Con inmensa alegría y alivio, informo al pueblo costarricense y a la comunidad internacional sobre el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, el cual entrará en vigor a partir de este domingo 19 de enero.
Esta noticia ha sido recibida con júbilo por el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y entre la diáspora. Tras quince meses de sufrimiento y de una brutal agresión israelí, finalmente se vislumbra un horizonte de paz.
He mantenido un contacto constante con el Embajador del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien ha expresado: «Acogemos con beneplácito este acuerdo. Hemos trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para poner fin a esta agresión genocida contra nuestro pueblo».
Si bien celebramos este logro, debemos permanecer vigilantes. Todas las personas que aman la paz y respetan el derecho internacional, en particular los derechos humanos, deben mantenerse alerta ante cualquier nueva agresión por parte de la fuerza ocupante de Israel.
Ahora más que nunca, corresponde a todos los países y pueblos del mundo apoyar al pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación, el derecho al retorno de los refugiados de Gaza y de quienes fueron desplazados desde 1948.
Instamos a la comunidad internacional, al gobierno y al pueblo de Costa Rica a encontrar formas de apoyar al pueblo palestino, a resistir la ocupación israelí y a mantener el boicot, desinversión y sanciones (BDS) hasta que finalice la ocupación y Palestina sea libre.
Agradecemos el constante apoyo de Costa Rica a la causa palestina.
Wajiha Sasa Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica San José, Costa Rica, 15 de enero de 2025.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
El 14 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de: 1) excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; 2) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y 3) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.
A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad.
Esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la economía cubana, con un efecto severo sobre la población. Este es y ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de Estados Unidos.
Es importante señalar que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos.
Por solo citar unos ejemplos, continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Se mantiene la cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados.
Por otro lado, todo ciudadano estadounidense, empresa y entidad subsidiaria de una corporación de ese país, tiene prohibido comerciar con Cuba o entidades cubanas, salvo excepciones muy restringidas y reguladas. El acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier país que se proponga comerciar con Cuba o invertir en este país, continúa siendo política oficial de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un destino que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos.
La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana con un alto costo humano para la población, y continúa siendo un estímulo a la emigración.
La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige, de modo muy restringido, aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos.
Se conoce que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba.
Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta, mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba.
Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias.
Por: Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Cada 10 de diciembre se celebra internacionalmente el día de los derechos humanos, en conmemoración del texto fundador del derecho internacional de los derechos humanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En estos días, de cara a esta importante celebración en todo el mundo, el tema posee una relevancia particular en este 2024 en el que se observa, en Centroamérica como en diversas otras latitudes del planeta, a líderes políticos dispuestos a hacer a un lado los derechos humanos y los valores fundacionales que los sustentan.
El 10 de diciembre en Costa Rica fue precedido por un día como el 7 de diciembre, que cobró un significado muy especial en este año 2024, al conmemorarse exactamente 30 años del asesinato de cuatro ecologistas costarricenses, cuyas muertes no han sido debidamente investigadas, manteniéndose un indignante manto de impunidad que se expande a otros casos similares más recientes.
La única entidad que consideró importante realizar un acto formal en memoria de estos cuatro ecologistas asesinados fue la Universidad de Costa Rica (UCR) (véase nota).
El 10 de diciembre de 1948, inicio de un largo recorrido
La fecha del 10 de diciembre responde a la fecha en la que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos: se trató inicialmente de una simple resolución, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y que, sin proponérselo sus redactores, iniciaría una dinámica muy propia dentro del ordenamiento jurídico internacional:
– tanto a nivel universal, con la suscripción de una multitud de tratados y sus protocolos facultativos, auspiciados por Naciones Unidas para proteger ciertos derechos, o proteger ciertas categorías de seres humanos o luchar contra ciertas violaciones específicas de derechos humanos (véase listado);
– como a nivel regional con, además de tratados muy diversos con los mismos propósitos descritos anteriormente (como por ejemplo los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco interamericano), la creación de tribunales regionales especializados en derechos humanos en Europa (1950), en el hemisferio americano (1969) y en el continente africano (1998): un logro que no se ha podido materializar en Asia, como tampoco en el plano nivel universal.
Todos estos instrumentos vinculantes obligan a los Estados Partes a tomar ciertas disposiciones en aras de volver efectivo el ejercicio de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción reconocidos en estos tratados y respetarlos. En algunas de estas convenciones internacionales, se abre la posibilidad para que las víctimas o sus familiares acudan a una instancia internacional cuando la justicia nacional les niega el ejercicio de estos derechos.
La persistencia del crimen de genocidio y de crímenes de guerra – objetos de una convención de 1948 y de los convenios de Ginebra de 1949 – y de crímenes de lesa humanidad, llevó a la comunidad internacional a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) en 1998 para enjuiciar desde el punto de vista penal a título individual a personas sospechosas de cometerlos. Al respecto, este 4 de diciembre, el genocidio en curso en Gaza iniciado desde la tarde noche del 7 de octubre del 2023 fue confirmado en un contundente informe de la reconocida ONG Amnistía Internacional, antecedido en octubre por el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas titulado “El genocidio como supresión colonial «), precedido de su informe de julio titulado “Anatomía de un genocidio”: la poca difusión en medios de prensa internacionales de estos informes plantea interrogantes muy válidas.
Costa Rica y los derechos humanos desde la perspectiva de sus obligaciones internacionales
Como Estado, Costa Rica históricamente ha basado su política exterior en los derechos humanos y en la defensa del Estado de derecho y la democracia, y ha suscrito una gran cantidad de convenciones en materia de derechos humanos, tanto de carácter universal, como de carácter regional.
El hecho de albergar en su capital a la Corte Interamericana de Derechos Humanos instalada formalmente en septiembre de1979 y de haber recibido una gran cantidad de latinoamericanos huyendo regímenes militares autoritarios en los años 70 y 80 proviniendo de Suramérica, así como de Centroamérica, confirman este compromiso: y de alguna manera, este historial aunado al hecho que abolió el ejército en 1948, le ha permitido a Costa Rica alzarse en el concierto internacional como una voz autorizada, siempre atenta a posiciones de vanguardia en los diversos foros y recintos internacionales.
El último instrumento universal de Naciones Unidas ratificado por Costa Rica en materia de derechos humanos fue en septiembre del 2014 el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre Derechos Ecnoómicos, Sociales y Culturales – véase estado oficial de firmas y ratificaciones – (Nota 1).
Esta imagen que proyecta Costa Rica a nivel internacional se ve reforzada por las declaraciones oficiales que elaboran sus diplomáticos en una multitud de foros internacionales sobre derechos humanos: no obstante, la distancia entre por una parte este discurso y esta imagen, y por otra, el cumplimiento de las obligaciones que derivan de los instrumentos internacionales a los que es Estado Parte en materia de derechos humanos, es cada vez mayor. Un fenómeno muy similar se observa también en materia ambiental, un ámbito a partir del cual también Costa Rica proyecta su imagen internacional.
Algunos tratados de derechos humanos contemplan la creación de órganos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados Partes: en el ámbito universal, a la fecha son 10 los “órganos de tratados” o mecanismos convencionales en derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de analizar las observaciones hechas por algunos de ellos con relación a Costa Rica en materia de discriminación contra las mujeres en el 2017, y en materia de obligaciones derivadas de uno de los dos Pactos internacionales de 1966, en el 2016. En este último texto, ya concluíamos nuestras reflexiones en el 2016 señalando que:
“No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años”.
Paralelamente, desde el 10 de diciembre de 1948, la dinámica muy propia de los derechos humanos debió afrontar los límites de la técnica convencional internacional (al tratarse de instrumentos negociados por Estados y solamente por Estados), llevando de esta manera a Naciones Unidas a dotarse de los denominados «mecanismos no convencionales«: ello a través de mandatos ejercidos por Relatores Especiales o Expertos Independientes que cubren ya sea una problemática específica en materia de derechos humanos, ya sea examinan la situación particular que se da en un determinado Estado. En este enlace de Naciones Unidas se detallan los 46 mecanismos temáticos y los 40 mecanismos/país que se han creado, trabajando en un caso como en otro, desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), la lista oficial de relatorías también evidencia la necesidad de superar los límites de la técnica convencional con este tipo de mecanismos no convencionales y su principla interés: reunir información de primera mano, recabar eventualmente denuncias y exigir aclaraciones a un Estado, y llamar la atención sobre una problemática determinada que amerita una respuesta de carácter urgente.
