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Etiqueta: democracia

El ayer y el hoy en la política costarricense

Juan Huaylupo[1]
En el presente se viven momentos relevantes en la política que afecta significativamente nuestro devenir nacional y que ha pasado desapercibido o apreciado como normal en nuestro espacio social, dado que, en el pasado las preferencias electorales no eran motivo de discordia ni de conflictos, como tampoco eran absolutas las diferencias, ni eran motivo de rupturas entre familias, amigos, conocidos o desconocidos, menos aún susceptibles de represión gubernamental. Las discrepancias eras expresiones democráticas de la sociedad, sin pretensión de monopolizar criterios partidarios ni eran objeto de sospecha de algún ardid electoral fraudulento.

Las discusiones políticas entre ciudadanos eran ágoras que se efectuaban informalmente en cualquier espacio y constituían fuentes de opinión de relativo consenso que se manifestaron en sucesivos procesos electorales que modificaban las preferencias del voto y definían los resultados, aun cuando conservando preferencias familiares. Asimismo, no se requerían de las especulativas proyecciones estadísticas, hoy convertidas en negocios privados, con opciones de resultados electorales, para condicionar a indecisos.

Las opiniones ciudadanas se respetaban y constituían instrumentos para otorgar o negarle el voto al partido en el poder. De este modo, perduraba la paz, la confraternidad, el regocijo ciudadano y también de democracia, más allá del acto instrumental de votar. Las evaluaciones y el voto ciudadano se constituían en medios de evaluación social del quehacer del gobierno y del partido político.

En el último proceso electoral el contexto había cambiado, no fue una fiesta cívica ciudadana de entonces, estuvo mediada de innumerables críticas contra la labor gubernamental y particularmente contra su expresidente, que con un estilo grotesco, agresivo e insolente contra todos sus críticos, justificaba su incapacidad y la ineficacia convirtiendo a todos sus críticos en enemigos, así como atacaba a las instituciones estatales para convertirlas en caricaturas disfuncionales de las necesidades y demandas sociales que gestaron la creación y la función institucional pública, para desacreditarlas e intentar liquidarlas.

La actuación gubernamental de exfuncionario del Banco Mundial debilitó la institucionalidad pública desfinanciándolas, controlando su gestión, agudizando las tendencias criticas existentes, que desfiguraron sus funciones, para dar prioridad a prácticas economicistas que afectan a millones de pobres y sectores medios empobrecidos, mientras que sus prácticas personalistas ilegitimas afectaban lo público, lo que pertenece a todos.

Ante el evidente deterioro institucional y de la función pública, la ciudadanía reclama y exige el respeto a sus derechos contra los servicios públicos insuficientes y deficientes, por la indiferencia e inmunidad corrupta e ignorante del poder institucional y estatal, mientras que el cogobierno se desentiende de sus responsabilidades, pretendiendo hacer suyas las demandas ciudadanas, como una falsa y cínica solidaridad, para encubrir su culpabilidad, de este modo, hacen caso omiso de sus obligaciones y son responsables culpables de la agudización de las crisis en la institucionalidad pública para proceder a liquidarlas privatizándolas. En la lógica totalitaria no es extraño lo absurdo, como culpar a los estudiantes de la crisis educativa, acusar a los enfermos de las deficiencias hospitalarias, o responsabilizar a los ciudadanos por el incremento delincuencial.

El gobierno anterior y la actual continuidad política e ideológica liberal han impuesto el odio y el enfrentamiento social, que impide el diálogo y las evaluaciones ciudadanas del quehacer estatal para imponer el silencio. El voto antes libre del sentir gubernamental se convirtió en un voto cautivo y como contradicción entre la autocensura ciudadana por haber contribuido indirectamente al acontecer político y la incapacidad crítica y analítica para solidarizarse con los críticos por los desmanes gubernamentales. Esta pareja gubernamental que se imagina omnipotente ya ha iniciado la pretensión de perennizarse en el poder estatal, común en todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad.

La conversión de la ciudadanía en enemigos del poder gubernamental creó el silencio ciudadano, porque con el enemigo no se dialoga ni hay solidaridad, solo se les insulta y desprecia, como lo hacen los mandatarios, o tal vez, simplemente ignorarlos como ocurre con las protestas ciudadanas..

La invitación a la violencia no es una alternativa para Costa Rica, aun cuando el gobierno lo intente y exista un contexto internacional que divide sociedades y aviva los enfrentamientos con creados e inventados enemigos. Ese “caldo de cultivo” del fascismo antagoniza con nuestro pasado y presente, donde los gritos y acciones perversas, de quienes hoy promueven la separación y la violencia, no tienen cabida social en los intersticios de la democracia tica. La democracia no es un asunto de gobernantes ni de tiranos, su creación, reconstrucción y defensa es de todos, de la ciudadanía.

La violencia fascista nunca requirió de la razón, del diálogo ni de la paz, la II GM fue el escenario donde ochenta millones de personas asesinadas, un costo humano inaceptable para mostrar la imposibilidad histórica del sanguinario proyecto contra la vida, el progreso y la humanidad.

El mundo se enrumba hacia otra prueba guerrerista mundial entre potencias y sus secuaces, como lo hace este gobernante que nos ha comprometido aceptando inconsultamente la imposición imperial del Escudo de las Américas. La orientación política e ideológica autoritaria e imperial de los personajes y del gobierno, quizás representan a otros poderes o los propios, pero no de los costarricenses. Las guerras sin fin contemporáneas están liquidando sociedades, civilizaciones y humanidad.

[1] Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

La calidad de la democracia costarricense y los límites del poder. Legitimidad, poder y participación ciudadana

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Hay una diferencia fundamental entre ganar democráticamente una elección y ejercer democráticamente el poder.

La primera otorga legitimidad de origen. La segunda debe construirse día tras día.

Esta distinción permite mirar con mayor profundidad el período presidencial de Rodrigo Chaves y hoy el de Laura Fernández. En el caso de Chaves, no se trata de afirmar que Costa Rica dejó de ser una democracia durante su gobierno. No ocurrió de esa manera. Las elecciones continuaron, la oposición existió, la prensa ejerció su función crítica, los tribunales actuaron y los órganos constitucionales mantuvieron sus competencias, muy a pesar de las limitaciones que ese gobierno impuso.

El problema fue otro: la tensión creciente entre la legitimidad electoral del Ejecutivo y los límites institucionales que la democracia constitucional impone a todo poder, incluso al que ha obtenido una amplia mayoría electoral.

