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Etiqueta: derecho a la educación

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

Escrito en . Publicado en Educación.

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

“VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO”

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Entre la legalidad y el vaciamiento institucional: educación pública, segmentación social y decisiones recientes en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Introducción

En los últimos días, la discusión pública en Costa Rica ha girado en torno al convenio suscrito entre el gobierno y la plataforma Open English, mediante el cual se destinarían más de 70 millones de dólares para facilitar el acceso al aprendizaje del idioma inglés a la población mayor de 15 años. El debate ha oscilado entre dos polos: por un lado, la denuncia de posibles irregularidades o actos de corrupción; por otro, la defensa de la iniciativa como una estrategia de modernización educativa. Sin embargo, reducir el análisis a la existencia o no de un ilícito penal resulta insuficiente.

El problema de fondo no es únicamente jurídico. Aun en ausencia de una infracción tipificada conforme a la Ley N.º 8422 (Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública), persisten interrogantes más profundas sobre la racionalidad de la decisión pública, la coherencia del modelo educativo y el papel que el Estado está asumiendo en la formación de sus ciudadanos. Este artículo propone que el caso Open English no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un proceso más amplio de transformación del sistema educativo costarricense.

  1. Legalidad formal y racionalidad del gasto público

Desde el punto de vista jurídico, la ausencia de evidencia que vincule directamente a funcionarios públicos con beneficios patrimoniales derivados del contrato limita la posibilidad de calificar el caso como delito de corrupción en sentido estricto. No obstante, el derecho administrativo contemporáneo no se agota en la legalidad formal. La función pública está regida también por principios como la eficiencia, la razonabilidad y la planificación del gasto (Constitución Política de Costa Rica, art. 11).

En este contexto, la pregunta relevante no es únicamente si el contrato es legal, sino si responde a criterios adecuados de política pública. Resulta particularmente llamativo que, en un escenario donde se han planteado restricciones al financiamiento de la educación superior (FEES) y tensiones en torno a instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, se destine una suma tan significativa a la contratación de un servicio externo, en lugar de fortalecer capacidades institucionales ya existentes, como las del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

  1. Externalización y debilitamiento institucional

El convenio con Open English puede interpretarse como un caso de externalización de funciones públicas. El Estado, en lugar de desarrollar o fortalecer sus propias capacidades formativas, opta por adquirir servicios en el mercado. Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere particular relevancia cuando se aplica a áreas estratégicas como la educación.

El INA ha sido históricamente una institución clave en la formación técnica y lingüística de la población costarricense. Sustituir o desplazar parcialmente esa capacidad mediante la contratación de plataformas privadas no solo plantea dudas sobre la eficiencia del modelo, sino también sobre sus efectos a mediano y largo plazo. Más aún, la destitución de voces críticas dentro de la institución, como la académica Eleonora Badilla, sugiere posibles limitaciones en los espacios de deliberación técnica dentro del proceso de toma de decisiones.

En este sentido, el problema trasciende la contratación específica: se inscribe en una transformación más amplia del papel del Estado, que pasa de ser formador a intermediario de servicios educativos.

  1. La reducción de la formación integral

Paralelamente, decisiones recientes del Ministerio de Educación Pública han reconfigurado el currículo escolar, desplazando asignaturas como educación musical, artes plásticas, educación física, filosofía y psicología hacia un lugar secundario frente a las llamadas “materias básicas”. Este cambio no es meramente técnico.

La educación integral no se limita a la transmisión de habilidades instrumentales, sino que implica la formación de sujetos críticos, sensibles y capaces de participar activamente en la vida democrática (Nussbaum, 2010). La reducción del currículo a contenidos mínimos responde a una lógica que privilegia la eficiencia operativa sobre la formación humana.

En este contexto, la inversión en plataformas digitales para la enseñanza del inglés aparece como una solución fragmentaria que no aborda los problemas estructurales del sistema educativo, caracterizado por déficits en comprensión lectora, altos niveles de deserción y profundas desigualdades territoriales.

