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Etiqueta: democracia

¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército necesario para el clima, que anunció, de inseguridad democrática?

Vladimir de la Cruz

La institución del Ejército de Costa Rica duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando la Junta de Gobierno, Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, decidió abolirlo, eliminarlo de nuestra institucionalidad.

Cuando esa decisión se llevó al seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se aprobó esa abolición como una norma constitucional, que ha hecho que todas las generaciones de niños, de jóvenes, desde 1948 no se vean sometidos a ninguna obligación militar por parte del Estado, o a llamados del gobierno con ese fin de enlistamiento militar, de apuntarse en una lista con obligación de formar parte de la estructura militar, por un período generalmente breve, para recibir a la fuerza un entrenamiento y conocimientos militares básicos.

El no tener ejército nos obliga a no participar en conflictos bélicos, ni ser socios de acciones militares de países. Así quedó confirmado por la Sala Constitucional de la República, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, 2002-2006, decidió poner su firma en las operaciones militares, que Estados Unidos realizó en Irak, como parte de una “aparente” coalición internacional en ese conflicto, que era exclusivo de los Estados Unidos.

En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fortaleciendo esa decisión de 1948, se declaró a Costa Rica como una Democracia desarmada y neutra ante problemas y conflictos militares.

Al calor de la Guerra Fría, y del anticomunismo que se desató en el continente ante la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsaron en Centroamérica el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en la década de 1960, que reunía a todos los ejércitos de Centroamérica, incorporándose Costa Rica como parte observadora del mismo, haciéndose representar oficialmente en las reuniones del CONDECA por el que fuera Embajador de Costa Rica en Guatemala, donde estaba la sede de esta organización militar, desde 1961 hasta 1979.

Con los cambios operados en el escenario internacional desde 1990 cambiaron también las políticas regionales de seguridad, por el llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática, impulsándose especialmente la Declaración Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la conformación de lo que también se ha impulsado en esos tres países, reconocidos como El Triángulo Norte de Centroamérica.

El no tener Ejército no eliminó una fuerza policial para salvaguardar las necesidades de seguridad de la población. Desde 1948 se impulsó una Fuerza Pública para mantener el orden. Durante años se entrenó como una fuerza militar, especialmente su oficialidad que era enviada a las academias militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá, así como a Alemania, Israel, Corea del Sur, Chile y otros países.

Los grados con los que se organizaba eran de tipo militar, que le fueron eliminados en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, por grados de carácter civil. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, le fueron restituidos los grados militares a la Fuerza Pública. De nuevo, posteriormente se los volvieron a eliminar.

En el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, se impulsaron políticas, bajo la modalidad de tratados internacionales contra el militarismo, la producción y compra de armas a nivel mundial, en la ONU.

Centroamérica, como resultado de las guerras internas desde la década de 1980 ha sido un escenario de gran tráfico de armas, de compra y venta de armas de guerra. Tráfico ilegal del que Costa Rica no ha escapado. En nuestro territorio se mueven armas con conocimiento oficial y poco control.

La venta de armas es autorizada en Costa Rica. Especialmente de armas que no son de guerra; pero, se están vendiendo armas de guerra. Los grupos asociados al comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, están bien armadas con este tipo de armamento militar. Constantemente, esto se evidencia en las noticias que se publican de sus enfrentamientos, en disputas por el control de los territorios de distribución de drogas y de exportación de la cocaína a Europa, así como por el cuido de sus bodegas, consideradas de las más importantes y grandes de la región, comparadas con algunos países suramericanos, por sus dimensiones.

La reorganización que se ha venido haciendo en la Seguridad Pública nacional contribuye al fortalecimiento de estos grupos, de sus negocios de drogas como del manejo de armas que poseen.

La venta de armas de guerra que se hace en el país, por la cual se puede adquirir armamento de guerra, de combate, armas modernas de distintos calibres y calidades ofensivas, las que se pueden traer, como parte de estas ventas, constituye un grave peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas y para la seguridad del mismo sistema democrático que tenemos.

La existencia de las policías privadas en el país, en número superior a la Fuerza Pública, hace más peligroso ese arsenal de armas existentes en el país, por la dimensión de pequeños “ejércitos privados” que pueden constituirse de esa manera, algunos de los cuales pueden ser útiles incluso a políticos del actual gobierno como de fuera del gobierno y la institucionalidad.

La existencia de centenares de pistas aéreas “clandestinas” que operan en el país, unas reconocidas y otras no oficialmente, facilitan ese comercio de armas, como de drogas. A veces, la prensa da cuenta de aeronaves abandonadas en algunas de esas pistas.

Desde el punto de vista de la seguridad social cada vez más son atendidos, en las emergencias hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro social, y en hospitales y clínicas privadas, ciudadanos heridos con armas de guerra. Solo el año pasado la atención de estos ciudadanos llegó casi a los 1500, un promedio de cuatro diarios. Por armas de fuego en los nueve meses que llevamos del 2024 han sido atendidas 821 personas. Y del período 2019 al 2024 han sido atendidas 5.652 personas, a un promedio diario, en estos cinco años, de casi 3.3 personas diarias. De acuerdo con el OIJ, los muertos con armas de fuego, de manera dolosa, este año suman 640 personas.