La experiencia de estos años obliga, por ello, a formular una pregunta que va más allá de Chaves:

¿Puede una democracia deteriorarse sin que se produzca una ruptura institucional?

La respuesta de la ciencia política contemporánea es que sí. Y precisamente por eso resulta necesario observar no solamente las elecciones, sino también las normas, las instituciones y la cultura política mediante las cuales se ejerce el poder.

El poder necesita límites

Hace casi tres siglos, Montesquieu formuló una de las ideas esenciales del constitucionalismo moderno: para impedir el abuso del poder es necesario que el poder encuentre otro poder capaz de contenerlo, u otros poderes.

La división de poderes no fue concebida para dificultar la acción de los gobiernos. Fue concebida para impedir que una sola voluntad pudiera imponerse sobre toda la sociedad, tal como ocurría con frecuencia durante la Edad Media, en la esclavitud y en las dictaduras de hoy.

Rousseau, desde otra perspectiva, recordó que, en el gobierno democrático, la soberanía pertenece al pueblo. Pero, según el mismo Rousseau, de allí no se desprende que el gobernante se convierta en propietario de esa soberanía. Quien recibe un mandato electoral recibe una responsabilidad pública, no la potestad de apropiarse de la voluntad popular.

Aquí aparece uno de los grandes riesgos de la política contemporánea: que el gobernante interprete su victoria electoral como una autorización para gobernar sin límites.

Entonces puede instalarse una peligrosa ecuación:

Gobierno = pueblo.

Crítica al gobierno = crítica al pueblo.

Contrapeso al gobierno = obstáculo contra el pueblo.

Cuando esto ocurre, el adversario deja de ser reconocido como un competidor legítimo y empieza a ser presentado como enemigo.

Ese fue uno de los rasgos más preocupantes del período de Rodrigo Chaves. ¿Irá a ser un rasgo del actual gobierno también?

Más que un problema de lenguaje

En un artículo reciente me permití escribir sobre el poder del lenguaje en un sistema democrático, y lo nefasto que puede resultar el uso vulgar y soez del mismo, especialmente cuando es esgrimido por el gobernante.

Durante los cuatro años anteriores, fueron frecuentes las expresiones ofensivas, las descalificaciones personales y los ataques contra periodistas, magistrados, la contralora, diputados, funcionarios y otros actores públicos.

Pero reducir el problema al lenguaje soez sería insuficiente.

Lo verdaderamente importante es la función política de ese lenguaje.

Cuando un gobernante descalifica sistemáticamente a quien lo critica, no solamente está siendo descortés. Puede estar intentando quitarle legitimidad, antes incluso de responder a sus argumentos.

El adversario deja entonces de ser alguien que piensa diferente y se convierte en “la casta”, “los mismos de siempre”, “los corruptos” o “los enemigos”.

La política deja de ser deliberación, debate o diálogo y empieza a organizarse alrededor de la confrontación.

Robert Dahl entendió la democracia como un sistema que requiere participación, competencia y oposición. La posibilidad de disentir no es una anomalía del régimen democrático: es una de sus condiciones de existencia.

Por eso, cuando desde el poder la crítica es presentada como conspiración, la democracia comienza a perder una de sus características fundamentales: la aceptación del otro como interlocutor legítimo.

La democracia delegativa

Aquí resulta especialmente útil acudir a los escritos de Guillermo O’Donnell.

Su concepto de democracia delegativa permite comprender una tentación frecuente en América Latina: el presidente elegido directamente interpreta el resultado electoral como una delegación prácticamente ilimitada para gobernar.

La lógica deja de ser: “Fui elegido para gobernar dentro de un sistema de instituciones.” Y comienza a ser: “Fui elegido para gobernar; las instituciones deben abrirle potestad absoluta a mi mandato.”

La diferencia es enorme. En el primer caso, el presidente es una parte del sistema constitucional. En el segundo, el sistema comienza a organizarse alrededor del presidente.

O’Donnell destacó la importancia de la rendición de cuentas horizontal, ejercida por instituciones estatales capaces de controlar a otros órganos del Estado. Por eso los conflictos con la Contraloría, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial o el Tribunal Supremo de Elecciones no son, no deben interpretarse simplemente como disputas políticas entre personas.

La pregunta democrática es más profunda:

¿Acepta el Ejecutivo que esos órganos tienen legitimidad para decirle que no? Porque un contrapeso que solamente puede decir “sí” deja de ser contrapeso.

El caso del Tribunal Supremo de Elecciones

El conflicto con el TSE ofrece un ejemplo particularmente significativo.

En octubre de 2025, el Tribunal solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente Chaves, en relación con denuncias de presunta beligerancia política. La respuesta presidencial presentó la actuación del órgano electoral en términos de un supuesto “golpe de Estado”.

Es legítimo que un presidente discrepe de una decisión del TSE. Puede considerarla equivocada, injusta o incluso políticamente motivada. Pero, lo democráticamente preocupante aparece cuando la existencia misma del contrapeso es presentada como una agresión contra la democracia. Porque entonces la institución deja de ser reconocida como parte del sistema democrático y comienza a ser presentada como su enemiga.

Y ese mecanismo es mucho más importante que cualquier insulto particular.

La democracia puede deteriorarse sin dejar de existir

El politólogo Juan Linz hace una conceptualización que nos permite hacer también una precisión necesaria. A pesar de toda la jerigonza chavista, Costa Rica no llegó a convertirse completamente en un régimen autoritario. El concepto de autoritarismo, en sentido estricto, implica características que nuestro país apenas comenzó a reunir.

Pero una democracia no necesita convertirse en dictadura para deteriorarse.

Puede hacerlo mediante la pérdida de confianza en las instituciones, la personalización del poder, la descalificación sistemática del adversario y el debilitamiento de las normas formales e informales que permiten la convivencia democrática.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt han insistido precisamente en la importancia de dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional.

La primera consiste en reconocer al adversario como un competidor legítimo. La segunda implica no utilizar todas las facultades legales simplemente porque se dispone de ellas.

Esta advertencia es crucial. Una democracia puede ser erosionada utilizando instrumentos perfectamente legales. Un gobernante puede no cerrar el Parlamento y, sin embargo, deslegitimarlo permanentemente. Puede no clausurar un periódico y, no obstante, intentar convertir a los periodistas críticos en enemigos públicos. Puede no acabar con la Contraloría, y aún así desprestigiar su función contralora del poder ejecutivo ante la ciudadanía. Puede fingir respeto formalmente por los tribunales y, al mismo tiempo, presentar sus decisiones como obstáculos ilegítimos.

