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Etiqueta: democracia

“Dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).

Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.

Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.

Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.

No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.

La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!

(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)

En el mes de la Patria… La lección de Coronado: Una niña de ocho años le enseña democracia al poder

A propósito de la alocución de la escolar Keyla Chavarría; por qué su llamado al respeto y al diálogo desarma la retórica de la confrontación oficialista y nos recuerda que la paz es una tarea cotidiana

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La grandeza de una república no reside en la estridencia de quienes gobiernan, sino en los anhelos de dignidad de su gente y en los límites que la ley le impone al capricho del poder».

Al inaugurarse este mes de la patria en la Costa Rica de 2026, el ambiente nacional se respira tenso, marcado por una preocupante polarización y por discursos oficiales que erosionan cotidianamente el respeto institucional. Frente a esa estridencia permanente que emana desde las cúpulas del poder, la bocanada de aire fresco y lucidez cívica ha venido desde la inocencia escolar.

Este artículo se basa en la conmovedora alocución pronunciada el pasado 1ero. de setiembre en el parque de San Isidro de Coronado por la niña Keyla Chavarría Jiménez, de segundo grado de escuela y tan solo ocho años de edad, con ocasión de la apertura del Mes de la Patria. Sus palabras no repiten consignas de la politiquería barata; por el contrario, configuran una lección magistral de civismo que desmonta el populismo discursivo y nos recuerda que «la democracia no solamente se hereda, también se cuida».

El mensaje de Keyla es un recordatorio de que la salud de una república depende de la calidad ética de la convivencia humana y del respeto absoluto a las reglas del juego democrático. Mientras el aparato propagandístico del oficialismo insiste en insultar a los críticos y en catalogar de enemigos a quienes piensan distinto, la estudiante de segundo grado devolvió la brújula al debate nacional al sentenciar que «aprendemos democracia cuando vemos que las personas pueden pensar diferente y aún así se hablan con respeto».

En una Costa Rica que padece el debilitamiento de su Estado social, la persecución discursiva hacia la academia y el quebrantamiento de la neutralidad pública, la voz de la infancia nos alerta que los valores de la paz y la libertad «no debemos darlos por sentado», ya que «la democracia es un tesoro que recibimos de quienes estuvieron antes que nosotros».

A la par de esta hermosa profesión de fe cívica, la alocución de Keyla se convierte, de forma involuntaria pero categórica, en la advertencia más severa para los gobernantes que confunden el mandato temporal de las urnas con una corona absolutista.

Cuando el Poder Ejecutivo utiliza la descalificación sistemática como herramienta de gestión, el clamor escolar resuena como un emplazamiento ético directo a los adultos que dirigen el Estado: «Enséñennos con su ejemplo, enséñennos que podemos estar en desacuerdos sin convertirnos en enemigos. Enséñennos que nuestras palabras pueden construir en lugar de lastimar».

Gobernar bajo el imperio del derecho implica entender, tal como lo expuso esta niña en Coronado, que «la paz no significa solamente vivir en un país sin ejército, significa también aprender a convivir, perdonar, escuchar y resolver nuestras diferencias sin violencia».

La soberanía no reside en las marcas de un partido político transitorio, sino exclusivamente en el pueblo —esa Nación plural y soberana que define nuestra Constitución—, y la mejor forma de honrarla en este mes patrio es protegiendo los contrapesos institucionales que blindan la libertad de los ciudadanos frente al abuso.

El próximo 14 de setiembre, cuando se espera que muchos ciudadanos participen en la faroleada que se está convocando y utilicen la luz blanca de la concordia para disolver pacíficamente la retórica del odio, la ciudadanía estará respondiendo al llamado de esta escolar de ocho años para «defender siempre el respeto» y «construir juntos una cultura de paz».

Escuchemos la reserva moral que habita en nuestras aulas y exijamos a los administradores temporales del Estado que abandonen los gritos estridentes; es hora de que demuestren estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda y de la grandeza del pueblo al que juraron servir.

Costa Rica: una democracia parcial y parcializada

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Estas breves líneas constituyen una invitación a reflexionar, sobre algunos temas de nuestro acontecer político cotidiano, que posibilita nuestro el enriquecimiento interpretativo y el diálogo sobre los dilemas y perspectivas sociales que nos comprometen a todos. La democracia implica compartir nuestros pensamientos sobre las relaciones sociales y el poder con otros en la sociedad. La intolerancia, el odio y la violencia en comunidad, destruyen democracia, diálogo y futuro común.

La democracia en Costa Rica tantas veces alabada y defendida, atraviesa por una profunda crisis que no llegamos a comprender ni analizar integralmente, luego no actuamos consecuentemente. Los sucesos recientes son ejemplos de los resquicios de una democracia que aparecen en determinadas y vitales circunstancias, mientras están permanentemente presentes las decisiones cosificadas en leyes y decretos, inspirados y condicionados por intereses e influencias ajenas de las demandas colectivas, así como con prácticas autocráticas que actúan contra de los intereses ciudadanos y el nacional.

Hemos defendido al poder judicial ante las acciones gubernamentales que pretendían controlarlo y subordinarlo a las decisiones e intereses del ejecutivo, no obstante, ha sido una movilización ciudadana que en su defensa logró descongelar las arbitrarias retenciones de miles de millones de colones del poder judicial, sin duda un logro democrático, además de patentizar las libertades y derechos ciudadanos.

Asimismo, habría que observar que cuando los universitarios realizan justas protestas por las arbitrarias, ilegitimas y anticonstitucionales restricciones presupuestales a las universidades públicas por decisiones fiscalistas del gobierno, nada ocurre, “brillan por su ausencia” las entidades que deben velar por el respeto y resguardo de la democracia y la Constitución. Asimismo, como cuando las operadoras de pensiones se apropian de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), que pertenecen a los trabajadores, que al ser manipuladas por dichos entes en los mercados financieros, ocasionaron pérdidas millonarias a los recursos de los trabajadores que nutren los mercados con recursos de décadas de esfuerzo laboral, sacrificios en la salud personal y familiar de miles de asalariados y la de privarlos de su capacidad decisora de sus propios recursos, son prácticas crueles e ilegitimas de disposiciones legales inmorales e indignas.

No devolver los dineros a sus legítimos dueños por parte de las entidades que los parasitan, ni ser autorizado por los diputados, que tienen la obligación de legislar en favor de quienes representan, es una práctica cruel y antidemocrática, que degrada la situación de vida a los miles de trabajadores jubilados de hoy y los millones del mañana. Es paradójico que un Estado que está obligado de proteger y amparar la democracia sea el protagonista de su deterioro y de su destrucción dictatorial.

