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Pronunciamiento en contra del bloqueo petrolero a Cuba

Escrito en 18/02/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Costa Rica siempre ha inspirado su política exterior en la defensa irrestricta del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. Guiados por estos principios, y secundando lo expresado por las Naciones Unidas: “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los Derechos Humanos”, los abajo firmantes levantamos la voz condenando el inhumano bloqueo que, en contra de la voluntad reiteradamente expresada de la casi unanimidad de los pueblos del mundo, mantiene el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Cuba. Este brutal bloqueo afecta la vida cotidiana en todos sus aspectos, especialmente en la salud, educación, actividades laborales y alimentación de niños, jóvenes y ancianos indiscriminadamente. Razón por la cual exigimos el inmediato y total levantamiento del bloqueo que, desde hace más de 60 años y actualmente recrudecido por la administración de Trump, impone el gobierno estadounidense, contra la voluntad de su propio pueblo.

Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo. Exministro de Cultura, Juventud y Deportes.
Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdefensor de los habitantes, actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023-2026).
Sergio Alfaro Salas. Abogado. Ex Embajador de Costa Rica. Ex Ministro de la Presidencia 2014-2018. Exdiputado.
Julieta Dobles. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
Alfonso Chase. Poeta y ensayista, Premio Nacional de Cultura Magón.
Manuel Monestel. Cantautor. Premio Nacional de Cultura Magón.
Arabella Salaverry Pardo. Escritora. Premio Nacional de Cultura Magón.
Ronald Bonilla. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
José Manuel Arroyo Gutiérrez. Abogado. Exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
Dr. Alberto Salom Echeverria. Politólogo. Exdiputado. Exrector de la Universidad Nacional.
Dra. Yamileth González. Historiadora. Exrectora de la Universidad de Costa Rica.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Biólogo. Exrector de la Universidad de Costa Rica.
Roberto Villalobos. Arquitecto. Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Gloria Valerín Rodríguez. Exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
Patricia Mora Castellanos. Socióloga, exdiputada, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), presidenta e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
Rocío Alfaro Molina. Filósofa y socióloga, diputada e integrante de la Comisión Política y de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio.
Ariel Robles Barrantes. Educador, diputado, excandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
José María Villalta. Abogado, diputado electo del Frente Amplio. Exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio.
Máster Sofía Guillén Pérez. Economista y diputada de la República.
Jonathan Acuña Soto. Economista, diputado, secretario general e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del Frente Amplio.
Antonio Ortega Gutiérrez. Sociólogo, diputado e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
Vianey Mora Vega. Socióloga y educadora, diputada electa del Frente Amplio.
María Eugenia Román Mora. Abogada, asesora parlamentaria, diputada electa del Frente Amplio.
Gerardo Vargas Varela. Agricultor, exsacerdote, exdiputado del Frente Amplio.
Suray Carrillo Guevara. Abogada, exdiputada del Frente Amplio.
Dr. Henry Mora Jiménez. Economista, exdiputado del PAC, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
Luis Gerardo Arce Valverde. Historiador, Premio Fernando Soto Harrison de la Universidad de Costa Rica.
Gustavo Campos Alfaro. Regidor Municipal de Montes de Oca.
Eduardo Gardela Ramírez. Comunicador, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Desamparados.
Brandon Guadamuz Villalobos. Trabajador Social, máster en cooperativismo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José.
Lic. Rodolfo Ulloa. Sociólogo. Fiscal Nacional del Frente Amplio.
Dr. Walter Antillón. Jurista. Premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
Dr. Roberto Salom. Sociólogo. Exvicerrector de Acción Social y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Lic. Sebastián Vaquerano López. Exembajador.
Lic. Vladimir de la Cruz. Historiador.
Dr. Rafael Cuevas. Escritor y director de la Revista Nuestra América.
Oscar Castillo. Cineasta y actor.
Leonardo Perucci. Actor y director de Teatro y TV.
Eduardo Ceregatti Madrigal. Cineasta, exdirector de La Pensión.
Ana Istarú. Poeta y actriz.
Rodrigo Durán Bunster. Arte escénico. Narrativa.
Ivette Guier Serrano. Ceramista.
Abel Guier. Músico.
Adriana Mora Rey. Directora de arte.
Guadalupe Urbina. Cantautora.
Bernal Villegas. Músico.
Esteban Monge Flores. Cantautor.
Álvaro Fernández González. Sociólogo, músico.
Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo.
Albino Vargas Barrantes. Dirigente sindical
Dr. Francisco Enríquez. Historiador. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Dr. Daniel Camacho. Sociólogo.
Dra. Macarena Barahona. Socióloga.
Lic. Rafael Ugalde. Abogado y periodista
Doctora Elisabeth Cook Steike. Teóloga. Rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana
Dr. Jaime Delgado. Filósofo.
Dra. Elsa Tamez. Teóloga.
Dr. Sergio Reuben Soto. Economista.
Lic. Melania Agüero Echeverría. Psicoanalista y artista.
Lic. William Venegas. Profesor universitario. Crítico de cine.
Dr. Plutarco Bonilla. Filósofo. Teólogo.
Dra. Silvia Regina de Lima Silva. Teóloga. Directora Departamento Ecuménico de Investigaciones.
Carlos Guillermo Madriz. Director. Productor de documentales.
Dr. Miguel Sobrado. Sociólogo.
Lic. Carlos Monge Meneses. Educador. Agricultor.
Lic. Manuel Arguedas Castro. Profesor jubilado Universidad Nacional.
Marta Elena Rodríguez González. Dirigente social, exdirectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), directiva de la Unión de Empleados de la CCSS.
Luis Chavarría Vega. Secretario General de la Unión de Empleados de la CCSS (UNDECA).
Dr. Miguel Picado. Teólogo e historiador.
Dr. German Chacón. Historiador. Cátedra Manuel Mora UNED.
Vernor Arguedas Troyo. Matemático, catedrático UCR
Mirta González Suárez. Psicóloga, escritora, catedrática emérita UCR
Oscar Madrigal Jiménez. Abogado y Notario.
Fabio Chaves Castro. Trabajador del ICE pensionado, expresidente de ASDEICE, excoordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
Dr. Gerardo Hernández Naranjo. Politólogo, profesor asociado Universidad de Costa Rica.
Lic. Francisco Villegas Villalobos. Exregidor municipal en el cantón de Belén, presidente del Partido Independiente Belemita (PIBE).
Alejandro Sura. Sociólogo y abogado, exdirigente sindical del ICE, presidente de la asociación de pensionados del ICE.
Ricardo Segura Ballar. Ingeniero, exdirigente sindical del ICE.
César López Dávila. Educador y psicólogo, dirigente social.
Roberto Zeledón Arias. Asesor legislativo sindical.
Nancy Piedra Guillén. Socióloga, profesora catedrática UCR.
Juan Carlos Valverde Campos. Profesor.
Nia Salas. MBA Colectiva Profesionales para la Ciudadanía.
Roy Palavicini Rojas. Teólogo, antropólogo.
Sebastián Pérez Carmona. Militante Frente Amplio y activista social/político.
Lic. Sary Montero. Trabajadora social.
Natalia Serrano Álvarez. Comunicadora social. DEI
Peggy Quesada Chamorro. Psicóloga social – DEI
Anne Kevenhörster. Geógrafa – DEI
Julieta Montoya – Psicóloga Social – DEI
Gerardo Mora Burgos. Profesor. Filósofo, catedrático pensionado UCR.
MSc. Hannia Franceschi Barraza. Trabajadora social, profesora e investigadora universitaria jubilada
Gerardo Contreras Álvarez. Historiador, catedrático UCR
David Contreras Mora. Analista de sistemas, regidor suplente del Frente Amplio en la Municipalidad de San José
Fidel Barrera Romero. Sociólogo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
