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Etiqueta: derecho a la tierra

Tierra para trabajar: Finca 2 Ríos en Guácimo

Observatorio de Bienes Comunes

Compartimos estas historias de vida de las personas campesinas que viven y trabajan la tierra de Finca 2 Ríos en Guácimo ante la situación de acoso que están viviendo que amenaza su modo de vida de más de 20 años que han desarrollado en este lugar que ahora llaman su hogar. Reflexionan sobre sus trayectos históricos desde sus experiencias como trabajadores bananeros y su paso a la vida campesina, pero también, interpelan el presente de la persona trabajadora de la tierra sus aspiraciones y desafíos.

Campesinado en Finca Dos Ríos ¿Aún tiene relación la tierra y la justicia social?

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Bolívar Méndez para conocer de cerca el contexto que viven las personas campesinas en la Finca Dos Ríos en Guácimo de Limón (Costa Rica), él fue trabajador bananero, la empresa dónde trabajó hace más de 25 años se dio a la quiebra y le quedaron debiendo salario, vacaciones y prestaciones, a pesar de esta situación, decidió trabajar la tierra y producir el alimento que muchas personas se llevan a su mesa ¿Qué está pasando con estas personas campesinas? ¿Se reconoce el trabajo de estas personas y la deuda que se acumuló? Reflexionamos sobre justicia social y campo.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

¿Derecho a la tierra? Campesinado en Finca Dos Ríos – Conversamos con Fredy Cooper

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos con Freddy Cooper campesino de la Finca Dos Ríos para conocer más de fondo sobre la situación que están enfrentando ante la incertidumbre que rodea su derecho a la tierra que trabajan, y los desafíos que representa para el campesinado seguir trabajando la tierra en la lucha por unas condiciones dignas.

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Los actuales políticos ticos: «descubrieron el agua tibia»

Por Bernardo Archer Moore

Las comunidades tribales costarricenses existen mucho antes de que los políticos actuales las reconocieran.

Su existencia se remonta al siglo XVII (1650) con la formación de «(*) La Puebla de los Pardos o Puebla de los Ángeles situado en Cartago y compuesto por:

Mestizos, Mulatos y Zambos; el resultado del mestizaje de blanco con indio, blanco con negro y negro con indio respectivamente». Uno de los principales legados de ese primer poblado tribal fue LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES.

*/ (Los Pardos de la Colonia – Álvaro Cuberos).

Desde entonces, los derechos de las comunidades tribales son fundamentales para su subsistencia y bienestar, y requieren la protección especial del Estado, así como de Convenios Internacionales que surgieron debido a su vulneración por parte de los gobiernos nacionales, ahora tutelados por organismos internacionales como la CIDH.

Estas comunidades a menudo viven en áreas aisladas de las grandes ciudades y del gobierno central, lo que las hace más vulnerables a la violación de sus derechos, especialmente en relación con la tierra que habitan.

La tierra es un recurso vital para las comunidades tribales, ya que les proporciona sustento, medios de vida y es parte integral de su identidad cultural y espiritual. La violación de sus derechos sobre la tierra las priva de su forma de vida tradicional y las condena a la pobreza y el sufrimiento.

La falta de acceso y control sobre la tierra puede llevar a la pérdida de recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la imposición de proyectos de desarrollo que no consideran las necesidades y aspiraciones de las comunidades tribales.

Esto puede resultar en la destrucción de su entorno natural, la pérdida de sus fuentes de subsistencia y la interrupción de su vida comunitaria y cultural.

Es crucial garantizar y proteger los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra que habitan, reconociendo y respetando su derecho a la propiedad y control de sus tierras ancestrales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Es importante promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica en áreas tribales como Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo, Ciudad de Limón, Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres y Matina, para que puedan mejorar sus condiciones de vida sin comprometer su cultura y medio ambiente.

Esto incluye el apoyo a iniciativas de desarrollo local, una mejor calidad de educación, acceso a servicios básicos como caminos de acceso público, servicio eléctrico, agua potable, internet de banda ancha, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales, así como la valoración y preservación de los conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles de las comunidades tribales.

En resumen, la vulneración de los derechos de las comunidades tribales sobre la tierra las condena a la pobreza y el sufrimiento. Por ello, es fundamental garantizar y proteger sus derechos sobre la tierra, promover el desarrollo sostenible y respetar su cultura y medio ambiente, permitiendo que la comunidad tribal de Cahuita prospere y mantenga su forma de vida tradicional.