Tanto los mecanismos convencionales como no convencionales proceden a hacerle periódicamente recomendaciones generales a los Estados de cara al cumplimiento de las obligaciones internacionales que han contraído. En el caso de los primeros, sus recomendaciones se encuentran en las observaciones finales a los informes períodicos de cumplimiento que los Estados deben de presentar. Usualmente la presentación de un informe oficial por parte de un Estado viene acompañado de informes alternativos (o «informes sombra«) que proceden de la sociedad civil tendientes a poner en evidencia la falsedad o el carácter sumamente cuestionable de los datos oficiales proporcionados en un informe oficial, o situaciones convenientemente omitidas por el Estado a la hora de preparar su informe. En el caso de los segundos, sus recomendaciones provienen de los resultados de sus visitas in situ al Estado concerñido, durante las cuales se reúnen tanto con las autoridades como con la sociedad civil.
Costa Rica no escapa a este escrutinio internacional permanente desde Naciones Unidas, o desde la OEA, dando muestras de ciertas inconsistencias que a continuación señalaremos, de muchas más que evidencia el errático actuar del Estado costarricense cuando se trata de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
De algunos lunares persistentes en Costa Rica en materia de derechos humanos
El último informedel Relator Espacial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a raíz de su visita en Costa Rica y que tuvimos la ocasión de comentar (Nota 2) luego de su publicación en el 2022, espera pacientemente que las recomendaciones ahí reunidas sean objeto de seguimiento. Dos asesinatos en menos de un año (Sergio Rojas, marzo del 2019, Jehry Rivera, febrero del 2020) en un misma región (Salitre), siendo ambos líderes objetos de medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde abril del 2015 al Estado costarricense ¿ deberían de interpelar o no a la sociedad costarricense?
Foto de Sergio Rojas y de Jehry Rivera, líderes indígenas asesinados en el 2019 y 2020 en la región de Salitre, extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad titulado «Asesinato de Jehry Rivera evidencia desprotección a personas defensoras de derechos humanos», edición del 3 de marzo del 2020
El informe de la Relatora Especial sobre Agua, Saneamiento y Derechos Humanos del 2009, a raíz de su primer visita como Relatora a Costa Rica, espera igualmente pacientemente que las autoridades actúen: entre sus diversas recomendaciones, está la discriminación con respecto al acceso al agua potable que siguen sufriendo varios sectores de la sociedad costarricense, en particular las comunidades indígenas (punto 70 de su informe). Entre otras recomendaciones de la experta del 2009 sobre el uso de plaguicidas (punto 71), es de señalar que Costa Rica adoptó tan solo en el 2107 un Decreto Ejecutivo para limitar el uso del bromacil en las plantaciones de piña y de banano, pero esperan similar atención el diurón y varios otros plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana que terminan vertidos en aguas y suelos en las cercanías de estas plantaciones donde habitan comunidades humanas, mencionados en su informe. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que recomendaciones internacionales no seguidas de efecto sigan sumiendo a comunidades costarricenses con problemas de salud y pobreza, problemas de aprendizaje de niños costarricenses, debido a la contaminación circundante de empresas exportadoras de frutas tropicales? Su recomendación sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario y turístico lanzada desde el 2009 (punto 72) debería también interesar a algunas provincias como Guanacaste, el Pacífico Central y la extrema presión que se manifiesta en algunas partes de la costa del Caribe costarricense como por ejemplo en Gandoca Manzanillo (cuyo humedal es un humedal inscrito en la lista Ramsar que Costa Rica tiene la obligación internacional de resguardar y proteger).
La incitación al odio en contra de ciertas categorías de personas en Costa Rica llámese migrantes, población sexualmente diversa, comunidades indígenas, población afro descendiente, mujeres, personas privadas de libertad, personas afectadas por el VIH SIDA, y otros grupos, espera una regulación con el fin de dotar a Costa Rica de una legislación que frene los ardores discursivos de algunos y ponga término a expresiones profundamente hirientes y discriminatorias que persisten en redes sociales, programas de radio y televisión y en un sinnúmero de espacios públicos. En el 2018, la sociedad costarricense se demostró a si misma los resortes de los que dispone cuando un pequeño grupo convocó una marcha en pleno centro de San José en contra de los migrantes oriundos de Nicaragua. En su momento saludamos esta reacción de la sociedad costarricense, no sin alertar con un “Estado, ¿estás?” las advertencias desoídas hechas por varios mecanismos de derechos humanos a Costa Rica antes del 2018 en materia de racismo y xenofobia. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que otros Estados hayan legislado para evitar la incitación al odio en contra de ciertos sectores en declaraciones públicas mediante la adopción de una legislación penal que tipifica la incitación al odio? ¿Acaso la simplificación extrema y la polarización que fomentan en una sociedad las redes sociales no deberían de llevarla a resguardarse ella misma de éstas? Con ocasión de amenazas y un tono particularmente agresivo en contra de la población sexualmente diversa, habíamos tenido la oportunidad de señalar, con ocasión de la campaña electoral del 2018 que:
“En materia de odio y de incitación al odio, las disculpas públicas son posiblemente el mejor remedio, en particular si tomamos en consideración el hecho que una laguna legal persiste en el derecho penal costarricense: la ausencia de una tipificación más acorde con nuestros tiempos del delito de incitación al odio”
Con relación a un instrumento internacional que permitiría interesarse por las condiciones laborales de la población migrante y forzar al Estado a mayores controles, un instrumento de Naciones Unidas desde 1990 existe, sin que Costa Rica lo haya tan siquiera firmado: un verdadero lunar al observar que se trata del único instrumento de importancia universal al que Costa Rica le da la espalda, impidiendo que se pueda iniciar una campaña en pro de su ratificación. Muy, pero muy recientemente una tesisde Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la CCSS? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores. Desde el punto de vista social y ambiental ¿acaso no debería llamar la atención el hecho que los principales cantones en los que se ha expandido la piña desde mediados de los años 2000 se mantienen con los peores índices de desarrollo humano a nivel cantonal en toda Costa Rica, sin que las comunidades circundantes vean en lo más mínimo mejorar paulatinamente sus condiciones de vida y el acceso a servicios básicos?
En el ámbito digital, de la protección de datos personales, de la respuesta a discursos de odio en redes, en particular contra las mujeres, la violencia se sigue generando y las brechas con relación al acceso y la cobertura se siguen abriendo como bien se detalla en este informe de una ONG, excluyendo año tras año a diversos sectores de la sociedad costarricense (véase informede la ONGs APC y Sulá Batsú del 2024). Es probable que muy pronto recomendaciones provengan de Naciones Unidas en este mismo sentido al Estado costarricense. ¿Interpela o no a la sociedad costarricense que el mundo digital esté agudizando aún más las ya graves brechas que persisten en su seno?
En otro tema relacionado a la independencia del Poder Judicial en Costa Rica, una comunicación del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia de los magistrados y abogados espera también pacientemente que el Estado costarricense tenga la gentileza de responderle. La misiva es de julio del 2019 (véase texto) y en el sitio de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos aparece la mención «En espera de respuesta del Estado«. A ese respecto, en el 2021, la máxima instancia del Poder Judicial optó por ofrecer un espectáculo raramente observado (véase nota del Semanario Universidad del 24 de mayo del 2021).
Podríamos incluir más advertencias desoídas provenientes de mecanismos de derechos humanos en otros ámbitos de los derechos humanos (libertad de expresión, discriminación contra la mujer, personas con discapacidad, niños en situación de vulnerabilidad, personas migrantes, personas privadas de libertad, trata de personas, prostitución forzada, …) pero quisiéramos creer que de cara a este próximo 10 de diciembre, diversos sectores y organizaciones sociales en Costa Rica alzarán la vez para denunciar la situación que se observa desde hace ya varios años: una inacción estatal aunada a un desinterés de la clase política y de algunos sectores de la sociedad costarricense que, irremediablemente, conducen a un despojo de los derechos de amplios sectores de esta misma sociedad. Una situación agravada hoy por una narrativa de algunos decisores políticos tendiente a desacreditar y a estigmatizar a algunos sectores sociales y a pequeños colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos y del ambiente.
