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Rodrigo H. Campos Hernández

¿Qué relación puede existir entre estudiantes franceses que reclaman condiciones dignas para estudiar, personas que se movilizan en España por el derecho a la vivienda, jóvenes que rechazan la militarización de su futuro y productores costarricenses que defienden sus posibilidades de subsistencia? ¿Qué conecta esas luchas con la solidaridad hacia Palestina, la defensa de la universidad pública y la exigencia de que los gobiernos respeten las decisiones judiciales?

No estamos necesariamente ante un movimiento internacional coordinado. Tampoco sus protagonistas comparten una misma interpretación del mundo. Sin embargo, la diversidad de las demandas permite reconocer una preocupación común: la creciente dificultad para sostener una vida digna y participar efectivamente en las decisiones que la condicionan.

Esta es una lectura de coyuntura. Su propósito es identificar relaciones entre acontecimientos que suelen presentarse como noticias separadas. La hipótesis que propongo es que atravesamos una crisis de la democracia liberal en la que confluyen el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el fortalecimiento de proyectos autoritarios y una reorganización conflictiva del poder mundial.

La vida como problema político

La educación, la vivienda, la salud y la alimentación constituyen las condiciones materiales de la ciudadanía. Su deterioro tiene consecuencias democráticas: una persona absorbida por la incertidumbre de dónde vivirá, cómo se alimentará o si podrá continuar estudiando dispone de menos recursos para intervenir en la vida pública.

Las movilizaciones estudiantiles francesas expresan esa relación. Los reclamos por personal docente, infraestructura y condiciones educativas cuestionan la distancia entre las promesas de igualdad y las oportunidades concretas para construir un futuro. La incorporación de estudiantes de secundaria resulta especialmente significativa: quienes apenas comienzan a ejercer su ciudadanía están señalando las insuficiencias de la sociedad a la que se les pide integrarse.

En España, las protestas por la vivienda y la indignación ante el fallecimiento de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de su hogar, colocan otra dimensión del conflicto: la distancia entre el reconocimiento del derecho a una vivienda y las condiciones efectivas para permanecer en ella. Su historia se convirtió en un símbolo de una inseguridad compartida por muchas otras personas.

La pregunta que atraviesa estos acontecimientos es profundamente política: ¿qué significa pertenecer a una democracia cuando los medios necesarios para vivir quedan fuera del alcance de una parte de su población?

Cuando la respuesta es la represión

La protesta constituye una forma de participación democrática. Permite hacer visibles necesidades que los procedimientos ordinarios no han atendido y disputar decisiones que afectan a sectores excluidos de su elaboración.

Por eso, la respuesta represiva merece ocupar el centro del análisis. En Francia, las noticias sobre gases, detenciones y denuncias de violencia contra estudiantes muestran que el conflicto comprende también la manera en que el poder enfrenta a quienes cuestionan sus prioridades.

No toda intervención policial tiene el mismo carácter. Pero cuando las demandas pasan a segundo plano y sus protagonistas son tratados principalmente como amenazas al orden, se produce una inversión: quienes denuncian una situación intolerable terminan convertidos en el problema que debe controlarse.

La democracia pierde sustancia cuando reconoce formalmente el derecho a expresarse, pero encarece su ejercicio mediante intimidación, estigmatización o violencia. El conflicto social puede revelar fallas institucionales; la represión puede profundizarlas al cerrar las posibilidades de una respuesta negociada.

La extrema derecha y la administración del malestar

Esta coyuntura adquiere otra dimensión cuando se examina el avance de las derechas radicales. Su fuerza política se alimenta de frustraciones reales: inseguridad, precariedad, desconfianza y sensación de abandono. Su eficacia consiste, en parte, en ofrecer una interpretación de esas experiencias y señalar responsables.

Migrantes, sindicatos, feminismos, universidades y organismos de derechos humanos pueden aparecer entonces como enemigos de una comunidad supuestamente amenazada. La promesa de restauración del orden permite desplazar la discusión sobre las estructuras que producen desigualdad hacia la persecución de actores presentados como culpables.

Las variantes nacionales importan. Algunas fuerzas promueven recortes y privatizaciones; otras ofrecen protección social selectiva, reservada a quienes consideran miembros legítimos de la nación. En ambos casos debemos preguntar qué ocurre con la universalidad de los derechos y con la posición de quienes quedan excluidos.

Tampoco el deterioro comenzó con el ascenso reciente de estas fuerzas. Gobiernos de distintas orientaciones contribuyeron al desgaste de las protecciones sociales y de la representación política. Reconocer esa responsabilidad permite comprender el terreno sobre el que crece la extrema derecha, sin borrar las diferencias entre proyectos ni atribuir a todos los gobiernos una intención idéntica.

La particularidad autoritaria aparece cuando el malestar se utiliza para concentrar poder y debilitar las herramientas con las que la ciudadanía podría exigir una distribución distinta de recursos, riesgos y oportunidades.

Vaciar la democracia desde sus instituciones

La degradación democrática puede desarrollarse mediante procedimientos formalmente institucionales. Una mayoría electoral puede presentarse como autorización para deslegitimar tribunales, restringir autonomías o excluir interlocutores incómodos.

Bajo ese razonamiento, la victoria en las urnas deja de ser un mandato limitado y se convierte en una pretensión de dominio sobre el Estado. Los controles aparecen como obstáculos; la oposición, como sabotaje; la protesta, como amenaza.

Aquí radica una contradicción decisiva: se invoca la democracia para debilitar las condiciones que permiten ejercerla. Pueden mantenerse elecciones y organismos públicos mientras disminuye la capacidad efectiva de la población para controlar a quienes gobiernan.

Sin embargo, las instituciones conservan diferencias y conflictos internos. Un tribunal que limita al Ejecutivo, una universidad que produce conocimiento crítico o una organización que defiende derechos muestran que el Estado y la sociedad siguen siendo terrenos en disputa. Defender esas capacidades forma parte de la resistencia al vaciamiento democrático.

Costa Rica: representación, sustento y pensamiento crítico

Los acontecimientos costarricenses permiten observar varias expresiones de esta tensión.

La controversia por la incorporación de Rocío Alfaro como representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS afecta la participación de un sector social en una institución fundamental. La información publicada recoge una orden de la Sala Constitucional y la denuncia posterior de incumplimiento del plazo por parte del Gobierno. El problema político es evidente: una garantía pierde eficacia cuando su cumplimiento puede postergarse hasta neutralizar la representación que debía proteger.

Las movilizaciones agropecuarias frente a Casa Presidencial, por su parte, colocan en discusión los efectos de la eventual adhesión al Acuerdo Transpacífico. Además de las diferencias sobre sus consecuencias económicas, aparece el reclamo por la participación de quienes enfrentarían esos efectos. La deliberación democrática exige que las personas afectadas puedan incidir en las decisiones y conocer cómo se distribuirán sus beneficios y costos.

El señalamiento de supuesto adoctrinamiento de izquierda en las universidades públicas introduce otra dimensión. Según información periodística, una diputada oficialista pidió investigar el aparente financiamiento estatal de proyectos de esa orientación. Se trata de una acusación política que requiere pruebas, no de una descripción acreditada del trabajo universitario.

Fiscalizar recursos públicos es una obligación legítima. Convertir la orientación ideológica atribuida a una institución en motivo de sospecha abre, en cambio, la posibilidad de usar esa fiscalización como instrumento de disciplinamiento.

Una universidad debe permitir estudiar y discutir el marxismo, el liberalismo, el conservadurismo y cualquier otra tradición mediante argumentos y evidencia. Conocer una corriente no equivale a adherirse a ella. El adoctrinamiento comienza donde se impide preguntar, contrastar y disentir.

La autonomía tampoco exime de rendir cuentas. Protege la posibilidad de investigar y enseñar sin someter el conocimiento a la conveniencia del gobierno de turno. Cuando el pensamiento crítico se presenta como peligro, la discusión presupuestaria puede transformarse en una disputa sobre quién tiene derecho a interpretar la realidad.

En ese mismo ámbito de circulación de ideas se ubica la cancelación de las funciones del documental Naza en Cinema San Pedro. La retirada está documentada; atribuirla concluyentemente a presiones diplomáticas requiere evidencia adicional. El episodio permite, en todo caso, preguntar por las condiciones que favorecen o restringen el acceso del público a obras políticamente incómodas.

Un orden mundial en disputa

Estas tensiones ocurren en un escenario de competencia entre centros de poder. La erosión relativa de la hegemonía estadounidense y el avance de la multipolaridad modifican alianzas, dependencias y márgenes de actuación.

Multipolaridad y multilateralismo son procesos diferentes. La existencia de varias potencias no garantiza cooperación, respeto por el derecho internacional ni democratización. Puede ampliar las opciones de algunos países y, simultáneamente, intensificar disputas por recursos, mercados y territorios.

En ese contexto, la seguridad y la competencia internacional pueden convertirse en argumentos para exigir sacrificios internos. La cuestión democrática consiste en determinar quién define esas prioridades y quién soporta sus consecuencias.

La tensión entre el reconocimiento a Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y las presiones estadounidenses sobre la Corte Penal Internacional ilustra la disputa por la eficacia de los límites jurídicos frente al poder. La universalidad de los derechos pierde credibilidad cuando su exigencia depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.

También desde esta perspectiva, las movilizaciones electorales brasileñas pueden interpretarse como algo más que adhesión a una candidatura. Para sectores que apoyan a Lula, está en juego el rechazo al proyecto representado por Flávio Bolsonaro. Reconocer esa diferencia no exige ignorar las contradicciones del gobierno ni renunciar a cuestionarlo.

La promesa de salvación y las políticas contra la vida

Cabe aquí una digresión teológica. El apocalipsis puede pensarse, en su sentido de revelación, como una imagen de aquello que una crisis deja al descubierto.

Desde esa perspectiva, conviene interrogar los discursos que prometen salvar la civilización, la nación o la familia mientras aceptan que determinadas poblaciones carguen con abandono, exclusión o violencia. La pregunta se dirige a sus consecuencias y a las prioridades que las justifican.

Llamar “anti vida” a una política exige precisar su contenido: decisiones que deterioran las condiciones para vivir, trasladan daños evitables a los sectores más vulnerables o subordinan derechos fundamentales a la protección de privilegios.

La contradicción resulta especialmente visible cuando esos proyectos se presentan como defensores de valores cristianos. Su pretensión moral debe confrontarse con el trato que proponen para las personas pobres, extranjeras, disidentes o afectadas por la guerra. Esta crítica se dirige a la instrumentalización del lenguaje religioso y reconoce que también existen comunidades creyentes comprometidas con la solidaridad y la justicia.

La metáfora del anticristo podría expresar esa inversión: una promesa de salvación cuyo cumplimiento exige sacrificar a otros. Su valor crítico reside en revelar esa contradicción, sin convertir la discusión política en una clasificación de enemigos proféticos.

Resistir también es producir democracia

Las movilizaciones descritas no garantizan una transformación emancipadora. Pueden dispersarse, ser reprimidas o quedar atrapadas en respuestas que reproduzcan la exclusión. La indignación no tiene un destino político asegurado.

Sin embargo, permiten reconocer una disputa que atraviesa esta coyuntura: amplios sectores se resisten a aceptar que su educación, vivienda, sustento o existencia constituyan el costo inevitable de decisiones en las que apenas participan.

La crisis democrática se profundiza cuando la incapacidad para garantizar una vida digna se convierte en oportunidad para concentrar poder y restringir la capacidad de exigirla. Frente a ello, defender la democracia supone proteger libertades y controles institucionales, ampliar la participación y transformar las condiciones materiales que vuelven desiguales a quienes formalmente son ciudadanos iguales.

El desafío consiste en reconocer vínculos entre luchas distintas sin borrar sus particularidades. La defensa de una escuela, de una vivienda, de la producción agrícola o de la libertad de pensamiento puede encontrarse en una exigencia compartida: que la organización de la sociedad responda a las necesidades de quienes la sostienen.

Una democracia debe poder ser interpelada y transformada por esas personas. Cuando les exige silencio y sacrificios mientras protege privilegios, son precisamente quienes protestan los que vuelven a plantear su pregunta fundamental: ¿para quién y para qué se ejerce el poder?