El lunes 21 de julio a las 3:00 pm se llevará a cabo el conversatorio: “Lectura, pensamiento crítico y democracia”; el mismo tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica. La actividad contará con la participación de destacadas figuras del ámbito literario, académico y político.
El conversatorio será desarrollado por la Dra. Irene Vallejo, autora del libro El infinito en un junco. Además, se contará con la participación de Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Estado de la Nación, y Paula Piedra Mora, escritora y directora de TEOR/éTica. La moderación estará a cargo del Dr. Alexander Jiménez Matarrita, director del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación de la UCR.
La actividad es organizada por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica. Para reservar su espacio, acceda a la inscripción en el siguiente enlace: rectoria.ucr.ac.cr/eventos
El Partido Acción Ciudadana (PAC), preocupado por las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuestionando la integridad política y ética del Tribunal Supremo de Elecciones, toma nota y apoya el pronunciamiento de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, “En defensa del Tribunal Supremo de Elecciones y la institucionalidad democrática de Costa Rica”.
Todos los partidos políticos democráticos, al igual que los movimientos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general, debemos mantenernos firmes en la defensa de lainstitucionalidad democrática ante la amenaza declarada de parte del presidente al desconocer al Alto Tribunal que conduce el proceso democrático.
Defensor de la institucionalidad electoral, Acción Ciudadana y sus gobiernos han sido siempre respetuosos de sus disposiciones que hemos acatado, incluso cuando hemos discrepado. Fieles a los principios democráticos y firmemente adscritos a las instituciones que los protegen, Acción Ciudadana repudia cualquier intento de socavarlas, como reiteradamente lo ha hecho Rodrigo Chaves y sus diputaciones afines.
Nuestro partido ratifica la confianza que tenemos en sus magistrados y magistradas, así como con el personal especializado y voluntario multipartidario que garantiza la transparencia de los procesos electorales que le da continuidad y credibilidad a la expresión popular en las urnas.
Desde el gran edificio gris no se logra responder a las necesidades reales de las clases populares. Las discusiones parlamentarias resultan lejanas para el ciudadano de a pie. Las confrontaciones de las diversas fracciones políticas, incluyendo sus gritos y burlas son muy distantes para el obrero de construcción, para la mujer que limpia casa ajena para limpiar después la casa que alquila. El método de la política de escritorio no es suficiente para resolver el índice de arroz y frijoles que se puede medir en el plato de las familias que no logran entender el escabroso lenguaje de los economistas.
La política de escritorio, esa burocracia, camina lento. Algunas fracciones celebran cantidad de proyectos políticos por año como si fueran “likes” de red social, pero la gente sigue sin entender porque el arroz y la leche no alcanza. La política se conduce cada vez más a un show mediático, donde es más fácil que ingrese en papeleta una estrella de televisión o un “influencer” que una ciudadana o ciudadano que trabaje cada día por el sustento de su familia. La política no comienza ni termina con una papeleta que se arroja en una urna. La democracia no es un fuego que tiene permiso de ser encendido solo cada cuatro años.
Ciudadanos y ciudadanas, la política de escritorio debe ser superada por la revolución cotidiana, por una política desobediente que comprenda que la democracia es una acción permanente. La solución a los desafíos de las clases más vulnerables no se atiende con una figura carismática que venga a ser el “gran padre” o el “salvador” o la “mano fuerte”: todas esas figuras son una manera infantil de asumir la política, y es lo que, desde la política de escritorio (y de algoritmo) nos han pretendido vender (a crédito).
La política de la desobediencia es la democracia permanente. Es suficiente, que dejen de hablar en nombre del pueblo y se construya política viva desde el pueblo. Por eso hay que convertir la queja ciudadana en práctica de transformación desde la escucha colectiva y la construcción compartida.
Hace algunos años, en un contexto muy diferente al actual, planteé la importancia de construir Asambleas Populares para la Elaboración de Proyectos de Ley, hoy en día, con una madurez diferente, considero que esa propuesta es insuficiente, sería replicar la acción fragmentada de la política de escritorio.
Desde la reflexión, que nace del encuentro con la desidia de las personas que no quieren saber nada de la política; desde el análisis que brota de las conversaciones que vecinos que están anclados a una propuesta política que se niegan a pasar por el filtro de la “autocrítica”, desde la escucha de las voces vulnerables que no creen pero que quieren creer que otra Costa Rica es posible, desde esa tensión y contradicción, considero más que necesario, diseñar un Parlamento Popular Permanente (PPP), como una herramienta arraigada en los territorios (no desde lo virtual), desde los cuales animar la chispa-acción, por medio del encuentro de las voces olvidadas, espacios de deliberación y compromiso, registrando los diálogos, trasladando el Parlamento de una comunidad a otra, como espacio de control político, de diseño de acciones puntuales, (comunales, territoriales, regionales), posibilitando redes de intercomunicación política popular.
El Parlamento Popular Permanente, el primer paso para “desde la comunidad la ley, desde el pueblo el poder”.
*Profesor, columnista y militante del Partido de la Clase Trabajadora, correo: esbeltran@yandex.com
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha extendido la invitación a dos conversatorios a celebrarse esta semana los días 18 y 19 de junio.
El primero versa sobre el proyecto de Ley Expediente 23.885, el cual busca regular las nuevas formas de propaganda. El encuentro está programado para este miércoles 18 de junio a las 6:00 pm, tanto de forma presencial en el Auditorio Pablo CasaFont Romero como en también vía transmisión en vivo.