  1. Segmentación educativa y reproducción de desigualdades

El análisis del sistema educativo costarricense revela una estructura segmentada más que dual. No se trata simplemente de una oposición entre lo público y lo privado, sino de la coexistencia de circuitos diferenciados de calidad y acceso.

Por un lado, sectores de mayores recursos acceden a educación privada de alta calidad en primaria y secundaria, lo que les permite ingresar a universidades públicas prestigiosas como la Universidad de Costa Rica o continuar estudios en el extranjero. Por otro lado, amplios sectores de la población dependen de un sistema público debilitado o de universidades privadas cuya calidad es, en muchos casos, desigual.

En este escenario, las universidades privadas no siempre corrigen las desigualdades educativas, sino que las administran. Como señalan autores críticos de la educación superior contemporánea, la expansión del acceso no necesariamente se traduce en una mejora de la calidad formativa (Marginson, 2016).

Las decisiones recientes en política educativa no parecen orientadas a reducir esta segmentación. Por el contrario, tienden a profundizarla, al debilitar la formación pública en sus distintos niveles y promover soluciones fragmentarias que dependen de la capacidad individual de los estudiantes para aprovecharlas.

  1. El conflicto del FEES y la fragmentación institucional

El adelanto de las discusiones en torno al FEES ha generado tensiones sin precedentes entre las universidades públicas, evidenciando una fragmentación interna que debilita su capacidad de acción colectiva. Este fenómeno puede interpretarse como parte de un proceso más amplio de reconfiguración del sistema educativo, donde las instituciones públicas son llevadas a competir entre sí en lugar de consolidarse como un bloque articulado.

En este contexto, el debilitamiento no es necesariamente producto de un ataque frontal, sino de un desgaste progresivo que reduce la capacidad de defensa y legitimidad del sistema público de educación superior.

  1. Convergencias institucionales y disputa hegemónica

Un elemento adicional que complejiza el análisis del caso Open English es la aparente convergencia entre actores que, en otros contextos, han mantenido relaciones tensas. Durante la actual administración, el Poder Ejecutivo ha sostenido cuestionamientos recurrentes contra la Contraloría General de la República, particularmente por los controles que esta ejerce sobre el gasto público y la ejecución de proyectos estratégicos.

Sin embargo, en este caso específico, se ha señalado públicamente que la CGR no objetó —e incluso habría avalado— el mecanismo utilizado para la implementación del convenio. Esta situación introduce una interrogante relevante: ¿cómo se explica que, en un tema de alto impacto público como la educación, se produzca una coincidencia entre instancias que usualmente operan en tensión?

Más que buscar respuestas en términos de intencionalidades individuales, resulta más productivo interpretar este fenómeno desde una perspectiva estructural. Como han señalado diversos autores en el campo de la teoría social y política, los momentos de convergencia entre actores institucionales pueden revelar la existencia de consensos más profundos en torno a la orientación de determinadas políticas públicas (Gramsci, 1971; Jessop, 2008).

En este sentido, el caso analizado podría interpretarse como un punto de articulación dentro de una disputa hegemónica más amplia, en la que distintos sectores —estatales y privados— coinciden, explícita o implícitamente, en la necesidad de reconfigurar el papel del Estado en áreas estratégicas como la educación.

  1. Incidencia del sector empresarial y redefinición de lo público

Otro elemento que refuerza esta lectura es la participación activa de organizaciones empresariales, como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, en discusiones que tradicionalmente han sido de carácter técnico y educativo, como las decisiones del Instituto Nacional de Aprendizaje.

La intervención de estos actores no es, en sí misma, ilegítima en un sistema democrático. Sin embargo, plantea preguntas sobre los equilibrios institucionales y los criterios que orientan la toma de decisiones públicas. En particular:

¿qué tipo de conocimiento se privilegia cuando las decisiones educativas se orientan cada vez más por criterios de mercado o necesidades inmediatas del sector productivo?

Este desplazamiento puede contribuir a una redefinición del sentido de lo público, donde la educación deja de concebirse como un derecho integral y se aproxima a una lógica de formación de competencias específicas para el mercado laboral.

  1. Continuidades más allá de los gobiernos

Finalmente, es importante subrayar que los procesos aquí descritos no se agotan en una administración particular. Las transformaciones estructurales en los sistemas educativos suelen trascender los ciclos políticos y consolidarse en el tiempo.

En este sentido, la discusión no debería centrarse exclusivamente en las decisiones del gobierno actual, sino en las tendencias de mediano y largo plazo que estas decisiones reflejan y potencian. La fragmentación del sistema educativo, la externalización de funciones y la creciente incidencia de actores privados en la definición de políticas públicas son fenómenos que podrían continuar —e incluso profundizarse— en futuras administraciones.

Conclusión

El caso Open English no puede entenderse como un episodio aislado ni reducirse a la discusión sobre su legalidad. Más bien, revela una serie de transformaciones en curso en el sistema educativo costarricense: externalización de funciones, reducción de la formación integral, segmentación del acceso y fragmentación institucional.

Independientemente de las intenciones declaradas por las autoridades, el efecto conjunto de estas decisiones resulta funcional a un modelo en el que el Estado reduce su papel como garante de una educación pública integral, mientras se amplían mecanismos de provisión fragmentada y mediada por el mercado.

El riesgo no es únicamente la ineficiencia de una inversión cuestionable. El riesgo es más profundo: la consolidación de un sistema educativo cada vez más desigual, donde la formación deja de ser un derecho garantizado colectivamente y se aproxima, progresivamente, a una lógica de consumo individual. En ese escenario, la pregunta fundamental ya no es cuánto se invierte, sino qué tipo de sociedad se está formando a través de esas decisiones.

Referencias

Constitución Política de la República de Costa Rica. (1949).

Gramsci, A. (1971). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Jessop, B. (2008). State power: A strategic-relational approach. Polity Press.

Ley N.º 8422. Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. Costa Rica.

Marginson, S. (2016). The dream is over: The crisis of Clark Kerr’s California idea of higher education. University of California Press.

Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Resultados de PISA 2022. OECD Publishing.

Universidad Nacional. (2023). Informes sobre estado de la educación y habilidades básicas en estudiantes costarricenses.

Escuela Las Brisas de Pocosol está en condiciones precarias

Escrito en . Publicado en Educación, Portada.

La Defensoría de los Habitantes realizó una inspección a la Escuela Las Brisas, ubicada en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos y alertó sobre el estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 25 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita a esta escuela unidocente, el equipo de la Defensoría constató que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2015. A pesar de esto, las soluciones definitivas por parte del Estado han sido lentas, obligando a la comunidad estudiantil a convivir diariamente con graves deficiencias estructurales y sanitarias.

El centro no cumple con la Ley 7600. Carece de rampas para ingresar al centro educativo; tienen dos pequeños servicios sanitarios para toda la población: estudiantes, personal y visitas. El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento. Algunas latas del baño se encuentran prensadas con una tuca de madera. Las paredes externas de las dos únicas aulas están cubiertas con latas, carecen de cielo raso en pasillos y comedor, y las rejas de las ventanas de las aulas presentan un desgaste peligroso.

Tienen problemas de plagas como el comején y la presencia constante de serpientes. La Junta de Educación con la colaboración de vecinos, padres y madres de familia limpian constantemente las áreas verdes. Además, el centro cuenta con un solo extintor y no tiene señalización de rutas de evacuación.

El área de comedor opera con limitadas condiciones. La cocina eléctrica solo tiene un disco funcional y la de gas es muy pequeña. Las y los estudiantes no cuentan con sillas, debiendo sentarse en banquetas empotradas de cemento, y el lavamanos está ubicado en el jardín sin un soporte adecuado.

Los estudiantes deben caminar rutas de al menos tres kilómetros diarios al no contar con transporte estudiantil que llegue a la zona escolar. Asimismo, el centro educativo no imparte materias complementarias de inglés, música, educación física o religión, las computadoras asignadas están dañadas, y la conexión a internet es sumamente básica (3 a 5 megas).

La Defensoría determinó que existe una falta de comunicación clara y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública hacia la Junta de Educación. Aunque existe un trámite en curso en SICOP para la emisión de la orden de inicio de los planos constructivos a cargo de una empresa consultora privada, la Defensoría subraya la urgencia de que estas etapas de diseño y presupuesto se agilicen y se garantice una total transparencia con la comunidad sobre el cronograma de la obra. Asimismo, la Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice la atención de la Escuela Las Brisas, pues es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y limitan su derecho a la educación.

La DHR continuará dando un seguimiento estricto a este caso y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación Pública, velando por que los derechos de esta comunidad estudiantil no sigan siendo postergados.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Volver a la escuela con apoyo: investigación de la UCR propone una estrategia para niñas y niños con cáncer

Escrito en . Publicado en Salud.

Mag Olga Marta Ramírez Hernández
Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

Investigación de Posgrados UCR desarrolla una metodología para promover entornos escolares seguros y acompañar el regreso a clases de niñas y niños con cáncer.

El regreso a la escuela de niñas y niños diagnosticados con cáncer requiere condiciones que contemplen no solo su estado de salud, sino también su bienestar emocional, social y educativo. Con ese objetivo, una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia del Posgrado de Trabajo Social, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), propone una estrategia teórica-metodológica para promover entornos escolares seguros e inclusivos.

El estudio, titulado De vuelta a la escuela: estrategia teórica-metodológica para promover entornos escolares seguros para las niñas y niños diagnosticados con cáncer, fue realizado por Karla Cristina Sequeira Vargas como parte de su trabajo final de graduación.

La investigación se desarrolló mediante una metodología participativa que incorporó las experiencias y percepciones de niñas y niños con cáncer, personas responsables parentales, personal docente, expacientes, así como funcionarios de la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil (ALCCI) y del equipo del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños.

“El punto de partida fue escuchar a las personas protagonistas del proceso. Las niñas y los niños expresan la importancia de volver a la escuela, pero también los temores y necesidades que surgen en ese momento”, explicó Sequeira

Uno de los aportes centrales del estudio es la conceptualización de los entornos escolares seguros, entendidos como espacios que integran condiciones físicas adecuadas, acompañamiento emocional, atención a la salud y dinámicas sociales basadas en la empatía y la solidaridad. Esto incluye acciones como adaptaciones en la infraestructura, prevención del bullying, acompañamiento docente y fortalecimiento de redes de apoyo dentro del centro educativo.

La estrategia propuesta se organiza en cuatro líneas de acción. La primera se orienta a la detección temprana del cáncer infantil mediante procesos de sensibilización y educación. La segunda, que constituye el eje central del estudio, se enfoca en la promoción y fortalecimiento de entornos escolares seguros. La tercera aborda la incidencia política y las alianzas estratégicas entre los sectores de salud, educación y sociedad civil. La cuarta plantea la sensibilización y capacitación del talento humano, tanto de ALCCI como del equipo de salud del Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Nacional de Niños, con un enfoque basado en los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.

El estudio también resalta la importancia del derecho a la participación, al reconocer que las niñas y los niños pueden expresar sus opiniones sobre cómo desean ser acompañados en su regreso al aula y qué condiciones consideran necesarias para sentirse seguros.

“Posgrados UCR se consolida como un semillero de investigación que impulsa la generación de propuestas desde distintas áreas del conocimiento. Este proyecto es un ejemplo del trabajo que desarrollan nuestras y nuestros estudiantes y de cómo la investigación aplicada puede tener un impacto social concreto.”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP de la UCR.

La investigación destaca además por su potencial de aplicación en centros educativos públicos y privados, en contextos urbanos y rurales, y por su posibilidad de adaptación a otros escenarios donde se requiera acompañar procesos educativos vinculados a condiciones de salud complejas.

Con esta propuesta, el estudio busca contribuir a que el regreso a la escuela de niñas y niños con cáncer se realice en condiciones de equidad, respeto y acompañamiento, fortaleciendo el derecho a la educación como parte de su bienestar integral.

Algunos de los consejos prácticos que se le pueden brindar a las personas docentes son:

  • Sentir temor o angustia ante la presencia de un diagnóstico de cáncer pediátrico en el grupo de estudiantes es normal.

  • Entender que el cáncer infantil es muy diferente al cáncer en las personas adultas es fundamental.

  • Escuchar las necesidades tanto de la persona menor de edad con cáncer como de las personas responsables y tratar en la medida de las posibilidades de colaborarles. Al igual que las personas docentes, las personas responsables de la persona menor pueden sentir temor de volver al centro educativo.

  • Validar los sentimientos tanto de la niña o el niño con cáncer como de las personas responsables parentales.

  • Establecer un canal de comunicación y coordinación con las personas responsables parentales, el Departamento de Hemato-Oncología y el Centro de Apoyo en Pedagogía Hospitalaria (CeAPH) para recibir información certera de la condición del paciente y los pasos a seguir en su proceso.

A la hora de trabajar con las personas estudiantes tomar en cuenta:

  • Partir desde lo que las personas estudiantes han escuchado sobre la palabra cáncer y/o las experiencias que han vivido en torno a la enfermedad.

  • Explicar la enfermedad considerando la edad de las personas estudiantes, utilizando un lenguaje sencillo y no brindar detalles que no se consideren necesarios.

  • Responder las inquietudes que tengan las personas menores de edad.

  • Validar sus sentimientos.

  • Organizar una bienvenida a la persona menor de edad con cáncer considerando las opiniones de sus compañeras y compañeros.

  • Acompañar tanto a la persona menor de edad con cáncer así como a sus compañeras y compañeros.

  • Mantener una línea de comunicación con las personas responsables parentales, equipo de salud y el CeAHP para aclarar cualquier duda que se pueda presentar a lo largo del proceso de tratamiento de la persona menor de edad con cáncer.

Enlace a la investigación: https://ucr.cr/r/Mq9G5

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

Escrito en . Publicado en Educación.

La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

Escrito en . Publicado en Educación.

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría alerta: Desigualdades se profundizan en la educación pública

Escrito en . Publicado en Educación, Portada.

Modelo de financiamiento afecta más a centros educativos rurales, costeros e indígenas, así como a estudiantes en condición de pobreza.

La Defensoría de los Habitantes advirtió hoy que el país enfrenta una crisis de equidad educativa provocada por la reducción sostenida del presupuesto destinado al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la débil capacidad de gestión en los niveles locales. Esta combinación de factores ha generado un deterioro progresivo del derecho a la educación, evidenciado en brechas crecientes entre centros educativos según su ubicación territorial, recursos económicos disponibles y dirección regional.

La investigación reveló que los recortes acumulados en inversión educativa han afectado directamente la infraestructura, la alimentación escolar y la contratación de personal de apoyo, comprometiendo la calidad del aprendizaje y las condiciones de permanencia en las aulas. Las escuelas unidocentes, rurales e indígenas son las más afectadas: en varias regiones del país, las Juntas de Educación operan con presupuestos hasta cinco veces menores a los de instituciones ubicadas en zonas urbanas, lo que restringe su capacidad para garantizar condiciones dignas y seguras para la población estudiantil.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría alerta que la falta de equidad presupuestaria constituye una forma de discriminación estructural, al reproducir desigualdades históricas que afectan a la niñez y adolescencia en situaciones de pobreza y a las personas estudiantes con discapacidad que enfrentan mayores barreras de acceso. Estas desigualdades violan los principios de progresividad, igualdad y no regresividad que rigen las obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Para la Defensoría el modelo actual de gestión educativa no garantiza la transparencia ni la rendición de cuentas adecuadas. La complejidad administrativa, la limitada capacidad técnica en las Juntas y la ausencia de acompañamiento institucional dificultan la ejecución oportuna de los recursos, generando atrasos significativos en el mantenimiento, adquisición de materiales y ejecución de programas sociales. Esta situación debilita la confianza pública y aumenta la

desigualdad entre centros que logran gestionar recursos propios y aquellos que dependen exclusivamente de transferencias estatales.

La Defensoría recomendó reformar de manera estructural el modelo de financiamiento educativo, asegurando un presupuesto estable, equitativo y progresivo que priorice a los centros con mayores desventajas sociales y territoriales. Propone, además, fortalecer la rectoría del MEP en la supervisión de las Juntas de Educación y Administrativas, implementando mecanismos de asistencia técnica permanente y auditorías preventivas con enfoque territorial y de derechos humanos.

Para la Defensoría es crucial garantizar la educación como un derecho humano y ello exige una política fiscal comprometida con la justicia social, donde los recursos se asignen de acuerdo con las necesidades reales de las comunidades y no únicamente por criterios administrativos. Esto implica recuperar el mandato constitucional del 8% del PIB para educación, invertir en infraestructura resiliente, ampliar los programas de alimentación y transporte escolar, y promover una gestión educativa inclusiva que incorpore la voz de las comunidades.

La Defensoría de los Habitantes reafirma su llamado al Estado para que coloque la educación pública en el centro de la agenda nacional, como condición indispensable para la igualdad, la cohesión social y la democracia. Superar la desigualdad educativa requiere un compromiso político sostenido que reconozca que cada recorte presupuestario implica un retroceso en la vida y el futuro de miles de niñas, niños y personas adolescentes en todo el país.

Comunicación Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Reducción del financiamiento pone en riesgo el derecho a la educación

Escrito en . Publicado en Educación.

Una reciente investigación realizada por la Defensoría de los Habitantes vuelve a apuntar sobre el riesgo que significa para la sostenibilidad del sistema educativo seguir por el camino de la reducción en el financiamiento.

El gasto público destinado a educación ha disminuido del 7,8% del PIB en 2019 al 5,5% en 2025, incumpliendo el mandato constitucional que establece un mínimo del 8%. Esta reducción refleja una pérdida sostenida de prioridad política y fiscal hacia uno de los pilares fundamentales del desarrollo humano y social costarricense.

El más reciente informe de la Defensoría insiste que esta contracción presupuestaria no solo debilita la capacidad institucional del Ministerio de Educación Pública (MEP), para ejecutar programas estratégicos, sino que además impacta directamente en la calidad de los aprendizajes, la infraestructura educativa y la equidad territorial. Entre 2015 y 2025, el país ha experimentado una caída sostenida en los resultados de las pruebas internacionales PISA, con pérdidas acumuladas de hasta 24 puntos en matemáticas y 28 en lectura, lo que evidencia el vínculo entre la reducción de recursos y el deterioro de los aprendizajes básicos.

Desde un enfoque de derechos humanos, la Defensoría subraya que el principio de progresividad exige al Estado avanzar de forma constante en la garantía del derecho a la educación de calidad (inclusiva, equitativa y pertinente), evitando retrocesos injustificados. Sin embargo, los recortes presupuestarios en programas esenciales —como alimentación escolar, infraestructura y formación docente— constituyen una forma de regresividad que afecta desproporcionadamente a las comunidades rurales, costeras, indígenas y a las personas estudiantes con discapacidad. En estas poblaciones, la falta de recursos compromete la permanencia escolar y amplía las brechas estructurales de desigualdad.

Asimismo, la Defensoría señala que la erosión progresiva del presupuesto educativo ha limitado el alcance de políticas de inclusión y equidad, debilitando programas como el de becas y transporte estudiantil. De esta forma, la educación pública, históricamente reconocida como motor de movilidad social, enfrenta hoy una precarización institucional que amenaza su papel como herramienta de justicia social. La Defensoría destaca que esta tendencia contradice los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense ante la UNESCO y el Comité de los Derechos del Niño.

Por otro lado, la investigación identifica una creciente inestabilidad presupuestaria en el MEP, con variaciones interanuales negativas desde 2019 y una dependencia de decisiones coyunturales. Ello ha generado un efecto dominó en las Juntas de Educación y Administrativas, que hoy deben asumir con recursos limitados la continuidad de servicios básicos en las escuelas y colegios. Esta situación expone a las comunidades educativas a vulneraciones indirectas del derecho a la educación y profundiza la desigualdad entre territorios con distinta capacidad de gestión local.

La Defensoría de los Habitantes hace un llamado urgente a revertir la tendencia de desinversión educativa, priorizando la educación como inversión estratégica para el desarrollo nacional. Fortalecer la gobernanza, garantizar estabilidad financiera y asegurar la equidad en la asignación de recursos son condiciones esenciales para que la educación continúe siendo un instrumento de justicia social, cohesión y democracia.

Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Consejo de la UNA llama a fortalecer la prevención de la violencia en centros educativos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) emitió un pronunciamiento en el que rechaza las amenazas armadas que recientemente han afectado a universidades públicas y centros educativos del país, y hace un llamado a fortalecer las políticas públicas de prevención de la violencia en todos los niveles del sistema educativo.

El acuerdo, tomado en sesión ordinaria 43-2025, subraya que la seguridad de la juventud costarricense es una responsabilidad compartida y un valor democrático que requiere acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Pública, el CONARE, las universidades públicas, las comunidades educativas y las organizaciones estudiantiles.

El documento contextualiza la situación en un escenario nacional caracterizado por el incremento de la violencia, la desintegración social y el deterioro de las condiciones educativas, lo cual afecta directamente el derecho a estudiar en espacios seguros. Señala además que la normalización de amenazas, evacuaciones y discursos violentos debilita la confianza en las instituciones y obliga a invertir recursos que deberían destinarse exclusivamente a la formación académica.

El pronunciamiento destaca que la crisis de seguridad también se agrava por la proliferación de discursos de odio, misoginia y descalificación, incluidos aquellos dirigidos hacia las universidades públicas, reconocidas por su aporte al pensamiento crítico y a la vida democrática. En este sentido, la UNA reafirma su compromiso histórico con la educación pública y expresa solidaridad con la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y centros educativos que han enfrentado situaciones similares.

Entre las acciones que propone el Consejo Universitario se encuentran:

  • Impulsar protocolos de seguridad integral, comunicación, atención psicosocial y cultura de paz.

  • Fortalecer el trabajo coordinado entre CONARE y MEP para una agenda común de prevención de la violencia.

  • Reconocer a las federaciones estudiantiles como actores clave en la defensa de espacios educativos seguros.

  • Promover actividades formativas sobre convivencia, valores democráticos y prevención de riesgos.

El acuerdo recuerda que diversos instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre Escuelas Seguras— establecen la obligación de garantizar entornos de aprendizaje seguros, protectores y libres de violencia.

La Universidad Nacional concluye que la defensa de la educación pública requiere acciones firmes y coordinadas que permitan enfrentar la normalización de la violencia, proteger la integridad de las comunidades educativas y asegurar el ejercicio pleno del derecho a la educación en ambientes que fomenten la convivencia y la paz.

APSE Sindicato logra fallo histórico que reafirma el 8% del PIB para educación pública

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El APSE Sindicato celebró un triunfo histórico en la defensa de la educación pública, luego de que la Sala Constitucional declarara inconstitucional por omisión el presupuesto nacional del 2023 por no cumplir con el mandato del artículo 78 de la Constitución Política que ordena asignar un mínimo del 8% del PIB a este sector.

En el voto N.° 2025018758, emitido a las 13:10 horas del 18 de junio de 2025, el alto tribunal reafirmó que este porcentaje es un fondo atado por designio constitucional, lo que significa que no puede ser reducido, condicionado ni afectado por leyes ordinarias, incluyendo la regla fiscal. La Sala recordó que incumplir este mandato viola no solo la Constitución, sino también el derecho a la educación pública y el principio de progresividad de los derechos humanos.

El fallo enfatiza que la educación pública no es un gasto recortable, sino una inversión protegida por la Constitución, y que la regla fiscal no puede utilizarse como excusa para limitar este derecho fundamental.

El sindicato exigió al presidente de la República, al ministro de Hacienda y a los legisladores presupuestarios cumplir de forma inmediata con este mandato en todos los presupuestos futuros. Recordó que el próximo 31 de agosto vence el plazo para que el Ministerio de Hacienda envíe a la Asamblea Legislativa el anteproyecto de presupuesto ordinario de la República para el ejercicio 2026.

APSE subrayó que defiende todos los niveles de la educación pública, desde preescolar hasta la educación superior, para garantizar oportunidades de calidad a niños y jóvenes, así como condiciones dignas para la clase trabajadora de la educación.

Vea el video con el pronunciamiento completo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=1F9RQZHthhk