propiciadas.

El “estado de emergencia” que siguió al aumento de la violencia de las pandillas, le dio a su gobierno, como sucediera antes con la pandemia del Covid 19, un camino libre, bien oscuro, tenebroso, para las irregularidades y la corrupción. El resultado fue una falta de transparencia y de acceso a la información pública, así como una total ausencia de rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, al eliminarse las restricciones legales sobre el manejo de fondos del Estado. Hasta hoy, dicho «estado de emergencia» se ha prorrogado 22 veces (la última vez en enero de 2024), por lo cual, la pareja corrupción e impunidad, viven una eterna luna de miel. Por ejemplo, se desconocen los déficits presupuestarios crónicos, pese a las remesas que representan el 28 % del PIB, pues se publican pocos datos sobre la composición exacta del presupuesto del Estado. Por ello, pese a que se asignan cifras gigantescas para «seguridad», la supervisión de las finanzas públicas es prácticamente inexistente.

Y como era previsible, como resultado de la cobertura crítica sobre la corrupción y las políticas públicas, vino el ataque a la prensa independiente. Los periodistas han sufrido la autocensura, al enfrentarse a la intimidación y las agresiones. Otros fueron obligados a abandonar el país, como el medio El Faro, que, habiendo informado sobre la corrupción institucional de El Salvador durante décadas, hubo de salir del país, para trabajar digitalmente desde Costa Rica. De hecho, Departamento de Estado de EE.UU., ha acusado de corrupción a más de una docena de funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, por lo que muchos de ellos figuran en la «Lista Engel» del gobierno estadounidense, que incluye a personajes corruptos y enemigos de la democracia.

Así, con el Poder Legislativo bajo su control total, el Poder Judicial manejado por sus fieles partidarios y el Poder Ejecutivo concentrado en su figura, con un círculo de confianza formado por hermanos y leales servidores, Nayib logró un poder indiscutible en El Salvador, que, por lo conocido, está muy lejos de merecer levantar un estandarte democrático, aunque sí, el de una dictadura que busca entronizarse por muchos años, cuando pise suelo patrio.

Preguntamos, ¿A de ser un modelo ejemplar para los costarricenses? ¿Se justifica honrarlo con una invitación a visitar las sedes de los tres poderes de la República? ¿Su amistad con el presidente Chaves, estará por encima de los principios democráticos, que movilizan a muchos compatriotas? ¿Qué beneficios obtendría nuestra Patria, con su visita oficial, aparte de, supuestamente, ayudar con la «campaña electoral» adelantada, que se desarrolla desde nuestra Casa Presidencial? Finalmente, ¿Será que Chaves aspira a gobernar como su admirado dictador?

Para nosotros, las respuestas son obvias, como también lo es, que repudiamos su inoportuna presencia en Costa Rica.

25.10.2024

Somos el Movimiento PATRIA PRIMERO

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado 1-2024

Como movimiento nacemos de las preocupaciones del pueblo crítico y en resistencia, ante el ataque de personas ajenas a la idiosincrasia costarricense, que buscan destruir nuestro modelo de desarrollo democrático y sostenible. El país nos convoca a la acción.

A nuestro movimiento y a nuestra comunidad patriótica:

Nos une la preocupación común por los graves problemas que afronta el país, su identidad y la expresión de la democracia que ha sido y está siendo manchada y ultrajada, esto requiere un llamado inmediato a la acción de la sociedad y la organización cívica y sectorial.

Todos los aspectos de la gestión estatal están siendo vulnerados y necesitan la atención especial de toda la ciudadanía.

Si bien nuestro Poder Judicial y algunas instituciones de nuestro sistema democrático están en deuda con la ciudadanía, el camino a seguir es la limpieza, modernización y fortalecimiento y no su destrucción, como plantean algunos irresponsables desde la presidencia de la República y más; no podemos mejorar nuestro sistema dinamitándolo porque después no podremos construir nada sobre las ruinas y eso solo le dejará el espacio libre a una dictadura y la pérdida de nuestros derechos constitucionales.

Somos una agrupación pluralista, sin filiación partidista, que busca unificar lo mejor del pensamiento que históricamente hizo de Costa Rica una gran nación, y nos alimentamos de las múltiples capacidades de nuestros miembros para generar líneas temáticas propositivas para una política pública constructiva, justa, ética, sostenible y visionaria.

Manuel Mora: In Memoriam

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

A partir de los años setenta formé parte de un movimiento social o sociopolítico más propiamente dicho, que, sin estar confrontado al Partido de Manuel Mora, aspiraba a ser un émulo crítico de ese partido.

A principios de esa década, al calor de la revolución cubana, del conflicto chino-soviético y de otros acontecimientos relacionados, se produjo en Costa Rica, al igual que en otros países centroamericanos, una especie de eclosión revolucionaria, especialmente entre sectores de la pequeña burguesía estudiantil e intelectual, que le imprimieron una nueva dinámica al movimiento de izquierda.

El movimiento del cual formé parte se constituyó en el Partido Socialista Costarricense, desde su nacimiento hasta su ocaso, unos veinte años después de su fundación. Una de las principales tesis que discutíamos con el partido de Manuel Mora estaba relacionada con el problema del poder.

Le achacábamos a ese partido y en particular a don Manuel, una ausencia de lucha por el poder en su práctica y en sus planteamientos. Creíamos entonces que ese era un problema decisivo que nos haría darle un impulso determinante a la revolución social en nuestro país.

Al calor de las discusiones que se dieron por aquella época en el seno de la izquierda, tuvimos nuestras primeras impresiones del viejo líder comunista y aprendimos a quererlo y a respetarlo. Con mucha más madurez personal y política que nosotros, nunca nos antagonizó gratuitamente y más bien, siempre nos dio un trato fraternal.

Desde otras tiendas políticas, la percepción que se tenía del partido de Manuel Mora, y en particular de él mismo, contrastaba con la nuestra. Ya se ha dicho en repetidas ocasiones cómo para un líder de la clase política de este país, de la envergadura de Daniel Oduber, la reforma social de los años cuarenta no hubiera sido posible, si no fuera por el reto de las ideas de don Manuel, (Reflexiones No.31, p.6).

Hoy día, más que su propio partido, el nombre de Manuel Mora está asociado a todas las instituciones sociales de Costa Rica sin excepción; las cuales hicieron posible, en mucho de lo que tiene de positivo, la democracia y la relativa paz social, que a diferencia del resto de los países centroamericanos, han caracterizado la convivencia social en nuestro país desde el fin de la guerra civil de 1948 hasta nuestros días.

Ya sea de manera directa, por medio de sus propias iniciativas y concepciones, o como resultado indirecto de su lucha, las instituciones sociales de este país llevan el sello de Manuel Mora Valverde.

Hoy tenemos la oportunidad de revalorar la trayectoria política de este incansable y visionario luchador social de toda la vida. He llegado al convencimiento, de que una de las principales enseñanzas radica en su capacidad de realizar o poner en práctica sus ideas transformadoras, habiendo sido capaz, para ello de unir a fuerzas políticas y sociales muy amplias, por encima de las diferencias ideológicas que entonces pudieran existir entre ellas.

Manuel Mora demostró que en Costa Rica era posible impulsar grandes transformaciones sociales, en aras de una convivencia social más justa y civilizada, valiéndose del marco institucional, para ampliar el régimen de derecho y sentar así las bases para impulsar una democracia más avanzada, en la que las propias fuerzas socialistas tuvieran un espacio. Paradójicamente, como resultado de la guerra civil de 1948, el Partido Vanguardia Popular fue proscrito constitucionalmente, hasta que a principios de la década de los 70, se abolió el segundo párrafo del artículo 98 de la Constitución Política.

Para decirlo en el leguaje de Gramsci, Manuel Mora entendió la lucha social, más como una larga lucha de trincheras, que como una episódica guerra de posiciones, que se libra de una vez por todas, en un momento determinado. Por eso fue un luchador de toda la vida y sin temor a incurrir en excesos, nos atrevemos a decir que Manuel Mora encarnó el espíritu del luchador social por excelencia. Con visión estratégica, supo librar en cada ocasión los combates decisivos para la construcción de la institucionalidad democrática de nuestro país; pero también para la construcción de la conciencia colectiva y de la identidad nacional durante los últimos cincuenta años.

Manuel Mora conoció durante su vida política, todas las formas de lucha, y no rehuyó los combates decisivos, incluso con las armas en la mano, cuando entendió que las conquistas sociales de los años cuarenta estaban amenazadas, en la compleja coyuntura del 48. No le faltó temple ni entereza para colocarse a la cabeza de su partido después del exilio; para levantar de nuevo la lucha social y consolidar las reformas sociales de los años cuarenta y a la vez, buscar nuevos derroteros en los difíciles años de posguerra.

