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Etiqueta: derecho a la educación

Un futuro gris para Costa Rica

Freddy Pacheco León

Un futuro gris para Costa Rica se vislumbra a partir del desdén que exhibe el gobierno ante las necesidades educativas.

Con un ministro de Hacienda «ahorrando» en educación, y una ministra de Educación sometida a tales políticas, no se sigue una ruta clara por la cual han de caminar nuestros niños y adolescentes.

Así, ellos son víctimas de un sistema que les niega la adquisición de habilidades, que van desde la capacidad para resolver problemas, hasta la comunicación inteligente, pasando por el poco desarrollo del pensamiento crítico y creativo, que les permita crecer.

El resultado es una inteligencia limitada y por ende, escasa capacidad intelectual.

Fracasa la sociedad, fracasan los individuos, se tropieza el desarrollo, baja significativamente la calidad de vida, se condena a la juventud y los gobernantes siguen cual si todo estuviera bien.

Inicio de la negociación FEES 2024

Este viernes 02 de junio comienza el proceso de negociación con el Gobierno de República para negociar el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). Al respecto, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, menciona como esta negociación será trascendental, para defender el derecho a la educación, asimismo hace un llamado a que dicho proceso de negociación se realice de manera transparente, informada, responsable y oportuna, en el enlace adjunto pueden escuchar el mensaje completo: https://fb.watch/kTHMGEWUce/?mibextid=j8LeHn

El uso engañoso de la evaluación para justificar el cierre del PRONIE (MEP-FOD)

El Colectivo Mujeres por Costa Rica, y la Comisión Inter-institucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizados de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, manifiestan su profunda preocupación y rechazo ante el cese del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación (PRONIE-MEP), a la vez hacen un llamado de atención sobre las razones esgrimidas para ello.

El acuerdo, tomado por el Consejo Superior de Educación, y anunciado por la Sra. Ministra Katharina Müller en una conferencia de prensa, deja sin efecto del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), sin que se hayan propuesto medidas alternativas para continuar propiciando el alfabetismo computacional de nuestro estudiantado, causándole así un perjuicio en contra de sus intereses educativos, sobre todo considerando la importancia fundamental de las competencias en informática educativa para el desarrollo  de las personas en las sociedades actuales.

Las consecuencias nefastas de estas decisiones han sido ampliamente expresadas por diferentes grupos, y nuestro colectivo desea sumar una preocupación más, la del uso engañoso y malintencionado que hace el MEP, en la persona de su ministra, de los resultados de una evaluación, para justificar el cese del PRONIE.  Esta decisión, ha dicho la ministra, estuvo sustentada en los resultados negativos de evaluaciones realizadas por parte de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la Contraloría General de la República. Sin embargo, ambas entidades han aclarado públicamente que reconocen los logros del PRONIE y recomiendan medidas para su mejor desarrollo.  Es más, en la evaluación ejecutada por FLACSO, las personas estudiantes realizaron pruebas sobre los aprendizajes esperados, y con estos datos se generó evidencia, por medio de modelos estadísticos, para afirmar que, a más años de exposición a la temática de informática educativa, mejor es el desempeño en habilidades de resolución de problemas, y en comunicación de resultados. Aunque el anterior es uno de los hallazgos más relevantes de la evaluación, habiéndose documentado de manera rigurosa esos impactos positivos en los aprendizajes (cosa que es infrecuente en nuestro país), la ministra, en su justificación para el cierre del programa, solo se refiere a datos tangenciales, secundarios, de la evaluación, tales como el grado de conocimiento del PRONIE que expresan otros docentes del centro educativo. De ahí nuestra valoración en cuanto a una interpretación sesgada, malintencionada y engañosa, de los resultados de una evaluación.

A partir de los impactos positivos hallados por la evaluación de FLACSO, la conclusión es clara en cuanto a que es incorrecto eliminar de un plumazo un programa donde existe evidencia de efectividad, y fue precisamente esa evaluación la que permitió identificar los avances y también los asuntos por atender, sobre todo a nivel de gestión y administración del programa, aspecto que es fundamental para su mejora continua.

