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Etiqueta: deportaciones

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

El mal llamado flujo a la inversa y el rostro humano

Alejandro Machado García

Alejandro Machado García
Gestor en Desarrollo Sostenible con Equidad de Género

América Central sigue siendo una importante zona de origen y tránsito, en el que dinámicas internas como la pobreza, la desigualdad, la violencia de las pandillas, sicariato, así como otras originadas globalmente como las redes de tráfico ilícito, la trata, el cambio climático, generan que grupos de familias, niños, niñas, mujeres se vean desplazadas, huyan o migren a otros países en búsqueda de ese sueño americano o salvar sus vidas.

Al ser de forma irregular y no tan planificada, se corren múltiples riesgos que se experimentan producto del racismo, la xenofobia y la violencia de género en países de tránsito y destino, aumentando las probabilidades que ciertas amenazas se concreten, que hayan privaciones a derechos humanos y en ocasiones con consecuencias mortales.

Es decir, ya la migración se puede dar por factores internos pero también por dinámicas globales, por ejemplo por presiones externas puede ser originadas como mecanismo de presión de un país sobre otro o como moneda de cambio, dejando entredicho los tratados internacionales en derechos humanos.

Costa Rica había sido un país impulsado por la movilidad y migración, siendo en sus primeras estadios, un país de destino y recepción pero luego con el pasar de los años, hemos sido expulsores, de tránsito y ahora un espacio de reflujo migratorio en medio de una pluralidad migratoria.

Hoy en día, con este recibimiento y especie de acatamiento o la mal llamada “cortesía”, estamos frente quinto estadio y le llamo reflujo. No es un flujo a la inversa, no es un flujo hacia el sentido contrario del norte con intención necesariamente de permanecer en Costa Rica, sino es la devolución de la personas que pasaron en tránsito o residían y terminaron en Costa Rica.

En este reflujo migratorio que no tienen nada de retorno, sino son deportaciones y expulsiones -sin decir legitimas o no-, dado que cada país cuenta con su soberanía nacional pero que quizás sí obviando las situaciones de abuso, violencia en las que las personas han sido expuestas tanto antes, durante o después de la migración realizada, y finalmente terminaron siendo una moneda de cambio o mecanismo de presión geopolítica.

De forma excelente y categórica, Costa Rica está haciendo uso de sus instalaciones para continuar una práctica que ya en el pasado entendió eso espero, que de no administrar los flujos, es volver a generar duplicidad y/o revictimizar. Duplicidad en todos los sentidos, no solo en datos, sino tratamientos o asistencias.

De no hacerlo, es ser presa fácil de la ineficiencia, de ser inoportunos y/o insuficientes parar proteger vidas, por lo que esperamos que puedan estar haciendo abordaje inmediato de ciertas emergencias en salud, abordar la salud mental, el control y vigilancia de ciertas enfermedades infectocontagiosas, el que tengan su documentación, traductores para todas las nacionalidades presentes, que se haga la comprobación de vínculos para que no se filtre el tráfico.

En fin sin número de acciones que deberían de centrarse en una respuesta en el migrante y se respete el carácter voluntario de estar ahí, porque voluntariamente no quisieron estar acá, fuimos nosotros como ticos que “voluntariosamente”, sin presiones a impuestos aceptamos recibirlos por cortesía. Por cierto, ya tenemos los impuestos del 10% valga decirlo.

Si no me cabe duda, que es mucho mejor que estén institucionalizados pero no retenidos si fuese el caso, porque una falta de articulación puede nuevamente desbordarse las calles y comienzan las redes locales de coyotaje y las organizaciones delictivas locales, a aprovecharse y pregúntese en ese contexto, ¿Qué posibilidades tienen estas personas que ya presentan vulnerabilidades, para evitar situaciones de violencia, explotación y abuso? Agréguele el hecho de barreras del idioma y que no conocen nuestro país.

Finalmente, se habla muy poco pero el axioma social que está quedando deja en el piso ser migrante. ¿Qué significa salir televisado con esposas? ¿Qué significa ver a su sobrino en un centro a kilómetros de su país de origen? Se han preguntado, como continúan los niños sin traumas, que piensa el niño al ver a su papá y mamá en ese estado, en el que muchas veces no saben ni porque están ahí ni en que país están y elude a través del juego o a pura resiliencia.

Como harán para intimar las familias y sus matrimonios, que significa no tener mis documentos, que significa no tener ingresos y quedar en calle para generar con venta de dulces para continuar su viaje. No poder cortarme el pelo, no vestirme como quiero, no poder ahorrar. Al menos al motociclista que le quitaron la moto en Puntarenas en los retenes, llamó a algún familiar en San Carlos para que le hiciera un simpe desde el baño de un restaurante. Ahora pregúntese, ¿A quién va a llamar un Afgano, ruso o chino?

Peor aún agréguele el hecho de que no puede reingresar al país en el que fue expulsado ni al que lo tienen amenazado. ¿A qué mundo podrán ir? ¿A marte con Elon Musk?

Defensoría identificó fallas en abordaje para atención de personas deportadas

Reporte de observación activa de Defensoría en aeropuerto

Tal y como ha sido ampliamente señalado por los medios de comunicación, el día de ayer ingresó a nuestro país un grupo importante de personas deportadas de los Estados Unidos. La Defensoría de los Habitantes estuvo presente en el Puesto 2 del Aeropuerto Juan Santamaría, realizando una observación activa de las acciones coordinadas por el Gobierno Costarricense y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizándose con total facilitación y apertura.

Al personal de la Defensoría previo a la llegada de las personas deportadas se nos dio una información muy general sobre el “protocolo” a utilizar, por parte de las autoridades migratorias nacionales. A la llegada de la aeronave en el hangar se observó el descenso de las personas deportadas, se ingresó a los tres buses, se realizaron entrevistas con el apoyo de equipo de traducción tecnológico, la colaboración de personas traductoras facilitadas por OIM y el conocimiento del idioma inglés por parte del equipo de la Defensoría.

Se observó una importante cantidad de personas deportadas, bebés en brazos, niños y niñas, mujeres, personas adultas mayores, quienes transmitieron llamados de ayuda, especialmente para poder informar a sus familias donde se encontraban y, evidenciaban y expresaban su angustia.

Se constató la provisión de insumos básicos de aseo para niñas y niños, alimentos (botella de agua, emparedado, manzana y repostería), leche en fórmula, toallas sanitarias, libros de pintar y crayones. Además, los buses contaban con servicio sanitario y aire acondicionado.

De dicha observación, corresponde a la Institución Nacional de Derechos Humanos hacer de conocimiento público, situaciones vejatorias y ajenas al efectivo y pleno disfrute de Derechos Fundamentales de las personas extranjeras que arribaron a nuestro al país las cuales se detallan a continuación:

No se dispuso en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de un lugar adecuado para su llegada y permanencia hasta su traslado al CATEM-Sur, considerando que se trató de un número elevado de personas. A partir del aterrizaje de la aeronave (más de cuatro horas de vuelo) inmediatamente fueron trasladados a los autobuses para un nuevo viaje, ahora terrestre, de aproximadamente seis/siete horas hacia el CATEM-Sur. Era mandatorio garantizar el acceso a la información al primer momento de haber pisado suelo nacional. Esta primera medida tuvo impacto en diferentes aspectos que a continuación se detallan.

Tratándose del acceso a la información sobre el proceso migratorio llevado a cabo por el Gobierno de los Estados Unidos y participación del Gobierno de Costa Rica, a partir de la información compartida por las personas deportadas a esta Defensoría en los buses, indicaron carecer de información del país de llegada, procedimientos migratorios que se aplicarían, lugar y tiempo aproximado de traslado, pedían ejercer su derecho de comunicación con sus familiares y solicitaban apoyo para lograrlo, consultaban sobre la permanencia en el país, plazo estimado de permanencia, entre otros. El faltante de esta información incrementó la angustia y la incertidumbre de estas personas.

La traducción fue limitada en la amplitud de idiomas de las personas deportadas. La intervención de las personas traductoras fue para transmitir un mensaje inicial muy básico, sin abordar las necesidades o el llamado propio de las personas deportadas.

Agregar que, tratándose del Derecho a la identidad, las personas consultadas por la Defensoría manifestaron haber sido despojados de sus documentos de identidad, sus pasaportes, lo cual limitó poder verificar el vínculo familiar.

Entre las entidades que se hicieron presentes en el lugar estuvo la Cruz Roja, el PANI, el MAG, el Ministerio de Hacienda, así como Fuerza Pública, UEI, Policía Turística y la Policía Profesional de Migración, cuerpo responsable del operativo efectuado. No obstante subrayar que, su sola presencia no fue suficiente, dado que tratándose del PANI, su intervención no fue coordinada para realizar un abordaje integral de la población menor de edad en el aeropuerto.

Las personas menores de edad están siendo víctimas de un proceso injusto. Luego de un transporte aéreo de más de cuatro horas, fueron trasladadas en forma inmediata a un segundo medio de transporte. Agregar que sus madres manifestaron que tenían horas sin haber podido dormir adecuadamente, a su ingreso a los autobuses mostraban gran apetito. Costa Rica ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, por lo que es mandatorio garantizar que el interés superior del niño sea garantizado.

A pesar de que había un número alto de mujeres, en su mayoría madres de familia, el INAMU no estaba presente. Tampoco estuvo presente el CONAPAM, pese a la presencia de personas adultas mayores con dificultad para trasladarse y que también requerían de un abordaje especial.

Era urgente que, a su llegada al territorio nacional, se verificara que estas personas recibieran una valoración médica que permita identificar si tenían alguna necesidad de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida, por ejemplo, acceso a medicamentos tratándose de patologías crónicas. Es decir, no hubo una atención prioritaria individualizada para cada una de las personas que identificara requerimientos médicos particulares. Algunos hombres mostraron las marcas en varias partes de su cuerpo e indicaron ser producto del uso de esposas en el viaje aéreo.

Se observó que algunas de las personas requerían una atención de contención, no obstante, no hubo primeros auxilios psicológicos. No se contaba con personal médico en cada una de las unidades de buses dispuestas para su traslado al CATEM-Sur.

Subrayar que, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera. Por tanto, es mandatorio verificar que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior especialmente considerando la situación de conflicto existente en varios de los países de origen de estas personas deportadas, lo cual se hizo evidente en su llamado a “no volver a sus países”, así lo manifestaron a esta Defensoría.

Ser testigo de lo antes descrito, nos debe llevar a todas y todos a la reflexión: Costa Rica no se puede alejar de una tradición histórica de respeto a los Derechos Humanos y de ayuda humanitaria, ni puede desconocer los compromisos internacionales que ha asumido en esta materia, a pesar del interés político que pueda motivar a la implementación de acuerdos de cooperación migratoria con otros países de la región.

La Defensoría de los Habitantes continua presente realizando visitas al CATEM-Sur y reiterando al Estado Costarricense la obligatoriedad de garantizar derechos fundamentales, de estas personas deportadas.

Defensoría: País queda obligado a garantizar derechos de personas deportadas por Estados Unidos

Si bien la Defensoría de los Habitantes desconoce los detalles del acuerdo o negociaciones existentes entre el Gobierno de Costa Rica y el de los Estados Unidos para “colaborar en los procesos de repatriación de 200 inmigrantes a su país”, la Defensoría de los Habitantes hace un llamado de atención a las autoridades de nuestro país, en relación con los procedimientos migratorios que se implementarán una vez que se reciban a estas personas extranjeras provenientes de Asia y de la India.

El Estado costarricense debe garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que son sujetas de estos procesos migratorios coordinados:

– Condiciones de salud y necesidades de atención prioritarias de las personas extranjeras provenientes de los vuelos de los Estados Unidos. Es urgente que, a su llegada al territorio nacional, estas personas reciban una valoración médica que permita identificar si tienen alguna necesidad urgente de salud o si requieren de alguna intervención para resguardar su vida.

– Condiciones de permanencia de estas personas hasta su traslado al CATEM-Sur y durante su permanencia en dicho centro. Resulta urgente que se defina un espacio adecuado para la permanencia de estas personas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, considerando que se trata de un número elevado de personas y que se desconoce si el grupo está integrado por personas menores de edad, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos familiares. Igualmente, considerando que, como es sabido por esta Defensoría, en el CATEM Sur ya se encuentran más de 140 personas que han realizado su viaje de regreso hacia el sur sin que medie una autoridad migratoria, es necesario que se verifique que dicho lugar tendrá las condiciones y capacidad suficiente para albergar, en condiciones dignas, a estos grupos numerosos que forman parte de los acuerdos binacionales en cuestión.

– Independientemente del proceso migratorio que haya aplicado el Gobierno de los Estados Unidos, es necesario que el Estado costarricense verifique que, al regresar a sus países de origen, ninguna de estas personas será sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El riesgo de que una persona pueda ser víctima de tortura en caso de “retorno, repatriación, deportación o devolución”, según se trate de la legislación de cada país de origen, obliga a Costa Rica a realizar un análisis integral de la normativa que resultaría aplicable en estos países, para casos como el presente.

Debe tomarse en cuenta que, con la ratificación de la Convención contra la Tortura, Costa Rica asumió el compromiso de que “no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (artículo 3). Por otro lado, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras, precisamente, por ese deber que tienen los Estados de tomar todas las medidas necesarias para proteger esos bienes jurídicos, independientemente de la nacionalidad o condición migratoria de la persona extranjera.

La Defensoría de los Habitantes se mantendrá vigilante de que el Estado costarricense, independientemente de la existencia de acuerdos de cooperación de carácter migratorio con otros países de la región, genere los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que, por diferentes razones se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que, en este momento, están siendo forzadas a regresar a ellos, a pesar de no tener certeza de que su vida, libertad o integridad personal no estará en riesgo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

La fragilidad de una política dura

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

En las últimas semanas ha sido notable el aumento de la migración en tránsito por la región centroamericana. Particularmente en Costa Rica es notorio que el volumen de personas en contextos de movilidad ha aumentado, particularmente las provenientes de un país como Venezuela, que ha entrado en una crisis sociopolítica aún sin resolverse.

Este proceso ha coincidido con la entrada en vigencia de un acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Panamá en el cual básicamente se dota con recursos económicos al gobierno panameño para implementar una política de deportaciones “instantáneas y express” a quienes sean detenidos cruzando el inexpugnable Tapón del Darién.

En los últimos días los primeros grupos de migrantes detenidos ya fueron puestos en vuelos directos, pagados por este acuerdo migratorio, un “memorándum de entendimiento para el abordaje de la migración ilegal” (SIC) para su deportación hacia países como Colombia y Venezuela.

Una vez más, la circunstancia humanitaria es vista desde un prisma securitario. No debe obviarse el contexto político que circunda Estados Unidos en esta época preelectoral, en la que el tema migratorio funge como una puerta de atracción de votantes desafectos con la llegada de migrantes a aquel país.

La migración no ha sido detenida con este tipo de acuerdos. El endurecimiento de las políticas no ha logrado erradicar las razones estructurales y contingentes de la movilidad humana.

Entonces termina convirtiéndose en una acción fallida y frágil, que lo único que logrará es aumentar los riesgos y las vulnerabilidades para quienes ven en la movilidad, una respuesta a sus necesidades de sobrevivencia.