El Estado costarricense no es un observador de la inequidad y desigualdad en las relaciones sociales, es protagonista directo, porque regula parcial y parcializadamente las relaciones sociales y jurídicas de la sociedad, que no son neutras ni representan a todos igualitariamente, porque representan a empresarios globales y los intereses imperiales, que se han arrogado ideológica, política y económicamente ser quienes disponen de vidas y sociedades. El estatal costarricense se ha convertido en “furgón de cola” de intereses ajenos que atentan contra nuestros derechos y sociedad.

La democracia no es una creación estatal, es la actuación de la totalidad social, que no solo la crea, defiende y enriquece la democracia con sus protestas y demandas para superar las imperfecciones que todo sistema hereda y reproduce, como un proceso en constante transformación, inserto en un contexto inequitativo, desigual y contradictorio. No obstante, nuestra democracia está siendo privatizada por el Estado, para convertirla en una tiranía que nos silencia y empobrece, donde la igualdad formal es “papel mojado”. La pretensión de ridiculizar las voces disidentes desde el poder estatal revela la intolerancia, ignorancia y violencia del discurso de odio, contra las justas demandas ciudadanas.

[1] Catedrático, docente e investigador. Pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

Nuestra democracia bajo amenaza

Costa Rica ha sido catalogada, históricamente, como una de las democracias más sólidas y estables de Latinoamérica, pero ha venido sufriendo una progresiva y grave erosión desde 2022.

Gobiernos anteriores provocaron desconfianza en la ciudadanía, merced a muchas promesas incumplidas, y junto al desgaste de los partidos políticos tradicionales, crearon el terreno fértil para el surgimiento del discurso antisistema. Dicho descontento fue aprovechado por controvertidos personajes arribistas, del 2022 en adelante, para iniciar una escalada populista que cuestiona la arquitectura constitucional del país, redefiniendo la gestión pública como un choque permanente entre un “pueblo agraviado” y una “casta o institucionalidad corrupta”, y que utiliza reiteradamente un discurso de odio, para lo cual recurre a conferencias de prensa y plataformas digitales, con el propósito de descalificar a todos sus oponentes.

Los organismos internacionales y centros de monitoreo global han activado sus alarmas sobre este fenómeno, que degrada el nivel de la nuestra democracia; así, por ejemplo:

  • El Índice Mundial de Libertad de Prensa informó que Costa Rica perdió 33 puntos, del 2021 al 2025, pasando del puesto 5 del mundo al 38.
  • Según el Índice de Libertad Global (Freedom House), la puntuación de la Libertad de Prensa pasó de 88.8 a 72.3 puntos en ese mismo periodo.
  • Para el Instituto de la Libertad de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, los monitoreos en el país revelan un incremento superior al 800% en ataques a la prensa independiente. La mayor parte corresponde a agresiones verbales y a desacreditaciones sistemáticas («sicarios políticos», «prensa canalla») emitidas desde las ruedas de prensa del Ejecutivo.

Pero el atropello más crítico ha sido el ataque directo y coordinado desde la presidencia anterior y la actual, contra las instituciones que tutelan el Estado de Derecho, así, por ejemplo:

  • El Poder Judicial y la Sala Constitucional han sido blanco de descalificaciones directas, tras haber frenado decretos u órdenes administrativas contrarias a la ley (p. ej., el cierre de recintos de eventos y ataques indirectos a medios). Se tilda a los magistrados de «obstáculos al desarrollo».
  • La Contraloría General de la República ha sido objeto de un acoso verbal inédito. El Ejecutivo ha intentado eludir los controles de contratación pública (proyectos de infraestructura, alianzas público-privadas) y mediante reformas legislativas populistas (como la «Ley Jaguar»), ha querido descalificar la función constitucional de fiscalización.
  • El Tribunal Supremo de Elecciones (garante de la pureza del sufragio), también ha sido objeto de ataques a su imparcialidad cuando ha señalado infracciones al deber de neutralidad política de los funcionarios públicos.

Uno de los síntomas más preocupantes es la persecución a la libertad de expresión y al ejercicio de un periodismo libre, mediante estrategias de acoso sistemático a través de troles y redes sociales. Se crean ecosistemas digitales destinados al linchamiento virtual, el ciberacoso y la difamación de voces analíticas. Asimismo, mediante el retiro de la pauta publicitaria oficial a medios independientes, se les pretende asfixiar económicamente, incluso se les persigue judicialmente, haciendo un uso abusivo del aparato estatal.

Se practica la persecución tributaria, administrativa y se amenaza, lo cual ha obligado a algunos incluso al exilio y otros han perdido la visa norteamericana, aparentemente por intervención del gobierno.

Todo esto contrasta con la Costa Rica que ha sido refugio insigne de exiliados latinoamericanos. El uso de calificativos degradantes desde la tribuna presidencial no es mero folclore político; es una señal de validación que impulsa a grupos fanáticos a llevar la agresión del plano virtual al físico.

Finalmente, alimentados por ese clima de violencia verbal y discursos de odio, crecen también la delincuencia, el sicariato, el crimen, el tráfico de drogas y el lavado de dólares, al amparo de acciones gubernamentales que los han terminado favoreciendo, como lo fue el retiro de las policías contra las drogas de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos, la reubicación de nuestras policías costeras tierra adentro y los recortes a los presupuestos del OIJ y el Poder Judicial. Como corolario, cientos de funcionarios y de exfuncionarios, de los tres poderes del Estado, se han visto tentados a involucrarse en el lucrativo negocio de las drogas.

Sin embargo, frente a una narrativa de odio, autoritaria y populista, la sociedad civil ha comenzado a articular mecanismos de autodefensa institucional: por ejemplo, la manifestación del Plantón, el pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Democracia, una marcha cívica que representa un hito en la historia reciente del país. Este movimiento espontáneo, bajo la consigna de nuestra bandera nacional, reunió a sectores muy diversos, hombres y mujeres patriotas: exmagistrados, estudiantes, sindicalistas, jubilados, profesionales, académicos y ciudadanía en general, para exigir respeto a la separación de poderes, el cese a los ataques a la Sala IV, la Contraloría, el OIJ, el TSE, el Poder Judicial y la defensa irrenunciable de la libertad de prensa y de expresión, baluarte histórico de nuestra democracia.

Esa manifestación, popular y pacífica, evidenció que a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo anterior y del actual, por polarizar y dividir la sociedad costarricense, existe una creciente masa crítica ciudadana, dispuesta a resguardar las bases institucionales establecidas en la Constitución vigente, la de 1949 y sus reformas.

En conclusión, todavía el país no enfrenta un colapso democrático, pero sí un ascendente proceso de erosión institucional, en el que tanto la ley como las instituciones que las tutelan son debilitadas intencionada y sistemáticamente.