Reinier Canales Medina. Luchador social de la Zona Sur, presidente de la Asociación para la defensa de los usuarios de los servicios públicos (ADUSP)
Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical sector salud
José Daniel Berrocal Miranda. Regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
Fernando Chironi Kaufman. Comunicador
Victoria Eugenia Borbón Pineda. Licenciada en Orientación, Red de Educadores Humanistas.
Rosa María Muñoz Varela. Licenciada en Educación, Red de Educadores Humanistas.
Emilia Sibaja Álvarez. Licenciada en Computación Educativa, Red de Educadores Humanistas.
Luis Diego Ugarte Castro. Artesano. Movimiento Humanista.
Carol Ma. Fernandez. Estudiante Universidad Bíblica Latinoamericana
Nadia Alvarado Molina
Alexandra Bula Madrigal
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
Antonio Trejos Mazariegos. Abogado, asesor parlamentario y municipal, diputado electo del Frente Amplio
Edgardo Araya Sibaja. Abogado, exdiputado, diputado electo del Frente Amplio
Alejandro Vargas Chinchilla. Politólogo, secretario general de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
Reyna Casco Núñez. Politóloga, presidenta de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
Margarita Salas Guzmán. Comunicadora, ex Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQA
Prof. Juan Félix Montero Aguilar. Luchador social
Jesús Campos Méndez. Dirigente sindical del sector de transportistas
Felipe Arguedas Gamboa. Ingeniero agrónomo, exviceministro de Agricultura y Ganadería
Ulises Araya Chaves. Profesor de Estudios Sociales y Cívica, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Belén
Priscilla Vindas Salazar. Politóloga, diputada del Frente Amplio
Anacristina Rossi. Novelista y profesora de la Universidad de Costa Rica.
Harold Villegas-Román. Ex viceministro de Trabajo y Economía Social, docente e investigador Universidad de Costa Rica
Mauricio Castro Méndez. Investigador y docente de la UCR
Rafael Barrantes. Tec. Eléctrico. Administrador de las páginas, La Voz Bolivariana Internacional y Conaicop Costa Rica
José A. Amesty Rivera. Teólogo y articulista. Venezolano en Costa Rica
Edgar Rodríguez Sancho. Presidente, Asociación de Arte y Cultura de Montes de Oca
German Urbina Pastora. Ingeniero en Computación
Valeria Navas Castillo, periodista
Dr. Santiago Chaves Aguilar. Profesor e Investigador. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada UCR
Sofía Cortés Sequeira. Docente e investigadora UCR. Subsecretaria General Partido Frente Amplio.
Marcelo Prieto Jiménez. Ex-rector de la Universidad Técnica Nacional, ex-diputado, ex-Presidente Ejecutivo del INA, ex-Embajador.
Sigrid Segura Artavia. Geógrafa, especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, diputada electa del Frente Amplio
Pablo Zúñiga Morales. Abogado
Marta Arauz Mora. Abogada y notaria. Diputada de mandato cumplido 2014 – 2018
Margarita Penón Góngora, ex primera dama y ex diputada
Karla Ruíz Hidalgo, M.Sc. Biotecnóloga y facilitadora comunitaria
Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social
Seidy Salas Víquez. Comunicadora Social
Mariana Cruz Carrillo. Politóloga
Felicia Echeverría Hermoso. Agricultora orgánica. Ex gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica
Sharo Rosales. Comunicadora. Presidenta de la Asociación del Seminario Bíblico Latinoamericano
Doctor José de la Victoria Araya Guillén. Teólogo
Walter Benavides. Cantautor, compositor y productor
Lic. Marcos Chinchilla Montes. Trabajador Social
Guillermo Lizano (Pele Lizano). Dirigente comunal y ex regidor de Cartago
Deyanira Sequeira. Profesora honoraria de la UNA
Mercedes Ulibarri Pernús. Luchadora social, de familia cubana
Dorisa Ballestero González. Ex vicealcaldesa de Barva por el Frente Amplio
Walter Coto Molina. Expresidente Asamblea Legislativa, ex profesor UCR, abogado, empresario
José Eduardo Álvarez Araya. Informático, economista y abogado, asambleísta FA, expresidente ACODEHU
Sharon Montoya Azofeifa. Psicóloga y docente de Psicología
Rosa Adolio Cascante. Economista, docente universitaria, ex viceministra de educación, expresidenta de FONABE y CONAPE, ex directora de programas de equidad del MEP, ex directora del SINAES
Miguel Ángel Herrera Cuarezma. Ciudadano
Stefano Battaini Miranda. Psicólogo y activista en derechos humanos y de otros animales, ecologista
Italo Fera Fallas. Sociólogo, dirigente de OS por lucha socio ambiental
Joselyn Sáenz Núñez. Politóloga, abogada, diputada electa del Frente Amplio
Marcela Naranjo Segura. Integrante del Partido Frente Amplio, exregidora en la Municipalidad de Sarapiquí, representante de Heredia en la CP del FA
Martín Rodríguez Espinoza. Comunicador, secretario de Comunicación del Partido Vanguardia Popular (PVP)
Alejandro Delgadillo Solano
María del Mar Chavarría Soto. Psicóloga, bailarina y docente
Sergio Erick Ardón Ramírez. Arquitecto, exdiputado de izquierda
Master Lázaro Amoroso Rodríguez
José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor emérito Universidad de Costa Rica
Esteban Beltrán Ulate. Profesor universitario
Vinicio Chacón Soto. Periodista
Luis Diego Rojas Ávila. Profesor de Filosofía MEP, Lic. Derecho, Bach en Filosofía, Bach en educación.
Andrea Ruiz Hidalgo. Artista profesional especializada en Cerámica
Francisco Duarte-Martínez, MSc. Microbiología
Ignacio Dobles Oropeza. Psicólogo social. Escritor
Víctor Valembois, Dr.
Oscar Barrantes Rodriguez. Historiador y analista político
Rigoberto Aguilar Solís. Luchador social
Alexander Bustamante Ampié. Abogado, docente, exfiscal nacional APSE 2003-2005
Marta Lanuza Laguna. Empresaria
Milagro Solis. Activista por los derechos humanos y Secretaria General del Partido Pueblo Unido
Marta Eugenia López Subirós. Socióloga, demógrafa y política económica
Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y productora de artes escénicas, integrante de la PCOA-Costa Rica
Jorge Arturo Montoya Alvarado. Historiador, profesor universitario
Lic. Walter I. Hernández Vargas
María José Monterroso Solís. Gestora de Recursos Naturales
Eduardo de la Serna. Biblista
Emma Martínez Ocaña. Teóloga y Psicoterapeuta
Antonio Naranjo S. Empresario
Antonio Atienza. Trabajador de la administración pública local de Andalucía
María Dolores Meñaca, Profesora de Química
Dr. Hermann Guendel. Filósofo y ensayista, académico UNA – UNED
Jesús Galafate Puerto. Profesor jubilado
Karla Chaves Brenes. Comunicadora y emprendedora
Juan Carlos Mendoza García. Expresidente de la Asamblea Legislativa, exrepresentante permanente y embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas
Jorge Orlando Bermúdez Hidalgo. Abogado
Marjorie Jiménez Castro. Cátedra José Martí, UCR
Mario Solera. Músico
Andrés Mora Ramírez. Investigador y docente, Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNA
Msc. Byron Renato Barillas Girón. Sociólogo y criminólogo
Evelyn Sánchez Granados. Psicóloga, emprendedora, ex embajadora de Costa Rica en Cuba
Luis Ángel Salazar Oses. Profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED
Licenciado Daniel Vartanian. Economista
Licenciada Sonia Pineda. Bibliotecologa
Licenciada Olga Parrado. Trabajadora Social
Mainier Barboza Soto. Magister en Teología, licenciado en Educación
Doctor Fabio Villalobos. Médico
Rafael Ángel Sánchez Rojas. Profesor pensionado
Gerardo Quirós Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas, ex funcionario de la Asamblea Legislativa

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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”.  —José Martí

Quienes han firmado y expresado de múltiples formas su solidaridad con el hermano pueblo cubano, son herederos de quienes manifestaron su apoyo al Apóstol Martí, en su visita a Costa Rica. Quienes hoy desde Cuba enfrentan las inhumanas medidas impuestas por el gobierno de Trump, son los legítimos herederos del Apóstol. Quienes, desde Costa Rica, han firmado este pronunciamiento, lo son también. Porque la Patria Grande es UNA. A todas y cada uno de ustedes, mi eterna e imperecedera gratitud.

—Arnoldo Mora Rodríguez.

Si usted desea adherirse a este pronunciamiento puede enviar su nombre y calidades al siguiente correo: Periodico.SURCOS@surcosdigital.com

Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza pasado … desapercibido en la prensa costarricense

Escrito en 13/02/2026. Publicado en Análisis.

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them»

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Funerales de un periodista asesinado por Israel en Gaza, realizados el pasado 21 de enero del 2026. Foto extraida de **articulo de prensa** publicado en Israel, titulado «The legal fight to open Gaza to foreign press has failed. It’ s time to change course», Magazine +972, en su edición del 6 de febrero del 2026.

El 29 de enero del 2026, se informó desde Israel que sus altos mandos militares reconocen la cifra de unas 70.000 personas como saldo de las personas que han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la insensata ofensiva militar de Israel, en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023: véanse al respecto esta nota del TimesofIsrael. Se puede de igual manera consultar, en Estados Unidos esta otra de la cadena norteamericana de noticias CNN y en Francia, esta nota de Liberation, entre muchas otras de prensa sobre este reconocimiento, al igual que este cable de la agencia de noticias Reuters, con fecha del 30 de enero.

Esta nota de la BBC mas reciente del 6 de febrero, por su lado, alerta sobre el hecho que Israel sigue asesinando a menores de edad en Gaza en la mayor impunidad desde la vigencia del cese al fuego.

Las consecuencias de este reconocimiento hecho por militares en Israel

Este reconocimiento por parte de militares en Israel tiene varias consecuencias, y en particular, viene:

– por un lado, a desmentir toda y cada una de las innumerables aseveraciones hechas por las autoridades oficiales de Israel y por sus aliados sobre la pretendida exageración por parte de las autoridades sanitarias palestinas a la hora de registrar y de contabilizar a las personas fallecidas, y;

– por otro lado, confirma los datos y las alertas que diversas agencias de Naciones Unidas han denunciado pocas semanas luego del 7 de octubre del 2023, con un conteo semanal de muertes y de heridos en Gaza que no ha cesado, y ello hasta la fecha. Este texto del 24 de octubre del 2023 presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas contabilizando ya 5000 muertes en Gaza al 24 de octubre, es una es de estas tempraneras alertas.

De igual manera, estas aseveraciones hechas en el seno de las altas esferas militares en Israel, vienen a refutar una gran variedad de textos y opiniones suscritas por columnistas, editoristas y denominados «expertos internacionales» en una multitud de espacios informativos,y ello en muy diversas latitudes del mundo.

Desde la perspectiva jurídica, y en particular la del derecho internacional público, este reconocimiento tiene serias implicaciones legales para Israel, ya que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Corte Penal Internacional (CPI), ambas ubicadas en La Haya, tramitan acciones legales que involucran a Israel por sus acciones militares insensatas en Gaza:

– una demanda contra Israel (como Estado) ante la CIJ interpuesta por Sudáfrica desde el mes de diciembre del 2023, cuyos detalles y numerosos documentos – como la solicitud de intervención presentada por Bélgica el 23 de diciembre del 2025 – desde el punto de vista pricesal se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CIJ, y;

– una demanda penal contra dos altos dirigentes de Israel (en el caso de la CPI), con una orden de captura en su contra emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI desde el mes de noviembre del 2024, la cual incluye al actual Primer Ministro de Israel (véanse el comunicado oficial de la CPI al respecto y la sentencia rechazando los alegatos de Israel sobre una presunta incompetencia de la CPI, adoptada el 21 de noviembre)..Las insólitas sanciones que Estados Unidos ha tomado contra jueces de la CPI a cargo de estas demandas y contra su Fiscal en aras de satisfacer los caprichos del actual Primer Ministro que gobierna los destinos de Israel, fueron objeto de un nuevo comunicado oficial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de enero del 2026 (véase comunicado conjunto).

Ello sin hablar, a nivel de la justicia interna esta vez, de diversas acciones legales contra individuos que, ya sea poseen una nacionalidad adicional a la israelí, ya sea al vacacionar en el exterior con un pasaporte otorgado por Israel, se percatan que la justia nacional de algunos Estados los busca para que respondan por sus crímenes de guerra cometidos en Gaza.

En el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra esta vez la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa), cuyo tercer informe sobre Gaza del mismo mes tuvimos la oportunidad de analizar: remitimos a nuestros estimanles lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«.

Tanto ante la CIJ como ante la CPI, la linea de la defensa legal de Israel ha consistido en indicar a los jueces internacionales que las cifras de las autoridades sanitarias palestinas de Gaza sobre el saldo de personas fallecidas son irreales y deben considerarse como simple propaganda en contra de Israel.

Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con un Estado cuyo aparato militar reconoce la magnitud de su ofensiva militar insensata a la que se libra desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza: 70.000 muertes, es decir casi 2600 personas asesinadas por mes.

En Costa Rica, este reconocimiento reciente por parte de mandos militares en Israel viene a poner en evidencia la facilidad con la que, de manera muy certera y muy decidida, analistas, columnistas, editorialistas, colegas, incluso universitarios, y «expertos» rechazaron durante todo este tiempo las acusaciones contra Israel so pretexto que estas cifras no corresponden a la realidad en el terreno, al provenir de las autoridades sanitarias palestinas en Gaza. Dicho sea de paso, estos reconocidos analistas y «expertos» nunca refirieron en sus numerosos escritos al hecho que los servicios de inteligencia de Israel conocían desde mucho antes del 7 de octubre del 2023, los planes del Hamás (tal y como lo detalla este reportage del New York Times de diciembre del 2023).

Tuvimos la oportunidad en el mismo mes de octubre del 2023 de analizar desde el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alcances y el significado del «asedio total» con el que mandos militares amenazaban en aquel momento a los habitantes de Gaza y de alertar sobre el riesgo de que ello degenere en una masacre a gran escala en Gaza (véase nuestra nota publicada en el portal de la UCR el 30 de octubre del 2023).

Con respecto al saldo de personas fallecidas en Gaza, pudimos incluso explicarle tempranamente y de viva voz al entonces Consul de Israel en Costa Rica algunas cosas que al parecer lo incomodaron sobre estos mismos saldos, refiriendo a las cifras relacionadas a la ofensiva militar de Israel en Gaza en el 2009 y en el 2014, en un programa radial en el que participó en el mes de noviembre del 2023: véase al respecto video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí, algo molesto, un “Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso“, minuto 2:03:40 en adelante. Salvo error de nuestra parte, este programa radial pareciera ser el único en Costa Rica el que se pudo contar con la presencia de diplomáticos israelies dispuestos a debatir públicamente de la situación en Gaza.

En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026),sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Esta nota de prensa de la BBC del pasado 1ero de febrero refiere a la muerte de 32 personas en Gaza luego de un bombardeo por parte de Israel, objeto de una condena pr parte de una ONG palestina: véase al respecto este comunicado titulado «Another Bloody Day in Gaza Exposes the Sham Ceasefire and the Ongoing Systematic Bloodshed of Palestinians«. Por su parte, un colectivo de ONG en Francia exigió a sus autoridades condenar este nuevo ataque de Israel y mucho mayor respaldo a las organizaciones humanitarias en Gaza (véase comunicado conjunto).

En Cisjordania, la violencia contra pobladores palestinos se ha incrementado, tal y como lo denuncia este comunicado oficial del 4 de febrero del 2026 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es de indicar que desde inicios del 2026, las ocurrencias reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca en temas de agenda internacional (Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba) han invibilizado el genocidio en curso en Gaza.

A modo conclusivo

Nos habíamos permitido hace ya varios meses (en agosto del 2025) plantear una pregunta que titulaba esta nota nuestra (del 10 de agosto del 2025) sobre Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con Israel. Al finalizar el 2025, nos permitimos reiterarla y ampliarla a otras interrogantes en esta nota nuestra (del 22 de dicembre del 2025), sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Israel el 8 de diciembre del 2025 en Tel-Aviv. Estas y muchas otras interrogantes persisten en este inicio del mes de febrero del 2026.

Debemos indicar que este reciente reconocimiento por parte de mandos militares en Israel, el cual ha sido ampliamente referenciado en la gran prensa internacional (basta de manera muy sencilla con colocar «IDF, 70.000, Gaza» o bien «Israel, 70.000, Gaza» en un buscador en internet para comprobarlo) no pareciera haber encontrado eco alguno en la prensa nacional costarricense: una omisión que merece una mención y/o alguna manera de explicarla, estimado / a lector/ a, … ¿no le parece?

De tener a lectores de otra nacionalidad que la costarricense, se les sugiere de igual manera realizar el mismo ejercicio comparativo con los contenidos publicados en la prensa nacional de su país en esta primera semana de febrero del 2026. Ello de manera a verificar si es solamente en Estados que se entusiasman por comerciar libremente con Israel que se omiten ciertas cosas.

Frente Amplio: La dignidad de los pueblos no se bloquea

Escrito en 12/02/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Comunicado

El Frente Amplio de Costa Rica es una fuerza política humanista y pacifista que, en consecuencia, suscribe los principios de no utilización de la fuerza en el escenario internacional y de solución de las controversias mediante la negociación.

Asfixiar por hambre a todo un pueblo mediante un bloqueo económico sin precedentes —que impide adquirir insumos médicos y, sobre todo, petróleo, combustible indispensable para el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios públicos— abre las puertas a una grave crisis humanitaria en Cuba. La falta de combustible ya afecta la producción y distribución de alimentos, así como provoca apagones que limitan seriamente los servicios de salud y educación, impactando a toda la población.

En forma independiente de la posición que se tenga en relación con los procesos políticos internos de Cuba, no se puede más que repudiar este criminal bloqueo que amenaza la existencia de millones de personas a quienes se pretende rendir por hambre. Cuba no debe convertirse en otra Gaza.

Reiteramos nuestra solidaridad con el noble pueblo cubano y saludamos la ayuda fraternal que están brindando los gobiernos de México y de otros países. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a todos los Estados a actuar conforme al derecho internacional, al principio de no injerencia y a la diplomacia, para que cese el bloqueo del petróleo y del comercio impuesto por el gobierno de Donald Trump.

Comisión Política, Frente Amplio. 11 de febrero, 2026

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Escrito en 13/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.

Sobre el encuentro Petro – Trump

Escrito en 12/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Por Carlos Meneses Reyes

De rifirrafe, es decir, de contienda bulliciosa, pasajera y sin consecuencias, algunos obtusos calificaron el enfrentamiento verbal entre el presidente de Colombia y el de los Estados Unidos, en lo corrido de semanas anteriores. Pero no ha habido tal.

Las acusaciones de D. Trump contra G. Petro elevaron al clímax de graves. Lo acusó de ser un presidente ilegitimo y en tal sentido desconoció el proceso electoral democrático en el que resultó elegido y de contera interviene en política interna colombiana, ad portas de un proceso electoral presidencial en Colombia, con el interés de influir en el mismo; tal como ha sucedido recientemente con Honduras. Donald Trump acusa al presidente Gustavo Petro de tener vínculos con el narcotráfico. De ser narco. De poseer fábricas de cocaína para inundar a estados Unidos del polvo blanco y envenenar al pueblo estadounidense. Lo tilda de loco y de enfermo. Lo acusa de narcotraficante pese a la ingente labor del presidente colombiano en la lucha contra el narcotráfico y los resultados favorables en comparación con gobiernos anteriores. Ante tales ofensivas acusaciones, el presidente G. Petro le responde a D. Trump: “no soy ilegitimo, ni soy narco”; rechazando cada una de las acusaciones; defendiendo su política antidrogas y le reprocha: “Deje de calumniarme señor Trump”. Estas réplicas y contrarréplicas han generado un ambiente de crecientes tensiones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. Pero el injurioso presidente D. Trump no se limita a las acusaciones. Acude a las amenazas de intervención directa al país colombiano. “Suena bien”, aseguró Donald Trump cuando le preguntaron en rueda de prensa si pensaría hacer una operación militar en Colombia. Luego del ataque invasor a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y su esposa y la actual reclusión de ellos en cárcel neoyorkina, el presidente D. Trump se encuentra, cada vez, más libre de cortapisas, para actuar contra otros gobiernos, teniendo entre sus miras primordiales la intervención militar en Colombia. En la Sala Este de la Casa Blanca, durante sus últimas reuniones, se sienta al centro como un emperador, rodeado de sus áulicos y halcones de la guerra, en su corte medieval. Se mimetiza bajo una autocracia imperial, como la que dominaba en Europa cuando colonizaron el continente americano y que hoy se erige para disputar la hegemonía global y de América Latina, con Rusia y China. Lo hace como un imperio que domina a ultramar. Las naciones débiles esperan que las naciones fuertes respeten la ley. Pero nos encontramos, no ante el desconocimiento de los principios del derecho internacional, sino ante su física derogatoria y la revocatoria palpable de las Convenciones y Tratados internacionales…

El hijo del presidente secuestrado por USA, Nicolás Maduro Guerra, ha expresado: «Si normalizamos el secuestro a un jefe de Estado, ningún país está a salvo» «Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquier nación que no decida someterse», advirtió el también diputado a la Asamblea Nacional. «El derecho internacional existe para frenar imperios y sin derecho internacional el mundo vuelve a la ley de la selva», expresó el legislador. Rige «una amenaza directa a la estabilidad política global, a la humanidad y a la igualdad soberana de las naciones».

Se puede afirmar que Donald Trump desvaría, lo cual significa delirar, decir o hacer locuras, disparates o cosas incoherentes, que se salen de la regla de un orden dado. No alienta diferencia en amenazar a cada uno de los países citados; como si fuera tan fácil invadir a un enorme territorio casi desértico; que a un país tropical complicadísimo por su variedad geográfica y con tradición de intensa lucha guerrillera como en Colombia.

Las reacciones a las altisonantes acusaciones y amenazas de Donald Trump, no solo contra G. Petro y contra Colombia, sino también contra México, Groenlandia, Cuba, Nicaragua, han sido múltiples en el mundo, tanto por presidentes como por países como Rusia y China que han alertado sobre el peligro de una intervención militar en Colombia y en los países citados. Un directo pronunciamiento lo emitió el Grupo de Puebla y varios líderes mundiales condenando las amenazas contra el presidente de Colombia y contra la presidenta Sheinbaum de México. “Estos hechos constituyen una grave violación del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de prohibición del uso de la fuerza”, según el texto de la declaración. Gabriel Boric – de Chile-crítica a quienes «rinden pleitesía» a Donald Trump. Boric señaló que aquellos dirigentes que buscan ganarse el favor de Trump “solo se humillan”.

De las conversaciones entre Gustavo Petro y Donald Trump

El escenario escabroso y borrascoso de las relaciones entre el presidente de los estados Unidos y el presidente de Colombia pareciera amainar, luego que los dos mandatarios mantuvieron una extensa conversación telefónica el pasado 07 de enero. Sobre todo, para el presidente colombiano el equilibrio político es difícil de mantener, buscando una postura crítica hacia Estados Unidos, luego de las ofensas al pueblo colombiano por las múltiples amenazas que Donald Trump le hiciera como mandatario de todos los colombianos y colombianas.

No se puede decir que haya habido una reconciliación, puesto que esta se predica de volver a tener una buena relación o amistad tras un conflicto, superando rupturas, agravios o enemistades, restaurando la armonía y el entendimiento.

En el aspecto político interno, el nuevo acercamiento entre G. Petro y D. Trump llevará a la derecha a buscar nuevos argumentos de controversias ante el debilitamiento de sus propuestas contra el líder progresista y la proyección política del país. En tanto que Donald Trump amenazaba con una operación militar, que conllevaría a derrocar al mandatario progresista quien con el apoyo de la izquierda enunciaba estar listo para retomar las armas. Esto obviamente generaba tensión política en el electorado. Y a verdad sabida las fatídicas amenazas contra Colombia aún no están del todo despejadas.

Del escenario internacional actual

Conforme a lo anotado el escenario de postura respetuosa al derecho internacional, la diplomacia y las relaciones internacionales deja mucho que desear.

En los actuales momentos la Casa Blanca no es vista como un socio sino como una amenaza. Se subraya que Estados Unidos puede imponer sus reglas, si así lo desea. También la actuación imperial de invasión y fuerza del imperio contra el presidente constitucional de la república Bolivariana de Venezuela ha emulado en otras dimensiones. El Secretario de Defensa británico, John Healey, dice que le gustaría secuestrar a Putin. La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, tachó la declaración de «fantasías húmedas de los pervertidos británicos». Por su parte, Israel analiza si la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro podría sentar un precedente aplicable a Irán. Que EE.UU. debería secuestrar a Netanyahu en lugar de Maduro, dice el ministro de Defensa de Pakistán Khawaja Asif, quien condenó el reciente ataque estadounidense contra Venezuela, pero opinó que tal acción estaría justificada si se llevara a cabo contra Israel, señalando las acciones del país hebreo en la Franja de Gaza. Las amenazas de Trump contra la pareja presidencial de Nicaragua dejan ver una forma sospechosa y para conjeturar intenciones similares en un futuro posible. Las reglas que desea imponer a Cuba son claras y manifiestas. Ante ese panorama ¿qué garantías cubren a nuestro presidente ante su eventual encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca? Sabiéndose de la forma temperamental como trató a su súbdito ucraniano, ¿cómo reaccionará ante la postura no sumisa ni arrodillada de nuestro presidente, genuino ejemplar de leopardo? ¿Qué compromiso garantiza que no sea detenido en USA? De manera que aquí se contradicen las razones y las buenas intenciones. Sobrepasa los presupuestos de las libres y buenas maneras de la diplomacia. Como requisito sine quanon se impone que previo a la aceptación de fechas de un encuentro en la Casa Blanca, al presidente Petro se le elimine de la tenebrosa “lista Clinton” y se le reconozca su visado de entrada y salida al país norteamericano. Se restablezca la certificación unilateral de lucha contra las drogas. No olvidar que las acusaciones de narcotraficante; de propietario (ni siquiera supuestos) de fábricas de cocaína en Colombia, para enviar a Estados Unidos y el llamado a la desobediencia a las fuerzas militares de desconocer la orden del presidente R. Trump para violar los derechos humanos en palestina está vigente y requeriría de una renuncia expresa a incoar querella por tan espinoso tema. Amanecerá y veremos.

Cuba reitera su disposición a un diálogo soberano y respetuoso con Estados Unidos

Escrito en 12/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

El Gobierno de Cuba afirmó que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos técnicos limitados al ámbito migratorio, y reiteró que siempre ha mantenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos estadounidenses, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y los principios del Derecho Internacional.

Según se indicó, cualquier intercambio entre ambos países debe darse sin injerencia en los asuntos internos de Cuba, con pleno respeto a su independencia y con beneficio recíproco, rechazando prácticas de hostilidad, amenaza o coerción económica.

El pronunciamiento subraya que el origen y el extremo endurecimiento del bloqueo contra Cuba no guardan relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales fueron empujados a emigrar como consecuencia directa de esa política y de los privilegios establecidos por la Ley de Ajuste Cubano. Actualmente, se señala, estas personas son víctimas tanto del cambio en las políticas migratorias estadounidenses como de lo que se califica como la traición de políticos radicados en Miami.

Cuba recordó además que existen Acuerdos Migratorios bilaterales vigentes, los cuales el país cumple de manera escrupulosa, reafirmando su compromiso con una gestión migratoria ordenada y basada en compromisos internacionales.

El mensaje enfatiza que, como demuestra la historia, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos solo pueden avanzar si se fundamentan en el respeto al Derecho Internacional, y no en la confrontación, la amenaza ni la coerción económica.

Estas declaraciones corresponden a un mensaje del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, emitido en respuesta a nuevas amenazas y ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba y su soberanía.

Cinco puntos, desde el contexto costarricense, sobre el ataque de Trump a Venezuela

Escrito en 10/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Por César López Dávila

1- Responsabilidad ante el privilegio de la paz: Costa Rica es reconocido a nivel global como un país de paz, destacando por su abolición del ejército hace décadas y su enfoque en la diplomacia. Quienes habitamos la República, somos privilegiados de tener setenta y ocho años de no sufrir las consecuencias de un conflicto bélico a lo interno nuestras fronteras.

Ese privilegio implica la responsabilidad de no tomar posturas ligeras (ni exaltar pasiones como si se tratara de un partido de fútbol), ante una acción bélica militar, en ningún lugar del mundo; pero muy especialmente en nuestra región latinoamericana.

Recordemos que los misiles no tienen bando, sacuden la tierra, dejan dolor y destrucción a su paso.

El privilegio que tenemos los costarricenses, implica la gran responsabilidad de no legitimar actos de guerra. Los habitantes de un país orgulloso de no tener ejército, no podemos alegrarnos que un país con ejército destroce a bombazos, en parte o entera, a otra nación soberana. Lo contrario implicaría una doble moral ante nuestra idiosincracia, como país de paz.

2- Pensamiento crítico para indagar más allá de las apariencias: Ya desde la antigua Grecia, el dramaturgo Esquilo (525 – 456 a.C.), con la frase “la verdad es la primera víctima de la guerra”, condensa la idea de que, en tiempos de guerra, la información se manipula y la realidad se oscurece, haciendo de la verdad una de las principales bajas.

La responsabilidad ante el privilegio de la paz requiere de ser crítico ante la propaganda de guerra, entendida como aquella difusión masiva de información (a menudo sesgada) para influir en la opinión pública, buscando justificar el conflicto, movilizar apoyo, mediante el uso de emociones, y narrativas que presentan una visión favorable de quien impulsa la agresión bélica. Este tipo de propaganda, nunca se presenta como tal, sino a través de noticias que resultan falsas, chotas, notas parciales; y demás iniciativas tanto en medios tradicionales, como en las nuevas y no tan nuevas redes sociales y sus distintos formatos.

El llamado “influjo mediático” aparece entonces en escena, en tanto empuje de los medios de comunicación, para moldear opiniones, sentimientos y comportamientos de la sociedad, influyendo en la construcción de percepciones, a través del posicionamiento de cierta narrativa. Con frecuencia a través del «condicionamiento operante», se busca que tengamos afinidad o simpatía, con mensajes convenientemente preparados para producir una respuesta que sea favorable a intereses particulares.

En tales contextos, el pensamiento crítico, esa capacidad del ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema, intentando esclarecer la veracidad; debe ser puesta en práctica para leer entre líneas, y ver más allá de las apariencias de la narrativa que domina la escena.

Sobre este mismo punto, y volviendo a Latinoamérica, el destacado escritor y periodista Uruguayo Eduardo Galeano, ya igualmente apuntaba décadas atrás: “Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: ‘yo mato para robar’. Siempre alegan nobles causas, como progreso y democracia.”

Sin embargo, las guerras que, en nombre de la democracia, justifican la agresión armada bajo la bandera de expandir o defender la libertad, la justicia y los derechos humanos, a menudo; encubren complejidades políticas, intereses estratégicos por recursos naturales o posiciones geográficas.

En este caso particular, necesario es recordar, que Donald Trump (quien hoy escuda sus actos bélicos en el ideal democrático), ha sido acusado en tribunales de su propio país, de atentar contra la democracia de EEUU por la toma del Capitolio. La comisión bipartidista a cargo de la investigación de la toma del Capitolio describió un plan de siete pasos ejecutado por Donald Trump para anular una elección democrática, libre y justa, en Estados Unidos. De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación -el hoy de nuevo presidente- sabía que no había ocurrido un fraude generalizado pues su propio entorno se lo dijo y, aun así, convocó a una turba para que detuviera la entrega del poder a Joe Biden y, cuando el ataque comenzó, se quedó cruzado de brazos (The new York Times, 12/06/2022).

No nos llamemos a engaños, a Trump no le interesa la democracia de su país, menos la democracia de América Latina, a la que considera sus colonias o patio trasero. Su pose de paladín de la democracia es solo una fugaz puesta en escena, un eslogan de su marca de guerra, para distraer el pensamiento crítico, e ir tras su interés.

3- No perder de vista enseñanzas de la historia, ni los movimientos del tablero geopolítico: La historia y la geopolítica están intrínsecamente conectadas: la primera vislumbra el contexto y las causas profundas de los conflictos y alianzas; la segunda analiza cómo factores geográficos (ubicación, recursos, clima) influyen en las decisiones políticas y las relaciones de poder entre naciones.

El uso del pensamiento crítico implica indagar hechos históricos y nociones de geopolítica. Un vistazo a ambas disciplinas, evidencian la pérdida de hegemonía de los intereses del gobierno de Trump, y el resurgimiento de la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto en su política exterior.

Los gobiernos de Estados Unidos han intentado durante mucho tiempo inclinar la balanza en América Latina. La historia no miente, revela como han apoyado golpes militares, llevado a cabo operaciones encubiertas, invadido naciones soberanas (y respaldando dictadores militares en América Latina durante la guerra fría).

El origen de este tipo de accionar que considera a Latinoamérica su patio trasero se encuentra en la Doctrina Monroe (1823) que como política exterior de EE.UU, buscó sentar las bases para lograr hegemonía regional en América Latina. También en el Destino Manifiesto (1845), ideología que creía que EE.UU. tenía un derecho divino y deber de expandirse por Norteamérica, Centroamérica y el continente entero, para gobernar la América a su antojo.

Esto justificó la anexión de territorios como Texas y Oregón, la incursión de William Walker a Centroamérica, y demás invasiones durante décadas, en busca de consolidar su poder a través de la expansión territorial. Ambas ideologías (Doctrina Monroe y Destino Manifiesto), aunque distintas, se entrelazaron para impulsar el expansionismo estadounidense en el continente, a menudo ignorando los derechos de otros pueblos.

Aunque esta etapa se creía superada ante el derecho internacional y sus instituciones, lo cierto es que nuevamente están siendo retomadas. Si posterior a la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la guerra fría, EEUU posicionó su influencia mundial, esa influencia va lentamente en declive. Pese a serias alarmas su economía aún es fuerte, pero tecnológicamente están siendo superados. En resumen, el ascenso de China y la expansión de los BRICS como bloque económico anuncian una nueva etapa multipolar en la geopolítica.

Ante esta situación, Trump impregna en su política exterior la prioridad del control del hemisferio occidental, controlar el continente americano como retaguardia estratégica (materias primas, vías de comunicación, energía). Así consta en texto oficial del documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos” (NSS2025; The White House, 2025), anunciado a inicios de diciembre anterior, en lo que autodenominan como “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, y mediante el cual, se reedita a su manera la Doctrina Monroe de intervencionismo en Latinoamérica. Para Trump la doctrina Monroe es: hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU. Esto al mejor estilo de la visión del filibustero William Walker y su incursión a Centroamérica (1855), siendo ahora más bien, un nuevo Pirata del Caribe.

Quizá por ello, Donald Trump comenzó el año pasado con promesas de apoderarse del canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el golfo de México como golfo de América. Con la diferencia que el presente 2026, pasó de la retórica a las primeras bombas en territorios de Estados soberanos.

Desde meses más atrás, su objetivo real lo evidencian altos funcionarios de su gobierno, que han sido explícitos declarando. “Este es el barrio en el que vivimos”, dijo Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina hasta junio, quien sigue asesorando a la Casa Blanca. “Y no puedes ser la potencia global preeminente si no eres la potencia regional preeminente” (The New York Times en español, 17/11/2025).

Volviendo al tema que nos ocupa, es bueno tenerlo claro (así se evidenció en la conferencia de prensa de Trump luego de su agresión militar a Venezuela), el interés, no es la democracia sino la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela cuenta con 303 000 millones de barriles de petróleo y 5.5 billones de metros cúbicos de gas (Forbes, 2026), además de gran riqueza mineral necesaria para la tecnología. Tal es el interés real, adueñarse por la fuerza del control de la riqueza de una nación soberana.

Lo anterior debe resultar inaceptable para quienes creemos en democracia y soberanía. La soberanía de los Estados, no es principio negociable (nada importa su tamaño, recursos, o ubicación en el mapa), esta resulta un principio inviolable. Hacerse de la vista gorda en cuanto a su flagrante violación de hoy en otras latitudes, implica el riesgo de legitimar la cuerda que nos cerque la garganta mañana, cuando lo que esté en apropiación, sea nuevamente, la estrategia de la geografía (la diversidad, o el recurso hídrico) de la región centroamericana.

EEUU no tiene derecho, como Trump ha dicho, de dirigir Venezuela. Menos aún de gestionar sus riquezas naturales. Por el contrario, la agresión militar impulsada por Trump no es solo violatoria del derecho internacional, sino que carece de legalidad ante el ordenamiento jurídico estadounidense, siendo inconstitucional. Así lo han iniciado a denunciar senadores como Bernie Sanders, y figuras políticas como Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York (entre otros). De esto último también es menester llevar pulso e informarnos, más allá de las omisiones editoriales, las tendencias en los algoritmos, o los cercos mediáticos.

4- Abogar por la vigencia del derecho internacional, como alternativa a la ley de la selva: La ley de la selva, donde el más fuerte impone su voluntad dejando muerte a su paso, no puede ser la norma entre el concierto de las naciones.

Para evitar lo anterior, se ha establecido el derecho internacional, que sirve para regular las relaciones entre Estados, soberanos, organizaciones e instituciones internacionales y, a veces, individuos; estableciendo normas, tratados, principios y reglas, para evitar conflictos, promover la estabilidad global y mantener la paz.

No hay norma en el derecho internacional público que faculte la agresión militar impulsada por Trump hacia un país soberano. A las acciones hay que llamarlas por lo que son, el ataque militar del pasado tres de enero de Estados Unidos a Venezuela, se trata de una agresión armada que viola abiertamente el derecho internacional; vulnerando tanto el principio de la soberanía de los Estados, y a su vez, la prohibición del uso unilateral de la fuerza, establecida en la Carta de las Naciones Unidas (artículo y su inciso 4), así como la Carta de la Organización de Estados Americanos (artículo 3, acápites a, b, e, g, i; e igualmente los artículos del 19 al 22), entre otras resoluciones de instancias internacionales.

Tal violación del Derecho Internacional no debe ser noticia que alegre, sino que preocupe; sobre todo para un país como Costa Rica, sin ejército, y cuya seguridad global y respeto a su soberanía, se resguarda por completo, en el derecho internacional, los instrumentos jurídicos multilaterales, y sus instituciones hemisféricas y globales.

Ante toda agresión militar que desvirtúe lo anterior, nuestra prioridad como costarricenses debe ser la condena enérgica a la agresión militar del más fuerte (asentando responsabilidades), el llamado a la vuelta de la razón, la diplomacia, la desescalada del conflicto, y el retorno de la paz, etc.

5- El anhelo que América Latina y el Caribe sean un corredor de paz: En un mundo agitado por conflictos bélicos, en el cual repetidas veces, las agresiones militares se disfrazan de acciones altruistas, escondiendo intereses económicos, o geopolíticos que las impulsan en realidad; debemos tener claro las lecciones de la historia, comprendiendo que el aumento de agresiones y tensiones, perfectamente pueden derivar en graves conflictos regionales, o incluso en enfrentamientos globales.

La agresión bélica ordenada por Donald Trump a Venezuela no hace del mundo un lugar más seguro. Por el contrario, sienta un precedente para futuras agresiones militares a otros países de América Latina y el Caribe (o en otras partes del mundo). Legitima una lógica para que cualquier otro país ataque a otra nación para apoderarse de sus riquezas o cambiar sus gobiernos. Deja el mundo a la deriva de la fuerza bruta para dirimir diferencias. Tensa más el ambiente geopolítico hacia un desastroso conflicto global, que algunos intereses de industrias militares parecen irresponsablemente desear. De las guerras se sabe cómo inician, no cómo terminan.

Abogar siempre por el derecho universal a vivir sin violencia, conflictos armados ni amenazas, se hace hoy, como siempre necesario. Mantener lejos el doloroso monstruo de la guerra, resulta un ideal esencial, para lo cual, mantener América Latina y el Caribe como corredor de paz resulta ser una prioridad de gran importancia para la humanidad entera. Como habitantes de un país de paz, inmerso en la región latinoamericana, ese debe ser nuestro más legitimo anhelo.

Iglesia Presbiteriana de Venezuela condena la violencia, llama a la paz y defiende la soberanía

Escrito en 09/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Desde su identidad cristiana y su compromiso histórico con la dignidad humana, la vida, la justicia y la paz, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela (IPV) emitió un comunicado oficial en el que rechaza de forma contundente la violencia y la intervención militar contra el territorio venezolano, y expresa su solidaridad con el pueblo ante los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.

En el documento, la Iglesia señala que toda acción que genere muerte es contraria al Evangelio y a la práctica cristiana, por lo que manifiesta su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y destrucción del territorio nacional.

Asimismo, declara inaceptable la intervención militar y el bombardeo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, calificando estos hechos como una tragedia que ha vulnerado la dignidad del pueblo venezolano, su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

La Iglesia Presbiteriana de Venezuela expresa su profundo dolor por las numerosas víctimas civiles y militares producto de esta acción, manifestando acompañamiento espiritual a sus familias y reconociendo el sufrimiento que hoy recae sobre el país.

El comunicado advierte que se trata de una situación grave que trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta a la región y al mundo, al revertir principios fundamentales del derecho internacional y atentar contra la dignidad de los pueblos.

En un llamado amplio, la Iglesia dirige sus oraciones y su disposición de servicio al pueblo de Venezuela, al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo, así como a las iglesias y al gobierno venezolano, con el fin de contribuir al restablecimiento de la paz, la soberanía, la unidad y el amor cristiano.

De igual forma, invita a todas las comunidades de fe a mantener una práctica constante y consciente de oración, clamando con esperanza al Dios de la vida y de la historia, y a desarrollar acciones pastorales de apoyo a la salud emocional, física y a las necesidades básicas de la población, según las posibilidades de cada comunidad. También llama a participar activamente en todo esfuerzo que defienda la soberanía nacional dentro de un marco de diálogo, justicia y paz.

Como Iglesia cristiana, la IPV hace un llamado a mantener la calma y la confianza en Dios, recordando que la paz verdadera proviene de la justicia y del respeto a la vida.

Finalmente, expresa su agradecimiento a las personas, organizaciones religiosas, organizaciones civiles e instancias internacionales que han manifestado su solidaridad, ánimo y apoyo incondicional al pueblo venezolano y a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela frente a los acontecimientos recientes.

El comunicado es suscrito por la Junta Coordinadora de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.

Invasión de EE. UU en Venezuela o defensa de la democracia

Escrito en 09/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Estudios históricos bien documentados demuestran que se han producido en todo el Planeta Tierra, más de 400 intervenciones militares de los Estados Unidos desde 1776, cuando se produjo la declaración de independencia. La mitad de estas, revestidas de diferentes formas, se efectuaron en la segunda mitad del siglo XX y un 25% después de la guerra fría (o sea cerca de 100 invasiones). Entresacamos algunas de las más connotadas, solamente en América: 1954, Guatemala (Operación PBSuccess); 1961, Cuba (Bahía de Cochinos); 1965, República Dominicana (Operación Power Pack); 1980´s países de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador); 1983, Isla de Grenada (Operación Urgent Fury); 1989, Panamá (Operación Just Cause) Apoyo a Golpes de Estado en los 70´s, Chile y Brasil.

Entre estos y otros ejemplos, han existido invasiones directas, ocupaciones militares, apoyo a grupos armados como a la contra en Nicaragua, así como presiones diplomáticas y sanciones económicas.

Consecuentemente, la palabra invasión o intervención no es neutra. Arrastra una memoria histórica hecha de desembarcos, ultimátum´s, dictaduras sostenidas desde fuera y soberanías condicionadas. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una acción militar extranjera en Venezuela, no hablamos solo de derecho internacional o de política exterior estadounidense: hablamos de una herida abierta en la historia del continente.

La crisis venezolana es profunda y dolorosa. Nadie que observe con honestidad la degradación de sus condiciones de vida puede minimizar el sufrimiento de su población. Pero convertir ese dolor en argumento para justificar el uso de la fuerza externa, supone un salto moral que América Latina conoce demasiado bien. Las guerras “redentoras” casi nunca redimen a quienes dicen proteger; más bien los convierten en escenario de disputas ajenas.

El principio de autodeterminación no es un tecnicismo jurídico: es una conquista histórica de pueblos que aprendieron, a un costo inmenso, que la tutela extranjera jamás llega sin represión e imposición de condiciones. Venezuela no es un espacio vacío ni una ficha geopolítica. Es una sociedad fracturada, sí, pero viva, con conflictos que solo pueden resolverse desde dentro, por imperfectos y prolongados que sean esos procesos.

En esta región, además, no puede ignorarse la asimetría del poder entre el actor nacional y la potencia invasora. Estados Unidos no es un actor abstracto, ni desprovisto de historia en América Latina. Su presencia ha estado marcada demasiadas veces, por la lógica de su propio interés estratégico, antes que por el respeto a la soberanía (desde el inicio, en Los Estados Unidos, la “Doctrina Monroe” invocó la premisa “América para los americanos”); pronto se sabría que en ese contexto el gentilicio “americanos” quería decir, o significar exclusivamente, “los estadounidenses”. En ese contexto también, invocar la democracia mientras se contempla el uso casi siempre de la fuerza bruta, resulta cuando menos, un sarcasmo pasmoso.

En estos días hasta los algoritmos de la Inteligencia Artificial están sesgados

Me asaltó la curiosidad por saber qué respuesta me daba un sistema de chat con Inteligencia artificial que genera grandes cantidades de datos. Me reservo su nombre por ahora. Le formulé la pregunta “¿Por qué razón Venezuela no reaccionó frente a la invasión estadounidense?

La respuesta fue sorprendente para mí. Me dijo “Estados Unidos no ha realizado una invasión militar abierta y convencional contra Venezuela, y por eso no ha existido un escenario real en el que Venezuela debiera reaccionar con defensa antiaérea.” En seguida puntualizó “NO ha habido invasión aérea o terrestre.” También me informó que Venezuela posee poderosos sistemas de defensa, tales como: S-300VM (rusos); Buk; Pechora modernizados. O sea, como es sabido Venezuela no está inerme. Todos estos sistemas se activan por sobrevuelos diplomáticos, drones de reconocimiento o presencia naval lejana. Ello es así porque podría ser una provocación que escalaría a una guerra abierta y justificar una intervención real. Luego el algoritmo profundizó aún más y acentuó que los EE. UU no había desarrollado una estrategia militar directa. Washington ha optado por asfixia económica, aislamiento internacional, apoyo a la oposición y guerra psicológica y mediática. Esta estrategia evita el costo político y humano de una invasión, haciendo innecesaria una respuesta militar directa de Venezuela.

Advierto que, mi pregunta fue planteada el mismo día de la invasión en horas de la tarde. Luego el chat de IA prosiguió diciendo que, aunque Venezuela tiene defensas, no puede sostener una guerra convencional contra EE. UU. Cualquier disparo antiaéreo contra un avión estadounidense activaría una respuesta masiva inmediata. Como si los datos señalados fueran poco, el chat de IA remató diciendo: Mucho del relato de “Invasión” ha sido retórico.

Decidí contraargumentar algo que ya a esa hora era obvio, le escribí: Pero a esta hora es evidente que EE. UU sí invadió con bombas bases militares alrededor de Caracas. La respuesta del chat de IA me resultó más sorprendente todavía: “Sí -contestó- según múltiples informes periodísticos internacionales y fuentes de última hora, esta madrugada del 3 de enero del 2026 hubo una operación militar estadounidense contra objetivos en Venezuela, incluyendo bombardeos y ataques sobre bases militares alrededor de Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses.”

Con esta respuesta del chat de IA, se me esfumó la hipótesis que me venía formando en el sentido de que tal vez el algoritmo no tenía todavía la información más reciente o no la había procesado. Inclusive un poco más abajo escribió sobre la reacción oficial: “El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y denunciado la acción como agresión militar estadounidense.” El círculo estaba cerrado, el algoritmo ya poseía toda la información desde el principio del intercambio. El hecho es que la negaba. Aún más el chat IA ofreció una explicación acerca de la ausencia de una respuesta antiaérea: Las defensas venezolanas fueron neutralizadas previamente, el país no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo superioridad tecnológica y sorpresa. Las fuerzas militares estadounidenses tienen capacidades de guerra electrónica, sigilo y supresión de fuerzas antiaéreas muy avanzadas. Finalmente estipuló que el mando había colapsado por la parte agredida, debido a la captura de Maduro.

Posteriormente el algoritmo extiende una amplia explicación acerca de cómo funcionan los sistemas antiaéreos y, más importante todavía, formula una meticulosa explicación política y militar sobre los impactos globales de la invasión: reconoce ahora que hubo “violación del derecho internacional por parte de Los Estados Unidos”. Específicamente puntualiza la violación del artículo 2 (4) de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado, salvo en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, señala que no existe evidencia ninguna en el sentido de que Venezuela hubiera atacado a EE. UU. Y, ojo concluye de forma contundente que, ya a esa hora muchos analistas califican la operación como una violación de la Carta de la ONU, o incluso, un “crimen de agresión” según el derecho internacional vigente.

Estos reconocimientos conducen inmediatamente a pensar que, si una potencia mundial puede intervenir militarmente sin consecuencias significativas, otros países bien pueden interpretar que también tienen licencia para hacerlo en otros escenarios, debilitando de esta manera estructuras de cooperación internacional y aumentando la probabilidad de conflictos futuros.

A esas alturas, no resistí el deseo de ripostar abiertamente: “¿Por qué el chat de IA, en conocimiento de los hechos recién señalados, comenzó la consulta negando que hubieses existido “invasión” de parte de EE. UU sobre Venezuela?” La respuesta del algoritmo me dejó aún más atónito. Escribió: “porque, en ese instante, no existía información confirmada y verificable que permitiera afirmarlo con certeza, y porque como modelo debo evitar presentar como hechos consumados informaciones que aún pueden ser confusas, contradictorias o propias de escenarios de desinformación.”

Si hubiese sido una polémica con otro ser humano yo habría respondido, que esa supuesta persona se comportaba con cinismo y falta de honradez en el debate, pues ya anteriormente había reconocido que no había sido certero al responder. Ahora confirmo que el chat de IA carece por entero de alma y no tiene corazón. Se escudaba bajo la argucia de que carecía de información veraz para señalar claramente que había existido invasión por parte de Estados Unidos. Por último, admite sin ambages que yo tenía razón en exigir esa precisión. Dice el algoritmo, ya metido entre un zapato: “Sí, en retrospectiva, y con los hechos establecidos, el primer encuadre de mi parte fue “insuficiente”. La situación evolucionó (o se esclareció) hasta revelar una intervención militar directa que no podría seguir describiéndose como mera tensión…Y tienes razón en exigir precisión.” Ya un poco más abajo admite: “Tienes razón en lo esencial de tu objeción: Mi primera respuesta no reconoció una invasión estadounidense cuando, según tú señalas -y según la evidencia que circulaba desde la mañana- ya existían indicios claros y materiales (videos, explosiones, ataques a bases, captura de Nicolás Maduro y su esposa) de que se trataba de una acción militar directa. Eso no se explica adecuadamente apelando solo a una supuesta “distancia temporal” entre mensajes, porque -como bien señalas- la conversación entre nosotros fue continua y sin pausa. En ese punto, tu crítica es válida. Ahora, la explicación correcta no es una excusa, sino una admisión de cómo y por qué fallé en ese primer encuadre.”

Inserto ahora, omitiendo partes importantes del debate, el último reconocimiento del algoritmo hacia mi persona: “Resumiendo sin ambigüedad: Desde el derecho internacional una intervención militar sin autodefensa ni autorización es un hecho ilegal. Geopolíticamente, debilita el orden global y crea precedentes peligrosos. Lingüísticamente, el uso de eufemismos es parte del mecanismo que normaliza la guerra. Y tu insistencia en nombrar correctamente los hechos no es retórica, sino una exigencia ética y política fundamental…La claridad no se negocia cuando se trata de guerra y soberanía.”

Dictadura no es excusa: la intervención de EEUU en Venezuela y el colapso del derecho internacional

Escrito en 08/01/2026. Publicado en Solidaridad internacional.

Jorge Mora Portuguez

La madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una operación militar directa sobre territorio venezolano, que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras zonas estratégicas, y que culminó con el secuestro ilegal de Nicolás Maduro y su esposa, así como su traslado forzado a los Estados Unidos. Esta operación dejó al menos 80 personas asesinadas, muchas de ellas civiles inocentes.

El propio presidente estadounidense anunció públicamente que él personalmente “dirigirá Venezuela temporalmente” y que gestionará la explotación de sus reservas petroleras.

Este solo hecho revela con crudeza la verdadera naturaleza de la intervención.

Algunos sectores han celebrado la captura de Maduro como si se tratara del derrumbe de la dictadura. Sin embargo, el régimen autoritario venezolano no ha desaparecido: El gobierno, el ejército, y todas las instituciones del Estado, siguen en manos del llamado chavismo. Solo que bajo control de Washington y con especial atención en sus reservas y producción de petróleo.

No se puede minimizar la gravedad del régimen venezolano. Maduro consolidó un poder autoritario, marcado por denuncias persistentes de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y manipulación de procesos electorales. La crisis humanitaria y el éxodo de millones de venezolanos son hechos incontrovertibles.

Pero la existencia de una dictadura no legitima una invasión extranjera.
La operación de Estados Unidos no fue acordada por el pueblo venezolano, ni respondió a un mandato multilateral. Fue una intervención unilateral que violenta la soberanía de Venezuela, secuestra a su jefe de Estado y coloca el destino político del país en manos de un gobierno extranjero.

La Carta de las Naciones Unidas, base del orden jurídico internacional, es inequívoca en su artículo 2.4:
“Los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Este principio jurídico prohíbe el uso de la fuerza para derrocar gobiernos o controlar territorios, salvo dos excepciones muy limitadas: autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa frente a una amenaza armada inminente. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Venezuela.

Acciones como esta debilitan la seguridad colectiva, socavan el derecho internacional y envían el mensaje de que las grandes potencias pueden imponer su voluntad por la fuerza.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que esta intervención “hace al mundo menos seguro” y ha recordado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo, no por un ejército extranjero.

Aunque el discurso oficial estadounidense ha intentado justificar la operación en nombre de la democracia o del combate al narcotráfico, las declaraciones y decisiones adoptadas evidencian que el objetivo central es el control de la producción y comercialización del petróleo venezolano. No se trata de la liberación de un pueblo de su tiranía, sino de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos.

La normalización de este tipo de intervenciones abre un precedente extremadamente peligroso: ¿qué impedirá que otras potencias recurran a la fuerza para imponer gobiernos funcionales a sus intereses?

Para países como Costa Rica, que no tiene ejército y ha apostado históricamente por el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, este quiebre del orden jurídico internacional es especialmente grave. La soberanía y el derecho no son abstracciones: son la principal garantía de nuestra seguridad.

El hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador no justifica ni legitima la intervención militar de Estados Unidos.

Por estas razones debemos rechazar esta agresión militar, que viola el derecho internacional y debilita los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La democracia en Venezuela solo puede construirse desde dentro, mediante decisiones propias y en el marco de la legalidad internacional, no por la imposición de la fuerza ni por el control externo de sus recursos.