Puede conservar las elecciones y, simultáneamente, no reconocer la idea de que quien gana debe gobernar dentro de límites. Todo ello constituye el terreno de la erosión democrática.

Del presidente al líder

Existe además un fenómeno que merece especial atención: la personalización del poder.

El presidencialismo ya concentra una enorme visibilidad en quien ocupa el Ejecutivo. Pero la personalización ocurre cuando la figura del gobernante comienza a adquirir mayor importancia que la institución que representa.

La política empieza entonces a narrarse alrededor de una persona: “Chaves dice”, “Chaves enfrenta”, “Chaves denuncia”, “Chaves ordena”. La relación política se vuelve cada vez más plebiscitaria: yo contra ellos; el pueblo contra la casta; el cambio contra el pasado; el líder contra las instituciones.

Convengo en que, existen razones sociales que hacen que sectores del pueblo que durante años no se han visto favorecidos por las políticas públicas, hayan comenzado a dejar de creer en muchas instituciones. Es más, acepto que hay un legítimo cansancio ciudadano frente a partidos tradicionales, por la corrupción, la burocracia, la desigualdad y un arsenal de promesas incumplidas. La indignación ciudadana es real. Pero una legítima indignación no puede convertirse en licencia para que venga un gobierno, por más que esté legítimamente constituido, y se dedique a concentrar el poder. La democracia debe ser capaz de procesar el descontento sin destruir los mecanismos que permiten controlarlo.

De la legitimidad de origen a la legitimidad de ejercicio

Aquí adquiere particular relevancia el aporte de Xavier Arbós y Salvador Giner. En sus estudios sobre gobernabilidad, ciudadanía y democracia, estos autores ponen en relación la legitimidad con la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y de manera aceptada por la ciudadanía.

Desde esta perspectiva podemos distinguir dos dimensiones de la legitimidad democrática.

La primera es la legitimidad de origen: la que se obtiene mediante elecciones libres, competitivas y constitucionalmente válidas.

La segunda es la legitimidad de ejercicio: la que se construye —o se pierde— durante el desarrollo del mandato, según la manera en que se gobierna, se respeten las instituciones, se atienden las demandas sociales, se rinden cuentas y se reconoce el derecho de quienes discrepan.

La primera legitima la llegada al poder.

La segunda legitima —o deslegitima— la manera de ejercerlo.

Esta distinción resulta fundamental porque una elección democrática no constituye un cheque en blanco. Rodrigo Chaves obtuvo legitimidad de origen. Eso es indiscutible. La cuestión políticamente relevante es cómo utilizó esa legitimidad. ¿Reconoció suficientemente los límites institucionales? ¿Aceptó que el TSE, la Asamblea Legislativa, la Contraloría y el Poder Judicial poseen legitimidad propia? ¿Entendió la crítica periodística como condición de la democracia? ¿Consideró al adversario un interlocutor legítimo? ¿Entendió la protesta ciudadana como una expresión democrática que debía ser escuchada?

Estas preguntas permiten desplazar el debate desde la personalidad del gobernante hacia algo mucho más importante: la calidad democrática o no del ejercicio del poder.

De la gobernabilidad a la gobernanza

Y aquí aparece una consecuencia todavía más importante.

Durante mucho tiempo hablamos de gobernabilidad para referirnos a la capacidad de las instituciones para gobernar eficazmente y responder a las demandas sociales. Pero las sociedades contemporáneas han mostrado que gobernar no puede significar simplemente que unos pocos decidan y los demás obedezcan. De ahí la creciente importancia del concepto de gobernanza.

La gobernabilidad pone el acento en la capacidad institucional para gobernar de manera eficaz y legítima. La gobernanza incorpora algo más: la participación de una pluralidad de actores en la deliberación, construcción, ejecución y evaluación de las decisiones públicas.

El Estado continúa siendo indispensable, pero deja de ser concebido como el único protagonista. Participan las instituciones públicas, pero también comunidades, universidades, organizaciones sociales, gobiernos locales, sindicatos, empresas, movimientos ciudadanos, “parones ciudadanos” que se producen para que el poder ejecutivo respete y reconozca plenamente a otros poderes públicos y ciudadanos individuales. La sociedad debe dejar de ser únicamente destinataria de las políticas públicas y se convierte también en sujeto de su construcción.

Esta perspectiva ofrece una respuesta más profunda al problema de la personalización del poder. Cuando la política queda reducida a la relación entre un líder y una masa electoral, la democracia corre el riesgo de convertirse en una sucesión de plebiscitos alrededor de personas. Cuando la ciudadanía participa de manera permanente en la vida pública, el poder tiende a distribuirse. Y un poder distribuido es un poder difícil de personalizar.

La democracia no termina en las urnas

La movilización ciudadana del 6 de agosto en defensa de la independencia judicial tiene, en este contexto, un significado que trasciende la coyuntura. Más allá de las posiciones políticas de quienes participaron, hay un principio que debe ser reconocido: la ciudadanía también tiene derecho a defender públicamente las instituciones de la República. Una democracia sana no exige que todas las protestas tengan razón. Exige que tengan derecho a existir. Y si además tienen razón, tanto mejor.

La ciudadanía no debe aparecer únicamente cuando el poder necesita legitimarse mediante el voto. Debe estar presente también mientras el poder gobierna. Aquí se encuentra el tránsito de la democracia electoral hacia una democracia participativa. Votar es indispensable; pero votar no agota la democracia. La democracia participativa supone deliberar, organizarse, fiscalizar, proponer, protestar, participar en los gobiernos locales y contribuir a la formulación y evaluación de las políticas públicas.

En otras palabras: La ciudadanía no debe limitarse a elegir a quienes gobiernan; debe participar también en la manera como se gobierna.

Una democracia que se controle a sí misma

Norberto Bobbio nos recuerda que la democracia también es un conjunto de reglas acerca de quién decide, cómo decide y dentro de qué límites. Pero una democracia contemporánea necesita algo más que reglas. Necesita ciudadanos, necesita participación, necesita instituciones capaces de escuchar y ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas.

Por eso Costa Rica no debería limitarse a preguntar ¿cómo evitar que aparezca otro gobernante con rasgos personalistas? La pregunta de fondo es mucho más ambiciosa:

¿Cómo construir una democracia en la que ningún liderazgo pueda ocupar el lugar que corresponde a la ciudadanía y a las instituciones? Rodrigo Chaves no destruyó la democracia costarricense. Pero, sí la minó y mucho; su gobierno mostró que nuestras instituciones pueden ser sometidas a fuertes tensiones sin que desaparezcan formalmente. ¿Está siguiendo el actual gobierno de la presidenta Fernández la misma ruta?