Las armas de guerra que se están empleando, entre otras son AR-15, M 16, AK47. La AR-15 es traída de Estados Unidos, traficada por las organizaciones criminales que la pagan con drogas. De acuerdo con los datos criminológicos del país estamos en la cuarta ola del narcotráfico, con una violencia homicida que tiene un 60% de vinculación con el crimen organizado.

Esta situación obliga a que se deban tomar decisiones más fuertes en el control del comercio lícito de armas. Ese control pasa inexorablemente por prohibir de manera definitiva la traída de cualquier tipo de armas de guerra, y de penalizar severamente a quien las posea.

El ambiente de inseguridad nacional es muy peligroso para la estabilidad democrática del país. Facilita incluso que desde el gobierno se pueda provocar un clima y una situación que conduzca a un estado de excepción, un estado de sitio, a un autogolpe de estado, a una prolongación fáctica del gobierno aduciendo esta situación de inseguridad y de inestabilidad.

El gobierno constantemente contribuye a ella atacando la institucionalidad pública, los poderes del Estado, los organismos e instituciones de control político y administrativo, provocando la pérdida de la fe en los Poderes Legislativo y Judicial, cuestionando, criticando y debilitando los actores críticos de la sociedad costarricense, a los partidos políticos, a los dirigentes políticos nacionales, a los gestores de opinión y a los analistas políticos.

Recientemente, con las detenciones para efectos de investigación judicial, que se ha hecho de directores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno, en pleno, con sus ministros y su fracción de diputados, todos de traje negro, como si asistieran al funeral anunciado de la democracia nacional, en boca del presidente jaguar, que curiosamente no rugió como suele hacerlo, advirtió de que se está a punto de perder la democracia y que de parte del gobierno se requieren, en posibilidad, acciones más fuertes, insinuando justamente el autogolpe de estado, el estado de excepción, las limitaciones de las libertades y derechos ciudadanos. Amenazó incluso de que podría no haber elecciones en el 2026.

Estos últimos días, particularmente de noche, han puesto a funcionar helicópteros, sin insignias del gobierno, pero tampoco intervenidos por las autoridades de seguridad pública, en caso de que fueran privados, a volar bajo, muy bajo, sin luces, casi a nivel de techos en determinadas comunidades, en Montes de Oca, en Escazú, en Santa Ana, dando vueltas a todo ruido de motores, llamando la atención y provocando preocupación de los ciudadanos en sus casas, como si fueran operativos policiales o de seguridad, en persecución o de acciones policiales en desarrollo.

Ante la protesta, preocupación y consulta de ciudadanos se ha dicho que han sido “acciones de entrenamiento para condiciones del mal clima”. ¿Cuándo, en Costa Rica, se han hecho ese tipo operaciones y maniobras policiales, que parecen más de ejército en condiciones de represión y de golpes de estado, aduciendo prácticas de entrenamiento? ¿Ni siquiera las hacen de día? ¿Por qué asustan y preocupan a la población con esos desplantes? ¿O, es que están preparando a la gente para el ambiente de zozobra, de inquietud o de amenaza, y de represión o de autogolpe institucional de estado, que se quiere imponer por la forma autoritaria de ejercer el Gobierno de la República? ¿Quién dio la orden de esos “ejercicios” nocturnos de los helicópteros, que no parecían ser del gobierno, todos negros, sin identificación alguna? ¿Tendrá el presidente un grupo altamente especializado en este tipo de operativos, como el que tiene a su servicio de manera directa, para su seguridad presidencial, que parece más para su seguridad personal, que solo a él le reporta?

¿A cuál “mal clima” se han referido las autoridades que han justificado esos vuelos rasantes de helicópteros, justamente la noche de la detención de los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Al clima político que están viviendo quienes están siendo sometidos a investigación judicial en el Gobierno? ¿O eran vuelos de apoyo moral para los detenidos esa noche?

Justamente, ese día y esa noche fatídica para el gobierno, como lo reconoció el jaguar principal, también coincidieron acciones amenazantes de tipo terrorista contra el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y contra el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército?

Los desplantes militaristas de los vuelos rasantes y los desplantes militaristas de las caravanas presidenciales matutinas hacia Zapote apuntan en muy mala dirección política nacional.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Universidades públicas transforman vidas y crean oportunidades

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.

Promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante funciones de investigación, extensión y administración de servicios es parte fundamental del quehacer de las universidades públicas. Los recursos que el Estado invierte en estas instituciones se devuelven al país a través de programas de becas, promoción de la salud, bienestar estudiantil y movilidad social.

El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó un foro en la Asamblea Legislativa titulado «Reducción de la desigualdad: las universidades públicas generando oportunidades que transforman vidas». Participaron María José Cascante, coordinadora de la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil; Randall Hidalgo, vicerrector de Docencia de la UNA; Olman Madrigal, de la División de Planificación Universitaria de Conare; y Sharon Jiménez, estudiante de la UNED. La actividad fue moderada por Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA.