El segundo tratará sobre el pluripartidismo y qué conveniencia tiene para la democracia. Este encuentro está programado para este jueves 19 de junio igualmente a las 6:00 pm, siendo de forma presencial en el Auditorio Pablo CasaFont Romero e igualmente contando con transmisión en vivo.
Se extiende la invitación a participar en estas actividades, para cada una se requiere completar un formulario de inscripción (independientemente de la modalidad):
Miércoles 18 de junio:
Proyecto de Ley Expediente 23.885, que busca regular las nuevas formas de propaganda.
La Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y la Editorial UCR, invita a la comunidad al público a la presentación del libro “¿Sin propósito de enmienda? El vaciado de la legitimidad democrática”, escrito por el Dr. Manuel Solís Avendaño. Esta obra plantea una reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta la legitimidad de los sistemas democráticos contemporáneos.
La actividad se llevará a cabo el miércoles 25 de junio de 2025 a las 5:00 pm, en la Sala de Audiovisuales de la Biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, ubicada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR. El autor del libro, Manuel Solís Avendaño, es un académico reconocido por sus investigaciones en temas de derecho constitucional, teoría política y democracia.
El evento contará con los comentarios del Dr. Rotsay Rosales Valladares, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la UCR. Además de la moderación por la Dra. Adriana Sánchez Lovell, quien facilitará el intercambio entre el autor, el comentarista y el público asistente.
Esta presentación no solo constituye un espacio académico para la divulgación de una nueva publicación, sino que también se convierte en un foro para la crítica constructiva y el diálogo ciudadano, esenciales en una sociedad democrática que busca fortalecer sus valores y mecanismos de representación.
1 Catedrático pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
En apariencia los ciudadanos costarricenses estamos tranquilos, como siempre respetando el civilismo heredado de otros tiempos, del equilibrio entre la sociedad civil y el Estado, en una época que confiábamos de la estabilidad laboral, seguridad social, vivienda popular, participación ciudadana, con un Código de Trabajo digno y leyes justas. Nunca imaginamos el incremento de la pobreza, inseguridad ciudadana, precariedad en los servicios de salud públicos ni su atención privada solo para pudientes, además de ser una atención mercantilizada y corrupta. También se tenía un sistema judicial oportuno, consistente y pertinente, mientras que en la actualidad existe una negligente práctica administrativa que absurdamente regula el cumplimiento jurídico y como tal, sometida a las jerarquías y procesos inventados para eludir reglamentos, leyes e incluso la propia Constitución de la República. Así, la Sala Constitucional con cientos de resoluciones contradictorias e inapelables y con muchas otras demandas que esperan años sin resolver, a pesar de las evidencias que violentan el espíritu y letra de nuestra Carta Magna. Ello, viola la democracia, los derechos ciudadanos, al orden institucional, al estado social de derecho y de lo mucho que enorgullece moral y socialmente nuestro pasado.
Tampoco conocimos gobernantes que amenazaran a la ciudadanía y la sociedad con la creación de hordas fascistas entre las fuerzas policiales, ni inducir el descontento social contra la institucionalidad pública, que paradójicamente, el propio gobierno estrangula, agudizando su crisis y liquidación. Los fantoches del poder que transgreden permanentemente las históricas conquistas sociales se creen omnipotentes e inmunes por haberse debilitado y liquidado las diversas formas organizativas defensoras de los trabajadores, de la ciudadanía y de la democracia, efectuada por el poder estatal, los partidos políticos y por la traición y corrupción de quienes los representaban.
Los jóvenes de hoy que no conocieron ese Estado ni sociedad sobre nuestro inédito pasado, en parte, por la precariedad de la educación y porque la historia nacional no es la historia del pueblo costarricense que ha sido invisibilizado e ignorado por los individuos que se han impuesto como los hacedores de la historia nacional. La historia es una construcción por el pueblo, no de individuos de rancias familias ni partidos que se han apropiado del pasado costarricense y que aun gozan de privilegios y monopolizan la vida política. Reivindicar la actuación del pueblo es una necesidad en momentos que otros buscan usurpar y privatizar el futuro nacional.
El poder político y económico oculta y desconoce la voluntad capacidad de actuación del pueblo en la historia, para inventar e imponer que el pasado costarricense fue obra de individuos, nunca de pensamientos y actuaciones concientes y consecuentes de la colectividad popular, al que imaginan, aun en nuestros días, ser solo objetos del poder racista y segregacionista.
La relativa inercia y responsabilidad es de los jóvenes, no los culpabiliza, es el sistema, la educación y de los medios, que sistemática e intencionalmente, nos quieren ignorantes e intentan borrar la historia y cultura de los pueblos, para destacar exclusivamente el amarillismo, el fascismo y el poder geopolítico dominante, como expresión de la tiranía política y delincuencial existente.
Un pueblo que ignora su pasado está condenado a perder su identidad, su futuro y humanidad. Conocer nuestra historia trasciende el ámbito cognoscitivo, porque no se trata solo de conocimiento sobre la verdad de los procesos ocurridos, es la impronta que otorga significación, responsabilidad y compromiso al devenir colectivo del pueblo. Es el sello peculiar y característico que va más allá de los acontecimientos sociales que marcaron, no solo su pasado, también contribuyen a conocer el presente y que guían su futuro. Asimismo, analizar el pasado a partir del presente, nos permite interpretar y descubrir muchos de los dilemas y luchas del presente.
Historia y cultura se confunden en una unidad política identitaria, peculiar e inédita, quizás por ello, la dominación política actual aun lucha contra la legitimidad social del pasado, como un fantasma que amenaza su existencia, no solo como parte de la historia, sino porque los intereses, ambiciones, conflictos políticos y de clase, no han desaparecido, por el contrario, se han radicalizado contra los subalternos, la sociedad y la humanidad. La historia oficial ha formalizado, ideologizado y privatizado el poder del presente en un pasado inventado.
