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El Bloqueo a Cuba viola la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional, la Autodeterminación de los pueblos y la Paz

Escrito en 30/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

Vladimir de la Cruz

(Intervención en el Acto “Voces contra el Bloqueo: Memoria viva de 65 años de bloqueo.”, organizado por la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora Valverde, Cátedra Abierta Manuel Mora Valverde la Universidad Estatal a Distancia, UNED, con participación del Jefe de la Misión Diplomática de Cuba en Costa Rica, Eric Valdés, realizado en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el martes 28 de octubre del 2025).

Nos reúne el compromiso de protestar y luchar contra el Bloqueo o Embargo, como también lo llama Estados Unidos, de carácter criminal, que por 65 años ha impuesto a la República y al pueblo de Cuba.

El Bloqueo es un acto que viola la Carta de las Naciones Unidas, las normas que regulan el Derecho Internacional, que afecta la libre determinación de los pueblos a su propio desarrollo político, económico, social, cultural relaciones internacionales, altera y viola del derecho a la Paz. Es un acto de reflexión sobre el impacto y la historia de este bloqueo, en solidaridad con el valiente y heroico pueblo de Cuba.

Bajo el concepto de Bloqueo o de Embargo, contra la República y el pueblo de Cuba se agrupan un conjunto de leyes, de medidas y acciones del gobierno estadounidense, todas de carácter coercitivo y represivo que de manera unilateral, a modo de gendarme internacional ha impuesto extraterritorialmente hacia Cuba y contra sus relaciones internacionales, habida cuenta de que Cuba no es un Estado de la Unión Americana, ni un Estado asociado, como lo es Puerto Rico, ni es una colonia de los Estados Unidos.

Este conjunto de leyes y regulaciones impuestas a Cuba regulan prohibiciones, relaciones económicas, comerciales y financieras, entre otros aspectos.

Este tipo de medidas empezaron en octubre de 1960 bajo el gobierno de Dwight D. Eisenhower, con motivo de las expropiaciones, de compañías y de ciudadanos estadounidenses, que se impulsaban por el gobierno revolucionario, después de derrotada la tiranía de Fulgencio Batista.

A medida que la Revolución cubana se afianzaba y avanzaba las medidas también se iban atilintando, alcanzando un alto nivel de tensión con la crisis de los misiles en octubre de 1962.

La presión del bloqueo hasta 1992 se hizo directamente a Cuba. A partir de ese año Estados Unidos se excedió en las medidas, provocando acciones extraterritoriales, al imponer sanciones a terceros países que acogieran a empresas cubanas, o subsidiarias de ellas y a barcos que comerciaran con Cuba.

Entre las leyes y regulaciones que se usaron y establecieron con este carácter fueron una vieja ley de 1917, que prohibía comerciar con el Enemigo, y las que durante la Revolución se fueron dando como las leyes de “Cooperación Internacional”, de 1961; la de Regulaciones al “Control de los Activos Cubanos”, de 1963; la “Ley para la Democracia en Cuba”, de 1992, también conocida como “Ley Torricelli”; la “Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas”, de 1996, también conocida como “Ley Helm-Burton”.

En 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías estadounidenses comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales, siendo por ello la primera ley transnacional en el mundo. También impuso la “Ley de Sanciones Comerciales e Incremento del Comercio”, del año 2000.

La Revolución Cubana en 1959 había hecho surgir un país, una República totalmente independiente; había marcado el inicio de una nueva época en las relaciones políticas, diplomáticas e internacionales, en todo el continente, al declararse como una Revolución Socialista, el 16 de abril de 1961, a 90 millas de los Estados Unidos.

En aquellos años el mundo socialista, el Sistema Mundial Socialista, el llamado Bloque del Este, se concentraba en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en los países socialistas de la llamada Europa Oriental, Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania, además de China, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Mongolia, Yemen del Sur (1967-1990), al que se integraba Cuba desde 1961.

La URSS comprendía 14 Repúblicas: Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania y los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania.

También se comprendía como parte de esa lucha socialista internacional la lucha insurgente y de liberación nacional que se daba en distintas partes del mundo, especialmente en su carácter anticolonial en África y Asia.

Por breves períodos, en el esquema de la Guerra Fría, se conceptuaron como “países de tipo o de orientación socialista”, considerando algunos casos de gobiernos reformistas por las reformas que impulsaban, o “países en vías de desarrollo socialista”, que fueron parte del Movimiento de Países No Alineados, entre ellos Laos, Kampuchea Democrática, Egipto (1952-1973), Siria (1955–1961, 1963–2024), Irak (1958-1963, 1968-2003), Guinea Ecuatorial (1958-1978), Malí (1960-1991), la República Democrática de Somalia (1969-1977), Argelia (1962-1991), Birmania (1962-1988), República Popular de Angola (1975–1990), República Centroafricana, Libia (1969-2011), República Popular de Mozambique (1975–1990), Tanzania (1964-1985), Zambia (1964-1991), Ghana (1960-1966), Perú, por su gobierno reformista (1968-1975), Sudán (1969-1972), República Popular del Congo (1969-1991), Chile, bajo el gobierno de Salvador Allende, (1970-1973), Jamaica (1972-1980), Cabo Verde (1975-1991), Santo Tomé y Príncipe (1975-1991), Uganda (1969-1971), Indonesia (1959–1966), India (1947-1991), República Popular de Bangladés (1971–1975), República Democrática de Madagascar (1972–1991), Guinea-Bisáu (1973–1991), Derg (1974–1987), República Democrática Popular de Etiopía (1987–1991), República Democrática Popular Lao (1975–1991), República Popular de Benín (1975–1990), República Árabe Saharaui Democrática (1976-1991), Seychelles (1977–1991), República Democrática de Afganistán (1978–1991), Gobierno Popular Revolucionario de Granada (1979–1983), Nicaragua (1979–1990), República Popular de Kampuchea (1979–1989), Zimbabue (1980–1991), Burkina Faso (1983–1987), Segunda República del Turquestán Oriental (1944–1949 y la India.

Esta descripción alteraba las concepciones geopolíticas de los Estados Unidos como la potencia hegemónica, de tipo capitalista, luego de la II Guerra Mundial, en su preocupación por el avance del socialismo y la lucha por el socialismo a escala mundial.

El mundo, después de finalizada la II Guerra Mundial se dividió en los Bloques socialista y capitalista, en los Bloques del Este y del Oeste, y por los símbolos de la existencia de los países detrás de las llamadas “Cortina de Hierro” y de la “Cortina de Bambú”, en el Asia y extremo oriente, originando del mismo modo el marco de las relaciones internacionales bajo el concepto de la Guerra Fría, que fue un paraguas de contención, que se impuso al avance de las luchas por el socialismo.

La Liberación Nacional de las colonias impulsó el Movimiento de Países No Alineados, como un nuevo bloque de países frente a los países socialistas y capitalistas.

En el marco de la Guerra Fría, en América Latina, los Estados Unidos, estimuló e impulsó las dictaduras, los gobiernos militares, autoritarios, no democráticos, el fortalecimiento de los ejércitos, las políticas conservadoras del Plan Truman, del 12 de marzo de 1947, que daba apoyo a los “pueblos libres” que “resistían los intentos de regímenes que amenazaban el capitalismo”, y las políticas económicas del Plan Clayton, a finales de la década de 1940, de 1946, e inicios de la década de 1950, orientadas a frenar y “neutralizar”, la presencia comunista y revolucionaria y movimientos insurrectos en las zonas agrarias y urbanas del continente, constituyendo una especie de Plan Marshall para América. El macartismo, en la década de 1950, como política de represión, hostilidad y excitación mental y nerviosa anticomunista, en los Estados Unidos, se proyectó al continente con prohibiciones, reacciones y represiones políticas para los comunistas, socialistas y movimientos revolucionarios de la izquierda política, y la persecución de personas de los distintos estratos sociales y profesionales, que se les acusara de comunistas, llevando a algunos de ellos a la muerte, como en los Estados Unidos, a la silla eléctrica.

La Revolución Cubana se levantó en ese marasmo, de esa inmovilidad política y de esa paralización que se presentaba, y de ese núcleo de contradicciones, como una gran lucha popular, democrática contra la dictadura de Batista, lo que gozaba de simpatía y apoyo en el continente, escapándose de los controles que Estados Unidos ejercía de los movimientos revolucionarios, agrarios y campesinos latinoamericanos.

Frente a la insurgencia armada, revolucionaria, socialista y de la lucha de clases, también desde los Estados Unidos se impulsó la teoría del desarrollo por etapas del crecimiento y evolución económica, proponiendo avanzar a mejores estadios de desarrollo, sin necesidad de ir por la vía socialista, avanzando por mejoramiento del sistema capitalista, y sin la necesidad de sustituir el sistema capitalista. Lo usual era ubicar a los países en niveles o etapas de desarrollo, dentro del capitalismo.

La lucha armada, como una vía para la revolución socialista fue un amplio tema de discusión y de acción revolucionaria.

La lucha pacífica y la lucha armada fue tema de discusión en las décadas de 1960 y 1970, con las vías electorales o pacíficas de la revolución que fueron parte de esta dinámica. La política de la coexistencia política entre los sistemas capitalista y socialista, de la década de 1960, contribuyó en este escenario político e ideológico.

Las izquierdas se dividieron en estas discusiones y prácticas políticas. Frente a alzamientos de luchas armadas fracasadas, la insurgencia revolucionaria de Cuba, por la vía armada, de manera exitosa despertó los entusiasmos del triunfo socialista en el continente, aspecto que no se tenía avizorado. Cuba se levantó como un faro luminoso.

Los Movimientos de Liberación Nacional en África y Asia especialmente cobraron fuerza y se sumaron en la lucha conceptuada hacia el socialismo.

El triunfo de la Revolución Cubana estimuló parte de estas concepciones. Trató de articular el esfuerzo de la transmisión de experiencias revolucionarias, con la convocatoria a la Conferencia de la Tricontinental, en 1966, que reunió todo tipo de organizaciones, partidos y movimientos de izquierda, socialistas, comunistas y revolucionarios, que se enmarcaron en la lucha por la Liberación Nacional, la consolidación de la Independencia de las colonias y la Soberanía nacional. En la Conferencia de la Tricontinental participaron 500 representantes de 82 países, de Asia, África y América Latina, con una delegación importante de fuerzas de izquierda de Costa Rica que asistió. El próximo año se celebrará el 60 aniversario de aquel encuentro. De allí partió el Che Guevara en la década de 1960 a proyectar ese ideal revolucionario, con su consigna de “crear dos, tres, muchos Vietnam”, dado el empuje revolucionario de la lucha del pueblo vietnamita en esos años.

Por aquellos años también se hablaba del Tercer Mundo, que comprendía a esos países que hoy se conceptúan en el llamado Sur Global.

En 1967, Cuba impulsó la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) y la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), como parte de las políticas de solidaridad y apoyo a la liberación nacional de las colonias y pueblos oprimidos. La Revolución Cubana se convirtió en el país líder de este tercermundismo y de estas organizaciones internacionales.

El siguiente movimiento exitoso de lucha armada triunfante, en el continente, lo constituyó, a finales de la década de 1970, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, también con un carácter antidictatorial muy marcado, sin una Bandera Socialista, como no se ha desarrollado de esa manera, aunque sí perfilaba ese rumbo.

En ambos procesos, el de Cuba y el de Nicaragua, con distintas intensidades y compromisos, desde Costa Rica se contribuyó a apoyar la insurgencia revolucionaria. Desde Costa Rica se contribuyó al proceso revolucionario de Cuba, en arma y a denunciar los apoyos mercenarios que se hacía desde la costa caribeña a la contra revolución cubana y a las acciones, vinculadas a la invasión de Bahía Cochinos. Especial apoyo hubo con el proceso insurreccional en Nicaragua, con las Brigadas Internacionales de combatientes costarricenses, que jugaron un papel muy destacado en la lucha contra la dictadura de Somoza y luego en la defensa de la Revolución Sandinista, enfrentando a los grupos contrarrevolucionarios que empezaron actuar contra ella desde Costa Rica, comandadas estas Brigadas por el compañero Manuel Mora Salas, esta noche aquí presente junto con otros compañeros combatientes internacionalistas.

Desde finales de la década de los 50, con la Sociedad de Amigos de la Revolución Cubana, se apoyó en Costa Rica el triunfo revolucionario del Movimiento 26 de Julio, su heroica lucha y el triunfo de la Revolución Socialista en Cuba.

Desde entonces se ha tenido, con Cuba y su pueblo, en alto, la bandera de la solidaridad, del respeto al cauce impreso de su Revolución, a la no injerencia en los asuntos internos de Cuba, y a respetar el desarrollo socialista de Cuba. Con ese brío se recibió al Canciller Raúl Roa García, cuando vino a la Conferencia de la OEA en 1960, cuando se empezaba a acusar a Cuba de su tendencia socialista. En aquella Conferencia aquí se le llamó a Raúl Roa “Canciller de la Dignidad”, defendiendo la Revolución Cubana.

A inicios de esta década el presidente Kennedy impulsó para contrarrestar el impacto de la Revolución Cubana el Plan de la Alianza para el Progreso, el Banco Interamericano para el Desarrollo y los Cuerpos de Paz; impulsó el Mercado común Centroamericano y una serie de organismos y planes regionales, entre ellos el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que reúne a los ejércitos de Centroamérica, organismo del cual Costa Ria forma parte como país observador por no tener oficialmente ejército; congeló los activos cubanos en Estados Unidos, inclusive embargó el pago del arrendamiento de EE. UU. a Cuba que debía hacer por la Base militar de Guantánamo, embargo que permanece en «custodia» de un juez de EE. UU., que ha dispuesto de esos fondos como si fueran propiedad de EE. UU.

La Organización de Estados Americanos impuso sanciones multilaterales a Cuba el 26 de julio de 1964, que fueron levantadas el 29 de julio de 1975. En 1962 se expulsó a Cuba de la OEA y Estados Unidos exigió el rompimiento de relaciones diplomáticas. México fue el único país que no las rompió.

Con el presidente Carter se suspendieron regulaciones y restricciones, que las reinstauró Reagan en 1982, probablemente bajo la presión del auge de la insurgencia militar en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala, luego del triunfo sandinista en Nicaragua.

Estados Unidos ha normalizado sus relaciones diplomáticas y comerciales con países comunistas como China y Vietnam, que los derrotó militarmente. La existencia de los exiliados cubanos establecidos en el estado de Florida ha dificultado el acercamiento de Estados Unidos con Cuba.

Algunos sectores productivos y sociales de Estados Unidos han presionado por mantener relaciones comerciales con Cuba. Por presión de los agricultores estadounidenses, el embargo fue debilitado, durante un tiempo, por la “Ley de Reforma de Sanciones y Mejora de las exportaciones”, que fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en octubre del 2000 y firmada por el presidente Clinton. La moderación del embargo permitió también la venta de bienes agrícolas y medicinas por razones humanitarias, por un breve período.

Ante la creciente demanda de productos cubanos, legisladores partidarios del libre comercio, elegidos por los estados del Oeste y las grandes llanuras centrales, de fuerte influencia y tradición agrícola, han intentado desde el 2000 suavizar o eliminar el embargo. Cuatro veces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha apoyado levantar las restricciones de viajes, siendo apoyada en el 2003 por primera vez por el Senado. Sin embargo, el presidente George W. Bush, vetó el proyecto de ley.

En el año 2004, la administración de George W. Bush aplicó un nuevo paquete de medidas dentro de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre”. Dentro de las medidas tomadas, se limitan los viajes y envíos de remesas a solo los familiares cercanos (padres, abuelos, hijos, hermanos), y se alargó la espera para viajar a Cuba a tres años, en el año 2006, con el objetivo de restringir aún más los viajes de los estadounidenses a Cuba. Se impuso también la pena de cárcel y grandes multas, hasta de un millón de dólares, e ilegalizó la compra, por parte de ciudadanos estadounidenses, de bienes de consumo fabricados en Cuba fuera de Estados Unidos

El Bloqueo o el Embargo afecta a Cuba en millones de dólares. De acuerdo con el gobierno cubano, Cuba ha dejado de recibir, por exportaciones y servicios, 40 427,5 millones de dólares, ha tenido pérdidas en el comercio por reubicación geográfica del comercio por 592 millones de dólares, ha afectado a la producción y los servicios por 2 866,2 millones de dólares, el embargo tecnológico ha afectado en 9 375,0 millones de dólares, los servicios a la población se han afectado en 1 565,3 millones de dólares, en el campo monetario financiero la afectación ha sido de 8 640,2 millones de dólares y las limitaciones la emigración ha significado 6 533,8 millones de dólares.

Los Estados Unidos no ha dejado de creer que está, por su cercanía geográfica con Cuba, en la posición que tuvieron a finales del siglo XIX, cuando en 1898, con motivo de la Firma del Tratado de París, se involucraron en la llamada Guerra Hispano Estadounidense, que le permitió apropiarse de Puerto Rico, de las Filipinas y de Guam, sin poderse apropiar en ese momento de Cuba, la última importante colonia española que luchaba por su Independencia, que España negociaba con Estados Unidos, imponiéndose el dominio estadounidense desde 1899 hasta 1902, reservándose Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla, en caso de que surgieran nuevos conflictos internos, y apropiándose a la vez, por arriendo, de la base militar de Guantánamo, territorio que tenía de manera ilegal, para asegurar y proteger las “inversiones estadounidenses”, imponiendo la Enmienda Platt en la Constitución Cubana de 1901, y ejerciendo control de aduanas y de préstamos de Cuba.

En los años siguientes los Estados Unidos tuvo un peso enorme en la economía y política de Cuba. La Enmienda dio origen a lo que en Cuba se conoce como la “República Plattista”.

Frente al desarrollo de la Revolución en la Sierra Maestra, en 1958, en vísperas del triunfo revolucionario Estados Unidos impuso un embargo de armas al régimen de Fulgencio Batista.

Con el triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, con la primera Ley de Reforma Agraria de Cuba, las expropiaciones que siguieron de empresas estadounidenses, que la propia Corte Suprema de Estados Unidos las validó, situación que Canadá y Reino Unido también habían aceptado.

En 1960 Cuba firmó un acuerdo con la Unión Soviética para comprar azúcar a cambio de petróleo ya que las empresas establecidas en Cuba, Texaco, Esso y Shell, se negaron a refinar, lo que obligó a Cuba a tomar la decisión de la nacionalización de ellas, lo que llevó al presidente Eisenhower a romper relaciones con Cuba, el 3 de enero de 1961, siguiendo con la ruptura con las relaciones comerciales, basándose en una “Ley de Comercio con el enemigo de 1917”, ley surgida en el marco de la I Guerra Mundial.

En 1933 se fortaleció esta ley por el Congreso de Estados Unidos que facultó al presidente para imponer sanciones económicas contra países extranjeros a través de la prohibición, la limitación o la regulación de las transacciones comerciales y financieras con países hostiles a Estados Unidos en tiempos de guerra. Eran los tiempos de desarrollo de la URSS, a partir del 30 de diciembre de 1922, y del avance del fascismo en Italia, a partir 31 de octubre de 1922, y del nazismo en Alemania, a partir del 20 de febrero de 1920.

De ese modo, a la Revolución Cubana había que descarrilarla desde sus inicios. Así impulsó los Estados Unidos la intervención de la CIA en Bahía Cochinos, en abril de 1961, y medidas para debilitar la vida económica de Cuba, reducir los salarios reales y monetarios, ocasionar hambrunas, desesperación y provocar con ello el derrocamiento del gobierno revolucionario.

Cuba se integró al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), que era la alianza comercial de los países socialistas, que le permitió mantenerse en pie, situación que se sostuvo hasta la caída de la URSS y de los países socialistas, a pesar del bloqueo que ya había iniciado Estados Unidos.

Esta situación obligó a tomar medidas restrictivas, en el llamado período especial, desde 1991 hasta prácticamente el 2007, en el consumo de combustible, de electricidad, en inversiones en la refinería, en la fábrica de níquel.

Estados Unidos aprovechando esta situación arremetió nuevamente impulsando las leyes para la “Democracia en Cuba” o “la Ley Torricelli, de 1992”, del gobierno de George Bush, ley que incluía sanciones para las empresas estadounidenses que mantuvieran tratos con Cuba a través de subsidiarias y prohibía que buques que recalaran en Cuba lo hicieran también en Estados Unidos.

Una segunda Ley, llamada “Para la Libertad y la solidaridad Democrática Cubana” o “Ley Helms-Burton” endureció la anterior ley estableciendo el derecho de acción civil contra cualquier persona que «trafique» con bienes de ciudadanos estadounidenses confiscados o expropiadas en Cuba, aplicable a actos realizados en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos.

Se entendía, en esta ley, los actos de vender, transferir, distribuir, dispensar, truecar, dirigir, disponer de propiedad confiscada, o bien comprar, rentar, recibir, poseer, controlar, usar, adquirir o mantener un interés en propiedad confiscada; o a quien se involucre en una actividad comercial usando o beneficiándose de algún modo de propiedad confiscada, o cause, dirija, participe, obtenga provecho y de se involucre en el tráfico por medio de otra persona.

La “Ley Helms-Burton” le permite a Estados Unidos convertir en delito actos cometidos fuera de sus fronteras y tratarlos tal como si se hubieran cometido dentro de ellas.

Con esta ley se obligó a que empresas extranjeras terminaran sus negocios en Cuba y se redujeran las inversiones y cancelaran sus acuerdos comerciales con Cuba.

En el 2014 los presidentes Barak Obama y Raúl Castro anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas. El gobierno de Obama eliminó a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, facilitó las transacciones de exportación, financieras y comerciales y permitió el ingreso de inmigrantes cubanos a Estados Unidos cuando hubieren pisado la costa de este país.

En el 2017 se deterioran nuevamente las relaciones de Estados Unidos con Cuba, a la llegada de Donald Trump a la presidencia. Con Trump se revertieron las medidas tomadas por Obama y tomó 240 medidas contra Cuba. Entre ellas restringió viajes, prohibió que estadounidenses se alojen en hoteles del Estado cubano como en residencias privadas de ciudadanos cubanos, lo que afectó a más de 400 hoteles cubanos.

En el 2019 prohibió los viajes de estudiantes a Cuba, la llegada de aviones corporativos, cruceros, veleros y barcas pesqueras estadounidenses a Cuba, eliminó los permisos para que ciudadanos estadounidenses asistan u organicen encuentros o conferencias profesionales y participen en presentaciones públicas, talleres, competiciones atléticas o no atléticas y exhibiciones en Cuba, limitó la llegada de vuelos de aerolíneas estadounidenses a Cuba, y los vuelos comerciales de aerolíneas, los vuelos chárter y los vuelos chárter privados estadounidenses a Cuba.

Trump, también vetó los servicios de empresas destinadas a entregar remesas de dinero a Cuba, limitando las dirigidas a ciudadanos cubanos a $1000 por trimestre. Restringió importaciones, reincorporó a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo. Impuso restricciones a navieras que exportan petróleo desde Venezuela a Cuba.

Con Trump se ha fortalecido el incrementado y el endurecimiento de las medidas del bloqueo a Cuba.

El endurecimiento del embargo durante el gobierno de Donald Trump es una de las causas principales de la reducción del crecimiento de Cuba desde el 2019. Mientras que el crecimiento de Cuba fue de un 2,2% en el año 2018, en el 2019 registró solo un 0,8%.

Con las medidas impuestas por Trump, Cuba no puede acceder a ningún mecanismo de compensación ni a recursos externos de organismos financieros internacionales.

A pesar de las sanciones al petróleo venezolano, Cuba ha continuado recibiendo petróleo venezolano, pero ha caído la cantidad de barriles de petróleo venezolano de 32 000 bpd de crudo, en el 2023, a 8000 bpd en junio de este año, 2025.

También, en junio Trump prohibió transacciones financieras directas o indirectas al ejército cubano, prohibió a ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba, con algunas excepciones a foros y conferencias internacionales, y prohibió el turismo estadounidense a Cuba y el envío de remesas a Cuba.

Trump respalda el embargo económico a Cuba y se opone a los llamamientos para su eliminación en Naciones Unidas y otros foros internacionales.

El Bloqueo o el Embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 30 veces por la Asamblea General de Naciones Unidas.

La comunidad internacional sostiene que el Bloqueo viola el derecho internacional.

En octubre de 2016, la votación en la ONU para poner fin al embargo Cuba contó con la abrumadora cantidad de 191 votos en contra y dos abstenciones: Estados Unidos e Israel, los dos únicos países que históricamente han votado en contra.

El máximo órgano de debate de Naciones Unidas ha reafirmado, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales

El resultado de las votaciones del Proyecto de Resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, presentado por Cuba en la Asamblea General de la ONU, es el siguiente, en orden cronológico.

Votaciones en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo a Cuba (1992–2024)

Año	A favor	En contra	Abstenciones	Ausencias
1992	59	3 (Estados Unidos, Israel, Rumanía)	71	46
1993	88	4 (Estados Unidos, Israel, Albania, Paraguay)	57	35
1994	101	2 (Estados Unidos, Israel)	48	33
1995	117	3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)	38	27
1996	137	3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)	25	20
1997	143	3 (Estados Unidos, Israel, Uzbekistán)	17	22
1998	157	2 (Estados Unidos, Israel)	12	14
1999	155	2 (Estados Unidos, Israel)	8	13
2000	167	3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)	4	15
2001	167	3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)	3	16
2002	173	3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)	4	11
2003	179	3 (Estados Unidos, Israel, Islas Marshall)	2	7
2004	179	4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)	7	7
2005	182	4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)	1	4
2006	183	4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)	1	—
2007	184	4 (Estados Unidos, Israel, Palaos, Islas Marshall)	1	—
2008	185	3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)	2	—
2009	187	3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)	2	—
2010	187	2 (Estados Unidos, Israel)	3	—
2011	186	2 (Estados Unidos, Israel)	3	—
2012	188	3 (Estados Unidos, Israel, Palaos)	2	—
2013	188	2 (Estados Unidos, Israel)	3	—
2014	188	2 (Estados Unidos, Israel)	3	—
2015	191	2 (Estados Unidos, Israel)	0	—
2016	191	0	2	—
2017	191	2 (Estados Unidos, Israel)	0	—
2018	189	2 (Estados Unidos, Israel)	0	1 (Moldavia)
2019	187	3 (Estados Unidos, Israel, Brasil)	2 (Colombia, Ucrania)	1 (Moldavia)
2021	184	2 (Estados Unidos, Israel)	3 (Brasil, Colombia, Ucrania)	4 (Myanmar, Moldavia, República Centroafricana, Somalia)
2022	185	2 (Estados Unidos, Israel)	2 (Brasil, Ucrania)	4 (Liberia, Moldavia, Somalia, Venezuela)
2023	187	2 (Estados Unidos, Israel)	1 (Ucrania)	3 (Moldavia, Somalia, Venezuela)
2024	187	2 (Estados Unidos, Israel)	1 (Moldavia)	3 (Afganistán, Ucrania, Venezuela

El embargo tiene el objetivo de evitar el éxito del plan económico del estado cubano, evitando así que la Revolución Cubana sirva de ejemplo en otros países latinoamericanos.

Desde 1964 del Departamento de Estado también ha afirmado que Cuba representa una amenaza a la hegemonía de Estados Unidos y un desafío abierto a la Doctrina Monroe.

El Bloqueo no ha impedido que algunos países no se sometan a las presiones de la Casa Blanca, que actúan como socios comerciales de Cuba, tanto en las importaciones como exportaciones, como son China, España, Alemania, Portugal, Suiza, Países Bajos, Indonesia, Singapur, México, Argelia, Brasil.

En las relaciones comerciales internacionales, Cuba no puede usar el dólar estadounidense en sus transacciones, lo que le impide tener cuentas bancarias en terceros países en ese tipo de moneda y acceder a créditos por parte de bancos estadounidenses o sus filiales en otros países. Tampoco puede acceder a créditos de instituciones internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo

En el ámbito sanitario, el embargo ha afectado la llegada de equipos e implementos médicos como oxígeno medicinal, medios de diagnóstico, medicamentos varios, ventiladores pulmonares y los insumos necesarios para llevar a cabo fertilizaciones in vitro y trasplantes de diverso tipo debido a la imposibilidad de comprar productos estadounidenses dentro de esta categoría.

La violación que hace los Estados Unidos por el carácter extraterritorial de su política de Bloqueo ha sido denunciada en los documentos finales de las Conferencias o Encuentros mundiales como la XIX Cumbre del MNOAL, la III Cumbre Sur, la Resolución contra el bloqueo adoptada en el marco de la 38 Cumbre de la Unión Africana, la de la VIII Cumbre de la CELAC, la XXIII Cumbre del ALBA-TCP, la Declaración del Comité de Coordinación Conjunta G77-MNOAL, la 47 Conferencia de Jefes de Gobierno de CARICOM y la 48 reunión ministerial del G77 y China, entre otros foros importantes.

El bloqueo económico, comercial y financiero socava la economía cubana, afecta, directamente, el bienestar de la población, sin distinguir entre sectores sociales o actores económicos, o políticos.

El bloqueo limita los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses y vulnera la soberanía de terceros Estados al imponer sanciones extraterritoriales.

Consideremos algunas cifras. 10 minutos de bloqueo equivalen a 142 mil 966,82 dólares, 2 horas de bloqueo equivalen a 1,4 millones de dólares aproximadamente, 2 días de bloqueo equivalen a 40 millones de dólares, 6 días de bloqueo equivalen a 129 millones de dólares aproximadamente, 16 días de bloqueo equivalen a 339 millones de dólares aproximadamente, 2 meses de bloqueo equivalen a 1 600 millones de dólares.

Desde el mes de marzo de 2024 al 28 febrero del 2025 el bloqueo ha causado daños y perjuicios materiales a Cuba estimados en 7.556,1 millones de dólares.

El bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

En los más de sesenta años de bloqueo el impacto ha sido de 170 000.677,200 millones de dólares, una factura que se le ha pasado al pueblo cubano, que heroicamente la ha resistido aun cuando afecta e impacta a todos los sectores de la sociedad cubana, obstaculizando el bienestar y desarrollo y bienestar del pueblo cubano.

El bloqueo afecta el cuadro básico de medicamentos de Cuba en todo sentido, en producción de medicinas. En adquisición de tratamientos y medicamentos avanzados de fabricación estadounidense, en adquisición de equipos de las diversas especialidades médicas, que ha repercutido para elevar las listas de espera en cirugías casi a un millón de personas.

Empresas de fabricación de instrumentos médicos como Baxter Healthcare, la primera en ventas de máquinas de diálisis a América Latina, y la empresa Drake Whillock, tienen prohibido vender equipos a Cuba.

En educación el bloqueo también tiene su impacto, especialmente en la adquisición de materiales educativos y en la producción de libros de texto. Solo en el 2024 se dejaron de producir textos docentes equivalentes a 2.147.300 ejemplares para escuelas.

En el campo de las exportaciones cubanas el bloqueo provocó daños y perjuicios por 2.608.000 millones de dólares.

Del mes de marzo del 2024 al de febrero del 2025, 40 bancos extranjeros se negaron a realizar operaciones con entidades bancarias cubanas (27 bancos de Europa, 6 de América y 7 del resto del mundo), con 140 operaciones involucradas.

El impacto de la inclusión en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, que se ha hecho de Cuba, ha sido significativo para el sector del turismo. Ha hecho reducir el número de visitantes casi en un 50% solo de la Unión Europea.

De marzo de 2024 a febrero de 2025 ese impacto ha sido 2 mil 528 millones 791 mil 469 dólares.

Estados Unidos ha impuesto requerir visa de entrada a cualquier persona que haya viajado a Cuba lo que ha generado un efecto adverso en la llegada de visitantes de los 42 países y ha desalentado los viajes de estadounidenses a Cuba.

En el sector de energía y minas, los daños en este mismo periodo se estima en 496 millones 75 mil 620 dólares. La Unión Nacional Eléctrica reporta el monto más grande de las afectaciones, con 279 millones 345 mil 500 dólares.

Desde el 10 de enero de 2024, la central termoeléctrica Ernesto Che Guevara no ha podido recibir repuestos para sus bombas luego de que la empresa italiana proveedora C.R. Technology Systems fuera adquirida por Trillium Flow Technologies, que gestiona las compras desde EE.UU.

Frente a toda esta criminal política hay dichosamente un rechazo universal al Bloqueo, así expresado en diversos foros internacionales y en las Asambleas Generales de la ONU, de 193 países, como la 80 Asamblea General que se realiza en estos días, que conocerá de nuevo el tema del bloqueo a Cuba.

De los 193 países miembros de la ONU, en esta ocasión del 2025, probablemente algunos países que han votado, en años anteriores, en contra del Bloqueo se abstengan o se sumen a las posiciones de los Estados Unidos por la presiones que están sufriendo directamente del propio presidente Trump, por la redefinición geopolítica que está impulsando para hacer de los Estados Unidos el país hegemónico más importante del mundo, y por estar tratando de imponer un poder mundial unipolar., con los Estados Unidos al frente, y como el gendarme internacional sin control ni límite. Pero, no habrá duda que la inmensa mayoría de países, y con ellos de pueblos del mundo, condena el bloqueo y exige que se suspenda o elimine.

De nuestra parte, condenamos el bloqueo, pedimos que se elimine, que se respete el Derecho de autodeterminación de los pueblos, que se respete la Independencia, la Libertad, la Soberanía de la República de Cuba.

Frente al Bloqueo, nos sumamos a clamar con el pueblo cubano, ¡Patria o Muerte, Venceremos!

El mundo civilizado cierra filas con Cuba

Escrito en 29/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Con la verdad de frente y la dignidad de escudo, la Revolución y el pueblo cubano obtuvieron una nueva y aplastante victoria contra el bloqueo comercial y financiero en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Estados Unidos y sus países súbditos, en un contexto político y diplomático internacional complicadísimo.

La Asamblea General de ON pidió por trigésima tercera vez y por aplastante mayoría el fin del bloqueo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, con pérdidas de 40 millones de dólares cada dos días de cerco ilegal a la isla, según datos oficiales.

Si bien todas las dificultades de la sociedad cubana no se deben exclusivamente a este bloqueo que ya lleva más de 60 años, faltaría a la verdad quien no reconozca a éste como el principal obstáculo para el desarrollo de la nación caribeña.

Durante más de seis décadas, Estados Unidos y sus acólitos han sometido a toda clase de privaciones al pueblo y gobierno cubanos con la confesa intención de producir levantamientos internos bajo control de ellos, acabar con el socialismo y abrir las puertas a iniciativas reformistas, afines a sus intereses imperiales.

La resolución de 2025 obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra (Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania) y 12 abstenciones (Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, Chequia, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumanía y Polonia).

Costa Rica, al plegarse a naciones como Ecuador, país suramericano últimamente señalado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como nación que alberga una sección de la Junta Mundial del narcotráfico, borró con el codo la imagen dejada en la anterior Asamblea mundial, cuando votó contra el bloqueo.

Asimismo, tras plegarse a países del Este de Europa como Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Rumanía y Polonia, la cancillería tica da un espaldarazo a las posiciones guerreristas de la OTAN y el innegable resurgimiento del neonazismo en Europa Occidental.

Igualmente, su política de “abstención” en la ONU, equivale a cerrar fila junto a la dictadura del rey Mohamed VI de Marruecos, que lleva a cabo otro genocidio contra el pueblo saharaui, desconociendo el Derecho Internacional y negar la soberanía del Sáhara Occidental.

El triunfo cubano tiene como telón de fondo una guerra en el Este de Europa que amenaza con extenderse por todo el viejo continente, la insistencia norteamericana de empoderar el sionismo y el terrorismo como “normalidad” en el Medio Oriente y el intento de incendiar América Latina y el Caribe, amenazando con invadir a Venezuela y Colombia.

Por el momento, ya tiene tomada la isla de Trinidad y Tobago – 11 kms de la costa noreste de Venezuela – como centro de operaciones militares.

Como se recuerda, el gobierno norteamericano, levanta el relato del combate del “narcotráfico y el terrorismo” para movilizar más de 5000 mil marines, portaviones, tanques, misiles tierra y aire, siete buques de la Armada y los modernos aviones de combate furtivos F16.

Sin embargo, antes ni ahora que la Casa Blanca bombardea “barcos” y “buques” cargados de drogas – entiéndase botes con motor fuera de borda- ha mermado la demanda de los estupefacientes ilegales en el interior de Estados Unidos.

Empero, a pesar de las amenazas de Estados Unidos y sus acostumbrados chantajes, la mayoría de las naciones de la ONU votaron contra el ilegal, inhumano y arbitrario bloqueo.

La resolución titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, reafirma, entre otros principios, “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.

Asimismo, expresa preocupación por disposiciones reglamentarias, como la promulgada por Estados Unidos el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, “cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación”.

Esta importante resolución exhorta a todos los Estados a que se abstengan de promulgar y aplicar leyes y medidas que los contravengan, instando a la derogación de ese tipo de medidas a quienes aún las impongan. Agrega una solicitud al secretario general para que consulte con los órganos y organismos de las Naciones Unidas, para preparar un informe sobre el cumplimiento de la resolución a la luz de los propósitos y principios de la Carta de la ONU y del derecho internacional y se lo presente en su octogésimo primer período de sesiones.

Al presentar la resolución, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Padilla, denunció el carácter ilegal, inhumano y extraterritorial del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos.

Subrayó que esta política constituye un acto de castigo colectivo que viola los derechos humanos del pueblo cubano y obstaculiza su desarrollo en sectores esenciales como la salud, la energía y la alimentación.

Como se sabe, explicó el canciller, el impacto de este tipo de agresión no es solo económico. Se aplica por diseño, agregó, con fría premeditación respecto a su impacto social y humanitario sobre millones de personas.

El diplomático cubano denunció las presiones ejercidas por el Departamento de Estado para modificar el voto de los Estados Miembros respecto a la resolución y criticó en dicho foro el despreció de Estados Unidos por la paz en América.

Fustigó que Estados Unidos haya “adoptado la práctica criminal de cometer asesinatos en alta mar o dentro de las aguas jurisdiccionales de otros países a manos de sus Fuerzas Armadas”, tanto en el Caribe como en el Pacífico.

Del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de este año este bloqueo causó daños y perjuicios materiales a Cuba por 7.556,1 millones de dólares; además privó a los pueblos latinoamericanos y caribeños de los adelantos científicos en medicina, biotecnología, farmacología, arte y cultura en general provenientes de la isla antillana.

Algo tiene bueno para los pueblos el socialismo que sus enemigos no escatiman recursos y medios para combatirlo.

Mesa redonda en la UCR analizará el genocidio en Gaza y la omisión de Costa Rica ante la crisis – 15 octubre

Escrito en 14/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

Este 15 de octubre, la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará la mesa redonda titulada “Gaza-Israel, un genocidio en directo ante una Costa Rica omisa”, actividad que se llevará a cabo en el Salón Multiuso de la Escuela de Estudios Generales, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

El encuentro busca generar un análisis académico y humanitario sobre la situación que enfrenta el pueblo palestino, en el marco de una agresión sostenida que ha sido denunciada por múltiples organismos internacionales como una crisis de derechos humanos y un genocidio.

Participantes

La mesa redonda contará con la participación de:

Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional en la Escuela de Derecho de la UCR.
Esteban Sánchez, profesor de historia en la Escuela de Estudios Generales y coordinador de la Cátedra Ibn Jaldún.
Wajiha Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica.

Temas de discusión

Durante la actividad se abordarán cuestiones centrales como:

“Balance de un genocidio que se perpetúa pese a un nuevo plan de paz anunciado.
¿Existen hoy reales perspectivas de paz en Palestina?
¿Existe hoy una solución viable para dos Estados?”

La invitación, abierta al público, busca además promover la reflexión sobre el rol de Costa Rica en la defensa del derecho internacional humanitario, así como fortalecer la conciencia crítica sobre los impactos sociales y éticos de la situación en Palestina.

Invitación de la Escuela de Estudios Generales.

¿HAMÁS como pretexto?

Escrito en 06/10/2025. Publicado en Solidaridad internacional.

La instrumentalización de la resistencia para justificar el genocidio en Gaza

Por Juan Carlos Cruz

Desde el 7 de octubre de 2023, la narrativa dominante ha girado en torno al ataque de HAMAS como detonante de una supuesta “respuesta legítima” por parte de Israel. Sin embargo, diversas investigaciones y testimonios revelan que el operativo insurgente fue precedido por señales claras que fueron ignoradas por los servicios de inteligencia israelíes. Esto ha llevado a analistas, juristas y comunicadores críticos a preguntarse si el ataque no ha sido más bien utilizado como pretexto para acelerar un proceso de limpieza étnica que lleva décadas en curso.

Más allá del impacto inmediato, lo que está en juego es la legitimidad de la resistencia palestina y la forma en que ha sido sistemáticamente criminalizada para justificar el despojo territorial, el exterminio y la impunidad internacional. Este artículo propone una lectura crítica desde el derecho internacional, la historia de la resistencia y el análisis comunicacional, desmontando el relato hegemónico que reduce el conflicto a una reacción defensiva frente al “terrorismo”.

Fallos de inteligencia y advertencias ignoradas

Advertencias previas: Según investigaciones del Wall Street Journal y The Jerusalem Post, Israel recibió señales claras del operativo de HAMAS, incluyendo activación de tarjetas SIM israelíes y movimientos de tropas el 6 de octubre.

Interpretación errónea: Los altos mandos pensaron que HAMAS realizaba ejercicios defensivos o preparaba incursiones menores. Se descartaron documentos que apuntaban a un ataque coordinado.

Exceso de confianza: Tras años de contención exitosa, Israel asumió que HAMAS estaba disuadido y debilitado. Esta lectura errónea permitió que el ataque tomara por sorpresa a las fuerzas israelíes.

¿Venganza o estrategia de exterminio?

Masacre posterior: Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, según cifras de medios palestinos y ONG. La mayoría son civiles, incluyendo miles de niños.

Destrucción sistemática: Hospitales, universidades, archivos históricos y barrios enteros han sido arrasados. Se impide el ingreso de ayuda humanitaria y se bloquea el acceso a agua, electricidad y alimentos.

Desplazamiento forzado: Se ha intentado forzar a la población gazatí hacia el sur, hacia Egipto, lo que ha sido denunciado como una estrategia de limpieza étnica.

Impunidad internacional: A pesar de las denuncias de genocidio, ni EE.UU. ni la UE han exigido un alto al fuego ni han sancionado a Israel. Esto refuerza la hipótesis de que el ataque del 7 de octubre se usa como pretexto para culminar el despojo territorial.

Lectura crítica desde la comunicación y el derecho internacional

Narrativa dominante: Los medios hegemónicos han centrado la cobertura en el ataque de HAMAS, invisibilizando el contexto de ocupación, apartheid y resistencia.

Derecho internacional: La Cuarta Convención de Ginebra prohíbe el castigo colectivo, el desplazamiento forzado y los ataques a civiles. Israel ha violado sistemáticamente estas normas.

Comunicación crítica: Espacios como La BaseLatam, Al Jazeera, Canal Red y medios alternativos han denunciado el uso del lenguaje como arma de guerra: se criminaliza la resistencia y se legitima el exterminio.

La resistencia no comenzó con HAMAS

La resistencia palestina ha sido instrumentalizada por el ente colonial y sus aliados, para justificar el genocidio y el despojo territorial, desde antes de la implantación del estado sionista.

Desde el inicio del proyecto colonial británico que facilitó la creación del Estado de Israel —sin consultar ni reconocer los derechos del pueblo árabe palestino— se ha desplegado una resistencia constante frente al despojo, la ocupación y la violencia estructural. Esta resistencia, en sus múltiples formas, ha sido sistemáticamente etiquetada como terrorismo por los poderes hegemónicos, invisibilizando su carácter legítimo como respuesta a la opresión. La larga lista de acontecimientos violentos no puede entenderse sin reconocer que la resistencia palestina es expresión de un derecho universal: el de los pueblos a defender su tierra, su vida y su dignidad frente a la colonización y la limpieza étnica.

Matriz comparativa: Resistencia palestina vs. represión israelí

Vinculación con resoluciones internacionales

Resolución 194 (1948): Reconoce el derecho al retorno de los refugiados palestinos.
Resolución 242 (1967): Exige la retirada israelí de territorios ocupados tras la guerra de los Seis Días.
Resolución 2334 (2016): Condena los asentamientos israelíes en territorio palestino como ilegales.
Estatuto de Roma (CPI): Permite investigar crímenes de guerra, incluyendo limpieza étnica y castigo colectivo.

HAMAS como contrapeso a la OLP y el cambio de rol estratégico:

Desde su fundación en 1987 como escisión de los Hermanos Musulmanes, HAMAS ha sido objeto de una compleja relación con el ente colonial sionista. En sus primeros años, Israel toleró —e incluso facilitó indirectamente— su crecimiento, en parte porque su emergencia fragmentaba el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y debilitaba la unidad nacional frente a la ocupación. Sin embargo, con el fracaso de los Acuerdos de Oslo y el ascenso electoral de HAMAS en Gaza, el movimiento pasó a ocupar el lugar simbólico y estratégico que por décadas tuvo la OLP: el de enemigo útil, funcional a la narrativa de “defensa” israelí.

En los años 80 y 90, Israel vio con buenos ojos el surgimiento de HAMAS porque debilitaba a la OLP, que había logrado reconocimiento internacional como representante legítima del pueblo palestino. Esta división interna fue instrumentalizada para fragmentar la resistencia.

Ascenso electoral y legitimidad popular. En 2006, HAMAS ganó las elecciones legislativas palestinas con amplio apoyo en Gaza. Su victoria fue desconocida por Israel, EE.UU. y la UE, que impusieron sanciones y bloquearon el gobierno. Desde entonces, HAMAS fue aislado y demonizado como “grupo terrorista”, a pesar de su legitimidad electoral.

A partir de entonces, HAMAS pasó a ocupar el papel de enemigo absoluto. Cada acción de resistencia —desde el lanzamiento de cohetes hasta la defensa armada— ha sido utilizada como pretexto para justificar bombardeos masivos, invasiones terrestres y bloqueos prolongados.

La victimización del ente colonial sionista

Narrativa de autodefensa. Israel ha construido una doctrina comunicacional basada en el “derecho a defenderse”, que se activa cada vez que HAMAS responde a la ocupación. Esta narrativa invisibiliza el contexto de apartheid, colonización y violencia estructural.

Instrumentalización del ataque del 7 de octubre de 2023. El operativo conjunto de HAMAS y otras fuerzas insurgentes fue inmediatamente presentado como una agresión sin contexto. Desde entonces, Israel ha asesinado a más de 70 mil personas en Gaza, destruyendo hospitales, universidades y barrios enteros, bajo el pretexto de eliminar a HAMAS.

La resistencia como derecho, no como amenaza

La existencia de HAMAS —como antes la de la OLP, las intifadas o el movimiento BDS— ha sido utilizada por Israel y sus aliados para justificar una política sistemática de exterminio, desplazamiento forzado y colonización. Pero la resistencia palestina no es la causa del genocidio: es su excusa. Invisibilizar su legitimidad equivale a negar el derecho de los pueblos a defenderse frente a la ocupación, el apartheid y la violencia estructural.

A la luz del derecho internacional, de la memoria histórica y de los testimonios que emergen desde Gaza, lo que se vive no es una guerra, sino una masacre planificada. Y lo que se necesita no es más cobertura mediática del horror, sino una ruptura ética con la narrativa colonial que convierte a las víctimas en culpables y a la resistencia en terrorismo.

La pregunta no es si HAMAS justifica la respuesta israelí. La pregunta es por qué el mundo sigue permitiendo que se utilice la resistencia como pretexto para el exterminio.

Costa Rica: el deterioro de las condiciones laborales, pese a la existencia de obligaciones jurídicas derivadas de instrumentos internacionales

Escrito en 29/09/2025. Publicado en Trabajo.

Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de **legalizar el bromacil en el agua potable** (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). Foto perteneciente a los archivos personales del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa» ).

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR): contacto: nboeglin(a)gmail.com

Un reciente informe señala que las condiciones laborales en Costa Rica han desmejorado sensiblemente en los últimos años (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2025).

En general, este deterioro afecta a todos los trabajadores, siendo no obstante las mujeres trabajadoras las que más impactos negativos sufren de esta situación. Este reciente informe del INEC sobre el empleo en Costa Rica contiene las cifras al primer trimestre del 2025, que revisten siempre cierto interés.

En julio del 2025, la Defensoría de los Habitantes alertó sobre la casi nula capacidad de fiscalización en materia de condiciones laborales, al contar el Estado costarricense con un número sumamente bajo de inspectores (véase nota del medio digital Delfino.cr).

En el 2024, una tesis de grado de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) encontró semanas de hasta 84 horas para operarios en fincas bananeras en Costa Rica (véase nota publicada en el portal de la UCR de noviembre del 2024). Se ignora si existe un estudio similar para las jornadas de trabajo en las plantaciones de piña en Costa Rica, principal producto de exportación sobre el que volveremos en las líneas que siguen.

En junio del 2020, se denunció las condiciones laborales extremadamente precarias de los trabajadores en grandes plantaciones en la Zona Norte de Costa Rica y su extrema vulnerabilidad a la epidemia de COVID (véase nota de SurcosDigital).

Salud ocupacional y pesticidas / plaguicidas en Costa Rica

En este estudio sobre plaguicidas usados en bananeras y salud de los trabajadores, se señala (p. 8) que:

«Los registros de los sistemas de vigilancia de las instituciones responsables han sido incapaces de cumplir con su papel de monitorear los riesgos para los trabajadores de uno de los cultivos más problemáticos en cuanto al uso de plaguicidas. En la actualidad es más complejo realizar estudios confiables debido a que i) muchos trabajadores ya no son empleados por las empresas sino por contratistas sin cobertura por el régimen de riesgos de trabajo, ii) las empresas tiene ahora médicos de empresa quienes solucionan in situ eventos que no significan un peligro inmediato para la vida del trabajador sin hacer las denuncias obligatorias y iii) estas estadísticas ahora son tratadas como datos confidenciales de ‘clientes’«.

No está de más recordar que en esta nota de la BBC del 2022 sobre las personas afectadas por el uso del Nemagón en los años 70 en Centroamérica, se detalla el nivel de irresponsabilidad al que fueron expuestos estos humildes trabajadores durante muchos años trabajando en bananeras sin mayor protección.

En Costa Rica se estima una cifra de víctimas del Nemagón que oscila entre 12.000 y 30.000 personas (véase nota de ElAtlas de conflictos socio ambientales). Este voluminoso informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica de 1998 incluye en sus conclusiones una serie de recomendaciones a las entidades del Estado costarricense, con el fin de que estas personas sean debidamente acompañadas e indemnizadas, pese a tratarse de hechos que remontan a hace más de 25 años. No se ha encontrado un estudio más reciente sobre el seguimiento hecho a este informe por parte de las autoridades costarricenses concerñidas, salvo este Expediente Legislativo 20.400 del 2017. En el 2021 se registró esta protesta callejera por parte de un periódico costarricense en esta nota de noviembre del 2021, titulada «Afectados por el Nemagón exigen indemnizaciones«. El Acta de la Junta Directiva Número 9232 de la CCSS de enero del 2022 señala las diversas observaciones de la entidad a un enésimo proyecto de ley presentado a la CCSS para consulta, siempre relativo a la indemnización para los afectados por el Nemagón (pp. 27-66).

Sin haber resuelto aún del todo el tema de los efectos en la salud del Nemagón usado en las bananeras en los años 70, son ahora nuevas sustancias químicas las que amenazan la salud de los trabajadores y de las comunidades circundantes: al respecto, cabe recordar que en el 2013 la organización denominada el Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) llevó a cabo una sesión sobre agua y piña en Costa Rica. Las ponencias aquí reunidas en particular las de Clemens Ruepert (pp.29-35) y Mario Peña Chacón (pp.53-64) mantienen ambas su plena vigencia, 12 años después. Al igual que las recogidas en la Parte II de las actas de este foro, en particular las de una luchadora incansable como Erlinda Quesada (pp. 6-9), y las ponencias de Mauricio Álvarez (pp. 10-18) y Soledad Castro (pp. 26-30). Sobre este foro, al iniciar nuestra breve ponencia, la sensibilidad extrema de algunos funcionarios fue tal que el día siguiente, el medio digital ElPais.cr tituló una nota «Costa Rica: Funcionario de Agricultura huyó de Foro sobre efectos negativos del cultivo de piña«: véase tercer artículo de revista de prensa disponible en este enlace.

Ya en octubre del 2009, el artículo de opinión publicado en La Nación «Una visita que mueve mas de 1000 denuncias» había puesto en evidencia la extrema sensibilidad que genera la piña costarricense de exportación en algunos círculos costarricenses.

Empresa privada / Estado costarricense: una vieja historia

En el 2024, en un acto realizado en la Asamblea Legislativa conmemorando el legado y el significado para la historia costarricense de las huelgas bananeras de los años 30 en Costa Rica, se escuchó (véase nota de prensa) que:

«Si comparamos las reivindicaciones de los trabajadores bananeros hace casi un siglo con lo que ocurre hoy en el sector agroindustrial costarricense, nos damos cuenta que las condiciones siguen siendo casi las mismas«.

Para quienes nos leen desde otras latitudes (y quienes en Costa Rica tienen una memoria huidiza), hay que saber que en el 2010, una extraña decisión del Ministerio de Educación Pública en Costa Rica de aquella administración 2006-1010 (que se destacó por cercanía con el sector privado y su acérrima defensa del libre comercio) (Nota 1), consistió en retirar del programa educativo la celebre novela costarricense de «Mamita Yunai» (véase texto de la obra integral), así como El Quijote: una decisión que fue revertida, sin que se conozcan, 15 años después, las razones exactas por las que se solicitó dicho retiro del programa de lectura de todos los colegios costarricenses (véase nota de La Nación de junio del 2010).

No está de más señalar la existencia de esta carta oficial de la Misión de Costa Rica a Naciones Unidas (documento A/HRC/12/G/3) cuestionando gran parte de los hallazgos de la Experta Independiente de Naciones Unidas sobre agua saneamiento y derechos humanos, a raíz de su visita a Costa Rica en julio del 2009 (véase informe A/HRC/12/24/Add.1 descargable en la red, versión en español disponible aquí). La lectura de ambos documentos se recomienda, al señalar la experta de Naciones Unidas graves problemas con la gestión del recurso hídrico en Costa Rica, que persisten y se han ido agravando, 16 años después de emitido su informe. Con relación a la piña, mientras la Experta independiente en su informe, señalaba que:

«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado«.

se lee textualmente en uno de los primero puntos, que para la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas:

«4. También sería interesante conocer cuáles son las opciones que se le podrían brindar a los productores de piña en lugar del Bromacil y el Diurión«.

Sería también «interesante» (para emplear el adjetivo usado en la precitada misiva oficial) conocer la fuente de esta extraña forma de expresarse de un Estado, que se plasmó en esta carta oficial de la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas, sobre una recomendación de carácter urgente que Costa Rica …finalmente acató en el 2017, al menos parcialmente, con relación al Bromacil (Nota 2). En octubre del 2024, Costa Rica debió reconocer en plena COP-16 que en materia de plaguicidas, mucho aún falta por recorrer (véase nota de Delfino.cr).

En el 2024, con ocasión de una reunión de la OIT en Ginebra, se leyó por parte de una sindicalista costarricense (véase artículo del Semanario Universidad de junio del 2024) que la simbiosis Estado / sector empresarial en el caso costarricense fue más que notoria:

«En la reunión del grupo de trabajadores de la Conferencia de OIT, con representación de todos los países del mundo, se reafirmó que el caso de Costa Rica era prioridad por la gravedad de la situación en materia de libertad sindical en el país, pero los empleadores exigieron que fuera excluido de la lista y amenazaron de no llegar a consenso, lo que significaría no analizar ningún caso en la Comisión de Aplicación de Normas. Esto es el deplorable resultado de una alianza entre el Gobierno, la UCCAEP y sus aliados globales«

No está de más señalar una reciente y ocurrente iniciativa del sector privado costarricense en aras de, supuestamente, aumentar la productividad de un trabajador, cuando colegios gremiales como el colegio de psícólogos advierten del efecto exactamente inversa (véase artículo del Semanario Universidad de julio del 2025).

Resulta de igual manera oportuno referir, en otro ámbito no muy alejado del campo laboral, a un reciente informe bastante contundente (Nota 3) del programa Estado de la Educación (véase nota del medio digital Delfino.cr de agosto del 2025) y a otro informe de la OCDE sobre el deterioro en materia educativa de Costa Rica (véase artículo del Semanario Universidad de septiembre del 2025).

Algunas de las alertas generadas desde la UCR en años recientes sobre el sector agroexportador

En el 2020, desde la UCR se alertó sobre las condiciones laborales existentes en fincas destinadas a la exportación del banano y de la piña (véase nota publicada en portal de la UCR en marzo del 2020).

Previo a ello, en el 2016, un equipo de investigadores europeos llegó a Costa Rica con el fin de investigar algunos aspectos con el objetivo de dar a conocer al consumidor europeo la realidad de lo que viven los trabajadores en las plantaciones de piña costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

En el 2018, una prestigiosa ONG sobre comercio justo y equitable como Oxfam lanzó un campaña de información en Europa sobre las condiciones laborales imperantes en Ecuador y en Costa Rica (véase informe). Este reportaje de junio del 2019 del Semanario Universidad detalla la voracidad del sector de la piña y la inefectividad de las instancias públicas a cargo de proteger el ambiente y la salud de las comunidades rurales en la Zona Norte de Costa Rica.

Esta situación se da mientras los pequeños y medianos agricultores costarricenses que no producen banano o piña, sino productos mucho más tradicionales como el arroz, la papa, la cebolla, el tomate, la yuca o los frijoles, y surten con parte de sus productos las ferias del agricultor cada semana, sufren año tras año los embates del cambio climático y la desatención total o casi por parte de las autoridades nacionales: un reciente reportaje del Semanario Universidad de septiembre del 2025 así lo refleja.

Por su parte, el «Observatorio de Relaciones Laborales» de la Facultad de Derecho de la UCR dedicó uno de sus foros en el 2024 a la situación de los trabajadores en fincas bananeras y piñeras, con hallazgos sumamente interesantes, a relacionar con los precitados documentales europeos (véase video disponible en You Tube).

Con relación a la piña propiamente dicho, en este enlace, adscrito a Naciones Unidas (FAO), se indica la posición de control del mercado mundial de la piña de exportación por parte de Costa Rica. En este otro enlace se señala que Costa Rica domina ampliamente el sector de exportación de la piña fresca en el mundo, con 51% del mercado mundial, seguido por Filipinas con un poco más del 15%. Ya en este informe de Naciones Unidas del año 2016 (UNCTAD), el gráfico (p. 13) colocaba a Costa Rica en la cúspide de los exportadores de piña fresca a nivel mundial, al tiempo que esta publicación del 2005 de un centro especializado como el CIRAD (Francia) explicaba el impacto que tuvo la introducción de la variedad «MD-2» producida en Costa Rica, desplazando una tras una todas las demás variedades de piña en el mercado mundial.

En lo que atañe a la salud ocupacional de los trabajadores y la salud de las comunidades circundantes a plantaciones de piña, resulta de cierto interés señalar que, al acordar el Consejo Universitario de la UCR un segundo pronunciamiento sobre la piña en el año 2018 (véase texto), dos entidades del Estado costarricense solicitadas para proporcionarle datos entregaron «información insuficiente«: el Ministerio de Salud y la CCSS (véase recuadro a página 3). El primer pronunciamiento del mismo Consejo Universitario de diciembre del 2008 sobre los efectos negativos de un monocultivo como la piña en un país tropical como Costa Rica (véase texto) se mantiene, 17 años después, de una insistente actualidad ante los daños ocasionados por la piña en diversas regiones de Costa Rica.

Este reportaje del Semanario Universidad de agosto del 2023 detalla hasta que punto el Estado costarricense fomenta la expansión piñera, en este caso en detrimento de la salud de los niños de una escuela y de una comunidad «rodeada» de plantaciones de piña. En este otro reportaje del enero del 2024, se hacer la miopía severa que sufren los funcionarios de la SETENA cuando de piña se trata, una patología ya denunciada en … el 2017 (véase reportaje del Semanario Universidad de marzo del 2017). La miopía institucionalizada de las autoridades costarricenses llegó a tal punto que en el 2021, la piña fue objeto del siguiente titular en un sitio especializado en materia ambiental como Mongabay:

«Piñas en la mira: el monocultivo que se coló dentro de las áreas protegidas de Costa Rica«.

¿Un Estado que no se percata que la piña se instala de manera ilegal en zonas protegidas? Así como se lee.

En mayo del 2025, esta nota de prensa de La Nación refirió a la intoxicación de trabajadores en una piñera.

Claro está, la realidad de lo que se vive en estas plantaciones de piña rebasa, y por mucho, lo que esporádicamente, puede llegar a ser referenciado en artículos de la prensa costarricense sobre algunas de ellas.

No está de más señalar que al 2022, se registraban más de 65.500 hectáreas de piña sembradas (véase infografía de MOCCUP), cuando en el 2012, eran aproximadamente 45.000 hectáreas.

El acaparamiento de las tierras, un efecto bastante conocido de los monocultivos, desplazando a pequeños propietarios, forzándolos a integrarse a un monocultivo en detrimento de los productos tradicionales, o a vender sus pequeñas parcelas a grandes empresas, también se ha podido observar en el caso de la piña en Costa Rica (Nota 4).

La imagen internacional de Costa Rica como «destino verde» puesta en tela de duda

Quisiéramos en este acápite hacer ver que si bien la gran prensa costarricense, en líneas generales, no considera de interés publicitar las diversas denuncias de las que es objeto la expansión piñera por parte de pequeñas comunidades costarricenses afectadas (salvo alguna que otra excepción, usualmente medios de prensa universitarios), el tratamiento en el plano internacional es distinto:

– en el 2010, en el Reino Unido, The Guardian realizó un extenso reportaje sobre la piña costarricense en Europa (véase texto);

– a finales del 2018, la cadena de televisión DW en Alemania realizó un interesante documental sobre la piña costarricense titulado «Costa Rica: el precio de la piña» (véase enlace en You Tube), en el que exhibe algunos aspectos pasados por alto por las autoridades de Costa Rica desde hace muchos años: a partir del minuto 16:00 de este documental, se puede observar el texto de una una misiva con carácter urgente del entonces ministro de agricultura a la embajada de Costa Rica en Alemania haciendo ver … lo extremadamente hacendoso que puede resultar un despacho ministerial cuando de proteger la imagen de la piña costarricense en el exterior se trata;

– en el 2019 tuvimos la oportunidad de analizar un corto video de una de las principales cadenas de la televisión francesa titulado «Costa Rica: le commerce juteux de l´ananas«: véase al respecto nuestra nota titulada «El lado amargo de la dulzura: a propósito de un reciente reportaje crítico de la televisión francesa (France2) sobre la piña costarricense» de junio del 2019;

– mientras que en el 2017, el sitio costarricense de Ojo al Clima tituló un reportaje «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«, en el 2020, el «dark side» de la dulzura de la piña producida por Costa Rica fue objeto de otro muy detallado reportaje en un sitio internacional muy frecuentado como los es ClimateCorrespondent;

En noviembre del 2023, una publicación en Canadá y Estados Unidos refirió al uso intensivo de pesticidas para producir la dulce piña costarricense: véase al respecto la única referencia hecha en la prensa costarricense en este artículo por parte del Tico Times, con una pregunta bastante legítima que todos podemos hacernos con relación a los demás medios de prensa costarricenses;

Estos reportajes (y probablemente muchos otros existentes) merecen ser releídos y revisados en este mes de septiembre del 2025, al mantenerse su contenido, desde el 2010, de una persistente actualidad, con pequeñas comunidades que siguen esperando respuestas urgentes por parte del Estado costarricense, y abogados de ONG que han agotado las vías que ofrece el sistema judicial costarricense. Y con un Estado costarricense, a la fecha, incapaz de plantear una demanda solicitando millonarias indemnizaciones para hacer valer el principio bastante básico en derecho ambiental y plasmado en la misma legislación costarricense en materia ambiental vigente, según el cual: «quien contamina… paga«. En cuanto a la salud de los trabajadores que inhalan sustancias químicas sin mayor protección, y de comunidades que ingieren agua contaminada, la paciencia de los afectados por el Nemagón en los años 70 para ser indemnizados, deja presagiar una suerte similar por los afectados y por las personas de pequeñas comunidades rurales que han ingerido agua contaminada por empresas piñeras con bromacil, diurón, paraquat, entre muchos más, a menos que el Estado costarricense despierte de un patología bastante llamativa: la somnolencia persistente que lo aqueja cuando se trata de mitigar y reparar los efectos negativos de la piña.

Esta actitud del Estado costarricense había sido estudiada y sistematizada en una tesis de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, y ello desde el 2017, sobre tres cantones específicos, titulada «El Estado detrás de la piña: el conflicto socioambiental del monocuiltivo de piña en los cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles (2000-2015)» (véase texto completo).

Ahora bien, entre los pequeños productores de piña que no necesariamente buscan adecuar sus prácticas a los altos requerimientos exigidos por el mercado de la exportación de piña fresca desde Costa Rica, merece mención esta denominada «propuesta rebelde» en la región de Sarapiquí, que ojalá logre replicarse en otras partes.

El deterioro de las condiciones laborales, síntoma de uno más general

Haciendo a un lado el insensato y desmedido entusiasmo de algunos en Costa Rica por controlar más del 50% del mercado mundial de la piña fresca, y volviendo a ámbito más general de la realidad laboral en Costa Rica, datos del año 2024 señalan que el trabajo informal aumentó significativamente, con alrededor de 845.000 personas trabajando en la informalidad (véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2025).

En un informe de la cartera de trabajo del 2023, sobre la verdadera realidad del salario mínimo en Costa Rica, se lee en las conclusiones (p. 26) que:

«El esfuerzo por mejorar el cumplimiento en el pago del salario minimum minimorum debería darse en forma prioritaria en la zona rural, ya que, como se mencionó anteriormente, el nivel de incumplimiento es mayor en esta zona (33,7% versus 16,1% en la zona urbana) y en particular en la rama de actividad relacionada con la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, donde el incumplimiento es del 45,5%. Asimismo, la población ocupada en actividades como construcción, otras actividades, de servicios, alojamiento y servicios de comida, hogares como empleadores y comercio, tienen niveles de incumplimiento iguales o superiores a 20%«.

El deterioro notorio de las condiciones laborales al que refieren estos y posiblemente muchos otros informes, artículos, tesis e indicadores macroeconómicos, por el momento no parecieran haber en lo más mínimo originado esfuerzos desde el Estado costarricense, tendientes a frenarlo, o al menos a mitigar sus efectos.

Este deterioro no refleja sino un deterioro generalizado en materia social que ha ido en aumento en Costa Rica desde inicio de los años 2000.

En materia de indicadores sociales, en el 2018 habíamos tenido la oportunidad de señalar que la progresión de un índicador como el coeficiente Gini (que mide la desigualdad) debía de llamar la atención de los decisores políticos: véase nuestra nota titulada «Pobreza en Costa Rica entre el 2017 y el 2018, un nuevo incremento puesto en perspectiva«.

En el 2019, se confirmó esta desmejoría generalizada, con otro indicador, el IDH (Índice de Desarrollo Humano): véase al respecto nuestra nota de diciembre del 2019 titulada «El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la posición 68 de Costa Rica puesta en perspectiva«. Dicho sea de paso, cuando se detalla el IDH a nivel cantonal, aparecen en las últimas posiciones los cantones costarricenses en los que se ha dado una mayor expansión de las plantaciones de piña en las últimas décadas (véase tabla en este informe del PNUD del 2024, página 11).

En el 2021, una medición señaló que el coeficiente Gini había alcanzado su nivel más alto (véase nota de Delfino.cr de octubre del 2021).

En lo personal, llama profundamente la atención que muchos en Costa Rica sigan apostando por lo que denominan un «modelo de desarrollo» basado en la atracción de inversiones extranjeras y el libre comercio, que ha ido aumentando las brechas sociales y la desigualdad en Costa Rica, privilegiando únicamente a unos pocos sectores en detrimento de todos los demás. En cuanto a las finanzas públicas del Estado costarricense, su deterioro es notable con efectos visibles en la educación, pero también en la salud pública, en materia de vivienda social y más generalmente en la atención a las poblaciones más vulnerables, y en muchos otros ámbitos del accionar del Estado, que, informe tras informe, revela de manera detallada una entidad como la Contraloría General de la República (CGR).

El último informe del programa del Estado de la Nación del 2024 (véase enlace) probablemente vea reiteradas en el informe a presentarse en noviembre del 2025, sus advertencias y sus recomendaciones pasadas desoídas, y ello desde hace muchos años, sobre el preocupante deterioro social en Costa Rica.

La legislación laboral desde la perspectiva internacional

La legislación laboral no es ajena al derecho internacional público: como todos los Estados, Costa Rica es parte a un sinnúmero de convenios en materia laboral. El enlace oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se pueden revisar todos los convenios en materia laboral firmados y ratificados por Costa Rica se encuentra disponible aquí. El Ministerio de Trabajo de Costa Rica por su parte tiene en este enlace oficial los tratados internacionales vigentes en Costa Rica en materia laboral. Como todo Estado, la decisión de aprobar o no un tratado internacional es una decisión soberana de cada Estado, y veremos que varios instrumentos internacionales de la OIT no registran a Costa Rica como Estado Parte, como tampoco uno en derechos humanos.

Muchos de estos tratados establecen, para los Estados Partes, obligaciones que deben implementar mediante modificaciones a su legislación laboral o bien mediante la creación de nuevas regulaciones, mucho más conformes a los lineamientos de la OIT. A modo de ejemplo, entre muchos, el proyecto de ley contenido en el Expediente 21.706 sobre el fortalecimiento de la inspección del trabajo se nutre de diversas disposiciones no acatadas por Costa Rica en materia de inspección laboral.

En materia de trabajo infantil, por ejemplo, en el 2025, el órgano encargado de velar por la aplicación de las disposiciones pertinentes del convenio 138 de la OIT de 1973, le hizo una serie de recomendaciones a Costa Rica (véase enlace), que esperan respuestas del Estado costarricense. En el 2024, esta entrevista a una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) detalla el alcance de la explotación laboral infantil en Costa Rica, que afecta a unos 30.000 menores de edad.

Otro ejemplo entre muchos, es el nivel de cumplimiento del convenio 169 de la OIT de 1989 (véase ley 7316 de aprobación de 1992) sobre derechos de las comunidades indígenas: en años recientes, fue objeto de un informe particularmente contundente del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, a raíz de su visita a Cota Rica. Se trata de un informe muy pocamente divulgado que tuvimos la ocasión de analizar: véase al respecto nuestra nota titulada «Pueblos indígenas y sus derechos: revelador informe del Relator Especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas en Costa Rica» de septiembre del 2022.

Otro convenio como el convenio 189 OIT del 2011 (véase texto) sobre los derechos de las trabajadoras domésticas al que también Costa Rica es Estado Parte, debería interesar a investigadores con el fin de tener un diagnóstico sobre el sistema de explotación laboral que sufren muchas de ellas. De igual manera, al observarse lo que ocurre en algunas plantaciones de piña y de banano, pero también en otros sectores de producción agrícola, investigadores deberían poder realizar un diagnóstico sobre el nivel de cumplimiento del convenio 141 OIT (véase texto) sobre trabajadores rurales, un convenio del que sí es Estado Parte Costa Rica.

En un ámbito específico en materia laboral que no es para nada ajeno al convenio 189, como tampoco al sector agro-exportador costarricense, como lo es la contratación de trabajadores migrantes, y que debería de interesar a muchos más investigadores costarricenses, Costa Rica persiste en tan siquiera firmar la Convención de 1990 de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares: su texto (en particular su preámbulo, pero también otras disposiciones) permite entender mejor la necesidad de extender la protección en materia laboral a personas que no poseen la nacionalidad del Estado en el que laboran. El estado oficial de firmas y ratificaciones de dicho convenio (véase enlace) contabiliza 60 Estados Partes, entre los cuales, en América Latina, se registran los siguientes: Argentina, Bolivia, Chile Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, es de notar que hay varios convenios de la OIT que Costa Rica no ha aún aprobado como por ejemplo el Convenio 188 del 2007 sobre trabajadores en embarcaciones o buques pesqueros (véase texto).

Volviendo al ámbito del derecho laboral, no está de más señalar que tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido una serie de parámetros y de precedentes que deben interesar a todos los Estados del hemisferio americano: véase al respecto la publicación dada a conocer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre del 2020, titulada «Compendio sobre derechos laborales y sindicales. Estándares Interamericanos«. Los jueces ordinarios deberían, en virtud del control de convencionalidad, incorporar estos estándares interamericanos en sus sentencias en materia laboral en Costa Rica. En el 2016 tuvimos la suerte de dirigir una voluminosa tesis de grado (647 páginas, véase texto integral) titulada precisamente «El control de convencionalidad en Costa Rica: propuesta de aplicación por los jueces ordinarios. Análisis comparado desde la perspectiva del derecho internacional público«.

En materia de violencia y de acoso laboral, resulta oportuno señalar la existencia del Convenio 190 de la OIT desde el 2019, contenido en este dictamen de mayoría de febrero del 2022 (Expediente Legislativo 22.569) de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Este convenio ya cuenta con 50 Estados Partes (véase enlace oficial) entre los cuales, en América Latina, no figura aún Costa Rica, sino únicamente Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Estas filminas sobre la implementación del Convenio 190 en Chile (véase enlace) permiten tener una idea de los avances que significa su aprobación para los trabajadores chilenos; asimismo los diversos documentos y guías accesibles en este enlace oficial de la OIT para los Estados del Cono Sur que buscan implementar el Convenio 190.

A modo de conclusión

Como ya viene siendo reiterado desde varios años, los compromisos internacionales de Costa Rica, plasmados en diversos instrumentos internacionales debidamente firmados y ratificados en el pasado por Costa Rica, sea en materia laboral, o bien sea en materia de derechos humanos o en materia ambiental, parecieran … ya no constituir una prioridad.

Con ocasión del mes de diciembre del 2024, tuvimos la oportunidad de analizar la desatención creciente de Costa Rica con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en Costa Rica: véase al respecto nuestra nota titulada «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada«.

Con relación a un instrumento moderno en materia ambiental y en materia de derechos humanos como lo es el Acuerdo de Escazú, aprobado en Costa Rica en marzo del 2018 en el marco de la CEPAL, tuvimos la ocasión de analizar su situación en Costa Rica – rotunda negativa de aprobarlo por parte de sus máximas autoridades – en un artículo (Nota 5) y más recientemente con ocasión de la última adhesión observada, la número 18: véase nuestra nota titulada «Acuerdo de Escazú: algunos apuntes con relación a la reciente adhesión por parte de Bahamas«. Remitimos al estado oficial de firmas y de ratificaciones del Acuerdo de Escazú que incluye a 18 Estados Partes entre los que encontramos a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay: en ninguno de estos Estados se observaron los efectos negativos para su economía como los vaticinados en Costa Rica por la principales cámaras empresariales frontalmente opuestas a este instrumento internacional (y por sus repetidoras locales en la Asamblea Legislativa).

Es de esperar, de cara a la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, que estos y muchos otros compromisos internacionales de Costa Rica desatendidos por el Estado costarricense, encontrarán un eco programático en renovadas propuestas de gobierno de los distintos partidos políticos.

– – Notas – –

Nota 1: El denominado «Memoramdum del miedo» de julio del 2007 en aras de estigmatizar y de desacreditar a los opositores costarricenses al tratado del libre comercio con Estados Unidos (véase texto integral) constituye una de muchas otras acciones en las que se observó a un Estado como el correspondiente a la administración (2006-2010), dispuesto a todo para favorecer al sector privado, el libre comercio y la inversión extranjera: en materia ambiental por ejemplo, los diversos escándalos ambientales que sacudieron a Costa Rica encuentran su origen en decretos ejecutivos inconsultos, declarando de «conveniencia nacional» proyectos de cierta envergadura que terminaron siendo declarados totalmente ilegales por los tribunales nacionales. A modo de ejemplo, el decreto relacionado al megaproyecto hidroelectrico El Diquis fue declarado inconstitucional (véase voto 001622-2022); de igual manera, el decreto sobre el proyecto minero en Crucitas fue declarado totalmente ilegal (véase sentencia del TCA de noviembre del 2010). La solicitud del Consejo Universitario de la UCR a diez días de su publicación en la Gazeta Oficial, pidiendo la derogatoria de este decreto ejecutivo (véase pronunciamiento) hubiera ahorrado mucho al presupuesto del Poder Judicial. En el documental de la UCR «El oro de los tontos» sobre el proyecto minero Crucitas (véase enlace en YouTube), entrevistas a autoridades públicas y judiciales, Presidenta de la Sala Constitucional incluida, permiten ver la facilidad con la que los argumentos de la empresa minera canadiense Infinito Gold encontraron eco en estas mismas autoridades nacionales. En este cable Wikileaks de enero del 2006, y este otro de septiembre del 2005, correspondientes a los últimos meses de la administración anterior (2002-2006), ya se perfilaba la preeminencia de la cartera de comercio exterior sobre todas las demás: en este caso, su intromisión directa para que Costa Rica cumpliera con una solicitud insistente de la embajada de Estados Unidos en materia de justicia penal internacional, accediendo a suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad, que prohiba el envío de personal civil o militar norteamericano sospechoso de cometer crímenes de guerra a la Corte Penal Internacional de La Haya.

Nota 2: No fue sino hasta mayo del 2017 que mediante Decreto Ejecutivo 40423 (véase texto), Costa Rica acató lo que recomendó la experta independiente en el 2009. Tratándose de una sustancia extremadamente persistente en cuanto a sus efectos, se leyó en septiembre del 2022 (véase nota del Semanario Universidad) que:

«En la actualidad, indicaron, en las fuentes de agua en que se detectaron los químicos continúan obteniéndose resultados que evidencian su presencia y por eso, no pueden usarse, lo que ha limitado la capacidad de las Asadas para proveer del preciado líquido tanto a las familias como a los pequeños productores de la zona y tampoco se han ofrecido soluciones por parte de las autoridades competentes«.

Nota 3: El Xo informe del Estado de la Educación (2025) es un documento de 432 páginas, de lectura muy recomendada y está disponible en este enlace. La gran riqueza de gráficos y de infografías permite al lector observar tendencias y prever escenarios. La sinópsis (pp. 29-24) permite conocer los desafíos que está enfrentando la educación pública en Costa Rica, luego de varios años de malas decisiones tomadas. Se recomienda escuchar el programa Desayunos de Radio UCR del 24 de septiembre del 2025, dedicado a analizar los principales hallazgos de este informe y la democracia costarricense: véanse enlace en FaceBook y enlace en YouTube.

Nota 4: Véase al respecto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ E., «L’accaparement des terres au Costa Rica : le cas des entreprises productrices d’ananas«, HAL Oen Science, 2014. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Vol. 58 (2024) Revista de Ciencias Ambientales (Universidad Nacional), Enero-Junio 2024. Texto integral disponible aquí. En caso de que nos lean comunicadores/productores de audiovisuales, los referimos a este muy completo video de promoción del Acuerdo de Escazú producido por el talentoso equipo de comunicadores de LaPulla en Colombia, titulado «La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas«: salvo error de nuestra parte, no se cuenta con un video similar de promoción equivalente en el caso de Costa Rica. La UCR había producido dos videos: uno titulado «El acuerdo de Escazú los defensores del ambiente» y otro titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«.

Organizaciones y juristas denuncian ante la ONU despliegue bélico en el Caribe y medidas coercitivas contra Venezuela

Escrito en 09/09/2025. Publicado en Derechos.

El 8 de septiembre de 2025, un amplio grupo de organizaciones, juristas y académicos dirigió una carta a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que expresan su profunda preocupación por el despliegue militar en el Caribe y por la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela.

La comunicación advierte que, bajo el pretexto de la lucha antidrogas, se han desplegado buques de guerra, un submarino nuclear y miles de tropas en aguas caribeñas, sin justificación técnica y en abierta contradicción con los informes de organismos internacionales especializados que señalan que Venezuela es ajena a la producción de drogas.

Los firmantes sostienen que este tipo de acciones, junto con sanciones económicas y el uso del lawfare, erosionan el Estado de Derecho internacional y generan un impacto directo en la población, que sufre restricciones al derecho al desarrollo, migración forzada y la agudización de emergencias humanitarias.

La carta recuerda que estas políticas contravienen principios fundamentales del Derecho Internacional, entre ellos la soberanía, la no intervención y la solución pacífica de controversias. Se citan instrumentos como la Carta de la ONU, la Declaración de Manila, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, y el Tratado de Tlatelolco, que establece a América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares.

Los firmantes solicitan al Alto Comisionado que reafirme la primacía del Estado de Derecho internacional, que llame al cese de las amenazas de Estados Unidos y que exhorte a detener las acciones unilaterales que agravan la tensión y vulneran derechos fundamentales en la región.

La carta está suscrita por organizaciones como la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, la Asociación Chilena de Juristas por la Democracia, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre muchas otras, así como por reconocidas figuras como Eugenio Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón, Ernesto Samper, Rafael Correa, Walter Antillón y Alberto Fernández, entre otros académicos, exjefes de Estado, parlamentarios y juristas de distintos países.

El documento completo con la lista de personas y organizaciones firmantes puede descargarse en este enlace: Foros Internacionales – Presentación conjunta ante el Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos, septiembre 2025

Surge coalición nacional para el apoyo a Palestina

Escrito en 13/08/2025. Publicado en Derechos.

Con el objetivo de fortalecer la solidaridad costarricense con el pueblo palestino, se lanzó oficialmente la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (abreviado como Coalición PalestinaCR), con el propósito de apoyar, visibilizar y articular esfuerzos entre las organizaciones, colectivos, redes y personas que trabajan desde distintas partes del país para visibilizar y apoyar activamente la causa palestina. Esta coalición nace además, para dar apoyo al Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica, cuya representación se encuentra a cargo de Wajiha Sasa Marin, hija de padre palestino y madre costarricense.

En el video de lanzamiento, la cónsul apeló a los valores históricos del país en defensa de la paz y el derecho internacional:

“Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y construcción del derecho internacional, por tener la tradición de no resolver los problemas a través de la violencia y por el uso de las instituciones, de los tratados y marco legal internacional”, dijo. “Desde Costa Rica hay muchísimo que hacer, principalmente hacerle ver a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con su posición tibia y falta de liderazgo, siendo un país que podría liderar un planteamiento y apuesta de límites a Israel” continuó.

La Coalición PalestinaCR se plantea como un espacio respetuoso, diverso, ecuménico y multicultural, que agrupa y potencia todos los esfuerzos que, desde Costa Rica, acompañan al pueblo palestino en su lucha por la vida, la justicia y la libertad, y en contra del genocidio y la impunidad. Entre sus principales objetivos destacan:

Articular a las fuerzas vivas a favor de Palestina en Costa Rica, con el fin de tener una mayor visibilidad e incidencia.
Informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad nacional, sobre la situación del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino.
Promover acciones concretas de solidaridad hacia el pueblo palestino y en contra de las acciones genocidas de la ocupación, con un énfasis en la acción local desde y dentro del país.

Cabe recordar que el lanzamiento de esta coalición se realiza en un contexto en el cual han pasado 668 días desde el comienzo del genocidio llevado a cabo por Israel en la ocupada Franja de Gaza, que ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas, el asesinato de más de 60 mil personas y que mantiene a más de 1.100.000 personas con niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y desnutrición, según datos de la Embajada de Palestina en Uruguay y múltiples organismos internacionales. Esto además en un momento en donde la posición de Costa Rica ha sido poco clara y que inclusive se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Israel.

Lanzamiento de campaña de recolección de firmas

Como parte de su lanzamiento, la Coalición PalestinaCR anunció el inicio de una Campaña Nacional de Recolección de Firmas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Esta campaña busca recolectar el mayor número de adhesiones ciudadanas como muestra de respaldo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio y a la firma del TLC con Israel. La petición demanda específicamente:

Que el gobierno de Costa Rica condene pública y enérgicamente el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.
Que se rompan de inmediato las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y se interrumpa la negociación en curso de un Tratado de Libre Comercio con dicho país, mientras no se respeten los derechos fundamentales del pueblo palestino: no se puede comerciar con genocidas.
Un alto al fuego definitivo y permanente, así como el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y las hostilidades en Cisjordania, así como la reconstrucción de la infraestructura civil del pueblo palestino.
Que Costa Rica apoye activamente la investigación y el juicio de genocidio y crímenes de guerra israelíes.

La hoja de firmas puede descargarse desde la cuenta oficial en Instagram @coalicionpalestinacr, puede solicitarla escribiendo al correo electrónico info@palestinacr.org o al WhatsApp +506 8734 9880, o la puede descargar en este enlace. También se puede firmar electrónicamente en el siguiente enlace: https://chng.it/c8bHbCjQcn

La Coalición PalestinaCR invita a todas las personas interesadas a unirse a través de distintas formas de participación, ya sea mediante la recolección de firmas, la difusión de información, apoyando con donaciones a organizaciones humanitarias en la región y participando activamente en acciones de solidaridad. Asimismo, pone a disposición sus canales de comunicación para quienes deseen colaborar o mantenerse informados sobre las acciones que se estarán desarrollando.

«La causa palestina es la causa de todas las personas dignas: por eso no bajamos los brazos, no callamos, y no dejamos de luchar por una Palestina libre y justa.»

Mensaje de Wajiha Sasa Marín

Costa Rica no debe firmar un tratado de libre comercio con Israel

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.

Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.

Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.

Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.

En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.

Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.

Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.

Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.

En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.

Premios nacionales solicitan rehusar aprobación del TLC con Israel

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la carta enviada a la presidencia de la Asamblea Legislativa

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa

Con motivo de la discusión de un Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel que será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa, hacemos llegar a Usted las siguientes reflexiones.

1.- Nadie ignora la deplorable tendencia de algunos Estados, que hoy asoma en el terreno de las relaciones internacionales, de menospreciar los más altos valores de la moral, la justicia y la paz cuando quieren imponer sus designios prevalidos de la fuerza. Pero Costa Rica, que profesó siempre la más alta observancia de aquellos valores, no debe ni puede soslayarlos ahora por mera conveniencia mercantil, en la alternativa de aprobar o no un Tratado de Libre Comercio con un Estado como Israel, regido por un gobierno genocida, que ha pisoteado y escarnecido las instituciones y las más elementales reglas de la convivencia internacional. Si bien no podemos imponer criterios a ninguno, tampoco debemos premiarlo inmerecidamente con amistad y un silencio interesado.

Usted bien sabe que Israel nació como un Estado impuesto arbitrariamente en territorio palestino, que logró el reconocimiento de la ONU en 1947 con el apoyo británico y, posteriormente, el estadounidense. Rechazó exitosamente los ataques de sus vecinos musulmanes y consiguió su reconocimiento de parte de algunos de ellos. Ahora bien, con respecto a sus vecinos palestinos, Israel organizó de inmediato diversas maneras de arrinconarlos, reprimirlos y desplazarlos, cercenando sistemáticamente sus derechos y sus territorios. Y, aunque estas acciones fueron en su momento denunciadas, comprobadas y declaradas ilegales por Naciones Unidas por medio de más de veinte resoluciones de condena, tales condenas quedaron siempre inoperantes por el veto interpuesto en cada caso por los Estados Unidos, o por la desobediencia impune del propio Israel. Veamos un par de casos:

a) La resolución 446 se emitió basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual estableció condición vinculante para Israel como país signatario de dicha Carta. Implicó, además: «que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén». Por esa razón, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son totalmente prohibidos, dado que el artículo 49 de dicha Convención plantea que «la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado». Este dictado fue de 1979, pero los asentamientos continuaron sin pausa.

b) La resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue excepcionalmente votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre de 1981. Fue consecuencia de la incorporación de facto de los Altos del Golán por Israel. Dicha resolución 497, concluyó: «…la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional». También exigía anular lo hecho por las fuerzas de ocupación israelíes; pero, de hecho, Israel continuó y continúa ocupando dichos territorios, e incluso ha ampliado las áreas ocupadas. Para colmo, en 2018, Donald Trump declaró que los Altos del Golan son territorio israelí.

En suma, en lo que al territorio se refiere, en Palestina nos hallamos ante un delito continuado de creciente usurpación, perpetrado durante más de setenta años a vista y paciencia del entero Planeta; y su impune autor es el Estado de Israel. Costa Rica no puede remediar esta ignominia, pero ¿debe disimularla, fingir que no ha ocurrido?

2.- Frente a la última, criminal e insensata incursión de Hamas en territorio israelí ocurrida el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1 200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes, el ejército israelí respondió prontamente con una ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluyó bombardeos, invasión armada, asesinatos masivos y otras represalias cuyos resultados son, hasta la fecha, más de 50 000 muertos (de los cuales, casi el 70% son mujeres y niños); y más de 117 000 heridos, y la destrucción masiva de las ciudades de la Franja, con preferencia en hospitales, escuelas y centros de aprovisionamiento. Cerca de dos millones de gazatíes indefensos y desesperados carecen de agua, alimentos, medicinas y los más elementales servicios; y recientemente, rompiendo una tregua que duró dos meses, Netanyahu lanzó de nuevo intensos bombardeos en la Franja de Gaza, impactando cada día a un gran número de civiles inermes y terminando de destruir los castigados centros de población de la Franja.

3.- En fechas 26 de enero, 28 de marzo de 2024, en el proceso planteado contra Israel por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte emitió sendas ordenanzas, poniendo en evidencia la ilegalidad de la ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel y exigiendo su retiro; y considerando que el agravamiento de la situación en Gaza lo justifica, detallan nuevas medidas provisionales que Israel debe cumplir. Pero no se ha observado mayor cambio de parte de las autoridades israelíes.

4.- Una nota particularmente reprochable de la conducta del Gobierno Israelí durante esta última guerra es su total irrespeto y su manifiesta obstrucción hacia las actuaciones del personal humanitario de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias: obstrucciones que van desde impedirles entrar con ayuda alimenticia y médica, hasta el bombardeo de sus hospitales y el asesinato de 295 miembros del personal sanitario. La Corte Internacional de Justicia informó el 25 de abril de 2025 “sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados”. El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros, entre ellos Costa Rica) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel, y exige prevenir un genocidio por parte de sus máximas autoridades. Desde todos los rincones del Mundo, frente a un Israel inconmovible, se expresa el horror y el repudio por los bombardeos cotidianos en Gaza, y la exigencia de detener este nuevo holocausto. Lo ha descrito el gazatí Abu Amir, el 14 del mismo mes:

“…Lo que ocurre hoy en Gaza supera toda descripción: es un infierno absoluto, un cataclismo que destroza piedras y personas, poniendo en peligro la esencia misma de humanidad. No es sólo una agresión militar o un bloqueo despiadado, es una prueba monstruosa para la dignidad humana que nos grita que el silencio del Mundo es complicidad con el crimen”

(Testimonio recogido por la Unión de judíos franceses por la Paz; abril 2025)

5.- Como tenía que ser, la conducta de los gobernantes israelíes ha sido crecientemente repudiada por múltiples países de todos los continentes como antijurídica y profundamente malvada, lo cual se materializó en la causa penal seguida contra Netanyahu y Gallant en la Corte Penal Internacional, que culminó con las órdenes de arresto de ambos el 21 de noviembre de 2024.

Durante el tiempo que ha durado el conflicto, la diplomacia costarricense ha observado una conducta ambigua, con dudosas abstenciones en algunos casos en que no había lugar a dudas. Pero Usted puede bien apreciar que, desde el punto de vista moral, las personas decentes no tienen alternativa: nuestro País, a través de los miembros de su Cuerpo Legislativo, debe rehusar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel, por razones de justicia, de moralidad y de coherencia.

San José, agosto de 2025.

Suscriben,

Alejandro Cardona Ducas, cédula 900850253 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Composición Musical, 1999, 2000, 2002 y 2014.
Alejandro Marín Solano, cédula 304370280 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2018.
Alfredo Trejos Ortiz, cédula 109800786 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2011 y 2017.
Álvaro Torres Crespo, Premio Nacional Amando Céspedes Marín en producción audiovisual, 2023.
Ana Clara Carranza Maxera, cédula103200135436 – Premio Nacional de Teatro, 1996, 1998, 2002, 2011.
Ana Cristina Rossi Lara, cédula 104070914 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1985 y 2002. Premio José María Arguedas de Casa de las Américas, Cuba. Medalla del Nacimiento de Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile, 2004.
Ana Lucía Fonseca Ramírez, cédula 105290511 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2016 y 2024. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento 2021.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692 – Premio Cleto González Víquez, 2019.
Andrea Catania González, cédula109820528 – Premio Nacional de Teatro, 2007.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Cuento, 2016; Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Poesía, 2019. Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046 – Premio Joaquín García Monge, 2014. Ex ministro de Cultura – Catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
Bryan Chavarría Campos, cédula 206430544 – Premio Nacional en Danza Mireya Barboza, categoría interpretación, 2024.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2020 y 2022.
Carla Pravisani Dimex, cédula 1032 0000 7529 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2018.
Carlos Cortes Zúñiga, cédula 105880662 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1999. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2010. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2007 y 2015.
Carlos Regueyra Bonilla, cédula 1 1389 0497 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2024.
Carlos Manuel Villalobos Villalobos, cédula 204410229 -Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2024.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2002.
David Eliot Korish, cédula 184001503712 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en Actuación, 2025.
Diego Mora Morales, cédula 111800185- Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2021.
Edmundo Retana Jiménez, cédula105280187 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2024.
Fernando Carballo Jiménez, cédula 301470051 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Fernando Contreras Castro, cédula 203800185 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1995 y 2000.
Fernando Vinocour Ponce, cédula 1005160748 – Premio Nacional en Actuación, 1986 y 1991. Premio Nacional al Mejor Grupo 2001 y 2004. Premio Nacional en Dirección, 2005 y 2013.
George García Quesada, cédula 9107687 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia, 2014.
Gilberto Lopes, cédula 8 0089 0909 – Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez, 1989.
Giselle Chang Vargas, cédula104610310 – Premio Cleto González Víquez, 2008, (compartido). Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2023, (compartido).
Gloriana Retana Morales, cédula 108550865 – Premio Nacional en Coreografía, 2002. Premio Nacional de Danza Mireya Barboza en Dirección o Coreografía 2020.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312 – Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, 2024.
Janko Navarro Salas, cédula 109980236 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en Dirección, 2022.
Juan Diego Quesada Pacheco, cédula 105690101, Premio Nacional de Investigación Cultural «Luis Ferrero Acosta», 2017.
Javier Tapia Balladares, cédula 800560025 – Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2019.
Jorge Jiménez Hernández, cédula 104550106 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2012.
Julieta Dobles Yzaguirre, cédula 103120144 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 1968,1977, 1992, 1997 y 2003. Premio Nacional de Cultura Magón, 2013.
Leda Astorga Mora, cédula 106030095 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Escultura, 1998.
Luis Chaves Campos, cédula 107520994 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2012.
Macarena Barahona Riera, cédula 105260207 – Premio Ángela Acuña Braun en Periodismo, 2002.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 2006. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Historia, 2013.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2024.
María del Sol Pardo Carballo, cédula 115810267 – Premio Nacional Mireya Barboza en Dirección, 2024.
María Lourdes Cortés Pacheco, cédula 107840468 – Premio Joaquín García Monge Comunicación cultural, 1997. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 1999 y 2005.
Mario Salas Muñoz, cédula 104060434 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2015.
Mauricio Molina Delgado, cédula 107140088 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2016.
Micaela Canales Barquero, cédula 110670202 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de Diseño, 2019, 2020 y 2022. Premio Nacional en Artes Visuales Francisco Amighetti, 2022. Premio Nacional Amando Céspedes Marín, 2023 en la categoría de Mejor Equipo Creativo.
Mirta González Suárez, cédula 800480869 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2013.
Óscar Núñez Olivas, cédula 104550984, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1996.
Osvaldo Sauma Aguilar, cédula 900370584 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2013.
Rocío Quilis González, cédula 109470298, Premio Nacional mejor actriz de reparto, 1998.
Rodrigo Soto González, cédula 106940204 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 1983 y 2005.
Ronald Bonilla Carvajal, cédula 103991400 – Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2001. Premio UNA Palabra en Poesía, 2014. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan Panamá, 2002. Premio Nacional de Cultura Magón, 2015.
Silvia Castro Méndez, cédula 105130996, Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2010.
Roxana Ávila Harper, cédula 106070225 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en dirección 2018. Premio Aquileo J. Echeverría en Dramaturgia 2004, 2021. Premio Nacional Mejor Grupo 1999, 2003, 2006. 2012.
Virginia Cortés Ramos, cédula 900750816 – Premio Nacional de Danza de mejor coreografía, 2014.
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295 – Premio Rodrigo Facio Brenes, 2022.
Yadira Calvo Fajardo, cédula 3 205 774 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2012.
Otras firmas
Adriano Corrales Arias, cédula 203320689 – Escritor.
Alejandra Bonilla Leiva, cédula 3 0208 0425.
Alejandra Ducca Durán, cédula 103990546 – Socióloga.
Amalia Vargas Rojas, cédula 104870364 – Jubilada.
Amanda Alfaro Córdoba, cédula 205590541 – Comunicadora.
Ana Cecilia Jiménez Arce, cédula 1-0330-0042 – Defensora de Derechos Humanos.
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4-0137-0180 – Socióloga – Activista Feminista.
Ana Lorena Marín González, cédula 10630 0412 – Docente jubilada.
Antonio Gamboa Gamboa, cédula 303360425 – Escritor, locutor e ingeniero en construcción.
Blanca Arce López, cédula 1406457 – Antropóloga.
Carmen María Chacón Mora, cédula 4 0111 0382 – Jubilada.
Carolina Soto Chinchilla, cédula 304170216 – Médica.
Casilda Sancho Barrantes, cédula 202420142.
Catalina Naranjo Rojas, cédula 112550733 – Ilustradora.
Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510 – Profesora jubilada UNA.
Dania Fernández Sandí, cédula 10629 0363, – Docente jubilada.
Edison Valverde Araya, cédula 103460024 – Mensajero del Buen Vivir.
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652.
Eugenia Salazar Aguilar, cédula 104720913 – Licenciada en Derecho.
Eyda María Camacho Cantillano, cédula 900200756 – Jubilada.
Félix López Zambrana, cédula 502640104 – Agricultor.
Fernando Rudín Vega, cédula 104840457.
Flora Fernández Amón, cédula 105230903.
Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482 – Socióloga.
Gabriela García Calderón, cédula 1-1158-0742 – Diseñadora y gestora cultural.
Gerardo Cruz Zuchini, cédula 103680998.
Gina Valitutti Chavarría, cédula 104710153 – Antropóloga.
Giovanny Blanco Mata, cédula 303110230 – Ingeniero industrial.
Grace María Mata Camacho, cédula 107120956.
Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418 – Jubilada.
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1-0835-0921.
Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166 – Trabajadora social.
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856 – Comunicador.
Ignacio Dobles Oropeza, cédula 104330692 – Psicólogo.
Isabel Ducca Durán, cédula 105640060.
Ivette Guier Serrano, cédula 105010432.
José Pable Miranda Salguero, cédula 114860619 – Servicio al cliente.
Julieta Montoya Molteni, cédula 801220643 – Psicóloga.
Kattia Isabel Castro Flores, cédula 107590724 – Teóloga.
Leda María Martínez Quesada, cédula 501320602.
Leonardo Buitrago Morales, cédula 700960977 – Agricultor.
Luz María Elizondo Fallas, cédula 104110175 – Pensionada.
Marcela Naranjo Segura, cédula 106770137.
Marco Vinicio Fournier Facio, cédula 104430604 – Psicólogo.
María Cecilia Romero Agüero, cédula 10260 0938.
María de los Ángeles Castro Villalobos, cédula 103800986.
María Elena López Núñez, cédula 103410135 – Salubrista pensionada.
María Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490 – Música y gestora cultural comunitaria.
María Lorena Molina Molina, cédula 202940461 – Profesora Emérita UCR.
María Soledad Herrera Rapda, cédula 110910399 – Performer.
María Ximena del Río Urrutia, cédula 800590270.
María Pérez Iglesias, cédula 103690624 – Dra. Comunicación Social, catedrática y escritora.
María Suárez Toro, cédula 800520083.
María Trejos Montero, cédula 106890938 – Maestra jubilada. activista DDHH.
Marielos Muñoz Solórzano, cédula 603340348 – Oficinista.
Meily Marín Almengor, cédula 702200129.
Miguel Regueyra Edelman, cédula 104910119.
Mónica Zúñiga Rivera, cédula 109560390 – Profesora universitaria.
Néstor Salazar Zúñiga, cédula 101280774 – Ingeniero civil.
Nilson Oviedo Valerio, cédula 30397079.
Olman Bolaños Vargas., cédula 204200917 – Diseñador gráfico.
Omar Miranda Bonilla, cédula 104230030 – Catedrático jubilado UNA.
Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598 – Artista costarricense.
Pamela Vargas Alfaro, cédula 111080513 – Líder de Crédito.
Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900.
Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050.
Pedro Salguero Aguilar, cédula 303950885.
Rebeca Eugenia Quesada Güell, cédula 105550138.
Roberto Zelaya Fallas, cédula 11468243 – Artesano.
Sharon Montoya Azofeifa, cédula 108880136 – Psicóloga y Docente.
Silvia Monge Retana, cédula 107370490.
Silvia Regina de Lima Silva, cédula 107600000731 – Teóloga y Profesora Universitaria.
Sonia Aguilar Cortés, cédula 103991247 – Jubilada.
Suy Wong Ugalde, cédula 105720540 – Activista.
Vianney Leandro Camacho, cédula 301660207.
Victoria Eugenia Montero Zeledón, cédula 105570775 – Actriz emérita.
Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920 – Psicóloga.
William Alberto Prada Jiménez, cédula 107030510 – Trabajador social.
Wilson Arroyo Oconitrillo, cédula 206880354 – Músico e historiador.
Xiomara Vargas Quesada, cédula 206420991 – Ingeniera industrial.
Zoraida Cedeño Rojas, cédula 303700302.

La Paz en el Mundo no es Negociable

Escrito en 15/07/2025. Publicado en Derechos.

«Bienaventurados los pacificadores,
porque ellos serán llamados hijos de Dios»,
Mateo. 5: 9.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), apegado a su legado y testimonio cristiano, siempre dispuesta a desafiar a la vida cotidiana y política con la sabiduría, la ternura, el respeto, la justicia, la equidad como gestos concretos del legado de Jesucristo. En línea coherente con lo antes dicho, seguimos abogando por la Paz, en los ámbitos interpersonales, familiares, comunitarios, eclesiales y de manera muy especial en las relaciones internacionales entre los países. En este sentido, no es antojadizo el que nuestro Templo en la localidad de Desamparados-San José, lleve por nombre «Señor de la Paz«.

Así, preocupados/as por el ya largo, insistente y mantenido conflicto en el Medio Oriente y específicamente en Gaza, Palestina, nos vemos impulsados a enfatizar nuestra palabra de cese al fuego, cese a las 52 guerras con 92 países involucrados. Es urgente y necesario que el Derecho Internacional y los principios que inspiraron la creación de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) se apliquen para que la paz sea una Paz inmediata y duradera.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud de Gaza, y de las autoridades israelíes, hasta el 2 de julio de 2025, más de 58.000 personas (57.012 palestinos y 1.706 israelíes) habían muerto en la guerra de Gaza, que la ONU, aunque estudios independientes hablan de más de 80.000 fallecidos y distintas organizaciones humanitarias describen como un genocidio.

Recordemos que la Paz, en hebreo shalôm, en griego eirênê; no es simplemente ausencia de conflicto. Para el mundo hebreo, el Shalom es un estado de plenitud, y así debe entenderse también en el griego. La Paz es el deseo (o la concreción) de que los destinatarios «estén bien, vivan bien, sean felices«. En este sentido, «Shalom/eirênê» se parece más a plena felicidad, que a lo que entre nosotros se entiende habitualmente por paz.

Siendo así, la Paz como felicidad plena, no es negociable ni antojadiza, es un derecho inalienable para la humanidad. Por ello, como señala el Papa León XIV, «Hoy más que nunca la Humanidad grita e invoca la Paz«, agregando además que «no existen conflictos lejanos cuando la dignidad humana está en juego» y avisó de que «la guerra no resuelve los problemas, sino que los amplifica«. Y, «Cada miembro de la comunidad internacional tiene una responsabilidad moral: detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en una vorágine irreparable«.

En el Evangelio de Lucas 9:1-6 y Lucas. 10:1-12, se narra el envío de Jesús a los discípulos y luego a los otros 72 discípulos, para anunciar el Evangelio del Reino de Dios, quienes deberían ser testigos del Reino, de la Paz y del triunfo definitivo de La Paz sobre el mal en la historia. Una de las indicaciones a los enviados, era que al llegar a alguna casa debían saludar, desear, donar la Paz (sanando a todo enfermo), como proximidad de la misma y del Reino.

Por supuesto, este relato bíblico nos interpela y desafía a ser testigos, enviados a propiciar y llevar la Paz en todo lugar, en toda circunstancia y como premisa fundamental de nuestra misión en el mundo, así la Paz no se negocia, se construye legal, política y económicamente.

«La paz os dejo,
mi paz os doy;
yo no os la doy como el mundo la da.
No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo».
Juan. 14: 27.

San José-Costa Rica, Julio 2025