Es importante, por tanto, no solo detener el deterioro democrático causado por la retórica oficialista, sino procurar una solución a las deudas estructurales (desigualdad, desempleo, infraestructura, salud, educación, seguridad) que el sistema político tradicional no supo atender y que le sirven a los dirigentes de turno como excusa para intentar derribar nuestra democracia e instaurar el autoritarismo tan en boga en Latinoamérica y el mundo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía consciente y preocupada de la herencia que le podamos dejar a nuestros hijos y nietos, a defender la democracia y sus instituciones. Esa defensa no se hace con fusiles ni con violencia, sino ejerciendo nuestros derechos ciudadanos a la denuncia y a la manifestación pacífica, no doblegándonos a las exigencias de un gobierno autoritario que no respeta ni la división de poderes ni las instituciones, y finalmente, repensando nuestras decisiones electorales en los procesos de escogencia que se avecinan, en nuestras comunidades y a nivel nacional.

Igualmente hacemos un llamado a las universidades, instituciones, organizaciones, movimientos, grupos de estudio, iglesias, intelectuales, demócratas, etc., a defender la institucionalidad, la democracia y la libertad que todavía disfrutamos, y a proponer proyectos, soluciones y cualquier idea que a través de los diputados y representantes cantonales y nacionales que todavía defienden esta patria, que nos permitan retomar el rumbo perdido, contrarrestar la polarización social y volver a una senda de progreso justa y equitativa, que propicie una convivencia pacífica en nuestra amada Costa Rica.     Agosto 27, 2026.

Firmantes:

Gerardo Fumero Paniagua, 301830948

Jorge Blanco Roldán, 103870769

Edgar Porras Thames, 103971236

Juan Gerardo Alvarado Ulate, 104830907

Alejandro Alvarado Induni, 103400452

Felipe Corriols Morales, 103720641

Hernán Sánchez Delgado, 103630887

Luis Bolaños Marín, 103840247

Fernando Fernández González, 104510498

Milton Esquivel Hernández, 103991282

Rodrigo Méndez, 104370959

Germán Murillo Pacheco, 400900601

Manuel Incer Arias, 103990517

Mario Granados Chacón, 103780680

Patricia Barzuna Castro, 105200588

Marina Aguiluz Armas, 102810948

Luis Fdo Chavarría Zannini, 103911334

Habib Succar Guzmán, 203240655

Víctor Mora Black, 601170946

Mercedes Monge Agüero, 104011497

Mario Salas Leal, 103720352

Jorge González Calderón, 107750334

Marco Vázquez Esquivel, 292940397

Luis González Espinoza, 202740104

Elizabeth Aguilar Zeledón, 104170170

Minor Ovares Fallas, 103880138

Xinia Herrera Quirós, 104220059

Mario Vilalta Jiménez, 104390432

José Luis Ocampo Rojas, 103720173

Alba María Muñoz Sibaja, 103960709

José Miguel Quirós Murillo, 202600256

Jaime Rosencwaig Topf, 103860466

Miguel Á. Montero Corredera, 104510398

Rolando González García, 202600476

Alberto Negrini Vargas, 104130248

Sandy Calderón Delgado, 103860628

Rosa L. Tormo Fonseca, 103920917

Rafael Ángel González Arce, 103990124

Víctor Hugo Esquivel Poveda, 104110982

Oscar Cuevas Zamora, 115200024

Carlos M. Villaseñor Brenes, 103530664

Emilia M. Rojas Umaña, 104090831

Azálea Álvarez Torres, 103840399

Víctor Mora Vilalreal, 106280826

Carlos E. Serrano Rodríguez, 202440879

José Pablo Sibaja Brenes, 112000166

Rogelio Zeledón Ureña, 104180816

Marco V. García León, 401300549

Guillermo Alvarado Induni, 105420448

Alexis Solís Marín, 104490703

María Nelly Porras Thames, 105330726

Marcela Guzmán Ovares, 301860044

María Helena Fonseca Mora, 301800640

Carmen Sandoval Jiménez, 103860587

María Elena Fonseca Mora, 301800640

Sergio Valenciano Ulloa, 105040820

Carlos Runebaun Madriz, 301720446

Tannia Oconnor Oconnor, 104060961

Eduardo Peralta, 103890642

Irene Araya Ortiz, 104870980

Alberto Gómez Vargas, 105720404

Luis Bolaños Marín, 104370959

María Teresa Bolaños Mora, 105130804

Arturo Pacheco Molina, 301820534

Ismael Mazón González, 104220207

Altagracia Sárraga Cuevas, 700390987

Por una democracia que se defiende y se transforma – Madre Tierra

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad del desarrollo

La Organización Cívica Madre Tierra, comprometida con la democracia, la justicia social, la sostenibilidad y los derechos ciudadanos, se pronuncia ante la coyuntura política de Costa Rica.

El país enfrenta una disyuntiva que trasciende el ciclo electoral: está en juego el tipo de democracia y de sociedad que queremos construir.

Defensa de la democracia y del Estado de derecho

Reafirmamos que ningún poder político puede estar por encima de la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos ciudadanos.

La democracia debe protegerse frente a cualquier intento de concentración del poder o debilitamiento institucional. Sin embargo, defenderla no implica aceptar como intocables sus formas actuales.

Una democracia sólida no solo resguarda sus logros, sino que también reconoce sus debilidades y se reforma para superarlos.

Escuchar y comprender el malestar ciudadano

El descontento social responde a desigualdades persistentes, pérdida de oportunidades, deterioro de servicios públicos y una creciente distancia entre las instituciones y la ciudadanía.

Este malestar no debe confundirse con intentos de debilitar la democracia. Quienes exigen cambios no son enemigos del sistema democrático.

Por el contrario, una democracia fuerte es aquella que escucha, responde y se transforma a partir de las demandas sociales.

Las instituciones pertenecen a la ciudadanía

Las instituciones no son propiedad de los gobiernos de turno, sino patrimonio de toda la sociedad.

Deben ser defendidas frente a intentos de captura o debilitamiento, pero también transformadas cuando dejan de responder a las necesidades del país.

El desafío no es conservarlas o eliminarlas, sino hacerlas más transparentes, eficientes, participativas y cercanas a la ciudadanía.

Es necesario reconocer que debe mejorarse la calidad y la eficiencia en la ejecución de las políticas institucionales.

No al regreso al pasado: una tercera vía democrática

Costa Rica no debe elegir entre el autoritarismo y la ineficiencia institucional.

Existe una tercera vía: una democracia renovada, socialmente justa, participativa, y ambientalmente sostenible, como está plasmado en nuestra Constitución.

Una democracia que garantice libertades, reduzca desigualdades, democratice el poder y haga efectivos los derechos en la vida cotidiana.

En un régimen democrático, los gobernantes deben ser capaces de establecer políticas concertadas entre los diversos sectores sociales y políticos, en lugar de pretender imponer, en el ejercicio del gobierno, las políticas al resto de la sociedad, procurando siempre escuchar y comprender el malestar de los distintos sectores que forman parte de la sociedad civil.

En el ejercicio democrático del poder, debe ser un principio político fundamental, para los distintos poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, velar permanentemente por la accesibilidad de todos los sectores de la población, y principalmente de la ciudadanía, a la formulación y discusión de las políticas públicas, procurando en todo momento, acortar la distancia entre el gobierno y la ciudadanía.

Democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental

La democracia no puede separarse de la justicia social ni de la protección del ambiente.

No es plenamente legítima si amplios sectores carecen de oportunidades o si se compromete el patrimonio natural de las futuras generaciones.

Defender la democracia es también defender el derecho a un futuro digno, equitativo y sostenible.

Una unidad democrática con visión de futuro

La unidad democrática no puede limitarse a la oposición al autoritarismo.

Debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué país queremos construir?

La respuesta debe incluir más participación ciudadana, justicia social, transparencia, igualdad de oportunidades y protección ambiental.

La democracia debe ser un proyecto de futuro, no solo un mecanismo de contención.

Diálogo democrático y cohesión social

Las diferencias políticas no deben convertirse en enemistades sociales.

La democracia exige diálogo, respeto y construcción de acuerdos entre posiciones distintas.

Transformar las instituciones no es destruirlas; defenderlas no es inmovilizarlas.

Hacia una nueva democracia para Costa Rica

Costa Rica necesita avanzar hacia una democracia:

  • más participativa y representativa, como lo establece la Constitución
  • más transparente y cercana a la ciudadanía
  • más justa e igualitaria
  • más solidaria y sostenible
  • más respetuosa de los derechos humanos
  • más capaz de evitar la concentración del poder

No buscamos una democracia que solo resista, sino una que se renueve y se fortalezca.

Compromiso ciudadano

Hacemos un llamado a organizaciones sociales, académicas, sindicales, empresariales, políticas democráticas y ciudadanas a defender la democracia y transformarla.

La mejor forma de protegerla es hacerla más democrática.

Costa Rica no debe elegir entre el pasado y el autoritarismo

Debe construir una nueva democracia: más justa, más participativa y al servicio de la ciudadanía.

Comisión Coordinadora de Madre Tierra

Agosto de 2026

«Faroleada por la Democracia»: convocatoria regional para el 14 de septiembre

La Colectiva Autónoma Por la Resistencia Social hizo un llamado a convocar una «Faroleada por la Democracia» en cada región del país, actividad programada para el domingo 14 de septiembre, a partir de las 4:00 p.m.

La convocatoria cuenta con la suscripción de una amplia lista de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, feministas, comunitarias y de la diversidad, entre otras, que respaldan la iniciativa como una actividad de carácter descentralizado, invitando a que cada región del país organice su propia faroleada bajo esta misma consigna.

Gobernanza y ciudadanía: el poder de la palabra y la acción

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Este será el primer artículo de una serie, cuyos escritos se sucederán un par de semanas más. (Espero no aburrir a los queridos lectores y lectoras).

Capítulo I. Un marco conceptual para pensar la democracia desde la ciudadanía

¿Quién gobierna cuando gobierna la democracia?

La democracia suele ser entendida, ante todo, como el sistema político mediante el cual la ciudadanía elige periódicamente a quienes habrán de gobernarla. Esta definición contiene una verdad fundamental, pero resulta insuficiente para comprender la complejidad de las democracias contemporáneas.

Elegir es indispensable. Pero elegir no agota la ciudadanía.

Una democracia puede cumplir razonablemente con sus procedimientos electorales y, al mismo tiempo, experimentar profundas desigualdades en la distribución del poder, de la información, de las oportunidades y de la capacidad efectiva de influir sobre las decisiones públicas.

De ahí surge una pregunta que debería acompañar toda reflexión seria sobre la democracia:

¿Qué ocurre con la ciudadanía después de depositar su voto? ¿Se convierte en espectadora de las decisiones de quienes fueron elegidos? ¿Se limita a esperar la próxima elección? ¿O puede continuar participando, organizándose, deliberando, controlando, proponiendo y evaluando aquello que los gobernantes hacen en su nombre?

La pregunta conduce directamente al concepto de gobernanza. Pero también obliga a formular una pregunta todavía más profunda:

¿En qué condiciones puede la ciudadanía participar realmente en la construcción de la cosa pública?

No basta con abrir espacios para que la gente hable. Tampoco basta con convocar reuniones, consultas, foros o asambleas. La cuestión decisiva es saber quién organiza esos espacios, con qué información, mediante qué procedimientos, con qué posibilidades reales de incidencia cuenta la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía “de a pie”, los más desfavorecidos de las políticas públicas, y cuáles son las consecuencias que se derivan de las decisiones públicas.

La participación, por tanto, no puede ser considerada como un acto aislado. Es un proceso. Y ese proceso debe comenzar mucho antes de la deliberación.

Gobernabilidad y gobernanza: una diferencia necesaria

Joan Prats i Catalá, catalán, oriundo de Benicolet, Vall d´Albaida, fue académico de la Universidad de Barcelona y de la Sorbona de París, politólogo y también político, miembro del Partido Socialista de Catalunya y también senador por la Comunidad Autónoma entre 1980-1983. Prats resulta particularmente útil para iniciar esta reflexión. Su concepción de la gobernabilidad se aparta de aquella visión que la reduce a la estabilidad política o a la capacidad de un Gobierno para imponer decisiones. Para Prats, la gobernabilidad es, fundamentalmente, la capacidad de la sociedad para enfrentar positivamente los desafíos y oportunidades de su tiempo. Sostiene enfáticamente que tales desafíos y oportunidades, no dependen únicamente de los gobernantes: también apunta que, todo ello está relacionado con los valores, actitudes y modelos mentales existentes en la sociedad.

Esta perspectiva introduce un cambio de considerable importancia: la gobernabilidad no es solamente una cualidad del Gobierno; es también una cualidad de la sociedad. Por eso, cuando hablamos de gobernanza democrática, no podemos pensar únicamente en cómo gobiernan las instituciones públicas. Tenemos que preguntarnos también cómo se relacionan esas instituciones con una sociedad plural, desigual, organizada en múltiples intereses y atravesada por diferentes formas de poder.

En este sentido, la gobernanza supone una transformación de las relaciones entre Estado y sociedad. Prats la vincula con los procesos mediante los cuales las preferencias ciudadanas y la pluralidad de intereses sociales pueden convertirse en decisiones y acciones colectivas.

Pero aquí comienza precisamente nuestro problema; la sociedad no es un espacio homogéneo. Nunca lo ha sido. No todos sus integrantes disponen de los mismos recursos, de la misma información, del mismo tiempo, de las mismas posibilidades de organización ni de la misma capacidad para hacer escuchar su voz. Por eso, hablar de gobernanza sin hablar de desigualdad sería construir una concepción incompleta, o más bien distorsionada de la democracia, ya que, la ciudadanía no participa desde un terreno neutral.

Una de las mayores dificultades para comprender la participación ciudadana consiste en imaginarla como si todos los participantes concurrieran a ella desde una posición semejante. No es así.