Desde luego, esta reflexión no será comprendida por el gobierno actual, por los liberales empiristas ni por los tecnócratas de la economía, que todo lo reducen a magnitudes sobre las finanzas del estado y de la riqueza privada, nunca sobre las repercusiones sociales que causa el mecanicismo economicista promovido y protegido por las tiranías políticas, tampoco han comprendido que la economía como ciencia es una relación social e histórica, que no son cantidades ni representan realidades complejas. Las tragedias sociales y ambientales ocasionadas por esas técnicas solo son vistas como daños colaterales inevitables, como si la sociedad y el mundo estuviera gobernado por una máquina que no puede ser modificada, reprogramada ni destruida. La estupidez de los tecnócratas económicos y de los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, son máquinas robotizadas con algoritmos, pero no son esclavos del poder, son simplemente cosas sin vida ni conciencia, por ello se sustituyen y se olvidan, por inservibles.
Una economía sin sociedad, cultura ni historia, nunca podrá ser ciencia. Las mediciones económicas son vacías y superficiales, como el medir el valor de la producción con el Producto Bruto Interno (PIB), o el pseudo equilibrio fiscal, de ningún modo representan la complejidad de una sociedad, como tampoco la riqueza nacional, el bienestar social ni la suficiencia económica estatal. El enriquecimiento privado a través de los bienes y servicios finales en el mercado nacional, generados en un periodo temporal, de ningún modo es progreso nacional ni da cuenta de la situación económica de un país, como fue reconocido por su propio creador Simon Kuznets (1901-1985), a quien el Congreso de EE.UU le encomendó medir la crisis económica mundial de 1929-1932, «… el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medida del ingreso nacional» (Kuznets, 1934).
El repetir incesantemente, como verdades absolutas, la situación cuantitativa y las previsiones económicas nacionales de los organismos internacionales, no solo muestra el mecanicismo tecnocrático de la economía, también son evidencias del absurdo desconocimiento del impacto del dinámico devenir político internacional, que inciden en el ámbito económico nacional, a la vez pone de manifiesto el corrupto e interesado compromiso geopolítico, del gobierno y de los partidos del poder, con el cómplice silencio ante la debacle humana con el genocidio contra el pueblo palestino y la confrontación bélica mundial.
Los propietarios del capital ni la jerarquía burocrática estatal crean riqueza ni son autosuficientes, como expresan algunos candidatos, que se disputarán la Presidencia de la República. De este modo, manifiestan su transparente ignorancia e incapacidad previsible, si obtienen los votos de aparente validez.
Explotar a los trabajadores y apropiarse de los recursos del pueblo y de la nación, son auténticos atentados contra la vida y el futuro nacional. Costa Rica nos pertenece a todos, no es un espacio social con dueño, ni el poder estatal es privado. No somos esclavos, somos ciudadanos creadores de nuestro presente y futuro común.
Costa Rica ha sido durante décadas un faro de estabilidad democrática en América Latina. Su sólida institucionalidad, su tradición de alternancia pacífica, la abolición del ejército y su apego al Estado de Derecho le valieron el reconocimiento como una «Democracia Plena» por índices internacionales, un título que pocas naciones en el mundo ostentan. Sin embargo, en los últimos tiempos, la retórica y algunas acciones del presidente Rodrigo Chaves Robles proyectan una inquietante sombra sobre este legado, encendiendo alarmas sobre los peligros del populismo y la insidiosa erosión de las instituciones democráticas.
El populismo, en su esencia, construye una narrativa maniquea: «el pueblo virtuoso» contra «las élites corruptas». Es una herramienta poderosa para movilizar apoyos, pero su lógica inherentemente confrontacional y antipluralista es incompatible con la democracia liberal, que se basa en pesos y contrapesos, en el respeto a las minorías y en la independencia de las instituciones. La retórica del presidente Chaves Robles contiene elementos preocupantemente alineados con este manual: ataques constantes y descalificaciones genéricas contra la prensa («prensa canalla»), contra el poder judicial (acusándolo de politizado o lento sin pruebas concretas), contra la Asamblea Legislativa (deslegitimándola como «disfuncional y corrupta») y contra órganos de control como la Contraloría General de la República. Este discurso no busca la crítica constructiva; busca minar la credibilidad de todo contrapoder, presentándolo como un enemigo del «verdadero pueblo» que él dice encarnar.
El paralelo latinoamericano: De la erosión a la autocracia, un espejo que nos negamos a ver nuestro reflejo
La historia reciente de América Latina ofrece ejemplos dolorosos de cómo este guión puede desembocar en tragedia democrática.
El Brasil en tiempos de Bolsonaro supuso el ataque a la legitimidad. Jair Bolsonaro ejemplificó la retórica agresiva y confrontacional contra las instituciones. Cuestionó sistemáticamente la independencia del poder judicial (especialmente el Supremo Tribunal Federal), atacó a la prensa («periodistas corruptos»), promovió teorías conspirativas y sembró dudas sobre la integridad del sistema electoral sin pruebas, culminando en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023. El patrón de deslegitimación constante de Chaves contra la Asamblea Legislativa y la prensa tiene ecos del estilo Bolsonaro.
La Nicaragua de Ortega de Revolucionario a Dictador: Daniel Ortega, una vez símbolo de lucha del pueblo nicaragüense desde el movimiento revolucionario legítimo de Augusto Cesar Sandino, contra la dictadura, ha construido una férrea autocracia. Eliminó la alternancia mediante reformas constitucionales, reprimió brutalmente la protesta social, encarceló a candidatos opositores, clausuró medios de comunicación críticos y ONGs, y anuló toda independencia institucional. Es un recordatorio sombrío de cómo figuras que llegan al poder por la vía electoral pueden, mediante el control progresivo de las instituciones, destruir la democracia desde dentro.