Sí quisiéramos hacer ver la muy (pero muy…) poca difusión que se hace en Costa Rica del contenido de estos informes, que cada cierto tiempo son dados a conocer desde Naciones Unidas o bien desde la OEA. En materia de cobertura de prensa, resulta de interés observar la facilidad con la cual los medios de prensa costarricenses replican en modo «automático» los comunicados oficiales del Estado costarricense sobre estos informes (que insisten en algunas cosas y omiten convenientemente otras…) sin nunca dar a conocer a sus lectores el contenido integral de estos informes como tal.
Es muy probable que nuestros estimables lectores descubran tan solo al leernos las recomendaciones (punto 140) contenidas al final del informe de abril del 2024 del Relator Especial sobre el derecho al disfrute de la salud mental y física, elaborado a raíz de su visita realizada a Costa Rica. Es también probable que las recomendaciones (puntos 64-111) del Relator de Naciones Unidas sobre formas contemporáneas de la esclavitud a raíz de su visita a Costa Rica del 2023 (véase informe) causen similar sorpresa. Y es igualmente muy posible que la misma sensación de extrañeza (o casi) aflore, con las observaciones hechas al octavo informe oficial de Costa Rica con relación a los derechos de las mujeres, realizadas por los integrantes del Comité de la CEDAW en el 2023 (véanse puntos 9 a 53 de sus observaciones); o bien con relación a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) al informe de Costa Rica (véase observaciones) hechas en el 2023, así como las observaciones del Comité contra la Tortura (CAT) al tercer informe de Costa Rica, hechas en diciembre del 2023 (véase observaciones). En el punto 42 de este último informe, al parecer molestos por la reiteración de recomendaciones hechas a Costa Rica en el pasado y no seguidas de efecto, se señala por parte de los integrantes del CAT que:
«El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité relativas a la detención preventiva, las condiciones de reclusión, la investigación de los actos de tortura y malos tratos y la no devolución (véanse los párrafos 13, 15 a), 25 a) y 31 a) respectivamente).«
A modo de conclusión
La distancia cada vez mayor entre discursos oficiales en recintos internacionales de Costa Rica y la realidad de los derechos humanos en la misma Costa Rica, y el desinterés creciente de varios sectores ante la creciente problemática de los derechos humanos, han quedado en evidencia con lo que ha ocurrido con el último instrumento jurídico adoptado desde aquel 10 de diciembre de 1948, que iniciaría esta inacabada senda del derecho internacional de los derechos humanos: se trata de un instrumento regional, el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en marzo del 2018.
Los mitos y supuestos “argumentos” (que han resultado ser, como bien lo indica el programa Doble Check de la radio universitaria argumentos falsos creados a su alrededor), la frontal oposición que una magistrada constitucional y sus colegas consideraron oportuno desarrollar desde la misma Sala Constitucional para complicar la tramitación de este valioso instrumento regional, así como la indiferencia de varios sectores que muy bien pone en evidencia este documental elaborado desde la UCR en el 2021, colocan ahora a Costa Rica ante sus contradicciones y ante una comunidad internacional algo perpleja: en particular al haber ya sido el Acuerdo de Escazú ratificado por 17 Estados (el último en haberlo hecho siendo Colombia en septiembre del 2024, después de Chile (2022), Argentina y México en el 2021), sin que en ninguno de los 17 Estados Partes se haya observado en lo más mínimo los supuestos efectos negativos para Costa Rica, que tanto se esmeran en difundir los opositores al Acuerdo de Escazú y sus muy hacendosas fichas (Nota 3).
La protección de los que alzan la voz en materia ambiental en Costa Rica ante las constantes amenazas, intimidaciones, que a veces terminan con asesinatos, pero también vejaciones, y estigmatizaciones de todo tipo, así como juicios penales por presunta difamación que archivan los tribunales, constituye una vieja deuda en materia de derechos humanos en Costa Rica: al respecto, cabe mencionar este otro documental de la UCR titulado “El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente”. En el 2014 tuvimos la ocasión de analizar el contenido del informe del Relator de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica: 10 años después, las recomendaciones reunidas en su informe (punto 61 en adelante) persisten como tareas y en el caso de algunas de ellas, como verdaderos desafíos para una Costa Rica cada vez más irreconocible en algunos ámbitos.
La desprotección de quienes defienden el ambiente cobra particular relevancia en este inicio del mes de diciembre del 2024, en particular en estos días en los que se conmemoraron 30 años desde la muerte de tres activistas cuyos cuerpos incinerados fueron encontrados en un casa el 7 de diciembre de 1994 en Moravia, y la muerte de un cuarto integrante cuyo cuerpo fue encontrado en febrero de 1995 en La Uruca (caso AECO): sobre este doloroso caso en el que campea la impunidad (como en muchos otros casos de intimidaciones y amenazas en los que las víctimas resultan ser ecologistas, líderes indígenas, lideresas campesinas), el dictamende la Procuraduría General de la República de 1997 afirmando que se trata de muertes “accidentales” y la cuarta de una muerte «natural» constituye posiblemente una de las maniobras oficiales más persistentes del Estado costarricense para ocultar las verdaderas razones que motivaron estas cuatro muertes, conjuntamente con unas cuantas más. De manera a no reiterar la pregunta hecha con anterioridad, se recomienda una lectura pausada de dicho informe de la PGR, que, a la fecha, no ha dado lugar a ninguna rectificación por parte del Estado o expresión oficial de pesar (disculpa pública) (Nota 4) por lo ocurrido hace 30 años en la capital costarricense.
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., » Costa Rica ratifica Protocolo Facultativo al Pacto DESC de Naciones Unidas», DerechoaldDia, edición del 1 de octubre del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Informe del Relator especial de Naciones Unidas exhibe graves y persistentes lagunas del país», Sección Voz experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), edición del 6 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 3: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 4: En el caso de Jannette Kawas Fernández, una ecologista asesinada en Honduras en la misma época (febrero de 1995) en la que fueron asesinados lo integrantes de AECO en Costa Rica, sus familiares sí activaron el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abril del 2009 (véase texto completo), los jueces estimaron (punto 202) que: «… el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en relación con los hechos del presente caso, en desagravio a la memoria de Blanca Jannette Kawas Fernández. En dicho acto se deberá hacer referencia a las violaciones de derechos humanos declaradas en la presente Sentencia. Asimismo, este acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, con la presencia de autoridades estatales. El Estado deberá asegurar la participación de los familiares de la señora Blanca Jeannette Kawas Fernández, declaradas también víctimas por este Tribunal, y que así lo deseen. La realización y particularidades de dicha ceremonia pública deben consultarse previa y debidamente con los familiares de la señora Kawas Fernández. El Estado cuenta con un plazo de un año para cumplir con esta obligación».
Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., “Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú“, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin Naumovic Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, UCR
La organización Madre Tierra invita a la ciudadanía a participar en una charla crucial sobre el caso Infinito Gold vs. Costa Rica, un litigio que se encuentra en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Han pasado cinco meses desde el último comunicado oficial del Estado costarricense sobre el caso, un silencio que ha generado inquietud en la sociedad civil.
El expositor será Nicolás Boeglin, destacado profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, quien analizará las implicaciones legales y políticas del conflicto. La charla se llevará a cabo el lunes 16 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Centro Cultural de España, frente al Farolito, en Barrio Escalante.
La actividad forma parte de un ciclo de conferencias organizadas por Madre Tierra, dando continuidad a la discusión iniciada en la charla anterior, liderada por el Dr. Freddy Pacheco León.
Este espacio busca promover la reflexión sobre el impacto de las disputas internacionales en la soberanía costarricense, particularmente en temas relacionados con la defensa ambiental y la protección de recursos naturales.