Finalmente, los proyectos de ley patrocinados por las congresistas Katherine Moreira y Rosalía Brown sobre el supuesto “reconocimiento de los pueblos tribales” no abordan los problemas fundamentales de estas comunidades, prefiriendo evitar conflictos con políticas gubernamentales para aumentar sus posibilidades de aprobación. Esto deja a los pueblos tribales costeros a merced del ICT y el Estado costarricense.

Imagen ilustrativa.

Actividad derechos humanos colectivos: Encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes

La Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS anuncia que con apoyo de los fondos de la «Convocatoria IberCultura Viva de Apoyo a Redes y Proyectos de Trabajo Colaborativo 2023» y el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa del Pueblo Bribri de Salitre, el Concejo Iríria Sätkök del Pueblo Bribri de Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Recuperadoras/es Börán de San Andrés en Térraba, Comunidad Crun Shurín del Territorio Brörán de Térraba y Recuperadoras/es Cabécares de China Kichá y con apoyo del Centro de Comunicación Educativa Voces Nuestra, realizaron el tercer encuentro en Salitre.

Esta actividad se realizó en el marco del proyecto «Derechos humanos colectivos: Encuentros de los pueblos Bribri, Cabécar y Brörán desde sus identidades y prácticas culturales en el trabajo y cuido de la tierra y los bienes comunes.» Gracias a esta reunión, surgió la oportunidad de compartir con integrantes del Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wákpa, Autogobierno del Territorio Bribri de Salitre, con quienes se reflexionó sobre la situación actual de los derechos humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur, de cara a procesos de judicialización de varias personas por ejercer el derecho colectivo a la tierra.

Asimismo, se contó con la visita de representantes de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) que expusieron sobre el trabajo que llevan en la actualidad. Esta actividad se realizó en el Proyecto Agroturístico Yé Yamipa («mi familia» en Bribri). Un proyecto que integra cultivos tradicionales, resguardo de semillas criollas, arquitectura, arte y cocina tradicional bribri además de un hermoso paisaje natural.

Este encuentro terminó con una gira por las recuperaciones: Kapliña, Klo u ki, Shule krats y Kuchuk ut ki, donde las personas recuperadoras nos compartieron sus experiencias sobre el trabajo colectivo de la tierra y el manejo de los bienes comunes. Por último, se dio seguimiento a los procesos de prácticas productivas que se llevan a cabo desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur y se programaron las últimas actividades de cara al cierre del año.

Para más información ingrese al siguiente enlace: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nwDm7ZLZEEuFxgjAx4k8eEK5rv155JQFU3b6ooP1rfAhEe8psPEqLd8pL369jxx6l&id=100068456688706&mibextid=Nif5oz

El respeto a tus derechos empieza por los de tus ancestros

Bernardo Archer Moore

Por tal motivo se ha interpuesto UN RECURSO DE AMPARO EN CONTRA DEL ESTADO COSTARRICENSE.

El Recurso de Amparo presentado ante la Sala Constitucional a la 16:52 pm el día 09-11-2023 aún se encuentra en el proceso de inclusión de todos los nombres de los firmantes en el expediente.

La demanda consiste en 19 folios (páginas) de sustento jurídico acompañado por 124 folios (páginas) de pruebas, que busca reivindicar los siguientes derechos de los pobladores de Cahuita:

  1. Reconocimiento del Derecho de Pueblo Tribal lo cual implica:
  1. a) Reconocimiento de Vigencia y Eficacia de la Ley 35 de 1915 que declaró Ciudad al Poblado Bluff de Cahuita y la Autorización de su extensión a Playa Negra de Cahuita.
  2. b) El derecho ancestral sobre las tierras del antiguo poblado y fincas en Playa Blanca, hoy declaradas Parque Nacional de Cahuita, debido a la forma engañosa en que la misma fue incautada por los gobernantes entre 1908 y 1978.

Así como el libre acceso, mantenimiento y debido respeto a los restos de los fundadores sepultados en el primer cementerio de afrodescendientes ancestrales fundadores de ese primer poblado de Cahuita.

  1. En consecuencia, que se declare inaplicable la Ley ZMT 6043, sus reformas, Reglamentos y planificación (PRC) a las áreas costeras de Cahuita, así como las presentes restricciones ambientales de “Patrimonio Natural del Estado” (PNE).

Logrando así la restitución del derecho de propiedad a las familias desposeídas de sus tierras, y el derecho de estos, a colocar esas áreas de interés nacional de protección ambiental en los programas de Pagos por servicios Ambientales (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (“FONAFIFO”).

Es decir, que ese dinero les sea pagado directamente a las familias desposeídas de sus tierras, y no al Estado como ocurre actualmente. Esa es la naturaleza de desarrollo que merece y necesita un pueblo tribal.

Publicado en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.

Urgen solidaridad para la Alianza Campesina

Comunicado

La Alianza Campesina necesita solidaridad para mantener su valiente movilización por tierra para trabajar y vivir.

Este martes están en la UCR. Urge solidaridad popular y de las organizaciones sociales.

Se puede apoyar con alimentos para cocinar o bien dinero por SINPE al 64542411 de Yessenia Barraza Orozco.

Agradecemos todo acto de solidaridad con estos compañeros y compañeras que vienen por necesidad y valor, con personas mayores, embarazadas y niños y niñas de brazos. Necesitan nuestra ayuda en su lucha. Solo el pueblo salva al pueblo.

Información compartida con SURCOS por Ciska Raventós.

Alianza Campesina Informa: Desalojo en Monteverde tensiones y omisiones presentes

Observatorio de Bienes Comunes

La Alianza Campesina nos informa sobre la situación que está enfrentando el Asentamiento de Monteverde ante un nuevo desalojo ¿Qué pasó? ¿Qué implicaciones representa para las personas? ¿Qué papel está teniendo el Estado? Nos presenta la información Hugo Sandoval de la Alianza Campesina para comprender el contexto y las tensiones que hoy están enfrentado.

 

Para mantenerse informado recomendamos seguir el Facebook de la Alianza Campesina.

Para conocer la descripción de la situación actual por parte de Hugo Sandoval ingrese en este enlace.

Galería, fotos aportadas a través del Facebook de la Alianza Campesina y Hugo Sandoval.

Comunidad Ngäbe de Sixaola propone fincas para conformar su nuevo territorio

La representación indígena mostró a la delegación del gobierno las fincas propuestas para el desarrollo del nuevo territorio Indígena Ngäbe de Sixaola.
  • Ministro de Justicia y Paz recorre las fincas y mesa técnica visitará la zona el próximo 2 de setiembre*

  • Programa kioscos Socio ambientales reconoció las fincas propuestas por la comunidad

El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, reconoció el pasado 19 agosto, las fincas propuestas por la representación indígena para conformar un nuevo territorio Indígena Ngäbe de Sixaola de Talamanca. Este acercamiento es parte del compromiso asumido por el Gobierno de la República el pasado 9 de agosto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, tras la visita que realizó una delegación del pueblo Ngäbe para exigir de forma pacífica su territorio.

Thalía Jiménez de la Asociación Meri Dirikä de Mujeres Ngäbe de Sixaola aseguró que “este 2 de septiembre* viene de nuevo el ministro para sentarse con nosotros a ver las posibles tierras que nos van a conceder. Nosotros basándonos en el Convenio169, por derecho nos deberían de dar los terrenos para nuestra costumbre y tradición verdad, estamos pidiendo un poco de lo mucho que nos ha quitado”.

El pasado 26 de agosto el Programa Kioscos Socioambientales realizó el mismo recorrido que el ministro para evaluar con la comunidad el estado y las condiciones de las fincas. Además de Thalía Jiménez, Federico Abrego de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) y Nicolás Gonzáles de la Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS) fueron parte del trayecto que se realizó en la gira.

Federico Abrego Abrego declaró: “creo que el Gobierno está muy claro de lo que le estamos exigiendo, no estamos pidiendo nada que no esté escrito, sino es algo que es un derecho de nosotros, las declaraciones de las Naciones Unidas lo dice muy clarito también.”

Nicolás asegura que su interés es “tener nuestro propio territorio en donde podamos vivir tranquilos a futuro pues también pensando de que tenemos un pocotón de niños nacidos en Costa Rica y que se merecen sus terrenos ya libres de cualquier otra cosa”.

En una carta presentada en marzo le recordaron al presidente Rodrigo Chaves, que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.

Esta comunidad logró después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó pleno derecho a la nacionalidad costarricense, en tanto son un pueblo originario previo a la constitución de las naciones y fronteras costarricense y panameña.

Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en dicha carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10.000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.

Informes con Manuel Palacios tel. 6408-4597 y al correo manupab06@gmail.com

* Inicialmente la visita estaba pactada para el 8 septiembre, sin embargo, el gobierno pidió adelantar la fecha al sábado 2 de septiembre aprovechando la gira presidencial que se está desarrollando esta semana en la provincia de Limón.

Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

ACODEHU expresa apoyo total a las campesinas y campesinos de las fincas “Ramón Machado García”, Zona Sur-Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente carta enviada por ACODEHU:

San José, martes 15 de agosto de 2023

En primer lugar, queremos manifestar a la opinión pública e internacional nuestro total apoyo a las campesinas y campesino que hoy ocupan las tierras de las fincas denominadas “Ramón Machado García”, formadas por las siguientes fincas: Mariposa 1, Mariposa 2, Mariposa 3 y 5, Mariposa 4, además las fincas: China, Veracruz, Las Torres, El Ceibo y los Corrales y finalmente Mitre y Corrales.

En estas fincas se ubican 632 familias, que han venido laborando la tierra con esmero, compromiso y voluntad de trabajo.

¿Debe la política de Estado dirigirse al Desarrollo Rural?, sin embargo, parece que la misma está centrada en el afiche, las fotografías sonrientes y los dibujitos multicolores.

Bajo los principios que rigen hoy al Instituto de Desarrollo Rural-INDER, exigimos una respuesta inmediata y de forma escrita, a fin de que, el área de interés que conforman dichos terrenos, sean entregados a quienes producen la tierra. Sin campesinos y campesinas, no es posible la alimentación en las mesas de los costarricenses

El 26 de julio 2023, representantes de este amplio sector de campesinos(as), con el apoyo de la ACODEHU presentaron por escrito la solicitud de una cita con el presidente de la institución (INDER), hasta la presente fecha no se ha logrado respuesta alguna.

Como organización protectora y defensora de los Derechos Humanos Fundamentales en Costa Rica, nos embarga una serie de preocupaciones que deben tener una respuesta concreta para las familias establecidas, con arraigo y amor a la producción.

En primer lugar, cuando se creó la Ley de Tierras y Colonización-ITCO, ley No. 2825. Octubre de 1961, el espíritu de esa ley, en el marco del Estado Social Democrático, era favorecer al campesinado sin tierra.

Posteriormente, vino una modificación al ITCO, y nace así la Ley 6735; ley del IDA, aunque se mantiene la intervención del Estado en todos los casos, el espíritu de reforma agraria del ITCO, se pierde y la agricultura se orienta a una economía de agricultura transnacionalizada. Son los años de la «agricultura de cambio».

Hoy día, nuestra gran preocupación gira en torno a la Ley 9036, ley que crea el INDER, porque se debilita su naturaleza en apoyar al sector agrícola y al campesinado. Por el contrario, se convierte en un ente mediador para negociar propiedades y orientar la realidad del campesino a una proletarización acentuada, en función del capital privado.

Aunque el INDER establece una gobernanza para la ruralidad costarricense, una política de desarrollo de los territorios rurales; pensamos, desde la ACODEHU, que si en verdad la “visión” y “los objetivos” de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030-PEDRT, estuviesen comprometidos con las y los agricultores, el sector campesino no hubiese sido víctima del menosprecio que han sufrido en las últimas tres magistraturas, incluyendo lo que va de la actual administración de Rodrigo Chaves.

Una marcha multitudinaria de las y los campesinos realizada en el presente año, es objetivada con un lenguaje vulgar, por parte del presidente como “la marcha del chopsui”. De igual forma, se establece “la ruta del arroz”, pero es una ruta que lleva a la quiebra a pequeños y medianos productores de arroz. Se ejecutan desalojos administrativos de manera violenta y Costa Rica dejó de ser un país autosuficiente en el tema agropecuario. . Hoy importamos el arroz, los frijoles, el maíz. El respeto a los territorios ancestrales y a los territorios de la ruralidad viven el abandono, la desprotección y violencia institucional y gubernamental.

En este gobierno, desaparece la política de mercado de los productos agrícolas nacionales, se cierran los créditos bancarios, la pobreza, pauperización y proletarización del campesinado costarricense están presente. Se vive así, una desatención absoluta del agro costarricense. De tal forma que, la gobernanza hacia un desarrollo equitativo e inclusivo solo es una expectativa de derecho. Lo real son las cifras de pobreza en nuestro sector agrario.

Lo real son los datos duros en nuestro sector agrario, en lo que atañe a los medianos y pequeños productores.

Finalmente, la sostenibilidad y las acciones de intervención directa a favor de la soberanía alimentaria y a la autogestión de un buen vivir, no son atendidas por el aparato institucional, como lo sugiere el PEDRT.

Con base en lo anterior, la ACODEHU solicita al INDER y al gobierno del presidente Rodrigo Chaves una respuesta pronta para solucionar el conflicto agrario en las fincas referidas como «Ramón Machado García».

Sin campesinos no hay comida en las mesas
de los miles de costarricenses que
dependemos del sector agrícola.

La tierra para quien la trabaja.

Alto a los desalojos administrativos.

Firmas responsables, por la ACODEHU
Asociación Costarricense de Derechos Humanos
Ana Cecilia Jiménez Arce. Presidenta-ACODEHU
Efraín Valverde. Fiscal-ACODEHU

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