Más allá de la región: El resurgir global del autoritarismo
El fenómeno no es exclusivo de América Latina. En Hungría, Viktor Orbán ha construido una «democracia iliberal» debilitando el poder judicial, controlando los medios y cambiando leyes electorales para perpetuarse. En Turquía, Recep Tayyip Erdoğan ha concentrado poder de manera alarmante. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el clímax de una campaña de deslegitimación constante de las instituciones electorales por parte de Donald Trump. Estos ejemplos demuestran que las democracias, incluso las consolidadas, no son inmunes a la erosión populista y autoritaria.
Costa Rica: La fragilidad de lo sólido
La gran fortaleza de Costa Rica ha sido precisamente la solidez y el prestigio de sus instituciones. La Sala Constitucional («Sala IV»), la Contraloría, el TSE, la prensa libre, son pilares que han garantizado el equilibrio. El peligro de la retórica de Chaves Robles no es que vaya a instaurar una dictadura mañana.
El peligro es más insidioso: la normalización del ataque a las instituciones. Cada descalificación infundada, cada intento de socavar su autoridad, cada intento de concentrar poder o de presentar los controles democráticos como obstáculos, debilita la cultura de respeto institucional que sostiene la democracia. Es la erosión lenta, la grieta que se agranda con cada embate retórico.
Defender la Casa Común
La democracia costarricense no es invulnerable. Su fortaleza histórica no garantiza su futuro inmutable. La retórica populista y con rasgos fascistizantes (simplificación extrema, enemigo interno, ataque a la pluralidad) del presidente Chaves Robles representa un riesgo claro para su institucionalidad. Las comparaciones con Venezuela, Brasil, Argentina, Nicaragua y otros ejemplos globales no son alarmismo infundado; son advertencias basadas en patrones observables. Son lecciones de cómo comienza el declive democrático: con palabras que dividen, que deslegitiman, que siembran desconfianza en los pilares que sostienen la república.
La defensa de la democracia plena costarricense no es tarea solo de políticos o jueces. Es responsabilidad de toda la ciudadanía, de la prensa independiente, de la academia, de la sociedad civil organizada. Requiere vigilancia activa, rechazo firme a la retórica divisionista y autoritaria, y un compromiso inquebrantable con la defensa de las instituciones que, aunque perfectibles, son el escudo que ha protegido a Costa Rica de los abismos que han sufrido otros. Que el faro costarricense no se apague por la complacencia o el miedo a señalar los peligros.
La democracia centenaria merece y exige este debate.
El informe destaca la existencia de una realidad que muestra la situación como un retrato de injusticia y racismo. En este sentido se señala que la democracia costarricense no aplica a los pueblos indígenas, pues hay un entramado institucional que opera para mantener la colonialidad. Esa situación lleva a que se den recuperaciones de hecho como única posibilidad ante las evasivas institucionales, pues la usurpación de tierras-territorios indígenas es histórica y constante.
La Comisión de análisis de la situación nacional e internacional del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica (CPSCR) presentó este Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica en el período reciente 2022-2023.
La actividad se realizó este martes 3 de junio. En el documento se expresa la preocupación por las irregularidades encontradas en Costa Rica: hechos de violencia y amenazas contra la vida de personas indígenas dentro y fuera de sus territorios.
Después de que una comisión especial del Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica analizara la situación vivida por los pueblos indígenas en Costa Rica durante los últimos diez años, encontró que persiste la violación de sus derechos. Situación que se explica por la falta de voluntad política, la escasez de recursos humanos y económicos asignados a las instituciones públicas responsables, y mecanismos operativos lentos e ineficaces.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas ha sido vulnerado, pese a ser formalmente reconocido dentro del ordenamiento jurídico como un Mecanismo de Consulta. Los estudios evidencian la persistencia de una visión colonial y racista por parte de ciertos funcionarios de instituciones públicas y tribunales justicia. A esto se suman los intereses económicos de finqueros no indígenas que acuden al manejo político y a la judicialización del conflicto para evadir los desalojos o retrasarlos. La Ley N.° 6172 emitida en 1977 es clara al afirmar: los “territorios indígenas son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y de propiedad exclusiva de las comunidades indígenas que las habitan”. Además, esa ley previó los recursos necesarios para pagar las indemnizaciones y expropiaciones a las personas no indígenas de “buena fe”.
El propio Estado costarricense está interesado en el aprovechamiento de los recursos naturales de esos territorios, como lo demuestran los proyectos de generación hidroeléctrica.
Además, se evidenció que el país carece de programas de educación continua y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, administradores de justicia, y a la ciudadanía en general en relación con los derechos de la población indígena, su cosmovisión, cultura y organización social.
A pesar de que la regulación del territorio indígena está contemplada en la legislación vigente, los poderes del Estado y las instituciones públicas carecen de las herramientas operativas y ejecutivas necesarias para realizar las acciones que garanticen su cumplimiento. Esto explica que los procesos sean lentos, inconsistentes e irregulares, y que no se disponga de los recursos previstos para hacer los desalojos y actuar con eficiencia y eficacia.