Rodrigo Chaves mostró también que la legitimidad obtenida en las urnas puede comenzar a deteriorarse cuando el ejercicio del poder se distancia de las reglas y valores que hicieron posible aquella legitimidad. La lección no debería ser solamente escoger mejor a nuestros gobernantes. Debe ser democratizar también la manera de gobernar. Eso significa fortalecer los contrapesos, proteger la libertad de prensa, defender la independencia institucional, reconocer al adversario como un opositor con plenos derechos cívicos y rendir cuentas claras sobre su accionar. Pero, significa también hacer que la ciudadanía esté presente en la política entre una elección y otra.

Ahí se encuentra el tránsito de la gobernabilidad a la gobernanza. Y ahí puede encontrarse también una de las claves para una democracia costarricense renovada. Porque la legitimidad de origen abre la puerta del poder. La legitimidad de ejercicio determina qué ocurre después de cruzarla. Y una democracia verdaderamente viva no espera cuatro años para volver a hablar con sus ciudadanos, con todos, con propios y extraños, especialmente con sus adversarios. Exitoso será aquel gobierno que es capaz de incorporar a la ciudadanía al gobierno de la cosa pública.

La democracia, en definitiva, no consiste solamente en decidir quién gobierna. Consiste también en impedir que quien gobierna deje de escuchar únicamente a quienes le dieron el poder; porque el problema democrático decisivo no es solamente quién tiene el poder. Es cómo se distribuye, cómo se controla y cuánto espacio conserva la sociedad para ejercerlo también.

En la encrucijada de la historia

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

A 40 años de su fundación, MUSADE convoca a un diálogo nacional sobre democracia, derechos humanos y el futuro del movimiento de mujeres

Asamblea constitutiva de MUSADE.

En el marco de la celebración de su 40 aniversario, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) realizará el Encuentro Nacional «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica», un espacio de diálogo y reflexión que reunirá a mujeres lideresas de distintas generaciones para analizar los principales aportes del movimiento de mujeres y los desafíos que enfrenta hoy la democracia, la igualdad y los derechos humanos en el país

El encuentro se realizará el próximo 28 de agosto, en el Mini Auditorio de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, en San Ramón, y contará con la participación de representantes de organizaciones sociales, instituciones públicas, universidades, gobiernos locales, organizaciones comunitarias y movimientos de mujeres de diferentes regiones del país.

A lo largo de la jornada se reflexionará sobre la evolución del movimiento de mujeres en Costa Rica, los retos actuales para la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, la participación política de las mujeres y la construcción de propuestas para enfrentar los desafíos del presente.

Uno de los momentos más significativos será la participación de Carmen Soto, integrante de la primera Junta Directiva de MUSADE en 1986, quien compartirá una mirada histórica sobre los primeros años de la organización y recordará cómo, hace cuatro décadas, organizar mujeres en las comunidades rurales era un verdadero acto de valentía.

Según Enid Cruz Ramírez, coordinadora general de MUSADE:

«Celebrar cuarenta años no significa únicamente mirar el pasado. Significa preguntarnos qué país queremos construir para las próximas generaciones. Este encuentro busca renovar nuestro compromiso con la democracia, la igualdad, la justicia social y los derechos humanos de las mujeres.»

Como parte de los resultados del encuentro, MUSADE elaborará la publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica», que reunirá las principales ponencias, reflexiones y propuestas surgidas durante la jornada. Asimismo, estos aportes servirán de base para la Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, documento que será presentado el 6 de diciembre de 2026 como una contribución al fortalecimiento de la democracia y los derechos humanos en Costa Rica.

El Encuentro Nacional forma parte de la Ruta hacia el 40 aniversario de MUSADE, bajo el lema: «Ni retrocesos ni silencios: historia, lucha y futuro.»

A cuarenta años de su fundación, MUSADE reafirma que la defensa de los derechos de las mujeres sigue siendo una tarea vigente. Este encuentro será una oportunidad para hacer memoria, dialogar entre generaciones y construir propuestas que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la igualdad y la justicia social en Costa Rica.

Legados del Encuentro Nacional

  • Publicación «Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Reflexiones y desafíos para Costa Rica».

  • Declaración Política del 40 aniversario de MUSADE, que será presentada el 6 de diciembre de 2026.

  • Fortalecimiento del diálogo y la articulación entre mujeres de distintas generaciones, territorios y sectores sociales.

Información del evento

Encuentro Nacional
Movimiento de Mujeres Ayer y Hoy: Desafíos para Costa Rica

📅 Fecha: Viernes 28 de agosto de 2026
🕤 Hora: 9:30 a. m. – 3:00 p. m.
📍 Lugar: Mini Auditorio, Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente, San Ramón, Alajuela.
Organiza: Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE).

Sobre MUSADE

La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE) es una organización feminista fundada en San Ramón en 1986. Durante cuarenta años ha promovido los derechos humanos de las mujeres mediante procesos de organización comunitaria, atención integral, prevención de la violencia, liderazgo, educación popular e incidencia en políticas públicas.

RENASES celebra su II Asamblea Nacional, refrenda el Pacto Patriótico Costarricense con 25 nuevas organizaciones y respalda plantón por la democracia

Comunicado

RENASES: II Asamblea Nacional, Diálogo Social, Plantón, refrendo de Sectores al Pacto Patriótico Costarricense y movilización.

La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos y líderes de organizaciones sociales.

José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.

El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución.  Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.

La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.

La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional

La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.

En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.

También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.

Acerca de RENASES

La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país

Diversos sectores convocan a realizar un Plantón por la Justicia y la Democracia el próximo jueves 6 de agosto, a partir de las 4:30 p.m., en circuitos judiciales de todo el país, con el propósito de expresar respaldo al Poder Judicial y a la institucionalidad democrática.

La convocatoria plantea como mensaje central: “¡Que la luz de la justicia se encienda en cada sede judicial del país!”, e invita especialmente a las personas de las zonas alejadas del área metropolitana a organizar plantones de reflexión en cada circuito judicial después de las 4:30 de la tarde.