El miércoles 23 de octubre de 2024, Radio Universidad emitió en directo una nueva edición de Desayunos de Radio Universidad, un espacio dedicado al análisis de temas de actualidad. En esta ocasión, las personas oyentes tuvieron la oportunidad de escuchar a Argentina Artavia quien modera una profunda conversación con el Dr. Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Durante el programa, Boeglin aportó su conocimiento para ayudar a comprender los antecedentes y los elementos clave del conflicto entre Gaza e Israel, que cumple un año desde su inicio. La conversación permitió desentrañar aspectos fundamentales del contexto y las dinámicas actuales en la región.
Le invitamos a escuchar el programa con el amplio análisis de la conversación entre la conductora y el experto.
Este miércoles 23 de octubre, Voces y Política, el programa de Radio Universidad de Costa Rica (96.7 FM), explorará uno de los temas más relevantes de la actualidad internacional: la situación en Palestina a un año del conflicto del 7 de octubre de 2023. El programa se transmitirá en vivo a partir de las 5:00 p.m. y también podrá seguirse a través de Facebook Live en la página de Radio Universidad.
El debate contará con la participación de tres personas expertas: Wajiha Sasa, cónsul honoraria de Palestina en Costa Rica; el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR y especialista en derecho internacional público; y el MSc. Javier Johanning, coordinador del Observatorio de la Política Internacional (OPI UCR).
El 7 de mayo de 2024 se cumplieron 7 meses desde el inicio del más reciente conflicto en Gaza. Por esta razón, en el programa se analizaron los orígenes del conflicto, su impacto a nivel regional y mundial, así como el rol del Derecho Internacional y la posición del Estado costarricense.
El asalto de las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano contra la embajada de México en Quito es inaudito e inaceptable. Constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y una acción que socava los principios elementales de las relaciones entre los Estados. Es insólito que un gobierno democrático eche mano a argumentos propios de una dictadura para arremeter contra una sede diplomática que se encuentra protegida por garantías de inmunidad y extraterritorialidad y cuya inviolabilidad no puede irrespetarse sin lesionar significativamente las convenciones diplomáticas mundialmente aceptadas. México ha actuado correctamente al romper sus relaciones con Ecuador y también en anunciar que elevará este caso a la consideración de la Corte Internacional de Justicia en La Haya.
Cierto es que el tema es complicado y no puede abordarse exclusivamente desde lo jurídico, pues tiene aristas políticas innegables que han exacerbado mucho el manejo de casos anteriores. Tales situaciones deben resolverse por vía diplomática.
Independientemente de ello, el acto de anoche es inadmisible y, si no se condena con absoluta contundencia, puede traer severas consecuencias en el futuro, en particular en América Latina y el Caribe.
En efecto, lo acontecido se suma a las reiteradas e inadmisibles violaciones al Derecho Internacional de nuestros días (que incluyen los terribles y trágicos acontecimientos en Ucrania y Gaza) que ponen en peligro la paz mundial. El desprecio creciente del multilateralismo, el rechazo tanto nacional como mundial de las reglas para la administración pacífica de controversias y la sana resolución de las discrepancias políticas fruto de la polarización, se han convertido ya en una tendencia muy preocupante que nos lleva por muy mal camino.
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com
(Una versión en francés de este texto está igualmente disponible)
El pasado 18 de octubre, un proyecto de resolución (el texto S/2023/773) sobre la situación en Gaza fue vetado por Estados Unidos (véase nota de prensa al respecto y comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas).
Se trata de un segundo ejercicio en el que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intenta acordar un texto entre sus integrantes, luego del fracaso de una iniciativa propuesta por Rusia en días anteriores.
Desde el pasado 7 de octubre, pese al carácter explosivo de la crisis que agita a Medio Oriente con el pasar de los días, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue buscando una fórmula que le permita manifestarse al respecto en una resolución: al 25 de octubre, no ha logrado aún pronunciarse en un texto acordado por sus 15 integrantes.
Dado el bloqueo de Estados Unidos, el Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó una sesión urgente de la Asamblea General, que se realizará el 26 de octubre (véase su carta del 23 de octubre), durante la cual es probable que un texto muy similar sea sometido al voto de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: se prevé que en América Latina, únicamente Guatemala votará en contra, conjuntamente con Canadá, Estados Unidos, Israel y un pequeño grupo de islas del Pacífico. A no ser que Israel y Estados Unidos logren nuevamente convencer a algunos Estados de Centroamérica como en algunas ocasiones pasadas.
La iniciativa de convocar a una sesión de urgencia de la Asamblea General provino en un primer momento de Jordania y de Mauritania (véase carta).
El hecho que el asunto sea de conocimiento de la Asamblea General no impide que el Consejo de Seguridad intente nuevamente ponerse de acuerdo. No obstante, en las líneas que siguen, intentaremos explicar por qué la maniobra de Estados Unidos del 18 de octubre es susceptible de producir efectos por un buen tiempo más dentro del Consejo de Seguridad.
El voto en breve
El detalle del voto del pasado 18 de octubre del 2023 registró 12 votos a favor, 2 abstenciones (Rusia y Reino Unido), con lo cual nuevamente, Estados Unidos confirmó su profunda soledad a la hora de referirse a Israel ante los demás integrantes de la comunidad internacional.
Por parte de América Latina votaron a favor Brasil (el proponente del texto) así como Ecuador.
Entre varios aspectos, el texto propuesto por Brasil, que llevó a su Ministro de Relaciones Exteriores a anunciar su presencia en Nueva York (véase comunicado de prensa de Brasil), condenaba el ataque perpetrado por Hamás el pasado 7 de octubre y la toma de rehenes, exigía una tregua humanitaria y poner un alto a la orden de evacuación de más de 1,1 millón de habitantes de Gaza ordenada por Israel. A su vez exigía el establecimiento de corredores humanitarios dentro de Gaza, así como el restablecimiento del flujo energético y de agua a la población de Gaza.
Los puntos resolutivos 5 y 6 se leían de la siguiente manera:
Insta encarecidamente a que se proporcionen a los civiles, de manera continua, suficiente y sin trabas, artículos y servicios esenciales, como electricidad, agua, combustible, alimentos y suministros médicos, destacando el imperativo, en virtud del derecho internacional humanitario, de asegurar que los civiles no se vean privados de bienes indispensables para su supervivencia;
Pide que se revoque la orden de que los civiles y el personal de las Naciones Unidas evacuen todas las zonas de Gaza al norte de Wadi Gaza y se reubiquen en el sur de Gaza;
… / …
«5. Strongly urges the continuous, sufficient and unhindered provision of essential goods and services to civilians, including electricity, water, fuel, food, and medical supplies, stressing the imperative, under international humanitarian law, to ensure civilians are not deprived of objects indispensable to their survival;
Urges the immediate rescission of the order for civilians and UN staff to evacuate all areas in Gaza north of the Wadi Gaza and relocate in southern Gaza;»
También exigía tanto al Hamás como a Israel conformarse al derecho internacional humanitario a la hora de llevar a cabo acciones militares, en particular en Gaza, cuya población civil sufre de manera dramática los efectos con cada bombardeo israelí, debido a la alta densidad poblacional en Gaza. Al 24 de octubre, se registran más de 2300 niños y más de 1100 mujeres que han fallecido en Gaza.
De manera a conocer el texto integral accordado por Brasil con varios Estados que integran el Consejo de Seguridad, el texto integral (versión oficial en español así como inglés) del proyecto de resolución S/2023/773 está disponible al final de esta nota.
De algunas explicaciones de voto
En este comunicado de Naciones Unidas, se detallan las explicaciones de voto de varios de los Estados que integran en la actualidad el Consejo de Seguridad, en particular el de Estados Unidos y las razones esgrimidas para no votar a favor.
En su intervención (véase texto), el delegado de Brasil ante el Consejo de Seguridad no dudo en expresar que:
«We are grateful to all Council members who engaged with us since last Friday and demonstrated a sincere and practical commitment to multilateralism. Sadly, very sadly, the Council was yet again unable to adopt a resolution on the Israeli-Palestinian conflict. Again, silence and inaction prevailed. To no one’s true, long-term interest».