Estudios consultados muestran que la población indígena en Costa Rica representa alrededor de un 2.4 % de la población costarricense (104.143 personas) y tiene derecho a un 6.5 % del territorio nacional; pero, después de 48 años de haberse emitido la Ley indígena, alrededor de la mitad de los territorios asignados siguen en manos de personas no indígenas (Mackay y Morales, 2014, p.14). Oficialmente se reconoce la existencia de ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios indígenas; bribri, cabécar, maleku, huetar, brunca, ngöbe, chorotega y teribe.
La Comisión priorizó el análisis de la situación que viven los pueblos indígenas porque se han agudizado los conflictos territoriales en los últimos años; además, son objeto de una exclusión generalizada, y la mayoría de los costarricenses desconoce su problemática y el impacto socioambiental generado por intervenciones irregulares en sus territorios.
Recomendaciones
La Comisión del Colegio de Profesionales en Sociología considera urgente:
Solicitar a las instituciones públicas responsables la creación de mecanismos que garanticen la protección de las personas y las comunidades amenazadas.
Investigar, sancionar y juzgar con mayor oportunidad, eficiencia y eficacia a las personas responsables de hechos violentos o de cometer actos contra la vida de líderes indígenas.
Proponer a la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Sociología que elabore una estrategia tendiente a promover acciones en defensa del derecho al territorio de los pueblos originarios en el mediano y largo plazo.
Recomendar a las instituciones educativas del Estado que incorporen y fortalezcan los contenidos curriculares sobre los derechos y la cosmovisión indígena en sus planes de estudio, la participación de docentes e investigadores indígenas en sus proyectos y la definición y aplicación de variables e indicadores de excelencia en el ejercicio de las profesiones, desde una perspectiva plural e intercultural que considere la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Propiciar, con base en una postura profesional y sociológica crítica, que la sociedad costarricense asuma y reconozca las diferencias étnicas y la diversidad cultural como parte constitutiva de la identidad nacional y el deber de la ciudadanía, con el fin de dotar de un contenido real a la práctica democrática del país, especialmente, cuando se trata de pueblos a los que históricamente se les han vulnerado sus derechos.
Recientemente apareció un texto interesante titulado “Milei y la cuestión de las formas”, publicado por Javier Franzé en La Vanguardia (órgano del Partido Socialista argentino)1. Ahí se evalúan las formas de las prácticas políticas del presidente argentino Javier Milei, aunque sus consideraciones pueden extenderse en buena medida a todas las principales figuras de la actual ola del populismo de ultraderecha que azota Occidente, con Chaves como nuestro ejemplo parroquial. Muchas de sus reflexiones alcanzan la discusión sobre la correcta práctica política en general, es decir, tanto de agentes políticos profesionales, como de militantes partidarios y de la ciudadanía en una democracia. Por ello, entiendo que vale la pena retomar nuevamente lo que ahí se plantea.
El autor propone al menos dos aspectos especialmente valiosos para la reflexión política. Primero, se refiere a las características fundamentales de nuestro accionar, o sea, de nuestra práctica, en tanto agentes morales. En segundo lugar, alude a la práctica política propia de una o un demócrata. Veamos.
El primer asunto interesante que aborda sensatamente este texto es la distinción, muy arraigada en nuestro sentido común, entre formas y contenido de la práctica política y, más en general, de nuestro accionar en tanto agentes. Así, se suele escuchar que al considerar la política, debemos distinguir tajantemente entre las formas (cómo se habla, cómo se trata a otras personas, con quién se discute) y el contenido (las propuestas que se presentan, los ideales que se persiguen con el accionar). En nuestros días, no es inusual que se entienda que ‘el contenido justifica cualesquiera formas’ o, incluso, que ciertas formas son estorbos para lograr lo clave, que se encuentra en el nivel del contenido (fines, ideas o propuestas) de la acción política.
Sobre esta distinción, el autor pone correctamente en duda los límites normativos de la separación entre forma y contenido. Y es que, desde un punto de vista más fundamental, no existe una distinción tajante éticamente entre ambos niveles. Por un lado, los contenidos intencionales de nuestra acción se construyen, comparten y afianzan por medio de ciertas prácticas que, en el caso de la política, son públicas en un sentido relevante. Las formas en que estas se expresan pueden moldear el contenido mismo de la acción política. Pero, además (yquizás de mayor importancia), hay contenido en las formas de nuestro accionar. O sea, las formas de nuestras prácticas en sí mismas tienen contenido: honran y difunden ciertos valores y desprecian otros.
Por ende, al considerar o realizar una práctica política, nunca podemos liberarnos de la consideración ética de su faceta formal. Ahí damos preponderancia a ciertos valores (¡ciertos contenidos!) sobre otros. “Las ‘formas’ tienen importancia por sus consecuencias, por el sentido que transmiten y la realidad que construyen. Otra vez, no son sólo formas, sino expresión de un contenido que, a su vez, contribuyen a crear”, dice correctamente Franzé.
El segundo aspecto interesante para la reflexión alude no ya a nuestra agencia en general, sino a la forma de nuestra correcta práctica política en tanto demócratas. Sobre esto el autor sostiene que ciertas formas son relevantes para la democracia por los valores que encarnan y que performativamente promueven. Prácticas políticas como las de Chaves, Milei o Trump, de irrespeto, insulto y ridiculización al que discrepa políticamente, no son meramente ‘feas’: son afrentas a los valores democráticos mismos; tienden al autoritarismo político. “Las malas formas de un presidente democrático no son importantes porque nos digan algo de su creencia o no en la democracia, sino que son significativas para la democracia misma como orden político”, para citar nuevamente al autor.