Siguiendo los mismos principios evaluativos, nos preocupa el abrupto cese del PRONIE, ante la ausencia de una propuesta alternativa concreta, operacionalizada, validada y aprobada debidamente para brindar esa valiosa formación en que han participado miles de estudiantes, y cuyos aprendizajes favorecerán su desarrollo a lo largo de sus vidas. Ciertamente cualquier propuesta alternativa debería haber mostrado previamente evidencia científica de su efectividad, por medio de la realización de estudios piloto, por ejemplo.

En respeto a nuestra tradición costarricense de más de 150 años de educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y en respeto a la evaluación educativa como disciplina científica, que utilizada adecuadamente nos permite corregir y mejorar, esperamos, entonces, por un lado, una respuesta clara, contundente y seria por parte de las autoridades gubernamentales sobre la atención que brindarán a nuestro estudiantado para salvaguardar su derecho constitucional a una educación de calidad, en el área de la informática educativa. A la vez, solicitamos a las autoridades del MEP mayor compromiso y transparencia para utilizar de manera válida los resultados de evaluaciones, que, como en este caso, se realizaron con la necesaria fundamentación a nivel científico y ético, y cuyos fines no son punitivos, sino de mejoramiento.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Eiliana Montero Rojas

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Máster Académica en Evaluación Educativa
Doctora en Educación
Docente universitaria

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Docente universitaria

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

Catalina Espinoza Sáenz
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dr. Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y M.A. en Tecnología Educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera
Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla
Docente universitaria
Máster en Evaluación Educativa

San José, 18 de mayo 2023.

Correos

Colectivo Mujeres por Costa Rica: mujeresporcr@gmail.com -Comisión Interinstitucional: GRACIELA.ORDONEZ@ucr.ac.cr
(Coordinadora)

SEC: En defensa del financiamiento integral de la educación pública y en apoyo a las universidades públicas

ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Resultando:

I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.

II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.

III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.

IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.

V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.

VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.

VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.

 Considerando único:

Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:

“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”

De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.

POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:

  1. SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
  2. APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
  3. DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
  4. DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
  5. SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
  6. ACUERDO FIRME.

El apagón de la educación pública: el recorte permanente de recursos presupuestarios

Manuel Hernández Venegas

Sabía usted. mi estimado y estimada lectora que:

1.- Que desde 2007, existe una tendencia decreciente, de acuerdo con la variación interanual, de los recursos que se destinan a la educación pública costarricense, incluyendo la educación universitaria?

2.- ¿Sabía que solo para este ejercicio económico (2022) se hurtaron más de 600.000 millones de colones a la educación pública, a contrapelo del artículo 78 de la que en vida fue la Constitución Política de 1949 (qdep)?

3.- Tal vez lo sabe, pero si no le recuerdo, que en este ejercicio económico los recursos para la construcción, mejora y equipamiento educativo se disminuyeron en un 63.3%, que significan más de 14.000 millones menos que en el año 2021.

4.- ¿Sabía, -no lo dudo, pero por aquello de cualquier cosa-, que se redujeron desproporcionadamente los recursos destinados a comedores escolares, transporte estudiantil, becas y otros, profundizándose cada vez más la desigualdad social y un modelo educativo excluyente?

5.- ¿Sabía, -mucho menos lo dudo-, que la educación es un Derecho Fundamental reconocido y tutelado en cualquier cantidad de declaraciones y pactos internacionales de Derechos Humanos?

6.- ¿Sabía que la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre (1789) estableció que el olvido, la ignorancia y el menosprecio de los Derechos Humanos son la causa de las calamidades publicas y la corrupción de los gobiernos?

7.- No lo dudo, usted y yo sabíamos lo que todos sabemos, mi estimado lector.
Pero la cuestión es: ¿Qué vamos a hacer para impedir que le pongan candados a las escuelas, los colegios y las universidades públicas?

Programa Alternativas: Estado de la Educación, desafíos y propuestas para la acción

El programa radial Alternativas, desarrolló el tema: Estado de la Educación, desafíos y propuestas. Se contó con la participación de: Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Educación. 

En el espacio se abordaron temas como: avances insuficientes en el área de educación, desempeño en competencias claves, pandemia y las afectaciones en el sector, interrupciones en el ciclo de educación por diversos factores. 

Además, brechas entre regiones, idoneidad docente, recortes presupuestarios, entre otros.

Puede acceder al programa completo: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/422348539536129 

Estado de la Educación – desafíos y propuestas

Se les invita a sintonizar el programa radial Alternativas, este viernes 03 de diciembre a las a las 6:00 pm. Se desarrollará el tema: Estado de la Educación desafíos y propuestas. Se contará con la participación de:

  • Isabel Román Vega, coordinadora de investigación del Informe Estado de la Educación. 

Puede sintonizar el programa por medio de Radio 16 en 1590 am o en el Facebook Live de Alternativas.

Asamblea autogestionada: “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”

El Foro Social Mundial invita a participar de la asamblea autogestionada “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos” a realizarse el próximo 30 de enero a las 7:00 hora de Centroamérica.

Se trata de un diálogo amplio en el cual se identificarán las claves de la lucha común por el derecho humano a la educación, con intersección de otros derechos.

El evento se realizará en español con traducción simultánea en inglés, portugués y francés.

Inscripciones: redclade.org/asamblea-autogestionada

 

Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada.

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA ante exclusión educativa en Costa Rica agravada por la pandemia

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante la exclusión educativa en Costa Rica que se ha agravado por la pandemia de la Covid-19

3 de diciembre de 2020

UNA-SCU-ACUE-290-2020

M.Sc. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente de la Asamblea Legislativa
M.Ed. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública

Señores
Consejo Superior de Educación

Señores
Estado de la Educación

Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)

Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica

Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica

Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia

Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional

Comunidad Nacional y Universitaria

Estimados señores:

Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo IV, inciso III, de la sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2020, acta n.o 3976, que dice:

Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante la exclusión educativa en Costa Rica que se ha agravado por la pandemia de la Covid-19

Considerando:

1.La educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos suscritos por el Estado costarricense.

2.La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 78, establece la gratuidad (costeada con recursos públicos) y obligatoriedad de la educación preescolar, general básica y diversificada, y le otorga una importante dotación presupuestaria.

3.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el objetivo 4, establece los mandatos de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas, durante su vida.

4.El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.

5.Las alarmantes, aunque poco claras, cifras de exclusión educativa que han comunicado las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), de alrededor de 91.000 estudiantes (8,5% del total) que interrumpieron sus estudios, un dato inédito.

6.Las capacidades que tiene la Universidad Nacional de aportar a la problemática de la exclusión educativa mediante investigación, extensión y participación de la comunidad universitaria; por ejemplo, a través del Centro de Investigación de Docencia y Educación (CIDE), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo).

7.La propuesta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), enmarcada en la campaña “La educación también salva vidas”, sobre planificar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia conjunta para combatir los alarmantes niveles de exclusión educativa agravados a raíz de la pandemia por la COVID-19, específicamente, en los ciclos de primera infancia, básico y diversificado; por medio de un equipo de trabajo integrado por especialistas del MEP, universidades públicas, Estado de la Educación, participación comunitaria y de otras organizaciones competentes, así como, recurrir a las iniciativas de extensión y acción social desarrolladas por las universidades públicas en los distintos territorios del país y el voluntariado estudiantil.

8.La anuencia manifestada por la Sra. Guiselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública a la propuesta, en la reunión del 16 de noviembre de 2020, con la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Estado de la Educación y las asociaciones estudiantiles de nuestra universidad.

9.Los esfuerzos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha realizado para mitigar los impactos negativos de la crisis ocasionada por la COVID-19, especialmente, a través de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE).

Por tanto, se acuerda:

  1. Manifestar la voluntad de la Universidad Nacional de trabajar en una estrategia conjunta para combatir la exclusión educativa mediante la acción sustantiva y la participación de la comunidad universitaria. Acuerdo firme.
  2. Solicitar al Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, que respalde y priorice la construcción de una estrategia nacional para combatir la exclusión educativa en costa rica, en atención a la justificación de los considerandos de este pronunciamiento. acuerdo firme.
  3. Comunicar este pronunciamiento al Presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, y a la Ministra de Educación Pública, la señora Guiselle Cruz Maduro; así como a la Asamblea Legislativa, el Consejo Superior de Educación, los Consejos Universitarios del Sistema de Educación Superior Estatal, el Estado de la Educación y la comunidad universitaria y nacional. Acuerdo firme.
  4. Solicitar a las oficinas de comunicación y relaciones públicas de la Universidad Nacional que comuniquen y divulguen, en redes sociales y los medios disponibles, este pronunciamiento. Acuerdo firme.

Atentamente,
Consejo Universitario
Tomás Marino Herrera
Presidente

 

Foto: UNED

Rafael Ángel Calderón Guardia, nombre para la Ciudad Científica, en el 80 aniversario de la Universidad de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

La Universidad de Costa Rica hoy cumple 80 de fundada, de creada, en el Gobierno Reformista del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.

Se ha discutido si fue creada, fundada, o reabierta, dándole continuidad a la Universidad de Santo Tomás que se había fundado el 3 de mayo de 1843.

Antes de la Universidad de Santo Tomas el 24 de abril de 1814 se había establecido, y abierto sus puertas, ese día, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que podemos considerar la primera Casa de Educación Superior que se establecía en Costa Rica, donde laboraron como docentes distinguidas personas que luego estuvieron ligadas, muy de cerca, al proceso y proclamación de la Independencia de Costa Rica, en 1821.

A partir de la Independencia las reglamentaciones de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás las hacían el Ayuntamiento de San José y la “Tertulia Patriótica”, que fue una institución impulsada por el Dr. Rafael Francisco Osejo, que a su vez fue el Primer Rector de esta Institución en 1814.

En 1824, el 10 de diciembre, el Gobierno asumió la protección de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, dándole rentas propias. El gobierno del Primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, educador de formación, se preocupó de que tuviera “rentas propias”, para asegurar su funcionamiento plenamente.

Los estudios en ese período inicial de la Independencia rápidamente se fortalecieron, cuando el 26 de abril de 1825 el Poder Ejecutivo impulsó la creación de las Cátedras de Derecho, Latín, Francés, Inglés, y se empezó a dar un curso de Medicina, como “el arte de curar las dolencias humanas”. También se dio Física Experimental, Historia Profana, Psicología y Matemáticas, entre otras materias.

El 3 de mayo de 1843 se convirtió la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la Universidad Pública, bajo el auspicio de Santo Tomás, su anterior Patrono.

De nuevo los gobiernos de ese período le mantuvieron las rentas que tenía, y se le dio, además, la cuarta parte del producto líquido de las rentas del tabaco, que se expendiera en todas las tercenas del Estado, así establecido por Decreto del Jefe de Estado José María Alfaro, encargando de su ejecución al Dr. José María Castro Madriz, quien llegó a ser uno de sus Rectores.

El 1 de setiembre de 1843 se redactaron los Estatutos de la Universidad de Santo Tomás. Se mantuvieron los estudios de Jurisprudencia, Teología y Medicina. Es interesante que en sus Estatutos como logo se pusieron elementos usados por la Masonería. El Dr. José María Castro Matriz, siendo Presidente de la República, llegó a ser el Venerable Maestro, la autoridad superior de la Primer Logia Masónica establecida en el país, al impulso del Presbítero Francisco Calvo, quien también se había desempeñado como Capellán General, del Ejército Nacional, durante la lucha contra los filibusteros norteamericanos.

La Universidad de Santo Tomás en la práctica abrió sus aulas el 21 de abril de 1844, siendo su Primer Rector el Presbítero Juan de los Santos Madriz, y José María Castro Madriz, Ministro de Instrucción Pública.

En los años siguientes, 1849, 1858, 1859, 1869, 1870, se hicieron modificaciones a los Estatutos de la Universidad.

En el Gobierno del Gran Presidente, Juan Rafael Mora Porras, en 1854, se construyó el edificio de la Universidad, y se le fortalecieron las rentas o ingresos en la Tesorería Nacional, “cuyo crédito no puede perecer”. El Presidente Mora procuró a asegurar las rentas de la Universidad de manera que no fueran ni a disminuir, ni a la posibilidad de quitárselas.

En los años siguientes la Universidad de Santo Tomás asumió un papel importante, impulsando bajo su amparo, instituciones educativas para la formación de jóvenes.

Así, el 4 de julio de 1874, el Congreso, por impulso del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, decretó la apertura del Colegio, denominado Instituto Nacional, bajo la tutela de la Universidad de Santo Tomás, y mantuvo, a nivel universitarios, en ese momento, únicamente los estudios de Jurisprudencia, porque no había alumnos para otros estudios.

Se trataba también de fortalecer los estudios secundarios. En el Instituto Nacional se fortalecieron estudios de Humanidades, Historia Sagrada y Profana, cronología y geografía, matemáticas, física, química, geología, astronomía e historia natural, agronomía, entre otras materias.

El 1 de abril de 1875 se hizo un Reglamento del Instituto Nacional, en el cual se estableció la supervisión del Instituto por el Rector de la Universidad, y se trajeron profesores europeos para trabajar allí, abriendo sus puertas, el Instituto, el 16 de mayo de 1875, nombrándose Rector de la Universidad y del Instituto al Dr. Lorenzo Montúfar.

En esta segunda mitad del siglo XIX hubo un impacto muy grande en el nivel cultural, educativo y científico, con grandes cantidades de europeos, casi de todas las nacionalidades, que se trajeron al país a trabajar, con resultados muy valiosos, en el momento que el país se abría para procesos migratorios laborales para la construcción del ferrocarril, para lo cual llegaron negros, chinos e italianos, especialmente.

El 24 de diciembre de 1879 el Gobierno contrató a Valeriano Fernández Ferraz para dirigir el Instituto Nacional.

En 1883 el Presidente Próspero Fernández le fortaleció la vida autonómica a la Universidad, le devolvió el edificio que tenía y le aseguró su propio manejo de su Patrimonio. De nuevo el Gobierno de la República, entendiendo la importancia de la Universidad le aseguró su financiamiento y patrimonio físico ya existente.

En 1884, el 10 de marzo, por iniciativa del Presidente Próspero Fernández, se autorizó a la Universidad a fundar un colegio de segunda enseñanza llamado Instituto Universitario.

El 12 de agosto de 1885 se decretó por el Congreso Constitucional, a iniciativa del Presidente Bernardo Soto y de su Ministro de Instrucción, por lo demás también de Hacienda, Mauro Fernández, la Ley Fundamental de Instrucción Pública.

El entonces Rector de la Universidad, Alejandro Alvarado García, dijo: “Debemos felicitarnos en el Gran Día de la Patria, y felicitar a la juventud, que representa su pensamiento, por el poderoso auxiliar que la Universidad pone en sus manos para la prosecución de sus estudios. Con adelantos de este género podemos marchar unidos, con pie firme, por el camino del Progreso intelectual y moral, procurando, siempre el engrandecimiento, la prosperidad y la gloria de Costa Rica”.

Por iniciativa del gran educador Miguel Obregón Lizano el 15 de setiembre de 1884, día de celebración de la Independencia Nacional, se inauguró la Biblioteca de la Universidad, que al cerrarse la Universidad en 1888, se dispuso que esta Biblioteca se orientara para fundar la Biblioteca Nacional, que hoy lleva el nombre del ilustre Educador y Ministro de Instrucción.

Asociadas al proceso educativo en esos días se publicaron las Revistas “La Enseñanza” y el “Instituto Nacional”.

El 6 de febrero de 1887 se fundó el Liceo de Costa Rica, bajo la dirección y tutela de la Universidad de Santo Tomás, que ya solo tenía la Escuela de Derecho. Y, en 1888, se fundó el Colegio Superior de Señoritas, como las dos instituciones más importantes de educación secundaria en la capital.

El 20 de agosto de 1888 la Universidad de Santo Tomás se cerró, porque no “había condiciones sociales”, ni se estaba en el país en posibilidades de darle la organización que a sus funciones correspondía”.

Desde entonces, 1888, la enseñanza del Derecho nunca se interrumpió, porque la Escuela de Derecho permaneció abierta. Las Cátedras de Medicina y Farmacia fueron muy inestables.

Hasta 1888 la Universidad fue el principal centro científico y literario de la República, donde se formó la mayor cantidad de dirigentes del Estado y de la República.

El 29 de julio de 1890 el Presidente José Joaquín Rodríguez derogó el decreto de cierre de la Universidad, del 20 de agosto de 1888, y estableció que las propiedades de la Universidad se le devolvieran, sin embargo su Decreto que no se cumplió.

En su reemplazo se mantuvieron como Escuelas Superiores de Estudio, la de Derecho y Notariado y la de Ingeniería y Medicina.

Al mismo tiempo, el 12 de febrero de 1897 se fundó la Escuela de Farmacia, el 12 de marzo de 1897 la Escuela de Bellas Artes, en 1914 la Escuela de Pedagogía y, en 1926, la de Agricultura.

La Escuela de Derecho a partir del 1 de julio de 1891 se dispuso que la dirigiera el Colegio de Abogados, que ya se había fundado en 1882, hasta que en 1941 se integró a la estructura y organización de la Universidad de Costa Rica, que este año había abierto a sus estudiantes. En 1941 se abrió también la Escuela de Ingeniería.

En 1906 el Colegio de Abogados se pronunció por abrir de nuevo la Universidad.

El esfuerzo siguiente para abrir la Universidad se da en la década de 1930. En este período, el entonces Ministro de Educación, Teodoro Picado Michalski, del tercer gobierno de Ricardo Jiménez Oreamuno, en 1934, empieza a gestionar la apertura de la Universidad.

Bajo el Gobierno de Ricardo Jiménez se hacen negociaciones para traer de Chile una Misión Pedagógica y otra Económica para evaluar en esos aspectos al país. La Misión Económica la encabezó el Dr. Herman Max y la Misión Pedagógica la encabezó el Profesor Luis Galdámez. Con el Profesor Galdámez llegaron los Profesores Oscar Bustos, que tuvo a cargo evaluar la Educación Primaria y el Profesor Arturo Piga, la educación secundaria. Como asistentes de trabajo de esta Comisión se sumaron los profesores, recién graduados de Chile, Isacc Felipe Azofeifa y Carlos Monge Alfaro.

Para esos días se había constituido un grupo estudiantil llamado Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho. Los jóvenes de esta Asociación estuvieron presionando y movilizándose con la intención de que la Misión Chilena atendiera la necesidad de abrir la Universidad, por lo que ellos luchaban. Así el Profesor Galdámez asumió esa tarea.

En esos días se discutió sobre la Universidad Autónoma y sobre la Autonomía Universitaria. El punto medular giraba de si en la integración del Consejo Universitario debía estar o no el Ministro de Educación. Los estudiantes rechazaban su presencia. El propio Presidente Ricardo Jiménez se pronunció señalando que no debía estar. Manifestó que en esa figura si el Gobierno regenta la Universidad, lo que hacía el Gobierno era “darle sombra a la Universidad”, y que la Universidad debía ser “absolutamente libre” de todo tipo de banderías para su cometido académico científico.

En esta lucha opinaron con igual sentido Abelardo Bonilla Baldares, Carlos Monge Alfaro, Isacc Felipe Azofeifa, Luis Anderson, Joaquín García Monge, Alejandro Alvarado Quirós, Víctor Vargas Quesada, Benjamín Hernández, Napoleón silva y Teodoro Picado Mischalski.

Durante estos años el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia se desempeñaba como Diputado, y seguía de cerca estas discusiones, a las que se había sumado Luis Demetrio Tinoco Castro, que al asumir la Presidencia de la República el Dr. Calderón Guardia, en 1940, le nombra Ministro de Educación y le dio el encargo de gestionar la apertura de la Universidad, así como de impulsar la derogatoria de las leyes liberales, de 1884, en el campo educativo.

El discurso al asumir la Presidencia el Dr. Calderón Guardia trazó su ruta de apertura de la Universidad. Luis Demetrio Tinoco, ya como Ministro, el 15 de junio envía el Proyecto de Ley al Congreso y el 20 de junio, de 1940, inició sus gestiones y negociaciones políticas, y con el sector empresarial, para lograrle los votos legislativos al proyecto de apertura de la Universidad. Los estudiantes de la Asociación Cultural seguían activos en esta lucha. El 5 de julio se pronunció a favor el Colegio de Abogados, el 10 de julio se sumó el Colegio de Ingenieros y el 17 de julio se sumó la Facultad de Odontología apoyando la apertura.

La discusión final profunda fue de si se restablecía la Universidad de Santo Tomás o se abría o creaba una Nueva Universidad. En el trasfondo, como sombra, estaba el hecho de que la Universidad de Santo Tomás el 7 de octubre de 1852 había sido declarada Universidad Pontificia, como parte de las relaciones que se estaban estableciendo con el Vaticano y el nombramiento que se estaba haciendo del Primer Obispo nacional, el Dr. Anselmo Llorente y La Fuente.

El período 1870 -1940 se había caracterizado por gobiernos liberales. El liberalismo político era lo dominante aun cuando ya habían surgido movimientos sociales, reformistas, socialistas y comunistas. El mismo Manuel Mora Valverde, como Secretario General del Partido Comunista, había sido electo en 1934, igual que Rafael Ángel Calderón al Congreso de la República, junto con el zapatero comunista Efraín Jiménez Guerrero, que se pasa al gobierno calderonista para apoyar políticas de calzado que el gobierno impulsaba.

El Dr. Rafael Ángel Calderón, de tradición católica familiar conservadora, había estudiado Medicina en Europa, en Bélgica, en dos universidades, la Universidad de Lovaina de tradición católica muy fuerte, donde se dice que lo influenció el Cardenal Mercier y el Código Social de Malinas, de esos años, y terminó sus estudios en la Universidad Libre de Bruselas, de influencia socialista, en ese período, de manera que en estas dos vertientes de pensamiento fortaleció el propio el Dr. Calderón Guardia.

Cuando se suscitó la discusión de reabrir o fundar la Universidad, tanto el Ministro de Educación, Luis Demetrio Tinoco, como el propio Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo ambos de tradición católica cristiana muy fuerte, se pronunciaron por “abrir”, por “fundar” y por “crear” una NUEVA Universidad para no heredar el carácter pontificio que tenía la Universidad de Santo Tomás, y para no “apadrinarla” con este Santo, que ha sido padrino de muchas instituciones educativas en el mundo.

El Dr. Calderón Guardia se pronunció con claridad en la importancia de esta separación nominal religiosa. De allí que el acto que se iba a dar, en esos días, era para crear o fundar una NUEVA Universidad, la Universidad Nacional, como se le llamó, a la Universidad de Costa Rica, como hoy la conocemos. En la propuesta de Calderón era abrir la Universidad con bases sólidas y modernas.

El 6 de agosto de 1940 el Congreso de la República terminó sus debates sobre la aprobación de la apertura de la Nueva Universidad. El 20 de agosto se aprobó la apertura, como Ley de la República, y se pasó al Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia para sus sanción Ejecutiva, lo que el Presidente hizo, dándole el Ejecútese, a la Ley de creación de la Universidad, el 26 de agosto, hace 80 años.

Para el Dr. Calderón Guardia, continuando lo que ya había manifestado el 8 de mayo de 1940, se le estaba prestando “muy especial atención” a la educación por constituir, “el fundamento de contextura moral del pueblo”, y para concentrar “sus esfuerzos en la fundación de la Universidad Nacional”, añadiendo que la ausencia de Universidad, en el período anterior, había constituido una laguna que había obstaculizado el mejoramiento del nivel intelectual costarricense.

Para el Dr. Calderón Guardia, la Universidad debía “irradiar” sus luces y “esparcir el saber por todos los rumbos”, debía “dirigir la opinión pública en materia social, y hacer reverdecer la vida nueva al progreso general de la República”.

Igualmente, señalaba, el Dr. Calderón Guardia, que la Universidad debía abrir espacio para aprovechar toda la riqueza intelectual del país, con más opciones de estudios, para evitar “una proletarización” intelectual.

La fecha del 26 de agosto de 1940 para la firma del Presidente a la apertura de la Universidad Nacional, o de Costa Rica, no fue caprichosa ni casual. El Dr. escogió esta fecha haciendo coincidencia histórica con el 26 de agosto de 1789, cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se declaraban derechos «naturales e imprescriptibles» la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Pero, también, Declaración donde se enfatizaba en que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Donde “las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común”, en que “nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley” y, en que “la libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”.

Estos preceptos 1, 10 y 11 de la Declaración están implícitos en el concepto de Autonomía Universitaria, en todos sus alcances, de manera que el Dr. Calderón Guardia firmando la creación de la Universidad de Costa Rica la estaba arropando con todos los valores universales más importantes para el ejercicio libre de la vida docente universitaria.

A ello sumamos que la educación hoy se considera un Derecho. En Costa Rica cuando el Presidente Jesús Jiménez Zamora estableció la obligatoriedad, gratuidad y el financiamiento de la educación escolar, la estaba reconociendo como un Derecho de la niñez costarricense, y las Reformas educativas de Mauro Fernández, afirmaban ese Derecho para los jóvenes.

El Derecho a la educación es un Derecho Humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y el acceso a la educación superior en función de los méritos.

Así, el Derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar con ellos una vida social plena. El Derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.

El Derecho a la educación hoy es un Derecho Humano reconocido y se entiende como el Derecho a una educación primaria gratuita y obligatoria, para todo ciudadano, una educación secundaria, obligada a desarrollar por parte de los gobiernos, accesible para todos los jóvenes y adolescentes, y un acceso equitativo a la educación superior, con responsabilidad gubernativa de proveer educación básica a los individuos que no han completado la educación primaria, con la obligación de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo.

Este Derecho a la Educación está contenido en numerosos tratados internacionales de Derechos Humanos. Su formulación más extensa se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de 1966, ratificado por Costa Rica.

El Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación, así, la «enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente»; la «enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita»; y la «enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita», señalando que debe «fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental, para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria».

Desde la creación de la Universidad de Costa Rica se estableció implícitamente la obligación de los gobiernos, sobre el derecho a la educación, a generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable.

La educación no se considera un simple Derecho Humano más. Se le considera indispensable para el desarrollo de las personas y las sociedades, y se le considera como una herramienta del cambio social, y una forma de superar la pobreza, la marginación y la exclusión social.

En sus 80 años la Universidad de Costa Rica ha tenido 15 Rectores, con su actual “Rector” interino. Tiene su Escudo y su Bandera, aprobados en su última fecha el 20 de diciembre de 1999. Ha realizado desde 1946 siete Congresos Universitarios oficiales. Tiene hoy tras grandes campos, la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, que corresponde a la primera sede de instalación, el Área de las Instalaciones Deportivas, y la llamada Ciudad de la Investigación, todas en San Pedro de Montes de Oca, con un total de casi 500 hectáreas.

En el campo de la Academia y la Investigación la Universidad hoy tiene Facultades, Escuelas, Sedes universitarias regionales, 8 en el área de las Letras, 20 en Ciencias Sociales, 6 en Ciencias Básicas, 5 en Ciencias Agroalimentarias, 12 en el Área de Ingenierías, 9 en el Área de la Salud, la Escuela de Estudios Generales, el Sistema de Postgrado, y las Sedes Regionales, en San Ramón, Turrialba, Liberia, Puerto Limón, Puntarenas y Golfito. A todo esto suma La Radio Universidad, en sus distintas frecuencias, su Canal 15 de Televisión, el Coro Universitario, el Teatro Universitario, el Jardín Botánico, el Planetarium, Museos universitarios.

La Universidad de Costa Rica ocupa el primer lugar de las Universidades de Centroamérica, el 19 de América Latina y un reconocido lugar en las primeras 1000 universidades del mundo.

Cuenta la Universidad de Costa Rica de un vigoroso movimiento estudiantil surgido con el Consejo Estudiantil Universitario, desde su fundación, y con la Federación de Estudiantes de la Universidad desde 1958, que se acompaña hoy con grupos políticos y diverso tipo que existen a nivel estudiantil.

Con motivo de la celebración del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Costa Rica, en mérito y reconocimiento al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, propongo públicamente que la Ciudad Científica, o a la Ciudad de la Investigación, se le nomine, y se le llame Ciudad Científica Universitaria Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Es quizá la mejor forma de agradecerle al Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia su compromiso de impulsar su apertura y su fundación.

Con esto se estaría haciendo el mejor reconocimiento, al Gran Reformador Social de Costa Rica, que inició su Reforma Social con la apertura y fundación de la Universidad de Costa Rica, su primera Reforma Social, protegida hoy también por el sagrado manto de los Derechos Humanos en el campo de la Educación Superior.