Cascante destacó que, aunque Costa Rica ha sido reconocida por sus bajos niveles de desigualdad, en los últimos años ha habido un aumento en la pobreza, con más del 20% de la población afectada. Recordó el aporte de las universidades públicas para mitigar algunos efectos de la pandemia, proporcionando acceso a estudiantes de sectores más pobres, e hizo énfasis en la ampliación de la oferta académica, especialmente en áreas STEM, y en la inversión en becas y programas de apoyo socioeconómico, lo que ha permitido que muchas personas continúen sus estudios.

Hidalgo explicó en detalle el modelo de estratificación que aplica la Universidad Nacional para el ingreso de sus estudiantes, donde, además de la prueba de admisión, desde 2009 se implementa un sistema de tipificación y estratificación que ha aumentado el acceso a la educación superior de estudiantes en mayor vulnerabilidad.

El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) lleva más de 15 años recopilando información sobre los graduados de universidades públicas en Costa Rica. El último estudio incluyó a más de 10,000 graduados, de los cuales el 59% eran mujeres, y el 66.3% eran de primera generación, es decir, los primeros en sus familias en obtener un título universitario. Fuera del Gran Área Metropolitana, esta cifra asciende al 77%. La mayoría de los graduados provienen de colegios públicos (74.7%).

De acuerdo con los datos presentados por Madrigal, en 2022 la tasa de desempleo entre los graduados fue del 6.5%, significativamente menor que el 12.2% de desempleo general en Costa Rica. Las disciplinas con mejores indicadores de empleabilidad, con un 0% de desempleo y 100% de empleos relacionados con el área de estudio, fueron aquellas en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destacándose particularmente computación y ciencias económicas.

También resaltó las competencias más demandadas por los empleadores en ambos sectores (público y privado): compromiso ético, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y satisfacción oportuna de las demandas laborales.

Sharon Jiménez, estudiante de Informática Educativa en la UNED, compartió su experiencia afirmando que ser estudiante va más allá de lo académico, y destacó cómo la educación superior pública trasciende las estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay personas, familias e historias que reflejan el impacto de estas instituciones en el bienestar social.

“En la universidad pública, el estudiante entra con la clara convicción de que debe graduarse, y por lo tanto, no está solo; está acompañado de un sistema de apoyo integral que incluye una vida estudiantil robusta, la posibilidad de participar en grupos culturales, de ser estudiante asistente, formarse junto a los profesores, y acceder a servicios de bibliotecas, bases de datos, salud y recreación”, expresó Francisco González, rector de la UNA.

Voces

La diputada Rosaura Méndez, quien gestionó este espacio, mencionó que las universidades siguen siendo pilares de desarrollo para estudiantes y comunidades, a través de programas de becas, extensión e investigación. Destacó que un alto porcentaje de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos y muchos reciben becas, lo que refleja el compromiso del sistema educativo con la equidad.

Por su parte, la diputada Paulina Ramírez expresó su fuerte identificación con las universidades públicas y la educación, resaltando su importancia como motor de oportunidades para los sectores más vulnerables. Criticó las decisiones políticas que amenazan la continuidad de este derecho fundamental y aseguró que, desde la Asamblea Legislativa, se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar las acciones del gobierno.

La también diputada Alejandra Larios destacó la importancia de contar con espacios donde los datos desmienten los mitos sobre las universidades públicas. “Los datos son esenciales para mostrar en qué se invierte el dinero de las universidades y combatir las falsedades sobre su financiamiento”, señaló.

Finalmente, el diputado Óscar Izquierdo subrayó la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto para las universidades. Afirmó que reducir las desigualdades es un motivo clave para luchar por un presupuesto justo para las universidades públicas y aseguró que su fracción legislativa está comprometida a garantizar los recursos necesarios para que estas instituciones continúen desempeñando su rol en el desarrollo del país y combatan los mitos sobre su financiamiento.

Foro completo:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Grupo Puentes llama a respetar la democracia

SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.

UN LLAMADO AL RESPETO A LA DEMOCRACIA

Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:

1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.

2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.

3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.

4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.

5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.

En apoyo a lo anteriormente expuesto firmamos:

Rolando González Ulloa 2-0274-0540

Alexánder Rodríguez Chaves 1-0967-0546

Clemencia Rodríguez Alpízar 6-0118-0392

María Rosa Angulo Angulo 5-0216-0076

Luis Fernando Acuña Loaiza 1-0599-0123

Bernardo Aguilar González 1-0566-0270

Sergio Alfaro Salas 2-0464-0884

Felipe Arauz Cavallini 1-0486-0636

Fernando Berrocal Soto 1-0337-0722

María Gabriela Campos Méndez 1-0510-0893

Manuel Carballo Quintana 1-0300-0515

Anabelle Castillo López 3-0313-0976

José Martín Chacón Chacón 1-0670-0597

Jeannette Cordero Gamboa 4-0119-0233

Marinela Córdoba Zamora 3-0297-0351

Leda García Pérez 1-0487-0511

Ángel Jiménez Segura 6-0359-0767

Rodrigo Jiménez Sandoval 1-0537-0978

Guido Mora Mora 3-0257-0217

Jorge Mora Portuguez 1-0690-0544

Carmen Muñoz Quesada 1-0619-0272

Welmer Ramos González 5-0191-0924

Eduardo Robert Ureña 1-0964-0187

Omar Rojas Donato 1-0460-0740

Melvin Sáenz Biolley 1-0412-0634

Erick Sojo Marín 3-0351-0353

Federico Tinoco Carmona 1-0386-0600

Yayo Vicente Salazar 1-0435-0724

Y 59 nombres más.