Un pequeño productor rural no llega a una deliberación con las mismas condiciones que un gran empresario. Un trabajador asalariado no dispone necesariamente de los mismos recursos que la organización empresarial que representa a su sector. Una asociación comunal no posee la misma capacidad técnica que una institución pública. Un ciudadano individual difícilmente puede competir en condiciones de igualdad con una organización que dispone de abogados, economistas, comunicadores, asesores y recursos financieros.

En consecuencia, la deliberación democrática ocurre dentro de una sociedad desigual. Esta afirmación no significa que la palabra de unos ciudadanos valga más que la de otros. Significa algo diferente y más importante: las condiciones materiales y culturales para hacer valer esa palabra no están distribuidas equitativamente.

De ahí que una democracia verdaderamente participativa tenga que preocuparse no solamente por garantizar el derecho a hablar, sino también por crear condiciones para que la ciudadanía pueda formarse un juicio propio.

Y aquí aparece el problema de la información. ¿Quién informa a quienes deliberan? Una sociedad democrática necesita ciudadanos informados.

Pero esta afirmación aparentemente sencilla contiene una pregunta que no lo es:

¿Quién informa a la ciudadanía? ¿Quién selecciona los temas? ¿Quién decide qué información circula? ¿Quién tiene recursos para producirla? ¿Quién puede contratar especialistas? ¿Quién posee medios para difundir determinadas interpretaciones de la realidad? ¿Quién tiene tiempo para estudiar un problema antes de pronunciarse sobre él? ¿Quién puede contradecir públicamente una información falsa o incompleta?

Estas preguntas nos conducen inevitablemente al problema del poder.

La desigualdad no se manifiesta solamente en la posesión de bienes materiales. También puede manifestarse en la capacidad desigual para producir, interpretar, difundir y legitimar conocimientos e ideas.

Aquí resulta pertinente recuperar una de las intuiciones fundamentales de Marx acerca de la relación entre las condiciones materiales de la sociedad y la producción de las ideas dominantes. Advierto que no comparto el determinismo que algunos pensadores marxistas introdujeron a la filosofía de Marx.

No se trata de sostener que las personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos piensen necesariamente como quienes ocupan posiciones dominantes. Tampoco consiste en suponer que la ideología opera mecánicamente desde arriba hacia abajo.

Se trata de reconocer algo más complejo: las relaciones de poder influyen en las condiciones dentro de las cuales las personas construyen sus interpretaciones de la realidad. Por ello, la desigualdad social puede transformarse también en desigualdad en la capacidad de interpretar la realidad. Y esta es una cuestión cardinal para la gobernanza democrática. Porque si las personas deliberan sobre la base de información incompleta, falsa o deliberadamente manipulada, ¿qué clase de deliberación estamos construyendo? ¿Puede existir una participación democrática de calidad si las premisas sobre las cuales se construye esa participación son premisas falsas? ¿Y quién determina cuáles son esas premisas?

La palabra ciudadana

La democracia necesita la palabra de la ciudadanía. Pero la palabra ciudadana no debería ser entendida únicamente como la posibilidad formal de expresar una opinión. Una democracia madura necesita que esa palabra pueda convertirse progresivamente en juicio, organización, acción e incidencia.

La persona debe poder hablar. Pero también debe poder preguntar, debe poder contrastar, poder disentir, poder organizarse con otros, poder acceder a información plural, poder revisar sus propias posiciones, debe poder exigir respuestas, y, finalmente, debe poder saber qué ocurrió con aquello que ayudó a decidir. Todo eso se aprende.

Por eso proponemos entender la participación democrática como una secuencia mucho más amplia: educación y formación cívica para una ciudadanía activa → información → organización → participación → deliberación → acción → decisión → ejecución → evaluación → rendición de cuentas.

Si la cadena se rompe, la participación puede convertirse en una experiencia puramente simbólica. Una ciudadanía puede ser escuchada y, sin embargo, no tener ninguna capacidad de incidencia; puede ser consultada y descubrir después que la decisión ya estaba tomada; puede ser convocada a una reunión y desconocer quién estableció la agenda; puede participar de un proceso y no conocer nunca sus resultados. Participar, por tanto, no significa necesariamente ejercer poder. La diferencia entre ambas cosas es fundamental.

¿Quién organiza la deliberación?

Esta pregunta merece ocupar un lugar central en nuestra reflexión. Porque cuando se habla de deliberación suele imaginarse un espacio abierto en el que ciudadanos libres intercambian argumentos y, después de escucharse mutuamente, alcanzan mejores decisiones.

Pero la realidad es mucho más compleja.

¿Quién convoca? ¿Quién determina quiénes participan? ¿Quién establece el orden del día? ¿Quién suministra la información? ¿Quién modera? ¿Quién determina los tiempos? ¿Quién define las preguntas? ¿Quién registra las conclusiones? ¿Quién decide qué conclusiones serán trasladadas a las instituciones?

La metodología de la participación nunca es completamente neutral. Toda metodología organiza de alguna manera las relaciones de poder. Por eso una gobernanza democrática de calidad debe prestar tanta atención a los procedimientos como a los objetivos. No es igual una asamblea de pequeños productores organizada territorialmente que una reunión de grandes empresarios; Tampoco es igual una deliberación entre docentes que una reunión de funcionarios gubernamentales, ni es igual una asamblea cooperativa que una reunión empresarial; así como no es simétrica una organización comunal que una organización sindical.

Cada espacio contiene conocimientos, intereses, experiencias y relaciones de poder diferentes. La metodología debe reconocer esa diversidad, no ocultarla.

La experiencia costarricense: cuando la participación se convierte en aprendizaje democrático

Costa Rica posee una experiencia particularmente aleccionadora en este terreno: el proceso político que condujo al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Aquel proceso estuvo jalonado y atravesado por enormes diferencias de recursos, capacidades organizativas, información y poder político. Aunque también produjo una intensa movilización ciudadana. Hubo debates, foros, mesas redondas, campañas, organizaciones territoriales, comités patrióticos y múltiples espacios de confrontación de argumentos.

El Tribunal Supremo de Elecciones llegó a considerar el referéndum como una oportunidad extraordinaria de profundización democrática y sostuvo que la participación popular incluía no solamente votar, sino también contribuir y controlar la formación y ejecución de políticas públicas y decisiones estatales relevantes.

Aquella experiencia merece ser estudiada con serenidad, sin idealizaciones. Hubo desigualdad de recursos. Pero, también hubo propaganda y espacio para incoar estrategias políticas. Los principales protagonistas de la contienda tenían, cada uno sus propios intereses económicos, y, en algunos casos eran intereses contrapuestos. Sin embargo, hubo espacio para la persuasión; aunque también confrontación de ideas y esfuerzos ciudadanos por producir información alternativa.

El llamado Memorándum del miedo constituye, precisamente, un episodio que permite analizar los límites entre persuasión política, presión y manipulación dentro de un proceso democrático.