Las personas participantes son llamadas a llevar una vela como símbolo de la actividad y a promover expresiones de arte y cultura durante las concentraciones. Asimismo, se les invita a compartir fotografías de la jornada en redes sociales utilizando las etiquetas #Ningúngolpedeestado y #ApoyoalPoderJudicial.

La convocatoria destaca que la actividad se desarrollará en todo el país de manera simultánea y concluye con el mensaje:

“La justicia nos une. La democracia nos pertenece.”

El plantón se presenta como un llamado ciudadano a favor de la justicia, la democracia y la defensa de las instituciones judiciales.

AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresó su alarma por la suspensión provisional del movimiento político Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO) en Ecuador, al considerar que la medida compromete derechos civiles y políticos, el pluralismo democrático y las garantías del debido proceso.

El pronunciamiento se refiere al auto dictado el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de la causa N.° 110-2026-TCE, mediante el cual se dispuso la suspensión provisional de AMIGO por un período inicial de nueve meses, prorrogable hasta veinticuatro meses, del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

Según la AAJ, la medida fue solicitada por el fiscal general encargado con fundamento en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia. No obstante, la organización cuestiona también la forma en que dicho funcionario fue designado, al señalar que su nombramiento se realizó mediante un procedimiento administrativo que, a su juicio, no respetó la normativa vigente.

La declaración subraya que el trámite se desarrolló en cuestión de horas y recuerda que una situación similar ocurrió meses antes con el movimiento Revolución Ciudadana, suspendido mediante un mecanismo equivalente. Señala además que, tras esa primera suspensión, dirigentes de Revolución Ciudadana anunciaron que participarían en el proceso electoral bajo la bandera de AMIGO, organización que posteriormente fue objeto de la nueva medida cautelar.

La AAJ considera especialmente grave que la suspensión se produjera un día antes del vencimiento del plazo para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027, circunstancia que, según sostiene, produjo efectos prácticos irreversibles sobre la participación política de esa organización.

En su análisis jurídico, la organización afirma que la resolución vulnera garantías constitucionales ecuatorianas relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, los derechos de participación política y la libertad de asociación. Asimismo, sostiene que la decisión resulta incompatible con estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al imponerse una medida de gran impacto electoral antes de que exista un procedimiento contradictorio y sin oportunidad previa de defensa.

El documento advierte que la suspensión sucesiva de organizaciones vinculadas a una de las principales fuerzas políticas del país afecta no solo a las agrupaciones involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre una oferta política plural. En ese sentido, sostiene que este tipo de decisiones pueden alterar las condiciones de competencia democrática y normalizar el uso de investigaciones penales como mecanismo para excluir fuerzas políticas del proceso electoral.

Como parte de su declaración, la Asociación Americana de Juristas manifiesta su rechazo a la aplicación reiterada de este mecanismo sin garantías suficientes; exhorta al Tribunal Contencioso Electoral a revisar la decisión y garantizar plenamente el derecho de defensa; informa que pondrá el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; solicita atención de las misiones internacionales de observación electoral sobre el proceso ecuatoriano 2026-2027; y reafirma su compromiso con la vigencia de elecciones libres, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en los países del continente americano.

UTN impulsa diálogo por la educación pública y la democracia

  • UTN y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo fortalecen su articulación para promover espacios de reflexión, análisis y construcción conjunta orientados al fortalecimiento de la educación pública y el desarrollo democrático en Costa Rica.

Beatriz Rojas Gómez
Dirección de Comunicación y Mercadeo UTN

Con el objetivo de promover el diálogo, la reflexión y la construcción conjunta de propuestas para fortalecer la educación pública y la democracia costarricense, la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo (MNDSP) realizaron el pasado 13 de julio la Audiencia-Taller UTN – Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. La actividad reunió a cerca de 30 personas, entre representantes de la Universidad, el equipo técnico y liderazgos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de intercambio, reflexión y construcción conjunta entre ambas instituciones, mediante el análisis del reciente resultado electoral nacional, para identificar coincidencias programáticas y definir oportunidades de cooperación durante el 2026 en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Durante la apertura de la actividad, el rector de la Universidad Técnica Nacional, William Rojas Meléndez, destacó el papel que debe asumir la educación superior pública frente a los desafíos que enfrenta el país. «La educación superior pública debe ser un actor activo en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. Frente a los retos sociales, económicos y tecnológicos que vive el país, es indispensable fortalecer el pensamiento crítico, el diálogo y la articulación entre la academia y los diferentes sectores nacionales», afirmó.

El rector señaló que Costa Rica enfrenta importantes retos relacionados con el fortalecimiento de la democracia, la reducción de las desigualdades sociales, la sostenibilidad del sector productivo y la transformación tecnológica. En ese contexto, subrayó la necesidad de que las universidades continúen formando profesionales con pensamiento crítico y capacidad para responder a los cambios que plantea la inteligencia artificial y la digitalización, sin perder de vista el desarrollo humano y el bienestar de la sociedad.

Posteriormente, Allison Quintanilla Hernández, coordinadora técnica de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, presentó los fundamentos del Pacto Nacional por la Educación Pública, una iniciativa ciudadana impulsada en 2022 por el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional, en respuesta a los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo costarricense. Explicó que esta propuesta se sustenta en la evidencia científica aportada por los Informes Estado de la Educación y promueve la construcción de un acuerdo nacional mediante un proceso participativo que involucra a diversos sectores sociales, productivos y territoriales.

Asimismo, Quintanilla destacó que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, creada en 2020, constituye una plataforma plural e inclusiva que reúne a más de 150 organizaciones sociales y productivas del país. Señaló que este espacio no busca sustituir el papel de las organizaciones participantes, sino convertirse en un instrumento ciudadano para el diálogo, la concertación y la construcción de acuerdos orientados al bienestar nacional.

Como parte de la agenda, las personas participantes conocieron los principales hallazgos de la radiografía electoral y su relación con los desafíos actuales de la educación pública y el fortalecimiento de la democracia. Este análisis dio paso a una plenaria de intercambio de perspectivas institucionales, en la que se exploraron oportunidades para construir una agenda de articulación conjunta en favor de Costa Rica.

La metodología del taller incluyó un ejercicio de cartografía para el trabajo grupal, mediante el cual se identificaron posibles líneas de cooperación entre la UTN y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Los resultados fueron compartidos en una plenaria final, generando insumos para el desarrollo de futuras acciones colaborativas en materia de educación pública y desarrollo democrático.

Con esta iniciativa, la Universidad Técnica Nacional reafirma su compromiso con la promoción del diálogo, la generación de conocimiento y la construcción de alianzas estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas, la educación y el desarrollo democrático de Costa Rica, consolidando su papel como una institución comprometida con el desarrollo nacional y la búsqueda de soluciones conjuntas a los principales retos del país.

Fuente: https://www.utn.ac.cr/utn-impulsa-dialogo-educacion-publica-democracia

El decoro constitucional – II

Walter Antillón

Parte I. En general

El ejercicio del derecho público nos ha permitido comprobar que, de la vida y de la estructura del Estado, las constituciones sólo regulan explícitamente los aspectos primarios; de modo que aquella compleja realidad estatal se nutre y se concreta mediante una pluralidad de elementos provenientes de otras diversas fuentes.

El primer constitucionalista en identificar algunos de esos elementos fue el profesor británico Albert V. Dicey (Introduction to study of the law of the Constitution; MacMillan, London, 1914, pág. 244), quien a fines del Siglo XIX acuñó el sintagma ‘Constitutional conventions’ para indicar los acuerdos alcanzados en las altas esferas del poder acerca del significado de palabras clave, o de comportamientos adecuados, frente a los vacíos de la Constitución, lo cual tuvo gran difusión en el mundo del ‘Common Law’ (entre muchos: Wade-Phillips: Constitutional Law; Longman Green Co., London, 1948; pág. 87).

En el campo del Derecho Continental fue el gran maestro italiano Santi Romano quien primero se ocupó del fenómeno en su ensayo de 1909 Diritto e correttezza costituzionale (Ahora en Scritti minori, I, Diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 1990, p. 331 sigtes.). A partir de dicho ensayo, la doctrina ha elaborado el concepto de “correttezza costituzionale”, que traduzco como “decoro constitucional” (porque se trata precisamente de la dignidad, el respeto y la decencia en el comportamiento y en el lenguaje adoptados por los funcionarios) en los siguientes términos:

El decoro constitucional se traduce en deberes que no están previstos en la letra de la Carta, cuya vigencia, sin embargo, se presupone. Junto a los acuerdos y las costumbres constitucionales, las reglas del decoro concurren a regular los actos y los modos de ejercicio del poder de los sujetos políticos, llenando los espacios vacíos dejados por las disposiciones de la Constitución formal, o integrando, o especificando el significado que debe atribuirse a dichas disposiciones. Se suelen expresar tanto en las actuaciones directas del funcionario como en forma de pactos, en compromisos de honor entre contrarios; en la mutua deferencia, respeto, cortesía entre los poderes públicos, etc. La comunidad ciudadana los adopta como parte de su educación política.

Las reglas del decoro constitucional son, por ende, de distinta naturaleza y cumplen diversos papeles: reglas de moral política, de equidad, de colaboración leal, de buena fe y de debida diligencia en la vida pública; de buen uso de poderes discrecionales, del lenguaje y los modales, etc.; contribuyen a asegurar el buen funcionamiento de los órganos supremos y a evitar que el ejercicio de los poderes discrecionales desemboque en abusos, disputas o tensiones interinstitucionales.

La doctrina moderna del Derecho Constitucional confiere suprema importancia a las reglas del decoro. Grandes publicistas como Santi Romano y Paolo Biscaretti di Ruffia hicieron importantes aportaciones al tema.

En opinión del profesor y juez constitucional Gustavo Zagrebelsky (en Enciclopedia Treccani: Voz “Correttezza Costituzionale”), el desprecio a las reglas del decoro debilita los pilares invisibles de la Democracia: su abandono genera peligros sistémicos graves:

“…1.- Degradación de la lealtad institucional

  • Guerra entre poderes: Las instituciones dejan de cooperar y comienzan a bloquearse mutuamente.
  • Uso estratégico del derecho: Las leyes se aplican para destruir al adversario político y no para el bien común.
  • Pérdida de la «buena fe»: Desaparece la confianza mínima necesaria para que los órganos del Estado negocien y dialoguen.
  1. Erosión del sistema democrático
  • Tiranía de la mayoría: El partido en el poder utiliza los vacíos legales para aplastar a las minorías, ignorando el pluralismo.
  • Degeneración en «autocracia electiva»: Se respetan las votaciones, pero se destruye el espíritu de la separación de poderes.
  • Polarización extrema: La política se convierte en un juego de suma cero donde el rival no es un competidor, sino un enemigo a eliminar.
  1. Inestabilidad y parálisis del Estado
  • Vacíos de poder: El bloqueo de nombramientos clave (como jueces constitucionales o defensores del pueblo) paraliza órganos vitales.
  • Crisis constitucionales continuas: Conflictos institucionales constantes que la Constitución escrita no puede resolver por sí sola.
  • Pérdida de credibilidad ciudadana: La población pierde la confianza en la política al ver el espectáculo de la confrontación total…”

Zagrebelsky advierte literalmente que

“…una Constitución no puede sobrevivir solo con el texto escrito. Si los actores políticos pierden la ética de la moderación y el autocontrol (constitutional forbearance), las normas escritas se vuelven inútiles y el sistema camina hacia el autoritarismo o el colapso…”

En la Segunda Parte de este artículo se analizará la situación de las reglas del decoro constitucional en Costa Rica.

Parte II. Costa Rica

Confieso que he traído a estas páginas el tema del decoro constitucional, motivado en gran medida por las ilegalidades frontales y el tono agresivo e irrespetuoso adoptado por el expresidente Chaves durante su administración; y copiado, con algunas variantes, por la presidenta Fernández. Pero está de más advertir que conductas indecorosas ya venían menudeando en administraciones anteriores.

Como quedó explicado en la primera parte, el decoro constitucional se manifiesta tanto en actitudes y prácticas, como a través del lenguaje oral, escrito y corporal empleado por el alto funcionario.

En cuanto a lo primero, está por demás decir que el funcionario público, máxime si es de rango supremo, debe guiar su conducta con probidad, buena fe y autocontrol, procurando siempre el bien común de la manera más eficaz y al menor costo para la comunidad.

En lo que atañe al lenguaje, por respeto a su propia investidura, el funcionario debe evitar en toda situación el tono agresivo y las palabras procaces o hirientes. Los idiomas modernos cuentan con un vocabulario riquísimo, que permite expresar las emociones más extremas sin necesidad de recurrir al escarnio, la mofa o el desprecio de los interlocutores.

En la historia de nuestro País hay numerosos ejemplos de altos funcionarios que asumieron actitudes moralmente incorrectas o perpetraron actos inmorales, incluso delictivos. Lo que nunca habíamos tenido es presidentes que hicieron del insulto y la vulgaridad de palabra el pan nuestro de cada día.

Enumero y comento algunos casos:

Número 1.- Durante los años 2006 y 2007 la cúpula política del gobierno del Presidente Oscar Arias elaboró y propaló un documento que el pueblo llamó “Memorandum del Miedo”: una caravana de embustes para que la gente sencilla votara por el TLC; y encima de eso el propio Presidente, al igual que sus ministros y hasta personal de la Embajada Estadunidense, abusando de sus investiduras, visitaron fábricas y establecimientos prometiendo y amenazando para conseguir la aprobación referendaria del funesto convenio; y agregando un eslabón más a la cadena de dominación del País por parte del Imperio Usano: un acto de subordinación a los intereses imperiales y los del gran capital centroamericano por parte de quien juró defender los valores patrios consagrados en nuestra Constitución y nuestras Leyes. Todo lo anterior, junto con la manipulación de la Sala Constitucional y la luz verde para el tratado y sus leyes complementarias, configura sendas faltas al debido decoro constitucional imputables al presidente Arias.

Número 2.- En los años 2008 y 2010, la Corte Suprema, con argumentos deleznables, aprobó aumentos salariales para sus Magistrados y otros altos cargos del Poder Judicial, de modo que el sueldo bruto de dichos Magistrados llegó a oscilar entre 7 y 11 millones de colones mensuales, en un momento en que el propio presidente de la República (primus inter pares) ganaba algo menos de 5 millones, y el salario nominal mínimo en el País era de 179.504.00 colones por mes. Mas es preciso advertir que esa conducta de los magistrados no fue unánime: hubo honrosas excepciones.

Número 3.- El gobierno de don Rodrigo Chaves Robles es, hasta ahora, el gobierno más desastroso de la historia de Costa Rica, y a la vez el más exitoso en términos de apoyo popular. Y lo irónico es que lo segundo es, en buena medida, una consecuencia exquisitamente lógica de lo primero.

Durante los cuatro años de su gobierno, y ahora como ministro de Hacienda, privilegió los resultados macroeconómicos (deuda externa, inflación, empréstitos), y claro, para lograrlo desfinanció sistemáticamente el sector social: educación, salud, seguridad, ambiente, pobreza. Eso sí: el paladín de los humildes ha tratado muy discretamente de no afectar los intereses de los ricos ‘ni con el pétalo de una flor’. No ha hecho caso de la recomendación de entidades financieras internacionales que desde hace años le han recomendado los impuestos directos; pero ahora que ve avecinarse la crisis fiscal, está pensando en nuevas cargas …para los pobres.

Para sorpresa de los entendidos, durante todo el período dictó numerosos decretos y acuerdos deliberadamente violatorios de la ley, provocando sendas anulaciones y condenas de parte de los tribunales competentes; lo cual le ha servido de pretexto para gritar a los cuatro vientos que no le han dejado gobernar. Pero lo más tristemente llamativo de su conducta ha sido el lenguaje usado en sus discursos y en sus ruedas semanales de prensa para expresar sus fobias y rabietas.

En efecto, especialmente desde Casa Presidencial, el entonces primer mandatario emprendió una campaña sistemática de insultos, arrebatos y gesticulaciones grotescas contra los presidentes de los otros Poderes, contra diputados y periodistas, contra los jueces y fiscales, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes, las Universidades Públicas y cualquier otro organismo o persona que lo critique o contradiga: pero, en realidad, todos sus improperios han estado visiblemente proferidos con el mal disimulado propósito de enardecer el ánimo de sus seguidores en las redes.

A los periodistas que lo critican los ha llamado reiteradamente ‘ratas’, ‘malditos’, ‘malnacidos’, ‘brutos’, ‘estúpidos’, ‘desgraciados’, etc. Un redactor de El Financiero comentó:

“Éstas no son frases extraídas de una pelea de cantina, ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el Presidente de la República de Costa Rica.”

El 6 de mayo último, comentando el Informe de salida de Chaves, el entonces Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, deploró la actitud agresiva y el lenguaje soez de aquél, enumeró los calificativos que aplicaba frecuentemente a los diputados de oposición: “Inútiles y vagos, mafiosos y banda de corruptos, chantajistas y antipatriotas, desgraciados y malnacidos”, y reprochó severamente al ahora superministro su actitud ofensiva, su lenguaje deletéreo y, a fin de cuentas, su falta de voluntad para unir esfuerzos en la solución conjunta de los problemas.

Porque Chaves se ha referido en los peores términos a los presidentes de los otros Poderes, incluido el TSE, llamándolos despectivamente corruptos, falsos y obsoletos. Y tanto él como la presidenta actual han atacado encarnizadamente al titular del Poder Judicial, don Orlando Aguirre, haciendo público escarnio de uno de sus nombres de pila, e instándolo machaconamente a que se retire de su alto cargo. Da vergüenza ajena el ensañamiento cobarde de Chaves y Fernández en este caso. Porque, en realidad, ellos no quieren mejorar el Poder Judicial: quieren destruir su independencia.

Ahora bien, objeto de sus más virulentos ataques ha sido el fiscal general, don Carlo Díaz, que ha recibido y continúa recibiendo insultos y descalificaciones. Chaves le ha llamado títere, matón de barrio y ‘princeso’, peón de los magistrados y ungido del diablo; la Judicatura y la Fiscalía son ‘entidades putrefactas’, ‘agentes de asco’. Y la presidenta Fernández, que se afana en secundarlo, ha dicho recientemente que el Poder Judicial está infiltrado ‘hasta el tuétano’ por el crimen organizado.

El lenguaje lumpen, abrumador, la absoluta falta de decoro de ambos mandatarios, no tienen precedentes en nuestra Historia, pero siguen con curiosa fidelidad el manual adoptado por Trump y por Milei. Y creo que ahí está el meollo de la cuestión: hay que leer con paciencia los miles de devotos mensajes de sus seguidores en las redes para entender que las acusaciones extremas, la agresividad y la procacidad de nuestro expresidente y su discípula no son expresión de una indignación moral, sino de un frío cálculo político: son la clave de su conexión carismática con una masa resentida e irracional que se alimenta cotidianamente con sus improperios; y que les ha procurado un aplastante triunfo en las urnas y la actual mayoría parlamentaria, a costa de conducir al País hacia un destino de odio y violencia.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, como Trump y media docena de presidentes latinoamericanos, son peones del neoliberalismo transnacional que está desbaratando por todas partes el Estado Social de Derecho, la doctrina de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Es preciso desenmascararlos y resistir. Es preciso restaurar el decoro y el respeto por la Constitución y la Ley. Otro mundo es posible.

«No tengamos miedo de hablar”: Óscar Aguilar Bulgarelli vincula la doctrina social cristiana con la crítica a la “dictadura fascista”

Óscar Aguilar Bulgarelli reivindica principios de justicia social y advierte sobre riesgos para la libertad y la democracia. El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un nuevo video en el que propone reflexionar sobre seis principios vinculados con los derechos humanos, el bien común, el papel del poder público, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad y el trabajo.

Aguilar Bulgarelli invita a las personas a valorar si están de acuerdo con esos planteamientos.

Derechos humanos y dignidad

El primer principio presentado por el historiador afirma que los derechos humanos son inviolables porque son inherentes a la persona y a su dignidad. Por esa razón, señala, deben entenderse como universales e inviolables.

A partir de este punto, Aguilar Bulgarelli plantea que el reconocimiento de la dignidad humana debe constituir un fundamento esencial de la vida social y política.

El bien común frente al egoísmo

El segundo principio se refiere al bien común. El analista sostiene que este exige salir del pequeño mundo de los intereses propios y comprometerse, dentro de las posibilidades de cada persona, con el bienestar colectivo.

Según expone, no es suficiente buscar únicamente el progreso individual y asumir que ello beneficiará automáticamente al conjunto de la sociedad. Considera que desentenderse de las necesidades de las demás personas constituye una forma de egoísmo.

Para Aguilar Bulgarelli, el bien común y la promoción de la vida deben entenderse como valores no negociables.

El poder público y la protección de las personas más débiles

El tercer planteamiento se relaciona con el papel del poder público. Aguilar Bulgarelli sostiene que este tiene la tarea de armonizar con justicia los distintos intereses presentes en la sociedad y buscar un equilibrio entre los bienes particulares y los bienes colectivos.

Agrega que esa responsabilidad debe ejercerse sin dejar atrás a las personas más débiles.

Los bienes de la tierra y su destino universal

Otro de los principios expuestos señala que los bienes de la tierra han sido dados a toda la familia humana para sostener la vida de las generaciones presentes y futuras.

Aguilar Bulgarelli reconoce el derecho a la propiedad privada, pero afirma que este debe estar subordinado al destino universal de los bienes.

Desde esta perspectiva, plantea que toda persona tiene un derecho originario al uso de los recursos necesarios para la vida y que la propiedad no puede entenderse al margen de su función social.

Subsidiariedad, ciudadanía y solidaridad

El historiador también se refiere al principio de subsidiariedad. Explica que ni las personas ni las familias deben ser absorbidas por el Estado y que deben poder actuar libremente, en la medida de lo posible, sin causar daño al bien común.

A su juicio, este principio requiere un estilo de corresponsabilidad en el cual el Estado valore la iniciativa ciudadana y la sociedad civil sea capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común.

Aguilar Bulgarelli vincula esta idea directamente con la solidaridad.

El trabajo como expresión de dignidad

El último de los principios presentados se refiere al trabajo. El analista sostiene que este no debe verse como un simple instrumento, sino como una actividad que expresa y acrecienta la dignidad humana.

Advierte que esta preocupación cobra mayor importancia en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, debido a que la innovación suele utilizarse principalmente para reducir costos y aumentar beneficios.

Según afirma, esta dinámica ya está produciendo nuevas formas de precariedad y desigualdad en numerosos sectores.

“Bienvenidos a la izquierda”

Después de exponer los seis principios, Aguilar Bulgarelli pregunta a las personas si están de acuerdo con ellos y, suponiendo una respuesta afirmativa, les dice: “bienvenidos a la izquierda”.

Inmediatamente aclara que los principios mencionados forman parte de lo que identifica como doctrina social cristiana y sostiene que, cuando ideas semejantes se expresan fuera de ese marco, algunas personas reaccionan calificándolas de comunistas.

El historiador critica lo que considera una falta de conocimiento sobre la tradición social cristiana y afirma que los principios de justicia social, trabajo, bien común, solidaridad y uso de los recursos naturales forman parte de esa doctrina.

Asimismo, cuestiona a quienes se definen como socialcristianos, pero, según su criterio, se han acercado a posiciones conservadoras o al “capitalismo salvaje”.

Una defensa de la libertad de pensamiento

Aguilar Bulgarelli sostiene que uno de los mayores peligros de la sociedad actual es tener miedo de decir las cosas.

Como ejemplo, relata que observó una publicación educativa para noveno año en la que el concepto de liderazgo aparecía acompañado por una fotografía del ministro Rodrigo Chaves.

El historiador cuestiona esa selección y afirma que existen otras figuras históricas nacionales que podrían haberse utilizado para representar el liderazgo.

A partir de ese ejemplo, advierte sobre lo que considera señales preocupantes para la democracia y califica la situación como propia de una “dictadura fascista”.

También critica lo que describe como restricciones para que el profesorado hable libremente y sostiene que algunos medios de difusión han ido cayendo bajo la influencia del poder político.

Justicia social, solidaridad y distribución de la riqueza

En la parte final de su intervención, Aguilar Bulgarelli reafirma que las ideas expuestas corresponden, según su lectura, a principios socialcristianos.

Menciona el derecho al trabajo, el bien común, la solidaridad y la obligación de superar el egoísmo para compartir los bienes disponibles.

Sostiene que el trabajo no debe convertirse en una fuente de explotación, sino en un medio para compartir la riqueza.

También afirma que la empresa privada es necesaria y fundamental, pero considera que no debe servir únicamente para enriquecer a unas pocas personas, sino para contribuir a una distribución más justa de la riqueza.

Críticas al rumbo económico y político

Aguilar Bulgarelli afirma que Costa Rica atraviesa una situación de caos y menciona como preocupación un posible aumento del IVA.

Cuestiona el discurso sobre la denominada “economía jaguar” y sostiene que no ha beneficiado a la mayoría de la población, sino a sectores que, según su criterio, se han enriquecido a costa de las personas con menores recursos.

El historiador concluye invitando a no temer que estas ideas sean calificadas como izquierdistas y afirma que no se trata de una adhesión ideológica, sino de una defensa de la justicia.

Su mensaje final es una advertencia:

“Si perdemos la justicia, perdemos el país.”

Aguilar Bulgarelli cierra llamando a pensar, meditar y no dejarse engañar.