Propuesta del Movimiento Mauro Fernández Acuña

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
Setiembre 2024

Profundamente conmovidas por el deterioro de la Educación costarricense y de las condiciones tan difíciles en las que realiza su labor el Magisterio Nacional, el 19 de agosto de 2024 escribimos un manifiesto en el que reconocemos sus esfuerzos y vivencias y agradeciéndoles sus sacrificios de manera que el sistema pueda seguir funcionando y el estudiantado aprendiendo.

Esta acción, que podría haber pasado desapercibida, se convirtió en un punto crucial, que desató un movimiento que se fue auto-organizando y creciendo de manera autónoma.

Las primeras horas del crecimiento del movimiento las hemos recogido en un artículo que titulamos Somos Voz y que publicó el medio de prensa Delfino.cr el día 21 de agosto

El movimiento de apoyo a la educación pública nacional ha continuado creciendo y cada vez se unen más personas, incluyendo docentes aunque estos últimos lo hacen de manera anónima, por temor a represalias.

Frente a esta realidad existe una creciente manifestación en pro de la educación del país, hemos asumido el compromiso de poder dar curso a la energía que está movilizando a tantas personas de tan diversos ámbitos de la sociedad.

Reconocemos que es un movimiento auto-organizado y facilitaremos que continúe siendo así. Sin embargo, para continuar dándole vida, hemos avanzado con dos estrategias:

  • Darle identidad
  • Proponer una agenda inicial

IDENTIDAD

Hemos querido honrar la obra de Don Mauro Fernández Acuña, cuyo impacto positivo benefició a la educación costarricense por cien años.

En 1886 don Mauro ideó un sistema coherente y orgánico y democratizó el acceso a la educación. En tres años, impulsó el proceso educativo nacional, ratificando la gratuidad y obligatoriedad de la educación primaria decretada por Jesús Jiménez en 1869 y promoviendo la creación de escuelas primarias. En su gestión, Costa Rica había pasado de tener 62 escuelas públicas (con 3.543 estudiantes de 5 a 14 años) a tener 369, que llegaban a las zonas rurales, a las que asistían 20.998 estudiantes, la mayor parte hijos e hijas de artesanos y jornaleros. Fundó el Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. Su sistema incluía jardines de infantes, Escuela Normales, becas de estudio para docentes, bibliotecas pedagógicas, edificios escolares, el almacén de material escolar, las juntas protectoras de la educación, las escuelas para adultos y las ambulantes, así como la creación de la revista El Maestro para el intercambio de ideas pedagógicas y métodos. Debido a su preclara visión sabía que el sistema debería estar vivo y abierto y que debía estar en constante evolución. Por eso decía: “Está en marcha la evolución educativa”.

Como dijo León Pacheco: “Don Mauro reformó una democracia”.

La herencia de don Mauro rindió frutos por cien años, pero hace ya algunas décadas que las nuevas realidades nacionales y regionales reclaman un nuevo impulso.

Nos inspiramos en la visión y la acción de don Mauro en beneficio de la educación de toda la población del país para augurar un nuevo aire para la educación nacional. Pedimos que se conjuguen todos los esfuerzos nacionales para promover una educación de calidad, para los próximos 100 años.

Por eso llamamos a esta iniciativa: Movimiento Mauro Fernández Acuña.

AGENDA INICIAL

Somos Voz

Buscamos abrir canales de comunicación para dar voz a todas las personas que quieren opinar y dar aportes para el mejoramiento de la educación del país y que por diversas circunstancias no pueden hacerlo.

Mediante el uso del correo electrónico apoyoeducacioncr@gmail.com las personas interesadas pueden compartir sus testimonios e iniciativas. Los testimonios tienen el valor de dar sustento para poner en evidencia las realidades que enfrentan las personas que están protagonizando dentro y fuera de los centros educativos situaciones tan críticas que enfrentan el personal educativo, las personas estudiantes y sus familias.

Muchas personas que han escrito al correo electrónico han manifestado su interés de ser parte de la solución con acciones e iniciativas para el apoyo a la educación. De estas iniciativas podemos, como sociedad civil, contribuir y canalizar acciones afirmativas.

Somos Ciudadanía

Buscamos promover espacios para promover una educación ciudadana, que fomente el conocimiento sobre y el aprecio por la democracia, la educación, y los valores que dan sustento a una convivencia pacífica y próspera.

Estaremos aprovechando todos los medios de comunicación posibles, sobre todo los medios digitales que permiten hacer llegar mensajes cortos, directos e interesantes para todo público.

Invitamos a todas las personas, que han manifestado su deseo de colaborar, enviar un correo electrónico a apoyoeducacioncr@gmail.com indicando si tienen conocimientos y tiempo disponible para:

  • Creación de listas de correo electrónico, blog en plataforma gratuita.
  • Creación de contenido de educación cívica.
  • Creación de mensajes para TikTok, Facebook, YouTube, Instagram.
  • Interpretación de mensajes por medio de voz, movimiento, actuación.
  • Otro… por favor indicar.

