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Comunidades de Guadalupe y Tibás se solidarizan con Hatillo en lucha por el agua

Escrito en 20/03/2024. Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Comunidades de Guadalupe y Tibás presentan comunicados en solidaridad con Hatillo en su lucha por el acceso al agua. Ambas comunidades denuncian la inoperancia de las autoridades responsables y la falta de soluciones concretas frente a la problemática del desabastecimiento de agua potable. Además, resaltan las consecuencias negativas que este problema tiene en diversos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la educación y las labores de cuidado, así como el impacto desigual que afecta especialmente a las comunidades de clase trabajadora.

Comunicado Guadalupe por el agua

El día de hoy en horas de la mañana recibimos la noticia de la detención de al menos 9 personas, incluidos dos regidores municipales electos, mientras se manifestaban en la zona de Hatillo por su derecho al recurso hídrico.

Como vecinas y vecinos de Guadalupe vivimos en carne propia los daños y efectos del desabastecimiento de agua en nuestras comunidades y también nos hemos organizado para defender nuestro derecho.

Denunciamos la inoperancia del AyA y el gobierno de Rodrigo Chaves para dar solución a este grave problema, así como las maniobras para evitar que las comunidades se organicen.

Nos solidarizamos con las personas detenidas y exigimos que se elimine cualquier causa en su contra, pues su lucha por el agua es justa y también es nuestra lucha. Llamamos a que todas las comunidades nos organicemos para exigir nuestro derecho al agua.

Unidos por el Agua – Guadalupe

Martes 18 de marzo 2024

Comunicado Tibás por el agua

Desde el movimiento de personas vecinas de Tibás organizadas “Tibás por el agua”, denunciamos que:

Las personas vecinas de Hatillo, al igual que nuestra comunidad, ha venido sufriendo graves problemas de abastecimiento de agua potable desde hace ya más de un mes (misma situación que vienen viviendo comunidades como Guadalupe, Moravia, La Carpio, Alajuelita, Tres Ríos, etc). Este faltante de agua ha llegado a afectar incluso el acceso a educación, teniendo varios centros educativos que suspender lecciones por la falta de agua.
El no tener acceso al agua, implica una afectación directa a las labores de cuido, mismas que mayoritariamente asumen las mujeres, de modo que se convierte en un elemento más para las brechas que ya de por sí socialmente existen para este sector, incluso incrementando la violencia de género frente al no cumplimiento de estas labores impuestas, esto sumado a la acumulación de carga laboral no remunerada.
Ante esta situación, desde hace varias semanas la comunidad organizada de Hatillo se he venido manifestando para exigir acceso al derecho básico del agua, obteniendo constantes promesas que hasta el momento no se han cumplido.
El día de hoy, lunes 18 de marzo en horas de la mañana, por órdenes de la fiscalía, la policía reprime la manifestación de estas personas organizadas, resultando nueve personas detenidas y trasladadas por flagrancia.
Frente al incremento de la inseguridad y violencia resulta indignante e incomprensible que se destinen recursos policiales y judiciales para amedrentar personas por exigir su derecho a tener agua potable en sus hogares y quienes no estaban cometiendo ningún delito, mientras la delincuencia organizada transita libremente armada. Esto deja en entredicho la función de las fuerzas policiales y del Ministerio de seguridad pública, quien el día de hoy no pareciera demostrar que su labor es la protección de la ciudadanía, sino más bien la persecución de personas que simplemente luchan por derechos básicos, como el acceso a agua.

Por lo tanto:

Desde el movimiento “Tibás por agua” nos solidarizamos con las personas vecinas de Hatillo que han venido organizándose en pro de su derecho al agua y especialmente con las nueve personas detenidas el día de hoy.
Exigimos la inmediata liberación sin cargos, ni represalias de las personas detenidas, así como una inmediata investigación sobre este proceder dudoso de parte del ministerio público de ordenar la detención de líderes comunales.
Exigimos a las autoridades del AyA y al gobierno una solución inmediata al faltante de agua tanto en Hatillo como en las demás comunidades que venimos denunciando dicho faltante, siendo que aparte de constantes reuniones dónde se nos prometen acciones que nunca se llevan a cabo, no vemos voluntad real alguna de parte de las autoridades para solucionar un problema tan grave como el del acceso al agua.
Exigimos consecuencia, dado que, si por un lado la semana pasada se abrió una mesa de diálogo con las distintas comunidades afectadas, resulta inconsecuente que el día de hoy se le responda a la comunidad de Hatillo con represión y detenciones innecesarias. Esto nos genera una desconfianza total hacia dicho supuesto diálogo.
Hacemos un llamado a todas las comunidades afectadas a unirnos y organizarnos en defensa del agua en las calles y no dejarnos amedrentar, siendo que además se hace evidente que el acceso al agua también es un tema de clase, en dónde son las comunidades de la clase trabajadora las que sufren del faltante de agua y no las de las clases con alto poder adquisitivo, lo que a su vez repercute en el acceso a educación, labores de cuido y trabajo.