En su intervención, el representante de China sugirió una maniobra dilatoria de algunos Estados, al señalar (véase texto completo de su explicación de voto) que:
«They said that they wanted more time to seek consensus on the basis of the draft resolution tabled by Brazil. Our colleagues from Brazil and many other Council members showed a constructive attitude and agreed to postpone the voting for 24 hours, and later further postpone it till now. However, in the past 40 hours, those countries have neither commented on nor expressed opposition to the Brazilian draft, which led us to expect that today hopefully the Council would be able to adopt the resolution. The final result is unbelievable».
Por su parte la delegada de Emiratos Árabes Unidos indicó en su explicación de voto (véase texto completo) que:
«Hamas is indeed responsible for sparking this latest fire that is now engulfing the streets of Arab capitals around the region. We have called them out on this openly for the heinous attacks on the 7th of October. But make no mistake, the kindling was already there, fuelled by decades of violent dehumanisation, dispossession, and despair. That is why we cannot, however convenient, lose sight of the context of this crisis – the longest ongoing occupation in the world today of a people that do not wish to be ruled and have been let down again, and again, and again, by all of us.
Mr. President,
The UAE voted for this resolution not because it is a perfect text, but because it clearly states basic principles which must be upheld and which this Council is obliged to reinforce and uphold».
Por su parte, el delegado de Francia en su intervención (véase texto) externó que:
«C’est pour ces raisons que la France a voté en faveur de la résolution mise au vote aujourd’hui par le Brésil. Ce projet condamnait sans ambiguïté les actes de violence et de terrorisme à l’encontre des populations civiles, et demandait l’ouverture urgente d’un accès humanitaire à Gaza. Les civils qui souhaitent pouvoir sortir doivent pouvoir le faire. Et le Hamas ne doit pas les en empêcher. La France remercie le Brésil pour son initiative et son rôle de coordination,Israéliens et Palestiniens méritent de vivre en paix et en sécurité
…/…
Les événements de ces derniers jours confirment, s’il en était encore besoin, l’urgence d’un règlement politique au conflit israélo-palestinien. Les conditions d’une paix durable sont connues : ce sont des garanties indispensables pour la sécurité d’Israël et un Etat pour les Palestiniens. Les aspirations légitimes des Palestiniens et la sécurité d’Israël forment un tout indissociable. C’est la ligne que la France a toujours défendue et qu’elle continuera de porter. Nous devons nous mobiliser collectivement afin d’y parvenir».
Al parecer, el veto norteamericano tomó por sorpresa a muchos, incluyendo a altos responsables políticos, convencidos que las palabras usadas y las formulaciones revisadas una y otra vez hasta contar con el acuerdo de los diplomáticos de Estados Unidos garantizaban la adopción del texto: en efecto, se lee en esta nota de Public Sénat que:
«« Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d’adopter cet après-midi une résolution, présentée par le Brésil, qui a été travaillée, comme c’est la règle aux Nations Unies, négociée, quelques jours, avant d’être mise au vote et d’être acceptée cet après-midi, qui condamne clairement le Hamas et ses actions terroristes, appelle à la désescalade et rappelle les principes fondamentaux du droit humanitaire », a affirmé Catherine Colonna, précisément à 16h38, soit 13 minutes après que l’AFP envoie une alerte sur le rejet de la résolution».
Una leve sensación de «déjà vu»
No es la primera vez que Estados Unidos vota de manera solitaria en el seno del Consejo de Seguridad cuando se discute sobre la forma tan peculiar que tienen las autoridades de Israel de actuar, al desafiar abiertamente las normas del derecho internacional público:
– en su sesión del 1ero de junio del 2018, para un texto propuesto por Kuwait (véase enlace al documento S/2018/516) condenando el uso desproporcional de la fuerza por parte de Israel contra manifestantes palestinos desarmados durante lo que se denominó «La Gran Marcha«, el voto obtenido fue de 10 a favor, 1 en contra (Estados Unidos) y 4 abstenciones (Etiopía, Países Bajos, Polonia y Reino Unido): véase acta de sesión S/PV.8274.
– en su sesión del 19 de diciembre del 2017, con ocasión de un texto propuesto por Egipto condenando el traslado de embajadas a la ciudad de Jerusalén (véase enlace a documento S/2017/1060), el voto registrado fue de 14 votos a favor y un único voto en contra (Estados Unidos): véase acta S/PV.8139 .
Con relación a la votación acaecida en diciembre del 2017, es de notar que Estados Unidos inauguró su embajada en Jerusalén el 14 de mayo del 2018 (véase nota de la DW): una decisión que ningún Presidente norteamericano anterior a Donald Trump se había aventurado a tomar, y que el actual ocupante de la Casa Blanca no pareciera en lo más mínimo querer revertir.
Los datos sobre pérdidas en vidas humanas y personas heridas en Gaza
El último «estado de situación» al 24 de octubre del 2023 elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA, véase enlace oficial) indica el saldo siguiente desde que inició el conteo de personas fallecidas y heridas el 7 de octubre en Israel y en Gaza:
– del lado palestino, se registran en Gaza, 5791 personas fallecidas y 16.297 personas heridas, a las que hay que añadir – en Cisjordania – 95 fallecidos y 1833 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizan 1400 personas fallecidas y 5431 heridas, así como una muerte en Gaza y una muerte en Cisjordania.
El anterior estado de situaciónal 23 de octubre del 2023 indicaba por su parte el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registraban en Gaza, 5087 personas fallecidas y 15.273 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 95 fallecidos y 1738 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 5431 heridas.
Por su parte, el anterior estado de situaciónal 22 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, se registraban en Gaza, 4651 personas fallecidas y 14.242 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 91 fallecidos y 1734 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 4932 heridas.
Es importante poder tener una lectura en el tiempo de cómo evolucionan esas cifras. Para ello, es necesario referir a los registros anteriores establecidos por Naciones Unidas:
– del lado palestino, se registraban en Gaza, 4385 personas fallecidas y 13.561 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 84 fallecidos y 1653 heridos; mientras que
– del lado israelí, se contabilizaban 1400 personas fallecidas y 4932 heridas.
Cuatro días antes, este mismo estado de situaciónal 17 de octubre del 2023 indicaba el saldo siguiente:
– del lado palestino, en Gaza, 3000 personas fallecidas y 12.500 personas heridas, a las que había que añadir – en Cisjordania – 61 fallecidos y 1230 heridos; mientras que
– del lado israelí, 1300 personas fallecidas y 4229 heridas.
Para tener una idea de la evolución en el tiempo de estos registros, el mismo estado de situación un día antes, al 16 de octubre del 2023 indicaba por su parte el saldo siguiente:
– del lado palestino, en Gaza, 2808 personas fallecidas y 10850 personas heridas; mientras que
– del lado israelí, 1300 personas fallecidas y 4121 heridas.
El aumento vertiginoso de las víctimas mortales en Gaza evidencia la forma tan peculiar de Israel que pretende proceder a bombardeos de blancos militares identificados previamente, cuando en realidad es la población civil la que sufre dramáticamente los efectos de las bombas: del 16 al 24 de octubre, murieron en Gaza casi 3000 personas.
«Since 7 October, 5,791 Palestinians have been killed, including at least 2,360 children and 1,292 women, and about 16,297 have been injured, according to the MoH in Gaza. Some 68 per cent of the total number of Palestinian fatalities were reported in Gaza city and North Gaza governorates«.
El 12 de octubre pasado, la reconocida ONG Human Rights Watch denunció el uso de fósforo blanco por parte de Israel tanto en Gaza como en recientes acciones militares en el Líbano (véase informe), en el que se puede leer que:
«The use of white phosphorus in Gaza, one of the most densely populated areas in the world, magnifies the risk to civilians and violates the international humanitarian law prohibition on putting civilians at unnecessary risk«.
Esta misma organización el pasado 19 de octubre alertó en un comunicado (véase texto en español) sobre el impacto letal para los niños de Gaza que producen el bloqueo de Gaza y de los bombardeos israelíes.
Tal y como se puede apreciar, la reacción militar israelí pareciera no limitarse únicamente al objetivo oficial según el cual se busca destruir la infraestructura, el material y los centros de mando del Hamás ubicados en Gaza y lograr la eliminación física de sus principales dirigentes.
El pasado 19 de octubre, un comunicado conjuto de varios expertos y relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos señala de manera vehemente que:
“We are sounding the alarm: There is an ongoing campaign by Israel resulting in crimes against humanity in Gaza. Considering statements made by Israeli political leaders and their allies, accompanied by military action in Gaza and escalation of arrests and killing in the West Bank, there is also a risk of genocide against the Palestine people,” the experts said. “There are no justifications or exceptions for such crimes. We are appalled by the inaction of the international community in the face of belligerent war-mongering,” the experts said.«
En cuanto a los argumentos oídos por parte de mandos militares de Israel para rechazar sus responsabilidades ante algunas de las imágenes que circulan sobre Gaza, muchos aún tienen en Palestina – pero también fuera de ella – muy frescos los supuestos «argumentos» de Israel negando haber disparado a la cabeza de una periodista palestina en el 2022 (véase nota de mayo del 2022 de Swiss Info y titulada «Israel niega haber asesinado deliberadamente a periodista palestina«).
De igual manera la «investigación» por la muerte de cuatro niños en una playa en Gaza acaecida durante la ofensiva militar israelí del verano del 2014, archivada en el 2015 sin mayor condena (véase nota de la DW titulada «Israel cierra causa por muerte de niños en la playa en Gaza»). En el 2022, la Corte Suprema israelí rechazó reabrir dicha investigación (véase nota del Times of Israel).
Un descargo muy similar al escuchado en el 2014 se oyó en el 2006 por parte de las máximas autoridades militares israelíes (véase nota de La Nación – Costa Rica – titulada «Israel rechaza responsabilidad en muerte civiles de playa en playa«).
De algunas advertencias desoídas
La posición aislada de Estados Unidos y el recrudecimiento del repudio que va a causar este nuevo veto norteamericano en el seno de muchas opiniones públicas, en particular en algunos Estados árabes, pero también en África, América Latina, Asia y Europa, vuelve aún más delicada la situación para las autoridades de Israel.
Lejos de calmar los ánimos, este veto norteamericano los azuza: es probable que otras embajadas de Israel y de Estados Unidos sufran el asedio de muchedumbres indignadas en diversas partes del planeta en los próximos días, luego de lo observado en la noche/tarde de este 17 de octubre en algunas capitales. Mientras que Israel ha solicitado a sus nacionales evacuar rápidamente Turquía (ver nota de prensa del Times of Israel), los Estados Unidos han tomado la misma decisión para sus nacionales presentes en el Líbano (véase nota de prensa de l’ Orient-Lejour), mientras que drones fueron abatidos volando cerca de la base militar norteamericana en Irak (véase nota de prensa de La Presse). En lo que refiere al Líbano, es de notar que los nacionales saudís también fueron solicitados por sus autoridades (véase nota de Al Arabiya) a salir rápidamente del territorio libanés.
¿Cómo explicar que se haya llegado a esta tan explosiva situación en Medio Oriente? Las conclusiones a las que se llega en algunos informes de Naciones Unidas permiten explicarlo.
En particular, un Informe de la Comisión Internacional Independiente de Naciones Unidas con fecha del 3/09/2023 (se trata del documento A/78/198, disponible en la red en los diversos idiomas oficiales de Naciones Unidas), incluye conclusiones en sus párrafos 65 – 77 de gran interés y cuya lectura completa recomendamos.
Se lee en particular que:
«65. La Comisión considera que las operaciones de aplicación de la ley cada vez más militarizadas de Israel y los repetidos ataques de Israel en Gaza tienen como objetivo mantener su ocupación ilegal, que ha durado ya 56 años, y sirven (o se utilizan) para debilitar la oposición a la ocupación, fragmentando la cohesión política, económica y social palestina, impidiendo la libre determinación palestina y, en última instancia, impidiendo el establecimiento de un Estado palestino libre. Los devastadores resultados de las incursiones militares periódicas y los ataques aéreos sobre Gaza, así como de las operaciones de aplicación de la ley militarizadas en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, recaen principalmente sobre la población civil, que cuenta un número cada vez mayor de muertos y heridos. Estos hechos afectan de forma desproporcionada a los hombres y los niños como principales víctimas, pero también a las mujeres y las niñas, que soportan la carga de convertirse en el principal sostén económico y en cuidadoras».
.. /..
La Comisión señala que la amplia aplicación por parte de las autoridades israelíes del marco que rige la conducción de las hostilidades a las operaciones de aplicación de la ley parece tener la intención de atribuir el concepto de participación directa en hostilidades a todos los civiles palestinos que participen en cualquier forma de actividades de oposición, incluidas las protestas pacíficas legítimas. El hecho de no distinguir entre operaciones de aplicación de la ley y conflictos armados da lugar a reglas de intervención mucho más permisivas, que a su vez provocan la muerte y lesiones a más civiles palestinos. La Comisión considera que la aplicación del marco que rige la conducción de las hostilidades también tiene por objeto disminuir la obligación de rendir cuentas y eximir al Estado de la responsabilidad del pago de indemnizaciones a las víctimas en virtud de la legislación israelí.
../..
La Comisión concluye que las repetidas incursiones militares y ataques aéreos sobre Gaza, que ya son un hecho anual, deben considerarse en el contexto más amplio de la ocupación israelí, a la que Israel no tiene intención de poner fin. Estas operaciones forman la base de las políticas de separación y aislamiento de Israel en relación con Gaza y son una continuación de sus políticas de anexión de facto en la Ribera Occidental. La ruptura política entre Hamás y la Autoridad Palestina ha sido utilizada por las autoridades israelíes para seguir promoviendo sus políticas de separación, aislamiento y fragmentación, con el objetivo de desviar la atención de la ocupación permanente y la matanza de civiles, que son quienes se llevan la peor parte de este conflicto».
Es muy probable que muchos otros informes de esta naturaleza, provenientes de expertos e investigadores independientes, apunten a una situación insostenible y a una radicalización incontenible dentro de los territorios ocupados palestinos, debido a la verdadera «política de Estado» implementada por Israel en los últimos años, en abierto desafío a las normas del derecho internacional público.
Es de notar que ante las declaraciones hechas por el Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad durante una sesión realizada el 24 de octubre, el representante de Israel no encontró nada mejor que pedir su destitución inmediata (véase nota de prensa de CadenaSer y nota de EuroNews).
De algunos detalles semánticos
Al parecer, las actuales autoridades israelíes, al anunciar querer «vengar» a las 1300 personas fallecidas el 7 de octubre, tienen como objetivo llevar a cabo una acción militar punitiva a gran escala en contra de la población civil de Gaza.
Para ello, las máximas autoridades de Israel en algunas de sus declaraciones han intencionalmente asociado a toda la población de Gaza al Hamás, con incluso la siguientes palabras usadas por su ministro de Defensa en un tweet del 9 de octubre:
«I have ordered a complete siege on the Gaza Strip. There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed. We are fighting human animals and we act accordingly «.
Otra notoria asociación desde el 7 de octubre del 2023 que se escucha en prácticamente cada declaración oficial israelí es la del Hamás con el Estado Islámico.
Finalmente, en algunos círculos políticos israelíes y medios afines, se insiste en que lo ocurrido el 7 de octubre del 2023 en Israel es idéntico a lo acontecido en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001.
Con relación a las sutiles simplificaciones en Israel, objeto de numerosos relevos en gran parte de los medios de prensa internacionales, que hacen a un lado la complejidad de Medio oriente así como la de las organizaciones palestinas, se leyó en este artículo publicado por Le Monde en Francia el 24/10/2023 que:
» Le débriefing américain souligne, tout d’abord, que la branche politique du Hamas, dont les chefs se trouvent à Gaza mais aussi à l’étranger, notamment au Qatar, aurait « été tenue à l’écart de la préparation de l’attaque armée ». La branche militaire aurait été seule à la manœuvre. Or, les Américains indiquent que si le Shin Beth et le Mossad, les services de renseignement intérieur et extérieur israéliens, disposent de sources humaines au sein de ce mouvement radical, ces dernières se trouveraient essentiellement rattachées à sa branche politique».