Esta es una agenda inicial que podría variar y ampliarse según las necesidades. Lo más importante es que todas y todos tenemos la bandera de Costa Rica como estandarte y nos une el interés por mejorar la educación de nuestro país.

8 % ya

Manuel Hernández

1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.

La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.

Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.

Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.

2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.

No es una simple abstracción jurídica.

Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.

3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.

Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.

El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.

4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.

La norma constitucional constituye un mandato imperativo.

La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.

Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.

5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.

6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.

No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.

6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.

7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.

La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.

8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.

9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.

¡8 % ya!

Costa Rica: “Trabajadores uníos” … O terminaremos en el patíbulo

Rafael A. Ugalde Quirós*

La época de falsos salvadores del pueblo costarricense terminó. La hora de las verdades y las decisiones políticas ganan terreno frente a las excusas y los viejos sofismas de desarrollo social, con dignidad y justicia social. La democracia la elevamos a la participación de la gente, sin trampillas legalistas ni mañosos intermediarios, o nos seguimos hundiendo.

a.-Las “medias tintas” se acabaron. No es fácil en la región, por consiguiente, tampoco en Costa Rica, pasar de un “pueblo masa” disperso, desesperado y destrozado por la “politiquería” a sueldo, pero aún con enormes reservas morales, a un “pueblo politizado”, articulado y, sobre todo, con un camino unitario por construir sin recovecos; subidas y bajadas, para dejar atrás treinta y ocho años de saqueos, despojos y simulaciones groseras, por las élites del poder.

Ello pareciera difícil en nuestro país cuando hacen agua el congreso, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones autónomas, la educación pública, la seguridad social, la agricultura, nuestra soberanía y, la credibilidad, en general, de quienes fueron jefes de la política nacional, desgastados y carentes de la más mínima moral e imaginación, con pocas excepciones a la regla.

Lo anterior implica una oportunidad real de rectificación por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares, porque irremediablemente se ahondarán las contradicciones sociales y los diversos relatos oficializados, en torno a un modelo de desarrollo económico y social absolutamente inhumano y evidenciado, desde hace tiempo, como una estafa sin precedentes para millones de jóvenes, obreros, empleados públicos, amas de casa, jubilados, pequeños y medianos ahorrantes, empresarios honestos, entre otros.

Quizá, cuando comprendamos que, la democracia pertenece directamente a un soberano llamado “pueblo”, encargado de poner y quitar a sus servidores como parte de su “institucionalidad”, asimilaremos que las grandes marchas y protestas sociales quedan reducidas a manifestaciones de fuerza, sí los trabajadores carecemos de un horizonte claro y definido hacia el cual todos caminamos.

La experiencia histórica en otros lados así ha sido. A los mexicanos, para poner un ejemplo, costaron 42 largos años de ver como su Seguro Social era saqueado, su educación pública, en todos los niveles, era prolegómenos de los negocios y privilegios privados más sui generis, su poder judicial y legislativo era un verdadero templo de mercaderes modernos, controlados por los dos partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Aquello no fue obra de generación espontánea. El presidente Miguel de la Madrid (1982 – 1988) inició las humillaciones para su pueblo. Los tecnócratas siguientes, sin excepción alguna, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), blindaron luego legal y constitucionalmente todos los caminos para que sus sucesores, hasta 2018, hicieran creer a los votantes que cambiando de caballo cada seis años seguirían por el camino correcto trazado por ellos.

b). – Entre el viejo caballo y la construcción de un nuevo camino.

(F. de la página del PLN en https://www.plncr.org/paes).

La idea que la miseria y la pobreza de millones de costarricenses están causadas por las pérdidas acumuladas por las empresas del entonces llamado “Estado social ” o “capitalismo del bienestar”, caló hondo y sigue calando profundo en nuestro país, gracias a un eficiente grupo de opinólogos y politiqueros a sueldo – paradójicamente la mayoría de ellos nunca trabajaron y vivieron a expensas del Estado- que posesionaron en las mentes mayoritarias la necesidad imperiosa de la disminución estatal para ser felices y dignos.

Fue cuando, empero, escogimos el camino de “vivir de fiado” para que los pocos miembros de una casta insaciable viviesen como príncipes y la mayoría pagáramos por el sendero delineado centímetro a centímetro por el Banco Mundial, mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Los PAES, según los hechos históricos, se establecieron durante los gobiernos liberacionistas de Luis Alberto Monge Álvarez (1985 PAE I); de Óscar Arias Sánchez (1989 PAE II) y de José María Figueres Olsen (1995 PAE III).

El PAE I suponía un cambio de paradigma en la política económica del país. (Puede consultarse https://www.plncr.org/paes) . Restructuraría el aparato productivo, diversificaría la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica, entre otros.

En cuanto a la política agrícola, prometía la implementación de un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación, tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la reforma del CNP y el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables, etc.

Ya en elPAE II– citando la misma fuente – se hablaba de la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica.

