La instrumentalización de la resistencia para justificar el genocidio en Gaza
Por Juan Carlos Cruz
Fuente: BBC
Desde el 7 de octubre de 2023, la narrativa dominante ha girado en torno al ataque de HAMAS como detonante de una supuesta “respuesta legítima” por parte de Israel. Sin embargo, diversas investigaciones y testimonios revelan que el operativo insurgente fue precedido por señales claras que fueron ignoradas por los servicios de inteligencia israelíes. Esto ha llevado a analistas, juristas y comunicadores críticos a preguntarse si el ataque no ha sido más bien utilizado como pretexto para acelerar un proceso de limpieza étnica que lleva décadas en curso.
Más allá del impacto inmediato, lo que está en juego es la legitimidad de la resistencia palestina y la forma en que ha sido sistemáticamente criminalizada para justificar el despojo territorial, el exterminio y la impunidad internacional. Este artículo propone una lectura crítica desde el derecho internacional, la historia de la resistencia y el análisis comunicacional, desmontando el relato hegemónico que reduce el conflicto a una reacción defensiva frente al “terrorismo”.
Fallos de inteligencia y advertencias ignoradas
Advertencias previas: Según investigaciones del Wall Street Journal y The Jerusalem Post, Israel recibió señales claras del operativo de HAMAS, incluyendo activación de tarjetas SIM israelíes y movimientos de tropas el 6 de octubre.
Interpretación errónea: Los altos mandos pensaron que HAMAS realizaba ejercicios defensivos o preparaba incursiones menores. Se descartaron documentos que apuntaban a un ataque coordinado.
Exceso de confianza: Tras años de contención exitosa, Israel asumió que HAMAS estaba disuadido y debilitado. Esta lectura errónea permitió que el ataque tomara por sorpresa a las fuerzas israelíes.
¿Venganza o estrategia de exterminio?
Masacre posterior: Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, según cifras de medios palestinos y ONG. La mayoría son civiles, incluyendo miles de niños.
Destrucción sistemática: Hospitales, universidades, archivos históricos y barrios enteros han sido arrasados. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria y se bloquea el acceso a agua, electricidad y alimentos.
Desplazamiento forzado: Se ha intentado forzar a la población gazatí hacia el sur, hacia Egipto, lo que ha sido denunciado como una estrategia de limpieza étnica.
Impunidad internacional: A pesar de las denuncias de genocidio, ni EE.UU. ni la UE han exigido un alto al fuego ni han sancionado a Israel. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque del 7 de octubre se usa como pretexto para culminar el despojo territorial.
Lectura crítica desde la comunicación y el derecho internacional
Narrativa dominante: Los medios hegemónicos han centrado la cobertura en el ataque de HAMAS, invisibilizando el contexto de ocupación, apartheid y resistencia.
Derecho internacional: La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el castigo colectivo, el desplazamiento forzado y los ataques a civiles. Israel ha violado sistemáticamente estas normas.
Comunicación crítica: Espacios como La BaseLatam, Al Jazeera, Canal Red y medios alternativos han denunciado el uso del lenguaje como arma de guerra: se criminaliza la resistencia y se legitima el exterminio.
La resistencia no comenzó con HAMAS
La resistencia palestina ha sido instrumentalizada por el ente colonial y sus aliados, para justificar el genocidio y el despojo territorial, desde antes de la implantación del estado sionista.
Desde el inicio del proyecto colonial británico que facilitó la creación del Estado de Israel —sin consultar ni reconocer los derechos del pueblo árabe palestino— se ha desplegado una resistencia constante frente al despojo, la ocupación y la violencia estructural. Esta resistencia, en sus múltiples formas, ha sido sistemáticamente etiquetada como terrorismo por los poderes hegemónicos, invisibilizando su carácter legítimo como respuesta a la opresión. La larga lista de acontecimientos violentos no puede entenderse sin reconocer que la resistencia palestina es expresión de un derecho universal: el de los pueblos a defender su tierra, su vida y su dignidad frente a la colonización y la limpieza étnica.
Matriz comparativa: Resistencia palestina vs. represión israelí
Vinculación con resoluciones internacionales
Resolución 194 (1948): Reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Resolución 242 (1967): Exige la retirada israelí de territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días.
Resolución 2334 (2016):Condena los asentamientos israelíes en territorio palestino como ilegales.
Estatuto de Roma (CPI): Permite investigar crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y castigo colectivo.
HAMAS como contrapeso a la OLP y el cambio de rol estratégico:
Desde su fundación en 1987 como escisión de los Hermanos Musulmanes, HAMAS ha sido objeto de una compleja relación con el ente colonial sionista. En sus primeros años, Israel toleró —e incluso facilitó indirectamente— su crecimiento, en parte porque su emergencia fragmentaba el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y debilitaba la unidad nacional frente a la ocupación. Sin embargo, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el ascenso electoral de HAMAS en Gaza, el movimiento pasó a ocupar el lugar simbólico y estratégico que por décadas tuvo la OLP: el de enemigo útil, funcional a la narrativa de “defensa” israelí.
En los años 80 y 90, Israel vio con buenos ojos el surgimiento de HAMAS porque debilitaba a la OLP, que había logrado reconocimiento internacional como representante legítima del pueblo palestino. Esta división interna fue instrumentalizada para fragmentar la resistencia.
Ascenso electoral y legitimidad popular. En 2006, HAMAS ganó las elecciones legislativas palestinas con amplio apoyo en Gaza. Su victoria fue desconocida por Israel, EE.UU. y la UE, que impusieron sanciones y bloquearon el gobierno. Desde entonces, HAMAS fue aislado y demonizado como “grupo terrorista”, a pesar de su legitimidad electoral.
A partir de entonces, HAMAS pasó a ocupar el papel de enemigo absoluto. Cada acción de resistencia —desde el lanzamiento de cohetes hasta la defensa armada— ha sido utilizada como pretexto para justificar bombardeos masivos, invasiones terrestres y bloqueos prolongados.
La victimización del ente colonial sionista
Narrativa de autodefensa. Israel ha construido una doctrina comunicacional basada en el “derecho a defenderse”, que se activa cada vez que HAMAS responde a la ocupación. Esta narrativa invisibiliza el contexto de apartheid, colonización y violencia estructural.
Instrumentalización del ataque del 7 de octubre de 2023. El operativo conjunto de HAMAS y otras fuerzas insurgentes fue inmediatamente presentado como una agresión sin contexto. Desde entonces, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, destruyendo hospitales, universidades y barrios enteros, bajo el pretexto de eliminar a HAMAS.
La resistencia como derecho, no como amenaza
La existencia de HAMAS —como antes la de la OLP, las intifadas o el movimiento BDS— ha sido utilizada por Israel y sus aliados para justificar una política sistemática de exterminio, desplazamiento forzado y colonización. Pero la resistencia palestina no es la causa del genocidio: es su excusa. Invisibilizar su legitimidad equivale a negar el derecho de los pueblos a defenderse frente a la ocupación, el apartheid y la violencia estructural.
A la luz del derecho internacional, de la memoria histórica y de los testimonios que emergen desde Gaza, lo que se vive no es una guerra, sino una masacre planificada. Y lo que se necesita no es más cobertura mediática del horror, sino una ruptura ética con la narrativa colonial que convierte a las víctimas en culpables y a la resistencia en terrorismo.
La pregunta no es si HAMAS justifica la respuesta israelí. La pregunta es por qué el mundo sigue permitiendo que se utilice la resistencia como pretexto para el exterminio.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). Foto perteneciente a los archivos personales del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa» ).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com
Un reciente informe señala que las condiciones laborales en Costa Rica han desmejorado sensiblemente en los últimos años (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2025).
En general, este deterioro afecta a todos los trabajadores, siendo no obstante las mujeres trabajadoras las que más impactos negativos sufren de esta situación. Este reciente informe del INEC sobre el empleo en Costa Rica contiene las cifras al primer trimestre del 2025, que revisten siempre cierto interés.
En julio del 2025, la Defensoría de los Habitantes alertó sobre la casi nula capacidad de fiscalización en materia de condiciones laborales, al contar el Estado costarricense con un número sumamente bajo de inspectores (véase nota del medio digital Delfino.cr).
En el 2024, una tesis de grado de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontró semanas de hasta 84 horas para operarios en fincas bananeras en Costa Rica (véase nota publicada en el portal de la UCR de noviembre del 2024). Se ignora si existe un estudio similar para las jornadas de trabajo en las plantaciones de piña en Costa Rica, principal producto de exportación sobre el que volveremos en las líneas que siguen.
En junio del 2020, se denunció las condiciones laborales extremadamente precarias de los trabajadores en grandes plantaciones en la Zona Norte de Costa Rica y su extrema vulnerabilidad a la epidemia de COVID (véase nota de SurcosDigital).
Salud ocupacional y pesticidas / plaguicidas en Costa Rica
En este estudio sobre plaguicidas usados en bananeras y salud de los trabajadores, se señala (p. 8) que:
«Los registros de los sistemas de vigilancia de las instituciones responsables han sido incapaces de cumplir con su papel de monitorear los riesgos para los trabajadores de uno de los cultivos más problemáticos en cuanto al uso de plaguicidas. En la actualidad es más complejo realizar estudios confiables debido a que i) muchos trabajadores ya no son empleados por las empresas sino por contratistas sin cobertura por el régimen de riesgos de trabajo, ii) las empresas tiene ahora médicos de empresa quienes solucionan in situ eventos que no significan un peligro inmediato para la vida del trabajador sin hacer las denuncias obligatorias y iii) estas estadísticas ahora son tratadas como datos confidenciales de ‘clientes’«.
No está de más recordar que en esta nota de la BBC del 2022 sobre las personas afectadas por el uso del Nemagón en los años 70 en Centroamérica, se detalla el nivel de irresponsabilidad al que fueron expuestos estos humildes trabajadores durante muchos años trabajando en bananeras sin mayor protección.
En Costa Rica se estima una cifra de víctimas del Nemagón que oscila entre 12.000 y 30.000 personas (véase nota de ElAtlas de conflictos socio ambientales). Este voluminoso informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica de 1998 incluye en sus conclusiones una serie de recomendaciones a las entidades del Estado costarricense, con el fin de que estas personas sean debidamente acompañadas e indemnizadas, pese a tratarse de hechos que remontan a hace más de 25 años. No se ha encontrado un estudio más reciente sobre el seguimiento hecho a este informe por parte de las autoridades costarricenses concerñidas, salvo este Expediente Legislativo 20.400 del 2017. En el 2021 se registró esta protesta callejera por parte de un periódico costarricense en esta nota de noviembre del 2021, titulada «Afectados por el Nemagón exigen indemnizaciones«. El Acta de la Junta Directiva Número 9232 de la CCSS de enero del 2022 señala las diversas observaciones de la entidad a un enésimo proyecto de ley presentado a la CCSS para consulta, siempre relativo a la indemnización para los afectados por el Nemagón (pp. 27-66).
Sin haber resuelto aún del todo el tema de los efectos en la salud del Nemagón usado en las bananeras en los años 70, son ahora nuevas sustancias químicas las que amenazan la salud de los trabajadores y de las comunidades circundantes: al respecto, cabe recordar que en el 2013 la organización denominada el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) llevó a cabo una sesión sobre agua y piña en Costa Rica. Las ponencias aquí reunidas en particular las de Clemens Ruepert (pp.29-35) y Mario Peña Chacón (pp.53-64) mantienen ambas su plena vigencia, 12 años después. Al igual que las recogidas en la Parte II de las actas de este foro, en particular las de una luchadora incansable como Erlinda Quesada (pp. 6-9), y las ponencias de Mauricio Álvarez (pp. 10-18) y Soledad Castro (pp. 26-30). Sobre este foro, al iniciar nuestra breve ponencia, la sensibilidad extrema de algunos funcionarios fue tal que el día siguiente, el medio digital ElPais.cr tituló una nota «Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña«: véase tercer artículo de revista de prensa disponible en este enlace.
Ya en octubre del 2009, el artículo de opinión publicado en La Nación «Una visita que mueve mas de 1000 denuncias» había puesto en evidencia la extrema sensibilidad que genera la piña costarricense de exportación en algunos círculos costarricenses.
Empresa privada / Estado costarricense: una vieja historia
En el 2024, en un acto realizado en la Asamblea Legislativa conmemorando el legado y el significado para la historia costarricense de las huelgas bananeras de los años 30 en Costa Rica, se escuchó (véase nota de prensa) que:
«Si comparamos las reivindicaciones de los trabajadores bananeros hace casi un siglo con lo que ocurre hoy en el sector agroindustrial costarricense, nos damos cuenta que las condiciones siguen siendo casi las mismas«.
Para quienes nos leen desde otras latitudes (y quienes en Costa Rica tienen una memoria huidiza), hay que saber que en el 2010, una extraña decisión del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica de aquella administración 2006-1010 (que se destacó por cercanía con el sector privado y su acérrima defensa del libre comercio) (Nota 1), consistió en retirar del programa educativo la celebre novela costarricense de «Mamita Yunai» (véase texto de la obra integral), así como El Quijote: una decisión que fue revertida, sin que se conozcan, 15 años después, las razones exactas por las que se solicitó dicho retiro del programa de lectura de todos los colegios costarricenses (véase nota de La Nación de junio del 2010).
No está de más señalar la existencia de esta carta oficial de la Misión de Costa Rica a Naciones Unidas (documento A/HRC/12/G/3) cuestionando gran parte de los hallazgos de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre agua saneamiento y derechos humanos, a raíz de su visita a Costa Rica en julio del 2009 (véase informe A/HRC/12/24/Add.1 descargable en la red, versión en español disponible aquí). La lectura de ambos documentos se recomienda, al señalar la experta de Naciones Unidas graves problemas con la gestión del recurso hídrico en Costa Rica, que persisten y se han ido agravando, 16 años después de emitido su informe. Con relación a la piña, mientras la Experta independiente en su informe, señalaba que:
«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado«.
se lee textualmente en uno de los primero puntos, que para la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas:
«4. También sería interesante conocer cuáles son las opciones que se le podrían brindar a los productores de piña en lugar del Bromacil y el Diurión«.
Sería también «interesante» (para emplear el adjetivo usado en la precitada misiva oficial) conocer la fuente de esta extraña forma de expresarse de un Estado, que se plasmó en esta carta oficial de la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas, sobre una recomendación de carácter urgente que Costa Rica …finalmente acató en el 2017, al menos parcialmente, con relación al Bromacil (Nota 2). En octubre del 2024, Costa Rica debió reconocer en plena COP-16 que en materia de plaguicidas, mucho aún falta por recorrer (véase nota de Delfino.cr).
En el 2024, con ocasión de una reunión de la OIT en Ginebra, se leyó por parte de una sindicalista costarricense (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2024) que la simbiosis Estado / sector empresarial en el caso costarricense fue más que notoria:
«En la reunión del grupo de trabajadores de la Conferencia de OIT, con representación de todos los países del mundo, se reafirmó que el caso de Costa Rica era prioridad por la gravedad de la situación en materia de libertad sindical en el país, pero los empleadores exigieron que fuera excluido de la lista y amenazaron de no llegar a consenso, lo que significaría no analizar ningún caso en la Comisión de Aplicación de Normas. Esto es el deplorable resultado de una alianza entre el Gobierno, la UCCAEP y sus aliados globales«
No está de más señalar una reciente y ocurrente iniciativa del sector privado costarricense en aras de, supuestamente, aumentar la productividad de un trabajador, cuando colegios gremiales como el colegio de psícólogos advierten del efecto exactamente inversa (véase artículo del Semanario Universidad de julio del 2025).
Resulta de igual manera oportuno referir, en otro ámbito no muy alejado del campo laboral, a un reciente informe bastante contundente (Nota 3) del programa Estado de la Educación (véase nota del medio digital Delfino.cr de agosto del 2025) y a otro informe de la OCDE sobre el deterioro en materia educativa de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de septiembre del 2025).
Algunas de las alertas generadas desde la UCR en años recientes sobre el sector agroexportador
En el 2020, desde la UCR se alertó sobre las condiciones laborales existentes en fincas destinadas a la exportación del banano y de la piña (véase nota publicada en portal de la UCR en marzo del 2020).
Previo a ello, en el 2016, un equipo de investigadores europeos llegó a Costa Rica con el fin de investigar algunos aspectos con el objetivo de dar a conocer al consumidor europeo la realidad de lo que viven los trabajadores en las plantaciones de piña costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).
En el 2018, una prestigiosa ONG sobre comercio justo y equitable como Oxfam lanzó un campaña de información en Europa sobre las condiciones laborales imperantes en Ecuador y en Costa Rica (véase informe). Este reportaje de junio del 2019 del Semanario Universidad detalla la voracidad del sector de la piña y la inefectividad de las instancias públicas a cargo de proteger el ambiente y la salud de las comunidades rurales en la Zona Norte de Costa Rica.
Esta situación se da mientras los pequeños y medianos agricultores costarricenses que no producen banano o piña, sino productos mucho más tradicionales como el arroz, la papa, la cebolla, el tomate, la yuca o los frijoles, y surten con parte de sus productos las ferias del agricultor cada semana, sufren año tras año los embates del cambio climático y la desatención total o casi por parte de las autoridades nacionales: un reciente reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2025 así lo refleja.
Por su parte, el «Observatorio de Relaciones Laborales» de la Facultad de Derecho de la UCR dedicó uno de sus foros en el 2024 a la situación de los trabajadores en fincas bananeras y piñeras, con hallazgos sumamente interesantes, a relacionar con los precitados documentales europeos (véase video disponible en You Tube).
Con relación a la piña propiamente dicho, en este enlace, adscrito a Naciones Unidas (FAO), se indica la posición de control del mercado mundial de la piña de exportación por parte de Costa Rica. En este otro enlace se señala que Costa Rica domina ampliamente el sector de exportación de la piña fresca en el mundo, con 51% del mercado mundial, seguido por Filipinas con un poco más del 15%. Ya en este informe de Naciones Unidas del año 2016 (UNCTAD), el gráfico (p. 13) colocaba a Costa Rica en la cúspide de los exportadores de piña fresca a nivel mundial, al tiempo que esta publicación del 2005 de un centro especializado como el CIRAD (Francia) explicaba el impacto que tuvo la introducción de la variedad «MD-2» producida en Costa Rica, desplazando una tras una todas las demás variedades de piña en el mercado mundial.
En lo que atañe a la salud ocupacional de los trabajadores y la salud de las comunidades circundantes a plantaciones de piña, resulta de cierto interés señalar que, al acordar el Consejo Universitario de la UCR un segundo pronunciamiento sobre la piña en el año 2018 (véase texto), dos entidades del Estado costarricense solicitadas para proporcionarle datos entregaron «información insuficiente«: el Ministerio de Salud y la CCSS (véase recuadro a página 3). El primer pronunciamiento del mismo Consejo Universitario de diciembre del 2008 sobre los efectos negativos de un monocultivo como la piña en un país tropical como Costa Rica (véase texto) se mantiene, 17 años después, de una insistente actualidad ante los daños ocasionados por la piña en diversas regiones de Costa Rica.
Este reportaje del Semanario Universidad de agosto del 2023 detalla hasta que punto el Estado costarricense fomenta la expansión piñera, en este caso en detrimento de la salud de los niños de una escuela y de una comunidad «rodeada» de plantaciones de piña. En este otro reportaje del enero del 2024, se hacer la miopía severa que sufren los funcionarios de la SETENA cuando de piña se trata, una patología ya denunciada en … el 2017 (véase reportaje del Semanario Universidad de marzo del 2017). La miopía institucionalizada de las autoridades costarricenses llegó a tal punto que en el 2021, la piña fue objeto del siguiente titular en un sitio especializado en materia ambiental como Mongabay:
«Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica«.
¿Un Estado que no se percata que la piña se instala de manera ilegal en zonas protegidas? Así como se lee.
En mayo del 2025, esta nota de prensa de La Nación refirió a la intoxicación de trabajadores en una piñera.
Claro está, la realidad de lo que se vive en estas plantaciones de piña rebasa, y por mucho, lo que esporádicamente, puede llegar a ser referenciado en artículos de la prensa costarricense sobre algunas de ellas.
No está de más señalar que al 2022, se registraban más de 65.500 hectáreas de piña sembradas (véase infografía de MOCCUP), cuando en el 2012, eran aproximadamente 45.000 hectáreas.
El acaparamiento de las tierras, un efecto bastante conocido de los monocultivos, desplazando a pequeños propietarios, forzándolos a integrarse a un monocultivo en detrimento de los productos tradicionales, o a vender sus pequeñas parcelas a grandes empresas, también se ha podido observar en el caso de la piña en Costa Rica (Nota 4).
La imagen internacional de Costa Rica como «destino verde» puesta en tela de duda
Quisiéramos en este acápite hacer ver que si bien la gran prensa costarricense, en líneas generales, no considera de interés publicitar las diversas denuncias de las que es objeto la expansión piñera por parte de pequeñas comunidades costarricenses afectadas (salvo alguna que otra excepción, usualmente medios de prensa universitarios), el tratamiento en el plano internacional es distinto:
– en el 2010, en el Reino Unido, The Guardian realizó un extenso reportaje sobre la piña costarricense en Europa (véase texto);
– a finales del 2018, la cadena de televisión DW en Alemania realizó un interesante documental sobre la piña costarricense titulado «Costa Rica: el precio de la piña» (véase enlace en You Tube), en el que exhibe algunos aspectos pasados por alto por las autoridades de Costa Rica desde hace muchos años: a partir del minuto 16:00 de este documental, se puede observar el texto de una una misiva con carácter urgente del entonces ministro de agricultura a la embajada de Costa Rica en Alemania haciendo ver … lo extremadamente hacendoso que puede resultar un despacho ministerial cuando de proteger la imagen de la piña costarricense en el exterior se trata;
– en el 2019 tuvimos la oportunidad de analizar un corto video de una de las principales cadenas de la televisión francesa titulado «Costa Rica: le commerce juteux de l´ananas«: véase al respecto nuestra nota titulada «El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense» de junio del 2019;
– mientras que en el 2017, el sitio costarricense de Ojo al Clima tituló un reportaje «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, en el 2020, el «dark side» de la dulzura de la piña producida por Costa Rica fue objeto de otro muy detallado reportaje en un sitio internacional muy frecuentado como los es ClimateCorrespondent;
En noviembre del 2023, una publicación en Canadá y Estados Unidos refirió al uso intensivo de pesticidas para producir la dulce piña costarricense: véase al respecto la única referencia hecha en la prensa costarricense en este artículo por parte del Tico Times, con una pregunta bastante legítima que todos podemos hacernos con relación a los demás medios de prensa costarricenses;
Estos reportajes (y probablemente muchos otros existentes) merecen ser releídos y revisados en este mes de septiembre del 2025, al mantenerse su contenido, desde el 2010, de una persistente actualidad, con pequeñas comunidades que siguen esperando respuestas urgentes por parte del Estado costarricense, y abogados de ONG que han agotado las vías que ofrece el sistema judicial costarricense. Y con un Estado costarricense, a la fecha, incapaz de plantear una demanda solicitando millonarias indemnizaciones para hacer valer el principio bastante básico en derecho ambiental y plasmado en la misma legislación costarricense en materia ambiental vigente, según el cual: «quien contamina… paga«. En cuanto a la salud de los trabajadores que inhalan sustancias químicas sin mayor protección, y de comunidades que ingieren agua contaminada, la paciencia de los afectados por el Nemagón en los años 70 para ser indemnizados, deja presagiar una suerte similar por los afectados y por las personas de pequeñas comunidades rurales que han ingerido agua contaminada por empresas piñeras con bromacil, diurón, paraquat, entre muchos más, a menos que el Estado costarricense despierte de un patología bastante llamativa: la somnolencia persistente que lo aqueja cuando se trata de mitigar y reparar los efectos negativos de la piña.
Esta actitud del Estado costarricense había sido estudiada y sistematizada en una tesis de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, y ello desde el 2017, sobre tres cantones específicos, titulada «El Estado detrás de la piña: el conflicto socioambiental del monocuiltivo de piña en los cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles (2000-2015)» (véase texto completo).
Ahora bien, entre los pequeños productores de piña que no necesariamente buscan adecuar sus prácticas a los altos requerimientos exigidos por el mercado de la exportación de piña fresca desde Costa Rica, merece mención esta denominada «propuesta rebelde» en la región de Sarapiquí, que ojalá logre replicarse en otras partes.
El deterioro de las condiciones laborales, síntoma de uno más general
Haciendo a un lado el insensato y desmedido entusiasmo de algunos en Costa Rica por controlar más del 50% del mercado mundial de la piña fresca, y volviendo a ámbito más general de la realidad laboral en Costa Rica, datos del año 2024 señalan que el trabajo informal aumentó significativamente, con alrededor de 845.000 personas trabajando en la informalidad (véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2025).
En un informe de la cartera de trabajo del 2023, sobre la verdadera realidad del salario mínimo en Costa Rica, se lee en las conclusiones (p. 26) que:
«El esfuerzo por mejorar el cumplimiento en el pago del salario minimum minimorum debería darse en forma prioritaria en la zona rural, ya que, como se mencionó anteriormente, el nivel de incumplimiento es mayor en esta zona (33,7% versus 16,1% en la zona urbana) y en particular en la rama de actividad relacionada con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde el incumplimiento es del 45,5%. Asimismo, la población ocupada en actividades como construcción, otras actividades, de servicios, alojamiento y servicios de comida, hogares como empleadores y comercio, tienen niveles de incumplimiento iguales o superiores a 20%«.
El deterioro notorio de las condiciones laborales al que refieren estos y posiblemente muchos otros informes, artículos, tesis e indicadores macroeconómicos, por el momento no parecieran haber en lo más mínimo originado esfuerzos desde el Estado costarricense, tendientes a frenarlo, o al menos a mitigar sus efectos.
Este deterioro no refleja sino un deterioro generalizado en materia social que ha ido en aumento en Costa Rica desde inicio de los años 2000.
En materia de indicadores sociales, en el 2018 habíamos tenido la oportunidad de señalar que la progresión de un índicador como el coeficiente Gini (que mide la desigualdad) debía de llamar la atención de los decisores políticos: véase nuestra nota titulada «Pobreza en Costa Rica entre el 2017 y el 2018, un nuevo incremento puesto en perspectiva«.
En el 2019, se confirmó esta desmejoría generalizada, con otro indicador, el IDH (Índice de Desarrollo Humano): véase al respecto nuestra nota de diciembre del 2019 titulada «El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la posición 68 de Costa Rica puesta en perspectiva«. Dicho sea de paso, cuando se detalla el IDH a nivel cantonal, aparecen en las últimas posiciones los cantones costarricenses en los que se ha dado una mayor expansión de las plantaciones de piña en las últimas décadas (véase tabla en este informe del PNUD del 2024, página 11).
En el 2021, una medición señaló que el coeficiente Gini había alcanzado su nivel más alto (véase nota de Delfino.cr de octubre del 2021).
En lo personal, llama profundamente la atención que muchos en Costa Rica sigan apostando por lo que denominan un «modelo de desarrollo» basado en la atracción de inversiones extranjeras y el libre comercio, que ha ido aumentando las brechas sociales y la desigualdad en Costa Rica, privilegiando únicamente a unos pocos sectores en detrimento de todos los demás. En cuanto a las finanzas públicas del Estado costarricense, su deterioro es notable con efectos visibles en la educación, pero también en la salud pública, en materia de vivienda social y más generalmente en la atención a las poblaciones más vulnerables, y en muchos otros ámbitos del accionar del Estado, que, informe tras informe, revela de manera detallada una entidad como la Contraloría General de la República (CGR).
El último informe del programa del Estado de la Nación del 2024 (véase enlace) probablemente vea reiteradas en el informe a presentarse en noviembre del 2025, sus advertencias y sus recomendaciones pasadas desoídas, y ello desde hace muchos años, sobre el preocupante deterioro social en Costa Rica.
La legislación laboral desde la perspectiva internacional
La legislación laboral no es ajena al derecho internacional público: como todos los Estados, Costa Rica es parte a un sinnúmero de convenios en materia laboral. El enlace oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se pueden revisar todos los convenios en materia laboral firmados y ratificados por Costa Rica se encuentra disponible aquí. El Ministerio de Trabajo de Costa Rica por su parte tiene en este enlace oficial los tratados internacionales vigentes en Costa Rica en materia laboral. Como todo Estado, la decisión de aprobar o no un tratado internacional es una decisión soberana de cada Estado, y veremos que varios instrumentos internacionales de la OIT no registran a Costa Rica como Estado Parte, como tampoco uno en derechos humanos.
Muchos de estos tratados establecen, para los Estados Partes, obligaciones que deben implementar mediante modificaciones a su legislación laboral o bien mediante la creación de nuevas regulaciones, mucho más conformes a los lineamientos de la OIT. A modo de ejemplo, entre muchos, el proyecto de ley contenido en el Expediente 21.706 sobre el fortalecimiento de la inspección del trabajo se nutre de diversas disposiciones no acatadas por Costa Rica en materia de inspección laboral.
En materia de trabajo infantil, por ejemplo, en el 2025, el órgano encargado de velar por la aplicación de las disposiciones pertinentes del convenio 138 de la OIT de 1973, le hizo una serie de recomendaciones a Costa Rica (véaseenlace), que esperan respuestas del Estado costarricense. En el 2024, esta entrevista a una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla el alcance de la explotación laboral infantil en Costa Rica, que afecta a unos 30.000 menores de edad.
Otro ejemplo entre muchos, es el nivel de cumplimiento del convenio 169 de la OIT de 1989 (véase ley 7316 de aprobación de 1992) sobre derechos de las comunidades indígenas: en años recientes, fue objeto de un informe particularmente contundente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita a Cota Rica. Se trata de un informe muy pocamente divulgado que tuvimos la ocasión de analizar: véase al respecto nuestra nota titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica» de septiembre del 2022.
Otro convenio como el convenio 189 OIT del 2011 (véase texto) sobre los derechos de las trabajadoras domésticas al que también Costa Rica es Estado Parte, debería interesar a investigadores con el fin de tener un diagnóstico sobre el sistema de explotación laboral que sufren muchas de ellas. De igual manera, al observarse lo que ocurre en algunas plantaciones de piña y de banano, pero también en otros sectores de producción agrícola, investigadores deberían poder realizar un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento del convenio 141 OIT (véase texto) sobre trabajadores rurales, un convenio del que sí es Estado Parte Costa Rica.
En un ámbito específico en materia laboral que no es para nada ajeno al convenio 189, como tampoco al sector agro-exportador costarricense, como lo es la contratación de trabajadores migrantes, y que debería de interesar a muchos más investigadores costarricenses, Costa Rica persiste en tan siquiera firmar la Convención de 1990 de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares: su texto (en particular su preámbulo, pero también otras disposiciones) permite entender mejor la necesidad de extender la protección en materia laboral a personas que no poseen la nacionalidad del Estado en el que laboran. El estado oficial de firmas y ratificaciones de dicho convenio (véase enlace) contabiliza 60 Estados Partes, entre los cuales, en América Latina, se registran los siguientes: Argentina, Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, es de notar que hay varios convenios de la OIT que Costa Rica no ha aún aprobado como por ejemplo el Convenio 188 del 2007 sobre trabajadores en embarcaciones o buques pesqueros (véase texto).
Volviendo al ámbito del derecho laboral, no está de más señalar que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido una serie de parámetros y de precedentes que deben interesar a todos los Estados del hemisferio americano: véase al respecto la publicación dada a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2020, titulada «Compendio sobre derechos laborales y sindicales. Estándares Interamericanos«. Los jueces ordinarios deberían, en virtud del control de convencionalidad, incorporar estos estándares interamericanos en sus sentencias en materia laboral en Costa Rica. En el 2016 tuvimos la suerte de dirigir una voluminosa tesis de grado (647 páginas, véase texto integral) titulada precisamente «El control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicación por los jueces ordinarios. Análisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional público«.
En materia de violencia y de acoso laboral, resulta oportuno señalar la existencia del Convenio 190 de la OIT desde el 2019, contenido en este dictamen de mayoría de febrero del 2022 (Expediente Legislativo 22.569) de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este convenio ya cuenta con 50 Estados Partes (véase enlace oficial) entre los cuales, en América Latina, no figura aún Costa Rica, sino únicamente Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Estas filminas sobre la implementación del Convenio 190 en Chile (véase enlace) permiten tener una idea de los avances que significa su aprobación para los trabajadores chilenos; asimismo los diversos documentos y guías accesibles en este enlace oficial de la OIT para los Estados del Cono Sur que buscan implementar el Convenio 190.
A modo de conclusión
Como ya viene siendo reiterado desde varios años, los compromisos internacionales de Costa Rica, plasmados en diversos instrumentos internacionales debidamente firmados y ratificados en el pasado por Costa Rica, sea en materia laboral, o bien sea en materia de derechos humanos o en materia ambiental, parecieran … ya no constituir una prioridad.
Con ocasión del mes de diciembre del 2024, tuvimos la oportunidad de analizar la desatención creciente de Costa Rica con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en Costa Rica: véase al respecto nuestra nota titulada «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempremás pesada«.
Con relación a un instrumento moderno en materia ambiental y en materia de derechos humanos como lo es el Acuerdo de Escazú, aprobado en Costa Rica en marzo del 2018 en el marco de la CEPAL, tuvimos la ocasión de analizar su situación en Costa Rica – rotunda negativa de aprobarlo por parte de sus máximas autoridades – en un artículo (Nota 5) y más recientemente con ocasión de la última adhesión observada, la número 18: véase nuestra nota titulada «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«. Remitimos al estado oficial de firmas y de ratificaciones del Acuerdo de Escazú que incluye a 18 Estados Partes entre los que encontramos a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay: en ninguno de estos Estados se observaron los efectos negativos para su economía como los vaticinados en Costa Rica por la principales cámaras empresariales frontalmente opuestas a este instrumento internacional (y por sus repetidoras locales en la Asamblea Legislativa).
Es de esperar, de cara a la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, que estos y muchos otros compromisos internacionales de Costa Rica desatendidos por el Estado costarricense, encontrarán un eco programático en renovadas propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos.
– – Notas – –
Nota 1: El denominado «Memoramdum del miedo» de julio del 2007 en aras de estigmatizar y de desacreditar a los opositores costarricenses al tratado del libre comercio con Estados Unidos (véase texto integral) constituye una de muchas otras acciones en las que se observó a un Estado como el correspondiente a la administración (2006-2010), dispuesto a todo para favorecer al sector privado, el libre comercio y la inversión extranjera: en materia ambiental por ejemplo, los diversos escándalos ambientales que sacudieron a Costa Rica encuentran su origen en decretos ejecutivos inconsultos, declarando de «conveniencia nacional» proyectos de cierta envergadura que terminaron siendo declarados totalmente ilegales por los tribunales nacionales. A modo de ejemplo, el decreto relacionado al megaproyecto hidroelectrico El Diquis fue declarado inconstitucional (véase voto 001622-2022); de igual manera, el decreto sobre el proyecto minero en Crucitas fue declarado totalmente ilegal (véase sentencia del TCA de noviembre del 2010). La solicitud del Consejo Universitario de la UCR a diez días de su publicación en la Gazeta Oficial, pidiendo la derogatoria de este decreto ejecutivo (véase pronunciamiento) hubiera ahorrado mucho al presupuesto del Poder Judicial. En el documental de la UCR «El oro de los tontos» sobre el proyecto minero Crucitas (véase enlace en YouTube), entrevistas a autoridades públicas y judiciales, Presidenta de la Sala Constitucional incluida, permiten ver la facilidad con la que los argumentos de la empresa minera canadiense Infinito Gold encontraron eco en estas mismas autoridades nacionales. En este cable Wikileaks de enero del 2006, y este otro de septiembre del 2005, correspondientes a los últimos meses de la administración anterior (2002-2006), ya se perfilaba la preeminencia de la cartera de comercio exterior sobre todas las demás: en este caso, su intromisión directa para que Costa Rica cumpliera con una solicitud insistente de la embajada de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, accediendo a suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad, que prohiba el envío de personal civil o militar norteamericano sospechoso de cometer crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional de La Haya.
Nota 2: No fue sino hasta mayo del 2017 que mediante Decreto Ejecutivo 40423 (véase texto), Costa Rica acató lo que recomendó la experta independiente en el 2009. Tratándose de una sustancia extremadamente persistente en cuanto a sus efectos, se leyó en septiembre del 2022 (véase nota del Semanario Universidad) que:
«En la actualidad, indicaron, en las fuentes de agua en que se detectaron los químicos continúan obteniéndose resultados que evidencian su presencia y por eso, no pueden usarse, lo que ha limitado la capacidad de las Asadas para proveer del preciado líquido tanto a las familias como a los pequeños productores de la zona y tampoco se han ofrecido soluciones por parte de las autoridades competentes«.
Nota 3: El Xo informe del Estado de la Educación (2025) es un documento de 432 páginas, de lectura muy recomendada y está disponible en este enlace. La gran riqueza de gráficos y de infografías permite al lector observar tendencias y prever escenarios. La sinópsis (pp. 29-24) permite conocer los desafíos que está enfrentando la educación pública en Costa Rica, luego de varios años de malas decisiones tomadas. Se recomienda escuchar el programa Desayunos de Radio UCR del 24 de septiembre del 2025, dedicado a analizar los principales hallazgos de este informe y la democracia costarricense: véanse enlace en FaceBook y enlace en YouTube.
Nota 4: Véase al respecto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E., «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas«, HAL Oen Science, 2014. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Vol. 58 (2024) Revista de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional), Enero-Junio 2024. Texto integral disponible aquí. En caso de que nos lean comunicadores/productores de audiovisuales, los referimos a este muy completo video de promoción del Acuerdo de Escazú producido por el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas«: salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un video similar de promoción equivalente en el caso de Costa Rica. La UCR había producido dos videos: uno titulado «El acuerdo de Escazú los defensores del ambiente» y otro titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«.
El 8 de septiembre de 2025, un amplio grupo de organizaciones, juristas y académicos dirigió una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que expresan su profunda preocupación por el despliegue militar en el Caribe y por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela.
La comunicación advierte que, bajo el pretexto de la lucha antidrogas, se han desplegado buques de guerra, un submarino nuclear y miles de tropas en aguas caribeñas, sin justificación técnica y en abierta contradicción con los informes de organismos internacionales especializados que señalan que Venezuela es ajena a la producción de drogas.
Los firmantes sostienen que este tipo de acciones, junto con sanciones económicas y el uso del lawfare, erosionan el Estado de Derecho internacional y generan un impacto directo en la población, que sufre restricciones al derecho al desarrollo, migración forzada y la agudización de emergencias humanitarias.
La carta recuerda que estas políticas contravienen principios fundamentales del Derecho Internacional, entre ellos la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Se citan instrumentos como la Carta de la ONU, la Declaración de Manila, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, y el Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares.
Los firmantes solicitan al Alto Comisionado que reafirme la primacía del Estado de Derecho internacional, que llame al cese de las amenazas de Estados Unidos y que exhorte a detener las acciones unilaterales que agravan la tensión y vulneran derechos fundamentales en la región.
La carta está suscrita por organizaciones como la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, la Asociación Chilena de Juristas por la Democracia, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre muchas otras, así como por reconocidas figuras como Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón, Ernesto Samper, Rafael Correa, Walter Antillón y Alberto Fernández, entre otros académicos, exjefes de Estado, parlamentarios y juristas de distintos países.
Con el objetivo de fortalecer la solidaridad costarricense con el pueblo palestino, se lanzó oficialmente la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (abreviado como Coalición PalestinaCR), con el propósito de apoyar, visibilizar y articular esfuerzos entre las organizaciones, colectivos, redes y personas que trabajan desde distintas partes del país para visibilizar y apoyar activamente la causa palestina. Esta coalición nace además, para dar apoyo al Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica, cuya representación se encuentra a cargo de Wajiha Sasa Marin, hija de padre palestino y madre costarricense.
En el video de lanzamiento, la cónsul apeló a los valores históricos del país en defensa de la paz y el derecho internacional:
“Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y construcción del derecho internacional, por tener la tradición de no resolver los problemas a través de la violencia y por el uso de las instituciones, de los tratados y marco legal internacional”, dijo. “Desde Costa Rica hay muchísimo que hacer, principalmente hacerle ver a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con su posición tibia y falta de liderazgo, siendo un país que podría liderar un planteamiento y apuesta de límites a Israel” continuó.
La Coalición PalestinaCR se plantea como un espacio respetuoso, diverso, ecuménico y multicultural, que agrupa y potencia todos los esfuerzos que, desde Costa Rica, acompañan al pueblo palestino en su lucha por la vida, la justicia y la libertad, y en contra del genocidio y la impunidad. Entre sus principales objetivos destacan:
Articular a las fuerzas vivas a favor de Palestina en Costa Rica, con el fin de tener una mayor visibilidad e incidencia.
Informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad nacional, sobre la situación del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino.
Promover acciones concretas de solidaridad hacia el pueblo palestino y en contra de las acciones genocidas de la ocupación, con un énfasis en la acción local desde y dentro del país.
Cabe recordar que el lanzamiento de esta coalición se realiza en un contexto en el cual han pasado 668 días desde el comienzo del genocidio llevado a cabo por Israel en la ocupada Franja de Gaza, que ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas, el asesinato de más de 60 mil personas y que mantiene a más de 1.100.000 personas con niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y desnutrición, según datos de la Embajada de Palestina en Uruguay y múltiples organismos internacionales. Esto además en un momento en donde la posición de Costa Rica ha sido poco clara y que inclusive se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Israel.
Lanzamiento de campaña de recolección de firmas
Como parte de su lanzamiento, la Coalición PalestinaCR anunció el inicio de una Campaña Nacional de Recolección de Firmas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Esta campaña busca recolectar el mayor número de adhesiones ciudadanas como muestra de respaldo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio y a la firma del TLC con Israel. La petición demanda específicamente:
Que el gobierno de Costa Rica condene pública y enérgicamente el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.
Que se rompan de inmediato las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y se interrumpa la negociación en curso de un Tratado de Libre Comercio con dicho país, mientras no se respeten los derechos fundamentales del pueblo palestino: no se puede comerciar con genocidas.
Un alto al fuego definitivo y permanente, así como el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y las hostilidades en Cisjordania, así como la reconstrucción de la infraestructura civil del pueblo palestino.
Que Costa Rica apoye activamente la investigación y el juicio de genocidio y crímenes de guerra israelíes.
La hoja de firmas puede descargarse desde la cuenta oficial en Instagram @coalicionpalestinacr, puede solicitarla escribiendo al correo electrónico info@palestinacr.org o al WhatsApp +506 8734 9880, o la puede descargar en este enlace. También se puede firmar electrónicamente en el siguiente enlace: https://chng.it/c8bHbCjQcn
La Coalición PalestinaCR invita a todas las personas interesadas a unirse a través de distintas formas de participación, ya sea mediante la recolección de firmas, la difusión de información, apoyando con donaciones a organizaciones humanitarias en la región y participando activamente en acciones de solidaridad. Asimismo, pone a disposición sus canales de comunicación para quienes deseen colaborar o mantenerse informados sobre las acciones que se estarán desarrollando.
«La causa palestina es la causa de todas las personas dignas: por eso no bajamos los brazos, no callamos, y no dejamos de luchar por una Palestina libre y justa.»
José María Gutiérrez Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.
Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.
Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.
Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.
En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.
Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.
Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.
Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.
En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.
SURCOS comparte la carta enviada a la presidencia de la Asamblea Legislativa
Señor Presidente de la Asamblea Legislativa
Con motivo de la discusión de un Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel que será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa, hacemos llegar a Usted las siguientes reflexiones.
1.- Nadie ignora la deplorable tendencia de algunos Estados, que hoy asoma en el terreno de las relaciones internacionales, de menospreciar los más altos valores de la moral, la justicia y la paz cuando quieren imponer sus designios prevalidos de la fuerza. Pero Costa Rica, que profesó siempre la más alta observancia de aquellos valores, no debe ni puede soslayarlos ahora por mera conveniencia mercantil, en la alternativa de aprobar o no un Tratado de Libre Comercio con un Estado como Israel, regido por un gobierno genocida, que ha pisoteado y escarnecido las instituciones y las más elementales reglas de la convivencia internacional. Si bien no podemos imponer criterios a ninguno, tampoco debemos premiarlo inmerecidamente con amistad y un silencio interesado.
Usted bien sabe que Israel nació como un Estado impuesto arbitrariamente en territorio palestino, que logró el reconocimiento de la ONU en 1947 con el apoyo británico y, posteriormente, el estadounidense. Rechazó exitosamente los ataques de sus vecinos musulmanes y consiguió su reconocimiento de parte de algunos de ellos. Ahora bien, con respecto a sus vecinos palestinos, Israel organizó de inmediato diversas maneras de arrinconarlos, reprimirlos y desplazarlos, cercenando sistemáticamente sus derechos y sus territorios. Y, aunque estas acciones fueron en su momento denunciadas, comprobadas y declaradas ilegales por Naciones Unidas por medio de más de veinte resoluciones de condena, tales condenas quedaron siempre inoperantes por el veto interpuesto en cada caso por los Estados Unidos, o por la desobediencia impune del propio Israel. Veamos un par de casos:
a) La resolución 446 se emitió basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual estableció condición vinculante para Israel como país signatario de dicha Carta. Implicó, además: «que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén». Por esa razón, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son totalmente prohibidos, dado que el artículo 49 de dicha Convención plantea que «la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado». Este dictado fue de 1979, pero los asentamientos continuaron sin pausa.
b) La resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue excepcionalmente votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre de 1981. Fue consecuencia de la incorporación de facto de los Altos del Golán por Israel. Dicha resolución 497, concluyó: «…la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional». También exigía anular lo hecho por las fuerzas de ocupación israelíes; pero, de hecho, Israel continuó y continúa ocupando dichos territorios, e incluso ha ampliado las áreas ocupadas. Para colmo, en 2018, Donald Trump declaró que los Altos del Golan son territorio israelí.
En suma, en lo que al territorio se refiere, en Palestina nos hallamos ante un delito continuado de creciente usurpación, perpetrado durante más de setenta años a vista y paciencia del entero Planeta; y su impune autor es el Estado de Israel. Costa Rica no puede remediar esta ignominia, pero ¿debe disimularla, fingir que no ha ocurrido?
2.- Frente a la última, criminal e insensata incursión de Hamas en territorio israelí ocurrida el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1 200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes, el ejército israelí respondió prontamente con una ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluyó bombardeos, invasión armada, asesinatos masivos y otras represalias cuyos resultados son, hasta la fecha, más de 50 000 muertos (de los cuales, casi el 70% son mujeres y niños); y más de 117 000 heridos, y la destrucción masiva de las ciudades de la Franja, con preferencia en hospitales, escuelas y centros de aprovisionamiento. Cerca de dos millones de gazatíes indefensos y desesperados carecen de agua, alimentos, medicinas y los más elementales servicios; y recientemente, rompiendo una tregua que duró dos meses, Netanyahu lanzó de nuevo intensos bombardeos en la Franja de Gaza, impactando cada día a un gran número de civiles inermes y terminando de destruir los castigados centros de población de la Franja.
3.- En fechas 26 de enero, 28 de marzo de 2024, en el proceso planteado contra Israel por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte emitió sendas ordenanzas, poniendo en evidencia la ilegalidad de la ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel y exigiendo su retiro; y considerando que el agravamiento de la situación en Gaza lo justifica, detallan nuevas medidas provisionales que Israel debe cumplir. Pero no se ha observado mayor cambio de parte de las autoridades israelíes.
4.- Una nota particularmente reprochable de la conducta del Gobierno Israelí durante esta última guerra es su total irrespeto y su manifiesta obstrucción hacia las actuaciones del personal humanitario de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias: obstrucciones que van desde impedirles entrar con ayuda alimenticia y médica, hasta el bombardeo de sus hospitales y el asesinato de 295 miembros del personal sanitario. La Corte Internacional de Justicia informó el 25 de abril de 2025 “sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados”. El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros, entre ellos Costa Rica) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel, y exige prevenir un genocidio por parte de sus máximas autoridades. Desde todos los rincones del Mundo, frente a un Israel inconmovible, se expresa el horror y el repudio por los bombardeos cotidianos en Gaza, y la exigencia de detener este nuevo holocausto. Lo ha descrito el gazatí Abu Amir, el 14 del mismo mes:
“…Lo que ocurre hoy en Gaza supera toda descripción: es un infierno absoluto, un cataclismo que destroza piedras y personas, poniendo en peligro la esencia misma de humanidad. No es sólo una agresión militar o un bloqueo despiadado, es una prueba monstruosa para la dignidad humana que nos grita que el silencio del Mundo es complicidad con el crimen”
(Testimonio recogido por la Unión de judíos franceses por la Paz; abril 2025)
5.- Como tenía que ser, la conducta de los gobernantes israelíes ha sido crecientemente repudiada por múltiples países de todos los continentes como antijurídica y profundamente malvada, lo cual se materializó en la causa penal seguida contra Netanyahu y Gallant en la Corte Penal Internacional, que culminó con las órdenes de arresto de ambos el 21 de noviembre de 2024.
Durante el tiempo que ha durado el conflicto, la diplomacia costarricense ha observado una conducta ambigua, con dudosas abstenciones en algunos casos en que no había lugar a dudas. Pero Usted puede bien apreciar que, desde el punto de vista moral, las personas decentes no tienen alternativa: nuestro País, a través de los miembros de su Cuerpo Legislativo, debe rehusar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel, por razones de justicia, de moralidad y de coherencia.
San José, agosto de 2025.
Suscriben,
Alejandro Cardona Ducas, cédula 900850253 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Composición Musical, 1999, 2000, 2002 y 2014.
Alejandro Marín Solano, cédula 304370280 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2018.
Alfredo Trejos Ortiz, cédula 109800786 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2011 y 2017.
Álvaro Torres Crespo, Premio Nacional Amando Céspedes Marín en producción audiovisual, 2023.
Ana Clara Carranza Maxera, cédula103200135436 – Premio Nacional de Teatro, 1996, 1998, 2002, 2011.
Ana Cristina Rossi Lara, cédula 104070914 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1985 y 2002. Premio José María Arguedas de Casa de las Américas, Cuba. Medalla del Nacimiento de Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile, 2004.
Ana Lucía Fonseca Ramírez, cédula 105290511 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2016 y 2024. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento 2021.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692 – Premio Cleto González Víquez, 2019.
Andrea Catania González, cédula109820528 – Premio Nacional de Teatro, 2007.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Cuento, 2016; Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Poesía, 2019. Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046 – Premio Joaquín García Monge, 2014. Ex ministro de Cultura – Catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
Bryan Chavarría Campos, cédula 206430544 – Premio Nacional en Danza Mireya Barboza, categoría interpretación, 2024.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2020 y 2022.
Carla Pravisani Dimex, cédula 1032 0000 7529 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2018.
Carlos Cortes Zúñiga, cédula 105880662 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1999. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2010. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2007 y 2015.
Carlos Regueyra Bonilla, cédula 1 1389 0497 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2024.
Carlos Manuel Villalobos Villalobos, cédula 204410229 -Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2024.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2002.
David Eliot Korish, cédula 184001503712 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en Actuación, 2025.
Diego Mora Morales, cédula 111800185- Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2021.
Edmundo Retana Jiménez, cédula105280187 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2024.
Fernando Carballo Jiménez, cédula 301470051 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Fernando Contreras Castro, cédula 203800185 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1995 y 2000.
Fernando Vinocour Ponce, cédula 1005160748 – Premio Nacional en Actuación, 1986 y 1991. Premio Nacional al Mejor Grupo 2001 y 2004. Premio Nacional en Dirección, 2005 y 2013.
George García Quesada, cédula 9107687 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia, 2014.
Gilberto Lopes, cédula 8 0089 0909 – Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez, 1989.
Giselle Chang Vargas, cédula104610310 –Premio Cleto González Víquez, 2008, (compartido). Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2023, (compartido).
Gloriana Retana Morales, cédula 108550865 – Premio Nacional en Coreografía, 2002. Premio Nacional de Danza Mireya Barboza en Dirección o Coreografía 2020.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312 – Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, 2024.
Janko Navarro Salas, cédula 109980236 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en Dirección, 2022.
Juan Diego Quesada Pacheco, cédula 105690101, Premio Nacional de Investigación Cultural «Luis Ferrero Acosta», 2017.
Javier Tapia Balladares, cédula 800560025 – Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2019.
Jorge Jiménez Hernández, cédula 104550106 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2012.
Julieta Dobles Yzaguirre, cédula 103120144 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 1968,1977, 1992, 1997 y 2003. Premio Nacional de Cultura Magón, 2013.
Leda Astorga Mora, cédula 106030095 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Escultura, 1998.
Luis Chaves Campos, cédula 107520994 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2012.
Macarena Barahona Riera, cédula 105260207 – Premio Ángela Acuña Braun en Periodismo, 2002.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 2006. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Historia, 2013.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2024.
María del Sol Pardo Carballo, cédula 115810267 – Premio Nacional Mireya Barboza en Dirección, 2024.
María Lourdes Cortés Pacheco, cédula 107840468 – Premio Joaquín García Monge Comunicación cultural, 1997. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 1999 y 2005.
Mario Salas Muñoz, cédula 104060434 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2015.
Mauricio Molina Delgado, cédula 107140088 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2016.
Micaela Canales Barquero, cédula 110670202 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de Diseño, 2019, 2020 y 2022. Premio Nacional en Artes Visuales Francisco Amighetti, 2022. Premio Nacional Amando Céspedes Marín, 2023 en la categoría de Mejor Equipo Creativo.
Mirta González Suárez, cédula 800480869 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2013.
Óscar Núñez Olivas, cédula 104550984, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1996.
Osvaldo Sauma Aguilar, cédula 900370584 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2013.
Rocío Quilis González, cédula 109470298, Premio Nacional mejor actriz de reparto, 1998.
Rodrigo Soto González, cédula 106940204 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 1983 y 2005.
Ronald Bonilla Carvajal, cédula 103991400 – Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2001. Premio UNA Palabra en Poesía, 2014. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan Panamá, 2002. Premio Nacional de Cultura Magón, 2015.
Silvia Castro Méndez, cédula 105130996, Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2010.
Roxana Ávila Harper, cédula 106070225 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en dirección 2018. Premio Aquileo J. Echeverría en Dramaturgia 2004, 2021. Premio Nacional Mejor Grupo 1999, 2003, 2006. 2012.
Virginia Cortés Ramos, cédula 900750816 – Premio Nacional de Danza de mejor coreografía, 2014.
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295 – Premio Rodrigo Facio Brenes, 2022.
Yadira Calvo Fajardo, cédula 3 205 774 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2012.
«Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios», Mateo. 5: 9.
La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), apegado a su legado y testimonio cristiano, siempre dispuesta a desafiar a la vida cotidiana y política con la sabiduría, la ternura, el respeto, la justicia, la equidad como gestos concretos del legado de Jesucristo. En línea coherente con lo antes dicho, seguimos abogando por la Paz, en los ámbitos interpersonales, familiares, comunitarios, eclesiales y de manera muy especial en las relaciones internacionales entre los países. En este sentido, no es antojadizo el que nuestro Templo en la localidad de Desamparados-San José, lleve por nombre «Señor de la Paz«.
Así, preocupados/as por el ya largo, insistente y mantenido conflicto en el Medio Oriente y específicamente en Gaza, Palestina, nos vemos impulsados a enfatizar nuestra palabra de cese al fuego, cese a las 52 guerrascon 92 países involucrados. Es urgente y necesario que el Derecho Internacional y los principios que inspiraron la creación de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) se apliquen para que la paz sea una Paz inmediata y duradera.
Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, y de las autoridades israelíes, hasta el 2 de julio de 2025, más de 58.000 personas (57.012 palestinos y 1.706 israelíes) habían muerto en la guerra de Gaza, que la ONU, aunque estudios independientes hablan de más de 80.000 fallecidos y distintas organizaciones humanitarias describen como un genocidio.
Recordemos que la Paz, en hebreo shalôm, en griego eirênê; no es simplemente ausencia de conflicto. Para el mundo hebreo, el Shalom es un estado de plenitud, y así debe entenderse también en el griego. La Paz es el deseo (o la concreción) de que los destinatarios «estén bien, vivan bien, sean felices«. En este sentido, «Shalom/eirênê» se parece más a plena felicidad, que a lo que entre nosotros se entiende habitualmente por paz.
Siendo así, la Paz como felicidad plena, no es negociable ni antojadiza, es un derecho inalienable para la humanidad. Por ello, como señala el Papa León XIV, «Hoy más que nunca la Humanidad grita e invoca la Paz«, agregando además que «no existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego» y avisó de que «la guerra no resuelve los problemas, sino que los amplifica«. Y, «Cada miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en una vorágine irreparable«.
En el Evangelio de Lucas 9:1-6 y Lucas. 10:1-12, se narra el envío de Jesús a los discípulos y luego a los otros 72 discípulos, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, quienes deberían ser testigos del Reino, de la Paz y del triunfo definitivo de La Paz sobre el mal en la historia. Una de las indicaciones a los enviados, era que al llegar a alguna casa debían saludar, desear, donar la Paz (sanando a todo enfermo), como proximidad de la misma y del Reino.
Por supuesto, este relato bíblico nos interpela y desafía a ser testigos, enviados a propiciar y llevar la Paz en todo lugar, en toda circunstancia y como premisa fundamental de nuestra misión en el mundo, así la Paz no se negocia, se construye legal, política y económicamente.
«La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». Juan. 14: 27.
En el convulsionado escenario internacional actual, siento que lo que está en juego va mucho más allá de simples conflictos regionales o disputas diplomáticas. Para mí, se trata de una profunda lucha estructural por el mercado global, por la influencia estratégica y, en última instancia, por la redefinición del orden mundial. Desde mi punto de vista, el modelo hegemónico unipolar encabezado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría muestra síntomas de agotamiento, y parece resistirse a aceptar la realidad de un mundo cada vez más multipolar.
Percibo que esta resistencia se expresa no solo en lo político, sino también en lo económico y militar. Las grandes potencias parecen competir por territorios de influencia, recursos clave y rutas comerciales que definirán el futuro económico del planeta. Desde mi perspectiva, la economía de guerra, promovida y sostenida por poderosas oligarquías capitalistas, ha vuelto a ocupar un lugar central en las agendas de los gobiernos. No se trata solo de producir armas, sino de estructurar economías enteras en función del conflicto permanente, del miedo y de la confrontación.
Además, noto que el ascenso de movimientos de derecha en distintas partes del mundo no es casual. Estas fuerzas políticas tienden a consolidar discursos nacionalistas, militaristas y autoritarios, que encuentran eco en sociedades fragmentadas, empobrecidas y desencantadas con las promesas incumplidas del neoliberalismo global. En ese contexto, creo que se fortalece un relato que justifica la guerra como vía para la recuperación del poder, el orden y la grandeza nacional.
Lo que más me preocupa es el desprecio creciente por el derecho internacional. Observo que principios fundamentales como la no agresión o la protección de infraestructuras estratégicas —incluidas las nucleares— están siendo sistemáticamente ignorados. En particular, veo que Estados Unidos ha mostrado una renuencia explícita a reconocer las nuevas correlaciones de poder globales, aferrándose a una lógica intervencionista que niega la legitimidad de otros polos de poder emergentes.
Desde mi visión, estamos en una etapa peligrosa de transición geopolítica. Si no logramos reconfigurar un equilibrio que respete la diversidad de modelos, culturas y sistemas económicos, corremos el riesgo de que se consolide un mundo basado en la lógica del enfrentamiento y la ley del más fuerte. Mi desafío, y creo que el de todos, es construir una gobernanza global basada en la cooperación y el respeto mutuo, o de lo contrario, avanzar hacia un abismo donde la economía de guerra y el autoritarismo sean la norma.
En el marco del envío de migrantes a El Salvador y a otros países (que todavía no se han publicado abiertamente quiénes son), por parte de EEUU, es preocupante una serie de discursos y acciones que rayan y podrían terminar en persecuciones, inicialmente, a los venezolanos/as.
Veamos algunas declaraciones preocupantes:
1. El grupo de investigación y análisis Misión Verdad, (@misionverdad) indica que «hay un creciente peligro de que cualquier venezolano en territorio estadounidense sea objeto de discriminación y pueda ser falsamente acusado de pertenecer a bandas criminales, como parte de una narrativa construida para justificar medidas hostiles y reforzar sanciones utilizando a los migrantes como instrumento político-económico». Aunque todavía son aproximaciones, todo apunta a que cualquier ataque futuro se lanzará desde ese frente: la criminalización de los migrantes y el uso de países satélites que sirvan de enclave para cualquier embate contra Venezuela«. Los subrayados son nuestros.
2. El analista y filósofo venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, desde su programa Desde Donde Sea, por La Iguana.Tv, alerta sobre una guerra total hacia Venezuela, que tiene tres componentes: a) una campaña sistemática de xenofobia contra los venezolanos migrantes, afirmando que se ha tejido una «matriz de opinión nauseabunda» que estigmatiza a los venezolanos como delincuentes. b) El control del petróleo, y c) una guerra multidimensional contra el país. Nos interesa subrayar del primer ataque los subrayados, y además afirmaciones como: «una ‘cacería de brujas‘ impulsada por el Gobierno de EEUU, con el apoyo de la ultraderecha venezolana, que ha lanzado a los jóvenes venezolanos a ese ‘campo de concentración‘ que es la cárcel para terroristas de El Salvador'».
Reiterándose: «Lo advertimos una y mil veces, nos cansamos de advertirlo, estaba propiciándose una cacería de brujas contra los venezolanos que salieron; se estaba tejiendo en Venezuela y fuera de nuestras fronteras una matriz de opinión nauseabunda, desgraciada, sin nombre contra todo lo que fuera venezolano«. «La guerra contra Venezuela es total: se ataca al pueblo migrante, que es secuestrado, vejado, enviado a campos de concentración.
3. Igualmente, en el programa La Iguana.Tv, el viceministro para América Latina y El Caribe, Rander Peña, consideró que «el secuestro de 238 migrantes venezolanos por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no es más que una ‘persecución étnica‘, que conmocionó nacional e internacionalmente, al evidenciar el trato de inocentes como integrantes del Tren de Aragua, únicamente por llevar tatuajes«. «Revela un acoso por motivos étnicos«. Finalmente, señaló: la actuación del mandatario norteamericano, Donald Trump, y de Bukele representa “un golpe en contra del género y la especie humana, que practicamos el bien sobre todos los seres humanos” y se preguntó: “¿En qué momento un migrante trabajador se convirtió en un enemigo extranjero?».
4. Deseamos enfatizar unas palabras de Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, al recibir en Venezuela a cientos de migrantes venezolanos: «El gobierno norteamericano divide a las familias, mutila a las familias, ya que no nos envían a las familias completas; con saña, con maldad, con odio, los tratan con racismo y no los ven como seres humanos«.
5. Finalmente, deseamos enfatizar que el escritor argentino Guillermo Cieza acaba de publicar un artículo titulado «Cacería contra venezolanos en EEUU«, donde él enfatiza que a los migrantes en EEUU «los cazan como animales salvajes y los deportan a su país de origen y, en algunos casos, a Guantánamo o las cárceles de El Salvador«. Indicando además que «los relatos de los migrantes venezolanos expulsados de suelo estadounidense son escalofriantes». “Me entraron a coñazos y me quitaron mis pertenencias. Me quitaron mi dinero, mi cédula y mi teléfono”. “Me trataron a patadas”. “Nos han tratado demasiado mal. Nos han dejado como esclavos y queremos justicia”. “Los detenidos no tenemos delitos, no tenemos ni una multa, nos quieren tratar como delincuentes simplemente porque tenemos un tatuaje, un tatuaje con el nombre de mi hijo”. “Me agarraron hace 10 meses, 10 meses detenido, 8 meses deportado. El trato de migración ha sido demasiado brutal. Gracias a Dios hoy estamos cerquita de llegar a nuestro país, que es lo que queremos”.
A su vez, Cieza resalta las reacciones al respecto de algunas personas dentro y fuera de EEUU:
-La jueza federal de la Corte de Apelaciones de los EEUU para el circuito del Distrito de Columbia, Patricia Ann Millett, declaró contra la deportación de venezolanos a las cárceles de El Salvador: «Había aviones llenos de gente. No había procedimientos establecidos para notificar a la gente. Los nazis recibieron un mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros«.
-Elías Jaua, uno de los dirigentes más cercanos a Chávez, en su momento declaró, refiriéndose a los migrantes: «que lo más grave que está haciendo EEUU en la actualidad contra Venezuela, más allá de las sanciones en materia petrolera, es la criminalización de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad”.
Todas estas afirmaciones y acciones de EEUU evidencian, al parecer, ir hacia un proceso de persecución (cacería de brujas y étnica), discriminación, criminación, xenofobia, estigmatización, el extranjero como enemigo, racismo, odio, maldad, inicialmente contra los migrantes venezolanos, luego, por ende, hacia todo el pueblo venezolano, culminando en todos los migrantes del orbe.
Ya el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros ponía el ejemplo de estos maltratos, refiriéndose a los judíos al inicio con los alemanes y otras naciones. Luego, rememoramos lo mismo con los propios judíos contra los y las palestinos. Que es una especie de segregación hacia los migrantes venezolanos.
Hagamos algunas precisiones sobre algunas nociones:
Limpieza étnica: La limpieza étnica es la expulsión forzosa o exterminio sistemático de grupos étnicos, raciales o religiosos de una zona determinada, con la intención de hacer una región étnicamente homogénea. Junto con la expulsión directa, el exterminio, la deportación o la transferencia de población, también incluye métodos indirectos dirigidos a forzar la migración, coaccionando al grupo víctima para que huya e impidiendo su regreso, como el asesinato, la violación y la destrucción de propiedades. En general, se entiende como limpieza étnica la expulsión de un territorio de una población indeseable.
Genocidio: Aunque el genocidio parecería una palabra extravagante en este caso, el término fue acuñado por primera vez por Raphael Lemkin (un profesor polaco de origen judío que abandonó su país huyendo del Holocausto), y se refiere a cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.
Veamos que dentro de los actos que se consideran como genocidio se encuentra la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Esta conducta incluye tortura, actos considerados inhumanos o degradantes, violaciones, violencia sexual y demás actos que acaben causando una lesión grave a la integridad de las víctimas.
Al igual que los crímenes contra la humanidad y de guerra, el genocidio no prescribe, por lo que no existe un límite de tiempo para su investigación y enjuiciamiento. Así figura en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968.
Mencionemos algunos casos de genocidio: El Holocausto nazi, El genocidio de Ruanda: la barbarie de 1994, El genocidio camboyano: Pol Pot y los Jemeres Rojos, el genocidio bosnio: La masacre de Srebrenica, entre muchos otros, que tienen una fuerte carga de limpieza étnica.
En los siglos 20 y 21, podemos mencionar algunos casos:
* El caso más destacado, que dio origen al concepto de genocidio, fue la persecución y muerte de los armenios del Imperio Otomano, en plena Primera Guerra Mundial. Al final de esa guerra, el intercambio de poblaciones turcas y griegas tuvo propósitos de eliminar aquellas minorías que pudieran generar problemas entre ambos países.
* Más tarde, la Unión Soviética padeció el destierro de poblaciones como chechenos y crimeos- tártaros, acusados de colaborar con el Tercer Reich, o la expulsión de alemanes étnicos de varios países de Europa por su identificación con tal régimen tras la Segunda Guerra Mundial.
*También, el conflicto árabe-israelí motivó el desplazamiento forzado de diversas poblaciones, como los árabes de Palestina o los judíos de varios países árabes o musulmanes. También puede citarse la huida o expulsión de los antiguos colonos franceses de Argelia, tras la Guerra de Independencia de ese país, o los desplazamientos masivos de poblaciones hindúes y musulmanas entre India y Pakistán tras la partición del Indostán.
*En los últimos años, destacaron la persecución de la población albano-kosovar en la Serbia gobernada por Milosevic o el desplazamiento de los rohinyás musulmanes de la Birmania budista. Tras la victoria azerí en los enfrentamientos entre Azerbaiyán y Artsaj de 2023, más de 100.000 habitantes de Artsaj huyeron a Armenia ante el miedo a represalias.
*En la Guerra Israel-Gaza (2023), un documento interno del Ministerio de Inteligencia israelí recomendaba, como mejor opción al conflicto, la expulsión de los 2,3 millones de Gazatíes a Egipto, y tanto numerosos ministros israelíes como el presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto la limpieza étnica como una solución para el conflicto.
Para ir concluyendo, deseamos mencionar algunas normas del Derecho Internacional que prohíben y sancionan tales prácticas mencionadas:
A) El tratado internacional que define qué es y cómo debe prevenirse y sancionarse el genocidio es la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (crímenes de guerra, contra la humanidad y de agresión, entre otros) de 1948, de las Naciones Unidas. Dando cumplimiento a esta Convención, España introdujo en el año 1971 el delito de genocidio en su Código Penal.
B) La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que comenzó a funcionar el 1 de julio de 2002. Este tribunal, que es permanente, independiente y no forma parte de la estructura de la ONU, ejerce su jurisdicción sobre los crímenes más graves de forma complementaria a las jurisdicciones internas de cada Estado.
C) La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987. Específicamente, el artículo 3 dice: 1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. 2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos.
Finalmente, lamentamos que esta posible conflagración contra el pueblo venezolano migrante y no migrante, la inicio y la mantiene la oposición cruel y despiadada de Venezuela, figurada en las personas de María C. Machado, Julio Borges, Leopoldo López y todos sus sequitos, quienes al final quedara en sus conciencias y se lamentaran de haberse prestado, a algo tan infame contra sus propios hermanos/as y compatriotas.
Ultima hora: en un artículo de Daniel Kersffeld, politólogo y sociólogo mexicano, titulado: Mercenarios en América latina: el regreso de Blackwater, enfatiza que, Trump ha posibilitado el retorno de uno de los personajes más temibles y oscuros de la política estadounidense; se trata de «El ex oficial de la Marina Erik Prince, quien fundó Blackwater en 1997 la que, en pocos años, se convertiría en la empresa de seguridad privada, más grande a nivel mundial, principalmente, gracias a sus lazos con el Pentágono y con el establishment militar de los EEUU». Este personaje siniestro se encargaría de, «el control migratorio, a través de un plan para llevar a cabo deportaciones masivas según métodos y estructuras establecidas en el negocio de la seguridad privada«. «El proyecto enviado a la Casa Blanca plantea el objetivo de deportar a 12 millones de personas antes de las elecciones de medio término de 2026. Para ello, propone el establecimiento de una red de «campos de procesamiento» dentro de las bases militares, y la disponibilidad de una flota privada de un centenar de aviones únicamente dedicada a efectuar traslados internacionales. Asimismo, establece un «programa de recompensas» que ofrecería pagos a aquellos ciudadanos que colaboren en la denuncia y captura de migrantes indocumentados«. Por el momento sus aliados en A.L., son Nayib Bukele y Daniel Noboa. «Sin embargo, todo indica que la apuesta de Prince es todavía más alta y que no se conformaría solamente con su intervención en El Salvador y en Ecuador«.
El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que comunicó al Congreso de los Estados Unidos la revocación de la suspensión de la posibilidad de que se presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.
Igualmente, aprobó la restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, con las que entidades o personas en los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. Informó la decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas, Orbit S.A.
No son acciones inesperadas. Son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas, dadas a conocer por el presidente Joseph Biden, el 14 de enero pasado.
Este anuncio posiblemente sea también la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más, gratuita e irresponsablemente, el cerco contra Cuba en busca de nuevos y evitables escenarios de deterioro y de confrontación bilateral.
El objetivo de las medidas es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos, mediante la amenaza expresa de ser demandados en cortes estadounidenses. Es también cerrar todas las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto; sabotear criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y privados, de proveer bienes y servicios; y deteriorar aún más los niveles de vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales impuestas durante el primer mandato de Trump, para crear irritación social y desestabilización, y tratar de lograr el muchas veces soñado y nunca alcanzado propósito de derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.
Estas acciones van acompañadas de operaciones comunicacionales de desinformación y descrédito y una poderosa maquinaria de manipulación en plataformas digitales, con el propósito de responsabilizar a Cuba del impacto de las medidas criminales del gobierno de los Estados Unidos, para que el mundo y el pueblo de Cuba no reconozcan a sus verdugos.
Son esos mismos a quienes los anima el compromiso contraído con familias reaccionarias y grupos especiales de interés en los Estados Unidos y la Florida, que se benefician del bloqueo a Cuba sacrificando el bienestar y amenazando hasta el sustento del pueblo cubano. Estos políticos de hoy, son los mismos arquitectos de las decenas de medidas adicionales al bloqueo que se pusieron en vigor entre los años 2017 y 2021.
Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 y hasta 2019, todos los presidentes estadounidenses, incluido Trump en los dos primeros años de su mandato anterior, hicieron uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses, reconociendo que contraviene el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación generaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los estadounidenses cuyas propiedades fueron legítimamente nacionalizadas al triunfo de la Revolución.
Como resultado, desde 2019 se han presentado alrededor de 45 demandas en las cortes, fundamentalmente, contra compañías estadounidenses. Estas han tenido que emplear dinero, tiempo y energía para defenderse contra lo que expertos consideran una aberración jurídica, con aspectos que la calificarían como anticonstitucional. Entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende su alcance a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.
Se trata de medidas que nada tienen que ver con el interés nacional de los Estados Unidos, o los deseos de gran parte de la comunidad empresarial en ese país que desean participar en la economía cubana. Por el contrario, se vincula con los deseos trasnochados de reconquista de los herederos políticos del dictador Fulgencio Batista.
Es una demostración de la naturaleza corrupta con que opera ese gobierno de modo general y, específicamente, de su objetivo de asfixiar económicamente a Cuba, causar daño a nuestro pueblo, y pretender que renunciemos a las prerrogativas soberanas cuya conquista ha costado tantos años, esfuerzos y vidas.
Con la reactivación del título III, se completa nuevamente la aplicación en su totalidad de la Ley Helms Burton, distinguida por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la afectación de sus disposiciones a compañías y personas establecidas en el territorio de estos. Ha sido rechazada amplia, sostenida y casi unánimemente por la comunidad internacional en las Naciones Unidas, organismos internacionales especializados y organizaciones regionales. Varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.
El Gobierno de Cuba reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80) y recuerda la decisión del Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, de declarar Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos sancionándolo a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 181 100 millones de dólares. Posteriormente, el 5 de mayo de 2000, el Tribunal determinó los Daños Económicos ocasionados a Cuba y sentenció resarcir a Cuba por valor de 121 000 millones de dólares.
Cuba ha reiterado la disposición de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas. Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución de nuestro país y en conformidad con el Derecho Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada, que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en nuestro país, como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.
Asimismo, el gobierno cubano denuncia y responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias inmediatas que tendrá en todo el país la nueva medida contra el derecho de los emigrados cubanos a enviar remesas y ayudar a sus familiares, que ya sufren demasiado por el cerco recrudecido debido a la injusta y fraudulenta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.
Cuba rechaza estas decisiones, de manera enérgica, firme y categórica. Las asume como un nuevo acto hostil y arrogante, y repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del comunicado del Departamento de Estado, plagado de mentiras para tratar de justificar lo injustificable.
A nadie podrán engañar con sus falsos pretextos para tratar de justificar estos y futuros atropellos. Solo lograrán reforzar el aislamiento y el rechazo universal que concita el abuso bochornoso de los gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba y su población.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional para detener, denunciar y acompañar a nuestro pueblo frente a la nueva y peligrosa arremetida de agresión que apenas ha comenzado.
Harán mucho daño con sus planes y medidas asesinas y cobardes, pero jamás lograrán su objetivo principal de poner a Cuba de rodillas para someterla.