A modo de conclusión
Más allá de los ejercicios semánticos de las máximas autoridades de Israel que denotan su estrategia de comunicación (en aras de volver más aceptable lo inaceptable), Israel pareciera ser víctima de sus propios desaciertos y errores de apreciación.
El tono y la actitud de sus actuales autoridades permite predecir con cierta facilidad sus acciones, y ello con cierta antelación, lo cual pareciera haber sido aprovechado por el Hamás y otros grupos. Al respecto, ya tuvimos la oportunidad de plantear en una nota anterior, en la que analizamos la reacción desproporcional y el carácter indiscriminado de los ataques en Gaza de Israel en respuesta al ataque sufrido el pasado 7 de octubre perpetrado por el Hamás (véase nuestra nota) que:
«Conforme las imágenes escalofriantes del drama al que Israel somete a la población civil palestina en Gaza circulen, es posible que los actos de repudio hacia la política israelí tiendan a radicalizarse aún más en todo el mundo. Desde un simple punto de vista estratégico ¿no será ésta la trampa que tendió Hamás en la que pareciera haber caído Israel?«
Material / Documento
Texto integral del proyecto de resolución S/2023/773 en español y en inglés
Brasil: proyecto de resolución
El Consejo de Seguridad,
Guiado por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Recordando sus resoluciones 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008) y 2334 (2016),
Reafirmando que todos los actos de terrorismo son criminales e injustificables, cualquiera que sea su motivación y cuandoquiera y por quienquiera que sean cometidos,
Expresando grave preocupación por la escalada de la violencia y el deterioro de la situación en la región, en particular por las numerosas bajas civiles, y poniendo de relieve que se debe proteger a los civiles en Israel y en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, de conformidad con el derecho internacional humanitario,
Expresando profunda preocupación por la situación humanitaria en Gaza y por su grave efecto en la población civil, integrada en gran medida por niños, y subrayando la necesidad de un acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin trabas,
Alentando los esfuerzos encaminados a la cesación de las hostilidades que ayudarían a garantizar la protección de los civiles tanto en Israel como en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental,
Reiterando su visión de una región en que dos Estados democráticos, Israel y Palestina, vivan uno al lado del otro en paz y dentro de fronteras seguras y reconocidas,
Recordando que solo puede lograrse una solución duradera del conflicto israelo-palestino por medios pacíficos, sobre la base de sus resoluciones pertinentes,
Condena firmemente todos los actos de violencia y las hostilidades contra civiles y todos los actos de terrorismo;
Rechaza y condena inequívocamente los atroces atentados terroristas de Hamás perpetrados en Israel a partir del 7 de octubre de 2023 y la toma de rehenes;
Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, exigiendo su seguridad, bienestar y trato humano de conformidad con el derecho internacional;
Insta a todas las partes a que cumplan plenamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidas las relativas a la conducción de las hostilidades, también en lo que respecta a la protección de la población y la infraestructura civiles, así como del personal y los activos humanitarios, y a que permitan y faciliten el acceso humanitario de todos los suministros y servicios esenciales a quienes los necesitan;
Insta encarecidamente a que se proporcionen a los civiles, de manera continua, suficiente y sin trabas, artículos y servicios esenciales, como electricidad, agua, combustible, alimentos y suministros médicos, destacando el imperativo, en virtud del derecho internacional humanitario, de asegurar que los civiles no se vean privados de bienes indispensables para su supervivencia;
Pide que se revoque la orden de que los civiles y el personal de las Naciones Unidas evacuen todas las zonas de Gaza al norte de Wadi Gaza y se reubiquen en el sur de Gaza;
Pide pausas humanitarias para permitir el acceso humanitario pleno, rápido, seguro y sin trabas a los organismos humanitarios de las Naciones Unidas y sus asociados en la ejecución, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias imparciales, y alienta el establecimiento de corredores humanitarios y otras iniciativas para la entrega de ayuda humanitaria a la población civil;
Destaca la importancia de un mecanismo de notificación humanitaria para proteger las instalaciones de las Naciones Unidas y todos los emplazamientos humanitarios, y de asegurar la circulación de los convoyes de ayuda;
Pide que se respete y proteja, de conformidad con el derecho internacional humanitario, a todo el personal médico y humanitario dedicado exclusivamente a funciones médicas, sus medios de transporte y su equipo, así como los hospitales y otras instalaciones médicas;
Pone de relieve la importancia de evitar la propagación en la región y, a este respecto, exhorta a todas las partes a que actúen con la máxima moderación y a todos los que tienen influencia sobre ellas a que obren en pro de ese objetivo;
Decide seguir ocupándose de la cuestión.
Brazil: draft resolution
The Security Council,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations;
Reaffirming that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed;
Expressing grave concern at the escalation of violence and the deterioration of the situation in the region, in particular the resulting heavy civilian casualties, and emphasizing that civilians in Israel and in occupied Palestinian territories, including East Jerusalem, must be protected, in accordance with international humanitarian law;
Expressing deep concern for the humanitarian situation in Gaza and for its grave effect for the civilian population, largely comprised of children, and underlining the need for full, rapid, safe and unhindered humanitarian access;
Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders;
Recalling that a lasting solution to the Israeli-Palestinian conflict can only be achieved by peaceful means, based on its relevant resolutions.
Firmly condemns all violence and hostilities against civilians and all acts of terrorism;
Unequivocally rejects and condemns the heinous terrorist attacks by Hamas that took place in Israel starting 7 October 2023 and the taking of civilian hostages;
Calls for the immediate and unconditional release of all civilian hostages, demanding for their safety, well-being, and humane treatment in compliance with international law;
Urges all parties to fully comply with their obligations under international law, including international human rights law and international humanitarian law, including those related to the conduct of hostilities, including in relation to the protection of civilians and civilian infrastructure, as well as humanitarian workers and assets and to allow for and facilitate humanitarian access for essential supplies and services to those in need;
Strongly urges the continuous, sufficient and unhindered provision of essential goods and services to civilians, including electricity, water, fuel, food, and medical supplies, stressing the imperative, under international humanitarian law, to ensure civilians are not deprived of objects indispensable to their survival;
Urges the immediate rescission of the order for civilians and UN staff to evacuate all areas in Gaza north of the Wadi Gaza and relocate in southern Gaza;
Calls for humanitarian pauses to allow full, rapid, safe and unhindered humanitarian access for United Nations humanitarian agencies and their implementing partners, the International Committee of the Red Cross and other impartial humanitarian organizations, and encourages the establishment of humanitarian corridors and other initiatives for the delivery of humanitarian aid to civilians;
Stresses the importance of a humanitarian notification mechanism to protect UN facilities and all humanitarian sites, and to ensure the movement of aid convoys;
Calls for the respect and protection, consistent with international humanitarian law, of all medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities;
Emphasizes the importance of preventing spillover in the region and, in this regard, calls on all parties to exercise maximum restraint and on all those with influence on them to work toward this objective;
Años y decenios atrás, las noticias llegaban en periódicos de papel; luego, las personas se enteraban por radio; después, llegaban por noticiarios en televisión (se dice que la guerra de Viet Nam fue la primera guerra televisada).
Siempre las personas, comunidades, poblaciones eran sólo receptoras de lo que “los medios” las “quisieran informar”, era la política desinformativa para modelar la opinión pública.
Así se deformaba la opinión de personas y conglomerados, enterándose de las “proezas” de personajes europeos en África o, con las películas de Tarzán y otros productos como “El mundo al instante”.
Todo para generar opinión en favor de lo que hacían las potencias “civilizadoras”; a lo que se oponían las bárbaras poblaciones nativas, inconscientes, ignorantes, insensatas, opuestas al cambio civilizatorio.
Ahora, hay otras formas de enterarse, de informarse y de construir opinión. Así se puede recibir información confiable, de lo que está cometiendo Israel y quienes lo respaldan, concretamente en la franja de Gaza: una política de desocupación, exterminio y ocupación y los planes para el “medio oriente”.
Viene a la mente, lo que el mundo anglosajón cometió en Estados Unidos y Canadá a partir del siglo XVII, igual: una política de desocupación, exterminio y ocupación. También viene a la mente la implacable sentencia: “El único indio bueno es el indio muerto”.
También Netanyahu dijo: “Todo hombre de Hamás, es hombre muerto”. Pero las evidencias muestran que esto es un mero “decir”, porque no es sólo “todo hombre de Hamás”, el que está muriendo, sino en lo fundamental población civil.
Voces valientes
Hay muchas voces que, con valentía se levantan en contra, en instancias y organismos, como en el Parlamento Europeo.
El parlamentario Manu Pineda: “Estamos en una situación dificilísima; Israel está bombardeando sobre la población civil de Gaza; ha asesinado ya 2750 personas civiles, 1030 de ellos niños; ha impuesto un régimen de asedio, absolutamente ilegal”.
“…han decretado un apagón, para que no se vea lo que pasa ahí. El presidente con el que usted (Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea) se vio la semana pasada, para darle su apoyo, ha dicho que es la guerra total, que no hay leyes de guerra sobre eso, que no hay ni un civil a salvo, que todos son culpables.
Señora presidenta, usted se reunió con él a darle su apoyo, pero no lo puede hacer a nombre de este Parlamento… esta situación es un holocausto sobre la situación palestina… no podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos…”.
Ante la mirada contrariada de Úrsula Von der Leyen, al parlamentario procedieron a cerrarle el micrófono.
Igual, eurodiputado Richard Voy Barret, dirigiéndose al mismo personaje expresó: “… no dijo nada después de haber recibido dos informes devastadores de amnistía Internacional y de Human Rights Watch, sobre 70 años de crímenes continuos, contra la humanidad, limpieza étnica, apartheid, el asedio de Gaza; … ¿Hablamos de investigar los crímenes de Israel? No. ¿Sancionamos a Israel como hemos sancionado a Rusia? No. En cambio, seguimos dándole un status … privilegiado…”.
Así también, la parlamentaria irlandesa Clara Daly: “Cómo se atreve a declarar (que) Europa apoya a Israel? Usted no habla por mí. Ella no habla en nombre de Irlanda. Ella no habla en nombre de los ciudadanos de Europa. Defendemos la paz, el derecho internacional y la justicia para el pueblo de Palestina”.
“He estado en la política durante 40 años, pero nunca he visto algo como lo que se está desatando en Gaza… diez días de bombardeo sin tregua… todo ilegal, todo crímenes de guerra y cuando la Unión europea debería estar pidiendo un alto al fuego, Úrsula Von der Leyen aterriza en Tel Aviv, para una sesión de fotos previa a un genocidio y dice Europa está con Israel, ahora y en los días venideros. Cómo se atreve; no tiene autoridad… Es hora de que ella se vaya ya y deje que la Corte Penal Internacional la investigue”.
Ursula Von der Leyen, es un peón del juego de USA/G7/OTAN; además, como ya sido puesto en conocimiento, con intereses comerciales familiares.
Conocido es también el planteamiento de la ministra Ione Belarra de España, ante lo cual el gobierno de Israel llamó a la embajadora de este país en Tel Aviv, para “jalarle las orejas” al gobierno de España, el cual es parte de USA/G7/OTAN, para que lo “meta en cintura”.
En otros países, como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, cualquier manifestación en apoyo de Palestina o para que se detenga lo que está pasando, está “prohibida”.
En Alemania, se prohíben por ser “un peligro para la seguridad y el orden públicos”.
Sobre el conflicto regional
El escenario regional es complejo, pero claro; siempre que se oiga: “intereses de Estados Unidos en la Región”, significa problemas en la Región; peligro de guerra en la Región; abusos e injusticias en la Región; políticas conflictivas en la Región.
Puede verse las maniobras de Estados Unidos en la Región, al frente del G7, la OTAN y con Israel sumado al “juego”, en varios aspectos:
Ante las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos:
Debido a la situación en cuanto a que el asunto en Ucrania cada vez más parece no tener el suceso deseado para Estados Unidos; con unas elecciones presidenciales avecinándose; para el presidente Biden, eso ya no “vende”, ya no convence.
Con fines electoreros y haciendo un “manejo adecuado”, debe cambiarse: la situación que presenta el eje Israel/Hamás, puede dar resultados diferentes a los del apoyo a Zelensky, que parece haberse agotado como fuente de propaganda; aunque el manejo de los riesgos de crecimiento del problema debe hacerse con un estilete más fino.
La “Ruta de la seda” de China y la relación con Irán:
En relación con Irán existen dos puntos de interés íntimamente relacionados: el ser parte de la ruta de los intereses chinos; y el enfrentamiento permanente con Israel, lo que le da razón al reciente acercamiento con Arabia Saudita, país con el que, en conjunto con Estados Unidos, Israel busca también un acercamiento.
Además, tanto para Estados Unidos como para Israel, es importante neutralizar a Irán antes de que logre desarrollar armas atómicas.
El mapa de la Región y los territorios inmediatos a Israel:
En la Asamblea General de la ONU, el reciente 22 de setiembre, el primer ministro Benjamín Netanyahu presentó un mapa de la Región en el que es dudosa la existencia de Palestina (Cis Jordania ni Gaza) y según el cual se incluye en sus planes a Siria, Jordania y por qué no: Líbano, país recodo de Hez Boláh.
En esta ocasión, Netenyahu destacó que las relaciones pacíficas entre Israel y Arabia Saudita pueden crear un nuevo oriente medio; y que puede convertirse en “un puente de paz y prosperidad” entre África, Asia y Europa.
El precio del petróleo:
Algo que quiere evitarse también, es que se dé una subida de los precios del petróleo como en 1973, cuando sucedió el problema de Yom Kipur; asunto en el que Israel también contó con el apoyo de Estados Unidos.
Notas puntuales. Asuntos geopolíticos y ¿Por qué Estados Unidos y sus intereses en el mundo deben tener al mundo en vilo?
Riesgos presentes de la actual situación regional
La propuesta de los dos estados en la Región no garantiza la paz, pues los planes de Israel y USA/G7/OTAN, tienen como base el dominio impositivo.
La situación de dominio político, así como de administración de los recursos vitales Gaza por parte de Israel, plantea por lo menos algunas preguntas: ¿Qué clase de territorio es Gaza que Israel ejerce un dominio basado en el abuso? ¿Quién decidió que la situación sea así? ¿Qué clase de derecho internacional es el que funciona ahí?
En cuanto a la política interna de Israel, se dice que el 75% de israelíes responsabilizan a Netanyahu por los sucesos del 7 de octubre y sus consecuencias; así como que tres miembros del gobierno plantearán su renuncia.
Independientemente de las motivaciones y los orígenes de Hamás, algunas de las acciones que lleva a cabo, los hechos, parecen acoplarse con los planes Israel.
Algunos analistas caen en explicarse los conflictos, por asuntos culturales, históricos, geográficos o religiosos; sin tener en cuenta que, en estos momentos no son los determinantes.
A estas alturas, sucesos que apuntan al agravamiento de la situación, Israel ha bombardeado los aeropuertos de Damasco y Alepo en Siria, con las consecuencias que eso pueda traer.
Independientemente de tratados internacionales y situaciones poco claras (como lo que sucede en las instalaciones de Dimona en el desierto del Neguev), Israel es el único país que tiene armas nucleares entre sus vecinos inmediatos, lo que suma a su prepotencia. Se habla de más de 90 ojivas. Situación que, como se dijo antes, hace obvio que los intereses de USA/G7/OTAN incluyendo a Israel, se oponga a que Irán desarrolle este tipo de armas.
Como están las cosas, cualquier infraestructura china en la Región, está en peligro, como pasó con el gasoducto Nord Stream; con las consecuencias que eso pueda acarrear.
Otro elemento a tener en cuenta es que China envió 6 buques de guerra al “medio oriente” para patrullar la región; lo que parece indicar que, si “occidente” escala el ambiente bélico, esto provocará respuestas.
Ante las actitudes, los hechos y maniobras de “occidente”, dos cosas se pueden decir:
1- Que cada vez es menor la cantidad de personas a las que engañan, con sus “medios”, sus instituciones, sus películas y otras instancias; y personajes serviles; y,
2- Que ahora se puede hablar de frente, directo y con franqueza sobre lo que está sucediendo; y que la realidad demanda que esto sea así e impostergable.