Reformaría el sistema arancelario para reducir aún más la protección efectiva, que supondría la fijación del arancel máximo en el 40% y un nuevo sistema de incentivos a la exportación que incluiría una modificación de los Certificados de Abono Tributario (CATs).

Estos certificados alcanzaron relevancia cuando descubrieron una estafa por muchos millones de dólares con fondos públicos por parte de beneficiarios, calificándose ese hecho en la Asamblea Legislativa de entonces como “un asalto multimillonario a los dineros del Estado”.

La fuente citada, informa, que las reformas en el sistema financiero se centraron en la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública; la modificación de las reglamentaciones bancarias para mejorar el control y la eficiencia del sector financiero y la creación de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.

En cuanto a el PAE III –recordemos a groso modo aquella falta de acuerdo entre la Administración Calderón y la llamada oposición liberacionista, que prolongó su aprobación hasta 1995- estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. La influencia del PAE III es sostenida por todas las siguientes administraciones, incluyendo los últimos dos gobiernos dirigidos por Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el presente, encabezado por el ex funcionario del Banco Mundial y presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.

Sí bien es cierto en el PAE III, estrictamente, sólo se hace referencia a el programa acordado con el Banco Mundial, hay tres acuerdos firmados con el BID, denominados “Programa de ajuste del sector público”, “Programa sectorial de inversiones” y “Programa de crédito multisectorial”, todos ellos enmarcados dentro de la misma línea de este PAE. Ninguno de los gobiernos dichos se ha apartado de ese derrotero.

(F. Wikipedia).

c.-País de grandes reservas morales. No sabemos con exactitud el porcentaje de sindicatos disueltos desde que la política fiscal empezó a golpear a aquellos gremios que se creían inmunes a los efectos desbastadores de los PAEs, por ser apéndice de éste o aquel partido. La realidad es que, los esfuerzos por debilitar o desconocer las organizaciones de los trabajadores son sostenidos hasta nuestros días. La existencia de siete centrales sindicales contabilizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más otra de reciente fundación, demuestra un innegable activismo del sindicalismo costarricense; eso sí, hay que decirlo, con poca articulación entre sí, como para hacer pensar a las élites atrincheradas en sus doctrinas liberales, disfrazadas de socialdemócratas, izquierdas inoperantes, religiosas o socialcristianas, que están en peligro sus privilegios por un cambio de modelo con justicia social y participación popular determinante.

El redireccionamiento del trabajo de nuestros gremios, en busca de un modelo de desarrollo más digno, inclusivo, mayor equidad social y democracia abierta, entre otros, no parece fácil ni que esté a la vuelta de la esquina, sí comparamos cantidad de centrales sindicales, número de sindicatos, tamaño de territorio y fuerza de trabajo.

Sin embargo, por la misma dinámica social, no está lejano el día cuando se refuerce la labor de las actividades sindicales por TikTok, YouTube X, Whatsaap o Instagram, entre otras importantes redes sociales a nuestra disposición, con la experiencia acumulada por más de 75 años con faenas planificadas del “cara a cara”, casa por casa, calle por calle, vecindario completo, más allá de sí seguimos o no inmersos en el bonito oficio de la “reunionitis”,”seminaritis” y “encuentrotitis” ,fomentado por largos años por viejos líderes de la vieja guardia.

Según estos registros de la OIT, hablamos de más de 240 sindicatos, sin sumar 20 más aglutinados alrededor de la “Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical” de reciente inauguración. (Consúltese: Centrales Sindicales Costa Rica en (https://webapps.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/worker/sindi/cr.htm).

Contrasta, lo anterior, según información emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estado de las convenciones colectivas en el sector público, dónde se supone, está la mayoría de sindicatos con mayor actividad gremial. De 1994 a 2024 hay poco más de 43 convenios colectivos renovados, caducos o a negociarse este año. (Consúltese: https://www.mtss.go.cr/elministerio/ConsejosTripartitosyDialogosocial/Convenciones_Colectivas.html).

Es cuando, la afirmación que plantean no pocos sabiondos, en el sentido de que es “locura hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes’”, no tiene ninguna cabida dentro de las leyes de la Física, independientemente a quien atribuyan la frase. Para entender la falsedad de este axioma hay que mirar unos pocos ejemplos en nuestra región. En Argentina, los Fernández transitaron por el mismo camino marcado por Carlos Saúl Menemy Mauricio Macri, cabalgando con caballos distintos, pero luego dejaron la mesa servida para que un pueblo desarticulado, robado, engañado, mentido y herido en lo más profundo de sus entrañas, sentara a un grupo de fascistas de nuevo cuño. Otra cosa es que ahora quieran evadir responsabilidades.

Y sí hay un pueblo que sabe cómo los resultados nos fueron peores con el “hacer lo mismo” con idénticos efectos, es el costarricense. El proyecto de ley para imponer las llamadas jornadas4x3 está vivito y coleando a la espera de cualquier parpadeo de los trabajadores, como si fueran insipientes las horas de trabajo efectivo realizado por los ticos.

Hay un número creciente de adultos mayores, pensionados de la Caja, que están obligados a trabajar ocasionalmente para “redondearse” el 60% de la jubilación asignada, según consignaron una tarde de estos telenoticieros nacionales.

