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Etiqueta: derecho humano

El agua, accesibilidad universal y derecho humano

Dra. Daniela Astorga M./ dastorga75@gmail.com

Como profesional de la salud, soy una persona muy preocupada por el tema ambiental, en general, y por el agua y la importancia capital que tiene este vital líquido en la vida y en la salud de las personas, en particular.

Con respecto al tema ambiental, estoy convencida de que lo que hagamos hoy para preservar el medio y cuidarlo, sin duda, será la mejor herencia para las futuras generaciones. Ya lo dijo, con mucha claridad el Papa Francisco: Este planeta es la casa donde vivimos y, por ello, debemos cuidarla.

Considero que las y los costarricenses debemos contribuir en todos los frentes posibles (reciclaje y control adecuado de los desechos, son dos de ellos), para asegurar la reducción de la contaminación del medio.

Sin embargo, hay una batalla que considero que es fundamental, en el presente, dentro de la agenda ambiental. Es la de asegurar agua pública y de calidad para todos, ahora y de cara al futuro.

Hemos visto con gran preocupación como hay sectores que quieren privatizar este valioso y vital líquido. Hay países que tomaron esta medida y eso hace que hoy, muchos de sus habitantes o no cuenten con agua potable o para contar con ella, tengan que pagar precios inaccesibles e inasequibles, a empresas que lucran con el recurso hidríco.

Algunas empresas privadas, en sus propósitos en el control del “negocio” del agua, fueron tan lejos que en el convenio con un gobierno sudamericano, pretendían que una claúsula, prohibiera expresamente que las personas recolectaran el agua de lluvia. Esto sucedió en Bolivia hace pocos años.

La preocupación que deseo expresar tiene que ver con el dictamen positivo que dio la Comisión Legislativa de Ambiente, el día miércoles, 1 de julio del año en curso, al proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, contenido en el expediente N°20.212.

Realmente, es muy preocupante que se emitiera tal dictamen sin considerar y menos incorporar, ni uno solo de los 21 puntos que las organizaciones ecologistas, ASADAS, las comunidades y varias personas expertas en la materia, recomendaron. Valga destacar que sobre estos puntos hubo consenso tanto con funcionarios del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) como con representantes de la misma Asamblea Legislativa.

Coincido con las organizaciones y personas que señalan que el proyecto afirmativamente disctaminado, contiene graves omisiones  y ambigüedades que amenazan el ejercicio del dominio público sobre el agua. Con ello, se contradice en forma flagrante la norma recientemente incorporada en nuestra Carta Magna que fija al agua como un derecho humano, cuyo acceso universal y cuidado corresponde garantizar al Estado. Este derecho se diluye y no está asegurado en el texto que aprobó la mencionada comisión legislativa.

De esta manera, este pequeño grupo de diputadas y diputados, dictaminó un texto diferente al que se construyó a lo largo de una década, a partir del consenso laborioso de varios sectores.

Entre sus graves omisiones, el proyecto desconoce a las ASADAS, que han sido y son las organizaciones comunitarias que gestionan el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos de sus localidades. Asimismo no incorpora regulaciones ni sanciones por la contaminación de fuentes de agua con agroquímicos. Este es un serio delito ambiental que algunas empresas agroindustriales, repiten y que le cuesta muy caro al AyA y al país.

En un momento tan duro como el que vivimos como consecuencia de la pandemia de la covid-19, las diputadas y diputados de esta comisión y de la Asamblea Legislativa, en general, deben tomar consciencia de que este recurso es fundamental para la salud y para combatir la pandemia del presente y las futuras, que con seguridad, se presentarán en los años venideros.

Por último, genera molestia e indignación que la gestión legislativa se aproveche de la imposibilidad de llevar justos reclamos y protestas como ésta, a Cuesta de Moras, por las  imprescindibles restricciones impuestas ante la creciente y preocupante propagación del coronavirus. Por ahora, tendremos que fijar nuestro rechazo a este dictamen por este medio y todos los que tengamos a nuestro alcance.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Enviado por Luis Fernando Astorga Gatjens.