Supo privilegiar por encima de cualquier programa, al movimiento social real, para decirlo a la manera de Marx, lo cual revela una concepción de lucha muy realista y, además, muy auténtica. Nunca se dejó eclipsar por aquellas concepciones infértiles, si las juzgamos a la luz de los acontecimientos del mundo socialista antes de 1989, que privilegiaron la lucha por el poder, independientemente del desarrollo real de movimiento social. Ello implica, como en efecto lo hizo don Manuel, poner todo su empeño en el desarrollo del movimiento social de los trabajadores.

Al respecto conviene traer a colación a uno de los más autorizados pensadores socialistas, Adam Schaff, para quien una de las principales trampas en que cayó el movimiento socialista, en esa tradición de lucha, que se constituye con el triunfo de la Revolución de Octubre, fue precisamente el voluntarismo, (1993, Pp. 156-19). Esta actitud voluntarista condujo a buena parte del movimiento socialista del pasado siglo XX a subestimar, tanto las condiciones materiales, es decir, socioeconómicas, como los llamados factores subjetivos, es decir, la conciencia y la disposición de los trabajadores para luchar por la sociedad socialista y más aún, para participar activamente en la construcción de esa sociedad.

Lo anterior explica por qué, en nombre del socialismo se cometieron las peores atrocidades; así como por qué la construcción de la sociedad socialista no caminó de la mano con la construcción de la democracia, sino que, casi invariablemente, se constituyó en un Estado autocrático y autoritario que constreñía a la sociedad civil.

Justamente en esto Manuel Mora fue una de las pocas pero importantes excepciones, pues no solo fue un notable constructor de la sociedad civil y de la conciencia ciudadana, sino aún más, abominó del poder si ello lo alejaba de la posibilidad de alcanzar los anhelos de las masas oprimidas, (Reflexiones No. 31, P. 11).

En lo personal, Manuel Mora nunca estuvo obsesionado por la lucha por el poder político, pero en cambio nos legó más en el plano de la lucha social y del desarrollo de la conciencia y de la identidad social de este país que ningún otro dirigente político de izquierda.

Este legado está materializado en las conquistas sociales de los años 40 principalmente, así como en un sentido constructivo y propositivo en la edificación de una Costa Rica más justa, en la que se debían contemplar los derechos de los trabajadores a su organización, a la salud, a una vivienda digna, a la tierra, y a mejores condiciones de vida en general.

De este sentido constructivo careció en muy buena medida el movimiento de izquierda de los años 70, lo cual no implica desconocer el espíritu de lucha, la abnegación, la entrega, la generosidad y hasta el heroísmo que caracterizó a la mayor parte del movimiento de izquierda de las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX. Por eso no sobrevivió a su crisis, porque no encontró su propia identidad, careció de autenticidad, de proyección, de visión de futuro, de una concepción capaz de luchar, no solo por la defensa de las conquistas sociales, desde entonces cada vez más amenazadas, sino por ampliar esas conquistas sociales y la democracia.

Se ha dicho que Manuel Mora tuvo el mérito de haber comprendido el sentido de su época, (Reflexiones No. 31, P. 5), más que eso, para nosotros contribuyó como el que más, a darle sentido a su época. Por todo ello, Manuel Mora fue más que un luchador social, un líder político con una amplia y profunda visión y proyección social. Su obra sociopolítica trasciende al movimiento de izquierda costarricense, por la universalidad de su pensamiento y la generosidad de su entrega; por eso fue querido y respetado ampliamente en nuestro medio social y político. Pero la figura de Manuel Mora, también tuvo una gran proyección en el plano internacional, específicamente en la compleja coyuntura de la crisis centroamericana de la década de los años 80; así como en el plano del movimiento comunista internacional.

BIBLIOGRAFÍA

Revista Reflexiones. Facultad de Ciencias Sociales, UCR, Febr. 1995, nº 31.

Schaff, Adam: Humanismo Ecuménico. Editorial Trotta S.A., 1993, Madrid.

IEM-UNA rechaza amenazas de muerte contra diputadas

Escrito en . Publicado en Derechos.

UNA Comunica. 17 de octubre de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.

El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.

En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública. Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso.

Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.

El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.

Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.

Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Amenazas a la democracia costarricense: el análisis de Vladimir de la Cruz

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En una reciente aparición en el programa “La Lupa”, de Gilda González, el destacado historiador costarricense Vladimir de la Cruz ofreció un análisis profundo sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática de Costa Rica. De la Cruz se enfocó en los peligros que, según su perspectiva, surgen de ciertas políticas y actitudes del actual gobierno costarricense, describiéndolas como indicios de una tendencia hacia el autoritarismo.

El historiador señaló que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia, algunas de las acciones del gobierno podrían estar dirigidas a debilitar los mecanismos de control y contrapeso del sistema democrático. En su análisis, describió la situación como una estrategia que busca justificar el despotismo y la tiranía en nombre de una nueva democracia, alegando que esto refleja una tendencia preocupante que puede llevar a la instauración de un gobierno autoritario.

De la Cruz destacó que el actual presidente parece estar impulsando un discurso que intenta eliminar los controles institucionales, con el fin de ejercer el poder sin limitaciones. Este movimiento, según el historiador, podría abrir la puerta a prácticas corruptas, creando un escenario en el que las libertades democráticas y los derechos ciudadanos se vean erosionados. Advirtió que detrás de la corrupción y la falta de controles efectivos podría gestarse un régimen dictatorial, apoyado en mecanismos de represión y control desde las mismas estructuras de seguridad del Estado.

Además, subrayó que la creación de unidades especiales bajo el mando directo de la Presidencia, como la unidad de protección presidencial y la unidad especial de intervención, representan un peligro para las libertades ciudadanas. Estas acciones, en su opinión, reflejan una concentración de poder sin precedentes en la figura presidencial, lo que podría allanar el camino hacia la dictadura mediante la creación de un aparato de control y represión estatal.

Le invitamos a ver el análisis completo de Vladimir de la Cruz en el siguiente video para profundizar en este relevante tema: Análisis de la realidad costarricense con el historiador Vladimir de la Cruz.

Campaña en defensa del Estado de Derecho de Costa Rica – para firmar

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de grupo de personas de diversas creencias políticas y ocupaciones

Frente al montaje de hechos falsos, para intentar coaccionar al fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, firmamos este manifiesto.

Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y uno de sus pilares fundamentales ha sido el Estado de Derecho, construido a lo largo de muchas generaciones, que hoy día se ve acosado por los ataques y mentiras de un Poder Ejecutivo, con oscuros propósitos.

Como parte del ataque a nuestra democracia y a la división de poderes, el fiscal general está siendo objeto de amenazas y calumnias que buscan intimidarlo para que la fiscalía no proceda con la función encomendada por el Estado y la Constitución Política en el combate a la corrupción y los delitos contra la hacienda pública.

La fiscalía no ha actuado de oficio en este caso llamado “barrenador” (los EBAIS concedidos a algunas cooperativas y asociaciones privadas por la junta directiva de la CCSS), lo hace obligada por una denuncia de la auditoría interna de la CCSS, que la compromete, por ley a intervenir para esclarecer si hubo o no delito.

Conscientes de eso y también de la necesaria independencia, libre de presiones o amenazas en su actuar, es que damos nuestro indiscutible apoyo a las funciones que realiza la fiscalía, sobre todo en este caso que es objeto de chantaje para intentar obstruir su accionar por parte del Poder Ejecutivo.

La campaña ya cuenta con más de 1200 firmas, si desea agregar la suya siga este enlace.

Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

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Las instituciones importan…Pero, ¿realmente importan…? (II y final)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Caryl Alonso Jiménez

¿Qué gobierno es el mejor, el de las leyes o el de los hombres…?

Caryl Alonso Jiménez

En uno de los libros donde el posicionamiento de la democracia es el sello distintivo y postura ejemplar, es la que asume Norberto Bobbio (1909-2004), en aquel legado testimonial que no deja espacio a la duda en su libro, “El futuro de la democracia” (1987), que afirma, “Si para concluir el análisis se me pide quitarme la vestimenta de estudioso, y ponerme la del hombre comprometido con la vida política de su tiempo, no tengo ningún empacho en decir que prefiero el gobierno de las leyes y no el de los hombres” (p. 136).

Y justamente, las instituciones son la expresión en la que se traduce el lenguaje de la respuesta democrática. Es el lugar donde la función institucional solo se explica por la defensa concreta de todo aquello que construya la verdadera realización de la sociedad en canales de ascenso social (Gutiérrez, 2014), pero lo contrario, es la negación del ciudadano como razón de la democracia…ese es el tema: el ciudadano y el bienestar.

El debate de las instituciones puede parecer denso por la complejidad de las redes del poder que se ejercen desde todos los ángulos, (discrecionalidades) que a veces es derrota y agotamiento en sociedades que siguen a la espera de servicios públicos reales.

Es verdad, ya están emergiendo generaciones de mujeres y hombres ejemplares, comprometidos con claridad de transformación en las instituciones de la región, a quienes seguramente habrá que acompañar….

Esos serán los temas en el curso PhD, “Teorías de Gobierno, gestión pública y gobernanza” gracias a la gentil invitación del Doctor Jean Paul Vargas, hombre comprometido con su tiempo, la región y dilecto amigo, Director del Doctorado Gestión Pública y Ciencias Empresariales, del Programa de Doctorado, del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), que tendré el honor de impartir a funcionarios y profesionales latinoamericanos.

Es indudable, a principios de este siglo el Doctor Manrique de la Peña, Profesor del Tecnológico de Monterrey dijo, “Para un barco sin rumbo, cualquier viento es bueno…”, En referencia a una reflexión sobre lo que sería el Siglo XXI, y, ¡Qué razón 22 años después tenía…!

Por cierto, fue una de las primeras experiencias virtuales en Guatemala, promovida por el Decano, Hugo Beteta, de la Facultad de Economía, de la Universidad Rafael Landívar de aquel entonces, del que fui invitado facilitar. Era una trasmisión que venía vía el Instituto del Banco Mundial, dirigido por Arturo Vergara, conectado vía satelital con México. Hugo Beteta hoy es el Embajador de Guatemala en Washington.

La democracia define el marco de la organización republicana, (independencia de los tres poderes Estatales). El gobierno, en teoría, ejerce su función apegada al marco Constitucional, y las instituciones públicas son, justamente el orden legal que, bajo competencias delegadas, cumple funciones en favor del ciudadano hacia el bienestar.

En esto no hay discusión y estoy convencido de que los demócratas con pensamiento republicano, aspiramos a que las imperfecciones del modelo se ajusten a procesos de mayor capacidad de respuesta: educación, salud, empleo, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa de las fronteras, justicia, propiedad privada y activación socioeconómica nacional e internacional. ¿En dónde no se entiende…?

Sin embargo, los grandes coloquios sociales, nacionales e internacionales, se embarcan en emblemáticos encuentros para analizar el espíritu y las grandes doctrinas que mueven los marcos democráticos. Extraño, ¿Antinomias o dudas Constitucionales…?

El Estado son todos aquellos principios abstractos y concretos que con precisión legal y normativa mueven la armonía colectiva (el orden economico, social y político), que tiene su particular reparto histórico. De eso justamente hablaremos: de las responsabilidades Estatales (todos), de las funciones institucionales (los que gobiernan) y el compromiso cívico (participación, organización ciudadana, auditoria social y derechos).

Se repasará la importancia de políticas, rol del partido, los agentes económicos y actores sociales en la construcción del Proyecto de Nación, que a veces no es la nación del Estado. Sin tentativas emocionales se abordará la importancia de la estrategia de Estado, la generación de pensamiento y la expectativa futura, con índices y mediciones.

Los programas de gobierno pueden incidir en la gestión de la institucionalidad pública, articulando redes de coordinación nacional y territorial para impactar el desarrollo. Pero no ocurre, si apuntaran a factores causales, seguro construirán certeza y confianza…

“El problema son los procedimientos que no se cumplen…”, dijo un alto funcionario del control gubernamental recientemente… Entonces, Como pedía Bobbio, ¿gobierno de leyes o de hombres…? Hoy es el momento de hacer efectivo el gobierno de leyes…

¿Quién teme la democracia?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Habib Succar Guzmán

Habemus reforma judicial

Los jugosos privilegios de los(as) ministros(as) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

El salario del presidente:

El salario en pesos del presidente AMLO en 2024 es de $186.000 brutos/mes

(Aprox. US$9.300), que luego de rebajos de ley resulta en

aproximadamente US$7.750 mensuales.

El salario de un ministro(a) de la Corte:

El salario en pesos de un ministro(a) de la Suprema Corte de Justicia

mexicana es de $297.000 al mes, más una serie de prestaciones salariales

adicionales que suman un total de $600.000 (seiscientos mil pesos),

unos US$30.000 brutos al mes.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS de 19 de mayo de 2021

Ley / Capítulo I – Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus respectivas atribuciones.

En el artículo 9, de la Ley de Remuneraciones, se establece que el salario máximo de un servidor público es el del presidente de la República, así: “Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.”

La primera reforma constitucional salarial

Data del año 2009, a iniciativa del año 2006 del “partido de izquierda” mexicano Partido de la Revolución Democrática (PRD) de aquel entonces y que llevó casi tres años en proceso de negociación y aprobación final. En ese entonces, se estableció en general que el salario máximo dentro del sector público federal, sería el del presidente de la República, con lujo de detalle de toda la normativa atinente.

Fue en 2021 cuando a instancias de la coalición gobernante (MORENA + PES + PT) se presenta y aprueba una modificación importante a los salarios de los servidores públicos y se reafirma nuevamente que el salario máximo será el del presidente de la República. Simultáneamente se aprueba la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que aplica una sustancial rebaja en los salarios de todo el sector, incluyendo al presidente de la República, aplicando en general una rebaja cercana al 50% de todos los salarios previamente establecidos, bajo los principios que enunció el presidente AMLO de “austeridad republicana” y de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Reacción inmediata de la casta

Inmediatamente después de publicadas estas importantes reformas constitucionales y modificada su respectiva Ley de Remuneraciones, en vez de aplicarse las rebajas respectivas en ciertos organismos autónomos del gobierno federal así como en el Poder Judicial, llegaron a las instancias judiciales sendos recursos de amparo de organismos como el INE, el INAI, la COFECE, la COFEPRIS, etc. y lo más sorprendente: y de los mismos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que no se podían aceptar rebajos a sus salarios. Y la misma SCJN fue la que aceptó y tramitó los recursos de amparo. Ni siquiera se excusaron (recusaron) para que otros integrantes Ad hoc se pronunciaran al respecto. No. Ellos querían garantizarse su salario, aunque estuviera en contra de la Constitución que ellos juran defender.

De esta forma, desde 2009 y hasta la fecha, pasando por la reforma de 2021, los ministros(as) de la Suprema Corte, los magistrados y jueces de distrito, perciben desde entonces salarios mayores que el del presidente de la República, pero son mucho más altos, en el caso concreto de los ministros(as) de la SCJN, hasta 4 veces más que el presidente.

Esta flagrante violación a la Constitución Política por parte de ministros, jueces y magistrados, indudablemente que constituye una afrenta al pueblo de México, porque son ellos precisamente los llamados a vigilar el respeto a la Constitución y sancionar las violaciones a los preceptos constitucionales. Y AMLO se los ha recordado y reclamado cada semana desde junio de 2021 pero ha sido como reclamarle a una pared…

El Plan B y el Plan C

Ya hemos reseñado en estas mismas columnas sobre los Planes B y C del presidente AMLO: el B pretendía una reforma electoral, incluyendo modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral y la eliminación de los diputados y senadores llamados “plurinominales” de modo que el Congreso pasaría de 500 a 300 diputados(as) y el Senado pasaría de 128 a 64 senadores(as). El Plan C, consistió básicamente en solicitar al electorado mexicano que, en la elección del 2 de junio votaran masivamente por los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia (MORENA + VERDE + PT), de modo que se pudieran alcanzar las mayorías calificadas en el Congreso de los Diputados (334 votos de 500) y en el Senado de la República (86 votos de 128), con el fin de realizar todas las reformas constitucionales que AMLO presentó el 5 de febrero de 2024 al Congreso, donde se incluía prioritariamente la reforma judicial y la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), más otras 16 modificaciones a la Constitución, incluyendo una reforma electoral y la eliminación de los Diputados y Senadores plurinominales y rebajar así de 500 a 300 y de 128 a 64 los Diputados y Senadores, respectivamente.

Habemus reforma judicial

Apenas se integró la nueva legislatura que funcionará del 1° de setiembre de 2024 al 31 de agosto del 2027 (son periodos trienales para Diputados y sexenales para Senadores), se abocó de inmediato a la aprobación con mayoría calificada de la reforma judicial tramitada en la legislatura anterior, que la dejó “servida en bandeja” para que la siguiente legislatura 2024-2027 la aprobase como una prioridad en su agenda. Y así fue. Con sesiones maratónicas y todo tipo de sabotajes y bloqueos de la oposición, la reforma judicial fue aprobada con sobrada mayoría calificada en el Congreso de los Diputados y con la exacta mayoría calificada en el Senado. De inmediato se remitió a ratificación de los congresos estatales (se requerían al menos 17 estados de los 32 a favor) y en menos de una semana se obtuvieron 23 aprobaciones estatales.

La médula de la reforma judicial consiste en 4 aspectos. 1. Ajuste de todos los salarios para que se respete el principio establecido desde 2009 de que ningún funcionario público puede percibir un salario igual o mayor al del presidente de la República; 2. Que la elección o nombramiento de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte se realice mediante votación popular debidamente dirigida por el INE con base en las regulaciones y procedimientos que establezcan las leyes derivadas de la reforma constitucional; 3. Que se elija también popularmente un Consejo de la Judicatura independiente de la Suprema Corte, que evalúe y sancione las actuaciones de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN; y 4. Establecer un lapso máximo de un año para resolver los casos penales, excepto por la debida motivación ante la Judicatura.

Este punto 4 es muy relevante en México, porque ya hemos dicho que es quizás el único país del mundo donde el 40% de la población penal no tiene juicio ni condena, es decir, no saben por qué están presos y hay decenas de miles de personas en esa condición que llevan ya más de 10 años presos sin saber de qué se les acusa ni tener una condena.

Berrinches de la comentocracia

Razonablemente, cualquier persona objetiva y juiciosa se podrá preguntar si elegir jueces, magistrados y ministros en México de forma popular mediante voto secreto y directo, tal como se elige al presidente, gobernadores, diputados, senadores y alcaldes (presidentes) municipales, es la mejor opción para contar con una “justicia pronta y cumplida” de la mejor forma posible. La oposición y toda la comentocracia han inventado una y mil descalificaciones para el futuro ensayo democrático en la elección de autoridades judiciales.

Sin duda, toda la derecha política mexicana está horrorizada con la posibilidad de que el pueblo concurra a la elección de las autoridades judiciales en 2025, porque en general, la derecha en todo el mundo le tiene pánico a la democracia, donde el pueblo sea quien ejerza el poder mediante sus propios representantes y no, como ha sido hasta la fecha, una simulación de democracia donde la oligarquía es siempre la que impone a los líderes políticos o los doblega una vez electos para que sirvan a sus intereses.

La pregunta es válida sobre la nueva realidad judicial. México será un laboratorio cuyos resultados tendrán sin duda una clara influencia a nivel mundial sobre el novedoso sistema de conformación de las autoridades judiciales mediante voto popular. Pero una cosa es absolutamente cierta e incontrastable: el actual sistema judicial mexicano está absolutamente podrido y no se le pueden hacer reformas parciales porque todo el sistema ha demostrado ser ineficiente y absolutamente corrupto, al servicio de los grupos de poder (poderes fácticos como empresarios, oligarcas, políticos, medios de prensa, grupos de presión, etc.) y no atiende las demandas de justicia del pueblo llano, sino solamente de los que tienen dinero suficiente para pagar costosos procesos judiciales, para sobornar jueces, magistrados y ministros y torcer la ley mediante la venalidad del sistema (corrupto, inmoral, deshonesto).

Cuando AMLO presenta el 5 de febrero su “paquete de 18 leyes o iniciativas” al Congreso, incluye de forma estelar la reforma judicial y al proponer el Plan C, AMLO insiste en pedirle al pueblo en la elección del 2 de mayo una mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales necesarias para ese paquete de 18 leyes.

Claudia Sheinbaum por su parte, durante toda su campaña electoral, insistió una y otra vez en la necesidad del Plan C para aprobar las reformas constitucionales y otras presentadas por AMLO el 5 de febrero, como una forma clara de continuidad del “proyecto de transformación de la vida pública de México”, la llamada CUATRA TRANSFORMACIÓN. Y el pueblo le respondió generosamente dándole un 60% de votación el 2 de junio para 35,9 millones de votos, superando de forma impensable la gigantesca votación que había obtenido AMLO en 2018 de 30,15 millones de votos.

En el gráfico siguiente podemos visualizar el abismo de diferencia entre las elecciones de Felipe Calderón, Enrique Peña N. y AMLO y Claudia. Hemos agregado el dato de AMLO para el año 2006, anotando que en esa elección se ha demostrado que se cometió fraude electoral contra AMLO, por medio de la intervención del presidente Vicente Fox (2000-2006), coludido con la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Federal Electoral (IFE), así como los medios de comunicación comandados por Televisa, poderosa televisora que entonces se daba el lujo de poner presidentes a su antojo.

En general, se considera con datos duros bien conocidos y documentados, que las elecciones federales en México siempre fueron fraudulentas, a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hasta el año 1994, y luego el fraude contra AMLO en 2006 y 2012. La elección del 2018 se acepta que fue legítima, sin fraude, así como la de 2024, dado que en ambos casos la votación mayoritaria a favor de MORENA y sus aliados fue tan abrumadora que no había posibilidad de fraude y el INE tuvo que certificar así los triunfos de AMLO y Claudia.

México después de la reforma judicial

Sin duda se abre un panorama apasionante para el futuro de México. La reforma judicial traerá también la necesaria reforma del sistema de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, que son parte intrínseca de la corrupción que caracteriza al Poder Judicial.

Será a partir de 2025 que estos cambios fundamentales se irán instrumentando en la realidad política y judicial mexicana y que se podrá empezar a evaluar su impacto positivo o negativo en la vida de los mexicanos.

Lo cierto es que el gobierno de Claudia Sheinbaum será la “continuidad con cambio de estilo” de la CUARTA TRANSFORMACIÓN de la vida pública de México, así lo ha declarado ella insistentemente y se ha dicho que es orgullosa heredera del poderoso movimiento fundado por AMLO (y por ella) en 2011 y que hoy gobierna en casi todo México, que cuenta con una estructura federal con 31 gobiernos estatales y el de la Ciudad de México que cuenta con su jefa de gobierno y un congreso propio, para 32 entidades federativas en total, de las cuales el oficialismo gobierna 24.

MORENA ha pasado de gobernar 4 estados en el 2018 -cuando ganó en CDMX, Veracruz, Tabasco y Chiapas- a ser gobierno en 24 entidades, luego de las elecciones del 2 de junio, logrando en menos de diez años desde su creación tener gobiernos estatales en más de dos tercios del país, incluyendo estados que solo habían sido priistas, como el Estado de México que ganó el año pasado.

Del Palacio Nacional a Palenque

Un hecho que pone locos a los comentócratas y políticos de la oposición en México es que AMLO se ha declarado a sí mismo como “maderista: sufragio efectivo no reelección” (el lema de Francisco I. Madero que ayudó a tumbar la dictadura de Porfirio Díaz: el “porfiriato” abarcó de 1877 a 1880 y de 1884 a 1911). De modo que al finalizar su periodo presidencial el 30 de setiembre de 2024 se jubila y se retira a su rancho en Palenque, Chiapas, donde asegura que no recibirá visitas y se dedicará a escribir su próximo libro sobre el periodo prehispánico de México.

Y es que la oposición reclamó durante casi 6 años que AMLO pretendía reelegirse, perpetuarse en el poder. Y además, tanto políticos como comentócratas han venido diciendo, en actos de machismo puro, que AMLO seguirá gobernando por medio de Claudia Sheinbaum, quien será algo menos que un títere que hará todo lo que AMLO le ordene. Nada más alejado de la realidad, pero ese ha sido el camino de los discursos opositores: primero que se iba a reelegir y ahora, que su delfina es una marioneta.

Ya la prensa tuvo el primer aviso de que Claudia será una presidenta con su autonomía, su carácter y firmeza: ella fue la que ordenó que se invitara al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, a los actos de traspaso de poder el 1 de octubre, y no al rey de España, como ha sido la costumbre. Y Pedro Sánchez en un acto de machismo puro, alegó que fue AMLO quien ordenó que no invitaran al rey, algo que ya fue aclarado por el mismo presidente quien dijo tajantemente que fue Claudia la que tomó esa decisión que él apoya 100%.

Nuevos tiempos, muy interesantes, se ciernen sobre México con la primera mujer presidenta de su historia: la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien se dice orgullosa heredera del proyecto de transformación liderado por AMLO.

Habib Succar Guzmán

29.9.24

Óscar Aguilar Bulgarelli llama a “desprenderse de diferencias que hoy no valen la pena” para tener una opción electoral democrática y digna

Escrito en . Publicado en Derechos.

A un año para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) convoque a las elecciones presidenciales en Costa Rica, programadas para el 1 de febrero de 2026, Óscar Aguilar Bulgarelli hace un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para que se unan en la construcción de una alternativa democrática que saque al país de la actual crisis. Son 365 días para que las fuerzas democráticas se organicen, porque actualmente no se cuentan con bases de nada, no hay participación, no hay movimientos hacía esas elecciones, ni hay posturas firmes. 

Se destaca a su vez la falta de liderazgo tanto en los partidos políticos como en otros movimientos, junto los mismos ciudadanos, advirtiendo del actual rumbo gubernamental, en donde ese camino se está dando bajo el odio y el conflicto. Siendo este  un momento crucial para dejar de lado las diferencias y los intereses personales, con el fin de garantizar una opción política que promueva la libertad, la institucionalidad y la paz civil en el país. 

El mensaje también incluyó una crítica hacia la actual situación de confrontación, en donde lejos de resolver problemas estructurales como las pensiones de la CCSS, las rutas de arroz, el narcotráfico o el sicariato, está generando un ambiente de agresividad y división que amenaza con desmoronar las instituciones costarricenses.

Finalmente, hace un llamado a todos los sectores a aportar desde sus respectivas trincheras, en un esfuerzo común por retomar el camino de la democracia y el respeto civil. 

¡Solo quedan 365 días!

Le invitamos a escuchar la exposición: