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Etiqueta: derecho internacional

ACO denuncia a Estados Unidos ante la ONU por intento de genocidio al pueblo cubano – para firmar

El bloqueo contra Cuba es el más largo de la historia. Dura ya más de 60 años. Estados Unidos ha tratado por todos los medios de acabar con el régimen comunista que gobierna la isla del Caribe desde la Revolución de 1959. El aislamiento económico y energético ha causado daños irreversibles a sucesivas generaciones de cubanos. No es posible saber cómo habría evolucionado el régimen en otras circunstancias, pero sí sabemos que ningún país del mundo ha sufrido nunca un acoso tan continuado y despiadado, dirigido directamente a afectar la vida y la salud de su población.

El embargo se apoya en centenares de leyes aprobadas por Estados Unidos y destinadas a prohibir y castigar cualquier acto de comercio con Cuba. Incluso aquellos protagonizados por personas o empresas de terceros países. Una telaraña que se ha ido cerrando con los años hasta el absurdo más inhumano. Se castiga a cualquier empresa que invierta en la isla, a quien le venda productos, incluso a quien viaje allí. Hoy, en un contexto mundial en el que no parece haber contrapeso para el poder estadounidense, esto es prácticamente una sentencia de muerte. Por poner un ejemplo simple, Cuba no puede utilizar dólares en sus transacciones internacionales, lo que a su vez le impide recibir préstamos y ayudas de entidades como el Banco Mundial.

El embargo es ilegal. Atenta contra los principios básicos del derecho internacional, y de hecho ha sido condenado por Naciones Unidas en más de 30 ocasiones. Eso no ha servido para frenar a ningún presidente del país que ahora mismo se dedica, con Israel, a torpedear los cimientos del humanismo y del derecho internacional.

En un intento de asfixiar aún más a la isla, durante el primer mandato de Donald Trump, EEUU impuso una política de sanciones a cualquier naviera que exportara petróleo desde Venezuela a Cuba. En 2025, Trump reforzó el bloqueo añadiendo numerosas prohibiciones, como la del envío de remesas o los viajes vacacionales de ciudadanos norteamericanos. Este mismo año, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la ocupación de la economía venezolana por los norteamericanos, las medidas se han endurecido hasta el punto de impedir absolutamente la llegada de petróleo a la isla.

Sin combustible ni energía, Cuba está abocada a la miseria y a un hundimiento de consecuencias imprevisibles. Sin petróleo no hay luz eléctrica y no se pueden conservar los alimentos ni los medicamentos. Los hospitales no pueden funcionar. El transporte se ha paralizado, de modo que la gente no puede trabajar y no llegan alimentos a los puntos de distribución. En muchos puntos no es ni siquiera posible bombear agua potable.

El pueblo cubano, siempre solidario con el resto del continente y el mundo, sufre hoy un intolerable asedio medieval. La teoría de Trump es que si provoca el hambre, el exilio o la muerte de la población, esta acabará por levantarse contra el régimen. Mientras consigue o no ese objetivo, el asedio de diez millones de personas supone, sencillamente, un crimen contra la humanidad. El hecho de que por ahora no estén cayendo bombas no significa que no estemos ante un intento obvio de aniquilar a la población. Presentar esta tentativa de genocidio como una necesidad de la lucha contra el comunismo sonaría ridículo si no fuera tan real.

Nadie con un mínimo de humanidad puede permanecer callado ante esta atrocidad. Justificar el asesinato, la hambruna y la tortura de la población civil alegando motivos ideológicos es inaceptable. No existen víctimas perfectas, y es evidente que 65 años de gobiernos bajo asedio han generado formas indefendibles de corrupción, ineficacia e inmovilismo. Pero los culpables de los bloqueos nunca son los pueblos que los sufren, sino los criminales que los aplican.

Sería deseable que la vieja utopía revolucionaria de José Martí deje paso a otra utopía en la que las cubanas y cubanos puedan decidir su destino de manera libre, soberana y autónoma, sin presiones ni injerencias neocoloniales. Pero, para que eso pueda suceder, lo primero es que terminen el embargo y el bloqueo, y que Trump saque sus criminales manos de Cuba.

Por tanto, pedimos al Gobierno español que tome todas las medidas a su alcance para acabar con el asedio que sufre el pueblo cubano.

Y animamos a la sociedad española a enviar toda la ayuda y la solidaridad posible, donando en las muchas campañas y recogida de material médico, energético o de ayuda básica que ya están en marcha.

Por último, las y los abajo firmantes, socias y seguidoras de la asociación sin ánimo de lucro Acción Contra el Odio, vamos a denunciar a Estados Unidos por intento de genocidio del pueblo cubano ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

IMPULSA

Asociación Acción contra el Odio

Enlace para firmar:
https://actionnetwork.org/forms/firma-el-manifiesto-contra-el-asedio-medieval-de-cuba

“Puedo hacer lo que quiera con Cuba”

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

El presidente Trump dijo exactamente lo siguiente respecto a Cuba:

“Tomar Cuba. Es decir, si la libero, la tomo. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella, si quieres saber la verdad».

Trump habla con total irrespeto por el Derecho Internacional, afirmando simplemente que puede hacer lo que le dé la gana con un país y tomarlo de cualquier manera como si se tratara de una cosa de supermercado.

Trump propone volver a la ley de la selva, al matón del mundo, al imperialismo más salvaje, al irrespeto total por la soberanía de las naciones, al desconocimiento de la autodeterminación de los pueblos.

Trump impide que Cuba compre petróleo so pena de imponer aranceles a los países que se lo vendan, crea una crisis humanitaria para después condenar al régimen y proponer ocupar el país. Es la lógica del colonialismo.

A esta lógica se suma el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, rompiendo relaciones diplomáticas con Cuba.

No se trata de contribuir con Trump para acabar con el régimen cubano, se trata de ser cómplices de Trump para acabar con el sistema de Derecho Internacional.

Costa Rica tradicionalmente fue un país democrático, civilista, promotor de la paz, pacifista por convicción, reconocido internacionalmente por promover los Derechos Humanos y la solución de los problemas a través del diálogo y el respeto, pero con esta decisión de Chaves se sube al carro de la guerra trumpista y la violación a los preceptos del derecho internacional.

El mundo atraviesa momentos sumamente peligrosos por la guerra en Irán que producirá efectos a nivel mundial en todos los campos. Costa Rica no se verá ausente de los efectos de esa guerra que caerán sobre las espaldas de nuestro pueblo, como aumento de precios de todos los artículos. Sin embargo, Chaves incorpora al país a la guerra al dar un aval total a esas políticas guerreristas.

El rompimiento de las relaciones con Cuba no es solo un ataque a un país sino la sumisión y el apoyo desvergonzado a la política guerrerista de Trump. Esa es la esencia de la política internacional del gobierno de Chaves.

En Cuba no ocurrirá lo de Venezuela. Está muy equivocado Trump y Rubio si creen que ocurrirá algo semejante. En Irán creyeron que, asesinando al líder supremo del país, el régimen se derrumbaría. Ocurrió lo contrario. Si la situación en Cuba deriva hacia una intervención militar, Costa Rica se verá arrastrada a esa hecatombe.

El presidente Rodrigo Chaves ha desnudado a Costa Rica ante el mundo como un país cómplice de la guerra al apoyar tan rastreramente a Trump. Hemos perdido nuestro prestigio internacional y sobre todo nuestra dignidad, autoestima o pundonor de país amante de la paz.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

¿Por qué apoyar a Israel contra Irán?

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Irán posee un régimen político que es deplorable, repugnante. Es una república islámica, sea un estado confesional, dirigido por una teocracia basada en el libro sagrado del Corán y aunque celebra elecciones periódicas, la casta suprema de ayatolás orientan las decisiones fundamentales del régimen. Es un Estado teocrático que persigue a los homosexuales y mantiene a las mujeres en un sistema de semi-esclavitud patriarcal. Pretende, además, tener una bomba atómica para amenazar a los estados vecinos y en primer lugar a Israel. Su sistema restringe fuertemente las libertades, el disenso y rige una fuerte presencia de los aparatos coercitivos como la Guardia Republicana.

Es en esencia un régimen político que no gusta a los costarricenses y con el cual no simpatizamos.

Israel el otro contendiente en el conflicto debería ser muy diferente a Irán para contar con nuestro apoyo.

Veamos entonces como son los del otro lado.

Israel es un estado judío, lo cual puede interpretarse como que el estado es confesional, porque, aunque no formalmente, si privilegia y apoya la religión del judaísmo. Al ser un estado judío se puede interpretar que será solo para los judíos lo cual produce discriminación contra otros grupos (apartheid) y si se interpreta que es solo para los que practican el judaísmo lo convierte en un estado confesional. Aunque no existe un consejo supremo de ayatolas, en Israel el rabinato orienta todo lo referente a la familia y la ciudadanía. El primer ministro es electo en un sistema discriminatorio contra otros grupos sociales, especialmente contra los palestinos. El poder ejecutivo impulsa reformas para debilitar a los tribunales de justicia, en especial debilitar los poderes de revisión y supervisión del Tribunal Superior tratando de disminuir el papel del Poder Judicial. En Israel también hay restricciones severas a la libertad de expresión, a las movilizaciones de la sociedad civil, se cierran medios de prensa debido a razones de seguridad del Estado. Los críticos más radicales del régimen tienen que abandonar el país. El ejército y las agencias de seguridad y espionaje son instituciones con un poder exorbitante en a la vida nacional. El primer ministro que ejerce está sostenido por los partidos políticos religiosos más extremistas partidarios del exterminio de pueblos enteros. El genocidio contra el pueblo palestino es cotidiano y el fundamento ideológico principal del régimen es el Antiguo Testamento y la Torá. Israel posee la bomba atómica sin generar preocupación alguna del mundo.

Como se aprecia, ambos regímenes políticos en esencia, en el fondo, son semejantes: confesionales, autoritarios, violadores de los derechos humanos.

Sin embargo, una de las partes se une a la mayor potencia militar, que es expansionista, cuyo interés es apoderarse de las riquezas naturales del mundo e imponer sus posiciones a todos los países, incluso por la guerra.

¿Apoyamos a Israel o Irán con este tipo de regímenes políticos?

En estos instantes se trata de apoyar la paz, la resolución pacífica de las controversias y el respeto al derecho internacional y la soberanía de los países.

Parece ser la única salida para esta humanidad.

No se trata de buenos contra malos ni del mal contra el bien.

Diplomacia tica sintonizada con las peores causas

Rafael A. Ugalde Q.*

Con la indiferencia del grueso de la población nacional, la diplomacia costarricense, sigue en sintonía perfecta con las peores causas políticas contra el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de las naciones y la paz mundial. Aunque, la versión oficial, es que estas aspiraciones legales, concordia y convivencia universal son prioritarias, de cara a la crisis en Oriente Medio.

En un reciente comunicado, ampliamente promocionado por creadores de contenidos, por diarios y los principales tele noticieros locales, la cancillería dice que “Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania”, tras extenderse como un reguero de pólvora el conflicto en Medio Oriente como habían previsto geopolíticos de todo signo ideológico.

No se trataba de simpatizar con esta o aquella nación. Pero solo en un estado mental cercano a la demencia aconsejaría acaso lanzar el primer cerillo encendido en una región estratégica, tanto para Occidente como Oriente, sin sufrir devastadores daños económicos y militares.

A diferencia de las pasadas invasiones a Guatemala, Granada, Panamá o más recientemente a Venezuela, por parte de Estados Unido en su patio trasero, para hacer realidad la “promesa” hecha a Abraham hace 3.000 o 4000 años sobre el “Gran Israel”, de la que Benjamín Netanyahu se autoproclama su heredero, Donald Trump requiere una gigantesca movilización de recursos militares y tecnológicos a Oriente Medio, si ambos personajes quieren someter a poblaciones tan ancestrales y variadas hoy asentadas en países como el Líbano, Siria, Jordania, Irak o Irán.

Sin embargo, la diplomacia costarricense en el documento divulgado matiza su posición añadiendo que “el país reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Y urge a la desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región”, cuando en realidad el conflicto con Irán esconde una “guerra de conquista”.

En una entrevista el pasado mes de febrero realizada al embajador estadounidense en Tel Aviv, Mike Huckabee, por el conocido periodista Tucker Carlson, afirmó que «estaría bien» que Israel se anexionase todo el Oriente Medio desde el río Nilo hasta el Éufrates, en consonancia con el pasaje del Génesis 15:18-21, referente a la “promesa” sobre el “Gran Israel”. (Consúltese https://www.facebook.com/trtespanol/videos/embajador-de-eeuu-defiende-expansi%C3%B3n-territorial-de-israel/2827768764228408/).

Llegó demasiado tarde nuestra cancillería haciendo ahora llamados a favor de la paz y a que prevalezca el derecho internacional. No entendió la Casa Amarilla que cuando nos callamos ante las arbitrariedades de las cañoneras prevalecerá siempre la ley del matón del barrio; o acaso el actual canciller, el anterior y quien venga no lo han visto y verán como desde hace seis década bloquearon un país que habla el mismo idioma nuestro y actualmente asfixian con un cerco petrolero para que su pueblo perezca de hambre. ¿Podrán explicar con qué comen ustedes el invocado derecho internacional?

La posición diplomática de San José por la guerra de ocupación en Medio Oriente, contrastó, empero, con un importante número de naciones en el Consejo de Seguridad de la ONU, reunidos de emergencia recientemente para analizar la agresión a Irán. Los representantes diplomáticos que aún creen en las Naciones Unidades llamaron las cosas por su nombre y calificaron de «un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad» los bombardeos israelíes y estadounidenses contra la población civil iraní.

Por lo tanto, no deja dudas, como nuestro país en cuanto a su política exterior nos exhibe a todos los costarricenses completamente sumisos a los intereses estadounidenses, donde éstos permanezcan alrededor del mundo. Es decir, la cancillería, no importa quien la ocupe, ve hacia otro lado cuando se trata de dimensionar el verdadero valor de los principios civilizatorio, en relación con el derecho de los pueblos a organizarse según sus perspectivas de desarrollo político y económico, de forma independiente y soberana.

Así, la cancillería, , olvidó reseñar en dicho pronunciamiento que la coalición Israel-Estados Unidos fue precisamente la que atacó a la República Islámica de Irán, cuando se realizaban conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, en torno a un acuerdo nuclear. Dicho de este modo: ocultar a la gente este hecho relevante equivale a propalar como válido tirar al cajón de la basura los esfuerzos diplomáticos, porque es mejor la guerra. Y eso sucedió.

El canciller iraní, Abás Araqchi, en varias ocasiones – de ello debió enterarse nuestra cancillería -, advirtió que su “pueblo no quería la guerra, pero tampoco temía” a una agresión extranjera, la cual, según él, “convertiría la región en un conflicto de grandes proporciones”. Si nos imponen la guerra, “responderemos con firmeza” a los estadounidenses e israelíes, que no quepan dudas, reafirmó el diplomático, pocas horas antes de iniciarse los actuales enfrentamientos bélicos, a través del canal iranie Hyspantv. Este es un medio abierto al que tiene acceso cualquier diplomático.

Añadió a este mismo medio que sí, los estadounidenses y los israelíes inician las hostilidades, esta vez será Irán el que pondrá fin, en clara alusión a la llamada guerra de los 12 días con Tel Aviv, cuando el famoso sistema de defensa aérea llamado la “Cúpula de Hierro” hizo agua por los ataques con misiles entre 10 y 15 años de antigüedad.

El jefe de la diplomacia de Irán, pero esta vez, en el contexto de las conversaciones indirectas en el Sultanato de Omán entre su país y Estados Unidos, había dicho a la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, que hay “avances” en cuanto a lograr un acuerdo sobre Uranio con fines civiles. La contra parte quiere que Irán no tenga nada de Uranio enriquecido; nosotros presentamos nuestra propuesta, dijo.

Esta propuesta oficialmente no se conoció por precipitarse los acontecimientos bélicos el pasado 28 de febrero. Sin embargo, extraoficialmente, trascendió que los iranies propusieron un acuerdo de no proliferación de armas nucleares en la zona por seis años, bajo la fiscalización del cuestionado Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)

La misma fuente periodística qatarí citada anteriormente, recordó que el “martirizado” ayatolá Ali Jamenni insistió en que Irán no fabricaría bombas nucleares, pero utilizaría en distintas áreas este tipo de energía para el desarrollo soberano de su nación. Esta posición podría cambiar radicalmente, pues Irán tiene científicos nucleares, abundante enriquecimiento de Uranio para fines civiles e instalaciones protegidas.

Además, siendo Irán la parte agredida y confirmado asimismo el asesinado de su líder supremo, junto a su plana de asesores, su cúpula militar y familiares, el derecho internacional permitiría su legítima defensa, así como considerar “objetivos militares” todos activos del enemigo, no importa donde se encuentren.

A estos activos castrenses fuera del territorio de Estados Unidos es que, se refiere la diplomacia tica, cuando dice que “Costa Rica condena enérgicamente los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania”, desde cuyas bases militares se coordinan los ataques a Irán.

Según el diario “The Jerusalem Post”, afín al sionismo y a las posiciones supremacistas de la Casa Blanca, la Fuerza Aérea de su país, en una sola noche, utilizó “más de 200 aviones para golpear 500 objetivos iranies”. En uno de estos operativos se golpearon la radio estatal iraní, clínicas y sitios civiles, como el museo de arte de Teherán, declarado Patrimonio cultural de la humanidad.

Asimismo, la conocida página “Análisis Militar” divulgó recientemente imágenes de protestas contra Israel y Estados Unidos en la isla de la monarquía de Bahréin. Los estadounidenses tienen en esa ínsula la importante base castrense denominada la Quinta Flota, inutilizada por una lluvia de misiles iranies la segunda noche de enfrentamientos.

El rey de esta isla, Hamad bin Isa Al Jalifa, antigua provincia iraní , amenazó además con la pena de muerte a quienes divulguen imágenes en redes sociales con ataques de Irán a puestos de Estados Unidos y de Israel.

Por otra parte, el edificio de la televisión iraní fue sacudido por fuertes detonaciones en pleno noticiero de mediodía, sin inmutarse el presentador que abrió el micrófono para que se escucharan las explosiones. Hay daños materiales, pero no se registran víctimas, aclaró al final del telenoticiero.

Para el abogado, periodista y analista español, Miguel Ruiz Calvo, el carácter “criminal” de esta coalición entre Israel-Estados Unidos quedó en evidencia a pocas horas de iniciarse la agresión a Irán, cuando bombardearon una escuela de niñas, con saldo de 84 de ellas asesinadas y 120 víctimas más, entre maestros y padres de familias.

Se trata, precisó el conservador diario español “El País”, de la escuela de niñas Shajareh Tayyebec, en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgan, al sur de Irán. El asesinato se llevó a cabo a plena luz del día, cuando la escuela estaba llena de ellas, denunció en su red social X, el canciller iraní.

Destrucción del hospital materno infantil Gandhi en el centro de Teherán (F. Periódico El Heraldo).

En esta misma línea informativa, la Organización Mundial de la Salud (OMS), acaba de confirmar que un hospital materno infantil en Teherán, fue bombardeado por aviones de la coalición. El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó en sus redes sociales que se trata del hospital Gandhi en la capital iraní. Recordó que los centros de salud están protegidos por el derecho internacional.

El gobierno israelí, con apoyo norteamericano, reviven la bárbara táctica militar de hace 4.000 años de antigüedad, consistente en que sí, se elimina las reproductoras y a sus hijos, a futuro no tendré quienes me ataquen. Si nos atenemos a las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de 65 mil niños eliminados en Palestina, de medio millón de padres asesinados, el plan salió perfecto.

En síntesis, con poco margen de error, Costa Rica se libró de genuflexos, solo en ocasión de la campaña antifilibustera de 1856, de la mano de Juan Rafael Mora Porras, cuando calificó a los invasores de «horda de bandidos».

*Periodista, abogado y notario de la U.C.R, miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad con los Pueblos Yamilet López.

Guerra en el Medio Oriente

Edición de Juan Carlos Cruz-Barrientos

  • No es una guerra por la bomba: es una disputa por hegemonía regional y reconfiguración del poder en Oriente Medio.
  • Irán es pieza clave en la pugna global entre una primacía occidental en crisis y el ascenso de China.
  • La narrativa del “ataque preventivo” y la “liberación” reproduce el libreto que precedió a Irak, Libia y Afganistán.
  • El derecho internacional queda subordinado a la lógica de la fuerza y a la política de hechos consumados.
  • El conflicto abre un escenario de alto riesgo: escalada regional, presión sobre el estrecho de Ormuz y efectos económicos globales.

El 2 de marzo, el programa La Base dedicó una emisión monográfica a la guerra abierta entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras los bombardeos coordinados que marcaron un salto cualitativo en la confrontación regional. Más allá del recuento de hechos, el análisis presentado apunta a una reconfiguración profunda del equilibrio de poder en Oriente Medio y a un momento de inflexión en el orden internacional.

La ofensiva, bautizada como “Furia Épica” por el Comando Central estadounidense y “Rugido del León” por el gobierno israelí, comenzó en la madrugada del 1 de marzo bajo órdenes directas de la Casa Blanca. El objetivo formal fue desmantelar capacidades nucleares y militares iraníes. Sin embargo, la operación fue más ambiciosa: incluyó el bombardeo de la residencia del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada horas después, así como la eliminación de varios miembros de la cúpula militar, entre ellos el jefe del Estado Mayor y el comandante de la Guardia Revolucionaria. En términos estratégicos, se trató de una operación de “decapitación” orientada a provocar un colapso del mando político y militar iraní.

El despliegue fue masivo. Israel reconoció el lanzamiento de alrededor de 100 bombas, mientras que Estados Unidos habría empleado más de un millar de proyectiles contra infraestructuras nucleares, centros de mando, instalaciones de comunicación y capacidades misilísticas. Fuentes citadas en el programa indicaron que la operación llevaba meses planificándose en estrecha coordinación entre Washington y Tel Aviv. El propio presidente Donald Trump declaró que el operativo podría prolongarse durante varias semanas.

La respuesta iraní fue inmediata y regional. Teherán lanzó misiles balísticos y drones contra territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí y Omán. El Comando Central estadounidense confirmó la muerte de tres militares y varios heridos graves. En Israel se registraron víctimas mortales y daños en zonas urbanas. En paralelo, Hizbulá abrió un frente desde el Líbano. El conflicto dejó de ser un intercambio limitado para convertirse en una guerra de alcance regional.

Uno de los puntos críticos es el estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 30% del petróleo marítimo mundial y hasta el 15% del gas natural licuado. Irán anunció su intención de restringir el tráfico, lo que disparó las alertas en los mercados energéticos. Un bloqueo sostenido tendría efectos inmediatos sobre los precios globales y la estabilidad económica internacional. En términos geopolíticos, Ormuz se convierte nuevamente en palanca estratégica: una herramienta de presión asimétrica frente a la superioridad aérea occidental.

El programa subrayó tres narrativas utilizadas para justificar la ofensiva. La primera es la amenaza nuclear iraní. Se recordó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sostiene desde mediados de los años noventa que Irán estaría “a semanas” de fabricar un arma nuclear. La segunda narrativa apela a la “liberación” del pueblo iraní, con la figura del príncipe Reza Pahlaví, hijo del último Sha, emergiendo desde el exilio como posible referente de transición. La tercera sostiene que la vía diplomática estaba agotada, aunque se señaló que las negociaciones auspiciadas por Omán parecían activas antes del ataque.

Desde el punto de vista estratégico, la operación no puede entenderse solo como una respuesta a un programa nuclear. El análisis planteado en La Base sostiene que los objetivos estadounidenses e israelíes incluían el desmantelamiento del programa de misiles balísticos iraní, la ruptura de su red de alianzas regionales —el llamado “eje de la resistencia”— y la consolidación de un nuevo equilibrio favorable al proyecto israelí en la región. En otras palabras, una redefinición del mapa de poder en Oriente Medio.

La reacción internacional revela las fracturas del sistema global. China condenó el uso de la fuerza y pidió respeto a la soberanía iraní, coordinando posiciones con Rusia. La Unión Europea llamó a la desescalada, pero centró su discurso en exigir a Irán el abandono de sus programas estratégicos, sin condenar explícitamente la ofensiva inicial. Este alineamiento sugiere que, a diferencia de la invasión de Irak en 2003, no hubo fractura visible en el bloque occidental.

En el plano interno iraní, la muerte del líder supremo activó el mecanismo constitucional para la formación de un consejo provisional hasta la elección de un nuevo líder por la Asamblea de Expertos. Sin embargo, el impacto político dependerá de la capacidad del sistema para mantener cohesión frente a la presión externa. Históricamente, las agresiones militares han tendido a fortalecer dinámicas de cierre interno más que a producir cambios de régimen inmediatos.

El escenario abierto en 2026 difiere del de 2025 por un elemento clave: la participación directa y desde el primer momento de Estados Unidos, fijando objetivos estratégicos máximos. La exigencia de desmantelar no solo el programa nuclear, sino también la capacidad de disuasión convencional y las alianzas regionales, equivale a una demanda de rendición estratégica.

En términos estructurales, la guerra pone en cuestión el papel del derecho internacional y de las instituciones multilaterales en un contexto donde las potencias actúan por fuera de marcos negociados. También reactiva un dilema central para los Estados no alineados: la utilidad de desarrollar capacidades de disuasión frente a intervenciones externas.

La evolución del conflicto dependerá de varios factores: la duración de la campaña aérea, la efectividad de las represalias iraníes, la estabilidad del mercado energético y la disposición de actores como China o Rusia a implicarse más allá del plano diplomático. Por ahora, lo que comenzó como un ataque quirúrgico se perfila como una guerra regional con implicaciones globales.

Oriente Medio vuelve a situarse en el centro de la geopolítica mundial, no como escenario periférico, sino como tablero donde se redefine el equilibrio entre hegemonía, disuasión y multipolaridad.

“Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura”

En una entrevista de Sergi Picazo con el periodista Rafel Poch para la revista «Critic», éste plantea una tesis fuerte y coherente: la guerra contra Irán no es un episodio aislado, sino parte de una estrategia más amplia para frenar el declive de la hegemonía estadounidense frente al ascenso de China. Desde esa mirada, los frentes de Venezuela, Ucrania e Irán formarían parte de un mismo conflicto global.

El punto de partida es la idea de que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ya no se mueve dentro del marco del derecho internacional, sino bajo una lógica abierta de fuerza. El asesinato de dirigentes enemigos en medio de negociaciones sería la prueba de que las garantías diplomáticas han perdido valor. En ese contexto, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas aparecen debilitadas, comparadas incluso con la fallida Sociedad de Naciones. La Corte Penal Internacional y figuras como Francesca Albanese serían ejemplo de esa impotencia frente a conflictos como Gaza.

Según el entrevistado, la clave estructural es el ascenso de China. Occidente esperaba que la integración global subordinara a Pekín, pero ocurrió lo contrario: China se fortaleció, mantuvo su autonomía y expandió su influencia económica sin recurrir a la vía militar. Ante esa pérdida relativa de poder, Washington habría optado por el recurso que aún domina: la superioridad militar. Desde el “pivot to Asia” hasta los aranceles de Trump, la estrategia sería contener a China directa o indirectamente.

En ese marco se inscribe Ucrania. Ignorar los intereses rusos y ampliar la OTAN habría empujado a Moscú hacia una alianza más estrecha con Pekín. Documentos como los de la RAND Corporation habrían anticipado la estrategia de “sobre extender” a Rusia. Cuando la guerra no produjo la “derrota estratégica” esperada, Estados Unidos habría intentado separar frentes: trasladar parte del peso ucraniano a Europa y concentrarse en Irán, considerado el eslabón más débil del eje China-Rusia-Irán.

Sobre el programa nuclear iraní, el entrevistado sostiene que el problema no es la bomba en sí. Recuerda el acuerdo de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto, abandonado por Trump pese a que establecía límites verificables. Desde esa óptica, el objetivo real sería geopolítico: impedir la consolidación de corredores euroasiáticos donde Irán es pieza clave, tanto energética como logísticamente.

Para Israel, el ataque tendría una dimensión existencial y expansiva. Se menciona incluso la idea del “Gran Israel” y el respaldo ideológico de figuras como Mike Huckabee. En el plano interno estadounidense, la guerra también podría leerse como cálculo político de cara a elecciones de medio mandato.

El texto cuestiona que la demostración de fuerza militar sea señal de fortaleza estratégica. Más bien la presenta como síntoma de un poder en crisis que recurre a la violencia para sostener su posición. Aun así, descarta una invasión terrestre de Irán por el precedente de Irak y por la capacidad iraní de desgaste con misiles y ataques regionales, lo que podría derivar en una guerra ampliada en el Golfo.

China aparece como actor central: Irán es socio energético clave y pieza de la Nueva Ruta de la Seda. Un colapso iraní afectaría directamente a Pekín. Sin embargo, se sugiere que ni China ni Rusia parecen dispuestas a implicarse militarmente de forma directa, lo que dejaría a Irán relativamente aislado.

Finalmente, sobre el dilema de la izquierda frente a un régimen represivo atacado por una potencia extranjera, el entrevistado rechaza que el motivo del ataque sean los derechos humanos y sostiene que el cambio de régimen forzado no es una vía emancipadora. Cita al analista Trita Parsi para señalar que la intervención externa suele cerrar las vías de reforma interna y generar más desesperación.

En conjunto, la entrevista dibuja un escenario de alta inestabilidad: una hegemonía occidental en crisis, instituciones multilaterales debilitadas y un riesgo real de guerra regional con implicaciones globales. Trump e Israel, concluye, estarían apostando fuerte en una jugada que podría reforzarlos políticamente… o volverse en su contra.

Ni amenaza nuclear inminente ni defensa de la libertad

Po r su parte, la analista Olga Rodríguez sostiene que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán no responde ni a una amenaza nuclear inminente ni a la defensa de la libertad del pueblo iraní, sino a una estrategia de poder mucho más amplia.

Desde el punto de vista jurídico, lo define como un “crimen de agresión” según el derecho internacional. Rechaza la etiqueta de “ataque preventivo” usada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y por parte de la prensa europea, y subraya que Irán no estaba a punto de lanzar un ataque. Recuerda además que Israel sí posee armamento nuclear, mientras que Irán no, y que el argumento de la supuesta bomba iraní es una narrativa que Netanyahu repite desde los años noventa.

Para la periodista, el objetivo real es reforzar la hegemonía regional israelí y consolidar su proyecto colonial, en un contexto marcado por la devastación en Gaza y la expansión sobre territorios palestinos y sirios. Washington, bajo la presidencia de Donald Trump, actuaría como principal respaldo de esa estrategia, entendiendo a Israel como pieza clave para garantizar sus intereses en Oriente Medio. La Unión Europea —con figuras como Kaja Kallas— y potencias como Alemania también aparecen retratadas como alineadas con esa lógica.

Rodríguez sitúa el petróleo y el gas en el centro del conflicto. Irán controla junto a Omán el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del comercio mundial de crudo, y posee enormes reservas energéticas, incluido el yacimiento compartido South Pars-North Dome con Catar. Además, es proveedor relevante de China —China— en transacciones que no utilizan el dólar. Según el análisis, Estados Unidos busca asegurar el control de rutas, precios y flujos energéticos, reforzar su moneda y contener la expansión china. En ese marco se insertan también acciones previas contra Venezuela y otras operaciones militares recientes.

El texto establece un paralelismo con la invasión de Irak en 2003, cuando se usó el argumento de las armas de destrucción masiva para justificar una guerra ilegal. Recuerda que en 2015 se firmó un acuerdo nuclear con Irán que fue abandonado por Trump en 2018, pese a que Teherán cumplía con restricciones y supervisión internacional. De hecho, señala que los bombardeos actuales se producen en un momento en que las negociaciones mediadas por Omán mostraban avances, no retrocesos.

También cuestiona la retórica de la “liberación” del pueblo iraní, señalando que ni las intervenciones en Irak, Libia o Afganistán trajeron más derechos ni estabilidad. Advierte que Israel tendría incluso un candidato preferido para un eventual cambio de régimen: Reza Pahlavi, hijo del último Sha, alineado con Tel Aviv.

En cuanto a los riesgos, Rodríguez alerta de una escalada regional de consecuencias imprevisibles: cierre del estrecho de Ormuz, disparada del precio del crudo, mayor fragmentación interna en Irán y expansión del conflicto. Cita al académico iraní Hamid Dabashi, quien interpreta la ofensiva como un intento de provocar división interna y debilitar al país para facilitar la consolidación territorial israelí y un orden regional favorable a sus intereses.

En síntesis, el análisis plantea que la guerra no se explica por seguridad nuclear ni por derechos humanos, sino por hegemonía, recursos estratégicos y reconfiguración del equilibrio global en un contexto de disputa con China y de crisis del orden internacional.

Un escenario de alto riesgo

Las tres miradas coinciden en señalar el paralelismo con Irak en 2003: la construcción de una narrativa sobre armas de destrucción masiva o amenazas inminentes como antesala de una intervención mayor. También comparten escepticismo respecto a la retórica de la “liberación” del pueblo iraní. La experiencia de Irak, Libia o Afganistán demuestra que los cambios de régimen inducidos externamente no han producido estabilidad ni ampliación de derechos.

Existen, no obstante, matices. La Base enfatiza la dimensión militar-operativa y la correlación de fuerzas regional. Poch subraya la crisis estructural de la hegemonía estadounidense y la centralidad del factor chino. Rodríguez pone el foco en la ilegalidad de la ofensiva, la lógica colonial israelí y la disputa por recursos estratégicos.

En conjunto, los tres análisis dibujan un escenario de alto riesgo. El cierre o restricción del estrecho de Ormuz podría disparar los precios del crudo y afectar la economía mundial. Una fragmentación interna iraní podría desestabilizar aún más el Golfo. Y la implicación indirecta de potencias como China o Rusia consolidaría la dimensión global del conflicto.

Más allá de la narrativa nuclear, la guerra parece inscribirse en una transición sistémica: la tensión entre un orden internacional moldeado por la primacía occidental y un mundo cada vez más multipolar. Oriente Medio vuelve a ser el epicentro donde se cruzan hegemonía, energía y disuasión. Lo que está en juego no es solo el equilibrio regional, sino la arquitectura misma del poder global en el siglo XXI.

Fuentes:

  • La guerra del Medio Oriente. La Base 2/3/26
  • El ataque ilegal de Israel y EEUU contra Irán no tiene que ver con el programa nuclear ni con la libertad– Olga Rodríguez. elDiario.es 1/3/26
  • “Trump e Israel también arriesgan mucho con esta locura” Entrevista de Sergi Picazo con Rafael Poch para la revista «Critic»). 02/03/2026

Pronunciamiento en contra del bloqueo petrolero a Cuba

Costa Rica siempre ha inspirado su política exterior en la defensa irrestricta del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario. Guiados por estos principios, y secundando lo expresado por las Naciones Unidas: “Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que en sí mismas violan los Derechos Humanos”, los abajo firmantes levantamos la voz condenando el inhumano bloqueo que, en contra de la voluntad reiteradamente expresada de la casi unanimidad de los pueblos del mundo, mantiene el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Cuba. Este brutal bloqueo afecta la vida cotidiana en todos sus aspectos, especialmente en la salud, educación, actividades laborales y alimentación de niños, jóvenes y ancianos indiscriminadamente. Razón por la cual exigimos el inmediato y total levantamiento del bloqueo que, desde hace más de 60 años y actualmente recrudecido por la administración de Trump, impone el gobierno estadounidense, contra la voluntad de su propio pueblo.

  1. Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. Filósofo. Exministro de Cultura, Juventud y Deportes.
  2. Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdefensor de los habitantes, actualmente miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2023-2026).
  3. Sergio Alfaro Salas. Abogado. Ex Embajador de Costa Rica. Ex Ministro de la Presidencia 2014-2018. Exdiputado.
  4. Julieta Dobles. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  5. Alfonso Chase. Poeta y ensayista, Premio Nacional de Cultura Magón.
  6. Manuel Monestel. Cantautor. Premio Nacional de Cultura Magón.
  7. Arabella Salaverry Pardo. Escritora. Premio Nacional de Cultura Magón.
  8. Ronald Bonilla. Poeta. Premio Nacional de Cultura Magón.
  9. José Manuel Arroyo Gutiérrez. Abogado. Exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Catedrático de la Universidad de Costa Rica.
  10. Dr. Alberto Salom Echeverria. Politólogo. Exdiputado. Exrector de la Universidad Nacional.
  11. Dra. Yamileth González. Historiadora. Exrectora de la Universidad de Costa Rica.
  12. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Biólogo. Exrector de la Universidad de Costa Rica.
  13. Roberto Villalobos. Arquitecto. Exrector del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
  14. Gloria Valerín Rodríguez. Exministra de la Condición de la Mujer y exdiputada.
  15. Patricia Mora Castellanos. Socióloga, exdiputada, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), presidenta e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  16. Rocío Alfaro Molina. Filósofa y socióloga, diputada e integrante de la Comisión Política y de la Secretaría de las Mujeres del Frente Amplio.
  17. Ariel Robles Barrantes. Educador, diputado, excandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  18. José María Villalta. Abogado, diputado electo del Frente Amplio. Exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio.
  19. Máster Sofía Guillén Pérez. Economista y diputada de la República.
  20. Jonathan Acuña Soto. Economista, diputado, secretario general e integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Política del Frente Amplio.
  21. Antonio Ortega Gutiérrez. Sociólogo, diputado e integrante de la Comisión Política del Frente Amplio.
  22. Vianey Mora Vega. Socióloga y educadora, diputada electa del Frente Amplio.
  23. María Eugenia Román Mora. Abogada, asesora parlamentaria, diputada electa del Frente Amplio.
  24. Gerardo Vargas Varela. Agricultor, exsacerdote, exdiputado del Frente Amplio.
  25. Suray Carrillo Guevara. Abogada, exdiputada del Frente Amplio.
  26. Dr. Henry Mora Jiménez. Economista, exdiputado del PAC, Expresidente de la Asamblea Legislativa.
  27. Luis Gerardo Arce Valverde. Historiador, Premio Fernando Soto Harrison de la Universidad de Costa Rica.
  28. Gustavo Campos Alfaro. Regidor Municipal de Montes de Oca.
  29. Eduardo Gardela Ramírez. Comunicador, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Desamparados.
  30. Brandon Guadamuz Villalobos. Trabajador Social, máster en cooperativismo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de San José.
  31. Lic. Rodolfo Ulloa. Sociólogo. Fiscal Nacional del Frente Amplio.
  32. Dr. Walter Antillón. Jurista. Premio Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
  33. Dr. Roberto Salom. Sociólogo. Exvicerrector de Acción Social y exvicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  34. Lic. Sebastián Vaquerano López. Exembajador.
  35. Lic. Vladimir de la Cruz. Historiador.
  36. Dr. Rafael Cuevas. Escritor y director de la Revista Nuestra América.
  37. Oscar Castillo. Cineasta y actor.
  38. Leonardo Perucci. Actor y director de Teatro y TV.
  39. Eduardo Ceregatti Madrigal. Cineasta, exdirector de La Pensión.
  40. Ana Istarú. Poeta y actriz.
  41. Rodrigo Durán Bunster. Arte escénico. Narrativa.
  42. Ivette Guier Serrano. Ceramista.
  43. Abel Guier. Músico.
  44. Adriana Mora Rey. Directora de arte.
  45. Guadalupe Urbina. Cantautora.
  46. Bernal Villegas. Músico.
  47. Esteban Monge Flores. Cantautor.
  48. Álvaro Fernández González. Sociólogo, músico.
  49. Dr. Freddy Pacheco León. Biólogo.
  50. Albino Vargas Barrantes. Dirigente sindical
  51. Dr. Francisco Enríquez. Historiador. Exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
  52. Dr. Daniel Camacho. Sociólogo.
  53. Dra. Macarena Barahona. Socióloga.
  54. Lic. Rafael Ugalde. Abogado y periodista
  55. Doctora Elisabeth Cook Steike. Teóloga. Rectora de la Universidad Bíblica Latinoamericana
  56. Dr. Jaime Delgado. Filósofo.
  57. Dra. Elsa Tamez. Teóloga.
  58. Dr. Sergio Reuben Soto. Economista.
  59. Lic. Melania Agüero Echeverría. Psicoanalista y artista.
  60. Lic. William Venegas. Profesor universitario. Crítico de cine.
  61. Dr. Plutarco Bonilla. Filósofo. Teólogo.
  62. Dra. Silvia Regina de Lima Silva. Teóloga. Directora Departamento Ecuménico de Investigaciones.
  63. Carlos Guillermo Madriz. Director. Productor de documentales.
  64. Dr. Miguel Sobrado. Sociólogo.
  65. Lic. Carlos Monge Meneses. Educador. Agricultor.
  66. Lic. Manuel Arguedas Castro. Profesor jubilado Universidad Nacional.
  67. Marta Elena Rodríguez González. Dirigente social, exdirectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), directiva de la Unión de Empleados de la CCSS.
  68. Luis Chavarría Vega. Secretario General de la Unión de Empleados de la CCSS (UNDECA).
  69. Dr. Miguel Picado. Teólogo e historiador.
  70. Dr. German Chacón. Historiador. Cátedra Manuel Mora UNED.
  71. Vernor Arguedas Troyo. Matemático, catedrático UCR
  72. Mirta González Suárez. Psicóloga, escritora, catedrática emérita UCR
  73. Oscar Madrigal Jiménez. Abogado y Notario.
  74. Fabio Chaves Castro. Trabajador del ICE pensionado, expresidente de ASDEICE, excoordinador del Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT).
  75. Dr. Gerardo Hernández Naranjo. Politólogo, profesor asociado Universidad de Costa Rica.
  76. Lic. Francisco Villegas Villalobos. Exregidor municipal en el cantón de Belén, presidente del Partido Independiente Belemita (PIBE).
  77. Alejandro Sura. Sociólogo y abogado, exdirigente sindical del ICE, presidente de la asociación de pensionados del ICE.
  78. Ricardo Segura Ballar. Ingeniero, exdirigente sindical del ICE.
  79. César López Dávila. Educador y psicólogo, dirigente social.
  80. Roberto Zeledón Arias. Asesor legislativo sindical.
  81. Nancy Piedra Guillén. Socióloga, profesora catedrática UCR.
  82. Juan Carlos Valverde Campos. Profesor.
  83. Nia Salas. MBA Colectiva Profesionales para la Ciudadanía.
  84. Roy Palavicini Rojas. Teólogo, antropólogo.
  85. Sebastián Pérez Carmona. Militante Frente Amplio y activista social/político.
  86. Lic. Sary Montero. Trabajadora social.
  87. Natalia Serrano Álvarez. Comunicadora social. DEI
  88. Peggy Quesada Chamorro. Psicóloga social – DEI
  89. Anne Kevenhörster. Geógrafa – DEI
  90. Julieta Montoya – Psicóloga Social – DEI
  91. Gerardo Mora Burgos. Profesor. Filósofo, catedrático pensionado UCR.
  92. MSc. Hannia Franceschi Barraza. Trabajadora social, profesora e investigadora universitaria jubilada
  93. Gerardo Contreras Álvarez. Historiador, catedrático UCR
  94. David Contreras Mora. Analista de sistemas, regidor suplente del Frente Amplio en la Municipalidad de San José
  95. Fidel Barrera Romero. Sociólogo, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  96. Reinier Canales Medina. Luchador social de la Zona Sur, presidente de la Asociación para la defensa de los usuarios de los servicios públicos (ADUSP)
  97. Juan Carlos Durán Castro. Dirigente sindical sector salud
  98. José Daniel Berrocal Miranda. Regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Heredia
  99. Fernando Chironi Kaufman. Comunicador
  100. Victoria Eugenia Borbón Pineda. Licenciada en Orientación, Red de Educadores Humanistas.
  101. Rosa María Muñoz Varela. Licenciada en Educación, Red de Educadores Humanistas.
  102. Emilia Sibaja Álvarez. Licenciada en Computación Educativa, Red de Educadores Humanistas.
  103. Luis Diego Ugarte Castro. Artesano. Movimiento Humanista.
  104. Carol Ma. Fernandez. Estudiante Universidad Bíblica Latinoamericana
  105. Nadia Alvarado Molina
  106. Alexandra Bula Madrigal
  107. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  108. Antonio Trejos Mazariegos. Abogado, asesor parlamentario y municipal, diputado electo del Frente Amplio
  109. Edgardo Araya Sibaja. Abogado, exdiputado, diputado electo del Frente Amplio
  110. Alejandro Vargas Chinchilla. Politólogo, secretario general de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  111. Reyna Casco Núñez. Politóloga, presidenta de la Juventud del Frente Amplio (JFA)
  112. Margarita Salas Guzmán. Comunicadora, ex Comisionada Presidencial de Asuntos LGBTIQA
  113. Prof. Juan Félix Montero Aguilar. Luchador social
  114. Jesús Campos Méndez. Dirigente sindical del sector de transportistas
  115. Felipe Arguedas Gamboa. Ingeniero agrónomo, exviceministro de Agricultura y Ganadería
  116. Ulises Araya Chaves. Profesor de Estudios Sociales y Cívica, regidor del Frente Amplio en la Municipalidad de Belén
  117. Priscilla Vindas Salazar. Politóloga, diputada del Frente Amplio
  118. Anacristina Rossi. Novelista y profesora de la Universidad de Costa Rica.
  119. Harold Villegas-Román. Ex viceministro de Trabajo y Economía Social, docente e investigador Universidad de Costa Rica
  120. Mauricio Castro Méndez. Investigador y docente de la UCR
  121. Rafael Barrantes. Tec. Eléctrico. Administrador de las páginas, La Voz Bolivariana Internacional y Conaicop Costa Rica
  122. José A. Amesty Rivera. Teólogo y articulista. Venezolano en Costa Rica
  123. Edgar Rodríguez Sancho. Presidente, Asociación de Arte y Cultura de Montes de Oca
  124. German Urbina Pastora. Ingeniero en Computación
  125. Valeria Navas Castillo, periodista
  126. Dr. Santiago Chaves Aguilar. Profesor e Investigador. Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada UCR
  127. Sofía Cortés Sequeira. Docente e investigadora UCR. Subsecretaria General Partido Frente Amplio.
  128. Marcelo Prieto Jiménez. Ex-rector de la Universidad Técnica Nacional, ex-diputado, ex-Presidente Ejecutivo del INA, ex-Embajador.
  129. Sigrid Segura Artavia. Geógrafa, especialista en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, diputada electa del Frente Amplio
  130. Pablo Zúñiga Morales. Abogado
  131. Marta Arauz Mora. Abogada y notaria. Diputada de mandato cumplido 2014 – 2018
  132. Margarita Penón Góngora, ex primera dama y ex diputada
  133. Karla Ruíz Hidalgo, M.Sc. Biotecnóloga y facilitadora comunitaria
  134. Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social
  135. Seidy Salas Víquez. Comunicadora Social
  136. Mariana Cruz Carrillo. Politóloga
  137. Felicia Echeverría Hermoso. Agricultora orgánica. Ex gerente del Programa Nacional de Agricultura Orgánica
  138. Sharo Rosales. Comunicadora. Presidenta de la Asociación del Seminario Bíblico Latinoamericano
  139. Doctor José de la Victoria Araya Guillén. Teólogo
  140. Walter Benavides. Cantautor, compositor y productor
  141. Lic. Marcos Chinchilla Montes. Trabajador Social
  142. Guillermo Lizano (Pele Lizano). Dirigente comunal y ex regidor de Cartago
  143. Deyanira Sequeira. Profesora honoraria de la UNA
  144. Mercedes Ulibarri Pernús. Luchadora social, de familia cubana
  145. Dorisa Ballestero González. Ex vicealcaldesa de Barva por el Frente Amplio
  146. Walter Coto Molina. Expresidente Asamblea Legislativa, ex profesor UCR, abogado, empresario
  147. José Eduardo Álvarez Araya. Informático, economista y abogado, asambleísta FA, expresidente ACODEHU
  148. Sharon Montoya Azofeifa. Psicóloga y docente de Psicología
  149. Rosa Adolio Cascante. Economista, docente universitaria, ex viceministra de educación, expresidenta de FONABE y CONAPE, ex directora de programas de equidad del MEP, ex directora del SINAES
  150. Miguel Ángel Herrera Cuarezma. Ciudadano
  151. Stefano Battaini Miranda. Psicólogo y activista en derechos humanos y de otros animales, ecologista
  152. Italo Fera Fallas. Sociólogo, dirigente de OS por lucha socio ambiental
  153. Joselyn Sáenz Núñez. Politóloga, abogada, diputada electa del Frente Amplio
  154. Marcela Naranjo Segura. Integrante del Partido Frente Amplio, exregidora en la Municipalidad de Sarapiquí, representante de Heredia en la CP del FA
  155. Martín Rodríguez Espinoza. Comunicador, secretario de Comunicación del Partido Vanguardia Popular (PVP)
  156. Alejandro Delgadillo Solano
  157. María del Mar Chavarría Soto. Psicóloga, bailarina y docente
  158. Sergio Erick Ardón Ramírez. Arquitecto, exdiputado de izquierda
  159. Master Lázaro Amoroso Rodríguez
  160. José María Gutiérrez Gutiérrez. Profesor emérito Universidad de Costa Rica
  161. Esteban Beltrán Ulate. Profesor universitario
  162. Vinicio Chacón Soto. Periodista
  163. Luis Diego Rojas Ávila. Profesor de Filosofía MEP, Lic. Derecho, Bach en Filosofía, Bach en educación.
  164. Andrea Ruiz Hidalgo. Artista profesional especializada en Cerámica
  165. Francisco Duarte-Martínez, MSc. Microbiología
  166. Ignacio Dobles Oropeza. Psicólogo social. Escritor
  167. Víctor Valembois, Dr.
  168. Oscar Barrantes Rodriguez. Historiador y analista político
  169. Rigoberto Aguilar Solís. Luchador social
  170. Alexander Bustamante Ampié. Abogado, docente, exfiscal nacional APSE 2003-2005
  171. Marta Lanuza Laguna. Empresaria
  172. Milagro Solis. Activista por los derechos humanos y Secretaria General del Partido Pueblo Unido
  173. Marta Eugenia López Subirós. Socióloga, demógrafa y política económica
  174. Xiomara Esquivel Vargas. Actriz y productora de artes escénicas, integrante de la PCOA-Costa Rica
  175. Jorge Arturo Montoya Alvarado. Historiador, profesor universitario
  176. Lic. Walter I. Hernández Vargas
  177. María José Monterroso Solís. Gestora de Recursos Naturales
  178. Eduardo de la Serna. Biblista
  179. Emma Martínez Ocaña. Teóloga y Psicoterapeuta
  180. Antonio Naranjo S. Empresario
  181. Antonio Atienza. Trabajador de la administración pública local de Andalucía
  182. María Dolores Meñaca, Profesora de Química
  183. Dr. Hermann Guendel. Filósofo y ensayista, académico UNA – UNED
  184. Jesús Galafate Puerto. Profesor jubilado
  185. Karla Chaves Brenes. Comunicadora y emprendedora
  186. Juan Carlos Mendoza García. Expresidente de la Asamblea Legislativa, exrepresentante permanente y embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas
  187. Jorge Orlando Bermúdez Hidalgo. Abogado
  188. Marjorie Jiménez Castro. Cátedra José Martí, UCR
  189. Mario Solera. Músico
  190. Andrés Mora Ramírez. Investigador y docente, Instituto de Estudios Latinoamericanos, UNA
  191. Msc. Byron Renato Barillas Girón. Sociólogo y criminólogo
  192. Evelyn Sánchez Granados. Psicóloga, emprendedora, ex embajadora de Costa Rica en Cuba
  193. Luis Ángel Salazar Oses. Profesor jubilado de Filosofía y Educación de la UCR y la UNED
  194. Licenciado Daniel Vartanian. Economista
  195. Licenciada Sonia Pineda. Bibliotecologa
  196. Licenciada Olga Parrado. Trabajadora Social
  197. Mainier Barboza Soto. Magister en Teología, licenciado en Educación
  198. Doctor Fabio Villalobos. Médico
  199. Rafael Ángel Sánchez Rojas. Profesor pensionado
  200. Gerardo Quirós Jiménez. Licenciado en Ciencias Políticas, ex funcionario de la Asamblea Legislativa

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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 
—José Martí

Quienes han firmado y expresado de múltiples formas su solidaridad con el hermano pueblo cubano, son herederos de quienes manifestaron su apoyo al Apóstol Martí, en su visita a Costa Rica. Quienes hoy desde Cuba enfrentan las inhumanas medidas impuestas por el gobierno de Trump, son los legítimos herederos del Apóstol. Quienes, desde Costa Rica, han firmado este pronunciamiento, lo son también. Porque la Patria Grande es UNA. A todas y cada uno de ustedes, mi eterna e imperecedera gratitud.

—Arnoldo Mora Rodríguez.

Si usted desea adherirse a este pronunciamiento puede enviar su nombre y calidades al siguiente correo: Periodico.SURCOS@surcosdigital.com

 

Gaza / Israel: un reconocimiento por parte de militares en Israel sobre la cifra de muertes en Gaza pasado … desapercibido en la prensa costarricense

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» 

(Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439,  at page 9)

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

Funerales de un periodista asesinado por Israel en Gaza, realizados el pasado 21 de enero del 2026. Foto extraida de articulo de prensa publicado en Israel, titulado «The legal fight to open Gaza to foreign press has failed. It’ s time to change course», Magazine +972, en su edición del 6 de febrero del 2026.

El 29 de enero del 2026, se informó desde Israel que sus altos mandos militares reconocen la cifra de unas 70.000 personas como saldo de las personas que han perdido la vida en Gaza desde el inicio de la insensata ofensiva militar de Israel, en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023: véanse al respecto esta nota del TimesofIsrael.  Se puede de igual manera consultar, en Estados Unidos esta otra de la cadena norteamericana de noticias CNN y en Francia, esta nota de Liberation, entre muchas otras de prensa sobre este reconocimiento, al igual que este cable de la agencia de noticias Reuters, con fecha del 30 de enero.

Esta nota de la BBC mas reciente del 6 de febrero, por su lado, alerta sobre el hecho que Israel sigue asesinando a menores de edad en Gaza en la mayor impunidad desde la vigencia del cese al fuego.

Las consecuencias de este reconocimiento hecho por militares en Israel

Este reconocimiento por parte de militares en Israel tiene varias consecuencias, y en particular, viene:

–  por un lado, a desmentir toda y cada una de las innumerables aseveraciones hechas por las autoridades oficiales de Israel y por sus aliados sobre la pretendida exageración por parte de las autoridades sanitarias palestinas a la hora de registrar y de contabilizar a las personas fallecidas, y; 

– por otro lado, confirma los datos y las alertas que diversas agencias de Naciones Unidas han denunciado pocas semanas luego del 7 de octubre del 2023, con un conteo semanal de muertes y de heridos en Gaza que no ha cesado, y ello hasta la fecha. Este texto del 24 de octubre del 2023 presentado ante la Asamblea General de Naciones Unidas contabilizando ya 5000 muertes en Gaza al 24 de octubre, es una es de estas tempraneras alertas. 

De igual manera, estas aseveraciones hechas en el seno de las altas esferas militares en Israel, vienen a refutar una gran variedad de textos y opiniones suscritas por columnistas, editoristas y denominados «expertos internacionales» en una multitud de espacios informativos,y ello en muy diversas latitudes del mundo.

Desde la perspectiva jurídica, y en particular la del derecho internacional público, este reconocimiento tiene serias implicaciones legales para Israel, ya que tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como la Corte Penal Internacional (CPI), ambas ubicadas en La Haya, tramitan acciones legales que involucran a Israel por sus acciones militares insensatas en Gaza: 

– una demanda contra Israel (como Estado)  ante la CIJ interpuesta por Sudáfrica desde el mes de diciembre del 2023, cuyos detalles y numerosos documentos – como la solicitud  de intervención presentada por Bélgica el 23 de diciembre del 2025 – desde el punto de vista pricesal se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CIJ, y;

– una demanda penal contra dos altos dirigentes de Israel (en el caso de la CPI), con una orden de captura en su contra emitida por una Sala de lo Preliminar de la CPI desde el mes de noviembre del 2024, la cual incluye al actual Primer Ministro de Israel (véanse el comunicado oficial de la CPI al respecto y la sentencia rechazando los alegatos de Israel sobre una presunta incompetencia de la CPI, adoptada el 21 de noviembre)..Las insólitas sanciones que Estados Unidos ha tomado contra jueces de la CPI a cargo de estas demandas y contra su Fiscal en aras de satisfacer los caprichos del actual Primer Ministro que gobierna los destinos de Israel, fueron objeto de un nuevo comunicado oficial de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, el pasado 26 de enero del 2026 (véase comunicado conjunto). 

Ello sin hablar, a nivel de la justicia interna esta vez, de diversas acciones legales contra individuos que, ya sea poseen una nacionalidad adicional a la israelí, ya sea al vacacionar en el exterior con un pasaporte otorgado por Israel, se percatan que la justia nacional de algunos Estados los busca para que respondan por sus crímenes de guerra cometidos en Gaza.

En el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra esta vez la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa), cuyo tercer informe sobre Gaza del mismo mes tuvimos la oportunidad de analizar: remitimos a nuestros estimanles lectores a  nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«.

Tanto ante la CIJ como ante la CPI, la linea de la defensa legal de Israel ha consistido en indicar a los jueces internacionales que las cifras de las autoridades sanitarias palestinas de Gaza sobre el saldo de personas fallecidas son irreales y deben considerarse como simple propaganda en contra de Israel.

Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con un Estado cuyo aparato militar reconoce la magnitud de su ofensiva militar insensata a la que se libra desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza: 70.000 muertes, es decir casi 2600 personas asesinadas  por mes.

En Costa Rica, este reconocimiento reciente por parte de mandos militares en Israel viene a poner en evidencia  la facilidad con la que, de manera muy certera y muy decidida, analistas, columnistas, editorialistas, colegas, incluso universitarios, y «expertos» rechazaron durante todo este tiempo las acusaciones contra Israel so pretexto que estas cifras no corresponden a la realidad en el terreno, al provenir de las autoridades sanitarias palestinas en Gaza. Dicho sea de paso, estos reconocidos analistas y «expertos» nunca refirieron en sus numerosos escritos al hecho que los servicios de inteligencia de Israel conocían desde mucho antes del 7 de octubre del 2023, los planes del Hamás (tal y como lo detalla este reportage  del New York Times de diciembre del 2023).

Tuvimos la oportunidad en el mismo mes de octubre del 2023 de analizar desde el portal de la Universidad de Costa Rica (UCR) los alcances y el significado del «asedio total» con el que mandos militares amenazaban en aquel momento a los habitantes de Gaza y de alertar sobre el riesgo de que ello degenere en una masacre a gran escala en Gaza (véase nuestra nota publicada en el portal de la UCR el 30 de octubre del 2023).

Con respecto al saldo de personas fallecidas en Gaza, pudimos incluso explicarle tempranamente y de viva voz al entonces Consul de Israel en Costa Rica algunas cosas que al parecer lo incomodaron sobre estos mismos saldos, refiriendo a las cifras relacionadas a la ofensiva militar de Israel en Gaza en el 2009 y en el 2014, en un programa radial en el que participó en el mes de noviembre del 2023: véase al respecto video, después de que el locutor le indicara al distinguido diplomático israelí, algo molesto, un “Amir, Amir, no me obligue a decirle mentiroso“, minuto 2:03:40 en adelante. Salvo error de nuestra parte, este programa radial pareciera ser el único en Costa Rica el que se pudo contar con la presencia de diplomáticos israelies dispuestos a debatir públicamente de la situación en Gaza.

En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026),sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:

«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.

Este informe puede ser completado con el anterior informe  de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que: 

«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.

Esta nota de prensa de la BBC del pasado 1ero de febrero refiere a la muerte de 32 personas en Gaza luego de un bombardeo por parte de Israel, objeto de una condena pr parte de una ONG palestina: véase al respecto este comunicado titulado «Another Bloody Day in Gaza Exposes the Sham Ceasefire and the Ongoing Systematic Bloodshed of Palestinians«. Por su parte, un colectivo de ONG en Francia exigió a sus autoridades condenar este nuevo ataque de Israel y mucho mayor respaldo a las organizaciones humanitarias en Gaza (véase comunicado conjunto). 

En Cisjordania, la violencia contra pobladores palestinos se ha incrementado, tal y como lo denuncia este comunicado oficial del 4 de febrero del 2026 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es de indicar que desde inicios del 2026, las ocurrencias  reiteradas del actual ocupante de la Casa Blanca en temas de agenda internacional (Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba) han invibilizado el genocidio en curso en Gaza.

A modo conclusivo

Nos habíamos permitido hace ya varios meses (en agosto del 2025) plantear una pregunta que titulaba esta nota nuestra (del 10 de agosto del 2025) sobre Costa Rica y su entusiasmo por comerciar libremente con Israel. Al finalizar el 2025, nos permitimos reiterarla y ampliarla a otras interrogantes en esta nota nuestra (del 22 de dicembre del 2025), sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito por Costa Rica con Israel el 8 de diciembre del 2025 en Tel-Aviv. Estas y muchas otras interrogantes persisten en este inicio del mes de febrero del 2026.

Debemos indicar que este reciente reconocimiento por parte de mandos militares en Israel, el cual ha sido ampliamente referenciado en la gran prensa internacional (basta de manera muy sencilla con colocar «IDF, 70.000, Gaza»  o bien  «Israel, 70.000, Gaza» en un buscador en internet para comprobarlo) no pareciera haber encontrado eco alguno en la prensa nacional costarricense: una omisión que merece una mención y/o alguna manera de explicarla, estimado / a lector/ a, …  ¿no le parece? 

De tener a lectores de otra nacionalidad que la costarricense, se les sugiere de igual manera  realizar el mismo ejercicio comparativo con los contenidos publicados en la prensa nacional de su país en esta primera semana de febrero del 2026.  Ello de manera a verificar si es solamente en Estados que se entusiasman por comerciar libremente con Israel que se omiten ciertas cosas.

Frente Amplio: La dignidad de los pueblos no se bloquea

Comunicado

El Frente Amplio de Costa Rica es una fuerza política humanista y pacifista que, en consecuencia, suscribe los principios de no utilización de la fuerza en el escenario internacional y de solución de las controversias mediante la negociación.

Asfixiar por hambre a todo un pueblo mediante un bloqueo económico sin precedentes —que impide adquirir insumos médicos y, sobre todo, petróleo, combustible indispensable para el funcionamiento de la industria, el comercio y los servicios públicos— abre las puertas a una grave crisis humanitaria en Cuba. La falta de combustible ya afecta la producción y distribución de alimentos, así como provoca apagones que limitan seriamente los servicios de salud y educación, impactando a toda la población.

En forma independiente de la posición que se tenga en relación con los procesos políticos internos de Cuba, no se puede más que repudiar este criminal bloqueo que amenaza la existencia de millones de personas a quienes se pretende rendir por hambre. Cuba no debe convertirse en otra Gaza.

Reiteramos nuestra solidaridad con el noble pueblo cubano y saludamos la ayuda fraternal que están brindando los gobiernos de México y de otros países. Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a todos los Estados a actuar conforme al derecho internacional, al principio de no injerencia y a la diplomacia, para que cese el bloqueo del petróleo y del comercio impuesto por el gobierno de Donald Trump.

Comisión Política, Frente Amplio. 11 de febrero, 2026

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.