Tibás por el agua

Martes 18 de marzo 2024

El derecho al agua es un derecho humano fundamental, como también lo es la protesta social

Escrito en 19/03/2024. Publicado en Derechos.

San José, lunes 18 de marzo de 2024

Denuncia pública a la opinión nacional e internacional

El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.

Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.

Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.

Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública. En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.

Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.

Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.

Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.

Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.

¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!

LA DEMOCRACIA DE LA CALLE TAMBIÉN ES UN DERECHO

PROTESTAR ES UN DERECHO NO UN DELITO

Hatillo: agua y criminalización de la protesta social

Escrito en 19/03/2024. Publicado en Agua, Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 18 de marzo del 2024, las comunidades de Hatillo continuaron sus manifestaciones en reclamo por las pésimas condiciones de suministro de agua potable que les viene afectando desde semanas atrás. De forma selectiva, las fuerzas policiales actuaron privando de libertad a las personas lideresas comunitarias, lo que demostró una estrategia de represión focalizada, con el fin de desarmar el movimiento e intimidar a las personas participantes.

Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:

Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.

Les compartimos esta infografía para abrir este debate.

Detenidos por exigir agua en Hatillo

Escrito en 19/03/2024. Publicado en Agua, Derechos.

El martes 18 de marzo, un grupo de personas se unieron para demandar un correcto suministro de agua en Hatillo, y como respuesta institucional se empezaron a realizar arrestos hacia los líderes de dicha movilización.

El video adjunto a esta nota evidencia los arrestos, donde el autor del video destaca la detención selectiva de personas, al ser a los líderes de la protesta a quienes están arrestando, además se reporta una agresión policial a una mujer durante el suceso.

Se reportan 12 personas detenidas, quienes se encuentran en la delegación de Barrio México, a la espera de ser trasladados al primer circuito judicial. Entre los detenidos se encuentran Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valery Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, José Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas, y una mujer no identificada.

Ante esto, el sindicato de trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (AyA) solicitan una liberación inmediata a los ciudadanos de Hatillo que exigen agua en cantidad y calidad, e infraestructura para las comunidades, no “curtidas con cisternas”, como mencionan.

El sindicato indica que el Presidente Ejecutivo del AyA brinda a empresarios luz verde para disponibilidades, pero no resuelve sobre el recurso para los habitantes. Ante esto demandan urgencia para un decreto que active infraestructura para las comunidades vulnerables, y la redistribución de agua de zonas adineradas a zonas con menos recursos.

Indican que se esperaba un número mayor de detenidos, junto con el ingreso de patrullas a la delegación. De esta forma, llaman a la solidaridad con las personas detenidas ya que la protesta social es un derecho y no un delito.

Pronunciamiento Frente Nacional de Lucha

Escrito en 18/03/2024. Publicado en Agua, Derechos.

El Frente Nacional de Lucha (FNL) alza su voz a modo de protesta en contra de la detención de Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valkyrie Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, Juan Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas y una mujer no identificada, el día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, que se da durante la manifestación de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes reclamaban por el derecho humano al agua potable.

Esta detención se realiza, según declaraciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, porque existe una denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de algunas de estas personas y el fiscal Álvaro Montoya ordenó su detención. Consideramos que esta es una detención sistemática y selectiva que recae sobre las personas líderes de este movimiento, dentro de quienes destacan miembros del recientemente electo Consejo Municipal del cantón San José, entre los cuales se encuentra David Contreras, regidor electo por el Partido Frente Amplio (FA). Además, después de estos hechos, la policía ha continuado amenazando a las personas manifestantes con realizar más detenciones.

Tres de las personas detenidas fueron trasladadas al Circuito Primero de Flagrancia y las demás personas permanecen detenidas en la Delegación de Barrio México, donde Sofía Guillén, diputada del FA, ha llegado a dar su apoyo, en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. En estas circunstancias, se evidencia el incumplimiento de los cuerpos policiales de Costa Rica para preservar y proteger la libertad, la dignidad y la vida de la población, y denunciamos la línea autoritaria de gobierno que intenta criminalizar y desmovilizar una protesta social que exige agua potable para los hogares. Esta criminalización tiene como fin continuar con el modelo de privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los seguros, etc., que son servicios y derechos vitales para que la población tenga una calidad de vida digna. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos, ya que estas están estrechamente vinculadas a la promoción y defensa de la democracia. La indignación de las personas manifestantes debe ser considerada como una demanda colectiva, para un cambio social en favor del cumplimiento del derecho constitucional al agua potable. Desde el FNL consideramos que esto es un ataque directo en contra del derecho a la protesta y censuramos la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garantía frente a los derechos involucrados; desaprobamos la vulneración de los derechos a la libertad y la seguridad personal de quienes participaron en la manifestación.

El Frente Nacional de Lucha indagará el origen de la denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de las personas líderes del movimiento y los motivos específicos de específicos de su detención para denunciar nacional e internacionalmente las injusticias a partir de las cuales nos pretenden imponer un modelo de estado en el cual el agua no sea un derecho humano, sino un bien económico y donde las leyes sólo sirvan para el beneficio de unos cuantos grupos de poder.

PRONUNCIAMIENTO-FNL Descarga

No a la represión de las comunidades en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable

Escrito en 18/03/2024. Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

La Alianza Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCAA) y la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA); organizaciones basadas en San José Costa Rica; manifestamos nuestro absoluto repudio a los hechos de represión y detención de dirigentes comunales y municipales en lucha por el derecho humano de acceso al agua potable en la comunidad de Hatillo, al sur de San José, capital de Costa Rica.

Desde hace años estas comunidades vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares, situación que se ha ido agravando como consecuencia del cambio climático global, que ha hecho más extensa y severa la estación seca en nuestro país; pero sobre todo, debido a la desidia, al desinterés y a la incapacidad de las autoridades de gobierno, que no han tomado las previsiones necesarias para adaptar al país a esta nueva realidad; lo que ocasiona graves problemas no solo de aseo, higiene y salud para estas poblaciones, sino incluso dificultades para la preparación de los alimentos, para la obtención de agua para consumo humano y uso doméstico; así como también el cierre de las escuelas, violentando el derecho a la educación de miles de niños y niñas, por falta del vital líquido.

Nos Solidarizamos con estas comunidades en lucha y con todas aquellas poblaciones que levantan la voz por su legítimo derecho a contar con acceso a agua potable en condiciones de cantidad y calidad adecuadas.

Hacemos un vehemente llamado a las autoridades del gobierno de la República, a que cesen de inmediato la represión, a que liberen sin cargos a todas las personas detenidas, y al cese inmediato de la criminalización y judicialización de la protesta social pacífica y al uso del sistema legal como instrumentos de represión en contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales y sociales.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones ambientalistas y comunitarias, así como a las distintas municipalidades del país a que se pronuncien y se movilicen contra estos hechos de represión.

San José, Costa Rica, a los 18 días del mes de marzo del 2024

Resistencia organizada y defensa de los derechos fundamentales

Escrito en 12/03/2024. Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado de MUSADE

Socias de La Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, reunidas en asamblea el 9 de marzo de 2024 en la ciudad de San Ramón, reafirmamos de forma unánime, nuestro compromiso por la protección de los derechos fundamentales y la defensa de los intereses de nuestra comunidad, con las siguientes causas:

Nos comprometemos a defender la C.C.S.S como pilar indispensable del sistema de seguridad social. Nos oponemos a cualquier intento de privatizar los servicios de salud, así como al proyecto de copago de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Ratificamos la importancia de mantener la gestión pública y democrática de los servicios de salud, garantizando el acceso universal y equitativo, por lo que seremos vigilantes de cualquier intento de debilitamiento de los mismos.
Respaldamos el derecho al agua como un recurso vital y esencial para la dignidad humana. Nos comprometemos a proteger y preservar este recurso y la lucha por el acceso equitativo y sostenible para todas las personas.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias del asentamiento Los Jardines de San Juan de San Ramón, en su lucha por el reconocimiento y la protección de su derecho legítimo a la tierra y la vivienda digna, demandando soluciones justas y sostenibles.
Nos mantendremos vigilantes en la defensa de los derechos de las mujeres, amenazados por la persistencia de la discriminación, la violencia de género y otras formas de injusticia, así como el deterioro de las políticas públicas con perspectiva de género y la reducción del gasto social, que afecta especialmente a las mujeres de sectores populares.
Reafirmamos nuestra defensa del estado social de derecho como principio fundamental de la democracia y la convivencia pacífica.
Demandamos una auditoria ciudadana para transparentar el manejo de fondos públicos y de pensiones y nos sumamos a los esfuerzos de la alfabetización sobre deuda pública, para garantizar comprensión de la ciudadanía sobre los alcances de esta auditoría.
Ratificamos nuestro compromiso con la alianza de los sectores y movimientos sociales de nuestro cantón, la región y a nivel nacional, como un espacio de unidad y acción colectiva en la defensa de los intereses populares y la justicia social en Costa Rica, manteniendo la resistencia organizada contra el neoliberalismo y el patriarcado.

Enid Cruz Ramírez
Firma responsable

San Ramón, 9 de marzo, 2024

AYA reforma el Reglamento de Prestación de Servicio: ¿Agilizando el extractivismo urbano?

Escrito en 12/03/2024. Publicado en Agua, Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes

Con el anuncio de la reforma al Reglamento de Prestación de Servicio realizado por la presidencia ejecutiva del AYA junto a la Cámara Costarricense de la Construcción, para garantizar una aprobación más rápida de las disponibilidades de agua para los desarrollos inmobiliarios en Costa Rica, nos gustaría reflexionar sobre el contexto en qué se está desarrollando esta iniciativa, que representa una forma más de desregulación de la normativa para facilitar las actividades de la industria de la construcción.

Costa Rica en la última década viene agudizando su situación en torno al agua, llegando a tener escenarios de estrés hídrico en alrededor de 34% de sus sistemas de abastecimiento (2022). Por esta razón, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estás iniciativas para la «promoción» de las actividades económicas del país. Más allá de la promoción, llama la atención las pocas acciones en torno a la protección de las fuentes de agua, como lo refleja la crisis actual que atraviesa la zona de Oreamuno de Cartago con la actual contaminación de la mayoría de sus nacientes de agua por plaguicidas.

Una institucionalidad que se preocupa por la «promoción» de actividades económicas, pero tiene un accionar deficiente en el desarrollo de esquemas de protección, sólo refleja la incidencia en las políticas públicas de ciertos actores económicos, para facilitar sus negocios sin ninguna responsabilidad en la sostenibilidad de los escenarios a los que nos están empujando, es decir, están cercando al agua, y provocando así, una agudización del agotamiento del abastecimiento potable.

Queremos reflexionar sobre el contexto del agua que recibe esta normativa, e invitarles a pensar sobre las implicaciones que tiene los extractivismos urbanos en nuestro contexto costarricense, donde actores económicos están presionando cada vez más para garantizar el incremento de sus actividades inmobiliarias gracias a una normativa a la medida. ¿Qué podemos esperar?

Les invitamos a leer el informe «Patrones e impactos del uso de agua y la energía en Costa Rica» escrito por Francisco Angulo, una investigación de base del Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2022, mismo que nos permite tener un mejor contexto del agua en el país.

Ciclos de aumento en el ritmo de construcción concuerda con episodios de movilización en comunidades costeras de Guanacaste

Escrito en 08/03/2024. Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Arturo Silva Lucas

El pasado de 13 de julio el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) hizo público el comunicado en el cual confirma que Guanacaste es la provincia que registra mayor intención de metros cuadrados (m²) de construcción para proyectos urbanísticos y habitacionales durante el primer semestre del año 2023. Desde el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OTMS) hemos apuntado en boletines anteriores esta tendencia ascendente desde el año 2014 [1] [2].
Los datos previamente publicados por el OTMS señalan que durante el año 2022 y el primer semestre del 2023 los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo, y, en menor medida, Liberia como los que concentran la mayor cantidad de m² destinados a proyectos urbanísticos, habitacionales, y en tercer lugar de tipo comercial. En Nicoya resaltan los destinos costeros de Nosara y Samara; en Santa Cruz las playas de Tamarindo y Cabo Velas. En el cantón de Carrillo el distrito de Sardinal, lugar donde se ubica Playas del Coco. Por su parte en el cantón de Liberia sobresale el distrito cabecero del mismo nombre y Playa
Nacascolo. Estos siete destinos se consolidan como puntos calientes del mercado de bienes raíces postpandemia. También, por el tipo de construcción se confirma que en Guanacaste se consolida la oferta turística residencial por sobre otras como la hotelería tradicional.
Lejos de ser un crecimiento de m² inédito, datos que abarcan desde los años 1984 a 2022 demuestran una tendencia afín, especialmente, desde la entrada del siglo XXI. Una primera lectura de los datos recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y analizados por el OTMS evidencian que la provincia de Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008 que supuso la desaceleración del mercado inmobiliario a escala planetaria. Con la diferencia que el actual repunte evidencia un ritmo mayor en un periodo de tiempo más corto. Mientras que en el pico de inversión del 2007 llegó a 711,195 de m² en periodo de siete años; para el 2022 alcanzó los 724,315 m² en solo dos años luego descenso a causa de la pandemia. Con una tendencia creciente que parece se mantendrá en este 2024.

Un análisis más detallado sobre la tendencia de inversión inmobiliaria en Guanacaste permite reconocer correlaciones relevantes vinculadas a episodios conflictivos. La revisión bibliográfica de los principales conflictos socioambientales en la provincia vinculados a desarrollos turísticos inmobiliarios en los cuales se haya utilizado repertorios de acción colectiva directa como bloqueos, marchas, perifoneo, vigilias y/o sentadas evidencia que suceden con cada aumento de inversión turística inmobiliaria. Desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el año 2000 hasta el 2021 se registran diecisiete acciones directas importantes en cuatro comunidades del norte hacia el sur de la provincia:
La Lorena (Santa Cruz): En el año 2000 la comunidad de La Lorena registró cuatro movilizaciones en contra de la intención del Hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones [3]. Posteriormente, en el 2014 y 2018 se registran dos últimas movilizaciones de la comunidad por el mismo motivo [4].

Sardinal (Carrillo): En el 2008 la comunidad de Sardinal registró siete movilizaciones en oposición a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en Playas del Coco [3]. Posteriormente en el 2019 se registra una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto [5].
Potrero (Santa Cruz): en octubre del 2014 la comunidad de Potrero realizó una sentada frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la Fuerza Pública. Posteriormente realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Las dos acciones manifestaban un rechazo a la pretensión de varios complejos residenciales de la zona de tomar agua para abastecer sus instalaciones [6].
Nosara (Nicoya): El 5 de junio del 2021 grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretende regular el crecimiento de residencias turísticas en Nosara y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona [7].
Esto permite llegar a unas primeras conclusiones del fenómeno turístico inmobiliario en Guanacaste. Primero, que el ritmo de inversión actual provincial evidencia una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. Segundo, cada ciclo de aumento de inversión parece estar vinculado a episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia. Tercero, la relación inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales se mueve históricamente hacia las playas al sur de la provincia a partir de la ubicación de las cuatro comunidades señaladas.

Notas
[1]. Barboza Núñez, E. (marzo, 2023) Boom inmobiliario dispara construcción en zonas costeras de Guanacaste
[2]. Díaz Soto, M. (agosto, 2023) Al cerrar el primer semestre de 2023, Guanacaste concentra el 25% del total de metros tramitados para construcciones de tipo habitacional en el país
[3]. Silva Lucas, A. (2019) Conflictividad hídrica en Guanacaste como consecuencia del desarrollo turístico: el caso de la comunidad de Sardinal. En: Agua y Poder en Costa Rica 1980-2017. Felipe Alpízar R,; editor. Centro de Investigación y Estudios Políticos, Escuela de Ciencias Políticas, Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica.
[4]. Silva Lucas, A. (2018). Lorena (Guanacaste): Agua, territorio y espacios de representación. Alba Sud, 05/12/2018
[5]. Silva Lucas, A. (2019). Inauguración del acueducto CocoOcotal: ruptura y profundización del modelo turístico en Guanacaste. Alba Sud, 13/03/2019
[6]. Bolaños Blanco, C. (2016) Conflictos socioambientales por la gestión del agua: el caso de la comunidad de Playa Potrero, Guanacaste. Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
[7]. Silva Lucas, A. (2021) Nosara se moviliza en apoyo al reglamento de construcciones. Alba Sud 24-06-2021

Desarrollos inmobiliarios en costas guanacastecas dieron pie a protestas por el agua

Escrito en 07/03/2024. Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

Los ciclos de aumento en el ritmo de construcción inmobiliaria concuerdan con episodios de protestas socioambientales en comunidades costeras de Guanacaste, señala el OBTUR-UNA.

El hecho de que Santa Cruz, Nicoya, Liberia y Carrillo concentren la mayor cantidad de metros cuadrados en desarrollos inmobiliarios de alto valor adquisitivo durante 2023, evidencia que Guanacaste vive un segundo repunte de inversión igual al experimentado en la primera década del siglo XXI; sin embargo cada ciclo de construcción fue antecedido por protestas comunales socioambientales en defensa del recurso hídrico, así lo informó el Observatorio de Turismo, Migraciones y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (OBTUR-UNA).

Una primera lectura hecha por el Observatorio a los datos emanados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) reveló que la provincia de Guanacaste afronta un segundo repunte de inversión igual de importante a la experimentada entre los años 2002 y 2007, hasta la crisis financiera global del 2008, con la diferencia que el repunte actual presenta un mayor ritmo en un periodo de tiempo más corto.

Un análisis bibliográfico realizado por los académicos de OBTUR-UNA, Esteban Barboza y Arturo Silva determinó que los principales conflictos socioambientales en Guanacaste, relacionados con desarrollos turísticos e inmobiliarios, han tenido su asidero en movimientos sociales (bloqueos, marchas, perifoneo o vigilias), los cuales suceden cada periodo de aumento en inversión turística e inmobiliaria en comunidades costeras.

Defensa del agua

Barboza y Silva detallaron que desde el inicio de la explosión inmobiliaria en el 2000 hasta 2021 ocurrieron 17 acciones directas en cuatro comunidades de la provincia.

La comunidad de la Lorena de Santa Cruz, registró en el 2000 cuatro manifestaciones contra la intención del hotel Meliá Conchal de tomar agua del acuífero Nimboyores para abastecer sus instalaciones. Posteriormente, en 2014 y 2018 ocurrieron dos movilizaciones más por el mismo motivo. En 2008, en Sardinal de Carrillo, los pobladores se lanzaron a las calles en siete ocasiones oponiéndose a la instalación de un acueducto para trasladar agua de los acuíferos locales a un conglomerado residencial en playas del Coco. Posteriormente, en 2019 se dio una última movilización en contra de la inauguración formal del acueducto.

La comunidad de Potrero de Santa Cruz en 2014 se manifestó frente a las oficinas administrativas del acueducto rural que incluyó un enfrentamiento con la policía; luego se realizó una vigilia nocturna en las bombas de agua que abastecen a la comunidad. Ambas acciones rechazaban la pretensión de varios complejos residenciales lujosos de tomar agua para abastecer sus instalaciones.

Para 2021, en Nosara de Nicoya, grupos organizados marcharon en apoyo a un reglamento que pretendía regular el crecimiento de residencias turísticas en dicho distrito y áreas circundantes al Refugio de Vida Silvestre Ostional. El acto fue en respuesta a la suspensión del reglamento provocado por un desarrollador inmobiliario de la zona.

Basados en lo anterior, los investigadores de OBTUR concluyen que el ritmo de inversión actual provincial muestra una mayor recuperación que en el periodo previo de 2002 al 2007. A la vez, cada ciclo de aumento de inversión se vincula con episodios de protestas y movilización social en comunidades costeras de la provincia.

La concordancia inversión inmobiliaria y conflictos socioambientales, basados en la defensa del agua, se mueve históricamente hacia las playas ubicadas al sur de la provincia, en las cuatro comunidades señaladas.

VÍDEO:

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica