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Por Juan Carlos Cruz Barrientos para Surcos

Los acontecimientos recientes en Venezuela no pueden ser leídos como un hecho aislado ni como una simple excentricidad de la política exterior estadounidense. Diversos analistas críticos, tanto latinoamericanos como europeos, coinciden en que estamos ante una nueva fase del imperialismo en América Latina, más explícita, más agresiva y menos preocupada por las formas del derecho internacional.

La agresión militar, el secuestro del presidente venezolano, el bloqueo naval y la presión política ejercida por Estados Unidos constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Sin embargo, lo más relevante no es solo la ilegalidad del acto, sino el hecho de que esta ya no se disimula. El mensaje es claro: la potencia hegemónica se arroga el derecho de intervenir directamente cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.

Existe un amplio consenso entre analistas críticos en que no se trata de una operación humanitaria ni de una defensa de la democracia. Tampoco de una lucha efectiva contra el narcotráfico. El objetivo central es el control de recursos estratégicos, comenzando por el petróleo, pero incorporando hoy un elemento decisivo del siglo XXI: las tierras raras y minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica, militar y energética global. En un contexto de competencia creciente con China y Rusia, Venezuela aparece como un enclave geopolítico clave.

Esta ofensiva se inscribe en una actualización de la Doctrina Monroe, ahora presentada bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. América Latina vuelve a ser concebida como “zona de influencia exclusiva”, al margen del sistema multilateral y del derecho internacional. No es un retroceso coyuntural, sino una redefinición estratégica del orden mundial, donde la fuerza prima sobre las normas.

Otro punto de coincidencia es que el cambio de régimen ya no adopta necesariamente la forma clásica del golpe de Estado. La estrategia actual combina presión militar, judicialización, control informativo, operaciones encubiertas y negociaciones bajo amenaza. El objetivo no es el caos, sino una transición tutelada que garantice orden interno, control territorial y continuidad de las infraestructuras clave, especialmente las energéticas.

En este escenario, la situación interna venezolana aparece profundamente erosionada. El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad y de representación, y ha demostrado ser incapaz de defender efectivamente la soberanía nacional frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, sectores de la oposición han apostado abiertamente a la intervención extranjera, subordinando la autodeterminación del país a intereses externos. El resultado es un vacío político, donde las Fuerzas Armadas se consolidan como actor central no por legitimidad democrática, sino por su monopolio de la fuerza y su capacidad de negociación.

Los analistas coinciden también en que Venezuela no es el único objetivo. La agresión funciona como advertencia para toda la región. Si se normaliza una intervención de este tipo sin consecuencias políticas, ningún país latinoamericano con márgenes de autonomía está a salvo. Cuba, Nicaragua y otros procesos incómodos para Washington aparecen claramente en el horizonte.

Frente a este panorama, hay una conclusión compartida que incomoda tanto a gobiernos como a oposiciones tradicionales: no existe una salida progresiva sin una recomposición autónoma de las clases trabajadoras y populares. Ni el respaldo acrítico a regímenes debilitados ni la confianza en soluciones diplomáticas tuteladas por las grandes potencias garantizan soberanía, democracia ni justicia social. La resistencia al imperialismo debe ir de la mano de la defensa de las libertades democráticas y de los derechos sociales dentro de cada país.

Lo que ocurre en Venezuela confirma, además, una tendencia global más amplia: la crisis del multilateralismo y la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Gaza, Ucrania, Sudán, Irán y ahora Venezuela forman parte de un mismo proceso de descomposición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Defender hoy el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es una consigna abstracta. Es una condición mínima para cualquier proyecto emancipador en América Latina. En ese marco, la solidaridad con el pueblo venezolano no es solo un gesto ético: es una necesidad política urgente frente al retorno descarnado del imperialismo.

Cronología de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela (2001–2026)

– 2001

– Inicio de la campaña de presión tras la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez.

– Financiación de grupos sociales y políticos antibolivarianos vía NED y USAID.

– 2002

– Participación en el intento de golpe de Estado.

– Creación del programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID para Venezuela.

– 2003–2004

– Apoyo financiero y político a Súmate (María Corina Machado) para impulsar un referéndum contra Chávez.

– 2004

– Estrategia de cinco puntos: penetrar la base chavista, dividir el movimiento, aislar a Chávez, crear grupos opositores y proteger intereses comerciales de EE. UU.

– 2015

– Barack Obama firma orden ejecutiva declarando a Venezuela “amenaza extraordinaria”, base legal para sanciones posteriores.

– 2017

– Prohibición de acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses.

– 2018

– Presión a bancos y navieras para cumplir sanciones.

– Banco de Inglaterra confisca reservas de oro del Banco Central de Venezuela.

– 2019

– Reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente provisional” por EE. UU.

– Intento de levantamiento fallido.

– Congelación de activos petroleros venezolanos en el extranjero.

– 2020

– Operación Gideon: intento de secuestro de Maduro y recompensa por su captura.

– Campaña de “máxima presión” durante la pandemia.

– FMI niega acceso a reservas de Venezuela.

– 2025

– María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz.

– Comité Nobel declara que Maduro debería abandonar el cargo.

– 2025–2026

– Ataques a embarcaciones venezolanas.

– Armada estadounidense aplica embargo marítimo y confisca petroleros.

– 3 de enero de 2026

– Ataque aéreo de EE. UU. contra Caracas y otras zonas.

– Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

– Confirmación de su traslado a EE. UU. bajo acusación de “complot narcoterrorista”.

Esta cronología muestra cómo la presión comenzó con sanciones y financiamiento en 2001 y escaló hasta un ataque militar directo en 2026.