Ahora, ¿cuáles son esas formas que las prácticas democráticas han de sostener? Sintetizo algunas de las que se me ocurren: (a) la tolerancia práctica frente al desacuerdo político, entendiendo que este es constitutivo de la sociedad democrática; (b) la cordialidad básica entre quienes sólo median desacuerdos políticos, recordando que juntas y juntos conformamos un cuerpo más amplio, una comunidad política, una República; (c) la decencia y la coherencia pública, dando cuenta de que estamos guiados por ideales y principios, y no por el mero autointerés.
Cabe preguntarse, sin embargo, por qué aceptar esta visión sobre las correctas formas de la práctica política democrática. Al considerar la respuesta a este asunto, el autor se aproxima a uno de los grandes misterios de la vida democrática: ¿cómo se puede, coherentemente, desarrollar una práctica política fundada en cierta concepción que se estima correcta y, al mismo tiempo, admitir que hay otras concepciones y prácticas que en algún sentido también son aceptables? Desde mi punto de vista (y aquí me diferencio un poco del autor), para responder estas cuestiones, debemos poder integrar, bajo distintas máscaras, nuestra faceta en tanto agentes políticos y en tanto personas ciudadanas.
En tanto agentes políticos, defendemos, promovemos y afianzamos ciertas concepciones y propuestas políticas que entendemos como correctas y justas para nuestra sociedad. O sea, bajo esta máscara asumimos que hay posiciones sobre el orden social que son correctas, sin más. Para lograr que dichas posiciones se realicen, nuestra práctica se puede encauzar mediante todas las rutas de acción política constitucionalmente reconocidas.
Por su parte, en tanto personas ciudadanas, hemos de reconocer que existen otros integrantes de la comunidad política que se encuentran en una posición constitucional equivalente, pero que pueden sostener direcciones políticas alternativas. Y su posición es equivalente porque son personas con igual dignidad en tanto ciudadanas de la República y el hecho de su desacuerdo es expresión de su autonomía moral, presupuestos esenciales del profundo ideal democrático de comunidad política.
Honramos, respetamos y mostramos la defensa de dicho ideal (de dicho contenido) a través de ciertas formas en nuestras prácticas, en cada una de ellas, y, ciertamente, en nuestro accionar político. La máscara ciudadana subyace a la del agente político. He aquí la manera en la que se integran para la o el demócrata.
Es gracias a la máscara ciudadana que se distinguen las formas correctas de la vida democrática; es ella la que distancia a alguien que lleva una práctica política autoritaria, aunque se realice dentro de límites legales aceptables, de una práctica demócrata. Y, por supuesto, la persona que ocupa un puesto de autoridad (v.g. un presidente) ha de trasladar dichos valores a su propia práctica política, respetando desde su lugar las formas adecuadas para honrar el pluralismo político.
Al fin y al cabo, en la práctica política democrática, se cumple también aquello que agudamente apuntara Borges para toda nuestra vida: los actos son nuestros símbolos.
El análisis de la situación de las sociedades centroamericanas fue la temática clave, dentro del Congreso Excepcionalidad en duda. Foto Anel Kenjekeeva.
50 aniversario del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR
Con jornadas llenas de criticidad, sentido analítico, solidaridad y hermandad, especialistas en diversos ámbitos de las ciencias sociales presentaron su visión acerca del panorama centroamericano
En medio de una región marcada por retrocesos democráticos, crisis estructurales y nuevos autoritarismos, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS UCR) celebró su 50 aniversario con un congreso de reflexión y debate titulado Excepcionalidad en duda: Costa Rica en la Centroamérica del 2025.
Más que una conmemoración, el evento fue un espacio para el pensamiento crítico sobre el pasado, presente y futuro del Istmo, que está atrapado entre la impunidad y la resistencia.
Se trató de algo más que una celebración institucional, fue una interpelación directa a la academia, al compromiso ético de las ciencias sociales y a la necesidad de comprender una Centroamérica cuya fragilidad democrática ha dejado de ser una amenaza latente, para convertirse en una realidad palpable.
El IIS UCR: un salvavidas en medio de la tormenta
La jornada inaugural del Congreso contó con palabras de figuras académicas como el Dr. Koen Voorend, director del IIS UCR, quien subrayó la relevancia de este espacio en el contexto actual. “Hoy el Instituto cumple 50 años, eso hay que celebrarlo porque estamos en un contexto turbio, complejo, con paradigmas de crisis sociales y económicas en todo el mundo, y en momentos en que se pone en entredicho el valor de la universidad pública”, afirmó.
Consciente de la amenaza que representa el debilitamiento de la autonomía universitaria y el desprestigio del pensamiento crítico, Voorend defendió la relevancia de la vinculación entre la docencia, la investigación y la acción social. “El IIS me dio la oportunidad de ganar una vida académica y laboral en Costa Rica. Es una época de mucha esperanza en la capacidad de las universidades para unir los pilares fundamentales del conocimiento”, añadió.
El Dr. Koen Voorend, director del IIS UCR (de pie a la derecha), fue enfático al destacar el papel de las universidades públicas, dentro de los esfuerzos por buscar mejorar las sociedades en Centroamérica. Foto Laura Rodríguez.
Por su parte, la Dra. Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, contextualizó el nacimiento del IIS en una visión estructural de desarrollo académico: “La fundación del IIS en 1975 no fue un hecho aislado, sino parte de una visión fundacional más amplia… una que apostaba por construir una Facultad que situara la investigación como eje estructural”.
Avendaño destacó que hoy existen más de 300 proyectos vigentes en la Facultad que articulan docencia, acción social e investigación, un entramado institucional “diverso, potente y profundamente comprometido con la producción de saberes que transformen nuestra sociedad”, describió.
Un espejo inquietante para Costa Rica
Para inaugurar el Congreso se programó la conferencia de la politóloga e investigadora Rachel Schwartz, del Instituto Kellogg y la Universidad de Oklahoma. Bajo el título Cuando la impunidad contraataca: la lucha contra la corrupción y el futuro de la democracia en Centroamérica, Schwartz delineó un panorama sombrío pero esclarecedor.
“Centroamérica no es una excepción”, advirtió. En su análisis, los procesos autoritarios actuales responden a una lógica transnacional de defensa de la impunidad, un sistema de poder enquistado en los Estados desde los años del postconflicto armado.
“Los países que vivieron guerras civiles no regresaron a ellas, pero se consolidó una democracia débil y una forma de Estado semipatrimonial”, explicó.
Este tipo de régimen, según Schwartz, permite a las élites políticas y económicas utilizar las instituciones para sus propios fines, manipular la legalidad y evitar la rendición de cuentas. Es un modelo que, aunque democrático en apariencia, opera con lógicas profundamente autoritarias. ¿Nos suena esto familiar a las y los costarricenses?
“La democracia débil en Centroamérica es necesaria con la misma fuerza por la cual es inviable”, citó, retomando la frase del sociólogo Edelberto Torres Rivas. A lo largo de su ponencia, Schwartz detalló cómo la lucha contra la corrupción, paradójicamente, ha servido de catalizador para una nueva ola de autoritarismo: los casos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua lo demuestran con crudeza, señaló la experta.
De las expectativas rotas a los autoritarismos consolidados
Para Schwartz, el caso guatemalteco fue especialmente ilustrativo: la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) logró, junto al Ministerio Público, procesar a altos funcionarios e incluso tumbar un gobierno. Pero esa ofensiva contra la corrupción desató la reacción de las élites, que cooptaron el aparato judicial para perseguir a fiscales, jueces, periodistas y activistas. “El mensaje fue claro: sacrifiquemos la institucionalidad, resguardemos la impunidad”, sentenció Schwartz.
En Honduras, una oleada de escándalos de corrupción fue enfrentada con reformas que blindaron a los responsables. Mientras El Salvador, bajo el mando de Nayib Bukele, ha transitado de una democracia partidista a un régimen de excepción, con más de 80 000 personas detenidas y apresadas, y un proceso de reelección inconstitucional.
Y en Nicaragua, el control absoluto del aparato estatal por parte del régimen Ortega-Murillo ha producido violaciones masivas a los derechos humanos, en un modelo que las Naciones Unidas han comparado con el régimen nazi, adujo la especialista.
¿Está Costa Rica al filo del despeñadero?
Este Congreso puso sobre la mesa una pregunta incómoda para el país anfitrión: ¿es aún una excepción en este panorama? La tradición democrática costarricense, su robusta institucionalidad y su cultura cívica han sido por años motivo de orgullo, pero la región cambia y arrastra consigo dinámicas que desafían esa excepcionalidad.
Los discursos que se escucharon durante el Congreso coinciden en señalar que la resistencia está en el conocimiento crítico, en la capacidad de las universidades públicas para generar pensamiento, y en la construcción de ciudadanía informada.
“El modelo eficiente que implicó que los pueblos se resignaran a democracias débiles ya no se puede sostener”, concluyó Schwartz
La investigadora Rachel Schwartz, advirtió sobre la extensión del autoritarismo dentro de las democracias centroamericanas, y la alianza entre las élites políticas y económicas para que la corrupción quede impune. Foto Laura Rodríguez.
El Instituto de Investigaciones Sociales nació en 1975, en plena efervescencia política regional. Su trayectoria lo ha consolidado como un referente de pensamiento interdisciplinario y compromiso social. Hoy, cuando la región vuelve a oscilar entre la esperanza y el abismo, el IIS reafirma su papel como plataforma de análisis, denuncia y propuesta.
Celebrar sus cinco décadas no es sólo mirar al pasado con gratitud, sino defender su futuro. “No es tiempo para claudicar”, dijo la Dra. Avendaño. “Es tiempo para reafirmar que otro conocimiento es posible, y con él, otra Centroamérica”.
El conocimiento riguroso, el pensamiento crítico y la resistencia desde la academia siguen siendo, quizás, la mejor esperanza para los países de la región.
Centroamérica: una historia de revoluciones
El 50 aniversario del IIS UCR se convirtió en una oportunidad para replantear narrativas, cuestionar certezas y mirar con nuevos ojos el pasado traumático y esperanzador que vivió Centroamérica durante los años setenta y ochenta.
Y es que durante esos años convulsos, el Istmo fue el epicentro de guerras civiles, revoluciones, dictaduras militares y profundas movilizaciones sociales. Fue también el objeto de obsesión de las grandes potencias, especialmente Estados Unidos, y el escenario donde se proyectaron las tensiones ideológicas de la Guerra Fría.
Pero también fue el lugar donde nacieron proyectos utópicos, se tejieron solidaridades globales, y donde los pueblos intentaron, con todas sus fuerzas, transformar su destino.
“Fue una época de sueños desbordados, de grandísimas ideas, de la sensación de que todo era posible”, afirmó el historiador nicaragüense Dr. Mateo Jarquín Chamorro, durante su conferencia en el acto de clausura del Congreso. Su análisis de la revolución sandinista en Nicaragua, y de los procesos paralelos en El Salvador y Guatemala, trajo al presente los matices y contradicciones de aquella época.
En Nicaragua, la caída de la dictadura de los Somoza en 1979 marcó un antes y un después. El proyecto sandinista aspiraba a una redistribución radical de la riqueza y a la creación de un nuevo sujeto político, el “hombre nuevo”, influido por las ideas de justicia social y solidaridad internacional, recordó Chamorro. Pero el sueño fue asediado desde dentro y desde fuera.
A nivel interno enfrentó dificultades para consolidar una democracia revolucionaria, y a nivel externo fue atacado por la política intervencionista de Estados Unidos que apoyó a la llamada Contra con millones de dólares, armas y asesoría.
“Las revoluciones centroamericanas no lograron imponerse militarmente, ni transformar por completo las estructuras sociales. Pero tampoco los sectores conservadores pudieron restaurar el viejo orden. Quedamos en una especie de empate amargo”, expresó Jarquín, citando al politólogo argentino Carlos Vilas.
En El Salvador y Guatemala, la historia fue aún más sangrienta, dijo este experto. Años de represión militar, desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos marcaron a generaciones enteras. La Guerra Civil salvadoreña (1980-1992) y el Conflicto Armado Interno guatemalteco (1960-1996) dejaron más de 300 mil muertos y un legado de dolor que todavía atraviesa las sociedades de esos países.
En la otra acera, Costa Rica se posicionó históricamente como el país “excepcional” de Centroamérica: una democracia sin ejército, con inversión sostenida en salud y educación, y con estabilidad política. Sin embargo, como advirtieron las autoridades universitarias durante el Congreso, esta narrativa ha sido usada para invisibilizar tensiones internas y desentenderse de los destinos compartidos con el resto de la región.
La inauguración y la clausura del Congreso en conmemoración por los 50 años del IIS UCR se realizaron en el Auditorio de la Plaza de la Autonomía, el 14 y el 16 de mayo. Foto Laura Rodríguez.
La Dra. Vivian Vílchez Barbosa, directora de Gestión de la Investigación de la UCR, hizo un llamado a desmontar esa idea de excepcionalidad desde la investigación crítica: “Ponerla en duda no es una tarea menor, implica confrontar nuestros relatos fundacionales y asumir con honestidad que compararnos con nuestros vecinos no puede ser el único espejo. Necesitamos una lógica regional, interdependiente, compleja y solidaria”, apuntó Vílchez.
Por su parte, el Dr. José Moncada Jiménez, vicerrector de Investigación, advirtió sobre los riesgos de persistir en esa imagen complaciente. “La narrativa de la excepcionalidad ha atenuado las desigualdades históricas, las exclusiones y la crisis democrática que también nos afectan. El conocimiento crítico, el compromiso social y el diálogo regional son claves para avanzar”, reseñó Moncada.
Entre la centralidad geopolítica y la marginalidad global
Uno de los aportes más sugerentes del Dr. Jarquín fue la idea de que Centroamérica, a pesar de su importancia geoestratégica, ha sido históricamente marginada en el sistema internacional.
A lo largo del siglo XX, fue escenario de intervenciones extranjeras, desde el canal de Panamá hasta las “repúblicas bananeras”, pasando por el golpe de Estado en Guatemala en 1954 apoyado por la CIA.
Pero en los años 80, según Jarquín, ocurrió un fenómeno inédito: Centroamérica se convirtió, simbólicamente, en un campo de batalla ideológico global. Nicaragua fue el centro de la política exterior estadounidense bajo la administración de Ronald Reagan, y también el símbolo de una causa revolucionaria que movilizó a miles de internacionalistas, desde Europa hasta Asia.
“Las guerras en Centroamérica atrajeron más atención mediática, diplomática y académica que en cualquier otro momento de la historia de la región. Pero esa centralidad fue efímera y regresamos pronto al olvido”, lamentó el historiador.
En este contexto, el Instituto de Investigaciones Sociales ha desempeñado un papel clave como espacio de memoria, reflexión y acción crítica. Durante sus 50 años de existencia, el IIS UCR ha producido conocimiento comprometido con los derechos humanos, la equidad y la justicia social, y además ha documentado las voces silenciadas por la violencia, ha acompañado procesos comunitarios, y ha tejido puentes entre la academia y la sociedad.
“La investigación social, como el cuidado en salud, implica ver lo estructural, lo invisible, lo que duele, pero también lo que da esperanza”, reflexionó la Dra. Vílchez, retomando su formación como enfermera para subrayar el carácter transformador de la investigación.
En el 50 aniversario de la creación del IIS UCR, se dispuso una serie de mesas de discusión, como por ejemplo la denominada Desigualdad, trabajo y dignidad en América Central, que se desarrolló en las instalaciones del Instituto. Foto Laura Rodríguez.
¿Cuál es la Centroamérica queremos?
Los conflictos armados de las décadas pasadas dejaron cicatrices profundas, pero también enseñanzas. Las generaciones nacidas después de la guerra, como la del propio Jarquín, cargan con las deudas de ese pasado, aunque no lo hayan vivido directamente, indicó este historiador.
Las revoluciones se convirtieron en iconos, las utopías se desdibujaron y en su lugar quedó una región desigual, empobrecida y en muchos casos gobernada por nuevas formas de autoritarismo.
Aun así, desde los espacios académicos, comunitarios y culturales, se siguen abriendo caminos para imaginar una Centroamérica distinta. “Hoy más que nunca necesitamos una ciencia social comprometida, capaz de dialogar con otros saberes, de no temerle a la complejidad, y que se atreva a soñar futuros distintos”, subrayó finalmente Jarquín.
El Congreso excepcionalidad en duda no fue solo una mirada al pasado, sino una invitación al estudio del presente y del porvenir. En un contexto de crisis climática, migraciones masivas, violencia estructural y debilitamiento democrático, la región centroamericana enfrenta desafíos monumentales, pero también cuenta con una historia de resistencia, creatividad y solidaridad.
Otto Salas Murillo Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