Aquella experiencia dejó también una enseñanza positiva: cuando existen mecanismos que permiten confrontar públicamente las diferentes posiciones, una sociedad puede ampliar sus posibilidades de formar juicio colectivo incluso dentro de condiciones profundas de desigualdad. No obstante, la democracia no elimina la desigualdad de partida. Pero sí puede crear procedimientos para disminuir sus efectos sobre la formación de la voluntad ciudadana. Esa es una tarea esencial de la gobernanza.

La independencia ciudadana

Llegamos así a un concepto que consideramos central para este ensayo: la independencia ciudadana. No entendemos por ella el aislamiento del individuo frente a la sociedad ni la ausencia de intereses, convicciones o pertenencias. Ningún ciudadano vive fuera de relaciones sociales.

Por ello la independencia ciudadana significa otra cosa: tiene que ver más bien con la capacidad progresiva de formar un juicio propio y actuar políticamente sin quedar subordinado de manera absoluta a un poder económico, político, partidario, gubernamental, mediático o de cualquier otra naturaleza. En otras palabras, la independencia nunca será absoluta. Tampoco puede alcanzarse de una vez y para siempre. Es una construcción, un proceso plagado de contradicciones y por lo tanto de gran complejidad.

Se fortalece cuando existen educación de calidad, información plural y confiable, organizaciones sociales autónomas, libertad de expresión, espacios de deliberación, instituciones imparciales, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y cuando se abren espacios claros para la evaluación de la política pública.

Se debilita cuando la ciudadanía depende de un único proveedor de información, cuando las organizaciones son capturadas por intereses particulares, también cuando la pobreza de recursos económicos, comunicacionales o culturales restringen la capacidad de participación o cuando el poder político convierte la comunicación pública en un instrumento de propaganda.

Por eso la independencia ciudadana debe ser entendida como una condición de la democracia y no como un lujo de las sociedades desarrolladas.

La participación como aprendizaje social

Aquí volvemos a Joan Prats.

El cambio institucional, según su perspectiva, no puede reducirse a modificar leyes. También requiere cambios en los actores, en las relaciones de poder y en los modelos mentales; y necesita procesos de aprendizaje social capaces de arraigar las nuevas reglas en la cultura política.

Esta idea tiene consecuencias enormes. Significa que la gobernanza democrática no es o no puede ser una técnica que se instala desde el Gobierno. Es una capacidad que una sociedad aprende a construir. Al igual que aprende a participar, a escuchar, a discutir, a organizarse, a controlar, a evaluar. Aprende a reconocer sus propios errores y también aprende a cambiar sus instituciones, cuando estas son deficitarias para resolver los problemas de la democracia.

De esta manera, la ciudadanía deja de ser simplemente destinataria de las políticas públicas y comienza a convertirse en protagonista de un proceso permanente de aprendizaje democrático.

Del voto a la acción ciudadana

La democracia representativa continúa siendo indispensable. No se trata de sustituirla por una democracia asamblearia ni de convertir a la ciudadanía en legisladora permanente. En realidad, la participación complementa la representación.

La cuestión es otra.

La democracia representativa necesita ser profundizada mediante una ciudadanía activa, una ciudadanía que no aparezca únicamente cada cuatro años; sino más bien, una ciudadanía que sea capaz de intervenir en los asuntos públicos entre una elección y otra, una ciudadanía que pueda preguntar: ¿Qué nos prometieron? ¿Qué hicieron los que prometieron? ¿Qué hicieron unos y otros? ¿Qué hizo la oposición? ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Quién se benefició? ¿Quién quedó excluido? ¿Qué, finalmente es lo que debe corregirse?

Estas preguntas constituyen, en esencia, una forma de control democrático. Y sin control ciudadano, la representación corre el riesgo de convertirse en delegación pasiva.

Una democracia que aprende de sus resultados

Llegamos finalmente a una cuestión decisiva. La participación debe producir consecuencias que puedan ser evaluadas. No basta preguntar cuántas personas participaron. Debemos preguntar qué produjo esa participación. ¿Mejoraron las políticas públicas? ¿Disminuyó la pobreza? ¿Se redujo la desigualdad? ¿Mejoró la educación? ¿La salud? ¿Se fortaleció la seguridad para toda la población? ¿Aumentó el acceso a vivienda digna? ¿Mejoraron las condiciones de alimentación? ¿Se ampliaron las oportunidades de quienes se encontraban en posiciones desventajosas? Estas preguntas y otras no pueden responderse mediante discursos políticos. Requieren evidencia, aunque la evidencia tampoco habla por sí sola.

Los datos necesitan interpretación.

Por eso, a lo largo de este ensayo, recurriremos cuando resulte pertinente a indicadores sociales, económicos e institucionales de Costa Rica. No para acumular cifras, sino para someter a prueba las afirmaciones que hagamos o que hayan hecho los gobernantes.

La gobernanza democrática debe ser capaz de producir información sobre sus propios resultados. Y después debe permitir que esos resultados sean discutidos públicamente.

Así aparece otro ciclo:

participación → decisión → resultados → rendición de cuentas → evaluación → corrección. Cuando ese ciclo funciona, la democracia aprende; cuando se interrumpe, la participación puede convertirse en una ceremonia.

Hacia una gobernanza democrática incremental

No existe una democracia perfecta. Tampoco existe una sociedad sin conflictos, sin desigualdades, sin intereses contrapuestos ni sin dominación. La democracia no elimina esas realidades. Lo que puede hacer es construir instituciones y prácticas capaces de procesarlas sin permitir que el poder se concentre indefinidamente en unas pocas manos.

Por eso, el propósito de una gobernanza democrática no debería formularse como la búsqueda de una sociedad ideal.

Debe plantearse como una tarea histórica e incremental que permita ampliar la participación, cada vez un poco más y mejor; también se debe mejorar la calidad de las instituciones; reducir las desigualdades y la pobreza que deforman la deliberación; fortalecer la independencia ciudadana; multiplicar los espacios de organización autónoma; mejorar la capacidad de las instituciones para escuchar y responder; evaluar los resultados de las políticas públicas; hacer efectiva la rendición de cuentas y corregir aquello que no funciona o que funciona mal.

En definitiva, se trata de construir una forma de convivencia democrática en la que la ciudadanía no sea solamente la fuente formal de legitimidad del poder, sino también una fuerza permanente de control, deliberación, acción y transformación de la vida pública.

Porque la democracia comienza con el voto, pero no termina en las urnas.

Y quizá la pregunta más importante que deberemos responder a lo largo de este ensayo sea precisamente esta:

¿Cómo puede una sociedad desigual construir ciudadanos suficientemente libres, informados, organizados e independientes como para participar en la construcción de las decisiones que determinan su propio destino? Nuestro ensayo continuará, paciencia…

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.

La disputa por lo imaginable o el proceso cultural mediante el cual ciertas posibilidades comienzan a dejar de resultar inconcebibles

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Seguridad, enemigos y democracia en Costa Rica

Rodrigo Campos Hernández

Costa Rica atraviesa un momento que merece ser observado con particular atención. No porque existan elementos suficientes para afirmar que el país haya dejado de ser una democracia, ni porque resulte razonable anunciar la inminencia de una dictadura, sino por algo quizá menos espectacular y precisamente por ello más difícil de advertir: ideas, lenguajes y posibilidades políticas que durante décadas parecieron incompatibles con nuestra propia representación de la democracia comienzan a ingresar en el territorio de lo discutible.

El fenómeno merece análisis sin alarmismos, pero también sin ingenuidad.

En las últimas semanas han aparecido discusiones relacionadas con seguridad nacional, narcotráfico, criminalidad organizada, secreto de Estado, tecnologías de vigilancia, fortalecimiento policial y nuevas formas de comprender el papel de los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el debate político se ha endurecido y expresiones como «zurdos», «comunistas», «enemigos» y otras categorías semejantes comienzan a utilizarse para caracterizar indistintamente a sectores opositores, críticos o cuestionadores del Gobierno.

No todos estos acontecimientos poseen el mismo estatuto ni pueden ser considerados evidencia de un único proceso. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales comprobables; otros, a declaraciones políticas; algunos son interpretaciones de sectores opositores y otros incluso rumores, sátiras o textos cuya procedencia debe ser verificada.

Confundirlos sería un grave error metodológico.

Pero ignorar la representación colectiva que comienzan a producir también lo sería.

El problema no es Cuba ni la antigua Unión Soviética

Ante algunas de estas discusiones se ha recurrido nuevamente a una comparación conocida: advertir que determinadas prácticas de vigilancia, secreto o control estatal recuerdan experiencias como las de Cuba o la antigua Unión Soviética.

La comparación puede tener algún valor histórico, pero resulta insuficiente cuando convierte determinadas experiencias socialistas en paradigma exclusivo del autoritarismo.

La Unión Soviética dejó de existir hace más de tres décadas. Cuba constituye una experiencia histórica específica, desarrollada además bajo condiciones geopolíticas extraordinarias, entre ellas el prolongado embargo estadounidense. Nada de ello impide analizar críticamente las restricciones políticas existentes en Cuba ni las prácticas represivas que caracterizaron determinados períodos soviéticos. Contextualizar no significa justificar.

El problema aparece cuando estos casos se utilizan para establecer implícitamente una equivalencia: socialismo = autoritarismo; democracia liberal-capitalista = libertad.

La experiencia histórica y contemporánea resulta mucho más compleja.

Estados capitalistas, democracias liberales, monarquías, regímenes híbridos y gobiernos autoritarios de diferentes orientaciones ideológicas han desarrollado mecanismos de vigilancia, persecución, espionaje, represión y control de la disidencia.

El Estado policial no posee una ideología económica exclusiva.

Por eso la pregunta relevante para Costa Rica no debería ser si podemos convertirnos en Cuba o reproducir la extinta Unión Soviética.

La pregunta debería ser otra: ¿bajo qué condiciones cualquier Estado consigue ampliar sus capacidades de vigilancia, secreto y coerción debilitando simultáneamente los controles democráticos sobre su ejercicio?

Seguridad y excepcionalidad

El narcotráfico y la criminalidad organizada constituyen problemas reales. Negarlo sería irresponsable. Precisamente por ser reales poseen una extraordinaria capacidad para legitimar políticamente medidas excepcionales.

Todo Estado democrático necesita investigar organizaciones criminales, proteger operaciones policiales, preservar determinada información sensible y disponer de instrumentos eficaces para garantizar la seguridad ciudadana.

La cuestión democrática no consiste en negar esas necesidades. Consiste en establecer sus límites.

El secreto de Estado, por ejemplo, no resulta en sí mismo incompatible con la democracia. Existen informaciones cuya divulgación podría comprometer investigaciones, seguridad nacional o relaciones internacionales. El problema comienza cuando la excepción amenaza con convertirse en regla y ámbitos cada vez más amplios de la actividad gubernamental pueden sustraerse del escrutinio ciudadano bajo una invocación genérica de la seguridad.

En el ordenamiento costarricense el secreto de Estado constituye precisamente una excepción al principio de publicidad y transparencia y, por esa razón, debe interpretarse restrictivamente.

La pregunta elemental continúa siendo entonces: ¿quién vigila al vigilante?

Cuando un Estado afirma que necesita mayores facultades para protegernos, una sociedad democrática no debería responder automáticamente con desconfianza, pero tampoco con obediencia. Debe preguntar cuáles facultades, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, con qué mecanismos de rendición de cuentas y cuáles recursos existen frente a eventuales abusos.

Tecnología y poder

La discusión sobre tecnologías altamente intrusivas de vigilancia agrega una dimensión nueva al problema. Herramientas capaces de acceder clandestinamente a comunicaciones privadas poseen una enorme utilidad potencial frente al terrorismo o la criminalidad organizada. Pero exactamente la misma capacidad tecnológica que permite investigar a un narcotraficante puede utilizarse para vigilar a un periodista, un dirigente social, una persona opositora o un activista.

La tecnología carece de ideología. El poder que decide cómo utilizarla, no.

Por eso el debate sobre sistemas de vigilancia no debería reducirse a preguntar si sirven para combatir el crimen. Debe incorporar preguntas sobre autorización judicial, proporcionalidad, control institucional, trazabilidad, protección de datos, auditoría y responsabilidad política. La democracia no puede depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien temporalmente controla una herramienta.

Las instituciones democráticas se construyen precisamente suponiendo que todo poder puede ser utilizado incorrectamente y que, por ello, necesita límites.

La construcción del enemigo interno

Existe, sin embargo, una dimensión todavía más delicada: el lenguaje mediante el cual se construyen adversarios políticos.

En democracia existen adversarios. Un adversario puede estar profundamente equivocado desde nuestra perspectiva. Podemos combatir sus ideas, movilizarnos contra sus propuestas y procurar electoralmente su derrota, pero continúa siendo ciudadano. El enemigo ocupa otra categoría.

Cuando expresiones como «zurdo», «comunista», «traidor», «enemigo» o equivalentes dejan de describir una posición ideológica concreta y comienzan a funcionar como etiquetas indiscriminadas contra quien crítica, cuestiona, protesta o se opone al Gobierno, ocurre un desplazamiento importante. Ya no se discute solamente qué dice una persona. Comienza a discutirse qué clase de persona es quien lo dice. Y una vez construido el enemigo, resulta más sencillo justificar tratamientos que difícilmente aceptaríamos frente a un adversario democrático.

El mecanismo no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. La historia ofrece ejemplos suficientes de gobiernos de distintas orientaciones que construyeron enemigos internos para cohesionar políticamente a sus seguidores y legitimar formas extraordinarias de control. Por eso resulta peligroso analizarlo exclusivamente mediante categorías ideológicas.

La pregunta fundamental es democrática: ¿qué ocurre cuando cuestionar al Gobierno comienza a confundirse discursivamente con actuar contra el país?

De lo impensable a lo imaginable

Aquí se encuentra quizá el aspecto más profundo del problema: Las grandes transformaciones políticas no comienzan necesariamente cuando una ley modifica una institución. Muchas veces empiezan antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera posible, puede existir una secuencia como esta:

impensable → pronunciable → discutible → imaginable → aceptable → políticamente defendible → eventualmente institucionalizable.

No se trata de una secuencia inevitable: Una sociedad puede detenerla, invertirla o rechazar completamente determinada posibilidad. Pero para hacerlo primero debe reconocer que se está produciendo una disputa sobre los límites de lo aceptable.

Costa Rica construyó durante décadas una poderosa identidad civilista. La abolición del ejército no constituye solamente una disposición constitucional o una decisión histórica de 1948. Forma parte del relato mediante el cual el país se representa a sí mismo.

Precisamente por ello resulta sociológicamente significativo cuando comienzan a circular, aunque sea mediante rumores, sátiras o advertencias, narrativas sobre remilitarización, recuperación de rangos militares, fortalecimiento extraordinario de los cuerpos policiales o necesidad de responder militarmente frente a enemigos internos. Un rumor no demuestra que exista un proyecto gubernamental. Una sátira no constituye un proyecto de ley. Una representación exagerada no prueba que aquello que describe vaya a ocurrir. Pero su circulación puede revelar otra cosa: algo que anteriormente parecía imposible ha comenzado a poder ser imaginado. Y esto también constituye un hecho social.

La realidad política de las representaciones

Una democracia no está compuesta únicamente por leyes, instituciones y decisiones gubernamentales. También existe mediante símbolos, relatos, temores, expectativas y representaciones colectivas. Los acontecimientos producen narrativas, pero las narrativas también modifican la manera en que posteriormente interpretamos los acontecimientos. Una misma representación puede provocar reacciones distintas. Para unas personas: «Esto podría ocurrir» significa miedo y resistencia. Para otras: «Esto podría ocurrir» significa posibilidad. Y para algunas puede terminar significando: «Esto debería ocurrir».

Precisamente por eso debemos analizar cuidadosamente los discursos políticos.

Cuando se habla reiteradamente de enemigos, conspiraciones, amenazas, infiltrados, criminales, traidores o sectores peligrosos, no solamente se está describiendo una realidad. También puede estarse construyendo un determinado horizonte desde el cual esa realidad será posteriormente interpretada.

La movilización también modifica lo imaginable, pero sería un error observar solamente al poder. La ciudadanía también produce realidad política.

Las manifestaciones, organizaciones sociales, universidades, medios independientes, movimientos ciudadanos, sindicatos y demás formas de acción colectiva participan en la construcción del horizonte democrático.

Cuando una movilización multitudinaria consigue ser interpretada socialmente como capaz de influir sobre decisiones gubernamentales, independientemente de que resulte difícil establecer una causalidad directa, se produce un efecto político importante: la ciudadanía descubre o reafirma que movilizarse puede tener consecuencias.

Por eso la resistencia también transforma lo imaginable: Frente a discursos que fortalecen la autoridad puede aparecer una sociedad que reivindica los límites de esa autoridad. Frente a la descalificación de los contrapesos institucionales puede fortalecerse su defensa. Frente a la construcción de enemigos pueden reconstruirse adversarios democráticos. En resumen, no existe una única dirección histórica.

Ni dictadura inminente ni excepcionalismo costarricense

Conviene entonces evitar dos errores. El primero sería afirmar que Costa Rica se encuentra inevitablemente camino hacia una dictadura. No existen elementos suficientes para semejante conclusión y una afirmación de esa naturaleza terminaría debilitando el análisis. El segundo sería igualmente peligroso: «Eso nunca podría ocurrir en Costa Rica».

Ninguna democracia posee inmunidad histórica.

Las instituciones democráticas no sobreviven porque una sociedad haya sido democrática durante décadas. Sobreviven porque continúan existiendo ciudadanía, cultura política, instituciones y mecanismos capaces de defenderlas.

Una democracia puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y libertades formales mientras comienzan a modificarse gradualmente los límites de aquello que sus ciudadanos consideran políticamente admisible. La erosión democrática, cuando ocurre, no necesita comenzar con tanques frente al Parlamento. Puede comenzar mediante pequeñas normalizaciones.

Una disputa por lo imaginable

Quizá parte de la coyuntura costarricense contemporánea pueda comprenderse precisamente como una disputa por lo imaginable: ¿Qué Estado queremos imaginar?

¿Uno donde la seguridad fortalezca las instituciones democráticas o uno donde permita reducir sus controles? ¿Una policía civilista o una fuerza progresivamente concebida mediante categorías militares? ¿Una ciudadanía que fiscaliza al poder o una que delega en él crecientes espacios de secreto? ¿Una oposición considerada parte legítima de la democracia o convertida discursivamente en enemigo interno? ¿Un Poder Judicial entendido como contrapeso constitucional o como obstáculo frente a la voluntad política de las mayorías? ¿Una protesta social comprendida como ejercicio ciudadano o como amenaza contra el orden?

Estas preguntas no anuncian inevitablemente ninguna catástrofe. Pero tampoco deberían parecernos irrelevantes. Porque una democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También puede debilitarse cuando cambia silenciosamente el significado que atribuimos a ellas.

Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿Nos estamos convirtiendo en Cuba, Venezuela, la antigua Unión Soviética o cualquier otro fantasma político disponible?

Esa comparación puede tranquilizar a unos y aterrorizar a otros, pero explica muy poco sobre nosotros mismos. La pregunta mucho más difícil es: ¿en qué Costa Rica estamos comenzando a imaginar que podríamos convertirnos?

Responderla exige observar al Gobierno, pero también a la oposición; analizar instituciones y movimientos sociales; distinguir hechos de rumores; separar evidencia de temor; reconocer amenazas reales sin convertirlas en justificación de poderes ilimitados. Sobre todo, exige abandonar la idea de que democracia significa únicamente celebrar elecciones periódicas.

Democracia también significa límites al poder, transparencia, pluralismo, debido proceso, libertad de expresión, protección de las minorías, independencia judicial, derecho a disentir y capacidad ciudadana de resistencia. La seguridad es necesaria. El combate contra el crimen organizado también. Pero precisamente porque ambos son necesarios debemos impedir que terminen convirtiéndose en palabras capaces de justificar cualquier cosa.

Porque la pregunta decisiva de una sociedad democrática nunca debería ser solamente ¿cuánto poder necesita el Estado para protegernos? Debe existir siempre una segunda pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a entregarle antes de comenzar a necesitar protección frente al propio poder?