UCR: Propuesta para declarar la conectividad a internet como: “Derecho humano, de acceso universal y gratuidad total”

19 de octubre de 2020

Señor Presidente de la República

Como es sabido por usted, la Universidad de Costa Rica (UCR) ha dado una muestra ejemplar de adaptabilidad en la emergencia declarada por el actual contexto de pandemia generado por la enfermedad COVID-19. Desde la primera semana lectiva del I ciclo del presente año, casi la totalidad de actividades académicas y administrativas las desarrollamos de manera virtual.

Esta accidental e inédita exigencia histórica nos hizo madurar como institución a un ritmo nunca pensado, lo que, a su vez, nos obligó a desarrollar nuestras mejores capacidades adaptativas en contexto de crisis, sin perder de vista en ningún momento, la vocación humanística, democratizadora y científica, que guía al Alma Mater.

Las acciones afirmativas fueron múltiples y resguardaron, hacia lo interno, tres prioridades: a) becas y beneficios estudiantiles, b) respeto a los contratos laborales, y c) inversiones en las sedes regionales; todo lo cual permitió, mantener la excelencia que nos es connatural, realizar aportes científicos y materiales fundamentales en el contexto pandémico y en beneficio de nuestra sociedad; lo anterior, observando los márgenes constitucionales y estatutarios.

Pese a todos los esfuerzos realizados, hemos enfrentado, en un bajo pero importante porcentaje, imposibilidad de conexión virtual de varias personas estudiantes e incluso funcionarias. La dificultad de acceso a internet, o un acceso muy deficiente, aumenta en la medida que el uso se hace desde lugares distantes de los centros urbanos. Esto genera una brecha significativa que conlleva una solapada discriminación inaceptable en el Siglo XXI, en el cual el manejo de la información y la conectividad son constituyentes centrales del orden social. No poseer conexión hoy día, puede ser considerado, permítame la metáfora, una suerte de analfabetismo, lo que corresponde evitar en un Estado moderno y democrático. Sabemos además que miles de estudiantes de primaria y secundaria experimentan serios problemas en este mismo sentido.

Es precisamente por lo expuesto en el párrafo anterior que le escribo, pues creemos necesario proponerle, con respeto, pero con vehemencia, que el Ejecutivo a su digno cargo realice las acciones inmediatas que fueran necesarias para atender dos objetivos ineludibles: 1º- reconocer la conectividad a internet como un derecho humano para todo habitante de nuestro país; y, consecuentemente, 2º- promover el acceso universal y gratuito en todo el territorio nacional.

Nuestro país es privilegiado y dispone de condiciones idóneas para lograr tales cometidos, al contar con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), institución ejemplar que cuenta con recursos humanos capacitados para hacerlo. Pero, además, dispone del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), que no solo tiene el propósito central de reducir la brecha digital, sino que, además, dispone de recursos financieros para apoyar un proceso de esta urgencia y trascendencia.

A estas ventajas comparativas súmele señor Presidente, la disposición de la Universidad de Costa Rica para acompañarles en este proceso que nos pondría entre los países más avanzados y visionarios, dignificando a todas las personas que habitan dentro de las fronteras patrias. Por su parte, no me cabe la menor duda que las otras instituciones de educación superior estatal costarricenses, estarían dispuestas a acompañarnos en tan humano cometido.

Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

El agua se declaró como derecho humano en la Constitución Política de Costa Rica, pero ¿qué significa eso?

El pasado 9 de marzo de 2020 se aprobó en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 21.382 que planteaba una reforma constitucional en la cual se agrega un párrafo que señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento del agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.

Compartimos las siguientes infografías acerca del tema.

Esta información es parte del trabajo del Observatorio de Acciones Colectivas del IIS y el Observatorio de Bienes Comunes de Kioscos Socioambientales.

Son dos infografías que procuran problematizar los desafíos que significan la declaratoria constitucional del derecho humano al agua desde la práctica de las luchas comunitarias.

Compartido con SURCOS por Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Internet gratis y universalizado – PROPUESTA DEL SINDEU

Estamos en el marco de la IV Revolución Industrial, la era de la robotización y la cibernética. Las relaciones sociales de producción exigen nuevas adecuaciones curriculares para entender las lógicas de la extracción de la plusvalía y la explotación.

Frente este magro horizonte, otro nuevo fenómeno nos azota con gran violencia. La pandemia del coronavirus, el SARS-Co. V2 o más popularmente el COVID-19. Condujo y obligó a las universidades y los ministerios de educación a reinventarse. Nos exigió, sin estar preparados, a elevar la calidad del teletrabajo y el rendimiento académico, bajo la ausencia de las condiciones mínimas infraestructurales.

De pronto la educación se encuentra ante la urgente tarea de desarrollar una excelente alfabetización tecnológica, pero no se tenían las condiciones presupuestarias para las nuevas exigencias del virus, que todavía no se dibuja una salida integral por parte de los gobiernos para atender y dar una salida radical a dicho problema.

Por el contrario, un gobierno como el nuestro, dirigido por Carlos Alvarado Quesada y una Asamblea Legislativa que puso en su mira derrotar y destruir la clase media y empobrecer aún más a las masas populares, no nos puede augurar nada bueno en el corto plazo.

Rebaja salarial en el sector público, conculcan principios de los derechos laborales esenciales. Prohibición de las huelgas, eliminación de la jornada histórica de las 8 horas, flexibilización de jornadas, reducción de salarios, en fin se carga con demasiada violencia los costos de la crisis generada por el Estado Neoliberal y bajo el pretexto de un COVID-19, con las espaldas de la clase trabajadora. Pero no es este el examen que nos interesa. Aunque, lógicamente, un problema estructural de esta envergadura no podemos soslayarlo.

Recientemente la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo adscrito a la ONU, definió que “… el Internet es un Derecho Humano de tercera generación” y por tanto los Estados miembros de la ONU, deben entenderlo como tal”.

En este sentido, Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones, responsable del Fondo Nacional de Telecomunicaciones –FONATEL, manifestaba en una entrevista pública lo siguiente:

“… en Costa Rica los índices son 95 líneas de Internet móvil por cada 100 habitantes, tenemos casi 200 líneas de teléfono por cada 100 habitantes”.

Claro que en su entrevista el señor Estrada, enfatizaba en que hoy Internet debe ser un derecho humano esencial. Estamos en la obligación de dar un salto de calidad para que las diferentes zonas del país hagan posible el sueño de que Internet llegue a todos los hogares del país.

Defender entonces el Internet como derecho humano esencial, es también decirle al pueblo de Costa Rica de la urgente tarea de defender al Instituto Costarricense de Electricidad.

CONARE, conjuntamente con cada uno de los sindicatos universitarios y las respectivas asociaciones de trabajadores y empleados, deben convertirse en los grandes abanderados de esta lucha, que bajo las condiciones infraestructurales que ha desarrollado el ICE, no es una utopía o una simple propuesta salida de la angustia que nos genera el encierro de nuestra burbuja social. Si no, por el contrario, es ser propositivos y ofrecer a toda la masa estudiantil: primaria, secundaria y de educación superior, la plataforma adecuada para enfrentar los déficit de una malla curricular que no contaba con este nivel de exigencia de una educación virtual y un trabajo académico teletrabajado.

Nos parece entonces que, con el aporte de los diferentes sindicatos adscritos al ICE, los institutos científicos de nuestras universidades, la voluntad política del MICITT y el compromiso moral de la Superintendencia de Telecomunicaciones-SUTEL, podemos darle a la población de Costa Rica la aplicación de este tan importante Derecho Humano: El INTERNET COMO DERECHO HUMANO DE LA TERCERA GENERACIÓN y así aportar integralmente en este espacio de la IV Revolución Industrial en que quedamos insertos, sin estar lo suficientemente preparados.

 

*Imagen ilustrativa, UCR.

Voces Nuestras acciona derecho humano a la comunicación, a través del proceso “A encender las radios móviles”

Voces Nuestras acciona derecho humano a la comunicacion

San José, 28 de junio, 2018. La Asociación Voces Nuestras da a conocer por medio de un video el proceso de articulación regional llamado “A encender las radios móviles”. En éste participan organizaciones de Costa Rica (Movimiento de Ríos Vivos, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Colectiva Caminando y FEDEAGUA), de México (EDUCA Oaxaca) y de Nicaragua (Fundación del Río). Lo que se busca es ejercer el derecho humano a la comunicación, a partir de apropiaciones políticas, conceptuales y tecnológicas.

El propósito del proceso es generar un espacio regional de intercambio de experiencias y formación política y técnica, para la transmisión de contenidos de radio comunitaria, como herramienta para apropiarse del derecho humano a la comunicación.

 

Como parte del proceso, se realizan talleres para diseñar mensajes y recursos sonoros para acciones de transmisión de radio desde un lenguaje radiofónico con enfoque comunitario. Posteriormente se realizan ejercicios prácticos para conocer los equipos de audio que se usan en las transmisiones de radio.

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Este video, producido por Fiorella Barahona, comunicadora de Voces Nuestras, resume el proceso llevado a cabo durante el 2017 y lo que va del 2018.

Joaquín Tapia, comunicador y coordinador del proceso, explicó: “Nuestro enfoque e intención de comunicación popular tiene que ver con generar herramientas pedagógicas, que agilicen la apropiación de la tecnología por parte de las organizaciones interesadas en ejercer su derecho humano a la comunicación”.

Intentamos romper el esquema de la comunicación de sólo ser escuchas, público, audiencia; y ser, más bien, gestores y provocadores de la comunicación”, señaló Tapia. “Trabajamos con grupos que tienen la convicción que pueden transformar su realidad, defender su territorio cuerpo, ríos, aire y que aspiran a tener una frecuencia en el espectro radioeléctrico”, añadió.

La regulación de los servicios de radio y televisión en Costa Rica están amparados en la Ley de Radio, No. 1758 (19 de junio, 1954). Pero esta normativa se encuentra totalmente obsoleta, situación que ha facilitado la concentración del espectro radioeléctrico en pocas manos, como han señalado varias instancias estatales; por ejemplo, la Contraloría General de la República (Oficio No. DFOE-IFR-IF-05-2013 del 3 de junio de 2013).

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La normativa existente tampoco establece mecanismos para hacer un uso eficiente del espectro y evitar la subutilización de frecuencias, por lo que desde hace muchos años no hay ninguna posibilidad de dar nuevas concesiones de frecuencias de radio. Además, la ley ignora categorías importantes como radioemisoras públicas y comunitarias, lo que dificulta el desarrollo de estas formas de radiodifusión.

El enfoque y objetivo de lo que proponemos como comunicación popular y comunitaria es democratizar la comunicación, porque la entendemos como recurso estratégico para construir paz y justicia desde el diálogo social. Esto significa accionar la comunicación de forma participativa, accesible, educativa y respetuosa. Es una comunicación sin intereses creados, ni fines de lucro, comprometida con discutir los temas que afectan a las mismas comunidades, que además participan en las soluciones y atienden sus necesidades para garantizar su bienestar como comunidad. Confiamos en que estas acciones resultan opciones sanas y pacíficas para continuar debates que urgen como sociedad y encaminar procesos que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas”, dijo Tapia.

Para ver el video y escuchar diversas voces, que hablan de la importancia de hacer comunicación comunitaria, visite:

 

Contacto: Joaquín Tapia

8889-7291

jtapia.arenas@gmail.com

 

Enviado por Fabiola Pomareda.

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Asociación Voces Nuestras cuestiona el mecanismo de Iniciativa Popular

PRONUNCIAMIENTO

 

El 12 de marzo de 2015 el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación, la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) y Voces Nuestras presentaron a la ciudadanía la Ley Participativa de Radio y Televisión, como resultado de un proceso de consulta de seis años, que contó con la participación de representantes de la sociedad civil, medios alternativos, organizaciones sociales, comunidades, estudiantes, universidades públicas y expertos técnicos y jurídicos.

Para la construcción de esta propuesta de ley también se tomaron en cuenta las posiciones de instituciones del Estado como la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL), la Defensoría de los Habitantes y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT).

Entre los principios fundamentales de este proyecto de ley están el derecho humano a la comunicación y la pluralidad de medios; la democratización del espectro radioeléctrico desde un enfoque de equidad social y de derechos humanos, que devuelva al Estado la capacidad de administrar este bien público.

Durante el período comprendido entre el 2015 y el 2018 Voces Nuestras apoyó con la recolección de firmas para presentar el proyecto de ley como Iniciativa Popular ante la Asamblea Legislativa y respetamos todo el proceso de recolección de firmas impulsado por la RedMICA.

CONSIDERANDO QUE:

  • El mecanismo de presentación de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa por Iniciativa Popular se ha desvirtuado
  • Se supone que este mecanismo abre a la ciudadanía la posibilidad de formar leyes o hacer reformas parciales a la Constitución Política y que garantiza que los proyectos se voten rápidamente y no se estanquen durante muchos años, ya que el plazo máximo para votarlos es de dos años
  • No es constitucionalmente admisible que las y los legisladores introduzcan cambios y variaciones sustanciales a los proyectos de iniciativa popular, que impliquen su desnaturalización
  • Las organizaciones y movimientos sociales se desgastan durante años construyendo proyectos de ley y recolectando firmas, para que luego estas iniciativas sean manipuladas por las y los diputados y los grupos empresariales, como ocurrió con la llamada Ley de Aguas
  • Los derechos no deben negociarse ni manosearse por vías corruptas y poco transparentes porque los derechos se ejercen; no se negocian
  • En este momento no están dadas las condiciones en la Asamblea Legislativa para presentar un proyecto de ley

COMUNICAMOS:

  • La Asociación Voces Nuestras ya no recogerá más firmas para presentar el proyecto de Ley Participativa de Radio y Televisión por medio del mecanismo de Iniciativa Popular
  • A partir de hoy las hojas con firmas que se encontraban en la oficina de Voces Nuestras serán ahora custodiadas por las y los integrantes de la Asociación RedMICA
  • Voces Nuestras continuará motivando y articulando con otras organizaciones y grupos, que quieren exigir que se reconozca su derecho y acceso a la comunicación
  • Voces Nuestras tiene una responsabilidad en el acompañamiento a las comunidades y seguirá apoyando el trabajo de personas, colectivos, asociaciones y comunidades organizadas, que están defendiendo su derecho humano a la comunicación y que tiene iniciativas de comunicación en defensa de las autonomías

 

San José, Costa Rica. Miércoles 18 de abril, 2018.

 

Fabiola Pomareda García

Periodista

Asociación Voces Nuestras

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Voces Nuestras.

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Alcances y Limitaciones del Derecho Humano al Medio Ambiente Sano

La Comisión Ambiental de la AED invita este próximo martes 10 de abril de 6 a 8 p.m. al conversatorio “Alcances y limitaciones del derecho humano al medio ambiente sano, Opinión Consultiva OC-23-17 de la Corte IDH”, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Abelardo Bonilla, Escuela de Estudios Generales de la UCR.

Se contará con la participación de los siguientes expositores:

  • Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado Constitucional
  • Dr. Nicolas Boeglin, Profesor en Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
  • Msc. Mario Peña Chacón, Profesor de Desarrollo Ambiental, Facultad de Derecho, UCR

Alcances y limitaciones del derecho humano al medio ambiente sano

Enviado por Nicolas Boeglin.

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Freddy Pacheco León: «Debemos estar alertas para defender derecho humano al agua»

 

Hoy, hace tres años, un Plenario Legislativo evidentemente desinformado, aprobó en Primer Debate el proyecto de nueva Ley de Aguas (Exp. 17.742) que ingresara por la vía de “Iniciativa Popular”. Proyecto que tendría que haberse votado antes de esa fecha fatal, pues el plazo constitucional había vencido el 29 de marzo del 2014, pero que además, en una manipulada comisión legislativa, había sido “desconectado” del texto por el cual habían firmado, ¡vilmente engañados!, unos 160 mil ciudadanos. Al burlarse el “Principio de Preclusión” que garantizaba un plazo máximo de dos años para votarlo, y el “Principio de Conexidad” establecido para que la “voluntad del soberano, del pueblo, del que firmó por una nueva Ley de Aguas”, no fuere irrespetada, todo el proyecto economicista promovido por el Banco Mundial a través de la GWP, derivó en evidente inconstitucionalidad.

Al enterrarse sin poderse votar en Segundo Debate durante los 36 meses anteriores, surgió del despacho de diputados como Antonio Álvarez y Juan Marín, principalmente, otro proyecto (Exp. 20.212) que al ser orientado contra los agricultores, las ASADAS y el SENARA, hoy hace “aguas” en la Asamblea Legislativa. Pese a que fue anunciado como producto de “un gran consenso”, luego se demostró que no era así, y por ello no ha podido superar el trámite de comisión.

Hemos de aclarar que no estamos celebrando triunfo alguno, pues la amenaza sigue latente, y que más bien estamos llamando a los costarricenses que quieren seguir gozando del agua como un bien social y cuyo acceso en calidad y cantidad suficientes sea un derecho humano, a mantenerse alertas, pues los otros, los que están poco menos que desesperados por la situación de ambos proyectos, tienen muchos dólares para seguir pujando por la aprobación de cualquiera de los dos.

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por el autor.

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Boletín RedESS: Seguridad alimentaria y nutricional

La Red de Economía Social Solidaria comparte su nuevo Boletín de octubre, en el cual se podrá conocer un poco sobre la presentación del Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, además de una interesante experiencia de los compañeros y compañeras de La Corvina «Recuperemos los Parques», así como las ferias programadas para los meses de noviembre y diciembre.

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Temas incluidos en el Boletín:

  • Pacífico Central alista I Feria de Economía Social Solidaria
  • Presentan proyecto de ley sobre Derecho Humano a la Alimentación
  • Se viene Encuentro y Feria de Economía Social Solidaria en la Universidad de Costa Rica
  • El Banco Popular y la Economía Social Solidaria
  • Asamblea de Trabajadores del BPDC promueve ESS en los territorios

 

Puede acceder al Boletín RedESS en el siguiente enlace:

boletin-redess-iv-2016

 

 

Enviado a SURCOS Digital por Wagner Suazo, Equipo Dinamizador, Red de Economía Social Solidaria-Costa Rica.

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Conversatorios y taller sobre el tema de la protesta social

Protesta social como Derecho Humano

Conversatorios y taller sobre el tema de la protesta social

La Asociación Costarricense Derechos Humanos (ACODEHU) invita a dirigentes sociales, activistas, ciudadanos y organizaciones sociales a participar en los dos conversatorios y el taller que estarán ofreciendo en este último trimestre del año 2016; las actividades son gratuitas y abiertas al público.

ACODEHU se propone ofrecer capacitación en el tema de la Protesta Social como Derecho Humano a dirigentes sociales, activistas y ciudadanos articulados al movimiento social costarricense.

Para lograr este objetivo, se desarrollarán las siguientes actividades:

Primer Conversatorio: Miércoles 07 de setiembre 2016, a las 5:00 p.m.

Lugar: Universidad de Costa Rica, Aula 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro.

Tema: La Protesta Social, como Derecho Humano. Análisis del conocimiento y las preocupaciones de los asistentes sobre el tema.

Segundo Conversatorio: Miércoles 05 de octubre 2016, a las 5:00 p.m.

Lugar: Universidad de Costa Rica, Aula 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro.

Tema: La Protesta Social como Derecho Humano. Discusión y propuestas de los asistentes, para la protección de los ciudadanos y las organizaciones, ante la represión y criminalización de la protesta social.

Taller: Miércoles 02 de noviembre de 2016, de 4:00 p.m. – 7:00 p.m.

Lugar: Universidad de Costa Rica, Aula 1 de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro.

Temario:

  1. Conceptualización de la Protesta Social.
  2. Historia y criminalización de la Protesta Social en Costa Rica, de ALCOA hasta nuestros días.
  3. Ciudadanos y dirigentes sociales con Procesos Judiciales, a partir del 8 de noviembre del 2012.
  4. Conclusiones y propuestas de los asistentes.

Expositores:

Armando Navarro Martínez, Trino Barrantes Araya, Marcela Zamora Cruz.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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