El faltante acumulado de vivienda digna en el país es de 759.055 casas. Citando datos del Colegio Federado de Ingenieros y el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, dados a conocer por el Semanario Universidad, la necesidad de casa representa un 42.7% del total de moradas en la actualidad.

En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todas las ultimas administraciones han arrancado “bocaditos” a la institución, en su afán de “normalizar” la sostenida desnaturalización de la seguridad social tripartita, solidaria y universal, frente a un modelo asistencial privado, que cada día gana terreno e impone sus condiciones.

Al 1ª enero de 2017, según registros de la CCSS, la deuda acumulada del Estado ascendía a ¢840.247,2 millones, monto que al 30 de abril de 2022 alcanzó la cifra de ¢2.758.332,0 millones, de los cuales ¢2.250.313,3 millones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018,8 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), precisó la Contraloría.

(Foto: Katya Alvarado- Semanario Universidad).

d.- La democracia en profunda crisis: En cuatro décadas, los grupúsculos encargados de controlar el poder, lograron erradicar del costarricense promedio la más humanas de todas las reacciones: la capacidad de asombrarnos. Nos fue totalmente “normal” ver el chorro de dinero echado por el tubo controlado por estas élites: Los CATs, el cierre del Banco Anglo, del Crédito Agrícola, la “Trocha”, el “Cementazo”, “Asebanco”, “Cochinilla”, Caja Fischel”, “ICE Alcatel”, “Diamante”, “Banco Nacional”, “Coopeservidores”, “Aldesa”; la lista es larga, sí sumamos la evasión, subfacturación, amnistías tributarias y el contrabando.

Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Barrantes, la deuda pública costarricense es espeluznantes. Precisó que para atenderla se necesitan 16 mil millones de colones diarios o el equivalente a 31.200.000 dólares al día.

Esta central sindical sostiene que los trabajadores públicos llevan cinco años con los salarios congelados, producto de una serie de medidas fiscalistas. Se refirió a la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, “Plan Fiscal” o simplemente denominado “Combo Fiscal”, aprobada en la administración de Carlos Alvarado

Débase recordar que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se opuso férreamente en 2018 a la aprobación del “Combo Fiscal” porque, argumentó, precarizaría los salarios de la clase trabajadora, aplicaría impuestos a los principales productos de consumo diario y afectaría a las pequeñas y medianas empresas

En aquella ocasión, próxima a las navidades, votaron a favor del “Combo Fiscal” una mayoría de 35 diputados:16 del PLN, 10 del fenecido PAC, 7 del PUSC, 1 del PRSC y 1 autodenominado “Independiente”.

Los profesores de Segunda Enseñanza rechazaron el Combo Fiscal en setiembre de 2018. (F.APSE)

Hoy, el “combo fiscal”, aprobado por 35 diputados, está presente en los intentos de dar el zarpazo final a la educación superior universitaria, tras desamparar por años la construcción de escuelas y colegios públicos en todo el país.

Por eso, plantear en “abstracto” el financiamiento del 8% para las instituciones de educación superior públicas, sin mirar hacia atrás y cómo impactamos a los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes etc., de todas las regiones, podía conducirnos a idénticos caminos transitados ya en Chile, Perú, Argentina, entre otras naciones, donde destrozaron la enseñanza humanista y la noble virtud de enseñar a pensar.

Gracias a los impuestos pagados por la gente más humilde, los empresarios honestos, los profesionales, e intelectuales etc., lograron muchos ser médicos, economistas, periodistas, veterinarios, abogados, sociólogos, bailarines, actores, poetas, nanotecnólogos, biólogos, entre una larga lista, a pesar que ya en la década de los ochenta sabíamos para qué servía la prueba de admisión.

¿Cuántos médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, actores, economistas, pintores, músicos, arquitectos etc., procedentes de Talamanca, Liberia, la reserva indígena de Mora, Puriscal o Upala, solo a manera de ejemplo, graduaron las universidades públicas en sus sedes regionales en los últimos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo nacional y en defensa del bien común? Es cuando se cumple aquello de “tus hechos os defenderéis” o la afirmación martiana: el deber cumplido sencilla y naturalmente.

Durante mi vida como universitario conocí a dos muchachos, uno proveniente de un selecto colegio al que no se ingresa sí no se cumplen ciertos requisitos extra materias, aunquetenga todo el capital del mundo, el otro decía que había cursado toda su primaria y secundaria en un colegio ubicado entonces en Moravia; ambos se jactaban que solo pagaban la cuota de bienestar estudiantil porque “no tenían nada inscrito a su nombre”

Hoy, las élites, desarrollan la misma estrategia inhumana con nuestra educación pública estatal. Es idéntica a la aplicada contra quienes madrugan desde la 4 a.m. para una cita en un Ebais, esperan dos años para una intervención quirúrgica en los hospitales o los padres de familia obligados a dar dinero para cubrir materiales en las escuelas y colegios estatales.

Dejaron de último la aplicación de esta malvada estrategia contra las universidades públicas porque, como dijo Günther Anders ” (1953) en “La obsolescencia del hombre”, estas clases sociales requieren idiotas. Palabras más, palabras menos: dijo que para sofocar cualquier revuelta al estilo de Hitler hoy resulta “arcaico”, pues basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo “el nivel” y la “calidad” de la educación.

Y 134 años antes de la publicación “La obsolescencia del hombre”, Simón Bolívar – el 15 de febrero de1819 –, como si se estuviera dirigiendo a los costarricenses de hoy y tuviera conocimiento de los planes actuales de nuestras élites, nos alertaba: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”.

*Periodista, abogado y notario por la UCR.

En defensa de la democracia en Honduras

La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad declara su total respaldo al gobierno democrático de la Presidenta Xiomara Castro, y rechaza contundentemente toda acción de desestabilización por parte de los sectores conservadores amparados por la oligarquía local y el gobierno de los Estados Unidos, que pretende impedir el normal desenvolvimiento del proceso de cambio popular y electoral en marcha.

La derecha hondureña, ante la imposibilidad de ofrecer un proyecto de gobierno que satisfaga las necesidades del pueblo, pretende una vez más, atentar contra las instituciones del Estado y, por esta vía, someter al pueblo hondureño a la agenda del miedo, socavar la gobernabilidad e imponer el modelo de opresión de los sectores históricamente poderosos y opresores.

Las declaraciones de la embajadora de EE.UU. en ese país hermano, Sra. Laura Dogu, y como ya se torna costumbre, constituyen una intromisión flagrante en los asuntos internos de Honduras, intromisión que implica incluso, el insulto a altos dirigentes buscando así su desacreditación y debilitamiento. En tal sentido hacemos nuestras las palabras del canciller hondureño Enrique Reina cuando observó que “es insoportable el irrespeto y la injerencia” de dicha embajadora, constituyendo una amenaza directa a la soberanía.

Por una América Latina territorio de paz, sin injerencia imperialista, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad permanecerá atenta a los acontecimientos. El pueblo hondureño sabrá escribir su propio destino.

Nuestra América, 29 de Agosto de 2024

Fuente: https://humanidadenred.org/en-defensa-de-la-democracia-en-honduras/

Capacitación sobre formación política

El 31 de agosto se realizará la “capacitación sobre formación política”, por parte de Agricoop Piedras Blancas. Se abordarán temas como: derechos humanos, democracia y derechos ambientales, entre otros. 

Para confirmar su participación, comunicarse al 84631494.

Lugar: Instalaciones de Agricoop RL, a un costado de las oficinas del SINAC Piedras Blancas. https://maps.app.goo.gl/o6tgpff5ua5qyBqz6?g_st=ac

Hora: 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Fecha: 31 de agosto del 2024. 

Supuestos e Hipótesis sobre la Cultura Política y el Origen y Desarrollo de la Democracia Costarricense

Roberto Salom-Echeverría, sociólogo y académico expuso ante estudiantes de la UCR una serie de reflexiones sobre la evolución histórica y estructural del sistema político costarricense, abordando desde los cimientos coloniales hasta la crisis de los partidos políticos actuales.

En la penúltima clase del curso de Ciencias Políticas impartido por la profesora Violeta Otero en la Universidad de Costa Rica (UCR), el académico Roberto Salom-Echeverría fue invitado a compartir sus conocimientos sobre la cultura política costarricense y su relación con el desarrollo democrático del país. Su exposición, basada en el documento titulado «Supuestos e Hipótesis Sobre la Cultura Política y el Origen y Desarrollo de la Democracia Costarricense,» expone un análisis sobre algunos de los elementos históricos que han permeado el sistema democrático del país a través del tiempo, en esta nota detallamos algunos de los más destacados:

La importancia del Enfoque Histórico-Estructural

Salom-Echeverría detalla la importancia de utilizar el análisis histórico-estructural para ofrecer una mirada a la configuración sociocultural y política de Costa Rica. Según el académico, esta metodología permite describir la dinámica entre lo económico-social y lo jurídico-política y cultural, destacando cómo la primera influye de manera determinante en la segunda.

Del bipartidismo a la fragmentación política

Según señala, una de las dinámicas más relevantes fue la transición del sistema político costarricense desde un bipartidismo estable hacia una fragmentación cada vez mayor. Salom-Echeverría detalló cómo el debilitamiento del bipartidismo a finales del siglo XX y principios del XXI ha dado lugar a la aparición de nuevas fuerzas políticas, siendo el Partido Acción Ciudadana (PAC) un claro ejemplo de esta tendencia.

Un panorama político en transición

La intervención concluye con una reflexión sobre la crisis actual del sistema de partidos del país, por su dinamismo, anomia política y el abstencionismo de la ciudadanía.  Este contexto, según Salom-Echeverría, existe mayor vulnerabilidad al populismo, así como la necesidad de la presencia de nuevos actores políticos, lo que podría redefinir el panorama político costarricense en los próximos años.

La presentación de Salom-Echeverría no sólo ofreció una revisión histórica crítica, sino que también invitó a los estudiantes a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la democracia costarricense en la actualidad. Su análisis subraya la necesidad de entender el pasado para abordar las complejidades del presente y futuro político del país.

Para ver con detalle los enunciados expuestos por el académico compartimos el PDF que se adjunta en la nota.